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Lilia Lemoine al frente de Juicio Político: Karina eligió a su vocera más aguerrida para blindar a Milei

“Los antecedentes son de público conocimiento”, sintetizó, escueto, el jefe de bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, cuando le tocó proponer a Lilia Lemoine como la presidenta de Juicio Político. La diputada no se lo recriminó, a pesar de que las defensas del resto de las autoridades libertarias habían sido más vehementes, sino que celebró haber sido votada por la mayoría de la comisión y subió rauda a tomar su lugar en la presidencia. Agradeció la responsabilidad y dio por finalizada, en menos de media hora, la única reunión que espera que tenga la comisión de Juicio Político en la gestión de Javier Milei. 

Karina Milei eligió a su lanzallamas preferido para blindar a su hermano en la comisión que se encarga de impulsar el proceso de enjuiciamiento contra el presidente, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema. Lemoine es amiga personal de Karina, de quien supo ser cuñada también en 2020, cuando la ex cosplayer todavía estaba en pareja con Milei. Desde entonces, la diputada libertaria integra el círculo íntimo de los hermanos y es una de las pocas personas que goza, junto a los Menem, de la confianza de Karina.

Aunque Karina no siempre puede “controlarla”, como admiten cerca suyo, Lemoine es la vocera más aguerrida de la gestión libertaria. Ya sea para cazar “traidores” en nombre de Karina o para defender a los dirigentes y funcionarios caídos en desgracia que ya nadie en La Libertad Avanza quiere sostener. Sucedió, al principio, con José Luis Espert cuando se conoció su relación con “Fred” Machado. Y sucede, ahora, con Manuel Adorni.

Operativo blindaje

La designación de Lemoine al frente de la comisión de Juicio Político tuvo como objetivo subsanar un error de cálculo fundacional de la gestión libertaria: la elección frustrada de Marcela Pagano, a principios de 2024, como presidenta de la comisión. Una designación que contó con el visto bueno de Milei pero no en el de su hermana y que llevó al descabezamiento de Oscar Zago de la presidencia del bloque, que fue quien había designado a Pagano, y a la parálisis de la comisión durante dos años. 

Martín Menem nunca reconoció oficialmente la designación de Pagano, quien fue votada por la mayoría de los presentes –incluido el peronismo– pero nunca logró asumir el cargo. El presidente de la Cámara de Diputados, entonces, mandó una nota formal suspendiendo la convocatoria cinco minutos antes de su realización y, luego, desconoció a las autoridades. 

El desplante a Pagano suscitó la primera grieta interna en LLA, y llevó a que la diputada se alejara de LLA. Enemistada con Lemoine, quien suele cruzarla casi a diario en redes sociales, Pagano está al frente de la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni: fue ella quien denunció que el jefe de Gabinete tenía una propiedad no declarada en un country en Exaltación de la Cruz y quien deslizó que una casa en Martínez, que cuenta con custodia policial, podría ser también de Adorni. La ex conductora no participó de la nueva conformación de la comisión de Juicio Político, pero Lemoine no perdió oportunidad para burlarse de ella en su cuenta de Twitter. 

Karina eligió a su espada más combativa para proteger a Milei frente a las causas más sensibles que afectan al Gobierno, como el caso $LIBRA y las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Hasta el momento hay más de media docena de pedidos de juicio político presentados contra el presidente vinculados a $LIBRA, pero también por el alineamiento con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, el incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. 

“Es importante que nos confirmen si el martes que viene vamos a empezar a tratar estos expedientes. Si deciden bloquear esta comisión eso no impide que el recinto vote un emplazamiento con mayoría simple. Hoy puede ser que no tengamos número en el recinto pero su desgobierno se va a ocupar de que lo consigamos”, advirtió Juan Marino, del bloque Unión por la Patria, quien ya tiene presentados dos pedidos de juicio político contra Milei por el caso $LIBRA y por la guerra en Irán.

La advertencia de Marino fue un mensaje: el peronismo sabe que no tiene el número para avanzar con un juicio político contra el presidente –ni tampoco el consenso interno–, pero apuesta a aprovechar la debilidad del Gobierno por el escándalo patrimonial de Adorni para presionarlo en el Congreso. Hay presentados, además, varios pedidos de interpelación contra Karina y el jefe de Gabinete, y la oposición planea utilizar todas las herramientas que tiene a mano. 

“Esperemos que esta no sea la última reunión”, sumó, sobre el final de la reunión de comisión, Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, quien denunció que no se hubiera incluido a la izquierda en la comisión. 

Ni Lemoine ni el resto de las autoridades libertarias de la comisión, como Sebastián Pareja y Nicolás Emma, respondieron a las provocaciones. Después de unas pocas intervenciones, Lemoine dio por finalizada la reunión de comisión y convocó a todos los diputados libertarios a sacarse una foto. “Viva la libertad carajo”, gritó Karen Reichardt, y el resto de la bancada libertaria –entre los que habían varios ex PRO, como Silvana Giudici y Damián Arabia– respondieron: “¡Viva!”

El kirchnerista Rodolfo Tailhade, que los miraba con sorna, chicaneó: “Linda foto con el abogado de Burford”. Hacía alusión a Alejandro Fargosi, cuyo estudio de abogados actuó como representante en la Argentina del fondo Burford Capital en el juicio por la nacionalización de YPF durante el kirchnerismo. Fargosi argumenta que abandonó el estudio antes del juicio, pero igual se irritó, le respondió a los gritos y Tailhade abandonó, risueño, la comisión.

MCM/MC

Reforma de la Ley de Glaciares: fuerte crítica de la Iglesia a las audiencias públicas

En medio de la discusión por posibles cambios en la Ley de Glaciares, los obispos de la región Patagonia-Comahue hicieron público su malestar por la forma en se desarrollaron las instancias de participación en el Congreso. A través de un comunicado y declaraciones puntuales, señalaron que el proceso presentó serias deficiencias que afectan la intervención de la ciudadanía.

Uno de los pronunciamientos más enfáticos fue el del obispo de Rawson, Roberto Álvarez, quien sostuvo que las irregularidades observadas no son excepcionales, sino parte de un patrón que —según indicó— se repite desde hace años en distintos debates vinculados a cuestiones ambientales en la Patagonia.

Desde la mirada de los prelados, las audiencias públicas no cumplieron su función de canalizar opiniones de manera abierta y equitativa. En cambio, describieron un escenario en el que se restringió la participación, se alteraron las condiciones del debate y se generaron situaciones que desalientan la libre expresión.

Entre las situaciones cuestionadas, mencionaron la exclusión de oradores, dificultades para acceder a los recintos y la presencia de intervenciones no previstas. También aludieron a mecanismos de presión que, según afirmaron, buscaron incidir en el desarrollo de las discusiones y en las posturas de quienes participan.

El documento difundido advierte que este tipo de prácticas no se limita al ámbito legislativo nacional, sino que se replica en distintas localidades de la región. Allí, aseguran, se suman condicionamientos de tipo económico y social que influyen sobre comunidades y autoridades locales.

En ese contexto, los obispos vincularon el debate legislativo con intereses asociados a la actividad minera y a otros proyectos extractivos. A su entender, estas iniciativas se presentan como alternativas de desarrollo, pero generan tensiones con la protección del ambiente y los recursos naturales.

La preocupación central de la Iglesia en la Patagonia está puesta en la preservación del agua, considerada un recurso estratégico para la vida en la región. En esa línea, advirtieron que cualquier modificación que afecte áreas protegidas podría tener consecuencias directas sobre poblaciones que dependen de esos ecosistemas.

Además, cuestionaron el rol de los representantes políticos, al considerar que no se está garantizando una adecuada representación de las demandas sociales en un tema de alto impacto. Según expresaron, el debate debía contemplar de manera efectiva la voz de las comunidades involucradas.

Los prelados también apuntaron a la influencia de actores externos en la discusión, al señalar que muchas de las decisiones en torno a estos proyectos no contemplan la realidad local ni las necesidades de quienes habitan el territorio.

Frente a este escenario, reafirmaron su postura en defensa del ambiente y de las condiciones de vida en la Patagonia. En particular, insistieron en la necesidad de resguardar los recursos hídricos y evitar decisiones que puedan comprometerlos a largo plazo.

El pronunciamiento concluye con un llamado a mejorar la calidad del debate público y a garantizar instancias de participación genuinas, en un contexto que consideran atravesado por tensiones entre desarrollo económico y cuidado ambiental.

El comunicado de los obispos

“Con muchísima pena hemos visto el modo de resolver lo que debería ser la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares, convocada por la Cámara de Diputados de la Nación, la cual debería cumplir con lo exigido por distintos acuerdos e instancias legales que ya habían sido salteados por la Cámara de Senadores de la Nación. 

No nos es ajeno el modo de resolver que tuvieron quienes debieran hacer oír la voz del pueblo para así después poder “deliberar y gobernar” de modo legítimo; ya hemos visto la misma metodología desarrollada a lo largo y a lo ancho de toda la Patagonia cuando se trata algún tema ambiental que toca intereses de proyectos mineros: cercenar y anular intervenciones, impedir ingresar al recinto donde se desarrolla el debate, desestabilizar oradores e incluso incorporar a algunos que no estaban en la lista. 

Esas estrategias de manual son llevadas a cabo, de modo sistemático desde hace décadas, en pueblos, parajes y localidades de nuestro territorio. Aquí -en poblaciones pequeñas- también despliegan presiones económicas, laborales e incluso afectivas; recurren a promesas y dádivas. Ni qué decir cuando amedrentan llenando los lugares de las asambleas y sus alrededores con personas movilizadas, expertas en generar ruido y miedo. 

Recorren los lugares, copan canales de televisión y diarios con futuros promisorios, denostan a quienes podemos tener dudas, preguntas y hacer advertencias, llevándonos al lugar de ser promotores de la pobreza y estar en contra del progreso. Otras veces nos acusan de fundamentalistas, o de tener sesgos ideológicos o partidarios.

Es su misma metodología atropelladora y abusiva la que desde siempre hace dudar que tengan otro interés que ellos mismos; y cuando convencen a nuestros gobiernos, asfixiados por economías que ellos han ayudado a quebrar, siembran la idea de que es eso o el descalabro final. 

Ninguno de ellos respira nuestro aire: están a miles de kilómetros; tampoco beben o se nutren del agua de nuestros ríos. Porque de eso se trata: del aire y del agua. Ambas valen más que el oro, la plata, el dinero o un pseudo progreso que no respeta los estándares que en sus mismos países de origen les exigen. 

Queremos un futuro mejor para todos. Son los que han tenido distintas responsabilidades en los poderes del Estado quienes nos han llevado a esto; no quieran sacarnos del lugar donde han dejado a la Argentina pidiéndonos que entreguemos lo poco que nos queda y distingue a la Patagonia: sus ríos y lagos. Su agua. 

Ya ahogaron la voz de infinidad de anotados, la voz de un pueblo. Ya enrarecieron el debate; no nos intoxiquen también el aire“.

Con información de medios

JIB

La Justicia citó a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento en Caballito de Adorni

La escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien certificó la compra del departamento de Caballito que hizo, Manuel Adorni, fue citada a declarar en la causa que por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario jefe de Gabinete. Nechevenko fue llamada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación de la adquisición de la propiedad por un valor de US$230.000.

Según los registros de la propiedad, Adorni compró el departamento con una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas vendedoras de la unidad, dos jubiladas que, según dijeron en una nota de La Nación, no conocían al jefe de Gabinete.

El inmueble está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio. Se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de USD 230.000, de los cuales la pareja —Adorni y su esposa, Bettina Angeletti— habría abonado una parte en efectivo, financiando el resto.

Esta adquisición se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes de la familia, como la compra en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.

El pasado 27 de marzo, el jefe de Gabinete quedó imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal  Pollicita diera impulso a la acción penal.

Según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR, el fiscal solicitó la medida para avanzar con la investigación del patrimonio del funcionario y requirió una batería de doce medidas de prueba para analizar la evolución de sus bienes y movimientos económicos.

El objetivo es reconstruir su situación patrimonial y determinar si existen inconsistencias o un eventual incremento no justificado, en el marco de una causa que se encuentra en una etapa inicial.

MG

Dos mujeres figuran como acreedoras de la hipoteca del departamento de Caballito donde vive Adorni

Dos mujeres que figuran en el Registro de la Propiedad como acreedoras de la hipoteca utilizada por Manuel Adorni para comprar un departamento en Caballito negaron conocer al jefe de Gabinete. Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes fueron consultadas por la prensa luego de que sus nombres aparecieran vinculados a la operación inmobiliaria.

Según la documentación difundida este lunes, la compraventa fue firmada el 18 de noviembre de 2025 y quedó inscripta por US$230.000. 

En ese mismo acto se asentó una hipoteca no bancaria por US$200.000, con Viegas y Sbabo como acreedoras del 50% cada una, lo que implica que habrían financiado casi el 90% de la operación del inmueble ubicado sobre la calle Miró al 500. Ambas mujeres, según los registros, habían adquirido la propiedad meses antes, en mayo de 2025, por US$200.000.

Viegas, de 72 años, fue consultada por el diario La Nación y negó conocer a Adorni. El mismo medio intentó contactar a Sbabo, de 64 años, y una mujer que atendió su teléfono celular evadió las preguntas del periodista.

De acuerdo a la información que brindó La Nación, Viegas, viuda y de 72 años, fue socia de la empresa Nazca Gold SRL, que tiene como objeto “ejecutar toda clase de obras públicas y privadas, quedando incluidas todas las actividades de mantenimiento, construcción, reciclaje, remodelación, reparación de infraestructura, señalización, montaje” y actividades inmobiliarias tales como “compra, venta, permuta, hipoteca”. 

En tanto, Sbabo, de 64 años, casada, afiliada al PAMI, tuvo una relación de dependencia con una editorial y no registra actividad empresarial.

La revelación sumó un nuevo capítulo a la polémica sobre la evolución patrimonial del funcionario, quien la semana pasada sostuvo en una conferencia de prensa en la Casa Rosada que su patrimonio fue construido en el sector privado y que no tenía “nada que esconder”. 

Sin embargo, en esa aparición evitó dar precisiones sobre compras recientes y otros movimientos patrimoniales que quedaron bajo la lupa pública.

El caso quedó envuelto además en un contexto de creciente presión política y judicial sobre Adorni. De acuerdo con reportes periodísticos, la Justicia analiza su situación patrimonial, mientras que el funcionario no había respondido, al cierre de esas publicaciones, consultas puntuales sobre los detalles de la compra del departamento y la estructura de financiamiento asentada en los registros oficiales.

Con información de NA.

Adorni compró un departamento en Caballito por USD 230.000 con una hipoteca privada

A poco más de dos años de su desembarco en la gestión pública, el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa. Según los registros de la propiedad inmueble, el funcionario nacional adquirió en noviembre pasado un departamento de amplias dimensiones en el barrio porteño de Caballito, mediante una modalidad de financiamiento que ya despierta interrogantes: una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas vendedoras de la unidad.

El inmueble está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio. Se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de USD 230.000, de los cuales la pareja -Adorni y su esposa, Bettina Angeletti- habría abonado una parte en efectivo, financiando el resto.

Lo llamativo del caso radica en el instrumento de pago. El matrimonio suscribió una hipoteca por US$ 200.000 con dos personas físicas. Estas particulares habían comprado el departamento apenas meses antes, en abril de 2025.

La compra se concretó en un momento político sensible para Adorni, apenas 14 días después de que fuera nombrado jefe de Gabinete de la Nación. Esta adquisición se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes de la familia, como la compra en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.

Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en la evolución de los activos del vocero reconvertido en ministro coordinador.

Desde el entorno del integrante del Gabinete sostienen que no existe irregularidad alguna. El funcionario ha reiterado en diversas oportunidades que sus bienes son fruto de 25 años de actividad en el sector privado y que toda su documentación está en regla y a disposición de la Justicia. Y más allá de las versiones que lo dan fuera del Gobierno, en Balcarce 50 juran que el ex candidato a legislador está firme en el cargo

“Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria”, expresó una fuente con acceso al despacho presidencial.

Con información de la agencia NA