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La Libertad Avanza y el PRO negocian con opsitores que coinciden en su propósito de vender la aerolínea de bandera, aunque hay diferencias respecto de las condiciones del proceso de traspaso a manos privadas. La discusión se reanudará en el plenario de las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
La Cámara de Diputados retomará este martes el debate sobre los proyectos de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas, luego de que fracasara meses atrás el intento de incluirlo dentro de la Ley de Bases. El plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda se reunirá a las 11 para discutir el plan del gobierno de Javier Milei y de sectores que comparten la cruzada para terminar con la propiedad estatal exclusiva de la aerolínea de bandera.
La administración libertaria argumenta que la privatización es necesaria para terminar con los “paros salvajes” que dejan a miles de pasajeros varados y generan problemas de reprogramación de vuelos. Con la amenaza de privatización, se busca disciplinar a los sindicatos para que moderen sus formas de protesta y también poner coto a sus pretensiones de mejora salarial.
Sin embargo, el propósito del Gobierno enfrenta una fuerte resistencia de los gremios de la aeronáutica comercial, que cuentan con el respaldo de Unión por la Patria, la izquierda y diputados de otros bloques minoritarios. A pesar de esto, el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para avanzar ya que, además de La Libertad Avanza, coinciden en la arremetida privatizadora sus socios del PRO y del MID, y también la UCR, la Coalición Cívica y una parte importante de Encuentro Federal —el bloque que preside Miguel Pichetto— e Innovación Federal —el espacio que responde a un grupo de gobernadores—. El oficialismo quiere que el plenario de comisiones emita dictámenes lo más pronto posible para debatirlo en el recinto, darle media sanción y girarlo al Senado. Sin embargo, esto no ocurriría este martes, ya que se trata de una reunión, al igual que la primera, de carácter informativo.
La apuesta de fondo es vender los activos de la empresa a operadores privados, en un proceso de adecuación administrativa que demandará al menos varios meses. Lo ideal para el Gobierno sería avanzar con el proyecto del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Milei, o bien con la iniciativa del diputado ultramacrista Hernán Lombardi, que no establece demasiadas exigencias de control en el proceso de privatización.
El plan B es el proyecto de Juan Manuel López (Coalición Cívica), que apoya buena parte del radicalismo. Esta iniciativa exige que se respeten las disposiciones incluidas en la Ley de Bases para proceder a la privatización, que contempla la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación (AGN).
En la primera reunión informativa, ocurrida el 25 de septiembre pasado, estuvo presente el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, quien defendió la idea de generar un régimen de cielos abiertos y libre competencia. “El proyecto que hoy se está presentando es en un contexto distinto, del mundo y de la Argentina. Hicimos un trabajo de desregulación de la normativa. No puede ser un lujo volar porque es una necesidad conectarse en nuestro país. Queremos que operen más empresas y así bajar los costos de los pasajes a través de la competitividad”, dijo Mogetta.
El funcionario agregó que “con la desregulación aérea, que ya empezó a tener sus frutos, los argentinos estamos teniendo más alternativas para volar por el país y a través de toda la región”. Mogetta argumentó que ya eliminaron “las bandas tarifarias que impedían que se puedan ofrecer tarifas más bajas, quitamos el sistema de audiencias públicas para nuevas rutas, agilizamos la operación de nuevas aerolíneas, reglamentamos la cooperación entre empresas y la operación de aeronaves de menor porte, facilitamos el uso de espacios en aeropuertos que antes copaba Aerolíneas Argentinas. Desregulamos todo el sector para que los argentinos tengamos mayor conectividad”.
“No es un ataque a Aerolíneas Argentinas”, advirtió Mogetta. “Nosotros queremos que Aerolíneas Argentinas compita y con las mismas reglas que funcionan para otras aerolíneas”, sostuvo y cuestionó que la empresa deba ser asistida financieramente por el Estado. Sin embargo, críticos de la privatización señalan que esta medida refleja la incapacidad del Estado para gestionar eficientemente la aerolínea y que vender sus activos a operadores privados no solucionará los problemas de fondo. Además, argumentan que la privatización podría llevar a un deterioro en la calidad del servicio y a la pérdida de empleos.
La aerolínea de bandera fue creada en 1949, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, producto de la unión de cuatro empresas preexistentes: Alfa, Zonda, Fama y Aeroposta. En 1990, durante la primera presidencia del peronista Carlos Menem, fue privatizada y adquirida por el consorcio español Iberia. Este periodo estuvo marcado por desafíos financieros y operativos, que culminaron en 2001 con la transferencia de la gestión al Grupo Marsans. La situación de la compañía empeoró significativamente, y en 2008, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también peronista, decidió renacionalizar la aerolínea para salvarla de la crisis.
En 2012, Aerolíneas Argentinas se unió a la alianza SkyTeam, convirtiéndose en su primer y único socio sudamericano. Este paso fortaleció su red de destinos y mejoró la experiencia de los pasajeros. Hoy sigue siendo la principal compañía aérea del país. Su historia es un reflejo de los altibajos económicos de la Argentina pero también de la indefinición de un proyecto de país.
El oficialismo confía en que la situación ahora es más favorable para aprobar la privatización, debido a que considera que los paros generaron el repudio de los usuarios que debieron perder sus vuelos. Además, para poner más presión, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, advirtió: “Si el Congreso dice que no, vamos a avanzar con una transferencia a los empleados. Ahí van a tener que recoger el guante y quedan ellos a cargo de la empresa”.
Desde que asumió, el Gobierno avanzó con diferentes medios para desregular el mercado del servicio aeronáutico con distintos decretos para abrir a la competencia.
Así, el 10 de julio emitió un decreto que abre a la competencia los servicios aeroportuarios en general, incluidos los de rampa, al romper así el monopolio que tenía Aerolíneas Argentinas a través de Intercargo.
También estableció la desregulación tarifaria y ¿la libertad de fijación de frecuencias. En septiembre, el Gobierno dio otro paso cuando declaró al transporte como servicio esencial y en octubre publicó en el Boletín Oficial el decreto que declaraba a Aerolíneas Argentinas “sujeta a privatización”. En la mayoría de los países, las empresas de aviación tienen una amplia participación privada. Las empresas que quedan en manos estatales son Air China, China Airlines, Boliviana de Aviación, Ethiopan Airlines, Emirates Eithad, Ita Airways, Air New Zealand, Air Serbia, SIngapure Airlines, y Swiss Air.
JJD, con información de NA
La gestión de Milei tomó decisiones controvertidas, como la eliminación del cupo trans en el sector público y el desmantelamiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Además, sus funcionarios realizaron comentarios que refuerzan estereotipos sobre la comunidad. Los diplomáticos destacaron su compromiso con la igualdad y la justicia.
A tan solo cinco días de la realización de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires, la más grande del país, representantes de 29 embajadas y de la Unión Europea en Argentina se unieron bajo el nombre “Diplomáticos por la Igualdad” para expresar su solidaridad y compromiso con los derechos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+), tanto en Argentina como a nivel global, aunque el mensaje pareció estar dedicado al gobierno de Javier Milei. La declaración fue publicada en el sitio de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.
La gestión de Milei es señalada por implementar medidas que impactan negativamente a la comunidad LGBT, particularmente en cuanto a derechos laborales y de inclusión social.
Una de las acciones más destacadas fue la eliminación de empleos asignados mediante la Ley de Cupo Trans, que establece un mínimo de 1% de puestos en el sector público para personas trans. La justificación del gobierno es su política de austeridad para reducir el gasto público, argumentando que estos empleos deben ser ocupados por quienes tengan las mejores calificaciones, sin tomar en cuenta el género o la orientación sexual. No obstante, esta decisión provocó preocupación en la comunidad, ya que el acceso al empleo es un factor crucial para reducir la exclusión y la vulnerabilidad de este grupo.
Además de los despidos, desde la comunidad LGBT se denunció un aumento en episodios de discriminación y hostigamiento desde la llegada de Milei al poder. Personas trans despedidas indicaron que sufrieron humillaciones y bloqueos en sus lugares de trabajo, y en algunos casos, la negación de acceso a recursos como el correo institucional y la comunicación con sus colegas.
También se cuentan el desemantelamiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
Además, hay un importante cantidad de declaraciones discriminatorias de funcionarios de Milei, como la canciller Diana Mondino, que comparó a las personas LGBT con “tener piojos”, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que sostuvo que para su gobierno existen solamente “dos géneros” y sostuvo: “Rechazamos las identidades sexuales que no se alinean con la biología”.
Por otra parte, aunque no forman parte del gobierno de Milei, su biógrafo, Nicolás Márquez, es conocido por sus posturas abiertamente homofóbicas. Dijo, por ejemplo, que “cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad está incentivando una conducta autodestructiva”, que “una persona de tendencia homosexual vive 25 años (promedio) menos que una persona heterosexual”, que un homosexual “tiene 14 veces mayor propensión al suicidio, el 80% de las personas en Occidente con VIH son homosexuales”. Todas, afirmaciones falsas.
Agustín Laje, escritor y amigo de Milei, es conocido por sus posturas conservadoras y críticas hacia el movimiento LGBTQ+. Recientemente dijo que “la homosexualidad es una agenda impuesta por organismos internacionales para destruir los valores tradicionales”.
Esta iniciativa de la diplomacia internacional en Buenos Aires tiene sus raíces en la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC), fundada en 2016 durante la Conferencia Global de Derechos Humanos LGBTI en Montevideo. Desde entonces, la ERC ha trabajado sin cesar para promover y proteger los derechos LGBTIQ+, colaborar con organizaciones civiles y multilaterales y asegurar que estos derechos se respeten en cada país. La declaración subraya que los principios de dignidad e igualdad de las personas son universales y que los derechos humanos amparan a todas las personas sin excepción.
“Somos aliados de todas las personas que desean ser quienes son y amar a quienes aman”, afirmaron los diplomáticos en el comunicado, destacando que la justicia y la libertad están directamente vinculadas y son esenciales para los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Los embajadores y representantes diplomáticos enfatizaron que en muchos lugares, las comunidades LGBTIQ+ enfrentan crecientes hostilidades, desinformación y fobia debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género. Este tipo de discriminación, manifestada en persona o en espacios virtuales, pone en riesgo la cohesión social, el bienestar ciudadano y el desarrollo de las democracias.
La declaración también incluye un compromiso explícito de estos diplomáticos para actuar y brindar apoyo a la comunidad LGBTIQ+ cuando sea necesario, reafirmando la importancia de la justicia y la igualdad para fortalecer democracias inclusivas, diversas y pacíficas. Asimismo, consideran que las sociedades que protegen la igualdad de derechos son más capaces de enfrentar los retos globales y geopolíticos, incluso en épocas de crisis.
“Honramos la valentía de los defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y grupos de la sociedad civil que luchan por visibilizar los desafíos de la comunidad LGBTIQ+”, añadieron en el comunicado. Además, los representantes recalcaron su compromiso de escuchar, aprender y actuar contra toda forma de discriminación, tanto en sus propios países como en el exterior.
La lista de embajadas firmantes incluye a Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, México, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia, Suiza y otros países europeos y americanos, junto con la delegación de la Unión Europea.
JJD
Las recetas y órdenes en los planes cerrados dejarán de poder ser realizadas por cualquier profesional.
El Gobierno estableció un nuevo marco normativo para regular los planes de salud, permitiendo que las prepagas y obras sociales puedan limitar las coberturas de medicamentos y tratamientos, ya que sólo podrán ser prescriptos por médicos que integren la cartilla del agente de seguro sanitario correspondiente.
La medida que fue oficializada este lunes mediante la Resolución 3934/2024, restringe la posibilidad de que las recetas y órdenes en los planes cerrados puedan ser realizadas por cualquier profesional.
En los argumentos de la decisión, se explicó que el hábito que estaba permitido “refleja un riesgo de desfinanciamiento para los Agentes del Seguro de Salud, dado que la cobertura de prácticas o medicamentos no previstos adecuadamente en sus planes de salud puede comprometer la sostenibilidad financiera del sistema”.
Las obras sociales y prepagas venían reclamando por la inestabilidad del sistema, sosteniendo que si bien la cobertura por cualquier profesional no es obligatoria para los planes cerrados, por propia voluntad o por acción judicial la terminaban concediendo.
En el texto oficial, se remarcó la diferenciación entre los tipos de cobertura, indicando que “en los planes abiertos los beneficiarios pueden optar por recibir la cobertura médico-asistencial a través de los prestadores de cartilla o de prestadores externos; mientras que, en los planes cerrados los beneficiarios deben atenderse exclusivamente con los prestadores incluidos en la cartilla, quienes resultan ser los habilitados para prescribir una práctica médica o un medicamento”.
Asimismo, se detalló que “cada tipo de plan, tanto abierto como cerrado, cuenta con su propia cartilla de prestadores, la cual define los profesionales y centros médicos disponibles para los beneficiarios, así como las condiciones específicas de cobertura que ofrece cada agente de salud”.
En este marco, la medida dispone la obligación para los médicos prescriptores de acreditar que pertenecen a la red prestacional del Agente del Seguro de Salud y resuelve que además deberán presentar una declaración jurada que asegure la inexistencia de conflictos de intereses con los proveedores de las tecnologías o medicamentos indicados.
Desde la Superintendencia de Seguros de Salud, explicaron que “estos controles serán imprescindibles tanto para validar la cobertura como para solicitar subsidios o reintegros por prestaciones realizadas fuera de la cartilla” y aclararon que “en los casos en los que los beneficiarios recurran a la vía administrativa o judicial, estas exigencias seguirán siendo aplicables”.
La norma determinó también que “cada plan de salud deberá acompañarse de su cartilla prestacional, en la que se detallen los profesionales, centros médicos y prestadores habilitados, así como las condiciones específicas de acceso y cobertura”.
La Superintendencia resaltó que “la medida tiene como eje asegurar la claridad en la oferta de los planes abiertos o cerrados que se brindan a los beneficiarios, y reforzar la transparencia en el acceso a los servicios médicos” señalando que “busca asegurar que las prestaciones se otorguen de acuerdo con la normativa vigente y en función de los servicios contratados”.
MM con información de la agencia NA.
La Universidad de Buenos Aires será la primera entidad auditada por el volumen de presupuesto que maneja. Sus fondos no son examinados desde el 2013 por la SIGEN.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) notificó hoy a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que iniciará los trabajos de auditoría en esa casa de estudios.
Según expresó el ente descentralizado de control interno en un comunicado, las autoridades de la UBA no respondieron a las notificaciones enviadas por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado. Por esa razón, “se decidió entregar la notificación en un documento físico, para evitar más dilaciones”.
“Así, el equipo de la Sindicatura General de la Nación remitió en mano en la mesa de entradas de la Rectoría de la UBA, la nota que indica que comenzarán los trabajos de auditoría en esa casa de estudios”, señalaron.
La UBA había sido auditada regularmente hasta 2013 por la SIGEN, pero a partir de entonces se modificó el criterio porque se consideró que avasallaba la autonomía universitaria.
“En 2022, un dictamen del entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, de noviembre 2022, durante la presencia de Alberto Fernández, había impedido a la Sindicatura auditar las universidades nacionales, situación que se revirtió el 15 de octubre último, con un dictamen firmado por el actual Procurador, Rodolfo Barra, que vuelve a otorgar la Sindicatura General de la Nación la capacidad de auditar las universidades”, reflejó el organismo que encabeza Miguel Bianco.
La UBA será, según reveló el titular de la SIGEN, la primera universidad auditada por el volumen de presupuesto que maneja. El procedimiento iniciará con un relevamiento de los procesos internos de cada repartición, luego se realizará una identificación de los controles, relativo a los movimientos de fondos, y en tercer lugar se pondrán a prueba para evaluar su funcionamiento.
“Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Presidencia. También al rector”, detalló Bianco en una entrevista reciente.
El funcionario aclaró que ante el hallazgo de irregularidades se cotejará la información con las autoridades auditadas, para evitar conflictos de interpretación, y de confirmarse se derivará el informe a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
MM con información de la agencia NA.
La escritora argentina fue reconocida por su novela “Las niñas del naranjel” y recibirá el galardón el la próxima edición de la Feria del Libro de Guadalajara. El dictamen del jurado.
La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara ganó el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, un prestigioso reconocimiento que distingue la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma español de América Latina y el Caribe. Lo hizo por su novela Las niñas del naranjel (Random House, 2023), donde retoma la figura de un controvertido personaje del Siglo de Oro para narrar episodios que tienen lugar durante la llamada Conquista española. “
Tras haber examinado y discutido cuidadosamente las candidaturas presentadas al Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2024, y constatar su riqueza y su diversidad literaria, un jurado decidió, por unanimidad, conceder el galardón a la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara (Argentina, 1968) por su novela Las niñas del naranjel“, informó en un comunicado la Feria del Libro de Guadalajara (FIL), donde la autora argentina recibirá el premio en diciembre.
Según el jurado, la novela de Cabezón Cámara “consigue dotar de una nueva fuerza imaginativa y simbólica a la novela histórica que relata los discursos y las violencias que gestaron el Nuevo Mundo”.
“La novela dinamita el relato conocido que se escribe desde la experiencia de lo viril al incorporar una voz que atiende a la sensualidad y hostilidad del paisaje, las ambiciones y temores de los personajes, así como a la corrupción de los cuerpos que, sin prejuicios, describe Cabezón Cámara de manera directa y con maestría”, afirma el documento del jurado, firmado por Ana García Bergua, Diana Sánchez y Emiliano Monge, de México.
Además, el jurado destacó que la narración “explora una cadencia fabulosa en la combinación del español con el guaraní y los barroquismos teológicos del siglo XVII, para gestar con un ritmo particular un lenguaje único”.
Además, en el acta se señala que el libro “es un ser vivo que respira, se derrama y se pudre para dar nueva vida, devolviéndonos la certeza de que también somos eso: algo vivo que pertenece a algo más grande”.
La ceremonia de entrega del premio se llevará a cabo el miércoles 4 de diciembre durante la feria mexicana, una de las más importantes del universo literario en idioma español.
“Concebido y bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma, el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, es un galardón creado por la FIL Guadalajara en 1993 para reconocer el trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano. Está dotado con diez mil dólares estadounidenses y premia a la autora de una novela publicada originalmente en español. Sylvia Iparraguirre, Ana Gloria Moya, Tununa Mercado, Claudia Piñeiro, Inés Fernández Moreno, Perla Suez, María Gainza y Camila Sosa Villada son, además de Gabriela Cabezón Cámara, las escritoras argentinas que han recibido el galardón, que este 2024 celebra su edición 32”, informaron desde la FIL.
AL