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En cadena nacional Alberto Fernández pidió investigar a jueces y fiscales por "promiscuidad antirrepublicana"

En un mensaje sorpresivo y en cadena nacional, el presidente Alberto Fernandez habló este lunes por cadena nacional para anunciar que pedirá que se investigue a los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que realizaron un viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Para Fernández se trata de "promiscuidad antirrepublicana" que puede recibir una sanción penal por los delitos de “percepción de dádivas” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

El Presidente habló poco después de que se filtraran chats entre los que abordaron el avión privado que los trasladó hasta aquel paraje paradisíaco de la Patagonia. Pero también lo hizo horas antes de que se conozca la sentencia en la Causa Vialidad en la que su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está acusada de liderar una asociación ilícita destinada al manejo irregular de la obra pública a lo largo de los doce años de gestión kirchnerista. Por ese delito, la fiscalía pidió que se la condene a 12 años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes", dijo el Presidente por cadena nacional. Se refería el viaje que jueces y fiscales habrían realizado a Lago Escondido, en la Patagonia, junto a empresarios del Grupo Clarín.

Fernández anticipó que pidió a su ministro de Justicia que solicite ante el Ministerio Público Fiscal que se investigue el supuesto viaje, mientras que a los legisladores porteños del Frente de Todos les pidió que  evalúen "la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados". Concretamente, se refirió a Marcelo D’Alessando, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta; y Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es una operación que empezó el viernes y ayer tomó volumen. De forma falsa e ilegal se realizó un posteo de un supuesto grupo, cosas editadas y armadas, algo muy peligroso que daña a las instituciones, con el fin de dejar entrever que hay una relación para generar el lawfare y afectar a la que denominan la jefa”, se defendió esta mañana D’Alessando al hablar por radio Mitre.

El viaje a Lago Escondido fue consignado por elDiarioAR el pasado 26 de octubre. Ayer,  Tiempo Argentino , el portal El Cohete a la Luna y Perfil, difundieron chats donde los participantes habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su viaje. Según trascendió, el acceso a los mensajes fue por medio del hackeo del celular de uno de los participantes.

Los mensajes que se conocieron fueron de Julián Ercolini (titular del Juzgado federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea-; el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.

Otros dos involucrados en la filtración son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

Ercolini fue quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa vialidad.

“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, dijo el Presidente quien adelantó que pedirá en el Consejo de la Magistratura un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales que participaron del viaje.

En otro tramo de su mensaje, el Presidente dio por descontado que la filtración obedece a un hackeo y explicó que recurrió a un mensaje por cadena nacional ya que "es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido".

"Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia", sintetizó el Presidente.

Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.

Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.

Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.

Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.

Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.

Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.

Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.

No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.

He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.

Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.

Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:

1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales. 

3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que  avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación

Muchas gracias.

Rodríguez Larreta sobre la polémica de Lago Escondido: "Una nueva operación del kirchnerismo"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó hoy de "una nueva operación del kirchnerismo" la filtración de chats y audios entre jueces funcionarios de la Ciudad y empresarios para enmascarar un viaje a Bariloche denunciado como “dádivas”.

"Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo", señaló Rodríguez Larreta a través de su cuenta de Twitter.

"Hablé con @MarceDaless y confío en sus palabras. Como hemos hecho siempre, él y todos los funcionarios de la Ciudad están a disposición de la Justicia para lo que ella disponga", dijo en referencia al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien dijo hoy que fue hackeado y denunció una operación del kirchnerismo.

Este domingo se publicó una información según la cual jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche más una estadía en la estancia del empresario inglés Joe Lewis, lo que abrió un escándalo sobre la presunta recepción de “dádivas” por parte de magistrados y funcionarios.

En diálogo con Radio Mitre, D'Alessandro dio a entender que su celular fue hackeado y que los chats que lo involucran fueron editados: "Son capaces de meterse, según ellos, al teléfono del ministro de la Ciudad de Buenos Aires, reconstruir un chat y dejar plasmado cómo se articula todo el poder y el lawfare pero no pueden abrir el teléfono de cuatro personas que intentaron asesinar a la Vicepresidente".

"Son chats que se crearon", afirmó. "De forma falsa, ilegal, se realiza un posteo de un supuesto grupo, con supuestas charlas, cosas editadas, cosas armadas, algo muy peligroso que daña las instituciones", agregó, y dijo que "se va a comprobar que están editados, se va a comprobar que hay cosas que no existieron. Los que me conocen saben que yo no hablo de manera que está ahí".

En su cuenta de Twitter, el funcionario porteño habló de una "mafia kirchnerista" y declaró que realizará una denuncia penal por el caso.

"Otra vez, la mafia kirchnerista en su máxima expresión. Financian con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa. Amenazan y extorsionan porque es la única manera en la que saben hacer política. No les cree nadie", apuntó el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires.

En otro tuit, recordó: "Hace más de 15 años le inventaron cuentas en Suiza a Enrique Olivera. Después lo acusaron de narco a De Narváez. Hoy fabrican un gran montaje con lo que se fueron robando por ahí y levantan la mano para que no queden dudas de que fueron ellos los que cometieron el delito".

Por último, anunció: "Por supuesto, voy a hacer la denuncia penal para que los responsables de esta canallada reciban la condena que merecen delincuentes de su calibre. Se les acabó la impunidad".

También Patricia Bullrich, presidenta del Consejo Nacional del PRO, y el diputado nacional Diego Santilli defendieron a D'Alessandro, luego de la filtración de supuestos chats que involucran al funcionario en el vuelo privado a Lago Escondido junto a empresarios, ex funcionarios, jueces y fiscales.

"Dan vergüenza ajena los intentos desesperados del kirchnerismo para eludir a la justicia. Pero ni violando la ley podrán ocultar la realidad", acusó la exministra de Seguridad en su cuenta de Twitter.

Bullrich volvió a tuitear después de la cadena nacional de Fernández: "Presidente, está claro que usted es testaferro de la presidenta en funciones".

"Las intentaron todas: lawfare, operaciones de inteligencia y mentiras. Pero el que robó el dinero del pueblo LAS PAGA. AHORA, LA PLATA DEL PUEBLO DEBE VOLVER AL PUEBLO", finalizó.

En esa misma línea fue Santilli: "Llama mucho la atención y no parece casual que esta operación de inteligencia ilegal salga a la luz un día antes del fallo de la causa vialidad. Todo mi apoyo a Marcelo D'Alessandro, un funcionario que conozco y respeto hace años".

En un mensaje en cadena nacional, el presidente Alberto Fernández subrayó que "lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios", asegurando que "es hora de que empiecen a rendir cuentas por sus conductas".

LC/CRM con información de agencia NA

Espionaje, privacidad y el derecho a informar: dilemas del tour de Clarín a la estancia de Lewis

Hace ya tres décadas que la multiplicación de las comunicaciones, primero en computadoras y luego en celulares, tiene un correlato en el almacenamiento infinito de esos intercambios y archivos digitales. Antes, las cartas, los diarios y los documentos se volvían amarillentos en algún cajón del placard o en un estante de una hemeroteca. Podía ser difícil acceder a ellos, pero todos sabíamos que estaban allí; bastaba con conseguir la llave o gestionar el permiso del bibliotecario.

En el siglo XXI convivimos con una presunción que equivale a autoengaño. Los metadatos van y vienen, vaciamos el chat, nos olvidamos de nuestras vidas pasadas, cambiamos el celular, pasamos a Telegram cuando WhatsApp comete alguna torpeza, creemos que ganamos la batalla cuando logramos quitarle un permiso al fisgón irredento Google. Alivio, el pasado se evapora. Y sin embargo, la misma tecnología que habilitó el intercambio instantáneo e infinito es la que permite que millones de terabytes conservados en estado gaseoso en alguna galaxia regresen a Tierra como dagas prestas a cortar cabezas. La distancia del rescate, que Samantha Schweblin pensó para otro relato, no está en manos del dueño del archivo —hasta el siglo XX, el receptor de la carta— o el bibliotecario municipal. Hoy, los verdaderos dueños de la nube son los servicios de Inteligencia estatales o paraestatales, Google, Facebook, Elon Musk, las grandes corporaciones, un data entry traidor o, cada vez menos, los hackers quince-veinteañeros que operan desde un garage en algún pueblito de Córdoba, Sicilia o el Kurdistán.

Bienvenidos a la era de las filtraciones: cambió el periodismo.

Los últimos quince años se vieron sacudidos por leaks globales que dieron cuenta de lógicas y tramas del poder. El submundo de dinero negro y realpolitik que marcha a contramano de las cumbres del G20 quedó expuesto, por ejemplo, en los 251.287 documentos del Departamento de Estado dados a conocer por WikiLeaks (2010) o los Panamá Papers sobre la caja B de los millonarios (2016).

Esas megafiltraciones conmovieron al mundo, pero hay otras, más caseras, que suelen alterar la vida de los países incluso con mayor intensidad. Por ejemplo, el periodista Luis Majul narró que el 23 de febrero de 2017, mientras corría por los bosques de Palermo, se le acercó una persona y le entregó audios de aparentes conversaciones privadas entre Cristina Fernández de Kirchner y el senador Oscar Parrilli. Este fin de semana, Tiempo Argentino, El Cohete a la Luna y Perfil publicaron el supuesto intercambio en Telegram entre el ministro de Seguridad de CABA, cuatro jueces, dos directivos de Clarín, dos exagentes de Inteligencia y un fiscal para fraguar pruebas y apretar gente con el fin de desmentir una invitación del grupo periodístico a una estancia en la Patagonia propiedad de Joe Lewis, magnate amigo de Mauricio Macri. El chat habría sido creado el 17 de octubre, día en que Página 12 informó sobre la excursión.

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad. La soldada Chelsea Manning hizo más por la integridad moral de Estados Unidos que todos sus últimos presidentes, pero no dejó de vulnerar una norma cuando rompió la confidencialidad que suponía su puesto y entregó los documentos del Departamento de Estado a la organización WikiLeaks.

Las nuevas prácticas que enfrenta el periodismo disparan varias preguntas. La central: ¿Qué debe hacer un medio de comunicación cuando recibe una filtración producto de un delito que cometió un tercero, sea la violación de la intimidad o la confidencialidad de un documento?

En primer lugar, no participar del delito. Grabar con cámara oculta un testimonio privado, comprar contenido producto del espionaje, incorporar al equipo periodístico a un agente de la SIDE y participar de una extorsión con información privada en tándem con un fiscal o un juez no sólo son faltas éticas, sino que vulneran la ley. Parece obvio, pero el periodismo argentino, sobre todo el más premiado por sellos que dicen defender la libertad de expresión, ofrece un reguero de ejemplos recientes sobre esas prácticas.

Segundo, corroborar que la filtración sea tal y no un mero artificio. Cuando Clarín informó en marzo de 2015 que Máximo Kirchner y Nilda Garré compartían una sociedad radicada en Bélice que tenía depositados US$ 41 millones, la nota en cuestión contenía códigos, nombres y fechas. Todo falso. Similar fue el derrotero cuando el kirchnerismo agitó en octubre de 2005 la denuncia de cuentas en el exterior del entonces candidato a diputado del ARI, Enrique Olivera. Y lo mismo ocurrió diez años después, días antes de la elección presidencial de 2015, cuando Laura Alonso y Patricia Bullrich dijeron haber recibido un listado de políticos, jueces y periodistas que eran espiados por el Gobierno de Cristina desde una central ubicada en San Cristóbal, con amplia repercusión en Infobae y Clarín. Un listado con nombres impactantes que, después de la victoria presidencial de Macri, quedó en la nada.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat de Lago Escondido y éste ratificó la existencia de las conversaciones al declararse víctima de un hackeo.

Separados los tantos, si hay legítimo interés público, hay noticia.

Ciertas obligaciones corresponden al Estado, como el secreto fiscal, pero ningún periodista está obligado a dejar de develar la identidad de un coimero o de un evasor que blanqueó decenas de millones de dólares. El público tiene derecho a ser informado sobre la doble faz de los poderosos que se amparan en artilugios legales o se valen de su capacidad de influencia.

Lo mismo cabe para cualquier delito, real o tentativo, que quede expuesto en un diálogo de Telegram, como la intención de fraguar facturas para eludir una acusación por dádivas, “limpiar a un mapuche” o prenunciar la detención ilegal de un funcionario al que consideran molesto, como habrían discutido, sin que nadie presentara la más mínima objeción, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, los hombres de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, el fiscal general de CABA, Juan Mahíques, y los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahíques, entre otros imprudentes del grupo Lago Escondido.  

El derecho del ciudadano a acceder a la información no se sobrepone al derecho a la privacidad. Aquí entra a jugar la edición periodística.

El intercambio del grupo “Operación de Página 12” que creo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y organizador de la excursión, quedó transcripto en un link abierto en internet. Allí aparecen presuntos delitos como los mencionados, pero también datos privados y opiniones sobre terceros descerrajadas por los integrantes del chat. Hay insultos y expresiones en su literalidad racistas, homofóbicas y machistas que cobran un sentido distinto si son proferidas en público que si forman parte de un diálogo cerrado entre compinches. Nadie habla con los mismos términos en la cocina de su casa, la cancha, la oficina o la Sala de Conciertos de Estocolmo en la ceremonia del Nobel. En las formas del decir, el contexto es un montón. Aunque el morbo sea grande, la divulgación de opiniones reservadas meramente valorativas equivale a traicionar el derecho a la privacidad.

Esta variante lleva a las conversaciones entre la vicepresidenta y Parrilli que le acercaron a Majul en 2017. El trato (“soy Cristina, pelotudo”) que se dispensan personas que se tienen máxima confianza, como los hoy senadores, forma parte de su acuerdo mutuo. Lo único que probó la filtración es que Cristina es malhablada en la intimidad. Transcribir las opiniones y elucubraciones entre la jefa de la oposición con su principal ladero no es ni más ni menos que espionaje político, y alguien podría pensar que un Gobierno presidido por Macri, con maestrías y doctorados en inteligencia ilegal sobre propios y ajenos, pudo haber estado vinculado al runner que alcanzó a Majul en Palermo.

No corresponde publicar filtraciones truchas, ni opiniones meramente valorativas, ni información privada, ni recortar el contenido para beneficiar a los propios y perjudicar a terceros.

WikiLeaks, Swiss Leaks y Panama Papers fueron muestras de cómo La Nación, el medio argentino que encabezó las filtraciones, recortó el contenido más de la cuenta, incluso pese a la intención de los periodistas que trabajaron arduamente en dilucidar los datos. Luego, otros medios incurrieron en prácticas similares en sentido contrario, y muy pocos se animaron a tocar el tabú de los empresarios periodísticos, en un acuerdo transversal. Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee.

En el supuesto diálogo del grupo de Telegram creado el 17 de octubre, D’Alessandro, los Mahíques, Rendo y compañía hacen alarde de su influencia para acallar medios. Se los percibe muy conscientes de cómo hacer para aplanar la polémica generada por el viaje pagado por Clarín. Rendo y Casey se ocupan del contenido editorial de su diario y sugieren estrategias para condicionar a La Nación. D’Alessandro, integrante de un Gobierno anclado como ninguno en la pauta publicitaria, mapea medios y periodistas. Julián Leunda, jefe de asesores de Alberto Fernández, es citado llamando a varios de los contertulios con el compromiso de mantener a raya al Grupo Indalo. Todos parecen preocupados por Infobae. A los periodistas de El Destape y de Octubre (Página 12, AM 750) los tratan con furia y desprecio. Con el paso de las horas y de los días, los falsos excursionistas de pesca con mosca parecen celebrar el éxito de que el tema no trascendiera mucho más allá de la nota original de Página 12.

Día y medio después de la publicación del supuesto chat de Lago Escondido, el ministro D’Alessandro reaccionó a la filtración y arremetió en Twitter contra la “mafia kirchnerista”, denunció espionaje y concluyó: “Nadie les cree”. Lo respaldó todo el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, al unísono. Patricia Bullrich se tomó su tiempo y emitió un tuit con indignación medida. Margarita Stolbizer se distanció y demandó otras prácticas de los políticos en general. El resto de Juntos por el Cambio, incluido Macri, se mantuvo en silencio, aunque la experiencia indica que esa coalición no se quiebra, ni se dobla, ni se inmuta cuando es atravesada por relaciones indebidas con espías, jueces y periodistas.

Horas después, en la antesala de la sentencia contra Cristina en la Causa Vialidad, Alberto Fernández mencionó la excursión como supuesta prueba del lawfare y anunció una denuncia penal para dilucidar la financiación.

Hasta que habló el Presidente, los tres portales más difundidos eligieron no informar sobre el tema. Como si la coordinación subterránea que trasunta el diálogo en Telegram fuera cierta. 

SL

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Difunden chats y audios entre jueces, funcionarios de la Ciudad y empresarios para enmascarar un viaje a Bariloche denunciado como “dádivas”

La versión de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche más una estadía en la estancia del empresario inglés Joe Lewis abrió un escándalo sobre la presunta recepción de "dádivas" por parte de magistrados y funcionarios.

El episodio fue difundido hoy por el diario Tiempo Argentino , el portal El Cohete a la Luna y Perfil, en base al hackeo de una línea de celular de uno de los implicados. Los medios accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (titular del Juzgado federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea-; el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.

Otros dos involucrados en la filtración son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

El juez Ercolini estuvo a cargo de la instrucción de la causa conocida como "Vialidad", por la que se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos delitos de defraudación al Estados y asociación ilícita en la adjudicación de obra pública a Santa Cruz durante sus dos gobiernos. Este martes el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer su veredicto sobre el juicio.

El viaje de los jueces fue consignado por elDiarioAR el pasado 26 de octubre, dos semanas después de producido. Los jueces fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura porque habrían incurrido en “mal desempeño de sus funciones”, según la denuncia. La acusación fue presentada por el abogado penalista Luciano Almonacid por un “grave desorden de conducta personal”, al haber viajado presuntamente a cuenta y cargo del empresario británico Joe Lewis. A la par, hay una causa contra los jueces por “violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias”, abierta por un abogado de Río Negro, en la Fiscalía Federal de Bariloche.

El viaje se concretó el jueves 13 de octubre, y cuatro días después, tras la filtración del encuentro en Bariloche, de acuerdo con la filtración, los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos medios.

Según las filtraciones conocidas hoy, los involucrados intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de "dádivas" (recibir regalos o prebendas que son entregadas "en consideración de su oficio" y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.

Ante una consulta de la agencia oficial Télam en el mismo sentido, desde el equipo de colaboradores de D'Alessandro contestaron que la difusión de los audios de la aplicación Telegram "es un tema muy preocupante" que atribuyeron a un "montaje" o a una "acción de servicios de inteligencia que penetraron el teléfono sin ninguna legalidad", lo cual configura un "hecho delictivo", remarcaron.

Según los colaboradores de D'Alessandro, el ministro porteño había denunciado hacía tiempo el robo de su línea de celular -producido el 19 de octubre- a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, que está a cargo de la fiscal Daniela Dupuy. El chat de Telegram hackeado estaba en ese celular.

"En la fiscalía de Cibercrimen se determinó que la línea había sido usada con mensajes en el exterior", añadieron, y sobre los mensajes de audio filtrados este domingo dijeron que en la reproducción del contenido los nombres que D'Alessandro tenía agendados en su teléfono están escritos de otra forma, como si hubiera existido "una edición". "Hay grupos que operan así", señalaron para advertir que el ministro pedirá una investigación "a fondo".

En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py.

En los mensajes de voz figuran amenazas hacia el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, a quien algunos de los involucrados en la conversación consideran sospechoso de la filtración del viaje; también hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del Frente de Todos, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, aficionado al boxeo.

Contactados por elDiarioAR, dos de los mencionados en las publicaciones se excusaron de hacer comentarios por el momento. Otros tres aún no habían respondido la consulta. El diario Perfil publicó un descargo que le hicieron llegar colaboradores del jefe de los fiscales de la Ciudad y del ministro D'Alessandro, de acuerdo con la versión, propietario de la línea de celular hackeada que contenía el grupo de Telegram. Ante la consulta de elDiarioAR, en la cartera de Seguridad porteña dijeron que no habrá respuesta por el momento.

Con información de Télam

Planes sociales: ante la demora con los pagos, habrá doble jornada de protestas

Demorado el cobro del programa Potenciar Trabajo ante la investigación judicial por posibles irregularidades en sus pagos, organizaciones sociales oficialistas y opositoras anunciaron una doble jornada de protestas, justo en las vísperas del feriado largo. Este martes por la mañana se movilizará la Unidad Piquetera, que entre otras agrupaciones contiene al Polo Obrero y Libres del Sur. A su vez, la kirchnerista UTEP –que integran desde el Movimiento Evita de Emilio Pérsico al MTE de Juan Grabois– se concentrará el miércoles a las 10 en el Obelisco.

Las manifestaciones se definieron este lunes, ya que los 1,3 millones de beneficiarios del plan social aún no cobraron sus ingresos correspondientes a noviembre. Cada persona dentro del programa recibe unos 30 mil pesos por 4 horas de trabajo diario en cooperativas que dependen tanto de las organizaciones como de municipios o gobiernos provinciales. Las agrupaciones también reclaman certezas sobre el pago de un bono para diciembre, medida que habitualmente corresponde a un medio aguinaldo.

La liquidación de uno de los planes más importantes que tiene el ministerio de Desarrollo Social –y cuya área, Economía Social, es comandada por Pérsico– depende ahora de la Justicia: el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano llevan adelante la causa iniciada por Guillermo Marijuan, quien se hizo eco de un informe de la AFIP que apuntó que había unos 250.000 beneficiarios irregulares. 

La ministra Victoria Tolosa Paz pidió que se levantara el secreto fiscal para identificar a esas personas y le exigió a Pérsico que cruce el padrón del Potenciar con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys). Ese reempadronamiento podría hacer caer el número de beneficiarios irregulares a casi 200 mil, aunque seguiría muy alto: la funcionaria semanas atrás había reconocido que las incompatibilidades no superaban los 3000 casos. 

La situación puso en pie de guerra a los movimientos sociales y el viernes hubo una primera asamblea en el puente Pueyrredón. Por la tarde el propio Alberto Fernández se comprometió ante Pérsico y Tolosa Paz que no iba a haber baja de beneficiarios, pero este lunes la situación seguía sin definirse.

“Ante la incertidumbre y la enorme desazón de cientos de miles de compañeros que no cobraron el sábado 3 ni el lunes 5, el único y miserable ingreso del Potenciar Trabajo con el que sobreviven 1.300.000 personas, incumpliendo con la más elemental de las obligaciones del Gobierno, piquetazo nacional”, anunciaron desde la Unidad Piquetera. La protesta de la izquierda está prevista que comience a las 11 en el Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio.

El piquete de la UTEP será el miércoles desde las 10 en el Obelisco. “Vamos a exigir que dejen de ajustarle a los que menos tienen y cumplan con el fortalecimiento de la economía popular”, reclamaron en un comunicado motorizado por el Evita.

“Este lunes miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro sector, no recibieron el salario social que por ley complementa su desempeño en el reciclado, en la agricultura familiar, en los espacios sociocomunitarios de los barrios populares, en los polos textiles, en trabajos del espacio público, en productivos de liberados y liberadas, en espacios de recuperación de adicciones, etc.”, señalaron en el texto.

Las derivaciones de la problemática son inciertas, incluso a nivel político: fuentes del Evita deslizaron ante elDiarioAR la posibilidad de “romper” con el Frente de Todos. Serán, además, días de tensión en las calles por las posibles protestas ante el fallo en contra de la Justicia sobre Cristina Kirchner por la causa Vialidad. “Están jugando con la gente”, señaló un dirigente social.

MC/MG