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El Gobierno trabaja por restaurar en Diputados las reformas impositivas rechazadas por el Senado, porque afectan a la caja

El Gobierno trabaja por restaurar en Diputados las reformas impositivas rechazadas por el Senado, porque afectan a la caja

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará entre este martes y el miércoles avanzar en un acuerdo con los bloques dialoguistas para conformar una mayoría que le permita restituir las reformas a los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales que el Senado rechazó en el proyecto de ley del paquete fiscal, que tiene un fuerte impacto en las arcas del Estado nacional y de las provincias.

El Gobierno aspira a convertir en ley el próximo jueves 27 o, en su defecto, en la primera semana de julio los proyectos de ley de Bases y de Medidas Fiscales y Paliativas (así se llama el paquete fiscal), que se convertirán así en las primeras iniciativas aprobadas por el Poder Ejecutivo en los primeros seis meses de gobierno de Javier Milei.

Este martes también el Senado tiene que enviar los proyectos aprobados a la Cámara de Diputados, que deberán ser tratados en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales para determinar si avalan o rechazan los cambios introducidos por los senadores.

El Senado introdujo modificaciones en los textos de las dos iniciativas en lo relativo al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), a las privatizaciones, al monotributo y al blanqueo de capitales, pero las más importantes son el rechazo de los cambios en los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales debido al impacto que tendrán en el Estado nacional y las provincias.

El gobierno de Milei quiere restituir Ganancias para los trabajadores de altos ingresos y bajar Bienes Personales para los ricos. El oficialismo en la Cámara de Diputados podrá revertir con mayoría simple la anulación de los artículos sobre Ganancias y Bienes Personales, pero no podrá modificar los cambios introducidos en el blanqueo de capitales ya que estos fueron aprobados por unanimidad, dejando así firmes esas reformas.

Pero con Ganancias y Bienes Personales hay una dificultad extra, de índole constitucional. Más que una dificultad es una discusión sobre si es constitucional que Diputados insista sobre dos asuntos que el Senado directamente ha rechazado.

Algunos juristas, como Andrés Gil Domínguez, sostienen que el sistema es bicameral y que si Diputados insiste quedarían convertidos en ley dos temas aprobados sólo por una Cámara.

En cambio, otros especialistas, como Graciela Camaño, quien fue diputada nacional 28 años, señalan que la Cámara baja sí puede insistir en su propia redacción, sin perjuicio de que el Senado haya directamente rechazado algunas partes de los textos en revisión, y más tratándose de impuestos: no es casual, señaló Camaño al respecto —en diálogo con elDiarioAR, en esta nota— que la cámara que inicia los debates sobre impuestos sea Diputados.

El foco principal de las conversaciones que se llevarán a cabo entre este martes y el miércoles será alcanzar un acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas para obtener una mayoría superior a 129 votos, que es la mitad más uno de los integrantes del cuerpo y opera también como un número incuestionable desde lo político, para insistir en la sanción de los textos que la Cámara baja aprobó en la sesión del 29 y 30 de abril pasados.

En esa sesión, Diputados aprobó las reformas en el Impuesto a las Ganancias con 132 votos y, en el caso de Bienes Personales, con 142 votos. Es decir, tres votos más que los previstos, en el primer caso, y 13 más, en el segundo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunieron el jueves pasado con los jefes de los bloques de la UCR, Rodrigo de Loredo; del PRO, Cristian Ritondo; de la Coalición Cívica, Juan Manuel López; de Hacemos, Miguel Ángel Pichetto, y de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo: “Creo que se han hecho cambios muy interesantes en el Régimen de Promociones (RIGI), privatizaciones, monotributo y el blanqueo de capitales, que mejoran las propuestas originales de la Cámara de Diputados, pero sí insistiría con Ganancias y Bienes Personales, por el tema del blanqueo, y con privatizaciones”. El Senado eliminó de la lista de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, y Radio y Televisión Argentina, que es Radio Nacional y la Televisión Pública.

El Gobierno y la mayoría de los gobernadores, excepto los del kirchnerismo, desean reintegrar el impuesto a las Ganancias para que los empleados que ganan un sueldo bruto de $1.800.000, si son solteros, y de $2.400.000, si son casados, paguen este tributo.

El oficialismo también desea insistir con la restitución del título sobre Bienes Personales, que aumenta el mínimo no imponible y reduce las tasas como un incentivo para el blanqueo de capitales, precisamente a lo que aludió Menem.

En cambio, se mantendrían los cambios en el blanqueo de capitales, que permiten la entrada al sistema de bienes no declarados sin pagar impuestos hasta US$100,000; después de esa cifra y al momento de adherirse a este régimen, se aplicarán alícuotas progresivas del 5%, 10% y 15%.

JJD, con información de NA

La oposición apura el debate sobre movilidad jubilatoria en el Senado y el oficialismo renueva sus tácticas dilatorias

La oposición apura el debate sobre movilidad jubilatoria en el Senado y el oficialismo renueva sus tácticas dilatorias

Mientras la definición de la ley de Bases en su vuelta a Diputados se lleva la mayor atracción política y parlamentaria de lo que resta de junio, los bloques opositores del Senado comienzan a afilar la estrategia para completar la sanción del proyecto de movilidad jubilatoria, que con amplia mayoría lograron aprobar a principios de mes, en Diputados, y que el presidente Javier Milei ya anunció que lo vetará.

Los senadores opositores buscan apurar el debate de la iniciativa con la aspiración de poder llevarla al recinto el miércoles 26 o a más tardar el miércoles 2 de julio, mientras que en el oficialista LLA bosquejan un diagrama de trabajo que incluya expositores y al menos dos o tres reuniones de los plenarios de comisiones: la idea, como en tantos otros temas que pasaron por la agenda parlamentaria desde diciembre hasta hoy, es dilatar los tiempos.

El texto aprobado por Diputados por 160 a 72 establece una recomposición del 8,1% (por lo que los haberes perdieron por la inflación de enero), más un ajuste mensual por IPC (el índice de inflación del Indec) y un aumento anual adicional, en marzo de cada año, que se establecería a partir de un cálculo por el cual se reconocería una suba del 50% de la variación del Ripte (otro índice oficial, de variación salarial) por sobre la variación de la inflación durante el año calendario anterior.

En la sanción también se fijó que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la Canasta Básica Total de un adulto, por lo que un jubilado que recibe la mínima pasaría a cobrar $285.000.

La media sanción llegó luego de que la oposición apurara el debate del tema tras haber conseguido que el Gobierno quitara el tema del proyecto de ley de Bases, ya que durante el debate de enero-febrero era uno de los puntos que generaba mayores desacuerdos.

Iniciada la ofensiva de la oposición, en marzo, y luego de vencidos los intentos dilatorios de La Libertad Avanza, el Poder Ejecutivo intentó neutralizar la discusión parlamentaria con un DNU que estableció una fórmula atada a la inflación que recién se aplicaría, con un aumento del 12,5% en el mes de abril y con un “adelanto” en mayo.

Debido al gasto fiscal que se estima que implica (un 0,4% del PBI), Milei trató a los diputados de “degenerados fiscales”, y adelantó: “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”. El ministro del Interior, Guillermo Francos, completó: “Lo que va a hacer el Gobierno es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley”.

Ante la certera posibilidad del veto, diputados y senadores de la oposición ya hacen números para poder llegar a reunir los dos tercios en cada recinto que les permitan anular el veto y confirmar la ley.

La Constitución Nacional, en su artículo 83, consigna que el Congreso podrá volver a insistir con el proyecto, siempre que cuente con la mayoría de dos terceras partes —sin aclarar si es sobre los miembros presentes o totales—, por lo que se interpreta la primera de las opciones.

En Diputados, con los 160 votos, estuvieron a solo 11 de ese porcentaje, y no descartan alcanzarlo en el eventual rechazo al DNU, porque las cinco abstenciones de la izquierda pasarían a ser rechazos y algunos ausentes de la UCR, Unión por la Patria y Hecemos, que por cuestiones personales estuvieron ausentes el 5 de junio, participarían de esa presunta sesión.

En el Senado, en cambio, los dos tercios ya quedarían plasmados en la propia sanción de la ley: para alcanzar los 48 de los 72 miembros totales, la oposición sumaría a los 33 de Unión por la Patria y a los 13 radicales, espacios que en Diputados encabezaron la ofensiva para aprobar la ley.

A ellos se sumarían, en caso de que actúen en espejo con los posicionamientos que tuvieron en Diputados, los dos representantes de los gobiernos de Misiones, los dos de Santa Cruz; la de Neuquén; la de Córdoba y la de Río Negro. Totalizando 53.

En Unión por la Patria evitarán así tener que ir a buscar el apoyo de los dos exintegrantes de su bloque, Edgard Kueider y Carlos Espínola; que en la última semana fueron claves en la ayuda al Gobierno para la aprobación de la Ley de Bases.

Como parte del contexto de la política previsional, que impactaría indirectamente en los cálculos que se hacen sobre la movilidad jubilatoria: el jueves pasado, en el marco de las negociaciones con la oposición, el oficialismo del Senado retiró del texto la reconfiguración de las jubilaciones, por lo que los eventuales beneficiarios podrán seguir haciéndolo sin contar con 30 años de aportes.

Ese es uno de los puntos que ahora la Cámara baja –posiblemente la última semana de junio— deberá resolver si acepta o rechaza. En despachos opositores desconfían de los acuerdos con el Gobierno para los cambios hechos en el Senado; en otros prefieren seguir confiando.

LF/JJD

El FMI ve una inflación de 140% y mayor caída del PBI, y pide que se sigan quitando subsidios a la energía

El FMI ve una inflación de 140% y mayor caída del PBI, y pide que se sigan quitando subsidios a la energía

El FMI estimó que la economía argentina caerá 3,5% este año y que la inflación llegará al 140% anual en diciembre. En su “staff report” difundido este lunes, el organismo empeoró su proyección de crecimiento económico del país para este año.

“La producción se contraerá alrededor de un 3,5% en 2024 (anteriormente un 2,75%), aunque se espera un cambio de rumbo en la actividad durante la segunda mitad de este año, a medida que se alivien los obstáculos de la consolidación fiscal, los salarios reales comiencen a recuperarse y la inversión se recupere en respuesta a las reformas”, según el informe.

Para el FMI, “la actividad y la demanda se han contraído marcadamente, aunque hay señales tempranas de que algunos sectores podrían estar cerca de tocar fondo. Varios indicadores apuntan hacia una posible estabilización de la actividad económica a partir de abril, incluidas mejoras en la confianza del consumidor, un repunte del crédito privado y del consumo de cemento, todo ello en el contexto de un repunte de la producción agrícola tras la sequía del año pasado”.

Con relación a la inflación, estimó que siga en baja, para terminar 2024 en el 140% interanual y “disminuyendo aún más en el mediano plazo, a medida que la demanda de pesos se recupere de niveles históricamente bajos”.

“Mientras tanto, se prevé que las reservas se mantengan sin cambios, ya que los términos de intercambio menos favorables se ven compensados en gran medida por mayores entradas netas de capital. Los superávits fiscales y externos sostenidos a mediano plazo -respaldados por políticas estrictas, aumentos de productividad y mejoras estructurales en el balance energético- fortalecerán las reservas y asegurarán las perspectivas de acceso a los mercados internacionales”, enfatizó el organismo.

Y añadió que las políticas monetaria y cambiaria “evolucionarán para afianzar la desinflación y salvaguardar la acumulación de reservas”

En su reporte, el organismo también consideró que si bien la tasa fija de devaluación (del 2% mensual) “ha ayudado a anclar la inflación, las autoridades ajustarán la política cambiaria con el tiempo para moverse de manera más flexible para reflejar mejor los fundamentos y salvaguardar una mayor mejora en la cobertura de reservas”.

“Tras las medidas iniciales para deshacer las restricciones y controles cambiarios, las autoridades siguen comprometidas a deshacer todos los controles de capital y restricciones cambiarias, comenzando con las medidas más distorsionantes, incluida la eliminación del esquema de exportación preferencial 80/20 y eliminar el impuesto PAIS antes de finales de 2024”, agregó.

Más “racionalización” de los subsidios a la energía

Por otra parte, el organismo estimó que los “esfuerzos” que realiza el Gobierno en el frente fiscal “deben complementarse con una continua racionalización” de los subsidios a la energía.

Según el organismo, tras los aumentos de las tarifas de electricidad y gas de una media de 350% y 200%, respectivamente, en el primer trimestre de 2024, “las autoridades planean alcanzar el costo total recuperación para la mayoría de los usuarios y sustituir el actual esquema de segmentación tarifaria con uno que apoye únicamente la canasta básica de consumo de energía de los hogares vulnerables durante el segundo trimestre de 2024”.

En una nueva edición de su staff report, el organismo destacó que, con ese fin, “se han elaborado reformas detalladas para la transición hacia el nuevo esquema. y se ha emitido un nuevo decreto para eliminar límites a los precios que están vinculados a la fórmula de indexación salarial”.

En consecuencia, puntualizó que se espera que el ajuste de los precios de la electricidad (PEST) y los precios del gas (PIST) se produzcan en los próximos meses tras algunos retrasos, “mientras que se establecerán límites más estrictos al consumo de electricidad subsidiado según sea necesario”.

“Se espera que estas acciones aseguren una reducción del 0,7% en el sector energético, un proyecto de ley de subsidios este año y regularizar las finanzas del sector”, enfatizó el informe del Fondo Monetario.

Mientras tanto, puntualizó que continuará la reducción de los subsidios al transporte urbano (0,1% del PIB para 2024), con la ayuda de aumentos adicionales en las tarifas de buses y trenes en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires; también , dijo, se están reduciendo las transferencias a la empresa estatal de agua, en línea con el aumento proyectado en las tarifas según la nueva fórmula de indexación.

DM con información de agencia NA

Cómo viene la inflación de junio: por qué expertos ven difícil que siga bajando

Cómo viene la inflación de junio: por qué expertos ven difícil que siga bajando

Analistas admiten que será muy complicado que en junio se pueda mostrar un nuevo descenso del costo de vida, como consecuencia de las alzas de tarifas y la suba de alimentos y bebidas. 

Esperan una variación de entre el 5 y 6% por la reanudación de los aumentos en las tarifas de luz y gas postergados durante el mes previo, sumado a las señales de aceleración en los alimentos, según la consultora EcoGo. 

El Gobierno avanzó en la corrección de precios, que en noviembre tenían un atraso de 42% en términos reales. En mayo hubo una pausa para priorizar la baja de la inflación, a costa de mayor presión futura, según expertos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió retomar en junio los aumentos en tarifas de luz y de gas, a partir de una quita de subsidios enfocada en sectores de ingresos medios y bajos. 

Las consultoras estiman que el impacto en el IPC será de entre 1 y 2 puntos porcentuales. A eso se sumará un incremento en los combustibles del 4% promedio y el aumento del subte.

Para la Fundación Capital, el sendero de desinflación podría encontrar un freno en los próximos meses.

Los expertos mencionan, además, la dificultad de salir del cepo (con muchos pesos y sin dólares en el BCRA), y la incertidumbre sobre el esquema de salida, puesto que la competencia de monedas con tipo de cambio flexible y la dolarización parecen más una competencia de regímenes cambiarios que pasos secuenciales complementarios.

La inflación se ubicaría en torno a 5,7% mensual en el tercer trimestre, aunque si se decidiera no seguir avanzando con los aumentos de tarifas en el último trimestre, podría retornar a los niveles previos, indicó la entidad. 

Las estimaciones privadas, por otra parte, observan una aceleración de los precios de los alimentos. LCG detectó un alza del 1,5% en la segunda semana del mes. 

Y EcoGo registró un incremento del 0,5% en la primera semana, una leve suba respecto a la semana anterior.

El reporte de LCG arroja que las verduras, el azúcar –junto con la miel, los dulces y el cacao– y las bebidas y las infusiones fueron los productos que más aumentaron en la segunda semana del mes, con un alza de 3,9%, 2,8% y 2,4%, respectivamente. Le siguieron los lácteos y los huevos, con 2,3%; y los panificados, los cereales y las pastas, con 1,9%. 

Para la Fundación FIEL, los precios subieron 3,8% en la primera semana de junio. De esa suba, 1,2 puntos corresponden a los incrementos en las facturas de electricidad y gas, lo que, según la entidad, rompe con la tendencia de descenso. A ello se suma la suba del Impuesto a las Transferencias de los Combustibles, y su traslado al precio de la nafta.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, en junio subirá al 5,5%, una leve diferencia que marca el freno a la baja y un leve repunte de los precios.

En el último año, los precios de los alimentos subieron 290%. El cambio más relevante en materia de consumo fue que muchos hogares debieron resignar el consumo de carnes y pescados, porque sus precios se convirtieron en prohibitivos.

Esto deprimió el consumo de carne, que cayó 18% en el primer cuatrimestre, según la Cámara de Industrias y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

En el caso del pescado, los más onerosos pueden llegar a costar $30 mil el kilo.

También los embutidos se dispararon con fuerza, con precios que llegan a los $40 mil por kilo, como es el caso del jamón crudo.

Las verduras también vienen experimentando fuertes alzas, y amagan con presionar sobre la inflación de junio.

La aceleración de los precios de los alimentos en los últimos días coincidió con la suba de las cotizaciones de los dólares alternativos. 

Por eso, encienden una luz de alerta por el impacto que puedan tener en el índice de precios de junio. 

“Habría que irse olvidando de que la inflación empiece con un 4 delante. Será con un 5, y habrá que ver hasta donde rebota”, explicó un consultor especializado en consumo.

AB con información de agencia NA.

Disciplinamiento y estado de excepción en la Argentina de Milei

Disciplinamiento y estado de excepción en la Argentina de Milei

La democracia languidece en la Argentina. La situación de los detenidos y detenidas por manifestarse, y las gravísimas y arbitrarias imputaciones que se les hacen, es propia de regímenes autoritarios. Se está instalando un estado de excepción, donde los derechos constitucionales más básicos son suspendidos. 

Pero la democracia no se suicida sola. Con el proyecto de ley de Bases, la derecha y la centroderecha entregaron el país en bandeja a la extrema derecha, que sólo contaba con siete votos propios en el Senado. Ahora, con dicha “ley de leyes” casi aprobada, se vienen en la Argentina tiempos aún más ominosos, más represión, más autoritarismo, menos derechos, más destrucción del Estado.

Por la arbitrariedad de las detenciones realizadas en la manifestación del pasado miércoles 12 de junio, queda de manifiesto que las mismas forman parte de una estrategia de persecución política y un ataque deliberado a la libertad de expresión y el derecho de protesta. El pedido de detención del fiscal federal Carlos Stornelli enumera las circunstancias que lo justificarían genéricamente y de modo tendencioso pues expresa ya una condena política. Las normas exigen que debería describirse persona por persona y con detalle —esto es, haciendo referencia a pruebas concretas— las razones para privar de libertad a un ciudadano. Legalmente, en lugar de atribuir conductas delictivas concretas, como exigen las garantías penales, se describe un contexto general y de modo sesgado, sin distinguir casos ni precisar prueba. Salta a la vista que la Justicia no está actuando en función de elementos objetivos del caso y respetando las normas procesales, sino en respuesta a la presión política del Gobierno. 

Todos los organismos estatales involucrados están avanzando con una absoluta falta de transparencia, de modo antidemocrático. El Ministerio de Seguridad nacional, que dio la orden de reprimir y que en la causa penal se presentó como querellante; la Policía, en la calle; la Fiscalía, solicitando las detenciones en base a tuits de un organismo que no existe en el organigrama estatal (“Oficina del Presidente” sólo existente en la red social X). Durante las primeras veinticuatro horas después de detenidas las personas, los funcionarios responsables negaron su paradero a familiares y organismos de derechos humanos. 

La represión, en sintonía con el accionar de infiltrados en la marcha, comenzó alrededor de las 15-16 horas. No es casual, el plan de Patricia Bullrich era generar imágenes a través de los medios oficialistas (La Nación, TN y redes sociales amplificadas por Infobae) para romper la nutrida manifestación y provocar el temor y la inacción de los “sueltos” que pretendían acercarse a manifestar a la plaza Congreso luego de terminada la jornada laboral. Y lo lograron, ya que a las 18, como consecuencia de la brutal represión, la plaza había quedado casi vacía, a pesar que restaban varias horas aún de debate parlamentario. 

La Banelco del siglo XXI tuvo una nueva vuelta de tuerca en la decidida tarea de cambiar favores por votos: el nombramiento como embajadora de la Unesco en París para la Senadora Lucila Crexell de Neuquén, que dio su voto positivo a la Ley Bases, contradiciendo su accionar hasta ese momento. Miembro de la oligarquía —política y económica— de Neuquén, Lucía Crexell Sapag se lució el día de la sesión con una imponente cartera de US$2000 en un Senado que la conoce por su pasión por los viajes al exterior. Hija de Luz Sapag, forma parte del clan político del poder neuquino y del emporio empresarial Crexell, representante de una burguesía local que se enriquece gracias a la actividad petrolera de Vaca Muerta. Es que Vaca Muerta es un gran negocio para un pequeño grupo de proveedores provinciales, que casi siempre caen en manos de la clase política-empresarial local, los que monopolizan millonarios contratos de transporte, hoteles, comidas, etc. Un patrón que se repite en otras provincias, en relación, por ejemplo, con los servicios mineros.

Además, pese a su discurso anticasta, la extrema derecha naturalizó la corrupción de modo acelerado. El diputado nacional del oficialismo Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo, MID) reconoció que a la senadora Crexell le dieron una embajada a cambio de su voto, pero alegó “consensos y acuerdos”, confundiendo torpe y malintencionadamente debate político con lo que es lisa y llanamente el delito de dádivas.

A esto se suma al caso de los siempre resbaladizos senadores Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), elegidos con la boleta del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria), que garantizaron con su voto la aprobación de la ley a cambio de favores personales, lo cual se va revelando con el correr de los días. Otro caso, que pasó mas inadvertido, es el de la senadora peronista Carolina Moises (Jujuy), que votó en contra en general pero a favor en particular en el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). 

Para explicar lo sucedido no habrá que apelar a las ciencias políticas o la sociología, sino más bien al Derecho Penal. Hubo claramente compras de voluntades; hubo dádivas que están tipificadas en el Código Penal.

Volviendo a los detenidos, ninguno de ellos es responsable de haber prendido fuego a un auto. Los que sí lo hicieron están filmados, retratados y continúan libres. Ninguno de los detenidos tiene siquiera una fotografía participando de hechos de violencia. No las hay ni las habrá porque se lanzó una cacería a manifestantes de modo arbitrario, con un plan preconcebido de represión y criminalización. 

Entre los que siguen detenidos —en prisiones de máxima seguridad— hay tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, Camila Juarez (estudiante de sociología), Nicolás Mayorga (estudiante de relaciones internacionales) y Sasha Lyardet (estudiante de comunicación), quienes estaban retirándose, lejos del Congreso; Lucía Belén Puglia, estudiante de letras de Letras de la Universidad de Hurlingham; Juan Spinetto, ambientalista y Maria de la Paz Cerruti, profesora de Historia (detenida cruzando la calle, está filmada), solo por haber ejercido el derecho a manifestarse. No es casual. Buscan disciplinar a las clases medias, y especialmente a aquellos que representan lo que el propio presidente Javier Milei -junto con uno de sus asesores estrella, el ultraderechista Agustín Laje- consideran como expresión del “marxismo cultural”. 

La represión y las detenciones forman parte así de la llamada “batalla cultural” que el gobierno de extrema derecha lleva a cabo en contra de la educación pública, la ciencia pública y la cultura, a las que viene demonizando y acusando en múltiples oportunidades de “adoctrinar”. Muy particularmente, las ciencias sociales y humanas, los ambientalismos y feminismos, están en la mira de esta campaña de amedrentamiento, que ahora ha pasado a la acción concreta de los palos y el disciplinamiento.

Uno de los casos que conocemos personalmente es el de Juan Ignacio Spinetto, ambientalista, docente y abogado. Fue detenido en San Telmo, a cinco cuadras de su casa. Cualquiera que lo conoce a Juan sabe que es alguien muy pacífico, un encanto de persona, incapaz de generar violencia por más mínima que sea. 

Mientras tanto, pasó desapercibida la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional (publicada el 10 de junio pasado en el Boletín Oficial), que permite blindar a los territorios del extractivismo de cualquier resistencia social. El gobierno acaba de conformar una “unidad de seguridad productiva” que habilita así el despliegue de fuerzas federales en las provincias. Esta dispone “analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías” y “brindar” “la seguridad que demandan las situaciones enunciadas” Más claro, Bullrich blindará Vaca Muerta y las zonas con litio con fuerzas federales. En sintonía con el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río).

Estos primeros siete meses del gobierno de Milei nos han instalado de modo acelerado en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas. Todos los días hay una nueva noticia o un hecho político —o incluso mucho más de uno—, todos ellos empeorando la noticia o el hecho político del día anterior. Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora. Más que nunca, no hay que bajar los brazos ni ceder al disciplinamiento social y político. Hay que defender la democracia argentina, esa que logramos con la lucha de tantas mujeres valientes defensoras de los derechos humanos que hace poco nos dejaron, como la gran Norita Cortiñas. 

No basta con pensar que en un futuro —ojalá próximo— nos avergonzaremos como sociedad de todo lo sucedido y cedido en este período funesto. La regresión política es hiperbólica, desmesurada, vertiginosa, pero no por ello irreversible. La historia, nuestra historia pletórica de luchas y resistencias justas, nos lo ha demostrado con creces. Es hora de apelar a la imaginación política así como a la solidaridad nacional —y también internacional—, para lograr desactivar este cuadro político y social demencial y antidemocrático en el que nos ha sumergido el gobierno actual.

MS/EV/JJD