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Entre conexiones policiales y rumores en la SIDE, la trayectoria del magistrado expone cómo funciona el subsuelo político-judicial del conurbano. Las "tertulias de los viernes" y un entramado que reaparece cada vez que cambian los equilibrios del poder.
Terremoto en la SIDE: 130 despidos y la llegada de Auguadra reordenan el ecosistema de inteligencia
En la mañana del 27 de diciembre de 2024, el murmullo rutinario de la esquina de Colón y Almirante Brown, en Morón, se interrumpió por un alarido. Un hombre de mediana edad, robusto, camisa azul desprendida y la cara enrojecida, cruzó la explanada de los tribunales locales casi a los tropezones y se plantó frente a la escalinata. Extendió un brazo hacia la puerta, como si necesitara apuntalar el grito con el cuerpo entero, mientras un grupo de policías lo observaban desde unos metros sin dar un paso.
—¡Ahora el mundo va a saber! ¡Ahora el mundo va a saber de los asados! —vociferó, con la voz quebrada entre la furia y el llanto—. ¡Le arman causas a los narcos y el hijo de Rodríguez los defiende! ¡Anotá vos, que sos de acá! ¡El hijo de Rodríguez saca a los narcos que el padre mete presos…!
La escena duró apenas unos minutos. El hombre, fuera de sí, siguió descargando nombres propios como si arrojara piedras contra el frente de tribunales. Señaló el edificio, insultó a “estos hijos de puta, que son socios”, dejó flotando la palabra “Parque Leloir” como una pista inconclusa. Nadie intentó detenerlo. Cuando se quedó sin aire, se dio media vuelta y se fue tal como había llegado, con los dos agentes todavía inmóviles en la puerta.
Detrás de esa figura desencajada —se supo después de varios meses— estaba Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma y preso desde agosto pasado acusado de ser uno de los responsables de la distribución del fentanilo adulterado. El motivo coyuntural de su bronca era preciso: la Cámara de Apelaciones de Morón había rechazado su pedido para agravar la acusación contra un joven que golpeó a su hijo en un boliche de Hurlingham en 2022. Furfaro pretendía un procesamiento por tentativa de homicidio; la Justicia ratificó un juicio abreviado por lesiones.
Pero la escena de hace un año desbordó con mucho ese expediente familiar: en su descarga pública, el empresario no sólo cuestionó a los jueces que habían firmado la resolución, sino que apuntó directamente contra un engranaje que, a su juicio, enlaza al fuero federal de Morón con algunos de los nombres más pesados del mapa narco argentino.
Furfaro hizo referencia a Sebastián Rodríguez Barbaró, abogado, socio del penalista Fernando Arias Caamaño. Entre sus defendidos figuran Mario Segovia, el “Rey de la Efedrina”, condenado en abril a 13 años de prisión por liderar una asociación ilícita que contrabandeó un fusil y explosivos para bandas narcocriminales de Rosario, y Esteban Alvarado, quien cumple varias penas, la más grave a perpetua por liderar una organización dedicada al narcotráfico, ademas de otros actores del subsuelo narco. Rodríguez Barbaró es, a la vez, jefe de división en el Banco Central.
Ese nexo familiar condujo inevitablemente hacia el verdadero centro de gravedad del video: su padre, Jorge Rodríguez, juez federal de Morón desde 1994 y uno de los magistrados con mayor poder silencioso del Gran Buenos Aires.
Rodríguez es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, con competencia en narcotráfico, delitos económicos, trata, contrabando y causas ambientales. A la trama de relaciones que acompaña su carrera se suma otro elemento que circula hace años en la familia judicial. El recorrido de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora y protagonista de varios expedientes de inteligencia, se ata con frecuencia al de Rodríguez, a quien muchos describen como su referente generacional. En esos ámbitos lo llaman, con ironía, “el Canicoba del Conurbano”: un magistrado sin la exposición mediática de Comodoro Py, pero con un poder territorial que supera al de varios intendentes.
La genealogía judicial abona ese diagnóstico. Rodríguez inició su carrera en los años ochenta, nombrado por el radicalismo en una Defensoría Oficial, y ascendió a juez de Primera Instancia con el apoyo del camarista Luis María Cabral, a quien reconocen como su primer mentor político-judicial. Una de sus causas emblemáticas, en 1989, fue el sobreseimiento del entonces intendente Juan Carlos Rousselot, acusado de administración fraudulenta. Para quienes conocen el paño, ese recorrido marca una continuidad.
Desde 2012, por decisión de la Corte Suprema bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti, Rodríguez supervisa una de las porciones más sensibles del expediente “Mendoza” sobre el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo tras el desplazamiento del juez de Quilmes, Luis Armella. Ese gesto, señalan fuentes judiciales, lo colocó en un escalón de confianza dentro del máximo tribunal y le dio un protagonismo inusual en temas donde confluyen empresas, municipios y organismos estatales.
Pero la influencia del juez se construyó también en espacios menos visibles. Desde hace años que organiza asados y fiestas —algunos aseguran que incluso de disfraces—, que reunen a figuras de peso de todo el arco político y judicial. En cada uno de esos eventos no suele faltar el respectivo cura, encargado de dar la bendición. Uno de sus cumpleaños más comentados tuvo lugar en 2016 en la quinta Vaccarezza, en Udaondo, escenario recurrente de sus denominadas “tertulias de los viernes”.
Sin ir más lejos, la última tuvo lugar anteayer. A modo de cierre del año, se trató de una demostración de escala y de alineamientos políticos difíciles de ver en público. Más de seiscientas personas circularon por los senderos y livings dispuestos alrededor del parque: jueces federales, intendentes del conurbano, gobernadores, sindicalistas de peso, funcionarios nacionales y operadores de todos los espacios. Había islas de comidas que iban de carnes a pastas, estaciones de cocina en vivo y champagne sin interrupciones.
Entre los invitados sobresalió un grupo que alteró el tono de la noche: Santiago Caputo, acompañado por parte de su mesa chica, se movió con naturalidad entre fiscales, dirigentes y empresarios. Su presencia, confirmada a elDiarioAR por varios asistentes, funcionó como ratificación de la amplitud de la red que orbita alrededor de Rodríguez.
La celebración se extendió hasta bien entrada la madrugada de este sábado, con música en vivo y conversaciones que oscilaron entre el brindis festivo y las negociaciones informales: una postal precisa del tipo de sociabilidad que acompaña el peso real del juez en la política ya no solo bonaerense, sino nacional. Un punto de encuentro privilegiado donde se procesan lealtades, se tantean alianzas y se recalibran jerarquías en el nuevo mapa de poder.
El detalle del lugar de la fiesta no pasaría de ser folclórico si no fuera porque la quinta Vaccarezza pertenece al CEAMSE —hoy presidido ni más ni menos que por Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de la AFA—. Es justamente uno de los organismos que el juzgado de Rodríguez debe supervisar en el marco del Riachuelo. En los pasillos, ese gesto se interpreta como la mejor radiografía de su sociabilidad política: un juez que circula suelto de cuerpo entre funcionarios, comisarios y empresarios, incluso en espacios donde los límites institucionales deberían ser nítidos.
A ese ecosistema, según pudo saber elDiarioAR, también se suma su vínculo de larga data con la Policía Bonaerense. Diversos funcionarios lo describen como un “nodo estable” entre la justicia federal del oeste y los mandos de la fuerza provincial. No se trataría de subordinación sino de intercambio: información, territorios, investigaciones cruzadas, contención política.
Ese mismo perfil es el que explica su cercanía con el peronismo municipal, cuya estructura policial y política se entrelaza con muchos de los expedientes que pasan por Morón. En 2013, una investigación por corrupción desnudó un circuito paralelo de favores entre mandos de la Policía Federal, estudios jurídicos privados y sectores de la justicia federal del conurbano.
Instruida por el juez Juan Ramos Padilla, la causa expuso la fluidez de esos vínculos y reveló que el comisario Marcelo Emilio Pecorelli negociaba defensas, agilización de expedientes y contactos judiciales a cambio de dinero, y que en ese esquema habría incorporado al hijo de Rodríguez a su estudio jurídico. Las escuchas registraron conversaciones donde el magistrado aparecía gestionando vínculos con intendentes y empresarios investigados por ACUMAR, mientras que Sebastián intervenía en causas sensibles.
La reaparición pública, involuntaria, de Rodríguez ocurrió en un momento en el que su nombre ya circulaba, en voz baja, en otra esfera de poder: la del reordenamiento de la inteligencia durante el primer año de gobierno de Javier Milei. En ese mundo, donde los rumores operan como moneda corriente y las lealtades rara vez son lineales, el apellido Rodríguez volvió a escucharse en noviembre de 2024, cuando la Casa Rosada buscaba redefinir el mando de la División de Asuntos Internos (DAI) de la SIDE.
Antes de que el contador —y hoy flamante Señor 5— Cristian Auguadra fuera finalmente designado al frente del área encargada de auditar al propio aparato de inteligencia, una de las versiones que circuló con fuerza señalaba al juez como candidato a ese puesto. En Balcarce 50 y en el ecosistema de espías retirados y activos, la hipótesis no sonaba descabellada: Rodríguez, moronense como Auguadra, tenía una larga relación con sectores de la Bonaerense, vínculos fluidos con operadores judiciales que frecuentan sus asados y un historial de contactos con áreas de seguridad que, para algunos, lo convertían en un “puente natural” hacia la estructura más sensible del Estado.
Un año después, otro episodio volvió a ponerlo sobre el tapete: la sospecha de que un abogado cercano a Rodríguez habría participado en el operativo nocturno frente a la casa del ahora extitular de la SIDE, Sergio Neiffert, en el momento más delicado de la interna del organismo. Desde entonces, la pregunta circula con mayor insistencia: ¿qué lugar ocupa el juez en el entramado de influencias que se teje alrededor del gobierno de La Libertad Avanza? ¿Es un magistrado que orbita ocasionalmente la inteligencia, o un operador con más peso del que figura en los organigramas?
En la lógica del gobierno de Milei, donde las lealtades se recalibran de forma constante y las internas definen quién cae y quién asciende, la figura de Rodríguez reapareció como un eco de otra época. La historia reciente de Milei sugiere que eso nunca es casual. Y que el silencio del juez, lejos de disipar versiones, funciona como confirmación involuntaria de que su sombra, para bien o para mal, sigue proyectándose sobre algunos de los rincones más delicados del Estado.
PL/MG

Los gobernadores peronistas piden flexibilidad y anticipan que acompañarán algunas de las leyes del Gobierno. La amenaza de la ruptura y el operativo contención para mantenerse unidos en el Congreso hasta marzo.
Menem prueba su nueva hegemonía en Diputados y busca a aprobar el Presupuesto en dos semanas
“Mirá, yo no me voy a endeudar para pagar gastos corrientes. $400.000 millones me deben estos tipos”, masculló un gobernador peronista mientras conversaba con uno de los emisarios de Cristina Fernández de Kirchner. La escena se repite, hace semanas, en distintos despachos provinciales: gobernadores que, cuando los cruzan por acompañar al Gobierno después de hacer campaña como opositores, se quejan de las cuentas en rojo. La conducción peronista lo sabe y, a una semana de que arranque el debate por las reformas de Javier Milei, predomina una estrategia: prolijidad en la ruptura y agenda propia.
Cristina tiene varios operadores que se encargan de dialogar con los gobernadores y jefes territoriales de las provincias. Por lo general son el jefe de bloque en el Senado, José Mayans, y “Wado” de Pedro, pero también dirigentes como Sergio Massa, Cecilia Moreau o el jefe de bloque en Diputados, Germán Martínez, funcionan como interlocutores. Y todos, de alguna manera u otra, coinciden en el mismo diagnóstico: es inevitable que Milei apruebe sus leyes con algún que otro voto peronista, pero el desafío es evitar que esas diferencias se cristalicen en una ruptura en el bloque.
La partida del catamarqueño Raúl Jalil fue una advertencia. La conducción cristinista en el Congreso intentó matizarlo –afirman que el gobernador de Catamarca hace tiempo que cerró un acuerdo con Milei–, pero la fuga de los tres diputados catamarqueños resonó en el bloque como el preludio de una fractura largamente anunciada.
La conducción cristinista en Diputados, que responde a la dupla Massa-Máximo Kirchner, acordó dos puntos con los peronistas díscolos de las provincias en la última reunión de bloque. Se ratificaría, por un lado, las autoridades en manos de Martínez, Moreau y Paula Penacca. Y, a cambio, se trabajaría en conformar una mesa federal de trabajo en donde incluir a diputados del interior que vienen reclamando hace tiempo mayor protagonismo en el bloque.
La propuesta, sin embargo, apenas logró conseguir el objetivo real de la negociación: evitar nuevas rupturas hasta marzo. El compromiso al que intentó llegar Martínez fue que, durante el período de sesiones extraordinarias, el bloque peronista buscará mantenerse lo más unido posible frente a la avalancha de reformas de Milei. Unido, idealmente, en los votos. Pero unido, fundamentalmente, en la formalidad de un mismo bloque.
“Está todo atado con alambres. Estamos pidiendo un cambio en la lógica de conducción del bloque, un lugar en la mesa de toma de decisiones, y nos ofrecen una mesa de diálogo”, se quejó una diputada peronista que encabeza, junto a los diputados de Ricardo Quintela y Gerardo Zamora, así como varios “sin tierra”, la rebelión interna por un cambio de conducción.
Se hacen llamar los “federales”, y representan casi un tercio del bloque peronista. Al igual que los catamarqueños, vienen amagando con romper con el bloque hace años. Su reclamo, al igual que en el Senado, es por no poder formar parte de la toma de decisiones. Cuestionan que el cristinismo monopolice la estrategia, la agenda de proyectos y los cargos. Y advierten que, si no hay cambios, más de uno seguirá los pasos de Jalil en marzo.
La semana pasada, este sector intentó impulsar al tucumano Pablo Yedlin como vice presidente del bloque. Un cargo que no existe, pero que permitiría tener una silla en la mesa chica. “Pero ni eso nos quisieron dar. Ni un caramelo de madera para calmar las tensiones. A este ritmo en marzo explota todo”, advierte uno de los “federales”.
En el Senado se vive una situación similar. Allí, Mayans está intentando evitar que el catamarqueño Guillermo Andrada, el puntano Fernando Salino y la jujeña Carolina Moises rompan con el bloque peronista. Los díscolos le recriminan que Mayans no ofrece ni lugares ni cargos ni influencia, y amagan con diferenciarse en las próximas semanas.
El formoseño, sin embargo, sí logró contener a Zamora, el ex gobernador de Santiago del Estero, que había armado su propio espacio para diferenciarse de José Neder, el senador peronista que asumió por la minoría en la provincia. Un triunfo, ya que Zamora es un referente para los caciques del Norte que se resisten a la conducción de CFK. Eso sí: su permanencia en el interbloque no es garantía de que no vaya a jugar con el Gobierno.
A unos días de que comiencen las sesiones extraordinarias, una cosa es segura: nadie puede garantizar que habrá uniformidad en el voto peronista.
En los bloques peronistas admiten, puertas adentro, que será imposible adoptar una postura de oposición dura 100% homogénea. Hay iniciativas, como la reforma de la ley de Glaciares, que apelan al voto de muchos peronistas. El objetivo, en estos casos, será ordenar el debate de manera que, una votación diferenciada, no derive en una ruptura del bloque. Y ofrecer, a su vez, una propuesta propia con la que disputar la agenda mileísta.
Algunos temas, sin embargo, no serán fáciles. El proyecto de la reforma laboral, cuyo borrador se dio a conocer en los últimos días, tiene al peronismo en estado de alerta y movilización. Ya hay diálogo con la CGT y más de un dirigente sindical advierte que, de avanzar el Gobierno con el proyecto que se dio a conocer -que plantea, entre otras cosas, la ampliación de la jornada laboral, la limitación del derecho a huelga y modificaciones en el esquema de indemnizaciones y vacaciones- podría llevarse a cabo un plan de lucha.
En el PJ se están trabajando dos contrapropuestas. Por un lado, una propuesta de modernización laboral que incluye ampliación de las licencias por paternidad, reducción de la jornada de trabajo y una ley de cuidados para los trabajadores de plataformas digitales. Por el otro, una propuesta de reforma tributaria, que incluye rebajas impositivas para Pymes.
El objetivo, explican cerca de CFK, es mantener una agenda propositiva, de manera de no quedar relegados a una actitud defensiva cuando comience el debate. Sin embargo, hay un motivo por el cual los borradores todavía no vieron la luz: el peronismo no logra ponerse de acuerdo en algunos puntos clave. Y más de uno teme que, para cuando el recinto abra, se exponga, una vez más, la eterna espiral de la interna peronista.
MCM/MG

Tras una pulseada extenuante con La Cámpora y el massismo, el gobernador obtuvo el permiso para tomar deuda y evitó una crisis. Reminiscencias del traumático cierre de listas para las legislativas. El menú cacofónico del peronismo, el riesgo de negar el conflicto y la necesidad de fundar un lenguaje capaz de llegar a quienes dejaron de escuchar
La aprobación del endeudamiento de la provincia de Buenos Aires despertó un déjà vu de corto plazo. La negociación pareció interminable y endogámica hasta la extenuación, pero alcanzó a ser resuelta en trasnoche, con brusquedad, al borde del precipicio.
Se repitió la secuencia del cierre de listas para las legislativas de medio término que tuvo lugar en el invierno pasado, con los mismos bandos enfrentados: Axel Kicillof y la mayoría de los intendentes peronistas bonaerenses de un lado, los Kirchner y La Cámpora del otro, y Sergio Massa y su sistema de flotación ubicua, siempre dispuestos a ir por más.
En la lectura de la configuración del peronismo/kirchnerismo, la aprobación de emisión de deuda bonaerense por unos US$3.650 millones resulta similar a aquel armado de listas. Kicillof se atribuye un logro —la designación de las principales candidaturas para septiembre y el permiso de deuda ahora, sin resignar el control de su Gobierno—, el eje Cámpora-Instituto Patria demuestra su capacidad de condicionar cualquier decisión, sea estratégica o banal, y concede un crédito —porque no obtiene todo lo que exige— que pronto cobrará, y Massa ratifica su habilidad negociadora, con la que siempre recibe más de lo que pesa su representatividad real en términos de votos.
Así avanza, hace años, la nave del peronismo opositor.
Cada batalla deja traumas y rompe puentes, pero prevalece el valor de la “unidad”, dicen sus protagonistas. Se discute “a muerte” la letra chica del reparto de fondos, una silla en un organismo descentralizado, el cuarto concejal de Lobos, la desactivación de una auditoría en el puerto de Dock Sud, y en el medio surge la palabra “traidor”.
Un intendente del conurbano que hoy se anota tácticamente en el kicillofista Movimiento Derecho al Futuro enmarca la dimensión del problema que demandó una discusión con semejante desgaste dentro de las bancadas de Unión por la Patria, con las derechas bonaerenses atentas a meterse en los pliegues de ese enfrentamiento para sacar su tajada: la diferencia que habría representado el techo y el piso de lo que se estuvo discutiendo sobre “el fondo para los intendentes” equivalía a unos US$250.000 para su municipio. Es decir, algo módico en términos del presupuesto de una intendencia mediana del Gran Buenos Aires, que podría ser subsanable por diferentes vías.
La aprobación de la Legislatura el jueves fue el corolario, no de semanas de discusión, sino de año y medio en el que el bloque oficialista bonaerense sucumbió al intento de acordar un presupuesto y un programa financiero para 2025. Como consecuencia de ello, en el año que termina, la gobernación provincial hizo frente a la deuda externa estructurada durante la gestión de María Eugenia Vidal con remanentes de financiamiento de años anteriores y con dólares de programas con organismos multilaterales como el BID y la CAF, en teoría, destinados a obras de infraestructura.
Vendrá ahora otro ciclo de silencio y ensimismamiento, hasta que un acto reúna a las cabezas de las facciones peronistas, no sin antes pergeñar un desplante, lo más visible que se pueda, en el centro del escenario. Y si no alcanzare, estará Mayra Mendoza para ponerlo en palabras.
Hay un problema. Lo que axelistas, cristinistas, massistas y peronistas sueltos conciben como victorias, algunas de tan poca monta que ni vale la pena mencionar, desde afuera es percibido mayormente con perplejidad o indiferencia. Ese “afuera” no remite sólo a la derecha retardataria gobernante o al antiperonismo republicanista, sino también a un campo opositor existente o potencial, que sobrevive entre agobiado e indignado por los desmanes de los hermanos Milei. Ese segmento opositor seguramente está al tanto de que el permiso otorgado será utilizado durante 2026 para pagar los compromisos asumidos por Vidal y subsanará en parte el recorte arbitrario de fondos implementado por la Casa Rosada, pero acaso no tiene tiempo, ni interés, ni necesidad de enterarse de las peleas, operaciones de prensa y tuits con fotito autosatisfactorios de las facciones peronistas en pugna en la Legislatura, conocida despectivamente como la “Chocolatería”, por el poco edificante antecedente Rigau.
Lo que axelistas, cristinistas, massistas y peronistas sueltos conciben como victorias, algunas de tan poca monta que ni vale la pena mencionar, desde afuera es percibido mayormente con perplejidad o indiferencia
Ya desde los primeros meses de la Presidencia de Alberto Fernández, la dinámica de la interna peronista logra el objetivo de desviar el foco de las responsabilidades que caben a sus opositores, aunque sean palmarias. Es tan disonante el ruido, tan inverosímiles las declaraciones que niegan el conflicto, tanta la farsa, que se opaca lo evidente.
El máximo ejemplo lo aporta la deuda externa asumida por el experimento de Mauricio Macri en la Presidencia. Resultó que Máximo Kirchner y sus espadas más aguerridas volcaron toda su enjundia en denunciar el “entreguismo” de Alberto, hasta el punto de que borronearon el origen o equipararon responsabilidades sobre esa montaña inconmensurable de dólares que el país demorará décadas en pagar, si alguna vez lo hace. Para sorpresa de nadie, como si a Macri no le faltaran aliados mediáticos, financieros y judiciales para difundir su versión, un equívoco habitual del debate político es que la deuda con el FMI, la mayor concedida por el organismo en su historia, es responsabilidad de… Martín Guzmán. “La deuda de Guzmán”, aprovechan para tuitear los economistas mileístas, y algún maximista le dará like. Ése es el campo que Luis Caputo ve fértil para proclamar que Argentina no tiene crédito desde 2018, no por la deuda que él mismo tomó batiendo récords en 2016 y 2017 y no pudo pagar, sino por el “riesgo kuka”.
Algo parecido está ocurriendo con la gestión de Kicillof. Mendoza, la intendenta más importante con terminal en San José 1111 —aunque cada vez más autónoma en la administración de esa lealtad— pone en la mira al gobernador por los fondos que escasean o las obras inconclusas en Quilmes, su municipio. Kicillof y sus funcionarios claman que los Milei recortaron cerca de US$9.000 millones desde diciembre de 2023, casi tres veces la deuda que aprobó la Legislatura. Esa cifra, más allá de si es correcta o está inflada, se vuelve cada vez más inaudible en el marco de la interna peronista.
Kicillof dice que él no es Alberto; que se plantó cuando resistió la presión para que se presentara la candidatura presidencial en 2023, o combatió la postulación a vicegobernador de Martín Insaurralde, impulsada por Máximo ese mismo año. Afirma que preservó áreas claves de su gabinete frente al naturalizado loteo con el eje Cámpora-Patria y el massismo, y que también demostró desobediencia al desdoblar la elección provincial pasada.
La mayor diferencia entre el gobernador y el expresidente Fernández es que el primero demostró un volumen de votos propios, tanto en sus dos elecciones para el sillón de La Plata como en la cita de medio término en septiembre, cuando la rotunda victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires alimentó la efímera sensación de que el Gobierno del soez de Casa Rosada estaba contra las cuerdas. Si alguna vez Alberto tuvo un caudal propio entre su elección presidencial en 2019 y el primer año de mandato, se ocupó de licuarlo con sus indecisiones, su negación de un conflicto que estructuraba la política y sus errores de gestión.
Sin embargo, Fernández y Kicillof vuelven a encontrar similitudes a la hora de explicarse a sí mismos. El expresidente argumenta que también se plantó y dijo no a ciertos nombramientos y medidas, y que ello le valió la enemistad de los Kirchner. “Me atacaban porque no les obedecía, no porque les obedeciera”, dice Fernández. Discutible, aunque lo que está claro es que el exmandatario no supo conducir ese conflicto ni tuvo voluntad de dar vuelta la página.
Hay más puntos en común. Así como Fernández llegó a decir que firmaría los argumentos volcados por Cristina en algunas de sus cartas, pese a que lo defenestraba entre líneas, Kicillof también desconoce el conflicto. La rivalidad se va en gestualidades y versiones reservadas incendiarias en ambos campos, pero en público, el diputado Facundo Tignanelli —voz de Máximo en la Cámara baja bonaerense— afirma haberse desvivido por aprobar cada proyecto que envió Kicillof, y el propio gobernador, cuando logra el objetivo, agradece los apoyos y hace como si nada hubiera ocurrido.
El nudo que Kicillof no termina de desatar no pasa por mayor o menor osadía a la hora de las declaraciones sobre el eje Patria-Cámpora, sino por una ausencia de claridad tanto en el camino para construir un nuevo liderazgo como en trazar definiciones sobre problemas cruciales del país.
La dinámica de conducción del peronismo podrá encontrar un nuevo nombre electoral, como fueron el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Frente de Todos, Unión por la Patria y Fuerza Patria. Los gobernadores y dirigentes de las 24 repúblicas independientes en las que parece dividida la oposición —una por provincia— se sumarán si las cuentas les dan, o jugarán la carta propia, y alguno se plegará a las artes seductoras de Karina. Ello no resolverá un problema en el liderazgo de la centroizquierda peronista que no hace más que acumular fracasos y escisiones.
Es evidente que Kicillof no se inserta en el mecanismo vigente de órdenes impartidas entre la presidenta del Partido Justicialista nacional y el presidente del Partido Justicialista bonaerense, el vértice de conducción en San José 1111 y los “compañeros y compañeras” de La Cámpora, Cristina y Máximo. Ocurre que fuera del segmento más politizado, que no sigue los pormenores de la interna, nadie entiende bien cuál es la diferencia real en juego.
Cristina —recluida como está, por una sentencia que dictaron y ratificaron jueces indecorosos hasta para aceptar invitaciones de Macri o Clarín— esboza 'nuevas melodías', sin hacerse cargo de ninguna de las rémoras que no supo resolver
Si la discordia es programática, no fue explicitada.
Cristina —recluida como está, por una sentencia que dictaron y ratificaron jueces indecorosos hasta para dejarse invitar por Macri o Clarín— esboza “nuevas melodías”, sin hacerse cargo de ninguna de las rémoras que no supo resolver en su segundo mandato, ni al mando de todas las herramientas con las que contó durante el Ejecutivo del Frente de Todos, que fueron, básicamente, los principales presupuestos (Energía, jubilaciones, PAMI, relación con las provincias). Como si las nuevas formas del trabajo, el empleo en negro, el dólar como moneda de ahorro, la deuda externa, las arcas vacías del Banco Central, la escasez de dólares cuando crece la economía, la ineficiencia estatal, el sostenimiento del sistema jubilatorio y la vida dominada por nuevas tecnologías fueran problemas que nacieron ayer, y no estaban presentes allá por 2011, cuando Cristina creyó que había que pisar el acelerador y siguió dedicando dos puntos del PBI a subsidiar irresponsablemente el consumo de gas y electricidad de los hogares que podían pagarlos, amén de las vías de corrupción, que siempre filtran.
Y Kicillof, que prometió “nuevas melodías”, no las canta. Su propuesta “frenar a Milei” resultó exitosa en la elección provincial de septiembre, cuando plebiscitó su gestión y la de los intendentes, pero fracasó en octubre, cuando una parte del electorado, quizás el sector que se siente más lejano a la política y no había participado de la primera cita, se encontró con el hueco discursivo y el miedo a la inestabilidad, bien explotado por Milei y su sistema mediático.
Si le preguntan a Kicillof sobre el déficit fiscal, dedica varios minutos a informar que todos los países lo tienen, y al final concede que siempre es bueno tener las cuentas en orden, como en efecto ocurre, dentro de un marco razonable, en la provincia de Buenos Aires. Consultado sobre las violaciones a los derechos humanos en el régimen de Nicolás Maduro, más explicaciones por las ramas: que es asunto de los venezolanos (cierto), que hay otras dictaduras en el mundo de las que nadie habla (cierto) y que la amenaza imperialista de Donald Trump supone un mundo aberrante (cierto). ¿Nada para decir sobre el fraude electoral, los opositores encarcelados, la represión en las calles, los informes sobre torturas sistemáticas y los seis millones de emigrados entre exiliados y desesperados, de parte de un dirigente progresista, que levanta las banderas de Memoria, Verdad y Justicia en su propio país, y acompañó la marcha de las Madres en Plaza de Mayo el jueves pasado?
No sólo es cuestión de los Kirchner o Kicillof. El peronismo de hoy ofrece un menú cacofónico en el que cada dirigente, cada economista y cada streamer levanta una bandera distinta, hasta antagónica, y todo es transmitido con rotunda convicción. Hay peronistas que proponen desconocer la deuda de US$20.000 millones que el FMI le regaló a Milei, que se sumó sobre los US$44.500 millones que le había donado a Macri, pero otros consideran que eso equivaldría a un suicidio económico. Los hay cautivos de la minería, pero también ambientalistas a ultranza, garantistas frente al delito, y manoduristas. Favorables y contrarios al impuesto a las Ganancias y las retenciones. Unos son pro-China y otros son pro-Trump. Suena una melodía antiizquierdista y antiprogresista, aunque otros interpretan que el peronismo es básicamente progresismo e izquierda popular. Están el catamarqueño Raúl Jalil, quien da la vida por una foto con un subsecretario de algo, y el porteño Juan Grabois, quien prevé cárcel para los hermanos Milei.
Se podrá decir que el peronismo siempre albergó vertientes disonantes, y que los Kirchner, por caso, arbitraron entre conservadores populares y progresistas a los que incorporaron a sus Gobiernos, con un rumbo político firme.
De lo que no hay antecedentes exitosos es de un liderazgo emergente que evite confrontar con una conducción que, probadamente, ya no da más de sí, ni que deje de fundar un lenguaje político capaz de llegar con nitidez a quienes dejaron de escuchar.
SL

El líder de McEwen Cooper, que tiene la mina Los Azules, en San Juan, ya logró la aprobación ambiental adecuada a la ley actual de protección de glaciares, pero aboga por la reforma que impulsa Milei. Opina que no todos aportan la misma cantidad de agua: "En algunos casos es muy pequeña, casi no sustancial o con calidad negativa, porque la roca contiene minerales".
Se supone que la Argentina tendrá un boom de minería de cobre, por la movilidad eléctrica y la inteligencia artificial, pero no sólo por ambos factores. Y que el proyecto más avanzado para empezar a producir, aunque recién en 2030, es Los Azules, en San Juan. El CEO de la empresa canadiense a cargo, McEwenCooper, el alemán Michael Meding, recibió a elDiarioAR este jueves, antes de viajar a la provincia, en el Campo Argentino de Polo, en pleno abierto.
Antes había trabajado en la principal mina sanjuanina, la de oro Veladero, a cargo de la también canadiense Barrick, de 2010 a 2017, primero como manager financiero y después del escándalo por el derrame de cianuro en el río Jáchal en 2015 fue ascendido para reogarnizar la defectuosa operación del yacimiento. De 2019 a 2022 trabajó en la petrolera Trafigura y luego volvió a San Juan por Los Azules.
–La automotriz Stellantis, dueña de las marcas Peugeot y Fiat, está en el proyecto....
–Los Azules pertenece a McEwen Cooper, una empresa canadiense que tiene distintos accionistas: 46% está en las manos de McEwen Inc, que es una empresa americana con casa matriz en Toronto y que cotiza en las bolsas de Nueva York y Toronto. McEwen Cooper tiene además como accionistas a Stellantis, con poco más que 18%; Río Tinto, con poco más de 17% y el fundador, Bob McEwen, canadiense, con poco más que 12%.
–¿Por qué les interesa desarrollar este proyecto en Argentina?
–En Estados Unidos hay un slogan que es 'better in your backyard' (mejor en tu patio trasero). Y cuando uno con los así nombrados ambientalistas dicen “me encanta tu proyecto, ¿pero no lo puedes hacer en otro lado?”. Hay que decir que se hace la minería con los recursos. Los Azules se descubrió en 1998 y ha visto su mayor desarrollo en los últimos cuatro años. Nuestro proyecto vale US$3.200 millones. No hay informe técnico, pero como se conoce hoy día un proyecto como Vicuña –otro de cobre en San Juan– estaría en el doble o más. Entonces son proyectos que requieren mucho capital.
–¿Y por qué hace cuatro años se empezó a acelerar este proyecto? ¿En qué medida influyó la movilidad eléctrica, la transición energética, la inteligencia artificial, que ha elevado el precio del cobre?
–Hay una componente del precio, que es la demanda y la oferta de hoy, pero también la demanda y la oferta futura anticipada. En general, hasta el momento, la principal demanda de cobre está en construcción y urbanización. La electrificación de los hogares, la electromovilidad y la inteligencia artificial son todas demandas adicionales. Un auto eléctrico necesita el doble de cobre que un auto con combustión interna. Perú y Chile son los principales productores en conjunto con el Congo. Vos necesitás tener una previsibilidad de precios a largo plazo para desarrollar esos proyectos.
–Esa demanda adicional es la que empuja el precio, ¿no?
–Eso es parte, pero también es parte de la urbanización a nivel mundial. La principal demanda de cobre está en la urbanización en China, la gente que se mueve de los pueblos a los ciudades que tienen mejor estándar de vida. Por eso también tan complejo pensar cómo va a ser el futuro del cobre, porque depende mucho de las tensiones geopolíticas.
–La industria bélica también es demandante de cobre, ¿o no?
–Sí,
–Si aceleraron en 2021, ¿entonces podrían haber invertido sin el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones)?
–Cuando estuve conversando con el presidente (Javier) Milei en abril del año pasado, me preguntó: “Che, Michael, ¿cómo va con el tema del avance del proyecto?, ¿hasta cuándo se pueden financiar?”. Y dije que nosotros necesitábamos algo como el RIGI, un sistema de protección de inversión más fortalecido. La única forma que se podría haber hecho sin el RIGI es con precios mucho mayores.
–Cuando está muy alto el precio, entra a cualquier país, aunque sea inseguro jurídicamente...
–Claro, y también tenés que hacer arbitraje para transferir dividendos hacia afuera, el contado con liqui.
–El proyecto ya tiene la aprobación del impacto ambiental. Ahora viene buscar el financiamiento...
–Tenemos la aprobación ambiental desde diciembre de 2024. Tenemos publicado la factibilidad este 7 de octubre, tenemos la aprobación del RIGI el 27 de septiembre y terminaríamos la ingeniería hacia fines de 2026, cuando empezaríamos con la construcción. En ese momento, hay que tener la estructura de financiamiento. Mientras tanto, estimamos que que necesitamos financiar US$200 millones. Hay muchas ofertas de financiamiento, entre cuales estamos eligiendo qué nos conviene en este momento. ¿Cuáles son los posibles financistas que te gustaría tener como socio a largo plazo? Existe mucho interés de empresas chinas en invertir en la Argentina. ¿Políticamente conviene? Nosotros nos hemos orientado principalmente hacia accionistas que son de Argentina, Estados Unidos, Canadá o Europa.
–Hablando de largo plazo, en 2027 o 2031 puede venir otro gobierno en una Argentina tan pendular, donde siempre nos gustan los extremos...
–Sí y no, porque nosotros hacemos un proyecto que va a perdurar. Tiene una vida útil de 22 años. Antes, el tiempo de construcción: por lo menos cuatro años. Muchos más gobiernos verás en ese tiempo. No nos podemos atar a una forma de un gobierno. Sí, obviamente, teniendo el presente gobierno, se hace más fácil el financiamiento de cierta forma, pero hay que tener una visión de largo plazo.
–El kirchnerismo tampoco fue antiminero, con ellos pudieron hacer negocios...
–Se construyeron varios proyectos durante el gobierno que mencionas, pero mucha de la protección que debería haber existido a través de la ley de inversión minera no se respetó.
–Como la imposición de retenciones, ¿no?
–Por ejemplo. Y la estabilidad cambiaria tampoco. Lo bueno del RIGI es que es mucho más claro.
–Porque pueden apelar a cortes Internacionales...
–Sí, si hay violación de estos acuerdos, de la carga tributaria o la posibilidad de repatriar las divisas provenientes de la exportación.
–También es verdad que ha pasado ya en Argentina que vienen gobiernos, cambian esos contratos y las empresas al final prefieren hacer un acuerdo antes que terminar el juicio afuera...
–El tema de la nacionalización de recursos en minería es un tema mundial. Una vez que tienes esos montos invertidos, somos cautivos.
–¿Cuándo empezaría a construirse la mina y cuándo empezaría a producir?
–La idea de construcción es inicio de 2027. Y la primera producción sería en 2030. Siempre pensando en que los permisos sectoriales lleguen en tiempo y forma. El financiamiento está y se avanza según el cronograma.
–¿Para conseguir ese financiamiento, también necesitan que se cambie la ley de protección de glaciares?
–La factibilidad de nuestro proyecto está completamente compatible con la ley como está. Una mejora en las definiciones de la ley de glaciares, porque de eso se habla, claramente te mejora la financiabilidad de proyectos porque sacás incertidumbre.
–¿Debería modificarse esa ley o no?
–Yo creo que sí. Porque primero hay que entender qué previó la ley. Fue la protección de un recurso estratégico, el agua. La ley no es en sí en protección de un glaciar, sino del agua. Ahora hay que ver cuál es la contribución de un glaciar o de un glaciar de escombro, que es en el fondo una masa rocosa que contiene agua congelada, al sistema hídrico. En algunos casos es muy pequeña, casi no sustancial o contribuiría con calidad negativa, porque la roca contiene minerales y empeora la calidad del agua. Los mineros no están oponiéndose a proteger los recursos naturales ya que la gran mayoría de los procesos mineros requieren agua. Somos los primeros interesados en la protección.
–Además de la polémica por la ley de glaciares, hay otra porque el RIGI sólo obliga a contratar 20% de proveedores locales...
–Durante la vida de la mina, tendremos aproximadamente 70%.
–¿El 70% de los US$3.200 millones que invertirán son con proveedores argentinos?.
–Hay que ver toda la inversión durante la vida de la mina, que son US$5.400 millones: 3.200 más 2.200 más todo lo que lo que se requiere para operar allá. Eso es encima del 70%.
–Pero hay un temor con el RIGI de que hasta los galpones vengan de China...
–Cuando tienes grandes emprendimientos de este estilo en cordillera, tienes que pensar que, del total de la inversión, aproximadamente 40% son costos locales. Es decir, mano de obra local.
–Claro, sólo falta que traigan trabajadores chinos, como hacen ellos en África...
–Cuando trabajas en minería, te das cuenta que es absolutamente necesario el apoyo de la comunidad donde estás operando. Si no, no se puede llevar adelante un proyecto.
–Estuve esta semana en San Juan y después de 20 de años de operación de Veladero, a la que se suman dos minas más, veo que las rutas están destruidas... Es verdad que hay otros siete proyectos en gateras, pero... tampoco el cobre ha traído desarrollo a Congo... Estas provincias mineras reciben dinero, pero muchas veces la gente no lo percibe...
–Yo no tengo la misma preciación que tú.
–Pero las rutas están lejos de ser las de Alemania...
–OK, pero tampoco estamos en un país que tiene 88 millones de personas en un tamaño de la provincia de Buenos Aires, que es Alemania. Yo llegué a San Juan hace 15 años y hoy día son dos San Juanes totalmente distintos. Llegué a una ciudad donde al mediodía podía jugar fútbol en la calle principal, como en el Lejano Oeste, donde si quisiste ir a comer algo rico, podías elegir uno de tres. Había un cine estilo Buenos Aires, no había un estadio que existe hoy, ni un circuito para la Fórmula 1, ni esa oferta hotelera que hay hoy. Entonces hay mucho desarrollo. Ahora, si hablas de la ruta 40, es una ruta nacional.
–Anduve por rutas nacionales y provinciales...
-La Cámara Minera de San Juan hizo un trabajo en su momento: aproximadamente 85% de la venta de minerales se queda en Argentina y 15% se va a los inversionistas. Esto es bajísimo en relación al riesgo que tomas. Hay países que han desarrollado su minería en forma muy positiva, en conjunto con el desarrollo agrícola. En San Juan han crecido la minería y la producción agrícola.
AR/MG

La política sigue enfrascada en el debate sobre la inmigración mientras la automatización avanza sin freno: los robots ya amenazan más empleos que cualquier flujo migratorio y obligan a replantear prioridades, discursos y miedos sociales.
En la ciudad de Florencia los taxistas son italianos. No hay inmigrantes al frente del volante. Ir con ellos es parte de la experiencia de estar en Italia. Hablan de fútbol, de la Fiorentina, de Batistuta, sobre todo con un argentino. Guardan, además, ciertas señas de identidad. Una pulsera de plata, anteojos de diseño con patillas metálicas, esa vestimenta entre dura y sensual.
Me llamó la atención que los choferes fueran siempre italianos. Se lo pregunté a un amigo florentino, que confirmó la presunción. Hay cierto orgullo del sector, incluso del gremio. En Madrid, en cambio, el sector del transporte está más diversificado. En los taxis hay una mayoría de españoles, pero en Cabify y Uber se reparte entre latinoamericanos, árabes, magrebíes y europeos del Este.
En Florencia, como en toda Italia, existen problemas asociados a la inmigración. Sin ir más lejos, una de las tardes que regresaba del Duomo, presencié una riña entre verduleros latinoamericanos y vendedores magrebíes, que europeos y turistas observaron entre el temor y el entretenimiento. El asunto preocupa a un nivel político real. Quizás por eso la dupla Giorgia Meloni-Matteo Salvini esté a cargo del gobierno nacional. De la primera, conocemos su posición antimigratoria desde el primer día de la gestión. Del segundo, frases resonantes como aquella de “me niego a reemplazar diez millones de italianos por diez millones de inmigrantes”.
Con eso en mente, pensé en abordar el tema con los taxistas pero en un rapto de lucidez preferí no hacerlo. Podía ser incómodo. Además, mi exeditor, el gran periodista Santiago O Donnell, me habría bochado la nota. Como fuera, lo que me impulsó a no preguntarles si temían que los inmigrantes entraran a su sector fue una idea: ¿No son los robots quienes más amenazan sus fuentes de trabajo?
Esta semana, se llevó a cabo en Tokio una nueva edición de la Exhibición Internacional del Robot. La cumbre lleva realizándose cincuenta años, y una crónica del Financial Times escrita por Leo Lewis, señala que esta última ha marcado un verdadero punto de inflexión respecto a las anteriores. La aplicación de la Inteligencia Artificial en los humanoides —tradicionalmente las estrellas del evento— supone un avance determinante.
“Las sociedades parecen completamente desprevenidas para esta transición, y la esfera política ni siquiera ha empezado a tener el tipo de debates que muy pronto podrían imponérsele”, señala Lewis respecto al progresivo protagonismo de humanoides y robots en las sociedades.
Existen diferentes informes de consultoras internacionales sobre el impacto que causará una mayor adopción de robots en la economía. Lewis cita uno realizado por Morgan Stanley que sostiene que “la transición hacia la ‘IA encarnada’ marcará un giro en la historia, pronosticando un mercado global de robots humanoides valuado en 5 billones de dólares para 2050 y una tasa de despliegue de una máquina por cada 10 humanos”.
Las opiniones ante este panorama van de la precaución al apocalipsis, y en unos pocos casos, el optimismo triunfal. El CEO de una de las principales empresas de IA, Anthropic, Dario Amodei, es de los que piensan que si las empresas de IA actúan con libertad, sobrevendrá el caos absoluto. “La IA podría eliminar hasta la mitad de todos los empleos de oficina de nivel inicial y disparar el desempleo al 10-20 % en los próximos uno a cinco años”, señaló unos meses atrás.
Desde Tokio, Lewis se permite pensar en algunos escenarios. Piensa, por ejemplo, en Japón, que produce robots desde hace años, y ha desarrollado una idea positiva en su sociedad sobre el despliegue de esta tecnología. “La población decreciente de Japón y su fuerza laboral tensionada generarán menos resistencia a los reemplazos mecanizados de seres humanos. (El país) Los necesita, y muchos podrían preferir activamente el acero y los semiconductores antes que a extranjeros y visados de trabajo”.
Este ese el caso de Japón, ¿pero cuál será el de Argentina, el de Francia o la India? De todas formas, me interesa hacer foco en algo que plantea Lewis cuando señala que algunos preferirían un robot a un inmigrante. Uno de los principales argumentos de su nota, en efecto, es que más temprano que tarde la política deberá abordar la cuestión de los robots y su impacto.
En España, el partido de ultraderecha Vox ha alcanzado su mayor intención de voto de los últimos años. Los medios ibéricos señalan que ha logrado robarle casi un millón de votos al Partido Popular, la derecha tradicional. Una de las razones del ascenso de Vox es su discurso sobre la inmigración. Desde su aparición, ha sido casi el único partido en referirse a los inmigrantes, más allá de que sus posiciones oscilen entre la xenofobia y la exageración. La realidad es que el problema migratorio existe, en Europa o en América Latina. El que se anime a abordar la cuestión, puede preguntar en Chile o en Argentina, qué piensan de los inmigrantes de Venezuela que debieron abandonar su país por el caos político y social reinante.
Advertido de la problemática (por fin), una fuerza de izquierdas se refirió al tema de la inmigración días atrás. En una declaración al presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, líder del partido de izquierdas de Catalunya ERC, afirmó: “Le pido a la izquierda menos pureza, y más cabeza. Le pido que hablemos de seguridad, sin la exageración de unos, ni la negación de otros. Le pido que hablemos de migración, y evidentemente no lo estoy vinculando, pero basta cinco minutos poner la oreja en un barrio, para saber que los flujos migratorios son un reto que se tiene que basar en la seguridad”.
Por supuesto no faltó quien lo criticara. Desde la derecha, por “contradictorio”; desde la izquierda, por haberse “derechizado”. Igual, Rufián había finalizado su discurso anticipándose a ello. Criticó a la izquierda por eso de “no compremos el marco de la derecha”, y señaló que si la realidad existe (esa preocupación por la inmigración), callarse no era un gesto astuto sino de abandono. Un abandono que, por cierto, se observa en los barrios populares donde crece Vox, no en las zonas acomodadas donde el reclamo es de un jubilado acaudalado que no tolera tener que ordenar un “caffe latte” en lugar de un “cafelito”…
Al final de cuentas, surgen algunas preguntas: ¿Cómo es posible que la izquierda haya tardado tanto en abordar una de las principales problemáticas sociales de las dos últimas décadas? ¿Pureza ideológica? ¿Oportunismo? ¿Negación? ¿Falta de ideas? El asunto debería ser un antecedente claro sobre los costos de no abordar los problemas reales que enfrentan las sociedades actuales.
El caso de la Inteligencia Artificial y el advenimiento de los robots en el mercado laboral es un hecho que ya preocupa, y debería abordarse ya. Muchos líderes progresistas (cuando no libertarios), parecen mucho más entusiasmados por anunciar la inversión de una tecnológica en un data center que en darle respuestas a una persona cuya fuente de trabajo es ocupada por un Chat Bot o un robot industrial. Mientras tanto, revaluaré la idea de hablar o no con un taxista para una nota. Después de todo, es probable que en unos años solo pueda hacerlo con un robot.
AF/MG