Teresa B De Tittarelli

Noticias de Mendoza

La Justicia avanza en una causa contra Luis Caputo y analizará documentos enviados por Estados Unidos

Las autoridades de los Estados Unidos enviaron al juez federal Julián Ercolini documentación solicitada en el marco de la investigación contra el ex ministro de Finanzas Luis “Toto” Caputo, elegido para el ministerio de Economía de Javier Milei. Los documentos llegaron al país hace tiempo pero su arribo no había trascendido hasta el momento. La documentación se encuentra siendo traducida para ser luego analizada por la fiscalía de Carlos Rívolo y el juzgado de Julián Ercolini, informaron tres fuentes directas de la causa ante la consulta de elDiarioAR. 

Al encontrarse en trámite la traducción, aún no trascendió el contenido de los documentos, pero sí que se trata de documentación voluminosa, que llegó luego de una serie de exhortos enviados por el juez en 2018, y de la cual depende el progreso de la causa. En el expediente ya contaban con aquellos documentos aportados por los periodistas que revelaron el caso a finales de 2017, pero la Justicia solicitó oficialmente esos mismos documentos y otros a las autoridades estadounidenses.

¿Qué revelaron los documentos ya conocidos? Que Caputo fue accionista de sociedades offshore en las Islas Caimán y no lo informó al asumir en diciembre de 2015 en la función pública. El caso fue publicado en 2017 por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Los datos surgieron de la filtración Paradise Papers y de la consulta a documentos de la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de los Estados Unidos. Entonces, el economista era funcionario de Mauricio Macri.

Por este caso, Caputo está imputado por el supuesto delito de omisión maliciosa en las declaraciones juradas de bienes de funcionario público. Se trata de un delito con penas de prisión de hasta dos años -excarcelable-, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado.

En el expediente, el ex funcionario y posible ministro de Economía -quien esta semana viajó a los Estados Unidos en su visita pre-oficial junto a Milei- es representado por el penalista Matías Cuneo Libarona, hermano -y también abogado- del futuro ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.

“La primera vez que traté con fondos buitres fue como funcionario. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a (la empresa) Noctua, no lo creo. Si fuera así, me trago este teléfono”, dijo un vehemente Luis Caputo, señalando el aparato de telefonía sobre una mesa de reuniones en el ministerio de Finanzas. 

Caputo dialogaba entonces con el equipo argentino de ICIJ, a finales de 2017, y negaba haber sido accionista de Noctua y cualquier conflicto de interés con su función pública. Una investigación periodística estaba por revelar su nexo directo con dicha empresa, con sedes en Miami y Delaware, Estados Unidos, que administraba fondos de inversión con sede en las Islas Caimán.  

El entonces ministro de Finanzas, quien negoció como funcionario con los fondos de inversión denominados “fondos buitres”, no había informado al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales e invertir en bonos de la deuda argentina en default a través de Noctua. Un punto central del caso tal vez nunca se sepa: quiénes fueron los clientes del exfuncionario.

El expediente contra Caputo debe determinar si el exfuncionario y posible futuro ministro de Economía cometió delitos al no informar en sus declaraciones juradas que era co-propietario de Noctua. Es decir, si lo ocultó con un fin, maliciosamente. 

La causa se inició tras las revelaciones periodísticas y una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Martin Doñate (hoy senador) y María Fernanda Raverta (hoy titular de la Anses). El fiscal federal Rívolo inició la investigación en noviembre de 2017. 

Caputo debería haber informado su relación con Noctua a la Oficina Anticorrupción y al Estado. Fue accionista indirecto de Noctua hasta al menos julio de 2015. También negó la información que revelaban los documentos oficiales ante la consulta de los periodistas y luego de que el caso fuera publicado continuó negando su vínculo con la compañía. 

Sin embargo, la documentación de la propia compañía, presentada ante las autoridades de Estados Unidos y revelada por la investigación periodística, confirmó que Noctua informó que Caputo fue su “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista indirecto” y describió las funciones que además cumplía como mánager y asesor financiero de la empresa. 

Noctua fue conformada a través de varias sociedades offshore, que son propiedad una de otra y forman una cadena difícil de rastrear porque Caimán garantiza el secreto.

Al menos hasta julio de 2015, Caputo tuvo más del 75% de las acciones de Princess International Group (Caimán). Esta empresa era dueña de otra sociedad (Affinis Partners II, de Caimán), que a su vez es la “dueña directa” de Noctua, de acuerdo a los documentos de la SEC, el organismo que controla a las empresas que operan en la bolsa de Nueva York. 

Caputo tuvo “control” sobre la compañía hasta el 25 de noviembre de 2015, diez días antes de asumir como funcionario de Macri, de acuerdo a los documentos. 

En otra causa, también iniciada en 2017, el entonces fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del que formaba parte el entonces ministro de Finanzas, adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que Caputo fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió en la función pública. Ese fondo era Axis, que cobró comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes de Caputo en la función pública se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.

Nota: este artículo fue actualizado el 29 de noviembre de 2023, tras el anunció de Milei confirmando a Caputo como futuro ministro de Economía.

ED/DTC

Javier Milei confirmó a Luis Caputo como su ministro de Economía

El presidente electo Javier Milei aterrizó pasadas las 6 en Aeroparque luego de su viaje por Estados Unidos. "Presentamos el plan económico y la respuesta de la Casa Blanca fue extremadamente favorable", aseguró el líder libertario. Más tarde, confirmó lo que era un secreto a voces pero que, en un contexto en el que hubo idas y vueltas con respecto a su futuro Gabinete había que esperar la palabra oficial: “Sí, el ministro de Economía es Luis Caputo”.

“Nosotros ya lo teníamos definido. Cuando uno mira la naturaleza de los problemas argentinos, cuando uno nota que, de los 15 puntos de déficit fiscal, Argentina lo genera 10 en el Banco Central, uno ve que el primer problema a solucionar son las Leliq. Resulta fundamental resolver dicho problema con mucha expertise porque si no terminamos en una hiperinflación”, detalló este miércoles en una entrevista a radio Mitre.

Y agregó: "Están muy compenetrados en lo que tiene que ver con el tema de los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, las leliqs, que ahora además se están transformando en PASES. Así es que, en ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas, y también hubo una excelente recepción y comprenden a la perfección la naturaleza del desafío que estamos enfrentando. Por lo tanto, eso fue muy bueno. Y después nosotros teníamos que ya regresar a Buenos Aires y Posse y Caputo fueron a ver al FMI".

En medio de su gira telefónica por los medios más afines, el presidente electo sostuvo en radio Rivadavia que todavía están en Washington "el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro Luís Caputo, que es el encargado de desactivar la bomba que está dejando el Gobierno para que evitemos la peor crisis de la historia argentina".

"La charla tuvo dos partes, la situación económica argentina y la vocación de EEUU de darnos apoyo como un Gobierno que apoya los valores de la libertad, eso automáticamente trae aparejado el alineamiento internacional", añadió Milei, al tiempo que reiteró que su gobierno "no va a estar con aquellos que estén en contra de la democracia liberal, con los autócratas y los comunistas".

Con respecto a su gira por los Estados Unidos, el presidente electo remarcó que fue una experiencia "muy positiva. La reunión de ayer fue extraordinaria, muy importante por el rol que tiene Jake Sullivan, es el asesor más influyente sobre Joe Biden".

Más temprano, Milei reveló en radio Continental que en la reunión en la Casa Blanca presentaron "las características de los desafíos por delante y la naturaleza del plan económico a encarar", que además expresaron su alineamiento internacional y que "en ambos aspectos" recibieron "una respuesta extremadamente favorable".

"Volvimos a manifestar nuestra posición histórica de estar alineados con EEUU, Israel y Occidente con una postura clara y contundente en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. También en el conflicto entre Ucrania y Rusia y también respecto de BRICS", señaló Milei.

A falta de poco más de una semana para la asunción, Milei insistió: "Si no hacemos un reordenamiento de las cuentas públicas y ponemos en caja el balance del Banco Central, nos vamos a una hiperinflación que la de Alfonsín va a quedar hecha un poroto".

"La estrategia del gradualismo no funcionó con (Mauricio) Macri", manifestó, ante lo cual reiteró que "la hiper está a la vuelta de la esquina". "Lo más interesante es que nosotros fuimos muy claros. Debe ser la primera vez en la historia que se vota a una persona que dice que se va a ajustar", subrayó.

Acerca de su visita a la Casa Blanca, Milei manifestó que al presentar su plan económico "la respuesta fue extremadamente favorable".

El líder libertario aseveró que los principales objetivos de su gestión serán "erradicar la inflación, volver a crecer y terminar con la inseguridad".

"Yo tomo esto como un trabajo, con responsabilidades un poco más grandes que las convencionales, pero es un trabajo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacerlo de la mejor manera posible", señaló Milei, quien se definió como "alguien muy pragmático" y graficó: "Yo soy un resultadista. Yo no estoy para lo lírico, estoy para el resultado, como el bilardismo".

Respecto a la definición de las autoridades parlamentarias, explicó que esa negociación está siendo liderada por el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos.

Finalmente, al ser consultado sobre cuál será la política oficial respecto a los piquetes, el futuro mandatario indicó: "Dentro de la ley todo. Si los líderes no respetan la ley, tendrán que ir presos".

Mientras termina de definir el armado de su gabinete, se espera que el mandatario electo encabece una cumbre con sus diputados y senadores para avanzar en el paquete de leyes de reforma del Estado. Por lo pronto, la primera ratificación fue la designación de Luis Caputo como ministro de Economía.

Los legisladores electos de La Libertad Avanza se vieron las caras este martes con el futuro ministro de Interior, Guillermo Francos, y no lograron definir el jefe de bloque ni la presidencia de la cámara. Según trascendió, aguardan por el encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri para que el libertario aclare el panorama.

En ese marco, buscan reunirse con el presidente electo en las próximas 48 horas para que les diga quién presidirá la cámara para luego dirimir internamente la jefatura del bloque de La Libertad Avanza. Ese lugar lo ocuparía Oscar Zago, que viene de la legislatura porteña.

Con información de agencias.

IG

Caputo, endeudador serial y con mal antecedente en el FMI, sedujo a Milei con un paper

Un informe de la consultora económica y financiera de Luis "Toto" Caputo, Anker Latinoamérica, con fecha del 24 de mayo pasado despertó en ese momento el interés de Javier Milei. "La dolarización es una alternativa de difícil implementación, que requiere una arquitectura legal y financiera compleja, pero no imposible de llevar adelante, como suelen simplificar algunos medios o colegas", concluía el reporte del ex ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, en el que duplicó el endeudamiento del Estado con el sector privado de 2015 a 2018, y expresidente del Banco Central durante tres meses de 2018, hasta que fue eyectado por pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante sus violaciones del acuerdo firmado. Es el mismo economista con larga trayectoria en la banca que ahora fue confirmado por Milei para encabezar el Ministerio de Economía.

En aquel paper, Caputo, que enfrenta causas judiciales por presunto ocultamiento de patrimonio y por el pacto con el FMI, advertía, sin nombrarlo, que la propuesta de dolarización de Emilio Ocampo, que hasta hace días era el candidato a presidir el Banco Central, iba a recaudar sólo US$12.000 millones para cambiar esos dólares por los pesos circulantes. Ocampo, que renunció a la futura conducción de la autoridad monetaria por sus diferencias con Caputo, especulaba con que iba a conseguir US$30.000 millones. ¿Cómo? Creando un fideicomiso con toda la deuda pública en manos del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

"¿Qué otros activos financieros podrían respaldar la dolarización?", se preguntaba Caputo en aquel documento que también llevaba la firma de su ex subsecretario de Financiamiento en el gobierno de Macri, Santiago Bausili, y de otros colegas de su consultora, Federico Furiase, Martín Vauthier -dos que suenan para el gobierno de Milei- y Felipe Berón. "El valor de mercado hoy de las acciones en poder del FGS es de aproximadamente USD4.000 millones, con potencial de revalorización en un contexto político y económico más favorable", proponía el eventual ministro, una idea que efectivamente aceptó Ocampo. El fondo de la Anses es un importante accionista minoritario del Banco Macro, Telecom, la siderúrgica Ternium (del grupo Techint), Grupo Financiero Galicia y Molinos Río de la Plata, entre otras compañías.

"¿Podría aportar nuevos fondos frescos el FMI en un nuevo programa?", se preguntaba Caputo tras la pelea de 2018. "Sí, basados en nuestra experiencia en el sector público, creemos que es posible, e incluso factible, en una nueva renegociación y acuerdo con el FMI, el aporte de fondos frescos por entre USD10.000 y USD15.000 millones. El monto definitivo dependerá de la cantidad de dólares necesarios para implementar la dolarización, la robustez del programa económico en su conjunto y el poder de negociación del país", planteaba el eventual ministro la posibilidad de elevar el endeudamiento con el Fondo, después de que hace cinco años le entregara a la Argentina el mayor préstamo dado a cualquier nación en su historia.

Pero los que conocen cómo funciona el organismo advierten que es difícil que el FMI vuelva a financiar a la Argentina después de haberle entregado en 2018 US$45.000 millones y que tanto en el gobierno de Macri como en el de Alberto Fernández se haya incumplido las metas de los diversos acuerdos firmados desde entonces. Y menos si quien le pide el dinero es Caputo, de quien quedó un mal recuerdo en el staff, más allá de que ya no está al frente Christine Lagarde (ahora conduce Kristalina Georgieva) ni en el área latinoamericana persiste Alejandro Werner (ahora está Rodrigo Valdés). Sucede que en septiembre de 2018, cuando era presidente del Banco Central, Caputo quemó en el mercado cambiario parte de las reservas, que se habían reforzado con el crédito del Fondo, sólo para contener infructuosamente una nueva devaluación. Ante esa desobediencia, el FMI pidió su cabeza cuando renegoció el programa con el gobierno de Macri apenas tres meses después de iniciarlo.

De todos modos, quienes han negociado con el organismo admiten que si Milei y su designado ministro de Economía arrancan devaluando y ajustando hasta el hueso, quizás consigan algunos fondos más del FMI o al menos que les pateen los vencimientos de deuda venidos en diciembre próximo y en 2024. "Con un plan así, en el directorio del Fondo van a estar eufóricos. Pero dolarizar no van a apoyar. Sí fortalecer reservas", evalúan las fuentes mencionadas.

Otros informantes con acceso a la sede del organismo en Washington, previo al viaje que el presidente electo realizó esta semana por EEUU, coinciden: "Al FMI se le puede pedir 10 mil o 20 mil como apoyo de reservas en el marco de un programa de consolidación fiscal y estabilización. No para gastarlos en dolarizar, lo que implicaría que esos dólares fueran usados para comprar la base y activos en pesos, algo a lo que el Fondo ya se opuso. Recordemos que algo similar ocurrió durante el efímero paso de Caputo por el Central: le exigía al Fondo que le dejara usar los dólares del programa para intervenir en el mercado de divisas y asi dar salida a los inversores que habían quedado atrapados en pesos. El Fondo no lo permitió y esta tensión terminó con su renuncia". En el riñón libertario, preocupado por la salida de Ocampo, pero firme en el apoyo al futuro presidente matizan: "El FMI puede acompañar con una parte de los fondos necesarios para dolarizar, pero eso no está confirmado. El tema es que en la transición hasta la dolarización, de acá a marzo o abril, si hicieran falta dólares, esos serían mas difíciles de conseguir probablemente".

Toto se ilusionaba en su paper y por eso entusiasmó al ahora presidente electo, con no dar de baja la idea de dolarizar porque la considera un compromiso moral con el 30% de sus votantes en primarias y primera vuelta: "Si hubiera US$12.000 millones del mercado, US$4.000 millones por activos del FGS y US$15.000 millones del FMI, habría una disponibilidad de financiamiento por un total de aproximadamente US$31.000 millones. El saldo remanente de USD10.000 millones podría provenir de la incorporación de otros activos financieros o no financieros o, idealmente, vía superávit fiscal financiero, lo que además contribuiría a la credibilidad y robustez del programa económico. El superávit financiero consistente con este ejercicio debiera ser del orden de 2,5% del PIB, lo que implicaría un ajuste fiscal en torno al 7% del PIB frente a la inercia fiscal proyectada para 2023 (2,5% de déficit primario más 2% de intereses)". Es decir, la poda debería ser similar al serrucho propuesto por el ex asesor económico de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, y no tan grande como la motosierra que ya abandonó el libertario tras su segundo puesto en primera vuelta y su alianza con Macri.

Pero más allá del paper que sedujo a Milei y del mal recuerdo que guardan en el FMI, Caputo lleva en su curriculum no sólo su larga trayectoria en el mundillo financiero, entre JP Morgan, Deutsche Bank y su fondo de inversión Axis. Gracias a ese pasado, pudo seducir a los contactos que tenía en los mercados para conseguir plata para financiar el inicio del gobierno de Macri, que tanto los atraía con el eslogan de terminar con el kirchnerismo y el populismo y abrazar el neoliberalismo otra vez como en los 90.

Como ministro de Finanzas, Toto colocó tanta deuda en el sector privado que la elevó del 16% del PBI en 2015 al 38% en 2018. Es decir, en sólo dos años y cinco meses, diciembre de 2015, durante 2016 y 2017 y el primer cuatrimestre de 2018, aumentó el endeudamiento con fondos de inversión y otros acreedores privados 2,3 veces. La Argentina era el país emergente que más bonos colocaba en ese momento en el mundo. Tan entusiasmado estaba el entonces ministro de Finanzas que lanzó un título a 100 años.

Pero a comienzos de 2018 los inversores internacionales se dieron cuenta de que ya le habían prestado demasiado a la Argentina en tan poco tiempo, observaron la violación de la prometida independencia del Banco Central y la resistencia en las calles a las reformas que quería aplicar Macri, y entonces dejaron de financiar a Toto, el "Messi de las finanzas", según lo calificaba el entonces presidente. Cuando se devalúa el peso en abril de 2018, Caputo convenció a Macri de ir a pedir de inmediato el rescate del FMI. Así la deuda con organismos multilaterales pasó del 5,2% del PBI en 2017 al 14,9% al año siguiente, es decir, se triplicó. Con ese préstamo récord le aseguró a los fondos de inversión una salida decorosa de sus inversiones en bonos de la Argentina. Pero algunos de ellos quedaron atrapados en sus colocaciones en este país y sólo pudieron huir en el gobierno de Fernández, como Templeton y Pimco. Es decir, algunos recuperaron su plata y otros, no.

Por eso, cuando Hernán Lacunza, asesor del ex precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, viajó en la campaña este año a Nueva York a convencer inversores y les dijo que en su equipo también estaba Caputo, ellos reaccionaron azorados. En broma, hicieron el gesto de levantarse de las sillas e irse de inmediato. Después sonrieron y se sentaron de vuelta. No podían creer que aquel ex ministro de Finanzas que los engatusó vendiéndoles bonos argentinos, que después debieron reestructurarse en 2020, tuviera opción de volver a gobernar. Al final no lo hará con Larreta, pero sí con Milei. Igual, para el mercado es mejor que asuma Caputo y se aleje un Ocampo dogmático de la dolarización, una idea que los inversores consideran en general desacertada. Tampoco se sumarán los tres economistas que asesoraban a Milei en un principio, pero que ahora dicen que sólo lo hicieron por la campaña: el ex ministro de Economía de Carlos Menem Roque Fernández, su ex secretario de Política Económica Carlos Rodríguez -de recientes comentarios homofóbicos- y el dueño de la financiera Research For Traders, Darío Epstein.

AR/DTC

Bola de Leliqs: claves del "primer problema a solucionar" que enfrenta Milei

“Primero hay que desarmar las Leliqs” fue una de las primeras frases que dijo Javier Milei como presidente electo. El problema de las Leliqs fue un tópico recurrente durante la última campaña presidencial y desde la insinuación de Luis Toto Caputo como posible ministro de Economía –confirmado hoy–, el presidente electo adelantó que buscará una “solución que sea apetecible para el mercado”.

Sin embargo, es preciso preguntarse qué son las Leliqs y por qué representan –si es que lo representan– un problema para el funcionamiento de la economía argentina.

Las llamadas Letras de Liquidez (Leliqs) son la contrapartida –o cobertura– de los depósitos a plazo fijo de los ahorristas y de las empresas. Es decir, cuando una persona –o una empresa– hace un depósito a plazo fijo, el banco comercial tiene que remunerar ese dinero con una determinada tasa de interés. Para poder hacer esto, los bancos comerciales le compran al Banco Central de la República Argentina (BCRA) las Leliqs, que son un instrumento financiero a partir del cual obtienen un interés que les permite remunerar a los ahorristas. Estas letras vencen cada 28 días, pagando –hoy– un 133% de interés.

Similar es el caso de los depósitos en caja de ahorro con la diferencia de que estos no pagan tasa de interés y tienen que estar disponibles con un mayor grado de inmediatez. Para esto existen los pases pasivos que son instrumentos muy parecidos a las Leliqs, pero con la diferencia de que vencen a un día, otorgando un mayor grado de liquidez.

Fermín López de Cocos Capital comentó que “con la victoria de Milei, sus dichos sobre la dolarización y el miedo al retiro de los plazos fijos, los bancos canjearon sus Leliqs por pases. Es decir, pasaron de que el BCRA les devuelva el dinero a los 28 días a que lo haga en un día, con lo cual ese monto de dinero se está renovando permanentemente todos los días. Básicamente, se está acortando el horizonte temporal de renovación de esos pasivos porque si llegara a haber una corrida o una dolarización, los bancos quieren estar lo más líquidos posibles.”

En términos estrictos, la economía de un país tiene tres mecanismos para financiar sus gastos: recaudación de impuestos, colocación de deuda en el mercado y emisión monetaria sin respaldo.

Existe un consenso general –aunque no exento de debates– sobre el hecho de que no se pueden aumentar más impuestos porque la presión impositiva se encuentra en niveles demasiado elevados, dada la estructura productiva de la economía argentina. Si bien, según la OCDE, la Argentina no se encuentra dentro de los países con el mayor porcentaje de impuestos en relación al PBI, es igual de importante entender que la economía depende –muchas veces– de la política y que ésta define lo límite de lo posible.

Es claro que desde el stand by anunciado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, las posibilidades de financiamiento en el mercado tradicional se han achicado considerablemente. Si bien se ha seguido colocando deuda en el mercado local –a tasas muy elevadas y con seguros frente a posibles devaluaciones– e internacional –como por ejemplo el swap con China–, Argentina ha ido quedando relegada como país receptor de fondos para financiar sus gastos.

Limitados los dos primeros caminos de financiación, el que queda es el de la emisión monetaria sin respaldo. Desde enero 2020 hasta octubre 2023, la base monetaria creció, aproximadamente, un 340% en términos corrientes, según los informes monetarios mensuales publicados por el BCRA. Con el objetivo de minimizar el impacto inflacionario del crecimiento de la base monetaria, la máxima autoridad bancaria implementa mecanismos para intentar retirar el sobrante de dinero del mercado.

Las Leliqs y los pases se encuentran dentro del universo de los pasivos remunerados del BCRA que son utilizados para absorber los excesos de liquidez que circulan en la economía -a través de la remuneración a los bancos-. Este mecanismo, llamado esterilización, ha contribuido a aumentar, significativamente, el stock de deuda del BCRA.

El stock de pases pasivos y Leliqs ronda el 8% del PIB, superando los 24 billones de pesos. Esto representa más de tres veces la base monetaria -billetes y monedas en circulación, depósitos a la vista y encajes en bancos-. Esto significa que, si los pases y las Leliqs no se renovaran, existe la posibilidad de que la base monetaria crezca en más de un 200% con las correspondientes consecuencias inflacionarias que esto generaría.

Si bien existen varias alternativas u opciones para el desarme de las Leliqs, durante el último tiempo, en el debate público se han mencionado cuatro opciones.

La “solución de mercado” anunciada por Javier Milei es una de las posibilidades. Básicamente, consiste en canjear las Leliqs por nuevos bonos emitidos por el Estado Nacional -aún no se sabe bajo que legislación y en que moneda estarán denominados-.

En este sentido, Fermín López agregó que “el problema de las Leliqs es que devengan una tasa cada vez más alta –33%– lo cual genera un círculo vicioso de nominalidad, porque estamos hablando de una gigantesca cantidad de dinero que se renueva a esa tasa en un período de 28 días. Entonces, básicamente, cada seis meses se duplica la cantidad de pasivos remunerados (Leliqs y Pases) que hay en la economía. La solución de Milei y de Caputo pasa por ir a buscar deuda para que el respaldo de los plazos fijos no esté en √ sino en títulos con plazos más largos para evitar que este stock vaya a la calle y genere problemas con los precios.”

De esta manera se evitaría el proceso de renovación mensual de estos títulos lo cual genera un crecimiento exponencial de la deuda del BCRA.

Otra de las posibilidades es, directamente, la no renovación de estos títulos y que los bancos, en vez de recomprar dichas letras, se queden con los pesos resultantes y, elijan libremente, como disponer de esa liquidez. Esto resultaría en un incremento exponencial de la cantidad de dinero, el cual podría irse a los dólares financieros o a cualquier otro activo.

Uno de los máximos exponentes de esta alternativa es el abogado y twittero Carlos Maslatón, quién frente a los vencimientos de Leliqs de esta semana expresó que “si fuesen responsables Milei y Caputo, así como en su momento le pidieron a Massa que no se vote el Presupuesto 2024, le deberían exigir al BCRA que acredite en cuenta estos 3,6 billones de Leliqs que vencen y que no renueven más nada. Cero stock, cero tasa. Pero no lo harán.” A su vez continuó argumentando que “no habrá ninguna híper, es imposible. Argentina está en bull Market y es imparable, el mercado está comprado y no vendido en dólares. Solo habrá Rodrigazo”, haciendo alusión a que habrá un salto discreto en la mayoría de los precios de la economía ya que estos se encuentran reprimidos.

Una tercera opción sería la implementación de un nuevo Plan Bonex, lo cual sería muy traumático para los ahorros de la población ya que implica la confiscación de los depósitos a plazo fijo a cambio de bonos emitidos por el Estado Nacional. Esto implicaría una violación a los derechos de propiedad de los ahorristas. Consultado sobre una posible confiscación de depósitos, el presidente Javier Milei aseguró: “Garantizaremos el derecho de propiedad. Eso implica que vamos a desarmar las Leliqs vía una solución de mercado, sin vulnerar los derechos”.

Por último, existe una alternativa que consiste en no operar sobre el problema de las Leliqs sino en estabilizar la macroeconomía. Esto generaría las condiciones para el desarme natural de estos pasivos remunerados.

Este camino consiste en elaborar una serie de reformas fiscales y cambiarias que desemboquen en un sendero de baja sostenida de la inflación, lo cual generaría un incremento en la demanda de dinero por parte del público.

A causa de la elevada inflación, los agentes económicos huyen del peso, básicamente porque cada día, ese billete, sufre un deterioro en su poder adquisitivo. Esto quiere decir que la demanda de dinero está en niveles muy bajos -3,2% del PIB-.

Si se lograra estabilizar la economía bajando la inflación, la demanda de dinero aumentaría de manera considerable y esos pesos que estaría demandando la gente son billetes que no estarían depositados en plazos fijos y por ende no tendrían su contrapartida en LELIQS. Es decir, aumentando la demanda de dinero y remonetizando la economía, una parte del problema se encaminaría hacia una solución.

Por otro lado, este camino de estabilización y baja de la inflación en base a un sendero fiscal y monetario sostenible, generaría una baja en la tasa de interés. En este sentido, es importante que los bancos vuelvan a prestarle al sector privado para financiar sus inversiones productivas.

Según el documento “Asignación de liquidez y política monetaria” publicado por la fundación FUNDAR, es vital para el desarrollo argentino la canalización del ahorro de los bancos hacia las inversiones del sector privado. En este sentido, el documento señala que Argentina tiene el menor porcentaje de préstamos al sector privado de los países de la región, ubicándose en torno al 9,8% del PBI mientras que México y Uruguay rondan entre el 23% y 25%.

La solución de mercado propuesta por Javier Milei y su equipo tiende a profundizar un proceso de valorización financiera en el cual, la rentabilidad de los proyectos productivos continúa en segundo plano. Esta primera decisión del incipiente gobierno comienza a delinear el sendero por donde transitará la economía durante los próximos 4 años. 

“No hay plata”: ¿puede Milei cortar con la obra pública? ¿qué alternativas quedan?

"No hay plata”. Con esa frase el presidente electo, Javier Milei, ratificó su promesa de campaña de sustituir por completo la obra pública y dejar los proyectos de infraestructura en manos de empresas privadas. Esto remite a los proyectos de Participación Público Privada (PPP) que se plantearon durante la presidencia de Macri. Se buscaba impulsar que la infraestructura fuera construida por privados, bajo un marco regulatorio que les garantizara rentabilidad. Pero casi no se avanzó y casi todos los proyectos licitados terminaron rescindidos por incumplimientos. Lo que hubo en la presidencia de Macri fue un retroceso de la obra pública nacional: su inversión real directa, como porcentaje del PBI, pasó de 1,2% en 2015, a 0,9% en 2019. 

Desde ya, el gobierno nacional no puede decidir la extinción de la obra pública dado que en su mayor parte es ejecutada por provincias y municipios. La financian en parte con fondos que transfiere el Estado Nacional de su presupuesto y, en otra parte, con fondos propios, incluyendo la coparticipación de impuestos nacionales. La primera fuente podría menguar considerablemente, la segunda dependerá de la recaudación tributaria. Es que la obra pública depende en gran medida de las disponibilidades de fondos. Cuando hay estrechez fiscal la obra pública es lo primero que se recorta. Es uno de los gastos más flexibles; basta con no empezar nuevas obras para que en pocos meses empiece a disminuir.

Priorizar la reversión del déficit fiscal tiene lógica macroeconómica, en un contexto de alta inflación como el actual. La forma eficiente de hacerlo, sin aumentar impuestos, es analizar cada partida de gasto público, identificar ineficiencias y programar y ejecutar su reducción, recortando gastos cuya utilidad social no supera su costo. El mismo análisis podría servir para identificar programas que requerirían refuerzos para ser más eficientes; por ejemplo, si no se logran los objetivos por falta de un insumo crítico. 

Pero para que ese análisis sea efectivo implica tiempo y requiere capacidades, decisión y autoridad política que no siempre están disponibles. En el corto plazo, la disminución del déficit sin cambios normativos complejos (por ejemplo, sin modificar la ley de movilidad previsional) podría llevar a reducir en términos reales las partidas para obras públicas, transferencias a provincias, remuneraciones de empleados públicos y subsidios tarifarios (lo que requeriría subas de tarifas de gas, electricidad y transporte público).

Así, en el corto plazo la reducción de la obra pública parece una “fija”. La duda principal es si se interrumpirán las obras en marcha, con compromisos ya asumidos, dado que muchas veces pararlas termina siendo más costoso que su continuidad. Y, en segundo lugar, si la suspensión incluirá a las obras que resulten urgentes, al ser necesarias para evitar altos costos sociales. 

En el mediano y largo plazo, las políticas de los gobiernos deciden qué proporción del gasto se asigna a la obra pública. Hay obras que pueden ser pagadas por sus beneficiarios; por ejemplo, la extensión de la red de gas natural en un barrio de clase media para reemplazar el uso del gas en garrafas. Un gobierno puede decidir que este tipo de obra sea provista por la administración pública (que generalmente contrata empresas privadas para la construcción), financiándola con rentas generales o con “contribuciones por mejoras”, cobradas a los beneficiarios. O también puede establecer que una empresa privada se encargue de la provisión (construcción y cobro a sus beneficiarios). 

Una motivación central para elegir el primer método (financiamiento con impuestos cobrados a toda la población) sería redistribuir ingresos desde los contribuyentes en general a los beneficiarios de la obra. Con el segundo método (tributo a pagar por los beneficiarios) no habría esta redistribución. El tercer método no requeriría la intervención del gobierno más que en lo regulatorio y el otorgamiento de permisos; pero podría hacer menos probable la ejecución de la obra si una parte de los potenciales beneficiarios elige no pagarla (por ejemplo, propietarios de terrenos baldíos). 

En otros casos, es posible identificar a los beneficiarios, pero pueden no tener capacidad de pago. Por ejemplo, si se trata de la ampliación de un hospital público. Los beneficiarios principales son las familias que acuden al hospital público al no tener medios para pagar atención privada (ni atención arancelada, que recupere todos los costos, de un hospital público). Este tipo de obra sólo se haría si el Estado la financia.

También hay obras cuyos beneficios se extienden más allá de lo que reciben los beneficiarios directos, las llamadas “externalidades”. Por ejemplo, una red cloacal beneficiaría a las viviendas que se conectarían a esa red pero hay otros beneficios como la descontaminación del suelo, que se extenderían a una región más extensa. En esos casos, es probable que la obra sea conveniente socialmente aun cuando no pueda solventarse si la tuvieran que pagar exclusivamente sus beneficiarios principales.

Y también hay casos en los cuales no es posible identificar a los beneficiarios; por ejemplo, la construcción o mejora de un edificio para la Prefectura Naval. Allí la solución de mercado no es posible, ya que son “bienes públicos”: una vez provistos, no es factible ni conveniente cobrar un precio a los beneficiarios; por ejemplo, defensa nacional, legislación, seguridad interior, etc. 

Lo que se ha planteado es que estas obras las construyan y mantengan empresas privadas, a partir de contratos de “leasing” a largo plazo, que implicaría que el Estado se comprometa a pagos periódicos en concepto de “alquiler” de la obra. Pero eso es equivalente a obras públicas construidas con financiamiento y, teniendo en cuenta la situación actual, sería un financiamiento muy caro. En teoría, la empresa privada tendría una garantía, que sería la propiedad de la obra, pero en general dicha obra (por ejemplo, una cárcel) no puede utilizarse para otra cosa que para el fin para el cual fue diseñada, no es algo que tenga un precio de mercado. Y, en la medida en que sean obras necesarias, no deberían dejar de hacerse. 

Si la intervención estatal se justificara solo por razones de redistribución de ingresos alguien que afirma, como Milei, que la justicia social es un robo podría decir: si los beneficiarios quieren una obra y tienen dinero para pagarla, que la provea el sistema de mercado; y, si no, que no se haga. Es una posición ideológica, que expresó en la campaña electoral. 

Por otra parte, Milei dijo que una empresa debería poder contaminar un río todo lo que quiera, total el agua sobra; por lo cual, es posible que no considere que una externalidad sea justificación para que el Estado intervenga en materia de obra pública.

El esquema de facilitar que el sector privado lleve a cabo obras de infraestructura y cobre por ellas es razonable cuando no hay de por medio externalidades negativas y hay capacidad y voluntad de pago por ellas. Pero es necesario advertir que, cuando el recupero es de largo plazo, quienes las financien deberán tener seguridad de que van a recuperar su inversión; de lo contrario, el financiamiento privado puede ser muy caro o inexistente. Y, en ese caso, si las obras son socialmente convenientes, puede que lo más eficiente sea que el Estado esté a cargo del financiamiento.

Conocí a Javier Milei cuando presentó, en representación de Corporación América (Eurnekián), un proyecto de un túnel ferroviario por debajo de la cordillera de Los Andes, a la altura del Cristo Redentor, que transportaría camiones, estaría operativo todo el año, y ayudaría a descongestionar el paso entre Argentina y Chile. Sin realizar el análisis económico, me pareció un proyecto interesante. Pero se requerían garantías estatales de Argentina y Chile, que incluían el valor de la tarifa a cobrar; en un contexto de alto riesgo país, el proyecto no prosperó. Es ejemplo de obras que podría hacer el sector privado, pero sólo en un marco que brinde certezas. Mientras tanto, las empresas privadas no invertirán en el país cuando su cobro dependa de decisiones del gobierno; y, si lo hacen, facturarán muy caro el riesgo que asuman. 

Las experiencias internacionales de crecimiento alto y estable suelen tener en la presencia de un Estado comprometido con el crecimiento, aportando como mínimo un decidido sostén a la investigación básica (clave para el desarrollo tecnológico), al sistema educativo (para fortalecer el capital humano) e infraestructura básica, necesaria para que la producción privada sea competitiva. Y, por supuesto, una condición necesaria, presente en todos los casos, ha sido la estabilidad macroeconómica. 

FE/DTC