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El silencio del Gobierno: la causa ANDIS ya no golpea solo a Karina y alcanza también al entorno de Santiago Caputo

El Gobierno eligió el silencio. Ni defensa cerrada, ni contraataque, ni operación visible. Apenas mutismo. La decisión del juez federal Sebastián Casanello de procesar al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas por asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos volvió a encender una alarma que en la Casa Rosada creían encapsulada. El expediente, que en su origen parecía circunscripto al entorno de Karina Milei, terminó desplazando el foco y golpeando también al otro vértice del poder libertario: el universo de Santiago Caputo.

El fallo judicial describe a la ANDIS como un “centro de operaciones” de un esquema que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, direccionó compras de medicamentos de alto costo, habilitó sobreprecios millonarios y garantizó pagos privilegiados a un puñado de proveedores. En ese entramado aparecen, además de Spagnuolo y su segundo Daniel Garbellini, el operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete —señalado como nexo con las droguerías beneficiadas— y su hija Ornella, funcionaria del Ministerio de Economía hasta noviembre pasado y ahora una de las procesadas, cuando renunció en silencio tras el estallido del escándalo.

Ese dato reconfigura el mapa político del caso. La causa ANDIS había sido leída inicialmente como un problema del karinismo, sobre todo tras la difusión, en agosto pasado, de los audios del titular del área (y abogado personal de Milei) Diego Spagnuolo en los que se mencionaba un presunto “3% para Karina”. En esas grabaciones también aparecía el nombre de Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores políticos del oficialismo y figura central del dispositivo territorial de la secretaria general de la Presidencia.

Mancha cruzada

Pero el avance judicial, los procesamientos y la reconstrucción del circuito de intermediación empezaron a rozar también al sector ligado a Santiago Caputo. No solo por la figura de Calvete y su hija, sino por las conexiones operativas entre ANDIS y el PAMI —dos áreas que compartían proveedores, mecanismos de compra y circuitos de autorización— y por la aparición de iniciales políticamente sensibles en cuadernos incautados por la Justicia.

En la Casa Rosada, hace tiempo que la decisión fue replegarse. Sin declaraciones públicas de peso ni una narrativa oficial que ordene el episodio, el Gobierno apuesta a una estrategia de enfriamiento. “Es un tema que está investigando la Justicia”, se limitan a responder oficialmente. El objetivo es evitar que el expediente se convierta en un nuevo campo de batalla interno entre el karinismo y el caputismo, una tensión que se mantiene y que la causa ANDIS vuelve a poner en escena bajo una forma incómoda: la de una trama judicial que ya no distingue facciones.

La incomodidad es doble. Porque el caso no solo expone presuntas maniobras de corrupción en un área sensible, como es la provisión de medicamentos para personas con discapacidad, sino que además toca fibras del propio diseño de poder del oficialismo. La ANDIS, hoy convertida en secretaría dentro del Ministerio de Salud tras su disolución formal, había sido presentada por el Gobierno como un organismo a “sanear” por irregularidades heredadas. Pero el avance del expediente sugiere algo distinto: que el problema no quedó encapsulado en el pasado y que las responsabilidades podrían escalar más allá de los nombres ya procesados.

El esquema Calvete

En ese esquema, la figura de Miguel Ángel Calvete adquirió un peso particular. Exconcejal de La Matanza por Cambiemos y dirigente del sector supermercadista —fue presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios Chinos (FESACH)—, sin cargo formal dentro del Estado, la investigación lo ubica como un operador con acceso a decisiones sensibles del área de discapacidad. Según la hipótesis judicial, habría funcionado como nexo entre el entorno de Spagnuolo, su segundo Daniel Garbellini y droguerías beneficiadas por el esquema de compras, con capacidad para influir en adjudicaciones, circuitos administrativos y flujos de pagos.

La dimensión política del caso se amplificó por el vínculo familiar. Su hija, Ornella Calvete, se desempeñó como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía hasta noviembre pasado, cuando presentó su renuncia en medio del avance judicial. Durante la investigación, la Justicia allanó su domicilio y secuestró 700.000 dólares en efectivo, los cuales no pudo justificar.

El expediente del fiscal Franco Picardi incorporó además intercambios entre padre e hija que, según la acusación, ayudan a reconstruir el funcionamiento del circuito bajo sospecha. En uno de esos chats, del 10 de septiembre de 2025, Ornella le escribe a su padre —a quien tenía agendado como “Carmela Vivaldi”— para que intermedie en favor de una empresa.

Calvete responde que ya había concretado una reunión y ella le dice que, si todo salía bien, le compraría “una lambo, una granja, lo que quieras”, a lo que él contesta: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”. Dos días después, tras advertir la presencia policial en su domicilio, Ornella le consulta por la situación de una firma vinculada a su padre y por la existencia de “cash blanco”, mientras él le sugiere “hacerse la gila”. Esa superposición entre el rol del operador y la presencia de su hija dentro de la estructura estatal terminó de ampliar el alcance político de la causa más allá del núcleo original del caso ANDIS.

Por el escándalo, también renunció en noviembre la pareja de Ornella y yerno de Miguel Calvete, Javier Cardini, ni más ni menos que el subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía. Tras una trayectoria en el sector tecnológico privado, su desembarco se produjo en un área atravesada por el reparto de influencia entre Karina Milei y Santiago Caputo, a partir de su vínculo personal con el asesor presidencial y su hermano Francisco Caputo, mediado a su vez por Georgie Neuss, amigo de la infancia de ambos, según publicó Alejandro Rebossio en elDiarioAR. Con Cardini ingresó además la tía de Ornella, Susana Calvete, hermana del operador farmacéutico, que también fue despedida.

En los tribunales, la investigación avanzó sobre un esquema preciso. Según la resolución, la ANDIS operó durante casi dos años con un mecanismo paralelo de compras —las llamadas “compulsas especiales”— en el que la competencia era ficticia y las adjudicaciones estaban definidas de antemano.

Cuatro droguerías concentraron más del 90% de ciertas contrataciones por montos superiores a los 30 mil millones de pesos, con incrementos abruptos de precios en medicamentos esenciales y accesos irregulares al sistema informático del organismo por parte de personas ajenas a la estructura estatal. El cuadro que describe el juez Casanello va más allá de una anomalía puntual. Se trata de una arquitectura diseñada para garantizar retornos, pagos privilegiados y direccionamiento sistemático.

La Salud como caja

Ese diagnóstico es el que complica políticamente al Gobierno. Porque el caso ya no se limita a los audios de Spagnuolo ni a la hipótesis inicial de un pedido de aportes irregulares. El volumen de pruebas empujó la causa hacia una reconstrucción más amplia del circuito de decisiones, donde la frontera entre funcionarios y operadores privados aparece deliberadamente difusa. Y en ese punto, el expediente vuelve a cruzarse con el mapa real del poder libertario.

En paralelo, el Ministerio de Salud atraviesa una fase de tensión silenciosa, pero el dato político central no es el desgaste de Mario Lugones sino la consolidación de Santiago Caputo. Tras el último reacomodo interno, el asesor presidencial terminó de afirmar su control sobre el área, convertida en uno de los núcleos de mayor peso dentro de su arquitectura de poder. En la lógica del oficialismo, Salud funciona como una caja de gestión y financiamiento bajo su influencia directa, con el PAMI como pieza clave operada por funcionarios de su máxima confianza.

Las conexiones entre ANDIS y el organismo previsional que conduce Esteban Leguizamo comenzaron a ser cada vez más evidentes, sobre todo a partir de que el nombre de su número 2, Carlos Zamparolo, apareciera en los registros incautados a Calvete junto a siglas políticamente sensibles. El rediseño del PAMI impulsado por el caputismo buscó centralizar aún más las decisiones, en un intento por controlar la gestión de insumos de alto costo, en medio de denuncias de pactos subterráneos con sectores del peronismo hechas por referentes libertarios del conurbano.

El Gobierno, por ahora, evita cualquier reacción que amplifique el tema. Más allá de en un principio desdecir a Spagnuolo, hasta el momento no hubo intento alguno de desacreditar la investigación judicial ni un discurso defensivo que ordene la escena. La apuesta, por el contrario, fue dejar que el expediente siga su curso sin transformarlo en un conflicto público. Pero ese silencio oficial también refleja una dificultad: el caso no golpea a un sector aislado, sino que toca simultáneamente a las dos alas del poder puertas adentro de la Casa Rosada.

En ese cruce, el expediente adquiere otra dimensión. No solo por lo que ya probó la Justicia, sino por lo que sugiere el propio fallo del juez Casanello cuando advierte que el esquema “no se agota en los hechos aquí probados” y que podría existir “otro nivel de complicidades”. Esa frase, leída con atención en Balcarce 50, es la que explica el clima de repliegue: nadie sabe hasta dónde puede escalar la causa ni qué nombres podrían aparecer en la próxima etapa.

PL/CRM

Causa ANDIS: procesaron a Spagnuolo y a otros 18 acusados por asociación ilícita, fraude y sobornos

El juez federal Sebastián Casanello procesó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas —entre exfuncionarios mileístas y operadores privados— por los delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos, en una causa que investiga el manejo irregular de compras de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

La resolución judicial sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS fue utilizada como “centro de operaciones” de un esquema delictivo que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios y garantizar pagos privilegiados a un grupo reducido de droguerías y empresas proveedoras, en detrimento del erario público y de un sector especialmente vulnerable de la población.

Además de Spagnuolo, quien fuera íntimo amigo de Javier Milei y de quien se filtró un audio hablando de “un 3%” para Karina Milei, están procesados Daniel María Garbellini, su mano derecha dentro de la agencia, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, operadores con estrechos vínculos con droguerías proveedoras del Estado investigadas por direccionamiento de compras

También fueron procesados, como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (exdirector de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (exdirector Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (exfuncionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

Compras direccionadas y sobreprecios

El corazón de la maniobra investigada fue el sistema de compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), utilizadas para la provisión de medicamentos biológicos y tratamientos complejos destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud.

De acuerdo con la resolución, se implementó un mecanismo paralelo de “compulsas especiales”, en el que solo participaban un puñado de proveedores previamente seleccionados. Esa supuesta competencia —según el juez— era ficticia: algunas empresas cumplían el rol de oferentes “pantalla”, mientras que las adjudicaciones se encontraban definidas de antemano.

El expediente detalla que, como resultado de este sistema, cuatro droguerías concentraron más del 90% de las adjudicaciones en determinadas compras, con órdenes de pago que superaron los 30 mil millones de pesos. En varios casos, los precios abonados por el Estado registraron incrementos abruptos y difíciles de justificar en lapsos muy breves, con subas que llegaron a multiplicar varias veces el valor de referencia de los medicamentos.

Pagos indebidos y acceso irregular al sistema

La investigación también dio por probado que el esquema incluyó pagos indebidos y retornos a funcionarios de la ANDIS, a cambio de garantizar adjudicaciones, agilizar trámites y priorizar pagos. Para eso, personas ajenas al organismo habrían tenido acceso directo al sistema informático interno (SIIPFIS), utilizando credenciales de funcionarios públicos para cargar datos, gestionar compulsas y monitorear procesos de compra.

El fallo describe una confusión deliberada entre intereses públicos y privados, en la que empresarios del sector farmacéutico influyeron en decisiones estratégicas del organismo como si fueran parte de su conducción formal.

En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.

Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.

El origen de la causa

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, basada en información periodística y en la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan a Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Aunque esos audios funcionaron como disparador, el juez aclaró que el procesamiento se apoya en un volumen amplio de pruebas incorporadas posteriormente: allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.

Durante la investigación también se encontraron sumas importantes de dinero en efectivo en cajas de seguridad vinculadas al exdirector de la ANDIS, cuya justificación fue objetada por la fiscalía.

Según la resolución de Casanello, “en esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, al tiempo que consideró que el organismo “fue cooptado y empleado como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Para el magistrado, el trabajo de la Justicia estos meses “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Además, Casanello advierte la existencia de un “esquema delictivo” que “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, al tiempo que revela que la investigación que sigue su curso también apunta a que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

Con información de agencia NA

Baja de la edad de imputabilidad: la marcha atrás del Gobierno, el enojo de los aliados y la interna peronista

El Gobierno buscaba sesionar este jueves para reformar el régimen penal juvenil y todo indicaba que sería aprobado con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Pero apenas un día después de presentarlo este lunes, lo retiró de la mesa de entrada.

Oficialistas libertarios y peronistas opositores observaban que, tanto para bien como para mal –según quién opine– predominaba el consenso político y social para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Aunque no a los 13, como dice el proyecto que envió el Gobierno con el objetivo de forzar una negociación con los aliados que deje a todos con la sensación de haber conseguido, al finalizar la sesión, un triunfo político. 

Cuando los diputados aliados del radicalismo y el PRO leyeron el PDF oficial del proyecto de ley que envió el Gobierno se llevaron una sorpresa. Pese a la promesa de Martín Menem de que se avanzaría con el dictamen consensuado el año pasado, el proyecto volvía a bajar la edad de imputabilidad –es decir, la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada penalmente responsable– a los 13 años. No había sido el acuerdo que habían cerrado con el riojano la semana anterior. 

“Siempre te hacen una de más. Patricia necesita decir que iba por los 13 años pero que el Congreso, como somos todos unos cagones, va a ir por los 14”, masculló, irritado, un diputado opositor que igual dijo que acompañaría el proyecto del oficialismo tal como se había oficializado. La puesta en escena del Gobierno era clara para todos, pero la provocación terminó generando que hasta el PRO, principal aliado de Javier Milei en el Congreso, amenazara con no acompañar la ley si no se cerraba un acuerdo este miércoles, cuando estaba agendado un plenario de comisiones para dictaminar el proyecto para poder debatirlo el jueves en el recinto.

“El acuerdo es que sea 14 años y con cláusula especial con las provincias por el gasto que incurran. Ese es el acuerdo que tenemos. Si hay algún cambio tendremos que rediscutir si estamos de acuerdo o no”, advirtió un peso pesado del PRO en la Cámara de Diputados. La misma lógica se aplica al resto de los bloques aliados –el radicalismo, el pichettismo y los gobernadores de Provincias Unidas– que cerraron, hace apenas un par de meses, un dictamen de consenso con modificaciones que perdió estado parlamentario cuando terminaron las sesiones extraordinarias. 

No fue el único acuerdo que rompió La Libertad Avanza. Además de volver a establecer la edad de imputabilidad a los 13 años, el proyecto vuelve a fijar penas máximas para los adolescentes condenados de hasta 20 años de prisión. El acuerdo originalmente había sido bajarlo a 15, con la aclaración de que, en los casos de delitos que no superen los 6 años de prisión y no hubieran implicado la muerte o una gran violencia contra las víctimas, se recomienda al tribunal penas no privativas de la libertad. El proyecto presentado ayer, sin embargo, volvía a establecer que un niño de 13 años puede llegar a ser privado de su libertad hasta por 20 años. 

Un cambio sí introducido por este proyecto, que llevó la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, refiere a la asignación específica de un presupuesto para la implementación de la ley. La versión original del proyecto no incluía fondos para que las provincias pudieran aggiornar su infraestructura penal –ya fuera en centros abiertos, institutos especializados de detención o módulos separados de una prisión para mayores–, por lo que los aliados le exigieron fuentes específicas de financiamiento. 

Ironías del destino: fuentes de financiamiento fue lo mismo que el Gobierno le pidió a la oposición para la emergencia en discapacidad y uno de los motivos por los cuales se negó a cumplir la ley hasta que un fallo de la Justicia los obligó a implementarla.  

Finalmente, el Gobierno cumplía a medias. El proyecto destinaba unos $ 23.739.155.303 a implementar la ley, pero escondía una trampa: $20 mil millones de esos $23 mil millones estarían destinados a la Defensoría General de la Nación, que se encuentra con un defensor interino porque el Gobierno no mandó aún el pliego para reemplazar a Stella Maris Martínez. Los restantes $3 mil millones estarían destinados al Ministerio de Justicia. 

“No hay proyecto de responsabilidad penal juvenil ni tribunales con especificidad en la materia. Le ponen unos pesos para ponerle a los jueces de menores, y siga siga. Son dos chirolas”, se quejó un diputado opositor que analizaba acompañar una parte de la ley y que denuncia que, contrario a lo acordado el año pasado, el Gobierno decidió enviar un proyecto destinado a desfinanciar a las provincias en el marco de las negociaciones por la reforma laboral. 

Los gobernadores están en estado de alerta. Temen que el Gobierno le pase la pelota del financiamiento de la reforma del régimen penal juvenil sin ningún peso para financiarlo, y todo en un contexto de sobrepoblación carcelaria. Exigirán recursos y esperan que, cuando llegue el debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el próximo miércoles, se incorpore una cláusula para que las provincias, a medida que se adhieran al nuevo régimen, puedan celebrar convenios con Nación. 

De momento, estas cláusulas no aparecen. 

La interna peronista

El peronismo observa que Patricia Bullrich, la exsenadora que impulsó originalmente el debate por la baja de la edad de imputabilidad, podría tener más de 130 votos para aprobar la baja de la edad de imputabilidad. A pesar de las maniobras del proyecto presentado por el Gobierno y a pesar de que los crímenes cometidos por niños y adolescentes se redujeron drásticamente en los últimos años. Según datos de la Secretaría de la Niñez, que recopila en un informe el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la cantidad de niños en conflicto con la ley penal se redujo en un 22% entre 2020 y 2024.

El bloque que comanda Germán Martínez votará en contra de cualquier versión de la ley, pero hay algunos legisladores del massismo que están analizando la posibilidad de votar, en particular, una baja de la edad de la punibilidad a los 14 años, tal como el propio Sergio Massa viene impulsando desde 2025. “El proyecto del Gobierno no lo vamos a votar. Y cuando se abra votación en particular muchos de los diputados de la casa puede ser que concuerden en que la edad debe bajarse a 14 años”, deslizó el diputado massista Ramiro Gutiérrez, en diálogo con Radio Con Vos.

En el Frente Renovador adviertieron ayer, sin embargo, que el proyecto del Gobierno era una “cáscara vacía”, y esperaban terminar de fijar una postura en las próximas 24 horas. 

“Hay cuatro problemas con este proyecto. Primero baja la edad de imputabilidad a los 13 años. Segundo, sube el mínimo de la pena de 15 a 20 años. Tercero, modifica el tiempo de implementación de 180 días al momento de la reglamentación. Y por último no hay ningún financiamiento ni plazos para la construcción de infraestructura básica ni para cambio de autoridades judiciales. No hay ningún proyecto de régimen de responsabilidad juvenil, es sólo un título”, señaló Sebastián Galmarini a elDiarioAR. 

Aunque por ahora sin proyecto, el Gobierno busca igual romper al peronismo para dar una demostración de fuerza. En el peronismo, sin embargo, se encogen de hombros y advierten: “Les sobran los votos sin nosotros”.

MCM/CRM

La reforma laboral abre un frente con la libertad de expresión: alarma por la derogación del Estatuto del Periodista

En el marco del debate sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno, el Congreso también discutirá la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y el desfinanciamiento de políticas públicas vinculadas a la cultura, como el cine nacional y los medios públicos. Se trata de aspectos incorporados al proyecto que exceden el plano estrictamente laboral y que generaron una fuerte reacción en el periodismo, los sindicatos y amplios sectores del ámbito cultural.

El artículo 193 de la iniciativa plantea la derogación del Estatuto del Periodista, el marco regulatorio que protege a la actividad y otorga una cobertura especial ante el despido arbitrario, como resguardo de la libertad de expresión. Frente a ese punto, más de tres mil periodistas, de una variedad inusual por su amplitud ideológica y los sectores representados, expresaron en una solicitada su rechazo total a la medida.

Fuentes oficiales señalaron que, en la mesa de negociaciones, existe la posibilidad de prorrogar por 180 días la vigencia del Estatuto, aunque sin garantías de continuidad. Por ese motivo, el reclamo persiste y el gremio de periodistas sostiene que la derogación debe ser rechazada de plano en el debate parlamentario.

Los sindicatos del sector denunciaron además que las cámaras de las grandes empresas de medios enviaron un documento a los senadores que no fue difundido públicamente, en el que “no realizan ni una sola propuesta de modernización sino que sólo buscan eliminar derechos, como la protección especial ante el despido arbitrario”. Desde las organizaciones gremiales afirmaron que están dispuestas a discutir una actualización del Estatuto en el ámbito del Congreso, pero con propuestas concretas y no con el objetivo de desguazar la norma vigente.

En la misma línea, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió “lo grave que sería derogar el Estatuto” y reclamó “un debate para actualizar la norma, no suprimirla”. Senadores de distintos bloques, incluso algunos que acompañan la reforma laboral, ya anticiparon que rechazarán ese artículo si el Gobierno insiste con su inclusión.

El capítulo de derogaciones del proyecto también alcanza a estatutos de otras actividades, como los de viajantes de comercio, peluqueros, choferes particulares y el del personal administrativo de empresas periodísticas.

En paralelo, sectores de la cultura expresaron su preocupación por el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de los medios públicos nacionales (RTA), a partir de la supresión del capítulo V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los artículos 210 y 211 de la denominada ley de modernización eliminan los mecanismos de financiamiento de esos organismos, en un apartado que, según señalaron referentes del sector, no guarda relación directa con el debate sobre aspectos laborales.

Artistas como Jorge Marrale, Julieta Díaz y Tomás Fonzi, junto a directores de cine y teatro y sociedades de gestión como SAGAI, se pronunciaron públicamente para advertir sobre el impacto de esas medidas en la producción cultural y en el sistema de medios públicos.

Reidel renunció a Nucleoeléctrica en medio de un escándalo por denuncias de corrupción

Demian Reidel renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, luego de quedar bajo sospecha por presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones, que derivaron en una fuerte crisis interna y en la intervención del propio directorio. En su reemplazo, el directorio designó a Juan Martín Campos como nuevo presidente de la compañía.

La salida de Reidel es un golpe más a Javier Milei, de quien el físico y economista es muy allegado. Horas antes de conocerse la noticia, la justicia procesó a Diego Spagnuolo, otro allegado del Presidente, por la trama de sobrepresión en la ex ANDIS.

La renuncia de Reidel llega tras semanas de denuncias cruzadas dentro de la empresa, cuestionamientos por posibles sobreprecios y una decisión inédita del directorio: congelar la firma del presidente y concentrar el control administrativo en los gerentes, una señal clara de desconfianza hacia la conducción de Reidel.

Reidel había festejado hace apenas semanas la intervención de Milei en el Foro de Davos, en el marco del cual presentaron un paper por el que se creen merecedores del Nobel de economía: “Cuando regulación mata crecimiento”. Ya en julio pasado Reidel había renunciado como jefe de asesores de Milei para hacerse cargo exclusivamente de NA-SA. Entonces había dicho que el problema del país “es que está poblado por argentinos”.

Licitaciones bajo sospecha y denuncias internas

La crisis en Nucleoeléctrica se desató a partir de sospechas sobre procesos de licitación, especialmente en contrataciones de servicios de limpieza, que generaron enfrentamientos entre directivos, gerentes y el propio presidente de la empresa. Si bien Reidel negó públicamente cualquier irregularidad y sostuvo que las denuncias formaban parte de una interna de poder, el avance de las investigaciones administrativas y el endurecimiento del directorio debilitaron de manera progresiva su posición.

Las denuncias —algunas de ellas elevadas al Comité de Integridad y otras en análisis para su judicialización— apuntaron a presuntos sobreprecios y direccionamiento de contratos, en una compañía estratégica del Estado que históricamente había sido presentada como superavitaria y con estándares técnicos elevados.

Una empresa de limpieza y parquizado -M&G- había presentado una denuncia interna en NASA, otra competidora -Distribón- había recurrido a la Justicia, mientras que el gerente de planta, Juan Pablo Nolazco Sáenz, un hombre de la línea de la compañía, también había acusado a la conducción ante el mencionado comité. Los tres apuntaron a que se favorecía a una tercera firma. LX, propiedad de Gabriel Bonetto, exaportante del PRO. Otras compañîa habían cuestionado las licitaciones: Euro Clean y Claryty.

En ese contexto, el directorio resolvió iniciar sumarios administrativos y suspender a dos gerentes clave, una decisión que profundizó el conflicto interno y dejó expuesta la fractura en la cúpula de la empresa.

Una empresa estratégica bajo la lupa

La salida de Reidel se produce en un momento delicado para Nucleoeléctrica, una empresa clave para el sistema energético argentino y para la política nuclear del país. Las denuncias pusieron en discusión no solo la conducta de sus autoridades, sino también los mecanismos de control y transparencia en las empresas públicas bajo la actual gestión.

Desde hace más de siete años, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) mantiene un superávit sostenido que al 30 de junio de 2025 implicó el 27,7% de sus ingresos. En 2024 y 2023, los superávits fueron de $239.827 millones (33,2%) y $235.231 millones (62,1%), respectivamente. Sin embargo, el Gobierno incluyó a la empresa que opera las tres centrales nucleares que tiene el país entre los objetivos a privatizar y lleva adelante un proceso de desinversión que implica una reducción del gasto del 43% en comparación a 2023.

La intención del Gobierno es poner a la venta e 44% de sus acciones. Así la Nación se quedaría con el 51% restante e incluiría a los trabajadores dentro del esquema accionario, quienes obtendrían el 5% del capital social. De acuerdo a estimaciones oficiales, la valuación total de la empresa varía entre US$ 560 millones y US$ 1.000 millones, es decir que el valor que se está ofreciendo a la venta ronda entre los US$ 246 millones y US$ 440 millones.

Con información de agencia NA

MC