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La ONU exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reclamó este lunes la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en el país, al advertir que las excarcelaciones anunciadas en los últimos días son insuficientes y están muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado venezolano.

En una declaración difundida desde Panamá y Ginebra, la Misión valoró como un “paso importante” la liberación de algunas personas detenidas arbitrariamente, pero subrayó que, de un total estimado de alrededor de 800 presos políticos, solo unas 50 personas habrían recuperado la libertad hasta el momento. “Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”, señaló el organismo.

La ONU expresó una preocupación particular por las mujeres que continúan detenidas, al advertir que la privación de la libertad tiene sobre ellas impactos diferenciados y, en muchos casos, agravados, tanto en su salud como en sus responsabilidades de cuidado. Además, reclamó que se atiendan con urgencia las necesidades médicas de quienes ya fueron liberados.

La Misión recordó que ha documentado de manera “amplia” el uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como herramienta de represión, y reiteró su llamado a poner fin a estas prácticas. También alertó por el impacto profundo que la situación tiene en las familias de las personas detenidas, que muchas veces permanecen sin información clara sobre el paradero y la situación jurídica de sus seres queridos.

En ese sentido, exigió que se garantice el acceso a visitas regulares y que cese la detención prolongada en régimen de incomunicación, una práctica que calificó como una violación de derechos humanos que agrava el sufrimiento de los familiares.

La declaración de la ONU se conoció el mismo día en que organizaciones de derechos humanos y el propio Gobierno venezolano difundieron cifras dispares sobre el proceso de excarcelaciones. El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó este lunes sobre 116 “nuevas excarcelaciones”, que vinculó a una revisión de causas ordenada por el Ejecutivo, y aseguró que el procedimiento continuará “de manera permanente”.

Sin embargo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó hasta ahora 53 excarcelaciones, mientras que Foro Penal verificó la liberación de poco más de 40 personas y advirtió que el proceso avanza “a cuentagotas”. Entre las personas liberadas en las últimas horas figuran 24 presos políticos, incluidas nueve mujeres de la cárcel La Crisálida y varios extranjeros detenidos en El Rodeo I.

Las ONG también denunciaron la falta de información pública sobre los criterios utilizados, los plazos y el número total de personas que podrían ser liberadas. La ONU coincidió en ese reclamo y exhortó a las autoridades venezolanas a actuar con “transparencia y urgencia”, además de adecuar sin demora las condiciones de detención al derecho internacional, garantizando acceso a atención médica, abogados y familiares, y el cese inmediato de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Pese a las excarcelaciones recientes, la Misión advirtió que persiste un contexto más amplio de represión, con denuncias sobre colectivos armados que patrullan ciudades, intimidan a la población y realizan controles e inspecciones de teléfonos, así como nuevos casos de detenciones por expresar opiniones políticas.

“La necesidad de poner fin a todas las prácticas represivas sigue siendo urgente”, afirmó la ONU, que llamó a la comunidad internacional a hacer de la defensa de los derechos humanos en Venezuela una prioridad en este momento crucial.

MC

Venezuela anuncia la liberación de 116 presos pero una ONG confirma 53

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó este lunes que confirmó 53 excarcelaciones de presos políticos, luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario del país anunciara más temprano la liberación de 116 personas.

“Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose”, indicó JEP en un mensaje en X. 

En otra publicación en X, JEP consideró que “es fundamental” que en este proceso se considere de forma “prioritaria” algunos perfiles que, afirmó, “merecen una atención urgente y con enfoque humanitario”.

En este sentido, señaló a “los adolescentes, las personas dentro del espectro autista, las mujeres, los enfermos graves y los adultos mayores, quienes deben ser reconocidos como grupos especialmente vulnerables”.

Además recordó que la cifra de presos políticos excarcelados “continúa siendo muy inferior” a la cantidad de casos que documenta la organización, que contabilizaba 1.011 casos hasta el pasado jueves.

“Esta brecha refuerza la necesidad de mayor transparencia, verificación independiente y de que las excarcelaciones se concreten de manera plena, efectiva y sin exclusiones arbitrarias”, añadió.

En el pasado, la JEP también ha reportado que en las rondas de excarcelaciones anunciadas por el Gobierno a veces se incluyen a personas que estaban “detenidas por motivos no políticos”.

Más temprano, la ONG Foro Penal informó de la liberación de al menos 24 presos políticos esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo 1, entre ellos dos de nacionalidad italiana.

“Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, afirmó la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.

De acuerdo a las publicaciones de la red social de Foro Penal, “al menos 24 presos políticos han sido excarcelados esta madrugada. 9 mujeres de la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres de Rodeo I, incluyendo al ciudanano italiano Alberto Trentini”.

Por su parte, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó este lunes sobre 116 “nuevas excarcelaciones” en las últimas horas de personas que vinculó con “hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”.

A través de un comunicado, la cartera de Estado informó que estas acciones forman parte del seguimiento a la “revisión integral de causas” ordenada por el mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, y que continúa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente”, afirmó el Ministerio venezolano.

Asimismo, subrayó que las 116 excarcelaciones se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, aunque en ese entonces no se publicó una lista de los nombres de las personas, por lo que ONG demandaron información precisa al respecto.

Este anuncio se da días después de que el jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un “número importante” de personas, aunque el Gobierno no ha hecho pública la cifra total ni los nombres.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, verificó hasta ahora la excarcelación de más de 40 personas que ONG denuncian detenidas por motivos políticos.

Desde el pasado jueves, cuando se anunciaron las excarcelaciones, familiares de presos políticos han pernoctado en varios centros penitenciarios a la espera de la liberación de sus seres queridos, por lo que ONG como Comité por la Libertad de los Presos Políticos han alertado sobre la incertidumbre del proceso

Las 24 excarcelaciones de esta madrugada confirmadas por Foro penal

Según el detalle de la ONG, “ las mujeres que estaban arbitrariamente detenidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas 'La Crisálida', ubicado en Los Teques Caracas, que fueron excarceladas esta madrugada son Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra”.

Además, agregaron que en el penal El Rodeo 1, liberaron a Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alberto Trentini (de nacionalidad italiana), Mario Burló (también italiano) y Alejandro González de Canales Plaza.

En el caso de González de Canales Plaza, es la expareja de la abogada y activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, parte del grupo de los cinco presos españoles liberados la semana pasada en Venezuela.

Además, entre los liberados se encuentra Yerwin Torrealba, coordinador juvenil de organización en el estado Yaracuy (oeste) del partido Vente Venezuela (VV), que encabeza la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, y quien fue detenido en diciembre de 2024.

“¡Nunca debió estar preso! Su propósito sólo ha sido querer un mejor país”, publicó VV en sus redes sociales.

En septiembre pasado, Machado había advertido en X que Torrealba se encontraba “en un estado de salud crítico”.

Los dos italianos liberados

El cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò fueron excarcelados esta madrugada de la cárcel El Rodeo 1 de Caracas se encuentra bien y esperan en la Embajada de Italia de la capital en Venezuela y en las próximas horas podrán regresar al país, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

“Hablé con nuestros dos compatriotas: se encuentran bien y pronto regresarán a Italia”, declaró Tajani, explicando que “el avión que los llevará a casa ya ha salido de Roma”.

Su liberación fue decidida por la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez, gracias a las gestiones diplomáticas y de inteligencia italianas y a la mediación de Estados Unidos, tras días de gran tensión, explicaron los medios italianos.

Tras el arresto por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro , Estados Unidos, al igual que otros países occidentales, solicitó a Rodríguez la liberación de presos políticos como un gesto de ruptura con el gobierno anterior.

La primera ministra Giorgia Meloni también envió un mensaje público a Delcy Rodríguez solicitando la liberación de los italianos.

Trentini, de 46 años, fue arrestado el 15 de noviembre de 2024 mientras viajaba entre Caracas y Guasdualito, en el estado de Apure, al sur de Venezuela, cuando trabajaba con la ONG Humanity & Inclusion, que se ocupa de personas con discapacidad.

Fue interceptado durante un control de carretera y, tras escanear su pasaporte, inmediatamente detenido y trasladado a Caracas, donde permaneció recluido en la cárcel El Rodeo 1, la prisión para presos políticos sin que se presentasen cargos contra él.

El empresario Burlò, de 52 años, viajó a Venezuela en 2024 para explorar nuevas oportunidades de negocio. La última vez que llamó a casa fue el 9 de noviembre de 2024, tras lo cual su familia perdió contacto con él hasta que descubrieron que se encontraba recluido en una prisión de Caracas.

Burlò había ingresado a Venezuela por vía terrestre desde Colombia y fue arrestado poco después de cruzar la frontera. Las autoridades venezolanas no proporcionaron información clara sobre los motivos de su arresto ni los cargos que se le imputan.

“¡Alberto por fin está libre! ¡Esta es la noticia que llevamos 423 días esperando! Agradecemos a todos los que hicieron posible su liberación, incluso trabajando de forma invisible”, declaró la familia Trentini, junto con su abogada, Alessandra Ballerini.

Tajani declaró que “la liberación de Alberto Trentini y Mario Burlò por parte de las autoridades venezolanas fue un gran logro de la diplomacia y también un éxito para el gobierno italiano, que logró comunicar y comprender el cambio que se ha producido en Venezuela”.

“Por lo tanto, agradecemos enormemente la decisión de la presidenta Rodríguez de liberar a nuestros conciudadanos, así que creo que esto es muy positivo para nosotros y que creará una nueva relación entre Italia y Venezuela”, agregó Tajani en declaraciones ael canal de noticias Rainews24.

Mientras que la primera ministra, Giorgia Meloni, afirmó: “Acojo con alegría y satisfacción la liberación de nuestros compatriotas Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes se encuentran a salvo en la Embajada de Italia en Caracas. En nombre del gobierno italiano, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a las autoridades de Caracas, empezando por la presidenta Rodríguez, por la constructiva cooperación demostrada en los últimos días, y a todas las instituciones y personas en Italia que han trabajado con compromiso y discreción para lograr este importante resultado”.

EFE

Quiénes son los dos argentinos entre los presos políticos en Venezuela: la historia de Nahuel Gallo y Germán Giuliani

El nombre de Nahuel Agustín Gallo y el de Germán Darío Giuliani figuran entre los pocos ciudadanos argentinos que permanecen encarcelados en Venezuela en lo que organizaciones de derechos humanos y políticos argentinos califican como detenciones arbitrarias o “presos políticos”. Ambos casos adquirieron mayor visibilidad a finales de 2025 e inicios de 2026 en el marco de tensiones bilaterales entre Buenos Aires y Caracas, y de un clima político convulsionado en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Quién es Nahuel Gallo

Nahuel Agustín Gallo, de 33 años y miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia. Su familia y autoridades argentinas sostienen que viajaba para ver a su pareja venezolana y a su hijo pequeño, pero fue arrestado por las fuerzas chavistas y acusado por el gobierno venezolano de delitos graves, incluyendo supuesta conspiración y terrorismo.

La detención de Gallo generó un fuerte reclamo desde la Argentina. El Gobierno describió su situación como “detención ilegal” y sin acceso consular adecuado, mientras organismos internacionales y defensores de derechos humanos han denunciado violaciones al debido proceso. La situación de Gallo fue elevada incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) en enero de 2025.

Quién es Germán Giuliani

Germán Darío Giuliani, abogado argentino, afronta un caso similar. Según informan medios y declaraciones diplomáticas, fue detenido en mayo de 2025 tras viajar a Venezuela por motivos comerciales y enfrentó un procesamiento con acusaciones de terrorismo, narcotráfico y conspiración, cargos que sus defensores consideran infundados y parte de una estrategia de represión política en aquel país.

Reclamos y reacción oficial

La situación de ambos detenidos trascendió el ámbito familiar para convertirse en un tema de política exterior. Sectores del arco político argentino, incluidos diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), La Libertad Avanza (LLA) y Coalición Cívica, reclamaron la liberación inmediata de Gallo y Giuliani, tildando sus detenciones de arbitrarias e injustas.

La senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y jefa del bloque de LLA, sostuvo que la reciente liberación de presos políticos en Venezuela, anunciada por las autoridades de Caracas, debe incluir a los dos argentinos y expresó la urgencia de que regresen con sus familias. “Los queremos de vuelta en casa”, escribió en su cuenta de X, mientras la expectativa crece sobre una posible liberación.

El anuncio de Caracas sobre la liberación de presos políticos —después de largos años de denuncias internacionales por violaciones sistemáticas de derechos humanos— abrió una ventana de esperanza para familiares y diplomáticos que siguen de cerca estos casos. Organizaciones como el Foro Penal de Venezuela calculan que hay más de 800 presos políticos en ese país, incluidos numerosos extranjeros.

En medio de estas tensiones, el Gobierno argentino ha intensificado gestiones diplomáticas para asegurar la liberación y el regreso de Gallo y Giuliani. La situación se sigue con atención en Buenos Aires, donde sectores políticos y familiares mantienen vivo el reclamo por justicia y la reunificación con sus seres queridos.

NB

Santilli acelera las negociaciones con los gobernadores pensando en la reforma laboral

Con la reforma laboral en el centro de la agenda y febrero marcado en rojo en el calendario, el ministro del Interior, Diego Santilli, profundiza esta semana su gira por las provincias, una hoja de ruta que combina negociación política con presencia territorial en medio de la emergencia por los incendios en la Patagonia. El despliegue se inscribe en la segunda etapa del plan legislativo del Gobierno, activada tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y apunta a llegar al inicio del debate parlamentario con un mapa de apoyos más despejado.

La agenda inmediata prevé que Santilli visite este lunes la provincia de Chaco, donde mantendrá una reunión con Leandro Zdero y otros referentes políticos, en una de las paradas clave de la ronda federal que Interior viene articulando desde noviembre. Mañana, en tanto, será el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien se traslade a la Casa Rosada para reunirse con funcionarios nacionales, en un gesto que el oficialismo lee como parte del proceso de recomposición del vínculo con los mandatarios provinciales, incluso con aquellos de relación más distante con el Ejecutivo.

El margen de maniobra de Santilli aparece condicionado por uno de los puntos más sensibles del proyecto de reforma laboral. Se trata del artículo 191, que reduce la recaudación del Impuesto a las Ganancias y, por efecto directo, impacta sobre la coparticipación federal. Según estimaciones que circulan entre los gobernadores, la pérdida para las provincias podría ubicarse entre $5.000 millones y $6.000 millones mensuales en concepto de giros automáticos, por lo que son varios los mandatarios provinciales que ya advirtieron que, si la ley avanza en esos términos, exigirán algún esquema de compensación.

Presencia en el sur

El miércoles, Santilli volverá a viajar al sur del país para recorrer nuevamente las zonas afectadas por los incendios forestales. Ya estuvo la semana pasada en Chubut y regresará ahora a esa provincia acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de relevar el avance del operativo federal desplegado en la región. En el Gobierno remarcan que la asistencia nacional se activó desde el inicio de los focos ígneos, con un esquema coordinado entre múltiples áreas del Estado, aun cuando las críticas por el manejo de la emergencia no dejaron de multiplicarse.

Es que ese despliegue convive con una definición política de fondo: el mes pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que la administración libertaria avanzará con la derogación de la Ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, que prohíbe durante un plazo de entre 30 y 60 años la modificación del uso de tierras afectadas por incendios forestales, una norma impulsada para evitar la explotación inmobiliaria o productiva de terrenos arrasados por el fuego ante la sospecha de incendios intencionales. Milei ya lo había anticipado a poco de asumir y legisladores de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para dejarla sin efecto.

A contrapelo de esa decisión política, Adorni informó este domingo que distintos organismos nacionales desplegaron de manera coordinada recursos humanos, logísticos y materiales en las zonas afectadas, y destacó que gracias al trabajo de 295 brigadistas ya se habría logrado extinguir 22 de los 32 incendios registrados.

El operativo involucra a la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales, los ministerios de Defensa, Capital Humano y Salud, Cancillería y Vialidad Nacional, además de aportes del sector privado. Según remarcó el jefe de Gabinete, YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación figuran entre las empresas que colaboraron con combustible, insumos y asistencia financiera para productores de la Patagonia afectados por el fuego.

Quien también reforzó el mensaje oficial a través de las redes sociales fue el propio Javier Milei. “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, escribió el Presidente, y agregó un agradecimiento especial a “todos los brigadistas, bomberos y voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”. “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, remató.

Mendoza y más allá

Mientras tanto, el cierre de la semana en la gira de Santilli será el jueves, en Mendoza, otra de las provincias que el oficialismo considera estratégicas para la construcción de consensos legislativos. Según confirmaron fuentes oficiales, el ministro del Interior continuará viajando al resto del país en los próximos días, con la idea de completar antes de febrero un ciclo de reuniones con gobernadores, incluidos aquellos que quedaron fuera de la primera ronda de contactos tras su desembarco en el ministerio.

El telón de fondo de esa agenda es el calendario parlamentario. En Balcarce 50 consideran llamar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, aunque también circula la posibilidad de adelantar el llamado al 19 de enero para ordenar asistencias y permitir que las comisiones comiencen a trabajar desde el arranque del mes siguiente.

La reforma laboral —que según estimaciones oficiales podría llegar al recinto del Senado el 11 de febrero— aparece como el principal objetivo del período, pero también como una prueba de fuego para el esquema político que el oficialismo intenta consolidar tras un cierre de año atravesado por tensiones internas.

En ese sentido, la centralidad que adquirió Santilli en la negociación con los gobernadores no es solo funcional a la agenda del Congreso. Como se evidenció durante la sesión del Presupuesto 2026 en el Senado, el vínculo con las provincias se volvió también un terreno sensible en la interna del Gobierno, con un reordenamiento tácito de roles que dejó en manos del ministro del Interior y de figuras dialoguistas como Patricia Bullrich la construcción de acuerdos, mientras la Casa Rosada buscó contener disputas y fijar límites hacia adentro.

PL/MC

El DNU de la SIDE entra en fase judicial mientras el Gobierno busca ganar tiempo en el Congreso

El conflicto abierto por el DNU 941/2025, con el que el gobierno de Javier Milei reformó el sistema de inteligencia, pasó a una nueva fase: ya no se discute solo el contenido del texto, sino quién y cómo pondrá límites a una norma que amplía de manera inédita el poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Con presentaciones judiciales en marcha, advertencias de organismos de derechos humanos y una oposición que busca activar los resortes del Congreso, el decreto quedó atrapado en una carrera contra el calendario político y judicial.

En los tribunales, la discusión inmediata pasa por la feria de enero. Al menos cuatro presentaciones ingresaron al fuero Contencioso Administrativo Federal y fueron giradas a la fiscalía para que dictamine si corresponde habilitar el receso y tratar medidas cautelares urgentes. En todos los casos se solicita la suspensión inmediata de la vigencia del DNU, bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo utilizó un decreto para modificar aspectos sustantivos de la Ley de Inteligencia Nacional sin acreditar una situación real de necesidad y urgencia.

Entre los planteos más relevantes se encuentra el del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presentó un amparo colectivo al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado. En su escrito, la organización sostuvo que la norma amplía de forma “imprecisa y genérica” las facultades del Estado para desarrollar tareas de inteligencia y habilita una intervención directa sobre derechos fundamentales como la privacidad, la autodeterminación informativa, la libertad personal, la participación social y política y la igualdad ante la ley. También advirtió que el decreto eleva el nivel de sospecha sobre toda la población y refuerza el carácter secreto del sistema sin controles democráticos efectivos.

A esas acciones se sumaron presentaciones de diputados de distintos espacios políticos, como el socialista Esteban Paulón o el lilito Maximiliano Ferraro, que sostienen que el decreto de Milei viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, avanza sobre materias vedadas y modifica de hecho el Código Procesal Penal al habilitar aprehensiones por parte de agentes de inteligencia. Para los firmantes, no existió ninguna situación de necesidad y urgencia que justificara eludir el debate parlamentario, más aún cuando el decreto fue firmado al día siguiente de finalizadas las sesiones extraordinarias convocadas por el propio Poder Ejecutivo.

Desmentidas y “urgencias”

Frente a ese escenario, la Casa Rosada decidió salir a defender la reforma en el plano discursivo. A través de un comunicado oficial, difundido a modo de desmentida de una nota publicada en el diario La Nación, la SIDE negó que el decreto habilite espionaje interno sobre militantes políticos, organizaciones sociales o periodistas. También rechazó que la norma borre los límites entre Defensa Nacional y Seguridad Interior y afirmó que, lejos de militarizar la inteligencia, elimina superposiciones y tareas de investigación criminal que no le corresponden al organismo.

Otro de los puntos centrales de la defensa oficial es la justificación del carácter “urgente” del decreto. En Balcarce 50 sostienen que el contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto en Venezuela, obligó a acelerar una reforma que, argumentan, no podía esperar a las sesiones ordinarias de marzo. Con ese razonamiento, el Ejecutivo admite que los cambios “más profundos” se discutirán luego en el Congreso, pero defiende la necesidad de haber avanzado ahora con un primer reordenamiento por decreto.

Incluso dentro del propio oficialismo circulan posturas más duras, que van bastante más allá de la letra del decreto y de los protocolos internos que ahora el Gobierno promete redactar. Según pudo saber elDiarioAR, en la Casa Rosada hay quienes sostienen, sin demasiados pruritos, que cualquier funcionario público debería estar habilitado a aprehender a una persona si presencia la comisión de un delito. Bajo esa lógica, la polémica por las facultades policiales otorgadas a la SIDE aparece relativizada: no se trataría de una excepción propia del sistema de inteligencia, sino de una potestadque debería extenderse a todo agente del Estado en nombre del orden y la seguridad.

En cuanto a la conducción y los nombres que integran la cúpula del organismo, por ahora no se esperan movimientos inmediatos. “Sin cambios por ahora, pero a tiro de firma de Cristian si no responden”, sintetizan cerca de Santiago Caputo cuando se les consulta por eventuales desplazamientos o recambios internos. La referencia es al contador Cristian Auguadra, el flamante titular de la SIDE, anunciado en su cargo el pasado 3 de diciembre, que concentra la lapicera formal para avanzar con ajustes finos en un organismo todavía en plena reconfiguración. La señal es doble: no habrá purga inmediata, pero tampoco margen para desmarques en un esquema que busca alineamiento político y operativo sin fisuras.

Objetivo: blindar y dilatar

En el entorno presidencial hacen oídos sordos a una advertencia que circula incluso entre aliados: desde el punto de vista político, no faltan voces “amigables” que argumentan que hubiera sido más pragmático enviar un proyecto de ley y debatirlo artículo por artículo. Es que, si el DNU es rechazado, cae completo. No admite correcciones parciales ni negociaciones quirúrgicas. Aun así, la estrategia elegida por el laboratorio caputista fue avanzar por esa vía y apostar a blindarlo en al menos una de las dos cámaras.

En ese tablero, el Congreso aparece como el próximo campo de batalla. Diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y otros bloques reclamaron formalmente a Martín Menem y a Victoria Villarruel la conformación urgente de dos comisiones clave: la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de dictaminar sobre la validez de los DNU.

Según admiten en el propio oficialismo, parte de la estrategia pasa por no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios. Sin ellas, los plazos corren a favor del Ejecutivo. Milei tiene diez días hábiles para girar el decreto al Congreso y, una vez cumplido ese paso, la comisión bicameral cuenta con otros diez días hábiles para dictaminar. Como hoy no está integrada, recién hacia fines de enero ambas cámaras quedarían habilitadas para discutir el DNU en el recinto.

La ley es clara: para que un decreto presidencial quede sin efecto deben rechazarlo ambas cámaras por mayoría simple, como ocurrió en 2024 con el que aumentaba en 100 mil millones el presupuesto de la SIDE. En el Gobierno confían en que ese escenario es improbable y recuerdan el antecedente del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado pero nunca llegó a tratarse en Diputados por falta de votos opositores. En ese marco, la Casa Rosada puede concentrarse en blindar una sola cámara para sostener la reforma.

Poroteo

En Balcarce 50 transmiten además una confianza explícita en que no habrá sobresaltos inmediatos. Admiten que la prioridad política de las próximas semanas estará puesta en la reforma laboral y descuentan que la oposición no logrará forzar una discusión de fondo sobre la inteligencia antes de ese debate. “No va a pasar nada”, repiten en el entorno presidencial, convencidos de que el tema espionaje es áspero y difícil de convertir en una ofensiva parlamentaria sostenida.

Los números, por ahora, acompañan esa lectura. La oposición no está tan lejos del quórum, pero todavía necesita sumar voluntades. A los 93 diputados del peronismo se agregan 22 de Provincias Unidas, 4 de la Izquierda y algunos legisladores sueltos, como Natalia De la Sota o Jorge “Gato” Fernández. Aun así, faltan al menos ocho apoyos más. En ese escenario, el rol de los gobernadores y el posicionamiento del radicalismo aparecen como claves. En la UCR, por ahora, guardan silencio.

El PRO, en tanto, expresó un respaldo condicionado a través de un comunicado: avaló la necesidad de modernizar el sistema de inteligencia, destacó la integración de bases de datos como una deuda histórica, pero reclamó conocer los protocolos de uso, además de los alcances operativos de facultades sensibles como las aprehensiones. En la Casa Rosada leen ese apoyo como suficiente para resistir un intento de volteo.

Sin embargo, lejos de cerrarse, el conflicto recién empieza. Con el decreto ya vigente, protocolos todavía en borrador y la promesa de una futura ley que nadie vio, el Gobierno eligió avanzar primero y explicar después. En Balcarce 50 apuestan a que la polémica por el DNU de la SIDE se diluya entre la reforma laboral y el calendario parlamentario. Pero la pregunta incómoda ya quedó instalada: cuánto poder está dispuesta a concentrar el Estado en nombre de la urgencia y cuán frágiles pueden volverse los controles democráticos cuando el espionaje deja de ser un subsistema y pasa a ser un eje del poder.

PL/MF