La Varita

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Perú: Dina Boluarte juró como presidenta en reemplazo de Castillo

La abogada izquierdista Dina Boluarte juró este miércoles ante el pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia de Perú, tras la destitución por el Congreso de Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, juró "por Dios, la patria y la Constitución" y dijo que asume "de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026", cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará "defender" la soberanía nacional y que "cumplirá y hará cumplir" la Constitución y las leyes de su país.

"Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana, que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros", sostuvo antes de afirmar que "se ha producido un intento de golpe de Estado promovido" por Castillo.

Invocó, por ese motivo, a "un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas" nacionales y solicitó una tregua política para poder combatir a la corrupción.

A la ceremonia, celebrada en el hemiciclo legislativo, acudieron congresistas y otras altas autoridades de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas, que fueron ovacionados por haber anunciado que respetarían la sucesión constitucional en el país.

Previamente, el presidente del Legislativo, José Williams, informó que, a partir de la destitución de Castillo, se activaba la sucesión presidencial y convocó a una sesión del pleno para que Boluarte jurara como la primera mujer en asumir la presidencia peruana en 200 años de vida republicana del país.

Al inicio de esa ceremonia, y de acuerdo con el protocolo, Williams recibió la banda presidencial por unos minutos y luego invitó a Boluarte a ingresar al hemiciclo para jurar al cargo.

Castillo fue destituido este miércoles por el Congreso luego de anunciar que lo disolvía temporalmente e iba a instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Congreso debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra para apartarlo de la jefatura del Estado.

Tras la sorpresa y conmoción inicial causado por esta decisión, Boluarte manifestó en Twitter su rechazo al "quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso".

"Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley", enfatizó.

La vicepresidenta, de 60 años, también fue hasta la semana pasada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, tras lo cual comunicó su decisión de alejarse del gabinete de ministros.

DA

Quién es Dina Boluarte, la primera mujer presidenta de Perú tras destitución de Pedro Castillo

Después de que el presidente peruano Pedro Castillo disolvió este miércoles 7 de diciembre el Congreso e instaló un Gobierno de emergencia cuando los legisladores se disponían a votar un nuevo pedido de destitución, el pleno del Congreso citó para las 15.00 horas a la vicepresidenta Dina Boluarte para que jure como nueva jefa de Estado. Boluarte estará en reemplazo del destituido Pedro Castillo, y se convierta, de esa manera, en la primera mujer gobernante de la historia del país.

Durante la presidencia de Castillo, fue vicepresidenta constitucional de Perú, del 28 de julio del 2021, al 7 de diciembre del 2022.

Estudió derecho en la Universidad de San Martín de Porres.

Tiene una maestría en derecho notarial en la misma institución.

Ha sido funcionario pública desde 2007, cuando trabajó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Fue candidata a la alcaldía de Surquillo en 2018 por el partido Perú Libertario y en 2020 fue expulsada de esta organización política.

En 2021 fue con el partido Perú Libre, en al que ganó la vicepresidencia.

En la administración de Castillo también fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, sin embargo, renunció a este cargo luego de que el presidente de Perú nombrara a Betsy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros.

‘’Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley’', escribió en Twitter la próxima primera presidenta de Perú.

Con información de la agencia EFE

Tras su intento de disolver el Congreso en Perú, Castillo fue destituido y quedó detenido

El Congreso de Perú destituyó este miércoles a Pedro Castillo por “permanente incapacidad moral” después de que decretara la disolución de la Cámara e instaurara un Gobierno de emergencia nacional. La vicepresidenta Dina Boluarte jurará al cargo a las 15 hora local (17:00 hora argentina).

Tras el anuncio de Castillo, Boluarte se desmarcó y calificó la decisión como un “golpe de estado”. Tres ministros de su gabinete renunciaron a sus cargos y diputados de la izquierda y la oposición reclamaron orden constitucional.

“Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.

Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses” y ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir de hoy desde las 22 horas.

Los ministros de Economía, Relaciones Exteriores y Trabajo anunciaron su renuncia, pocos minutos después de que Castillo anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”.

A través de sus cuentas de Twitter, los titulares de estas carteras, Kurt Burneo, César Landa y Alejandro Salas, respectivamente, anunciaron su decisión de abandonar el Ejecutivo alegando su “apego a los valores democráticos” y constitucionales.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitió un comunicado donde manifestaron ser “respetuosas del orden constitucional” establecido en el artículo 134 de la Constitución Política del Perú. “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú” informaron, y pidieron a la población mantener la calma.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo pidió la “inmediata renuncia y puesta a disposición ante las autoridades judiciales por incumplimiento” de la Carta Magna del presidente Castillo y demandó al Congreso la “conducción célere del procedimiento de sucesión presidencial para asegurar la gobernabilidad y la defensa de los derechos humanos en el corto plazo”.

Los diputados de diferentes bancadas del Congreso de Perú denunciaron que este anuncio constituye un golpe de Estado.

“Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales”, declaró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación había apoyado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder. 

Por su parte, la legisladora progresista Susel Paredes consideró que “nadie debe obediencia a un gobierno golpista”, respaldando la sucesión presidencial. 

“Gloriosas Fuerzas Armadas, valerosa Policía del Perú. Nadie debe obediencia a un gobierno golpista. Respaldo al Congreso y que se inicie la sucesión presidencial. Pedro Castillo con esta actitud pisotea la mínima presunción de inocencia q x Constitución le corresponde”, escribió en Twitter. 

La derechista Norma Yarrow indicó que no permitirán “el golpe de Estado de Pedro Castillo”. “No vamos a permitir la dictadura en nuestro país. Firmes nuestras Fuerzas Armadas con la Policía Nacional”, destacó.

Los legisladores avanzaron con el juicio político, con 101 votos a favor de destituirlo, seis en contra y 10 abstenciones, informó Reuters. Así, llamaron a tomar posesión a la vicepresidenta Dina Boluarte, quien se había manifestado en contra de la decisión del ahora expresidente, calificándolo como un golpe de estado.

El presidente Castillo fue detenido al presentarse en la Prefectura de Lima para pedir garantías, después de abandonar la Casa de Gobierno, y fue trasladado a la Procuradoría.

LC

Marco Sifuentes, periodista: “En Perú vivimos la normalización del caos”

En las últimas elecciones presidenciales de Perú, Marco Sifuentes, de 43 años, periodista y director de La Encerrona, uno de los 10 podcast de actualidad más escuchados del país, entrevistó a 17 de los 18 candidatos a presidente. Pero uno le llamó la atención por la poca capacidad y falta de carisma: Pedro Castillo. "Era el peor de todos, el menos preparado", dice el autor de Perú Bizarro, libro publicado a mediados de este año, que revisa el enredo de la política peruana de las últimas décadas.

Castillo debía enfrentar este miércoles un nuevo intento de la oposición en el Congreso por destituirlo del cargo. El argumento legal es la "permanente incapacidad moral", basada en las sospechas de corrupción que rodean al presidente, si bien solo han transcurrido 16 meses desde que llegó al poder. "A horas de debatirse una nueva moción de vacancia [equivalente a una moción de censura] en mi contra, me presento para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos padres", dijo Castillo este martes. Pero después anunció que disolvería el Parlamento, que finalmente votó por destituirlo. Horas antes de que esto sucediera, Sifuentes respondió sobre la situación de Perú y los antecedentes de la decisión del Legislativo era la tercera moción de vacancia contra el presidente.

Pedro Castillo enfrenta este miércoles su tercer pedido de destitución en el Congreso. ¿Qué cree que puede llegar a pasar?

Hasta la semana pasada, pensaba que la oposición no tenían los votos. En especial, si tenemos en cuenta que este es su tercer intento de pedido vacancia presidencial y que en los dos anteriores la oposición fracasó. En el primero, de manera rotunda. En el segundo, quedó a medio camino. Y en este tercer intento, el pedido de vacancia llegó al Congreso incluso con menos respaldo que la vez anterior. Por eso, todo indicaba que tendríamos una nueva derrota del Congreso. Pero en estos últimos días han tenido lugar una serie de movimientos que creo que ponen el resultado en duda.

¿Cuáles son esos movimientos?

Hay varios elementos, pero dos se destacan sobre el resto. En primer lugar, cada vez son más las denuncias de corrupción en contra del presidente, incluso las que llegan desde el mismo entorno de Castillo. Este fin de semana, una empresaria ha denunciado que alguien del entorno presidencial le había pedido más de un millón de dólares en sobornos. En segundo lugar, Castillo ha cometido el error de forzar el voto de confianza, un un mecanismo por el cual el gobierno le pide confianza al Congreso pero, si el Congreso se la niega dos veces, el Ejecutivo está habilitado a disolver el Congreso, algo que pasó con Martín Vizcarra [presidente de 2018 a 2020].

¿Le parece que la dinámica política en Perú se ha vuelto repetitiva?

Llevamos varios años en crisis. Esta es la séptima moción de vacancia presidencial en cinco años. En el medio hemos tenido cinco presidentes en cinco años y también una disolución del Congreso. La cuestión de la confianza ya se había usado antes para disolver el Congreso. Mientras tanto, el Congreso cambió la ley para protegerse, para complicar la disolución del Legislativo. Sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso a esa ley, está haciendo como si esa ley no valiera, dice que ya disparó una de las dos balas de plata, mientras que el Congreso dice que no han disparado ninguna. Es evidente que Gobierno lo que busca es disolver el Congreso.

¿El Gobierno pide el voto de confianza después de la renuncia del último primer ministro?

Sí, efectivamente. Por eso renunció el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que ha sido el principal consejero jurídico de Castillo en estos meses. El presidente presenta la cuestión de confianza en el Congreso, que no se la admiten bajo el argumento de que no sigue el procedimiento regular. Pero Castillo, en lugar de considerar que no ha sido admitida, dice que ha sido negada. Entonces, al haber sido negada, se considera esta bala de plata ya disparada. Ahí está la sutileza del derecho. Esa ha sido la jugarreta legal que encontró Castillo.

Parece como si todos los políticos en Perú, desde los distintos sectores del Gobierno y en la oposición, estuvieran jugando a forzar al extremo la interpretación de las leyes para hacer política...

Sí, creo que lo has descrito muy bien, porque técnicamente no están saliendo de la ley. Si bien el Ejecutivo ha cruzado la línea. Pero hasta ese momento, todos habían jugado muy duro al borde de la tarjeta amarilla, a tal punto que están respetando la Constitución actual. En su afán de protegerse a sí mismo, la oposición también ha tirado al tacho la Constitución varias veces. Es la séptima moción de vacancia presidencial desde el año 2018. Esto no es normal, no lo es, sino que es absolutamente desestabilizador. Pero por otro lado, tienes al Gobierno que acaba de nombrar a su ministro número 81 en menos de un año y medio. Hay una estadística que dice que Pedro Castillo cambia de ministros cada seis días.

¿Esta última moción de vacancia está vinculada a las sospechas de corrupción del presidente?

Sí, efectivamente. Castillo enfrenta decenas de pequeños actos de corruptela, que rodean a sus entornos familiares, a su ciudad natal de Chota, donde opera la llamada "mafia chotana". Si bien la moción de vacancia está planteada en torno a estas denuncias, la realidad es que lo único que importa aquí son los votos. Es decir, honestamente, no creo que ninguno de los congresistas evalúe las evidencias de corrupción.

¿Todo el arco opositor está a favor de avanzar con la destitución de Castillo?

Eso es parte del drama de la política peruana. Hay una oposición de la derecha más dura, que se autodenomina "bloque democrático", que está a favor de la vacancia. Luego tienes el sector del Gobierno, con sus cinco diferentes ramificaciones, que están en contra. Y en el medio, tienes a agrupaciones que algunos llaman de centro pero que en realidad no tienen ningún tipo ideología, que son partidos que se constituyen como franquicias y responden a líderes locales o a millonarios, que son las que pueden definir una votación. Tal es el caso de Acción Popular, que nunca se sabe realmente que va a pasar con él, por dónde va a votar, ni qué piensan sus integrantes.

¿Es posible un autogolpe de Estado, al estilo Alberto Fujimori en 1992, en donde el Ejecutivo disuelva el Congreso?

Yo creo que no hay nada imposible en el Perú. Todo lo que creía imposible en el Perú del siglo XXI, en la era post-Fujimori, pues ha sido expulsado por la ventana. Entonces, puede ser posible. Que sea exitoso es otra cosa. Pero da la impresión de que Castillo está dispuesto.

El ministro de Defensa de Perú, Daniel Barragán, presentó este sábado su renuncia a una semana de haber sido ratificado en el puesto. ¿Qué muestra esta decisión?

La renuncia del ministro responde a que el presidente le habría pedido a Barragán tantear los ánimos de las Fuerzas Armadas respecto de un cierre del Congreso para saber qué harían ellos, según fuentes a las que accedió La Encerrona. Pero parece que las Fuerzas Armadas no están de acuerdo en ser utilizadas políticamente. El ministro ha renunciado por eso. La situación se ha puesto bien grave.

¿Este clima se percibe a nivel social como una parálisis de la política?

Sí, eso está clarísimo. Por ejemplo, ahora mismo el Perú está viviendo su peor sequía en los últimos 50 años pero no hay absolutamente ninguna medida para responder a eso. En Perú vivimos una normalización del caos. Estamos siendo testigos de una degradación paulatina y constante, pero en algún momento va a tener que rebalsar el vaso. ¿Cuándo será?. Nadie lo sabe.

¿Cuál es el mecanismo para destrabar este bloqueo político?

La única salida es que se vayan todos, algo que lamentablemente ya pasó en el Perú. Ya tuvimos un momento así, cuando Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso. En un mundo perfecto, la salida sería hacer unas reforma política, con candados suficientes al sistema, para que no volvamos a entrar en esta espiral en la que estamos metidos desde el año 2016, cuando Keiko Fujimori se negó por primera vez a aceptar un resultado electoral.

¿Para cambiar las normas de la política se necesita una reforma constitucional?

No necesariamente. Hoy la figura en el Perú es la de "vacancia por incapacidad moral", que es un vestigio de cuando la palabra moral era sinónimo de mental. Hoy esa palabra está en la Constitución pero se ha venido usando no como una evaluación de la moralidad del presidente. El Tribunal Constitucional podría haberlo acotado, pero nadie lo ha hecho, por eso estamos en este lío.

¿Por qué Perú no tiene un estallido social en reacción a esta parálisis de la política?

Yo creo que Perú tuvo su estallido social. El problema es que ha sido en noviembre del 2020, con las protestas contra Manuel Merino [presidente del 10 al 15 de noviembre de 2020]. Pero después todo siguió igual, incluso peor, lo que generó mucho desgano. Por otro lado, cuando la derecha perdió las elecciones en 2016, Keiko Fujimori adoptó un discurso totalmente 'trumpista', una copia descarada de Donald Trump, reclamando fraude. Eso generó que las movilizaciones, en el último año y medio, normalmente están asociadas a ese sector. Por otro lado, muy poca gente está dispuesta a marchar contra el Congreso, porque no quieren que se interprete como un respaldo a Pedro Castillo, que en general ha decepcionado a buena parte de sus votantes. Tanto el Congreso como Castillo tienen su dedo en su respectivo botón nuclear. El Congreso en la moción de la vacancia y Pedro Castillo en la posibilidad de disolver el Congreso. Los dos claramente han puesto su dedo encima.

¿Es Keiko Fujimori la única persona capaz destrabar el bloqueo político?

No lo creo. La verdad es que Keiko tiene demasiados anticuerpos. El anti-fujimorismo es el partido más sólido del Perú. Keiko Fujimori ha perdido tres elecciones, una después de otra, y ha perdido con Pedro Castillo, un muy mal candidato. Mira, yo entrevisté a 17 de los 18 candidatos y claramente Pedro Castillo era el peor de todos, el menos preparado, el que tenía incluso menos carisma. Y aun así ganó, a pesar de sus múltiples errores.

¿Puede el informe de la OEA, presentado en la última semana, incidir en la dinámica política del país?

No creo que la OEA sea un elemento central para la resolución de la crisis que vive Perú. Irónicamente, el informe de la OEA se ha visto favorable al Gobierno. Digo irónicamente porque en el resto de América Latina la OEA se ve casi como un instrumento de la derecha. Pero en el Perú, desde que la OEA avaló las elecciones del año pasado, la derecha lo ve como un instrumento del Gobierno, de hecho ha sido el Gobierno quien invocó la Carta Democrática e hizo que la OEA enviara una misión. Había la expectativa de que no sea así, pero el informe ignoró por completo todas las denuncias de corrupción y se centró en los juegos de poder, en la pelea institucional. Entonces, perdió su capacidad de armar una mesa de diálogo, en la que todos los sectores de la oposición se vean representados.

¿Cómo se imaginas Perú en un año?

Uff [risas]. No puedo decirte ni siquiera qué va a pasar este miércoles. Menos qué va a pasar dentro de un año. Desde hace unos algunos años no hay nada predecible en la política peruana. Estamos en arenas movedizas hace ya varios años. Lo que pudo haber sido una primavera democrática, desde el 2000 hasta el 2016, se acabó.

Pablo Casey, el sobrino de Magnetto, la llamativa omisión en la denuncia del Gobierno

Martín Soria, el ministro de Justicia, operó en las últimas 72 horas como enlace entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Desde el domingo, tras publicarse en Tiempo Argentino, Perfil y El Cohete a la Luna, los chats entre jueces y funcionarios sobre un viaje a Lago Escondido, Soria se convirtió en el hacedor, entre las indicaciones del presidente y las sugerencias de la vice, de una tarea que se convirtió, a las 7 AM del miércoles, en una denuncia contra los participantes de ese encuentro secreto en el sur.

Soria, con terminales directas en la vice, oficio de ejecutor del mandato de Fernández para confeccionar una denuncia sobre el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios hicieron a Bariloche invitados por el grupo Clarín. El ministro siguió una pauta precisa: armar un escrito que no dé lugar a pedidos de nulidad, en particular por la información que surgió al publicarse los supuestos mensajes del grupo de Telegram bautizado "Operación Página 12", a raíz de una noticia publicada en ese medio el 17 de octubre pasado que fue la primera información sobre el viaje.

El dato no es menor y explica, según indicaron fuentes oficiales a elDiarioAR, un dato llamativo: en la denuncia judicial, y en el comunicado oficial que se difundió sobre la misma, no figura Pablo Casey, Director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, sobrino de Héctor Magnetto, Ceo del holding, y uno de los candidatos a suceder al propio Magnetto en la conducción del mayor grupo de medios del país. La explicación a esa omisión fue que "no había" información que pueda dar cuenta de la presencia de Casey por lo que, se dijo, si su inclusión en la denuncia daba lugar a que la fuente de la acción sean los chats filtrados, podría derivar en un eventual pedido de nulidad.

Ese era el contexto cuando se radicó la denuncia porque, hasta entonces, no había trascendido la imagen que muestra a Casey y Jorge Rendo, presidente del grupo Clarín, en el aeropuerto de Bariloche junto al grupo de jueces, fiscales, funcionarios y exagentes de inteligencia.

La omisión, aunque tiene esa explicación jurídica, tiene una derivación en una interpretación del escándalo que circula entre dirigentes de extrema confianza a Cristina Kirchner y que ven la difusión de los chats, no está claro si es producto de una filtración interna o de un hackeo, como parte de una interna en el grupo. La inclusión de Rendo en la denuncia pero no de Casey alimentó las interpretaciones febriles. A veces, las explicaciones son más sencillas. En rigor, la omisión de Casey no hizo más que poner la lupa en el detrás de escena de la denuncia.

El miércoles, la fiscal federal de Bariloche, María Etchepare, imputó a los mencionados en la denuncia efectuada por el Ministerio de Justicia nacional y, además, a Casey. Se trata de los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, al empresario Tomás Reinke y al exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth. En paralelo, elevó un pedido a la justicia para que active medidas sobre el rol que tuvieron Rendo y, también, Casey. La fiscal es mencionada, sin citar su apellido, en los chats filtrados.

La denuncia oficial fue el paso posterior a la decisión de Fernández de realizar, el lunes, una cadena nacional que tuvo como motivo central darle visibilidad a un tema que hasta entonces no había llegado a algunos medios, en particular los del grupo Clarín, pero también La Nación. La presentación de Justicia, hecha por Soria por indicación del Presidente, lleva esa postura a otro escalón porque aparece, incluso, una derivación empresarial el hecho de que haya una posible imputación a Rendo, presidente del grupo Clarín.

El martes, Cristina cenó en Ensenada con un grupo de dirigentes y dio algunas pistas sobre lo que viene: pidió profundizar la denuncia sobre eso que llama "mafia judicial", postura que el miércoles al mediodía explicitó la senadora Juliana Di Tullio, presidente del bloque de Unidad Ciudadana, en una conferencia de prensa de legisladores del oficialismo en la que se solicitó una audiencia con el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

La vice, como lo mostró en su discurso post sentencia, está dispuesta a desplegar un arsenal político y de comunicación que tiene, como punto inicial, la identificación directa de los protagonistas. Así, por ejemplo, en su mensaje del martes mencionó en varias ocasiones a Magnetto. Este miércoles, en distintos puntos del gran Buenos Aires aparecieron pintadas con una frase de la vice: "Mascota de Magnetto jamás".

Para Cristina, así y todo, la cadena nacional de Fernández y la denuncia penal del gobierno no parecen ser suficientes como para volver a compartir escenario con el presidente. Está en preparación, para el lunes, una actividad en el CCK por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, evento que por propuesta del presidente se convertirá en un "Encuentro Internacional de Solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner", del que participarán referentes de varios países. Si bien está contemplado que participen ambos, estaba por definirse si se mostrarán juntos: la apertura estaría a cargo de Fernández y el cierre a cargo de la vice.

Este martes, según fuentes del FdT, el presidente y Cristina tuvieron un contacto luego de conocerse la sentencia sobre la causa Vialidad, y tras el mensaje que la vicepresidente dio a través de sus redes sociales en las que anunció que no será candidata "a nada" en el 2023.

Otro efecto colateral que siguen desde el FdT, y que estuvo en la sobremesa de la cena que el martes tuvo la vice con dirigentes bonaerense en Ensenada, tiene que ver con las derivaciones dentro del dispositivo del PRO. Uno muy específico respecto a que, entienden, tarde o temprano, Horacio Rodríguez Larreta va a "mover" de su gabinete a Marcelo D’alessandro. Surgen, de ahí, un nudo de especulaciones sobre quien pidió, y o financió, el supuesto hackeo al funcionario. No falta, nunca, la interpretación de que formó parte de la interna del PRO.

PI