Maria Luisa

Noticias de Mendoza

Escuelas bajo amenaza: el punitivismo como atajo frente a una crisis adolescente

La conferencia de prensa que reunió a la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dejó sentada una explicación sobre el tiroteo en una escuela de la ciudad de San CristóbaI: Gino C., el chico de 15 años que el 30 de marzo provocó la muerte de Ian Cabrera, de 13, se habría inspirado en una comunidad digital que enaltece la violencia y las masacres escolares. Pero el foco en esta “subcultura descentralizada y trasnacional”, como fue descripta con lenguaje conspirativo, excluye el contexto local y las circunstancias concretas en que se inscribe la tragedia, advierten los especialistas.

“Aun considerando que las comunidades virtuales son determinantes en las subjetividades de adolescentes y jóvenes, deberíamos orientar las preguntas hacia las instituciones y las referencias adultas, la trama social que contiene y debería alojar a estos jóvenes. ¿De qué manera creamos comunidad con los adolescentes? ¿Qué es lo común entre las generaciones?”, plantea Evangelina Benassi, investigadora de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Rosario.

Para el criminólogo Enrique Font, la mención de la True Crime Community es parte “de una lógica que sobredimensiona la amenaza” y en la que “no se deslinda el riesgo de cuestiones escolares que no son delitos”. En el caso de San Cristóbal “no se informó qué nivel de involucramiento tuvo el tirador con esa comunidad, pero lo primero, en vez de tirar la pelota afuera y decir que se explica por una amenaza terrorista trasnacional, es la dimensión local. ¿Qué tensiones en su biografía y en su estructura social puede resolver un pibe con un ataque mediado por su adhesión a esa cultura?”

Hasta el jueves pasado se habían registrado 404 denuncias por amenazas en escuelas de Santa Fe, unas 1000 en la provincia de Buenos Aires y un número no precisado en otras provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos de Córdoba y Santa Fe anunciaron que los padres de los alumnos involucrados pagarán los costos de los operativos de seguridad, mientras se instruyen causas por intimidación pública a estudiantes mayores de 16 años.

Font diferencia las interpretaciones sobre las amenazas recibidas en las escuelas por parte de los gobiernos de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires. “En el segundo caso se hace un esfuerzo muy serio por no meter todo en el mismo paquete y deslindar cuestiones que no son delitos de las situaciones donde aparecen riesgos. Santa Fe sobrecriminaliza en una interpretación en la que hay algo de oportunismo para alimentar una lógica dura, fracasada como punitivista, pero también porque la provincia no investiga ni sabe qué hacer: en esta visión todos los hechos implican riesgo criminal y requieren medidas penales duras, lo cual es un dispendio de recursos formidable y una lógica poco ajustada a lo que sucede”.

Las amenazas de tiroteo en escuelas de distintas provincias encendieron las alarmas en el sistema educativo argentino y derivaron en detenciones, imputaciones y el refuerzo de medidas preventivas. Los casos más recientes se registraron en Salta, Córdoba y Mendoza, donde autoridades judiciales y educativas avanzan con investigaciones para determinar responsabilidades

Adultos dispuestos a acompañar

Gino C. había sido distinguido como mejor compañero de su curso en diciembre del año pasado, un dato que no cuadra con el aislamiento social que el Departamento de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal atribuyó a los miembros de la True Crime Community. Por eso, Benassi agrega: “Ubicar al joven rápidamente como parte de una subcultura específica, como alguien raro o especial, también desdibuja los puntos de contacto que estas culturas juveniles tienen con la sociedad en su conjunto y lo que propicia la emergencia de estas prácticas”.

“Si hay una red virtual detrás, hay seguramente un negocio que lo propicia y lo sostiene –destaca Benassi–. La invisibilización del mercado desdibuja sus intereses y considerarlo juego atrae a los jóvenes desde un lugar de diversión y esparcimiento. El universo virtual es un universo desregulado. La mercantilización de la vida es preocupante, como también la posibilidad de que los adolescentes tengan cuentas bancarias y puedan participar en actividades bursátiles, un dato del que no se tomó demasiada nota”.

El universo virtual es un universo desregulado. La mercantilización de la vida es preocupante, como también la posibilidad de que los adolescentes tengan cuentas bancarias y puedan participar en actividades bursátiles, un dato del que no se tomó demasiada nota

Evangelina Benassi — Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Rosario

Benassi lleva más de una década haciendo trabajo de campo con jóvenes y adolescentes en barrios periféricos de Rosario. “La pertenencia del joven de San Cristóbal a la clase media plantea particularidades en el modo de transitar el ser joven –puntualiza–. Los adolescentes conforman un universo muy heterogéneo que no se debería encasillar en un universal, pero algo común es la escasez y precariedad de oferta pública para los y las jóvenes en el país. El encierro y la soledad son muy profundos y generan angustia, y salir de esa situación requieren instituciones y adultos dispuestos a acompañar”.

Silvina Fernández, directora de la Escuela de Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, registra otro dato en el tratamiento de la situación en San Cristóbal por parte de los funcionarios: “Las autoridades de las áreas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes quisieron dejar bien en claro que no tuvieron pedidos de intervención sobre el adolescente involucrado. La política social se concibe cada vez más como atención a la demanda y respuesta individualizada y cada vez menos en clave de problemáticas sociales”. Después del tiroteo en San Cristóbal docentes de los Equipos Socioeducativos de la provincia de Santa Fe revelaron condiciones precarias de trabajo y personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia denunció la vulneración de derechos de niños y niñas en ese organismo y situaciones de violencia laboral.

La inflación de la amenaza

Font advierte sobre “el riesgo de que las intervenciones amplifiquen el fenómeno que quieren conjurar, si se trata todo como si fuera lo mismo” y señala “la desproporción entre el riesgo y la seriedad de las amenazas y la preocupación que producen como indicadores de potenciales tiroteos”.

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, describió como “travesura viral” los graffitis en baños y dijo a Infobae que en 2025 hubo tres casos de alumnos con armas en escuelas bonaerenses sobre una población de 5.200.000 estudiantes. “No quiere decir que no pueda suceder algo grave, pero no es lo mismo tener la mesura de pensar así los fenómenos que imaginar que cada amenaza es una masacre de Columbine en ciernes”, destaca el criminólogo.

“La pregunta es cuáles son los factores que propician que un docente, un padre, una madre o cualquier referencia adulta no tenga puntos de contacto con un adolescente ni encuentre universos simbólicos y materiales en común –dice Benassi–. Las amenazas y el modo en que se gestionan públicamente dan cuenta de esa distancia: los y las adolescentes se están expresando en definitiva para decir algo y la respuesta es con procedimientos de tinte más policial que de escucha, de mediaciones para poner en palabras lo que les está pasando”.

Las culturas de transgresión expresan valores dominantes de una sociedad que no circulan abiertamente. Hay partes importantes de nuestra sociedad que están muy cómodas con los discursos misóginos y ultra violentos

Enrique Font — Criminólogo

La Fiscal General de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, propuso discutir la prohibición de las redes sociales para menores de edad e invocó el antecedente de Australia. “Brasil implementó en marzo el Estatuto Digital del Niño y del Adolescente, imponiendo límites estrictos a las redes sociales para menores de 16 años –dice Silvina Fernández–. Además de la autorización parental para el uso, la medida restringe el scroll infinito. Es un intento de atemperar esta influencia negativa que ya estamos experimentando”.

No obstante, “la lógica de la prohibición, en cualquier ámbito y de cualquier tipo, es insuficiente y hasta obsoleta, porque nuevamente sería considerar el problema desde una única explicación: habría que pensar en regulaciones y en desplazar la mirada desde lo individual hacia lo colectivo”, propone Benassi. En ese plano, “el encierro de los adolescentes y su conexión con redes virtuales para muchos adultos implica deslindarse del acompañamiento presencial y activo. Nos encontramos con adultos agotados, desempleados o pluriempleados, con poca perspectiva de futuro. Quienes debemos acompañar a los jóvenes transitamos una situación de mucha precariedad e inestabilidad”. 

Desmontar el odio

La True Crime Community asomó como una entidad desconocida y un nuevo peligro en términos de seguridad después de la conferencia del Gobierno nacional y de Santa Fe. El comisario inspector Guillermo Díaz, jefe del Departamento de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, dijo que fueron detectados “otros quince casos similares y hay cuatro investigaciones en trámite bajo las mismas características” de los jóvenes involucrados en el tiroteo de San Cristóbal, de 15 y 16 años.

Díaz afirmóo que “tal cual se vio en la serie Adolescencia”, de Netflix, se trata de jóvenes “que odian a las mujeres considerándolas de cierta forma, odian a los varones que obtienen relaciones románticas felices y llegan a cometer masacres contra esas personas”. Tratada como amenaza terrorista, la situación exigiría “nuevas herramientas de prevención e investigación” de las fuerzas de seguridad, lo que también entenderse como una sugerencia por mayor presupuesto y atribuciones de las que ya otorgó el gobierno libertario.

Enrique Font disiente con la interpretación oficial. “Hay que entender las cuestiones estructurales que llevan a pibes de este país a encontrar en las comunidades digitales algo que resuelve las tensiones que tienen en la escuela, en su comunidad, con sus familias. Las culturas de transgresión expresan valores dominantes de una sociedad que no circulan abiertamente. Hay partes importantes de nuestra sociedad que están muy cómodas con los discursos misóginos y ultra violentos”.

“La violencia es un real muy presente en nuestra vida y actualmente hay pocos modos disponibles para tramitarlo –dice Evangelina Benassi–. El lugar del arte y la educación es fundamental para que esa operación sea posible. Pero en un contexto donde la educación está tan en crisis, se debilitan las posibilidades de mediaciones intelectuales e institucionales para que la violencia encuentre modos de encauzarse, de expresarse y que no sea mediante el pasaje al acto”.

En ese sentido el momento es “muy complicado”, destaca Benassi, porque “el discurso y las acciones del gobierno actual atentan y destruyen todo lo que tenga que ver con las regulaciones sociales y devalúan las tramas colectivas y acuerdos comunes”. El odio también puede propagarse desde políticas que lo cuestionan: “La respuesta únicamente punitiva es parte de una misma lógica, impide el diálogo y debilita todavía más lo común. Tenemos que pensar por qué ese odio convoca tanto y qué podríamos potenciar para erosionar su discurso”.

OA/MG

Aumentos de suicidios, violencia escolar y retroceso de políticas públicas: la salud mental de los adolescentes en peligro

En Mendoza, una alumna entra al colegio con un arma en la mochila y dispara dos veces. Meses después, en una escuela de Santa Fe, un chico mata a un compañero con una escopeta. En los días siguientes se multiplican amenazas de tiroteo en instituciones educativas de todo el país. En San José, Entre Ríos, se registra una “epidemia” de suicidios. Y en Merlo, la muerte de Maitena, encontrada ahorcada de un árbol, conmueve al país. “Todos pensamos alguna vez si vale la pena seguir viviendo”, dice Aimara, su compañera de 15 años, ante un un móvil de C5N.

Son escenas y geografías distintas, pero en todas hay adolescentes atravesando situaciones límite en contextos de fragilidad social, escolar y emocional. Se repiten antecedentes de violencia, aislamiento y un uso intensivo de redes sociales. Según especialistas, el malestar juvenil se volvió más frecuente y se mantiene en niveles comparables a los de 2020, en plena pandemia.

“Los adolescentes nos cerramos, pero eso no significa que no nos guste que nos pregunten: ‘¿cómo te fue?, ¿cómo la pasaste?, ¿tenés amigos?’. Sin embargo, nuestros padres llegan estresados, laburan 12 horas al día. Tiene que haber un trabajo de prevención en las familias y en las aulas, porque todos podemos ser Maitena”, resume Aimara.

Según profesionales, el uso intensivo de redes sociales y la hiperconectividad profundizan el malestar y el aislamiento de adolescentes que no encuentran contención en adultos, desorientados frente al avance acelerado de la tecnología y absorbidos por el pluriempleo, que en los últimos ocho años creció un 40%, según datos de la CTA. En ese contexto, la inversión en salud mental pasó de representar el 10% del presupuesto sanitario en 2023, al 1,4% en la actualidad. 

El último relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA indica que el 6,5% de la población presenta riesgo de trastorno mental, con mayor impacto en jóvenes de 18 a 29 años y en sectores de menor nivel socioeconómico. Solo el 29,15% está en tratamiento psicológico y, entre quienes no acceden, el 50,05% considera que lo necesita, con la barrera económica (43,44%) como principal obstáculo. Además, el 58,69% reporta problemas de sueño y el 52,40% atraviesa una crisis vital, en niveles de malestar similares a los registrados durante la pandemia.

“La soledad, el vínculo con la tecnología, el acceso a drogas y la violencia familiar son las principales preocupaciones. Hay un aumento de intentos de suicidio y de autolesiones, que es un mecanismo que alivia la ansiedad, cada vez más presente en jóvenes”, advierte Pedro Kestelman, psiquiatra infantojuvenil y ex presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil.

Los suicidios: una preocupación creciente

En la Argentina, las muertes por suicidio mantienen una tendencia en alza. En 2023 hubo 4.197 casos frente a 3.955 muertes viales, mientras que en 2024 fueron 4.249 contra 3.539, según el Ministerio de Seguridad. Tras una baja entre 2018 y 2020, los casos crecieron de forma sostenida, con un aumento acumulado cercano al 28% desde 2017. Hoy es la principal causa de muerte violenta.

Por edad, se observa un corrimiento hacia los jóvenes en las muertes por suicidio: aumentan los casos en el grupo de 15 a 25 años, mientras descienden en adultos mayores, según la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil. A su vez, la Facultad de Psicología de la UBA advierte que las personas de 18 a 29 años presentan los niveles más altos de ansiedad, depresión y riesgo suicida.

“Aumentaron las crisis anímicas y los intentos de suicidio en adolescentes, que están muy solos y el mundo adulto no sabe cómo acompañarlos. La pospandemia y el avance de la tecnología nos dejaron descolocados. Es difícil separar lo positivo de lo dañino”, señala Kestelman.

“Hoy la palabra tiene poco valor, está devaluada, no encuentra ni tiempo ni espacio para ser compartida en un lazo que la sostenga”, dice Eugenia Serrano, psicóloga y docente de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la UNSAM.

“Hay en la época un gusto compartido y aceptado por la exhibición y espectacularización del odio y la crueldad, donde las adolescencias bucean en esa oscuridad de manera ilimitada”, suma Soledad Arrieta, psicóloga que creó y coordinó el dispositivo del 0800 de Salud Mental Nacional del Hospital Bonaparte y fue desplazada recientemente de ese puesto.

Retroceso de políticas públicas en salud mental

En Mendoza, la alumna que ingresó armada a la escuela en septiembre de 2025 quedó luego vinculada a un abuso sexual por parte de un celador. En Santa Fe, el ataque que terminó con la muerte de un alumno expuso la participación del agresor en comunidades digitales que promovían masacres escolares. En San José, Entre Ríos, una ciudad de 22.000 habitantes, se registraron 16 suicidios entre 2024 y 2025 —con víctimas de entre 15 y 40 años— y decenas de intentos, con una internación diaria en 2024 por ideación suicida, por depresión y apatía. En Merlo, el caso de Maitena sumó indicios de hostigamiento en redes sociales.

En todos los casos aparece un patrón común: el peso de las tecnologías, el aislamiento progresivo y la dificultad para establecer canales de diálogo con adultos. “Sufrimos en silencio”, advirtió la compañera de Maitena. En este contexto, especialista advierten un retroceso del Estado en políticas de salud mental. A esto se le suma despidos y renuncias por bajas condiciones laborales, y el cierre de instituciones de formación profesional, como las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM). 

“No vamos a contar con profesionales formados en hospitales escuela, como el Bonaparte, que es una institución de referencia”, advierte Soledad Arrieta, quien fue desplazada del dispositivo del 0800 de Salud Mental Nacional del Hospital Bonaparte.

El dispositivo –una línea telefónica federal y gratuito de atención en urgencias de salud mental– mostró un fuerte crecimiento en la demanda en 2023 y 2024. Sin embargo, esa tendencia se revirtió en 2025 y lo que va del 2026. “La merma en los pacientes atendidos de los últimos dos períodos –2025 y 2026– se debe a los despidos y renuncia de personal especializado del 0800 perteneciente al Hospital Bonaparte. Pasamos de una dotación de 31 profesionales a 19 en la actualidad”, explicó.

En este contexto, el Gobierno envió al Senado el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, que propone reemplazar el concepto de “padecimiento mental”, flexibilizar las condiciones para la internación involuntaria –con mayor intervención del psiquiatra– y reorganizar el sistema en una red por niveles de complejidad, en lugar de avanzar en el cierre de hospitales psiquiátricos.

Las provincias cuestionaron la iniciativa por considerar que fue elaborada sin participación federal. Autoridades sanitarias advierten que, en un contexto de fuerte aumento de la demanda –con subas en la provincia de Buenos Aires del 77% en internaciones y del 134% en consultas ambulatorias en 2025–, el proyecto presenta problemas de financiamiento y podría introducir nuevas barreras de acceso, especialmente en situaciones de urgencia. Además, señalan que implica un retroceso en el enfoque comunitario de la ley vigente.

“El problema de la ley es por un lado su precarísimo financiamiento y por otro los intereses en juego de las grandes corporaciones y prestadoras de salud”, resume Arrieta. En esa línea, Eugenia Serrano advierte: “El proyecto de reforma actual tiene como eje fundamental una vuelta al paradigma de la hegemonía médica por sobre los abordajes interdisciplinarios que plantea la ley vigente y en este sentido es reduccionista”.

Tecnología y malestar

Un relevamiento de la UBA indica que el 97,19% de los jóvenes usa redes sociales y el 58,98% herramientas de inteligencia artificial, con niveles más altos de ansiedad y malestar asociados a su uso. Incluso, un 7,37% preferiría interactuar con IA antes que con un profesional, grupo que presenta los peores indicadores de ansiedad, depresión y riesgo suicida.

“Hay malestares de época –ansiedad, depresión, soledad– que en la adolescencia se intensifican y amplifican en las plataformas digitales”, señala Santiago Stura, coordinador de comunicación de Faro Digital.

Experiencias como el rechazo o la exclusión ya no se tramitan en espacios visibles para adultos, como la escuela o la familia, sino en intercambios entre pares dentro de redes sociales. “Muchas veces ocurren por fuera del radar del mundo adulto”, advierte.

Plataformas como TikTok funcionan como motores de búsqueda donde circulan explicaciones sobre salud mental entre jóvenes, una lógica que empieza a trasladarse también a la inteligencia artificial. “Se utiliza con fines casi terapéuticos”, señala Stura.

“Por ahora no estamos viendo la parte positiva de la inteligencia artificial. Muchos adolescentes están sustituyendo la consulta profesional. Ahí hay una zona de riesgo que ya se está estudiando”, concluye Kestelman.

Piden la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de ARCA, por ocultar propiedades en Miami con un valor mayor a US$2.000.000

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió en las últimas horas la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al considerar que el funcionario libertario “omitió maliciosamente” en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el propio organismo fiscal tres departamentos en Miami por un valor que supera los US$2 millones, adquiridos en 2013. El avance de la investigación se da en un contexto en el que la lupa también está puesta sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por inconsistencias entre el patrimonio declarado y diferentes propiedades a su nombre, además de viajes al exterior, y en horas en las que otro funcionario del gobierno de Javier Milei, el secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, debió renunciar a su cargo tras salir a la luz que poseía siete departamento de lujo en los Estados Unidos que no habían sido consignados en su declaraciones patrimoniales.

De acuerdo al pedido de Rodríguez al fiscal federal Guillermo Marijuán, quien trabaja en el caso junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que lidera el fiscal Diego Velasco, y que deberá resolver el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Vázquez, “sin duda alguna, incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vínculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”. Es un delito que contempla penas de hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Además, el titular de la PIA solicitó a la fiscalía que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, de acuerdo a lo que informa el diario La Nación.

Andrés Edgardo Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei en 2024 para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria desde la DGI y que en diciembre de 2025 fue promovido a titular de la ARCA en reemplazo del renunciado Juan Pazo, compró, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas, de acuerdo a la investigación publicada en diciembre de 2024 por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que publicó elDiarioAR. 

De acuerdo a los datos que recogió la PIA, Vázquez administraba dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

Quién es Andrés Vázquez

Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.

Vázquez llegó a la gestión libertaria con la venia de Santiago Caputo, que desde las sombras viene construyendo —no sin resistencias— un esquema de control basado en información sensible, cruce de datos y capacidad de presión. ARCA es una pieza central de ese diseño. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la otra.

El nombre de Vázquez para coronar la estructura, según reconstruyen distintas fuentes oficiales, fue acercado por Leonardo Scatturice, flamante dueño de OCA con asiento en Miami. El nexo original entre el polémico empresario y Caputo es Manuel Vidal, mano derecha del asesor y figura clave en la ingeniería de vínculos con actores privados que orbitan el nuevo sistema de poder. El movimiento no fue neutro ni casual: llegó cuando la influencia del consultor todoterreno sobre áreas sensibles del Estado parecía haber entrado en revisión, en medio de auditorías, filtraciones y una pulseada cada vez más áspera con Karina Milei.

Años bajo la lupa de la Justicia

La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió disolver la AFIP. Después, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva, como paso previo a liderar la ARCA.

Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó la investigación periodística. Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá. 

Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después. 

Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.

Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.

Una escala en las Islas Vírgenes

Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades. 

El hoy jefe de ARCA, y antes de la DGI, fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida, Estados Unidos, aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. 

Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, que CLIP difunde en esta investigación. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá. 

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligado por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De “cuevas” y omisiones

Vázquez registraba un antecedente con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante la DGI –que ya era su empleador – cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo que entre 2004 y 2009 habrían movido medio millón de dólares, según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese expediente judicial se desprende que la Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de parte de una unidad antilavado extranjera en 2005.

La causa se inició en 2011 después de un allanamiento sobre una oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires que funcionaba como una “cueva” para canalizar la fuga de capitales al exterior. El expediente de Vázquez se tramitó aparte por su condición de funcionario público, pero la investigación afrontó varias dificultades, como la reticencia inicial del juzgado para solicitar información a Luxemburgo mediante un exhorto internacional.  

Vázquez negó ante la Justicia ser el titular de esas cuentas –en las que aparecía junto a su hermana – y afirmó que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la agencia tributaria sobre el Grupo Clarín, en septiembre de 2009. 

El juez Sergio Torres lo sobreseyó en 2018, pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación. Cuatro años después, en noviembre de 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo ante la “imposibilidad” de avanzar con la investigación. Es decir, la Justicia no pudo comprobar que Vázquez tuviera esas cuentas debido a la negativa de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo de responder los exhortos enviados desde Argentina.

Un año después del fallo que lo sobreseyó, Vázquez declaró un amplio listado de activos en Argentina y en el extranjero en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Informó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un barrio cerrado–, además de tres cuentas bancarias en Estados Unidos que tenían un saldo inferior a US$3.000.  

Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina –Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA, en la que figura como vicepresidente la misma hermana con la que apareció en las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo­–. Pero en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en paraísos fiscales ni a los departamentos en Miami.

La polémica por los ascensos de su esposa

A la semana de haber sido nombrado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió a comienzos de enero de 2024 bajo su propia órbita a su pareja. Cobraba desde entonces al menos $7 millones, publicó en su momento La Nación.

Vázquez favoreció en ese momento a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los $3,8 y $4,2 millones, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los $7 y $8 millones, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.

La designación de Fanelli constaba en la Disposición 182/2024, firmada el 1 de noviembre de 2024, y se publicó el lunes 4 de ese mes en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.

Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre de 2024. Lo firmó Milei junto a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo—, y sin la firma del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.

Un año después, tras el ascenso de Vázquez como titular de ARCA, su esposa fue promovida de nuevo, esta vez, fue designada como subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana dentro de la Dirección General Impositiva (DGI), una de las áreas más sensibles del organismo recaudador.

El apoyo de Milei

El presidente Javier Milei salió a justificar públicamente a fines del año pasado la designación del jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Edgardo Vázquez, pese a que el funcionario enfrenta investigaciones por no haber consignado en su declaración jurada tres propiedades en Miami, Estados Unidos, adquiridas a través de sociedades en el exterior por más de US$2 millones y cuyos detalles salieron a la luz en una investigación periodística publicada en 2024 en la que participó elDiarioAR.

En una entrevista televisiva de diciembre de 2025, al ser consultado sobre la polémica designación y las causas que pesan sobre Vázquez, Milei respondió que “causas abiertas puede tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política. El tema es si tiene condena o no. Mientras tenga causas abiertas uno no puede estar sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia, es algo que los argentinos deberían empezar a aprender”. Con ese criterio, el mandatario defendió su decisión de mantener a Vázquez al frente del organismo recaudador. “Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar”, resaltó el mandatario nacional.

Sobre las causas judiciales, su réplica fue la caracterización generalista: “Causas abiertas puede tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política. El tema es si tiene condena o no. Mientras tenga causas abiertas uno no puede estar sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia, es algo que los argentinos deberían empezar a aprender”.

*Con información del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)

Renunció el secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, que no había declarado siete departamentos en Miami

El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó finalmente la renuncia del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, luego de que, a través de una investigación periodística, quedara expuesto que omitió declarar siete departamentos en Miami. Su lugar será ocupado por Fernando Herrmann, mientras que Mariano Plencovich, asumirá como secretario de Transporte.

A esos inmuebles que posee en Estados Unidos, se agregan dos sociedades comerciales que tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). 

El motivo de la renuncia fue la presión pública y judicial que sufrió Frugoni, luego de admitir que “cometió un error” al no incluir ninguna de las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada.

El ex funcionario libertario tenía una trayectoria reciente en la política argentina: antes de ser Secretario de Infraestructura, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta hoy en el Ministerio comandado por Caputo.

Actualmente, la situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.

Frugoni habría adquirido, a través de las sociedades Genova LLC y Waki LLC —que, según consta en Estados Unidos, fueron constituidas por el funcionario argentino—, siete departamentos de lujo en Miami. También se mencionan cuentas bancarias sin declarar.

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) —ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), según reveló A24, están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida.

La primera propiedad sería el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de 187.000 dólares, según el registro oficial de propiedades inmobiliarias del condado. La segunda, en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach, valuada en 216.000 dólares. La tercera, el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, también en West Palm Beach, tasada en 193.000 dólares. Y la cuarta, el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, en South Palm Beach, valuado en 212.000 dólares, de acuerdo a la información publicada en La Nación.

En tanto, el quinto inmueble, también ubicado en el condado de Palm Beach, es el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en la ciudad de Delray Beach, propiedad que Frugoni adquirió el 1 de julio de 2021 por 215.000 dólares, mediante una “warranty deed” asentada en el registro oficial 32692, página 845, de la ficha oficial del “Property Appraiser” del condado. Si bien la valuación fiscal de la propiedad para 2025 asciende a 230.000 dólares, la tasación que circula en portales inmobiliarios de la unidad de tres ambientes y dos baños, con 136 metros cuadrados cubiertos, ronda los 310.500 dólares. El funcionario del Ministerio de Economía figura como su único titular.

El pasado miércoles, desde A24 revelaron que Frugoni admitió que era “todo verdad. Cometí un error”, y que le aclaró al periodista Nicolás Wiñazki que estaba “rectificando su declaración jurada e incluso su declaración ante la AFIP porque en los Estados Unidos pagó impuestos por estos siete departamentos”.

Frugoni reemplazó desde diciembre pasado en el cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura a Martín Maccarone, amigo y socio en negocios financieros y de la construcción del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ocupó el cargo durante 14 meses sin oficializarse en el Boletín Oficial.

El funcionario de las propiedades en Miami es arquitecto y cuenta con 34 años de experiencia en el sector de la construcción y la infraestructura. Fundó la empresa C&F Construcciones y luego se desempeñó en compañías internacionales, donde incorporó metodologías de gestión, nuevos procesos de trabajo, técnicas de conducción de equipos y combinó el ejercicio privado con funciones de gestión pública, especialmente vinculadas a grandes proyectos de infraestructura urbana y de transporte, de acuerdo a su perfil profesional.

En agosto de 2025, Frugoni había sido designado Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo clave en la supervisión de servicios concesionados, lo que reforzó su perfil en áreas vinculadas a infraestructura y transporte a nivel nacional.

Quién es Fernando Herrmann

Fernando Herrmann llegó a la gestión pública el 22 de enero de 2026, cuando fue designado secretario de Transporte de la Nación en reemplazo de Luis Pierrini, quien había presentado su renuncia por motivos personales. 

Es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano en 1986 con orientación en sistemas constructivos especiales. Posee además un Executive Master in Business Administration (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), cursado durante la década del 90. Desde 1992 dirige el Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados, una firma dedicada a proyectos, dirección y gestión de obras de arquitectura en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a un perfil que publica Perfil.

Entre sus trabajos se encuentran la remodelación y ampliación de la Clínica Bazterrica, parte del diseño del Hotel MDQ, un edificio corporativo en Las Lomas, una casa en Los Nogales y el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre decenas de proyectos desarrollados junto a sus socios Hugo Fontán y Bernardo Miguens.

En paralelo, Herrmann fue socio gerente de Wilderstant SRL entre enero de 1990 y enero de 1992. Desde agosto de 2005 es socio gerente de Arquigrupo SRL. Entre 2008 y 2010 se desempeñó como gerente de construcciones en CS Salud.

En el ámbito docente, dictó la materia Proyecto y Diseño Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires entre 1990 y 1993 y también enseñó en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Entre 2004 y 2008, Hermann ocupó cargos en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo: primero como consejero, a partir de septiembre de 2004, y luego como tesorero, desde 2006.

Con información de agencias.

Intrigas, dólares y auspicios en el aterrizaje del chamán de Disneylandia

El 30 de enero de 2022 fue una fecha trascendente para Dante Gebel. Ese día inauguró el River Arena sobre la calle Broadway, en Anaheim, California. Desde 1950, esa ciudad es la sede de Disneyland, el primer parque temático de Walt Disney Comany. La River Church, cuatro pisos de estacionamiento, estudios de radio y TV, el River Café, un teatro, una librería y las oficinas administrativas de Gebel ocupan una manzana entera, a unos tres kilómetros del parque de Mickey y la Sirenita. Para Gebel, ese fin de enero coronó su propio día de la independencia, tras catorce años de vida en EE.UU.: dejaría de depender de recursos y permisos de otras iglesias evangélicas estadounidenses, y se sacaría de encima el alquiler itinerante de templos.

“Dios nos prometió 'les tengo un Arena propio', y así fue”, dijo el pastor a su feligresía.

Con toda esa fortuna enterrada en California, Gebel baraja un regreso a Buenos Aires, al menos momentáneo, y esta semana se ocupó de organizar su bienvenida.

En un viaje exploratorio, previo a una decisión sobre una candidatura presidencial que será tomada después del Mundial, Gebel inauguró un argumento novedoso, probablemente inédito en la historia de la política universal. Dijo que no opinaría de Javier Milei como persona porque es el Presidente, y como eso equivaldría a hablar en público de un jefe, es de sentido común no hacerlo. Es decir, entiende que el Presidente del país es su jefe. Por las dudas, tampoco se permitió evaluar ninguna medida de gobierno, porque él “respeta”.

En política puede haber opiniones chocantes, insultantes, descomprometidas, inteligentes, tontas, amigables o especulativas. La obediencia bloquea la crítica si se pertenece al mismo partido o proyecto político, y ello vale como razón para preferir el silencio. De lo que no hay registro es de un aspirante presidencial que considere como su “jefe” a quien —lo diga o no— quiere destronar de la Casa Rosada, y se valga de eso para no opinar.

El vuelo de Gebel desde el River Arena venía largamente promocionado. El predicador anunció su llegada a Buenos Aires el martes pasado, con una foto en un restaurante de Puerto Madero junto a su amigo y socio Mario Pergolini, y el CEO de su iglesia, Daniel Darling. Una iglesia con CEO, toda una rareza.

Ninguna encuesta conocida hasta ahora ubicó a Gebel como un candidato mínimamente competitivo, pero, por algún motivo, se generó un súbito interés por entrevistarlo. Una gira de tres días incluyó medios como América 24, Gelatina, Urbana Play, Radio Mitre e Infobae. Sumó unas diez horas de respuestas. Logro otro mérito llamativo. No brindó ninguna definición.

Pergolini como auspiciante, estrellas muy taquilleras —Susana Giménez, Adrián Suar, los Midachi, Marcelo Tinelli— que acuden a sus espectáculos motivacionales de dos horas y media de duración, políticos y sindicalistas peronistas y libertarios que viajan a Europa a sacarse una foto para analizar la realidad argentina en torno a una botella de agua, terminales en multimedios como Clarín e Indalo, una huella evangélico-manochanta omnipresente y exhibición de fondos ilimitados configuran un combo que dificulta la respuesta a las preguntas de qué representa y quién está detrás de Gebel.

¿La agenda social y la crítica a la violencia verbal que el político en ciernes esboza tenuemente sirven para dividir el voto opositor, llegar al oído del “no politizado” y arrinconar una propuesta nítida contra Milei, como podría ser la de Axel Kicillof? ¿La aparición de otro outsider, alguien que no-es-político, con penetración en el mundo evangélico, quita una tajada en el mercado del Soez? Gebel, ¿funciona a favor o en contra de Milei?

Las conclusiones son prematuras, probablemente contradictorias, pero hay señales de cómo es leído en el sistema de poder.

Trazos

Un analista con unos 50.000 seguidores en X (Twitter), afín al kirchnerismo y muy crítico del gobierno ultraderechista, fue contactado en la primavera de 2025 por un colega “del palo”. Le propuso un trato. Si tuiteaba un video de Gebel con alguna frase que denotara apoyo, le pagarían $50.000. Lo hizo avanzada la noche, y a las tres horas tenía ese monto transferido a su cuenta bancaria.

Esta semana, el analista recibió una propuesta similar de otro colega, también filokirchnerista. Debía reproducir fotos de los encuentros de Gebel con Pergolini y sus entrevistadores de la semana, a cambio de $100.000. La figura del pastor evangélico y conferencista había tomado otro cariz, y quien recibió la oferta tenía mayor holgura económica que un año atrás, por lo que decidió preservarse. Rechazó la propuesta.

¿Un caso aislado de una mano kirchnerista detrás de la promoción a Gebel? No. Medios de perfil opositor y crítico fueron sondeados por agentes de prensa de dirigentes que juran lealtad a Néstor y Cristina para promover al ilustre visitante.

La práctica del pago de posteos en redes sociales se hizo cotidiana. Comenzaron los famosos o “influencers” con “presencias” en restaurantes, spas, locales de ropa y otros emprendimientos comerciales, a veces a cambio de canjes, y otras de importantes cachets. Posteaban que les gustaba determinada marca y ganaban un dinero fácil. Eso se extendió a negocios turbios, como los esquemas ponzi y las apuestas online. La periodista de espectáculos Yanina Latorre contó en el verano que una vez pactó con Mauricio Novelli, el socio de Milei en la supuesta criptoestafa $LIBRA, una “recomendación” que ofrecía a incautos “ganarse US$5.000 en quince minutos”.

En los últimos tiempos, surgieron posteos auspiciados por opiniones políticas, económicas y sociales. Pueden leerse como forma de compensar los bajos sueldos periodísticos y docentes, o por lisa y llana corrupción. No hace falta más que leer los mensajes de un implacable elenco oficialista que ocupa horarios de gran audiencia, cuando sale en cadena a reproducir argumentos de la Casa Rosada, para “aclarar los hechos”, en coautoría con la ineficiente Oficina de Respuesta Oficial.

Hay consultoras que se dedican a construir el vínculo entre auspiciantes e individuos de las redes. Detectan el potencial cliente, transmiten el texto y transfieren el pago. A veces pautan parrafadas interminables para elogiar a un empresario, porque es “un buen ejemplo de superación y liderazgo”. No es más que un correlato atomizado del tradicional “chivo” o publinota en los medios, que —claramente— no murió. Un presidente de una empresa con mayoría estatal muy cercano a Milei ya lleva leída al menos media docena de perfiles personales en la gran prensa, escritos desde la profunda admiración que provoca su inigualable gestión, y desde allí se disparan elogios en las redes manifestados a título individual.

Gebel utiliza lo que supo cosechar en su trayectoria mediática y artística. En 2025, realizó varias presentaciones en el Gran Rex con “PresiDante”. Figuras de la tele, futbolistas, influencers y artistas se sintieron convocados a ese teatro del centro porteño, y los portales se ocuparon de difundir prolijas carpetas de prensa. Ese mismo año, el pastor condujo quince presentaciones de “Divina Noche” en Canal 13 (Grupo Clarín), y durante 2024 y 2025 estuvo a cargo de “Dante de 10”, por Radio 10 (Indalo), los domingos a las 22.

La fortuna de Gebel, que surge —según explicó— de sus espectáculos y la monetización de sus redes, le alcanza para darse una vida de jeque árabe, con traslados en avión privado y autos de alta gama. Ante cada paso que da en los medios, surge la duda de cuánto es genuino interés y cuánto compra de espacios. En el caso de Radio 10, su contratación desde 2024 fue sugerida por Jorge Rial y decidida por el entonces director, Sebastián Pedrón (hoy en Radio 750), con el objetivo de ampliar audiencia y generar contenidos con figuras famosas a las que entrevistaba Gebel, de modo de morigerar el perfil intensamente político de la emisora. Gebel se encargaba de la grabación del programa en su propio estudio en California y Radio 10 le daba amplio rebote a lo largo de su programación. La movida —resalta su responsable— se tradujo en mayor audiencia. Ahora, con el recambio de gerentes que supuso que Cristobal López se hiciera cargo del multimedios en 2025, en reemplazo de su socio Fabián de Souza, Indalo prefirió seguir de largo ante la agenda de Gebel de esta semana. No hubo entrevistas ni promociones en los medios de López.

“Un distinto”

La Sastrería, empresa de análisis político y encuestas, posó su mirada sobre Gebel. Elaboró un extenso informe titulado “El nacimiento de otro outsider”. El texto repasa su biografía, sus libros de autoayuda y el éxito del espectáculo “PresiDante”, y le concede elogios. “Una persona con visión”, “una historia de superación personal”, “un pastor distinto” y “mensajes de superación y fe”. Aunque La Sastrería —de los experimentados consultores Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli— reconoce que el influencer tiene alto desconocimiento público y carece de estructura social y política, arriesga una proyección: “El posible candidato de los 'ninguno'”, otra forma de llamar a la avenida del medio.

En la lógica de estrategas que miran con buenos ojos a Gebel, la gira de la semana le sirvió para “instalarse”, hacer que se hable de él, bien o mal. Ya habrá tiempo —estiman— para definiciones de algún calado. Bajo las condiciones de la politica de hoy, disponer de fondos para “generar conversación” en las redes es un punto de partida atendible.

El informe de La Sastrería sondea el mercado para un postulante no peronista y opositor a Milei, y anuncia que “la calle empieza a decir”: muestra pintadas con el apellido del evangélico que algún ser humano, por algún motivo insondable, decidió impregnar en paredes de Buenos Aires y alrededores. Quizás no se trate de fervor por Gebel que crece desde el pie sino de un pago desangelado a un grupo de obreros de la pintada.

Las cuentas en redes de La Sastrería y el propio Timerman pasaron del análisis al entusiasmo. “El Sr. @DanteGebelOk, sin lugar a dudas, tiene las condiciones de liderazgo que el rol de candidato a presidente requiere”, posteó el director de la firma.

El discretísimo armado político del pastor de Disneylandia se apoya por ahora en el cofundador de La Libertad Avanza y legislador de la Ciudad Eugenio Casielles, el secretario gremial de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, el ex PRO Yamil Santoro y pocas figuras más. Gebel desliza que tiene muchos más vínculos que prefieren una momentánea reserva. En estos días, se reunió con dirigentes sindicales y el gobernador cordobés, Martín Llaryora, a quien definió como “un tipo auténtico, macanudo”. Puede funcionar esa sociedad. Fuera de las fronteras de Córdoba, Llaryora, que lleva décadas de vida política, no es afecto a definiciones mucho más trascendentes que las que brindó Gebel en su incursión.

Una voz clave de la gobernación de la provincia de Buenos Aires tiene una respuesta sobre quién está detrás de Gebel. “Por supuesto que está impulsado por la UTE Massa/Máximo”. La fuente remite a la historia ya canonizada que alumbró a Milei, cuando sectores del peronismo —en especial del exministro de Economía— inflaron su figura y fiscalizaron sus votos en las primarias de 2023. Lo vieron como una forma de bloquear a los postulantes de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Cuando se dieron cuenta, el ultraderechista ya estaba camino a Casa Rosada.

“Las personas que andan promoviendo a Gebel son los mismos que puso la UTE —unión transitoria de empresas— Cámpora/Massa a armar a Milei”, y anotan en la lista al integrante del triunvirato de la CGT Cristian Jerónimo (Vidrio). El jueves, Gebel se encontró con él y otros tres pesos-pesado sindicales de excelente relación con el gobierno de Milei: Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Construcción) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). El silencioso clan Moyano, con fe evangélica en la mesa familiar, está ocupado en otras cuestiones no fotografiables.

Otra voz muy relevante del peronismo bonaerense puntualiza en los nombres de Sergio Massa y el principal ladero de Cristina, Oscar Parrilli, como principales motores de Gebel: “Viven al pedo haciendo ingenierías, y así lo hicieron presidente a Milei”.

El candidato de Unión por la Patria derrotado por el ultra en el ballottage de 2023 está convencido de que la disputa del año próximo será entre Milei y el peronismo, y no habrá espacio para terceros. En ese marco, Massa piensa que hay que multiplicar al peronismo y “guardar el rifle santiario”, en referencia a que no haya vetos, ni siquiera ante gobernadores que se transformaron en incondicionales del gobierno de La Libertad Avanza, como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, o exmacristas connotados como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.

Mientras eso se dirime, el excandidato presidencial valora que el principal opositor a Milei sea “el espejo de Milei”, que devuelve una imagen de corrupción y recesión.

Tanto Massa como Gebel afirman no haberse visto nunca. La pregunta que queda abierta es si —para Massa— ese “peronismo ampliado”, que debería dirimir el liderazgo en 2027, incluye al predicador de Disney.

En la lectura del entorno de Kicillof, la estrategia de que florezan mil candidatos, en un abanico ideológico difuso, de izquierda a derecha, entre tradicionales a outsiders, y el peronismo llegue al año próximo en estado asambleario y loteado entre provincias es una vía para que lo que algún referente llama la “UTE Cámpora/Massa” se apersone cerca de las elecciones y decida poner orden mediante una bendición.

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