Cerro Cuerno

Noticias de Mendoza

El Gobierno avanza en la desregulación del transporte de larga distancia: cambios en tarifas, rutas y seguridad

El Gobierno se prepara para desregular fuertemente el transporte de larga distancia. Lo confirmó este martes desde el propio Ministerio de Desregulación y Transformación de la Nación, donde se trabaja en un borrador de decreto sobre el tema.

Como parte de la desregulación comercial dispuesta por decreto a fin de año, el ministro Federico Sturzenegger elabora un decreto para el transporte de larga distancia que tendría amplio alcance. Cualquier persona con un vehículo de más de ocho butacas podría obtener una habilitación para operar el servicio, según consta en el borrador, que difundió el diario Ámbito. A su vez, cambiarían los límites máximos de velocidad, que para los ómnibus son inferiores a los de vehículos livianos.

Es que con el decreto directamente se buscaría eliminar el concepto de transporte de larga distancia como servicio público. Esto dejaría un tendal de consecuencias para empresarios y especialmente para pasajeros, tanto a nivel tarifario como en rutas disponibles e incluso en seguridad vial.

Por un lado, se habilitaría una práctica que había sido casi desterrada décadas atrás: que los vehículos inicien el viaje y levanten pasajeros en cualquier parte. Por el otro, se eliminaría la velocidad máxima para ómnibus, que está fijada en 90 kilómetros por hora en zona rural y 100 en autopistas según la Ley Nacional de Tránsito. 

Ni siquiera los empresarios están de acuerdo con este cambio de velocidades máximas, no sólo por el gasto en combustible que implica sino sobre todo por la multiplicación de riesgos. En la Argentina mueren 12 personas por día en siniestros viales, según cifras de la Dirección de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según la misma área, la conducción de vehículos a velocidades excesivas tiene “una influencia directa en la gravedad de las lesiones y probabilidad de muerte de las personas involucradas en ellos”. 

En relación con las tarifas, se borrarían tanto los topes mínimos como los máximos. Mientras que los primeros apuntaron siempre a evitar el abuso de posición dominante entre empresas, los máximos son los que han garantizado que una persona con una urgencia médica, laboral o personal pueda viajar el mismo día sin tener que gastar cientos de miles de pesos en un servicio de larga distancia o un vuelo.

Se suprimiría también la obligación de mantener las rutas menos rentables. Hoy el transporte de larga distancia opera en más de 1.600 destinos, casi 30 veces lo que conecta el transporte aéreo nacional, que llega a 55 ciudades. De reglamentarse el decreto tal como fue difundido en su versión borrador, esa cantidad de destinos podría reducirse considerablemente. 

Por ejemplo, el denominado servicio “lechero” que se detiene en cada pueblo no representa un buen negocio para la empresa, pero esta debe brindarlo igual porque hay gente que lo necesita y porque el transporte cumple un rol social. Lo mismo ocurre con las rutas fuera de temporada, o a localidades con menor demanda. ¿Qué pasará con ellas? ¿Cómo se conectarán los poblados más chicos? ¿Qué precio deberá pagar quien sí o sí deba viajar, por trabajo, urgencia de salud o cuidado de un familiar?

Incluso hay consecuencias particulares cuya resolución no queda clara. ¿Qué ocurre si el vehículo se rompe en la ruta y hay que reemplazarlo por otra unidad? ¿Y qué harían los pasajeros si quien opera el servicio no tiene otro micro de reserva, ya que no está obligado a contar con él? Tampoco se sabe qué ocurriría con las personas con discapacidad si el transporte de larga distancia deja de ser un servicio público. 

Pero lo que queda menos claro de todo es cuál es el objetivo de tamaña desregulación, ya que el servicio de transporte de larga distancia no está subsidiado, por lo que su operación no genera costos para el Estado. 

Todo se enmarca en una caída de la actividad del 30% con respecto a 2019, con la inflación y la recesión como los principales culpables, según distintas cámaras empresariales. Esto llevó a las empresas a ajustar su oferta. De hecho, de acuerdo con las mismas fuentes, un 25% de sus empleados están suspendidos por “falta o disminución de trabajo” vía artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

La reacción de los empresarios

En la Secretaría de Transporte reina el silencio. También en intendencias y gobernaciones. Fuentes del sector sostienen que hay miedo a oponerse a esta nueva regulación tanto entre funcionarios como entre cuadros técnicos. Y asociaciones civiles que luchan contra la inseguridad vial como ACTIVVAS y Madres del Dolor aún no pudieron acceder al borrador, aunque lo solicitaron.

Las empresas de larga distancia aún están definiendo qué comunicarán oficialmente. Mientras tanto, adelantan su posición en diálogo con elDiarioAR. Una de las organizaciones que las agrupan es la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), cuyos miembros pidieron audiencia con Sturzenegger, por ahora sin éxito. 

Para Marcelo Gonzalvez, gerente de la asociación, “la apertura tiene que ser gradual, para que los nuevos ingresantes empiecen a probar servicios en baja escala, vayan creciendo en el sistema y puedan demostrar que prestan bien los servicios”. 

Esa asociación presentó en diciembre tres propuestas de cambio de normativa, una de ellas para permitir que los operadores existentes pudieran ofrecer un nuevo servicio de tráfico libre en cualquier ruta, en el marco de una apertura gradual. 

“Pensábamos que la desburocratización iba a apuntar a achicar el peso del Estado en los controles que habían ido creciendo de forma innecesaria. No sabemos cómo va a terminar el proyecto, pero la versión en off que tenemos es de una velocidad de cambio muy abrupta –advierte Gonzalvez–. A veces se produce un efecto que se llama overshooting, una sobreoferta que termina afectando el mercado”.

Desde otras cámaras destacan que, si cualquier persona puede ofrecer servicios de transporte, aumentaría la competencia en algunas rutas rentables, pero quedarían desatendidas otras no tan lucrativas. Y muestran preocupación por los efectos del posible decreto en la seguridad vial, así como por la posibilidad de competencia desleal.

La ley actual

Hasta el momento, la actividad está regulada por el decreto 958/92, modificado y complementado, entre otros, por el 808/95 y el DNU 2407/02. El reglamento establecía un sistema de transporte federal dual, en el que convivían dos sistemas: uno regulado y compuesto por servicios de transporte público, y otro con menos regulaciones conformado por servicios de tráfico libre y ejecutivos (a demanda). 

Ambos sistemas convivieron poco tiempo, ya que la competencia entre ellos generó fuertes desequilibrios. Los servicios de tráfico libre podían operar en las mismas trazas que los públicos. Por eso, en 1998 se suspendió el otorgamiento de nuevos permisos de tráficos libres y ejecutivos, a fin de no sumar competencia que fuera en desmedro de los públicos. Fue con la Resolución 307 de la Secretaría de Transporte, que fue prorrogándose hasta ahora.

Entre las tantas diferencias entre la regulación de 1992 y la propuesta actual, la principal es que la primera permitió la entrada de nuevos actores sin eliminar el servicio público, mientras que con el decreto en elaboración el sistema público desaparecería y todo el transporte de larga distancia operaría como tráfico libre.

KN/JJD

El veto a la mejora jubilatoria: la decisión de unos 40 diputados de distintos bloques, en la lupa del Gobierno y la oposición

En un nutrido grupo de votos está la definición en Diputados del veto de Javier Milei al aumento de los jubilados. La distribución de los porotos en contra o a favor es tan justa a 24 horas de la sesión que pidió un amplio abanico opositor para este miércoles, en las bancadas que motorizan la ofensiva contra el Gobierno sobrevuela la duda sobre un grupo de legisladores que son determinantes para inclinar la balanza. La expectativa tiene como condimento extra que para que se rechace la medida presidencial hacen falta dos tercios de los legisladores presentes al momento exacto de la votación, por lo que las ausencias pueden ser tan decisivas como las presencias. Matemática política.

La incertidumbre atraviesa a todo el abanico de colores, desde el radicalismo al peronismo, pasando por las fuerzas de centro y las provinciales, y alcanzando incluso al macrismo. Son las peceras donde el Gobierno presiona para quebrar voluntades, principalmente a través de los gobernadores que tienen bancas propias. La intención oficialista es que no se repita la foto del 5 de junio, cuando la Cámara baja juntó los dos tercios de los presentes para la media sanción de la ley: el tablero marcó 160 apoyos y 72 rechazos, con 8 abstenciones y 16 ausencias.

Con ese antecedente, los libertarios necesitarían solo 8 rechazos más para boicotear a la oposición. A su vez, a medida que haya más presentes, la vara de los dos tercios aumenta. Y si este miércoles se sientan en sus bancas los 257 diputados, la oposición tendría que sumar 12 votos para imponerse nuevamente. En ese sentido ya tiene a su favor que los 5 legisladores de la Izquierda, que se abstuvieron, ahora votarán contra el veto. Pero tiene el mal trago de que Ricardo López Murphy, que había rechazado la ley y está dispuesto a voltear el veto, está de viaje en Estados Unidos por un tema familiar. 

Ante ese panorama, según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes parlamentarias, la atención legislativa está puesta en casi 40 bancas. Hay misterio en el pelotón de los que estuvieron en su momento a favor. Al menos 10 radicales y 17 peronistas que responden a mandatarios no kirchneristas: 6 del bloque de Unión por la Patria, 8 de Innovación Federal y los 3 de Independencia (fuerza del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo). Pero además hay incertidumbre sobre 9 legisladores que se ausentaron en junio, como 7 fichas del PRO y dos de Encuentro Federal (que capitanea Miguel Pichetto). Y hay preguntas sobre qué hará la libertaria, ex LLA, Lourdes Arrieta.

Los radicales

El radicalismo carga con la presión más importante porque el partido levanta la defensa de los jubilados como una bandera histórica. De sus 34 diputados, 33 votaron a favor de la nueva fórmula jubilatoria. En su momento solo se ausentó el legislador por Corrientes Manuel Aguirre, que no responde al gobernador Gustavo Valdés. En la UCR anotan que ahora sí estará. Pero ponen la lupa sobre otros correligionarios.

Muchos de los radicales que están en duda son los que responden al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. La cercanía con la Casa Rosada quedó demostrado el viernes con el recibimiento que tuvo Milei en la provincia cuyana y los aplausos que recogió en su discurso lleno de insultos y diatribas contra la oposición y el periodismo. 

Los hilos de Cornejo trascienden su propio terruño y así como el gobernador tiene ascendencia sobre diputados de otras provincias, hay radicales que tienen un puente directo con el Gobierno por cuestiones locales. Ese grupo lo integran Pamela Verasay y Lisandro Nieri (por Mendoza), Soledad Carrizo y Luis Picat (Córdoba), José Tournier (Corrientes), Roxana Reyes (Santa Cruz), Martín Arjol (Misiones), Mariano Campero (Tucumán) y Pablo Cervi (Neuquén). 

Cuando se consulta en ese puñado de nombres la respuesta es una evasiva. Y en las filas radicales no se arriesgan a adelantar que esos diputados votarán en contra, sino que podrían ausentarse.“Todos los radicales votaron a favor. Aquel que cambie tendrá que dar explicaciones de por qué a su electorado”, avisó una espada de la UCR. “Van a tener que pensar bien la jugada, porque si no van a quedar muy escrachados”, entendió otra voz legislativa al tanto de las conversaciones. Anoche circuló un video del diputado Fernando Carbajal muy enojado con sus compañeros de espacio. El quiebre demuestra que ni Rodrigo de Loredo ni Martín Lousteau pueden mantener el bloque y el partido unido.

Un voto extra que pierde la UCR es el del entrerriano Pedro Galimberti, diputado del riñón de Facundo Manes y que renunció ayer a su banca para asumir un cargo en su provincia. Entró a la cámara en 2021 y su reemplazo tiene que ver con la boleta que en su momento construyó Juntos por el Cambio. Pero la suplencia está envuelta en polémica. El reemplazante por paridad de género debería ser el actual intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, pero ante su negativa asumiría Nancy Ballejos, dirigente del PRO “ultramileísta”, aunque referenciada en el gobernador Rogelio Frigerio, quien duda sobre si apoyar o no el veto.

Los peronistas

Unión por la Patria aportó 97 de sus 99 votos a la media sanción de la ley. Como fuerza se abroqueló para robustecer la ofensiva opositora. En la votación se ausentaron Ricardo Daives, de Santiago del Estero, y Magalí Mastaler, de Santa Fe. Pero ahora hay dudas sobre otros legisladores propios que ya votaron a favor: los que responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. 

De la provincia son Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega. Hace exactamente un mes, el 12 de septiembre, Jalil fue recibido en la Cámara baja por Martín Menem. Una cumbre que ahora toma otro cariz.

Sobre el espacio peronista no-kirchnerista de Innovación Federal, armado por tres gobernadores equidistantes del Gobierno, está puesta una gran atención porque sus ocho integrantes votaron a favor. Si el Gobierno quiebra esas voluntades, son votos que valen doble. Una espada federal que está en la rosca más fina metaforeó sobre la suerte de esos legisladores: “Quieren votar igual que la sesión pasada, salvo que llame Pekerman, y creo que Pekerman llama”, dijo a este medio.

Se trata de los legisladores salteños Pamela Caletti, Pablo Outes y Yolanda Vega (referenciados en Gustavo Sáenz); los misioneros Alberto Arrúa, Yamila Ruíz, Carlos Fernández y Daniel Vancsik (comandados por Hugo Passalacqua, pero en el fondo por Carlos Rovira), y el rionegrino Agustín Domingo (de Alberto Weretilneck). El diálogo con la Rosada está abierto: ayer el salteño se mostró muy sonriente con la ministra Patricia Bullrich. 

Otro bloque frente a la expectativa es el Independencia, de los tucumanos Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina. Son los diputados de Jaldo separados del kirchnerismo apenas asumió Milei. En media sanción de la ley no votaron: los tres se ausentaron en el momento exacto de elegir a favor o en contra.

Los macristas

La realidad en el PRO es heterogénea porque hay amarillos dentro y fuera del bloque, a los que están atentos los opositores. Cristian Ritondo ratificó ayer la postura a favor del veto, pero en junio llamativamente siete de los 37 se ausentaron. Son fichas que aportan a bajar la vara para los dos tercios. 

Los nombres más trascendentes fueron los de María Eugenia Vidal –condicional de Macri– y Silvia Lospennato –que estuvo ayer en la Rosada en la reunión de aliados libertarios con El Jefe–. Los otros amarillos que se ausentaron fueron Héctor Stefani, Ana Clara Romero, Aníbal Tortoriello, Héctor Baldassi y Belén Avico. 

Fuera de la trinchera PRO, otro amarillo dudoso es el entrerriano Francisco Morchi, quien responde directamente a Frigerio, pero que está en el espacio de Pichetto. “Estamos en proceso de conversación”, dijo un operador al tanto de ese voto, que fue ausente en junio. El gobernador no quiere quedar pegado a “la mancha venenosa” del kirchnerismo. Si finalmente Ballejos se suma a las filas de Ritondo, en la oposición entienden que el gobernador podría poner un huevo en cada canasta.

Otra ficha codiciada en Encuentro Federal es la de Jorge Ávila, el jefe del sindicato de los petroleros. Estuvo ausente en la votación anterior y no va a las reuniones de bloque. “Su voto está dando vueltas”, comentaron al lado de Pichetto. Este martes a la tarde la fuerza tiene una cumbre a puertas cerradas para ordenar sus porotos.

Un átomo suelto es la libertaria Arrieta, flamante expulsada de LLA luego de denunciar a varios compañeros por la polémica visita a represores en la cárcel. La diputada se manifestó recientemente a favor del aumento a los jubilados y ella abrió un diálogo con el peronismo buscando cierta protección cuando denunció amenazas a su familia. Si se da vuelta, podría ser un voto doble para la oposición.

Con tantas monedas en el aire, ayer el panorama de la oposición estaba a la defensiva. “Estamos en un poroteo muy difícil contra las herramientas del Gobierno, que son muchas. Las nuestras son más limitadas porque sólo son la sabia política y el sentido común. Ellos la tienen más fácil para bloquearnos que nosotros para avanzar”, interpretó una de las principales espadas que está rosqueando por estas horas. 

Sigue en pie la estrategia que ya publicó este medio el viernes pasado: ante una matemática adversa, los opositores solo se limitarían a lograr quórum –de 129, que no parece difícil– para abrir la sesión y luego votar un emplazamiento para obligar que la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, discuta el veto de Milei. Buscarían más volumen antes de volver al recinto. “No se va a liquidar la faena el miércoles –aseguró un operador parlamentario–. Pero ganás una o dos semanas y le seguís rayando el auto al PRO”.

MC/JJD

Milei negocia votos para impedir que Diputados le rechace su veto a la reforma jubilatoria: ya convenció a cinco radicales

Cinco diputados radicales fueron esta mañana a la Casa Rosada para participar de una reunión con el presidente Javier Milei. El encuentro forma para de las acciones de cabildeo del Gobierno para frenar toda posibilidad de que la oposición consiga el número de apoyos necesarios para rechazar el veto presidencial a la fórmula de las jubilaciones. Así, aunque el radicalismo había dado su apoyo a la ley vetó el primer mandatario, esta reunión ya siembra dudas sobre que ocurrirá con estos cinco legisladores de la UCR.

Se trata del tucumano Mariano Campero, el misionero Martín Arjol, el cordobés Luis Picat, el correntino Federico Tournier y el neuquino Pablo Cervi. Además de Milei, estuvieron su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y Defensa, Luis Petri, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

Como contó elDiarioAR, en un nutrido grupo de votos está la definición en Diputados del veto de Javier Milei al aumento de los jubilados. Para que Diputados –que sesiona este miércoles– rechace la medida presidencial hacen falta dos tercios de los legisladores presentes al momento exacto de la votación, por lo que las ausencias pueden ser tan decisivas como las presencias.

El tucumano Campero fue el primero en adelantar que cuenten con él para apoyar el veto. Incluso antes de la reunión hizo un publicación en su cuenta de X adelantando que apoyará la medida presidencial porque considera que así contribuirá al plan de Milei de “bajar la inflación” y “generar equilibrio fiscal”.

La postura de Campero y cuatro pares de su bloque será analizada en una reunión del bloque esta tarde, pero si bien no está definida una expulsión, ya la ruptura se viene planteando de hecho debido a que no es la primera vez que votan contra la decisión mayoritaria de esa bancada. Estos cinco legisladores también votaron con el Gobierno cuando se trató la derogación del DNU que asignó $100.000 millones de pesos a la SIDE. 

“El veto está dentro de los derechos constitucionales que tiene el Presidente y él lo ha ejercido”

El neuquino Cervi se refirió a su cambio de posición y señaló: “Pudimos charlar de lo que es la marcha del país, las cuestiones económicas, de por qué él vetó la ley. Es interesante como legisladores nacionales podemos tener la posibilidad de charlar directamente con el presidente y que él nos explique”, dijo en declaraciones al canal LN+, que reprodujo el portal especializado Parlamentario.

El neuquino recordó que el bloque UCR acompañó “algunas iniciativas del Gobierno” así como “cuestionó otras”. En este sentido, dijo: “En su momento apoyamos este proyecto de ley [de jubilaciones], pero también el veto está dentro de los derechos constitucionales que tiene el presidente y él lo ha ejercido”. 

Cervi también destacó que “el bono que se está dando de $70.000 es más que la recomposición del 8,1% que se daría al que gana la mínima”. Consultado sobre si conversó con el senador Martín Lousteau, presidente del partido, el radical expresó: “No hay un diálogo fluido dentro del partido y no hemos tenido una charla con él”. 

La intención de la Casa Rosada es que no se repita la foto del 5 de junio, cuando la Cámara baja juntó los dos tercios de los presentes para la media sanción de la ley: el tablero marcó 160 apoyos y 72 rechazos, con 8 abstenciones y 16 ausencias. Por eso, el Presidente en persona se reunió ahora con los diputados radicales para conseguir el apoyo.

Para eso, Cristian Ritondo y Oscar Zago, presidentes de los bloques PRO y MID, respectivamente, protagonizaron una serie de reuniones con representantes del Poder Ejecutivo para garantizar 87 legisladores e impedir que los opositores puedan conformar esa mayoría agravada para insistir con la ley aprobada por el Congreso.  

El oficialismo tiene asegurados 37 legisladores —ya que no vota el presidente de la cámara Martín Menem— y 37 del PRO —todavía hay dudas sobre qué hará el larretista Álvaro González—, tres del MID y dos de Buenos Aires Libre.

MG/JJD

Renuncia un diputado radical y la oposición pierde un voto contra el veto de Milei a la mejora jubilatoria

El diputado nacional Pedro Galimberti renunció a su banca por Entre Ríos para asumir un puesto en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un organismo binacional creado por la Argentina y Uruguay que administra la represa del río Uruguay. Desempeñará sus funciones en su provincia y cobrará un sueldo en dólares. Le dejará su banca a Nancy Ballejos, quien en 2021 fue en la misma lista como candidata del PRO. Por eso, el bloque UCR se reducirá de 34 a 33 integrantes y, en cambio, el del PRO crecerá de 37 a 38 integrantes. Pero ese crecimiento, además, es una potencial victoria para la Casa Rosada, porque Galimberti iba a votar en contra del veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria.

Según pudo saber elDiarioAR, a Galimberti le ofrecieron este cargo público en Salto Grande ya hace dos meses. El diputado fue elegido en 2021, es decir que le quedaba un año de mandato, mientras que en este puesto tendrá tres años por delante. Además, al volver a su provincia puede dedicarse a realizar política territorial: fue intendente de Chajarí entre 2015 y 2019, año en que fue reelecto pero ejerció como jefe comunal hasta 2021, cuando renunció para asumir como diputado nacional. Quienes lo conocen aseguran que trabaja para volver a comandar el Ejecutivo municipal.

Galimberti es productor agropecuario e integra, dentro del radicalismo, la línea que responde a Facundo Manes, es decir la línea intransigente con el gobierno de Milei. Este sector no estaba integrado al gobierno entrerriano, que encabeza Rogelio Frigerio, del PRO y muy buena relación con Mauricio Macri, de quien fue su ministro del Interior. Galimerti, de hecho, compitió contra Frigerio en las PASO de 2023. El exministro de Cambiemos le ganó esa interna por paliza: 82% a 18%.

Ahora se han integrado en distintos estamentos del Estado provincial, y a él le ofrecieron el mejor cargo de todos, que es esta comisión binacional y que en algún momento se especuló con que sería para el senador entrerriano Edgardo Kueider, un peronista que colabora con La Libertad Avanza en la Cámara alta.

La ley de Paridad de Género obliga a que los reemplazos sean por género: si renuncia una diputada, debe ser reemplazada por la mujer que le siga en la lista de candidatos; lo mismo, con los varones. Pero en el caso de Galimberti su reemplazante terminaría siendo una mujer, Nancy Ballejos, porque el varón que le sigue es un diputado en funciones, Atilio Benedetti, y el siguiente varón en la nómina es el intendente de Gualeguaychú, Mauricio “Palito” Davico, que quiere permanecer en su cargo.

A Ballejos se le atribuye una simpatía rebosante por el gobierno de Milei; por lo tanto, se descuenta que si llegara a asumir en su banca en la sesión de este miércoles, convocada para tratar el veto presidencial a la mejora jubilatoria que sancionó el Congreso a instancias de la oposición, la flamante diputada entrerriana estaría para contribuir con la misión del oficialismo: impedir que la oposición junte los dos tercios para cumplir su objetivo. Galimberti, en cambio, habría votado en contra del veto.

Ballejos, una abogada de 35 años oriunda de Chajarí, localidad ubicada en el noreste entrerriano, afirmó: “Voy a formar parte de la bancada del PRO. Soy afiliada e integré la lista en representación del PRO”. Las declaraciones las recogió Cadena Entrerriana.

La llegada de Galimberti al puesto en la comisión de Salto Grande se produjo recién este lunes, pese a que el cargo le había sido ofrecido hace dos meses, porque dependía de la Cancillería. “A lo mejor se dieron cuenta de que lo necesitaban a fuera de la cancha [en la próxima sesión] y firmaron la designación el viernes”, dijeron a elDiarioAR en la Cámara de Diputados.

JJD

Trabajadores de Intercargo hacen asambleas informativas desde las 18 en Aeroparque y desde las 20 en Ezeiza

Los trabajadores de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que prestan servicios en la empresa estatal Intercargo, iniciaron a las 18 asambleas informativas de dos horas de duración en Aeroparque y harán lo mismo a partir de las 20 y en Ezeiza, en el marco del conflicto mantienen con el Gobierno nacional en demanda de una recomposición salarial.  

De acuerdo a lo indicado por fuentes del sindicato, las asambleas informativas en Aeroparque se desarrollarán entre las 18 y las 20 y afectarán a los vuelos de Jetsmart, Flybondi, Latam y Gol, no así a los de Aerolíneas Argentinas, que cuenta con servicio de rampa propio. Mientras que en Ezeiza serán de 20 a 22 y afectarán a unos 9 servicios. 

En Córdoba y Mendoza las asambleas serán de 23 a 1.

Durante el tiempo que duren las asambleas, los trabajadores no cargarán ni descargarán los equipajes de los aviones y no se prestará asistencia a los mismos para las partidas. En lo que hace a los aterrizajes, los pasajeros podrás ser desembarcados, pero no se entregará el equipaje.

En Ezeiza esta medida no afecta a los vuelos de Aerolíneas Argentinas, American Airlines y Flybondi, que tienen su propio servicio de rampa.

Las medidas de fuerza se registran en medio del conflicto que afecta a los gremios aeronáuticos y el Gobierno nacional, particularmente con Aerolíneas Argentinas.

Sin embargo hoy los trabajadores nucleados en UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales) y de APTA (Asociación del Personal Técnico Aeronáutico), firmaron hoy sus respectivos acuerdos salariales con Aerolíneas Argentinas, y quedaron al margen del conflicto.

CRM con información de la agencia NA