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El debate legislativo sobre los fondos de financiamiento para 2025 intensificó la efervescencia dentro de la comunidad educativa universitaria, que viene multiplicando las protestas en los últimos días y ya tiene la convocatoria de una nueva huelga en todo el país.
Desde comienzos de esta semana, el Gobierno está defendiendo en el Congreso el texto del Presupuesto 2025, por medio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del director ejecutivo de la ANSES, Mariano Salvador de los Heros.
En este contexto, los reclamos por el financiamiento de las universidades públicas tienen un ojo puesto en el Congreso y otro en las facultades y las calles, donde cada día se vuelve un poco más grande la ola de protestas contra las políticas del Ejecutivo en relación con las casas de altos estudios y su financiamiento.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la institución que agrupa a los rectores de las universidades públicas, señaló que estos no han recibido invitaciones por parte de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside el libertario José Luis Espert, para participar en las discusiones sobre el presupuesto del año próximo, lo que incrementa aún más la tensión en el conflicto.
Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, y el posterior bloqueo que el oficialismo y sus aliados del PRO y el MID lograron al intento de la oposición más dura de insistir en la sanción de la norma, los estudiantes y docentes no han dejado de movilizarse, organizando clases públicas, cortes de calles y cacerolazos.
Mientras tanto, no pasa un día sin que el presidente Milei lance diatribas contra las universidades públicas y en todo el país se suceden las tomas de facultades y se avanza en la convocatoria de un nuevo paro nacional.
El secretario de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Agustín Romero, afirmó que ayer se celebraron más de 30 asambleas en todo el país para definir acciones concretas que se sumarán a las tomas de facultades en curso contra el recorte de la administración libertaria.
“Pueden ser ruidazos, cacerolazos educativos, clases públicas en los diferentes horarios y otros tipos de acciones”, afirmó el dirigente estudiantil. “Todo conduce a unir a todas las facultades en un mismo plan de lucha para preparar una nueva marcha educativa".
En relación a los reclamos del Gobierno para que la universidades sean auditadas, el referente estudiantil afirmó: “Si invitaran al conjunto de estudiantes, a docentes y no docentes nos daríamos cuenta que plata no sobra, es lo que falta para becas, para transporte, para los viáticos de transporte, para el comedor universitario, para los docentes ad honorem que tenemos”.
Por último, destacó que el componente más relevante de alumnos que estudian en las universidades son trabajadores o hijos de trabajadores, afirmando que lo que esconde el presidente con sus críticas es su intención de “una universidad no pública para unos pocos”.
En relación con el último caballo de batalla discursivo de Milei contra las universidades (“son solo para ricos”), los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) revelan que dos de cada tres estudiantes de universidades públicas provienen de los sectores más bajos de la población.
De esta manera, la narrattiva de que los pobres no acceden a la educación superior se confronta con la realidad de que el 48% de los estudiantes de universidades públicas vive por debajo de la línea de pobreza.
Hasta el momento, 28 facultades de distintas universidades permanecen tomadas, y los estudiantes continúan escalando las protestas en todo el país.
Por su parte, el Frente de Docentes de las Universidades (Fedun) confirmó un paro nacional para este jueves, el cual se sumará al paro de trabajadores no docentes previsto para la misma fecha.
Ayer, la Ciudad de Buenos Aires se vio afectada por diversas acciones. Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cortaron la avenida Santa Fe, mientras que estudiantes de Ciencias Exactas hicieron lo mismo en la avenida Córdoba. Las facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Veterinaria mantienen las asambleas que comenzaron tras el veto y e espera que también se plieguen a las medidas las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, Farmacia y Bioquímica, y Medicina.
El mismo estado de alerta y movilización continúa en las universidades de La Plata, Mar del Plata, General Sarmiento y Salta –que fueron pioneras en las tomas—, mientras que la Universidad Nacional de Rosario (UNR) convocó a una asamblea estudiantil que resultó en la ocupación de la Facultad de Humanidades.
La ola estudiantil está cobrando tal dimensión que ha contagiado a instituciones habitualmente refractarias al espíritu de protesta, como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En la provincia mediterránea se ocuparon las Facultades de Artes, Comunicación Social, Ciencias, Sociales, Lenguas, Psicología, Filosofía y Humanidades.
Allí, hasta la conservadora Facultad de Derecho fue tomada la noche en la que el presidente Milei anunció su veto.
DM/JJD
Mientras en el Congreso se debate el Presupuesto 2025, crece la ola de tomas de facultades en todo el país. En un hecho histórico, esta tarde se sumó a la lista de instituciones tomadas la Facultad de Derecho de la UBA.
Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento educativo y mientras se debate el Presupuesto 2025 en el Congreso, se vuelve cada vez más grande la ola de protestas contra las políticas del Ejecutivo en relación con las casas de altos estudios.
En este momento, son casi 30 las facultades de distintas universidades permanecen tomadas, y los estudiantes continúan escalando las protestas en todo el país.
Hoy por la tarde, en un hecho histórico, la asamblea de la Facultad Derecho de la Universidad de Buenos Aires decidió que la toma la facultad por el financiamiento universitario, y se espera que en las próximas jornadas la lista se sigua incrementando.
Los esstudiantes de Derecho decidieron llevar adelante esta medida por 24 horas y mañana cortarán la avenida Figueroa Alcorta y para luego marchar a Plaza de Mayo a las 18.30. Tras la marcha volverán reunirse en asamblea para debatir si continúa o se levanta la toma, según acordaron esta tarde en una asamblea espontánea de la que tomaron parte más de 300 alumnos.
DM
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado envió hoy el proyecto al Congreso. Lo había anunciado a principios de la gestión libertaria. Buscan eliminar leyes que en la práctica no se aplican.
“Obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores” o “temas de escasa relevancia”. Con esos argumento, el Gobierno Nacional presentó hoy el proyecto de Ley Hojarasca, que busca eliminar leyes que desde su óptica “limitan las libertades” de los ciudadanos o “trámites inútiles que incrementan o generan costos”.
Muchas de ellas fueron aprobadas durante gobiernos militares, como una del período de Alejandro Lanusse que obligaba a difundir determinado tipo de música, y también en períodos democráticos, como la ley de 1974 que establecía el carnet del mochilero.Se trata de un conjunto de 63 leyes, además de artículos de otras cinco, que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que“limitan la libertad individual y que restringen el derecho de propiedad” y provocaron “costos inútiles para los contribuyentes”. Son, según detalla el proyecto, “normas que contribuyeron a la decadencia de la Argentina en el pasado”.
Según el ministro, quien en su cuenta de X anunció el envío al Congreso de la llamada ley Hojarasca, la iniciativa “promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país”. En rigor, la mayor parte de las leyes no se aplican en la práctica.
La ley consta de nueve artículos con un listado de un conjunto de seis tipos de leyes que se pretenden dejar sin efecto, figuran en primer lugar leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas.
“Los derechos no requieren leyes. Nuestra Constitución Nacional establece una serie de derechos fundamentales que son inherentes a las personas”, dice el texto entre sus argumentos, y agrega que “lamentablemente, las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impusieron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho”.
La ley Hojarasca es uno de los principales proyectos de Sturzenegger, quien viene impulsando la idea desde el comienzo de la gestión libertaria.
El proyecto –que ya fue enviado al Congreso– incluye también una ley del Gobierno de Juan Domingo Perón que “impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país”, o la ley 18312 del Gobierno militar de Juan Carlos Onganía que “el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario”.
Otra norma que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal”.
Otra de las que se deroga es la ley 20959 del gobierno de Isabel Perón por el cual se otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento que, para Sturzenegger, “hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”.
También se intenta eliminar la ley 20983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.
Según un gráfico compartido, las leyes a derogar se distribuyen de la siguiente manera:
Con información de Noticias Argentinas y Parlamentario.
El Gobierno propone que las separaciones ante la ley que sean de mutuo acuerdo se realicen sin jueces ni abogados, directamente en las oficinas matrimoniales, como parte de su proyecto de ley Hojarasca. La medida busca reducir costos y tiempos judiciales, pero enfrenta posibles críticas de abogados sobre temas no resueltos, como bienes y custodia de hijos.
El Gobierno le propondrá al Congreso que, si dos personas casadas quieren divorciarse y están de acuerdo, ya no tengan que ir a un juez ni contratar abogados. En lugar de eso, podrían hacer el trámite directamente en la oficina donde se registran los matrimonios, lo que en teoría haría todo más rápido y barato. Este nuevo proceso, que la prensa bautizó en las últimas semanas como divorcio exprés, forma parte de una de las decenas de iniciativas del proyecto de ley Hojarasca, con que el ministro desregulador, Federico Sturzenegger, pretende barrer con cientas de regulaciones a su criterio obsoletas y que en algunos casos vuelven engorrosos sin sentido procesos que podrían ser más simples y menos costosos.
El divorcio exprés solo funcionaría si ambos están de acuerdo. Si uno no quiere, seguirían teniendo que ir a la Justicia. La idea es ahorrar tiempo y dinero, y evitar que los tribunales se llenen de casos de divorcio que pueden resolverse fácilmente, de acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, los abogados podrían ponerse en contra de la propuesta del titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado porque, por ejemplo, se plantean interrogantes como qué pasaría si las personas no se ponen de acuerdo en cosas importantes, como los bienes o los hijos.
Sturzenegger se reunió con diputados del PRO y el MID, que son los bloques aliados de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, con los cuales coordina acciones para enfrentar a la oposición dura y salvar al presidente de Javier Milei de rechazos a sus vetos e inclusive de un eventual proceso de Juicio Político.
El funcionario nacional conversó con ellos sobre su proyecto de ley Hojarasca y definir estrategias legislativas para sumar los votos necesarios para cumplir su objetivo desregulador. Tendría, en tal caso, que buscar voluntades de una oposición que está endurecida y que, por ejemplo, quiere modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para impedir que Milei gobierne por decreto y, en cambio, negocie con el Congreso las iniciativas de su plan de gobierno que requieran el aval parlamentario.
La propuesta legislativa de Sturzenegger, que el funcionario ya viene exponiendo en los medios de comunicación desde hace meses, inclusive antes de jurar como funcionario del Gabinete, busca derogar y modificar al menos 63 leyes que, según el oficialismo, restringen la libertad y la propiedad privada. Entre las propuestas destacadas se encuentra el proyecto de divorcio exprés, que consiste, básicamente, en una reforma al Código Civil y Comercial para permitir que los divorcios de común acuerdo puedan realizarse de manera administrativa, sin necesidad de pasar por la Justicia.
“El proyecto propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, al permitir a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, rápida y económica”, informaron desde el Gobierno nacional.
En la Argentina, el divorcio se puede obtener de manera judicial. Esto significa que una de las partes debe presentar una demanda de divorcio ante un juez, quien evaluará el caso y emitirá una sentencia que disuelve el matrimonio.
Este proceso puede ser largo y costoso, ya que implica varias audiencias, la presentación de pruebas y, en muchos casos, la intervención de abogados.
El divorcio judicial es necesario incluso si ambas partes están de acuerdo en terminar el matrimonio. Además, durante el proceso judicial, las partes pueden enfrentar restricciones en la disposición de sus bienes y otros aspectos de su vida cotidiana.
Además del divorcio exprés, el proyecto de ley Hojarasca incluye otras reformas como las sucesiones simplificadas y la modernización judicial. Esta última busca agilizar procesos judiciales mediante la digitalización de trámites y la eliminación del monopolio legal sobre los depósitos judiciales, permitiendo que estos se realicen en cualquier institución del sistema financiero.
JJD
El encuentro duró más de una hora. Antes de retirarse el ex primer ministro británico saludó por uno de los balcones y le prometió a Milei que le gestionaría una cita con el cantante de los Rolling Stones.
El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson, quien le regaló un ejemplar de su reciente libro que relata sus memorias y además acordaron una próxima visita del mandatario argentino a Inglaterra, que incluirá un encuentro con su ídolo musical, el histórico cantante de The Rolling Stones, Mick Jagger.
Milei se trasladó por la mañana desde la quinta de Olivos a su despacho de Casa de Gobierno, donde a las 15 ingresó el ex jefe de Estado británico. Johnson entró por la explanada con un ejemplar de su libro, titulado Unleashed (Desatado), bajo el brazo.
Se trata de una suerte de autobiografía, en la que el ex primer ministro confesó haber evaluado durante la pandemia de Covid la posibilidad de “lanzar una incursión acuática” en los Países Bajos para robar dosis de vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca que se encontraban en un galpón de la ciudad de Leiden en ese país.
El encuentro entre Milei y Johnson se extendió por más de una hora y antes de retirarse de la sede gubernamental el dirigente inglés salió a saludar por uno de los balcones que dan a la Plaza de Mayo.
Fuentes de Presidencia, comentaron que hubo una buena sintonía entre ambos. A tal punto que no tardaron en arreglar una visita de Milei a Inglaterra, aún sin fecha, en la cual podrá conocer en persona a Jagger.
Según trascendió, el Presidente le comentó a Johnson sus ganas de conocer al vocalista de los Stones, a lo que el ex primer ministro le respondió que él en persona se encargará de organizar la reunión.
Milei en su juventud cantó en una banda de rock dedicada a hacer versiones de canciones de The Rolling Stones y el propio mandatario comentó en más de una ocasión que en aquellos shows imitaba los movimientos y bailes característicos de Jagger sobre el escenario.
Por otro lado, la cuestión Malvinas no fue mencionada durante la reunión, indicaron las mismas fuentes.
El ex líder del Partido Conservador británico visita Sudamérica a raíz de la invitación a participar del XII Seminario Picton-El Mercurio que se celebrará este jueves en Chile, donde será entrevistado por el ex embajador del país trasandino en el Reino Unido David Gallagher y por el abogado Gerardo Varela.
Líder conservador y primer ministro del Reino Unido desde 2019 hasta 2022, Johnson anunció su dimisión como presidente del espacio el 7 de julio de 2022, envuelto en investigaciones por fiestas y reuniones celebradas en sus oficinas de Downing Street durante la pandemia del Covid 19. A mediados de 2023, la Cámara de los Comunes aprobó un informe que declaraba que Johnson en había mentido deliberadamente al Parlamento.
Este inesperado encuentro entre Milei y Johnson se da en un contexto de críticas a la gestión libertaria del tema Malvinas, en especial tras la reunión que mantuvieron a finales del mes pasado la canciller, Diana Mondino, y su homólogo británico, David Lammy, con la intencióm de avanzar en la agenda bilateral sobre temas vinculados al Atlántico Sur.
Entre otras cosas, ambos cancilleres acordaron retomar el vuelo semanal entre San Pablo y las Islas Malvinas, que realizaba una escala mensual en Córdoba antes de ser suspendido. Esta medida busca mejorar la conectividad entre el continente y las Islas, en línea con los acuerdos firmados en 2018.
Aquella reunión y los acuerdos logrados en ella provocó una sonora crisis dentro del oficialismo, a partir de la reacción de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cuestionó hoy en duros términos el acuerdo del Gobierno con el Reino Unido sobre Malvinas.
Villarruel criticó duramente a Diana Mondino y sostuvo que la propuesta “es contraria a los intereses de nuestra Nación” dado que se plantea “cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio”.
CRM/DM con información de la agencia NA