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Resistencia a la licitación de la llamada Hidrovía: ambientalistas y oposición denuncian la entrega del río Paraná

La nueva licitación de la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay se convirtió en uno de los conflictos políticos, ambientales y geopolíticos más sensibles del año. Mientras el Gobierno avanza con el proceso para concesionar por 30 años el dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), organizaciones ambientalistas, pescadores artesanales, abogados especializados, referentes sociales y sectores de la oposición comenzaron a coordinar acciones judiciales y políticas para intentar frenarlo.

La disputa no gira solamente alrededor del dragado de un río. Lo que está en discusión es el control de una de las principales arterias comerciales de América del Sur: un corredor fluvial de 3.442 kilómetros que conecta Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y por el que circula buena parte de las exportaciones agroindustriales del continente.

“Una cosa es el Gobierno y otra cosa es el poder. Y quienes tienen el poder sobre nuestros ríos son empresas multinacionales como Cargill, Cofco y Viterra”, resume en declaraciones a diversos medios Luciano Orellano, uno de los principales referentes del Foro por la Recuperación del Paraná.

La resistencia creció con fuerza en los últimos días después de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, difundiera un dictamen donde identificó “irregularidades” en el proceso licitatorio impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Lo más importante de ese dictamen son las denuncias sobre el uso de documentos apócrifos. Reportes periciales indican que un supuesto informe técnico respaldatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es falso. Además, en el dictamen se insiste con la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental integral, problemas en el mecanismo de participación ciudadana y posibles falencias administrativas que podrían derivar incluso en consecuencias penales.

A partir de ese documento, las organizaciones Naturaleza de Derechos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello, para intentar suspender el proceso. La presentación judicial sostiene que el proyecto para profundizar el dragado del Paraná hasta 44 pies avanza sin estudios científicos suficientes sobre las consecuencias ecológicas que semejante intervención tendría sobre los humedales y el ecosistema fluvial.

Ecocidio

Para los sectores ambientalistas, el problema excede ampliamente una cuestión técnica. El Paraná constituye uno de los sistemas hídricos más importantes de Sudamérica y abastece de agua, pesca y trabajo a millones de personas. “No hay antecedentes de que algo así funcione porque nunca se hizo en ninguna parte del mundo. Hacerle esto al río es un ecocidio”, sostiene a la Agencia Tierra Viva la abogada santafesina Gabriela Ferrer, una de las impulsoras de las presentaciones judiciales contra la licitación.

La crítica apunta especialmente a la intención de profundizar el canal navegable por encima de los niveles actuales. Las profundidades máximas hoy oscilan entre 34 y 37 pies en distintos tramos del Paraná y el Río de la Plata, niveles establecidos tras la primera privatización de la Hidrovía durante el gobierno de Carlos Menem. El nuevo esquema busca llevar ese calado hasta 44 pies para permitir el ingreso de buques de mayor porte.

Según los especialistas que cuestionan el proyecto, semejante modificación alteraría de manera drástica la dinámica natural del río. La principal advertencia es que el aumento del dragado aceleraría el escurrimiento del agua y terminaría secando lagunas, bañados y humedales que funcionan como reservorios naturales. La situación preocupa especialmente en Entre Ríos y Santa Fe, donde distintas comunidades ya vienen denunciando consecuencias derivadas de las tareas de dragado realizadas desde los años noventa.

El guía de pesca y referente ambiental de Victoria, Javier Núñez, sostiene en declaraciones citadas por Análisis Digital que las dragas vienen depositando sedimentos sobre las bocas de ingreso de agua del delta entrerriano, afectando lagunas y humedales fundamentales para el ecosistema. “¿Nos van a dejar sin delta y sin miles de puestos de trabajo?”, se preguntó recientemente.

Núñez recordó que durante la bajante extrema de 2020 y 2021 la ciudad de Victoria estuvo cerca de quedarse sin suministro de agua potable. También advirtió que miles de familias viven de la pesca, el turismo y la ganadería de humedal y podrían verse afectadas por cambios profundos en el comportamiento del río.

La preocupación es compartida por pescadores artesanales del litoral. Nelson Yapura, pescador de la costa santafesina, sostiene que el dragado amenaza directamente el ciclo reproductivo de numerosas especies. “Si secamos los humedales, esos peces van a desaparecer”, alertó. Según explica, gran parte de las especies del Paraná desovan en el cauce principal y luego utilizan lagunas y bañados para desarrollarse. La alteración de esos ambientes pondría en riesgo tanto la biodiversidad como la subsistencia económica de comunidades enteras que dependen del río.

Soberanía nacional

Pero el conflicto no se limita al plano ambiental. La oposición y distintos especialistas comenzaron a instalar la discusión en términos de soberanía nacional, control del comercio exterior y concentración económica.

El diputado nacional y excanciller Jorge Taiana encabezó esta semana una reunión en el Congreso junto a legisladores de Unión por la Patria, sindicalistas, especialistas y activistas ambientales para reclamar la suspensión de la licitación. Allí también se volvió a impulsar la necesidad de avanzar con el Canal Magdalena, el histórico proyecto para conectar el sistema fluvial argentino con el Atlántico sin depender del puerto de Montevideo.

Para quienes cuestionan el actual esquema de la Hidrovía, el Canal Magdalena representa mucho más que una obra de infraestructura. Lo consideran una herramienta clave para recuperar capacidad logística, fortalecer la marina mercante nacional y evitar que gran parte del comercio argentino siga dependiendo de puertos extranjeros.

La crítica aparece ligada además al modelo de privatización portuaria consolidado desde los años noventa. Actualmente, buena parte de los puertos sobre el Paraná están bajo control privado y vinculados a grandes multinacionales agroexportadoras.

Por el corredor fluvial circulan cerca de 100 millones de toneladas anuales de granos, aceites, minerales y combustibles. Según distintos referentes que cuestionan el modelo actual, el control estatal sobre lo que efectivamente sale del país es extremadamente limitado. “El 98 por ciento de los buques que circulan por nuestras aguas son de bandera extranjera”, advierte Orellano.

Narcotráfico

En ese punto aparece otro de los ejes más sensibles del debate: el narcotráfico y el contrabando. Diversos especialistas y dirigentes vienen denunciando desde hace años que la combinación entre puertos privados, escasos controles estatales y enorme volumen exportador convirtió al corredor del Paraná en una de las principales rutas utilizadas para el tráfico internacional de cocaína.

Rosario, principal nodo agroexportador del país, quedó en el centro de múltiples investigaciones judiciales vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero. Distintos sectores críticos del modelo de Hidrovía sostienen que la falta de presencia estatal en puertos y terminales privadas facilita maniobras de contrabando y tráfico ilegal.

Aunque el tema no aparece de manera explícita en los pliegos licitatorios, especialistas en soberanía fluvial advierten que la discusión sobre quién controla la navegación y los puertos no puede separarse de la problemática de la seguridad.

“El que maneje el río Paraná maneja la riqueza de la Argentina”, resumió el diputado provincial santafesino Carlos del Frade, uno de los principales críticos de la privatización de la Hidrovía. Del Frade sostiene que detrás de la discusión técnica existe una disputa geopolítica mucho más profunda vinculada al control de recursos estratégicos, alimentos y comercio internacional. Incluso denunció la influencia de actores extranjeros y cuestionó acuerdos vinculados al Comando Sur de Estados Unidos.

La idea de que el Paraná constituye una pieza central en la disputa global por alimentos y recursos también aparece en los discursos de organizaciones que impulsan las remadas en defensa del río.

Durante marzo se realizó la segunda travesía náutica Remar Contracorriente contra la privatización del Paraná, una movilización que recorrió distintos puntos del litoral para denunciar las consecuencias ambientales y políticas de la nueva concesión. Allí confluyeron organizaciones socioambientales, comunidades costeras, pescadores, referentes indígenas y activistas que intentan instalar la discusión pública sobre el futuro del río.

Mientras tanto, el Gobierno continúa avanzando con la licitación bajo el argumento de que la modernización de la Vía Navegable Troncal es indispensable para mejorar la competitividad exportadora y reducir costos logísticos.

Pero la resistencia crece. Las organizaciones ambientalistas ya preparan nuevas presentaciones judiciales, mientras que desde la oposición buscan llevar la discusión al Congreso y convertir el tema en uno de los grandes debates políticos alrededor del modelo productivo, la soberanía y el control de los recursos estratégicos del país. Porque detrás de la discusión sobre dragas, puertos y peajes, lo que empieza a emerger es una pregunta mucho más profunda: quién controla el río por donde sale buena parte de la riqueza argentina.

Con información de Análisis Digital y Agencia Tierra Viva

CRM/MG

Defender la tierra desde el territorio

El lema del Día de la Biodiversidad de este año es «Actuar localmente para lograr un impacto global». Pero esta frase no puede ser abordada como un simple eslogan o una frase decorativa para el calendario ya que conlleva una fuerza que es palpable en cada territorio que resiste frente a la devastación de la naturaleza. 

Para Argentina, estas palabras representan un llamado de acción crítico y urgente. Mientras organismos internacionales alertan sobre una crisis sin precedentes a escala planetaria —con un millón de especies en peligro de extinción de acuerdo a datos de la ONU—, en el país la pérdida y la afectación de la biodiversidad se traduce a nombres propios, impunidad de empresas y gobiernos y cicatrices profundas sobre los ecosistemas que difícilmente puedan ser remediadas.

Es evidente que las grandes catástrofes ecológicas globales se ejecutan en lo local. Cuando se avanza sobre la destrucción de hábitats críticos, se genera un efecto dominó que repercute en todo el planeta y que pone en evidencia la emergencia climática que estamos atravesando, la pérdida irreversible de especies, por ejemplo los polinizadores o la alarmante disminución de fuentes de agua dulce. En la Argentina, esta destrucción silenciosa ocurre ante nuestros ojos. Por ello, es fundamental el rol de la sociedad civil para fiscalizar y denunciar los crímenes ambientales que atentan contra las poblaciones, el ambiente, los bienes comunes y la fauna y la flora nativa. 

Asistimos a la destrucción impune de hábitats que son el refugio de la vida silvestre. Un claro ejemplo de ello fue la masacre de pingüinos de Magallanes en el Área Natural Protegida Punta Tombo ocurrida en 2021, reflejo crudo de cómo la codicia o la negligencia local pueden desvastar en minutos el ciclo reproductivo de colonias enteras de especies migratorias. Afortunadamente, la justicia local pudo aseverar la gravedad del daño y condenó al responsable por los cargos de daño ambiental agravado y crueldad animal. 

Por otro lado, la biodiversidad no se limita únicamente a las especies más visibles o carismáticas. Existe una microfauna del suelo y ecosistemas invisibles para el ojo humano que sostienen nuestro bienestar y que hoy mueren en silencio debido a la desidia de empresas y la complicidad de los gobiernos. Lo vemos en la contaminación de acuíferos provocada por un pozo petrolero abandonado en Pichanal, Salta, o en el vertido ilegal de agroquímicos en el Río Paraná por parte de empresas como Atanor, que operaba en San Nicolás, Buenos Aires. Estas acciones atentan de manera directa contra derechos humanos fundamentales y metas globales urgentes, ya que afectan directamente la salud, el bienestar y el acceso al agua limpia de comunidades enteras.

A su vez, la deforestación y los incendios en el Gran Chaco y los bosques Andino Patagónicos —impulsados por un lado por la negligencia y por otro por la intencionalidad fomentada por el avance de las topadoras para la frontera ganadera y sojera— no solo eliminan polinizadores clave para la agricultura sostenible como mariposas, colibríes, abejas y abejorros, sino que atacan directamente la soberanía alimentaria y el sustento de comunidades indígenas y campesinas.

No hay posibilidad alguna de alcanzar un futuro sostenible si seguimos tratando a la naturaleza como una zona de sacrificio y un recurso inagotable a explotar. La protección ambiental no es un lujo; es el soporte vital para la sociedad. Es por ello que la acción local es fundamental. A lo largo y ancho del territorio, hay vastos ejemplos: la ciudadanía y las asambleas movilizadas, las organizaciones de la sociedad civil como actores fundamentales en la defensa de la Naturaleza y la comunidad científica que aporta valiosa evidencia desde el terreno. 

La biodiversidad local es un patrimonio colectivo innegociable. Es hora de entender que salvar el planeta exige, de manera obligatoria, empezar por defender cada rincón de nuestra propia tierra.

El autor es Licenciado en Ciencias Biológicas y especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina 

Milei anunció una baja de retenciones a la soja, la cebada y el trigo

El presidente Javier Milei sostuvo este jueves que “es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas”. Así se expresó al inicio de su discurso por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde anunció la baja de retenciones al trigo, la cebada y la soja.

La medida anunciada por el presidente alcanzará al trigo y la cebada, cuyas retenciones bajarán del 7,5% al 5,5% desde junio. Además, a partir de enero próximo, la soja tendrá una reducción gradual de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales mensuales, dependiendo de los niveles de recaudación. También se anunciaron beneficios y novedades para los sectores automotriz, petroquímico y de maquinaria.

“A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos”, precisó.

“No solamente vamos a bajar retenciones al sector agripecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la indsutria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero”, anunció.

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno seguirán “bajando retenciones” y “achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”. 

“Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad”, exhortó. El presidente volvió a sostener que “los impuestos son un robo” y que “nadie los paga por gusto”. “Entonces nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos”, destacó.

“Llegamos al gobierno para reivindicar la libertad económica”, dijo el jefe de Estado. Tras señalar que es “imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas”, dijo que “no se trató de un mero descuido ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo”.

En ese sentido, denunció “un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”.

En otro orden, Javier Milei destacó que el norte del Gobierno es bajar impuestos, pero advirtió que para hacerlo “de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico”. 

“El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado”, advirtió ante los empresarios que se dieron cita.

Y agregó: “En medio de un programa que funcionaba con una economía que venía creciendo al 7% mensual y la inflación cayendo 1,5% mensual, la oposición nos tiró 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. Generó pánico y provocó una dolarización del 50% de los pesos que circulan en nuestra economía”.

En ese sentido, volvió a denunciar que la oposición ejecutó un intento de “golpe de Estado” durante el año pasado.

“Básicamente lo que ocurrió es que ese intento de golpe de Estado coordinado entre la política con siete pedidos de juicio político, con intentos de descontrol en la calle, más algunos que se resisten al cambio y quieren mantener el statu que que hundió a los argentinos de bien con la complicidad de los medios”, evaluó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“Dada la aceleración en la tasa de inflación, eso disparó la tasa de interés, y eso cortó el sesgo de crecimiento que tenía la Arngeitna y mientras se frenaba la demanda tuvimos que enfrentar una corrida como nunca antes vista en la historia argentina”, recordó y agregó que “el tamaño del ataque” recibido “equivale a 70 mil millones dólares”. 

“Jamás en la vida se vio un ataque de semejante magnitud y jamás pudo la Argentina resistir como resistido gracias a este maravilloso modelo que diseño Toto Caputo”, destacó Javier Milei.

Siguiendo con el tema, destacó que “sin embargo, no sólo que nos pusimos de pie sino que además no pudieron violentar el modelo cambiario”.

“Argentina tiene la recesión más loca del mundo porque acaba de mostrar un crecimiento del 5,5 interanual y 3,5 desestacionalizado rompiendo el máximo histórico de la variable”, ponderó.

El presidente también hizo hincapié en “el crecimiento de las exportaciones que fue del 33%, haciendo un nuevo récord histórico”. “No vamos a parar hasta exterminar esa maldicion qu epesa sobre la Argneitna que es la inflación”, prometió.

“Nos tratan de crueles pero bajamos la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos”,remarcó, y señaló que “todo esto fue posible gracias al ajuste fiscal que hicimos”.

Para Milei, todas estas cosas “demuestran que este Gobierno tiene tremenda gestión”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El FMI aprobó la revisión del acuerdo y liberó US$1.000 millones para Milei y Caputo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por un total de US$20.000 millones, una decisión que permitirá destrabar un nuevo desembolso de US$1.000 millones para el país.

La medida representa un respaldo del organismo multilateral al rumbo económico que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei en medio de las negociaciones por la estabilidad financiera.

Desde el FMI destacaron el “impulso reformista” impulsado por la administración de Javier Milei, además de las mejoras registradas en materia monetaria y cambiaria durante los últimos meses.

El organismo consideró que las políticas implementadas permitieron avanzar en la reducción de desequilibrios macroeconómicos y en la consolidación del programa acordado entre ambas partes.

La aprobación de esta revisión era seguida de cerca por el mercado y por el equipo económico, ya que el desembolso forma parte de los compromisos previstos dentro del nuevo entendimiento alcanzado con el organismo internacional.

Un sindicato denuncia que el titular de ARCA ascendió a 246 funcionarios por "amiguismo"

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, dispuso este lunes 246 recategorizaciones al alza en el escalafón del organismo. La medida despertó polémica. La Unión del Personal Superior de la agencia (UPS), que encabeza Julio Estévez, emitió un comunicado titulado “La arbitrariedad no es política de recursos humanos” que advierte que “en un acto que carece de toda razonabilidad y sustento administrativo, se han asignado subas de escalafón de manera discrecional, vulnerando el convenio colectivo de trabajo y premiando el amiguismo por encima del mérito”.

En la lista de ascensos en la Dirección General Impositiva (DGI) y la Aduana figuran Yael Bialostozky, vocera del ministro de Economía, Luis Caputo, y Nicolás Velis, hijo del jefe aduanero, José Velis. “No cuestionamos la valia personal de quienes integran la lista, pero resulta inadmisible e injusto para el resto de los compañeros que día a dia sostienen una recaudación en caída libre desde hace doce meses”, apuntó la UPS.

“Nada que comentar porque ese gremio no tiene personería gremial, no está avalado jurídicamente”, respondieron en ARCA ante la consulta de elDiarioAR. No es el primer ascenso polémico decidido por Vázquez: en enero su esposa, María Eugenia Fanelli, fue promovida a subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana de la DGI. No es tampoco la primera polémica en torno del jefe del organismo que debería combatir la evasión: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió el mes pasado su indagatoria por ocultar propiedades en Miami con un valor mayor a US$2 millones.

“Es la propia superioridad –el Ministerio de Economía, en el presupuesto de ARCA 2026– la que reconoce por escrito que el Fisco Nacional padece un 'ecosistema tecnológico obsoleto' y una 'gestión de talento limitada' con serios problemas para retener personal calificado”, continuó la UPS. “Ante este diagnóstico lapidario, la respuesta de Vázquez es profundizar la grieta interna con designaciones a dedo. Señor director: no se beneficia a unos manipulando un convenio y postergando a la mayoría en medio de una paritaria cerrada y una recomposición salarial adeudada al 100% de la planta. No se usa una organización de profesionales de carrera como si fuera la caja de un barrabrava donde se premia al más amigo. No se compran voluntades con grupos discrecionales, ni se expone a los allegados al escarnio de sus propios pares.”

“No se despedaza a la mejor organización del Estado –orgullo en foros internacionales– permitiendo la pérdida de más de 4.300 funcionarios, mientras se premia a quienes debieron frenar las barbaridades administrativas que nos trajeron hasta aquí”, siguió el sindicato. “No se pretende que los verdaderos hacedores de la recaudación se comporten como mendigos a la espera de un próximo revoleo de grupos.”

“Mientras se firman estas subas injustificadas, sigue pendiente la exigencia de este gremio para el reencasillamiento de todos los funcionarios de determinaciones de oficio y de penal, así como de aquellos que cumplen funciones de investigación y fiscalización bajo el principio de igual tarea, igual remuneración”, advirtió el gremio. “Las administraciones salientes solían cometer estas arbitrariedades al retirarse; si esta no es su despedida, no puede admitirse como política de gestion”, prosiguió la entidad liderada por Estévez, en la que también militan María Laura Struba, Ricardo Prado, Mirta Vallejos Quiroz, Maximiliano Dajos, Gerardo Gola, Mariana de Alva -esposa de Ricardo Echegaray, exjefe K y actual empleado de ARCA-, Guilermo Tabellione, Florencia Barbieri, Verónica Laurenzi, Luis Faggiani y Néstor Grau.

AR/MG