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Misiones: efectivos desvinculados tras la protesta policial de 2024 vuelven a desafiar al gobierno provincial
Pasaron meses presos por una causa de sedición y conspiración. Ahora mantienen un acampe frente a la Casa de Gobierno mientras cuestionan el proceso que derivó en sus bajas de la fuerza. El oficialismo rechaza las acusaciones y sostiene que fueron debidamente notificados de su situación administrativa.
El acampe rompe la postal habitual del centro de Posadas. A simple vista parece una protesta más frente a la Casa de Gobierno de Misiones, en plena Plaza 9 de Julio. Sin embargo, detrás de ese campamento improvisado sobrevive uno de los conflictos políticos más traumáticos que atravesó la provincia en los últimos años: la rebelión de trabajadores estatales de mayo de 2024, que puso contra las cuerdas al poder construido a lo largo de dos décadas por el exgobernador Carlos Rovira y que tuvo al reclamo policial y docente como principal punta de lanza.
Desde el 6 de abril, un grupo de ocho efectivos permanecen apostados frente a la sede del Ejecutivo provincial reclamando su reincorporación a la Policía de Misiones. Con el correr de las semanas se sumaron otros uniformados alcanzados por la misma situación. Todos integran la lista de detenidos en septiembre de 2024 en una causa por presunta sedición y conspiración, luego de ser acusados por presunta sedición y conspiración.
La protesta ya no ocupa cuadras enteras ni moviliza a cientos de personas como ocurrió durante aquellas convulsionadas jornadas de 2024. Hoy, el reclamo se reduce a una gran carpa de cuya lona cuelgan banderas argentinas y carteles escritos a mano. Algunos reclaman salarios dignos. Otros apuntan directamente contra la conducción policial. “Martínez, vendiste a tus policías”, se lee en uno de ellos, en referencia al jefe de la fuerza, Sandro Martínez.
En diálogo con elDiarioAR, uno de los voceros de los efectivos desvinculados, Diego Correa, asegura que la decisión de instalar nuevamente el conflicto en el espacio público llegó después de varios meses de gestiones infructuosas ante las autoridades provinciales. Según relata, tras recuperar la libertad comenzó a presentar notas a las autoridades sin obtener respuestas. “Nunca nadie contestó ni dio la cara”, sostiene.
El policía afirma que fueron justamente funcionarios y empleados de distintos organismos provinciales quienes comenzaron a alertarlos sobre presuntas inconsistencias en su situación administrativa. Según su versión, desde áreas del propio Estado les informaron que continuaban figurando como efectivos policiales, que sus haberes seguían siendo liquidados por la Contaduría provincial y que el supuesto decreto de cesantía nunca había completado los circuitos administrativos correspondientes.
“Sedición” y “conspiración”
El campamento, que funciona las veinticuatro horas, se convirtió en una postal incómoda para el gobierno provincial en el corazón mismo del poder político misionero. Allí pasan los días algunos de los protagonistas que estuvieron en el centro de la mayor crisis institucional que enfrentó el oficialismo misionero en décadas y que hoy denuncian haber sido convertidos en ejemplo para disciplinar al resto de la fuerza.
Para entender el origen de este reclamo hay que retroceder hasta mayo de 2024. Durante varias semanas, cientos de policías, penitenciarios, docentes y trabajadores de la salud protagonizaron una inédita protesta salarial que puso en jaque al gobierno provincial. El epicentro estuvo sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, donde se instalaron carpas y asambleas permanentes que tuvo al suboficial retirado y actual diputado provincial Ramón Amarilla como una de sus caras más visibles. El conflicto concluyó formalmente el 29 de aquel mes, cuando el gobierno provincial acordó una recomposición salarial y una amnistía para quienes habían participado.
La tregua, sin embargo, duró poco. Apenas cuatro meses después, en septiembre de 2024, la Justicia provincial ordenó la detención de ocho efectivos acusados de coacción, conspiración y sedición. Entre ellos, además de Correa y del propio Amarilla, estaban varios de los efectivos que hoy se encuentran apostados frente a la Casa de Gobierno, como son Iván Arrieta, Alejandro Arrieta, Adolfo Guirula, Lisandro Canteros, Joaquín Orrego y Elías Coutto.
La investigación se apoyó en una serie de mensajes extraídos de teléfonos celulares donde, según la acusación, algunos de los involucrados discutían la posibilidad de retomar las protestas e incluso impulsar acciones destinadas a generar desorden público. El juez de Instrucción Fernando Verón consideró que esos elementos permitían sospechar la existencia de un plan para presionar al gobierno provincial y avanzar sobre la conducción de la Policía de Misiones. Los imputados siempre rechazaron esa interpretación y sostuvieron que los chats fueron sacados de contexto para justificar una represalia política por el rol que habían tenido durante el conflicto salarial.
Sin proponérselo, la causa terminó produciendo uno de los fenómenos políticos más inesperados de la historia reciente de la provincia. Para cuando los misioneros fueron a votar el 8 de junio de 2025, Amarilla y el resto de los policías llevaban casi nueve meses presos. En ese contexto, el principal referente de las protestas tomó una decisión inusual: aceptó encabezar una lista de candidatos a diputados provinciales desde la cárcel y convirtió su situación judicial en una bandera política. La candidatura terminó canalizando parte del malestar que habían dejado las manifestaciones de 2024 y lo transformó en la gran sorpresa de la elección: obtuvo cerca del 20% de los votos y accedió a una banca en la Cámara de Representantes sin haber recuperado todavía la libertad.
El resultado alteró por completo la lectura política del conflicto. Lo que para el oficialismo había sido presentado como un intento de desestabilización terminó transformando a Amarilla, uno de los principales protagonistas de la prostesta, en un dirigente con representación parlamentaria propia. Recién después de conocerse el resultado, que tuvo al oficialista Frente Renovador de la Concordia como ganador, comenzó a desarmarse el esquema de detenciones iniciado en septiembre del año anterior. El suboficial retirado fue el primero en salir de la cárcel. Con el correr de las semanas, le llegó el turno al resto de los uniformados.
¿Decreto “fantasma”?
Durante meses, los policías creyeron que su principal problema era la causa judicial que los había llevado a prisión. Sin embargo, una vez recuperada la libertad, comenzaron a concentrarse en otra pregunta: bajo qué instrumento legal habían sido expulsados de la fuerza. La cesantía de los ocho efectivos fue formalizada mediante el decreto 2084/24. Sin embargo, dos años después, la existencia misma de ese documento se convirtió en el principal eje del reclamo.
Todo había comenzado con una postal política contundente. La decisión de avanzar contra los policías fue presentada públicamente por el gobernador Hugo Passalacqua en una conferencia de septiembre de 2024. A su lado se encontraban la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Venchiarutti Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; y el entonces presidente de la Legislatura provincial, Oscar Herrera Ahuad. La imagen de los tres poderes del Estado encolumnados buscó transmitir una señal de respaldo institucional frente a un conflicto que el oficialismo consideraba especialmente sensible.
Pero la respuesta que fueron encontrando los policías acerca de su desvinculación resultó desconcertante. Mientras aseguran que distintas áreas del Estado provincial continuaban registrándolos como personal policial, el decreto que supuestamente había dispuesto sus cesantías parecía no aparecer en ningún lado. Esa sospecha terminó convirtiéndose en el motor del actual acampe.
Esa hipótesis cobró fuerza, según Correa, cuando logró acceder a los sumarios administrativos que venía reclamando desde septiembre de 2025. El efectivo sostiene que en esa documentación no aparecen constancias de notificaciones formales sobre su cesantía. También menciona una respuesta recibida desde la Dirección del Boletín Oficial provincial donde se le informó que el instrumento nunca fue remitido para su publicación. “Nos dijeron que el decreto no existe, que seguimos figurando como policías y que los sueldos se siguen liquidando. Ellos no nos quieren atender porque pudimos reunir todas las pruebas de que seguimos siendo policías”, afirma.
Desde el gobierno provincial rechazan de plano esa interpretación. Fuentes oficiales consultadas por elDiarioAR sostienen que los policías fueron notificados oportunamente de su situación administrativa y remarcan que sus reclamos ya fueron respondidos en reiteradas oportunidades. El 29 de abril pasado, por ejemplo, la Asesoría Jurídica de la Gobernación les comunicó formalmente que las peticiones vinculadas a la restitución de sus puestos de trabajo ya habían sido contestadas en expedientes anteriores y que no existían motivos para abrir nuevas instancias de diálogo. En esa respuesta, firmada por el asesor jurídico Carlos Javier Clerici, el Ejecutivo provincial les informó que la cuestión había sido resuelta y que la reiteración de presentaciones ante distintas dependencias “carece de sentido procesal y eficacia jurídica”.
Tampoco comparten la tesis del llamado “decreto fantasma”. “En derecho hay una máxima que dice que no hay nulidad por la nulidad misma”, argumentan cerca del gobierno provincial. Según esa interpretación, la eventual falta de publicación del decreto en el Boletín Oficial no afecta su validez jurídica porque se trata de un acto administrativo de alcance particular y no de una disposición general dirigida al conjunto de la sociedad. “El Boletín Oficial es para conocimiento general de la sociedad, no para notificar cuestiones particulares”, sostienen.
Las mismas fuentes agregan que, aun si existiera algún cuestionamiento sobre el procedimiento, el ámbito adecuado para plantearlo era la Justicia. “Si hubiera una afectación, que entendemos que no la hay, deberían haber hecho las presentaciones judiciales correspondientes”, señalan. Además, rechazan que los policías desconocieran el contenido del decreto. “Ellos mismos acompañan el decreto en algunas de sus presentaciones. En derecho existe la teoría de los actos propios: si vos te notificaste y tenés el decreto, no podés decir después que no lo tenés o que desconocés su contenido”, sentenciaron.
Presiones internas
Desde el campamento, Correa también insiste en que las represalias comenzaron mucho antes de las detenciones. Según denuncia, ya había sufrido presiones internas tras impulsar acusaciones por presuntos hechos de corrupción dentro de la fuerza policial en 2023. Y asegura que durante el conflicto salarial de mayo del 2024 tanto él como otros delegados recibieron amenazas y ofrecimientos para abandonar la protesta.
Según su relato, el 21 de ese mes, en pleno reclamo salarial, autoridades policiales y funcionarios provinciales les habrían ofrecido dinero, vehículos y otros beneficios. “A nosotros nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a meter presos. Así lo hicieron. Nos ofrecieron plata y nos dijeron que nos teníamos que callar”, sostiene Correa en diálogo con elDiarioAR, quien luego de litigios y recursos rechazados en la justicia provincial, decidió junto con sus colegas presentar una denuncia en los tribunales de Comodoro Py donde exponen una extensa lista de presuntos delitos que incluyen abuso de autoridad, persecución política, amenazas, privación ilegítima de la libertad y violencia institucional.
Semanas atrás, Ramón Amarilla utilizó su banca en la Legislatura para visibilizar la situación de sus antiguos compañeros. “Lo que ocurrió en la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico no fue un acto de indisciplina porque el hambre no conoce de jerarquías”, sostuvo durante una sesión parlamentaria en referencia a las protestas que lo tuvieron como principal vocero. Y agregó: “Estamos ante personas que no saben si mañana van a tener para darle de comer a sus hijos, que no pueden pagar su alquiler porque sobre su cabeza está la sombra de un sumario que no avanza y de un gobierno que no los escucha”.
Por ahora, el acampe sigue allí. Mucho más pequeño que aquel que en 2024 paralizó a Misiones, pero sostenido por varios de los mismos protagonistas. Dos años después, el gobierno provincial insiste en que la historia está cerrada. Los manifestantes siguen durmiendo frente a la Casa de Gobierno para demostrar exactamente lo contrario.
PL/MG
La oposición presiona en el Congreso para remover a Adorni y el PRO no descarta dar quórum
Hay una sesión pedida para el 23 de junio en Diputados que incluye la moción de censura. El PJ del Senado también se sumó a la ofensiva. Desde el partido de Mauricio Macri aseguran que todavía no tienen "postura definida". "Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días", deslizaron desde el PRO.
Mientras el Gobierno elige estirar la agonía del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de presiones cada vez más enérgicas de sectores internos para que lo tiren por la borda, la oposición busca acortar el margen de superviviencia del funcionario a través del impulso de sesiones en ambas cámaras del Congreso que incluyen mociones de censura, el mecanismo constitucional para destituirlo.
La novedad es que ahora el PRO salió a pedir explícitamente la cabeza del ministro coordinador, y amenaza con dar quórum en la Cámara de Diputados en la sesión pedida por la oposición para el 23 de junio, en torno a un temario de seis expedientes que abarca desde informes básicos, pasando por pedidos de interpelación y hasta mociones de censura.
“No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días”, contestaron desde el bloque que preside Cristian Ritondo a una consulta de la Agencia Noticias Argentinas.
Desde la UCR bajaron un poco el tono del desafío abierto por el PRO y señalaron en diálogo con este medio que habrá una reunión del interbloque Fuerzas del Cambio (que incluye también al MID y a Karina Banfi) para definir una postura común entre el martes y el miércoles de esta semana.
En la fallida sesión del 13 de mayo pasado, que la propia oposición solicitó su suspensión por falta de apoyos, el PRO, la UCR y el sector más colaboracionista de Provincias Unidas habían decidido no dar quórum para no levantar olas con el Gobierno nacional, pero mucha agua corrió debajo del puente desde entonces.
La presentación de la declaración jurada de Adorni y sus extravagantes justificaciones patrimoniales en televisión, sumado a los reparos previos expresados por la jefa de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, desataron una tormenta perfecta que amenaza su continuidad como jefe de Gabinete.
El descontento no solo unificó al peronismo y a los bloques de izquierda, sino que fracturó el blindaje aliado del Gobierno.
Espacios dialoguistas, gobernadores provinciales e incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumaron a los reclamos para exigir que el ministro rinda cuentas de manera inmediata, al considerar que las explicaciones vertidas en televisión habían hecho agua y hasta podrían constituir una confesión de parte del delito de omisión maliciosa por esconderle al fisco ahorros millonarios durante años.
Al pedido de sesión en Diputados, que lleva las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y monobloques se sumó el viernes pasado un proyecto de resolución presentado por el peronismo del Senado para interpelar y tratar una moción de censura contra Adorni.
El interbloque Popular presidido por José Mayans solicitó la convocatoria a una “sesión urgente” en la que se trate esta resolución que, de ser aprobada, obligue al ministro coordinador a comparecer a la Cámara alta en un plazo máximo de “siete días” para abordar la moción de censura.
“En caso de su incomparencia, la Cámara quede habilitada en forma directa para tratar la mencionada medida en la misma sesión especial convocada a tal efecto”, advirtieron los senadores peronistas en un comunicado.
La bancada opositora ampara su reclamo en el artículo 101 de la Constitución Nacional, y argumentan que existen “irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones” en las presentaciones que Adorni realizó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).
Para poder aprobar los pedidos de interpelación y las mociones de censura contra Adorni, la oposición precisa reglamentariamente, tanto en Diputados como en el Senado, una mayoría especial de dos tercios, ya que los expedientes llegarán al recinto sin dictamen.
Se trata de mayorías actualmente inalcanzables para la oposición, por lo que la expectativa real de cara a esas sesiones es primero reunir el quórum y luego aprobar el emplazamiento de las comisiones respectivas para destrabar el tratamiento efectivo de los proyectos.
Esto obligaría al oficialismo a abrir el debate en los cuerpos de trabajo que hoy mantiene bloqueados, prolongando la exposición pública del escándalo.
Sin aprobar ese recurso en el recinto, la oposición no podría jamás tener oportunidad de abordar los proyectos en las comisiones, ya que éstas están conducidas por representantes del oficialismo.
Todo este recorrido que implicaría aprobar los emplazamientos y luego dictaminar los proyectos en las comisiones insumiría no menos de un mes.
Para entonces, el Gobierno podría ya haber sentenciado la suerte de Adorni, quien cada día que pasa complica aún más su situación en medio del escándalo por inconsistencias y omisiones en sus declaraciones juradas, en el marco del sospechoso incremento patrimonial que experimentó desde que es funcionario público.
Desde Unión por la Patria señalaron que pese a los embates opositores para forzar la salida de Adorni, en realidad el escenario más favorable sería la permanencia del jefe de Gabinete, ya que la sola continuidad del tema en la agenda pública opera como factor de desgaste diario para el presidente Javier Milei.
Con información de NA.
El gobierno de Bolivia deportó a legisladores argentinos que fueron a fiscalizar violaciones a los derechos humanos
La comitiva que llegó este lunes a la madrugada, al aeropuerto de El Alto, estaba integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria Juan Marino; Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el FIT/PO; Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; y María José Cano de la CTA-A, entre otros: les retuvieron los documentos, los obligaron a tomar un avión hacia a ciudad bolivina de Santa Cruz y regresaron hacia Argentina.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira impidió la fiscalización de las violaciones a derechos humanos que se llevan adelante en Bolivia y deportó a legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban la Misión Humanitaria.
La comitiva que llegó este lunes a la madrugada, al aeropuerto de El Alto, está integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros: les retuvieron los documentos, los obligaron a tomar un avión hacia a ciudad bolivina de Santa Cruz y regresaron hacia Argentina.
Desde allí, Biasi, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, sostuvo que estuvieron “secuestrados con represión policial” y que fueron parte de una misión que se realizó en muchas situaciones similares como la que sucede en Bolivia.
Además, indicó que lo que ocurre en ese país es “una verdadera dictadura militar”: “Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio”, agregó.
En la misma línea, Barry confirmó que “no los dejaban bajar del avión” y que el trato que recibieron “fue igual al de un secuestro”. Además, manifestó que quisieron “hacerles firmar un documento” que presentaba “causas truchas” respecto a los objetivos del viaje.
Por su parte, el jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP) Germán Martínez le “exigió” a las autoridades bolivianas que Marino “pudiera realizar las tareas para las que fue invitado” por la Asamblea Plurinacional del país limítrofe: “Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física”, remarcó.
“Esta misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano. La expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos”, sostuvo el comunicado que emitió la Misión Humanitaria.
Asimismo, subrayaron que esta situación “atentó contra los fueros diplomáticos” de los legisldores Marino y Biasi, que forman parte de la delegación, y calificaron el accionar de Paz Pereira como “dictatorial”.
“La represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; actos de discriminación y racismo. Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales a estar alertas ante la situación por la que está pasando la Misión Humanitaria”, concluyeron.
El juicio por los fusilados de 1956 acusa al Estado de lesa humanidad: un embajador de Milei es nieto de uno de los acusados
El proceso busca la reparación histórica de las cinco víctimas de la investigación que reveló Rodolfo Walsh. La acusación contra el Estado fue notificada a la Procuración General del Tesoro, que depende de un hombre de Santiago Caputo. La conexión familiar entre el jefe policial de la Revolución Libertadora y un diplomático libertario.
70 años de la masacre de José León Suárez: el fusilamiento que reveló Rodolfo Walsh
En el mismo lugar donde hace 70 años la dictadura de la Revolución Libertadora fusiló a un grupo de hombres comenzará este miércoles un juicio por la verdad histórica. Se acusa al Estado, entonces encarnado en las figuras de Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas, de cometer delitos de lesa humanidad. El proceso a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín se llevará a cabo en el Auditorio Hugo del Carril, ubicado en el mismo lugar donde hace siete décadas estaba el basural donde fueron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete hombres sobrevivieron a la Operación Masacre que denunció el escritor Rodolfo Walsh.
El juicio a cargo de Alicia Vence implica por primera vez condenar a los responsables del operativo de la Libertadora que buscó sofocar el levantamiento del 9 de junio del entonces general Juan José Valle. Participarán familiares de las víctimas fatales y hasta habría testimonial –por texto o video– de Juan Carlos Livraga, “el fusilado que vive” que le reveló la historia a Walsh y que hoy con 94 años vive en California, Estados Unidos. Las audiencias serán este miércoles, jueves y viernes, día en que se espera que se conozca la condena.
Pero el proceso va más allá: intentará marcar un mojón hacia adelante, para que la Justicia federal ordene investigar los otros operativos militares y policiales que hubo en la misma noche. Es que aquella noche de 1956 la Libertadora sofocó a sangre y fuego levantamientos en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 7 de La Plata y 2 de Palermo. También en Viedma, Rosario, Rafaela, Santa Rosa. En total hubo 27 víctimas fatales. Tras la sanción de la Ley Marcial, el general Valle fue ejecutado el 12 de junio luego de entregarse para detener la represión.
“Tenemos la firme convicción de que el fusilamiento fue un delito de lesa humanidad y que habrá condena. Nunca hubo un juicio al respecto y nunca hubo una investigación al respecto”, sintetizó el abogado querellante Alberto Palacio, que representa ad honorem a los familiares de Lizaso, Carranza, Garibotti, Rodríguez y Brión.
Los fusilamientos en José León Suárez quedaron impunes luego de que la denuncia original de Livraga –que expuso Walsh– no tuviera lugar en la Corte Suprema. En 1957 el máximo tribunal ordenó que haya un proceso en la justicia militar, que decidió exonerar a Aramburu, Rojas y también al jefe de la policía bonaerense de entonces, el coronel retirado Desiderio Fernández Suárez. Este último fue quien detuvo a los doce hombres la noche del 9 de junio en una casa en Florida y ordenó –ya en la madrugada del 10– fusilarlos en un descampado en San Martín.
Aramburu, Rojas y Fernández Suárez son mencionados en el expediente por delito de lesa humanidad. No está previsto que haya una defensa de sus actuaciones, y cuando elDiarioAR consultó a las familias de Aramburu y Fernández Suárez si sabían sobre el inicio del juicio la respuesta fue negativa. En los últimos días incluso este periodista reveló –en una investigación publicada en Anfibia– que el nieto del jefe de la Policía actualmente es diplomático del Gobierno. Leandro Fernández Suárez es diplimático de carrera desde 1993, fue cónsul de Alberto Fernández y en enero de este 2026 fue designado como embajador en México vía decreto de Javier Milei.
La revelación habría tenido cierto impacto diplomático. Según confió un embajador a este medio, el dato sobre Fernández Suárez llegó a oídos del canciller Pablo Quirno a través del subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. Incluso LaPolíticaOnline se hizo eco del dato y publicó que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, “analiza rechazar las cartas credenciales del embajador argentino por ser el nieto de un represor”
El expediente incluso circuló por la Casa Rosada, ya que la jueza Vence notificó a la Procuración del Tesoro, es decir el cuerpo de abogado del Estado, que dirige Sebastian Amerio, hombre de Santiago Caputo. No trascendió que algún letrado que represente al Estado quiera defender su posicionamiente ante los fusilamientos.
El proceso judicial que ahora comienza acumuló una demora de cuatro años. Tuvo un tropiezo adicional cuando el fiscal que impulsaba el expediente, Paul Starc, fue designado el año pasado por Milei al frente de la Unidad de Información Financiera. Starc duró poco en el cargo: en enero fue desplazado con un cargo en el BICE.
Los responsables
El juicio no tiene antecedentes en el fuero federal pero sí un espejo en el fuero de Resistencia: el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, que concluyó en mayo de 2022 y dictaminó que el ataque perpetrado el 19 de julio de 1924 contra las comunidades Qom y Moqoit constituyó un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio indígena. Ese proceso es el modelo sobre el que trabajó la querella.
Entre quienes esperan el inicio del juicio está Berta Carranza, hija de Nicolás, que tenía dos años cuando su padre fue fusilado. “Estamos a punto del inicio del juicio por lesa humanidad que estamos pidiendo. ¿Y qué espero? Espero justicia”, dijo a elDiarioAR. Carranza era ferroviario, estaba cesanteado por su militancia política y tenía seis hijos. Vivía en la clandestinidad y así llegó a la casa de Florida en la que irrumpió la policía el 9 de junio de 1956.
El silencio fue la primera condena que vivieron las familias. “Teníamos prohibido decir que los fusilaron. Cuando íbamos a la escuela o si cualquier persona en la calle nos preguntaba no podíamos decir eso”, recordó Berta. Ahora, ella y los demás familiares de Lizaso, Garibotti, Rodríguez y Brión esperan que la Justicia federal les otorgue una reparación histórica negada durante 70 años.
Los que murieron. Los que vivieron.
Fusilado
Fusilado
Fusilado
Fusilado
Fusilado
Sobrevivió
Sobrevivió
Sobrevivió
Sobrevivió
MC
Mientras sube la presión por el "caso Adorni", Milei prepara viajes por España, la cumbre del Mercosur y los festejos de la independencia de EE.UU.
Arranca el 23 de junio rumbo a Madrid para una conferencia con empresarios en la Universidad CEU San Pablo. El 27 va a Asunción para la cumbre con líderes de sudamérica. El 4 de julio estará en las celebracionbes en conmemoración de la independencia de los Estados Unidos y fue invitados después al retiro anual Allen & Co. en Sun Valley, Idaho, que reúne a algunas de las figuras más influyentes de los medios de comunicación, tecnología, deportes, política y negocios.
El presidente Javier Milei reactiva su agenda internacional y partirá rumbo a España, donde desplegará un viaje de tres días por la capital, Madrid.
El jefe de Estado saldrá del país el próximo miércoles 24 de junio y permanecerá en Madrid hasta el sábado 27 del mismo mes.
Allí participará en una conferencia y en reuniones con distintos empresarios en la Universidad CEU San Pablo.
Con esta nueva participación se concreta la sexta visita del mandatario a España: en los viajes anteriores se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La última vez fue el expositor final del Madrid Economic Forum.
El viaje de Milei se dará el mismo día en que la oposición buscará interpelar y aprobar una moción de censura a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario se encuentra envuelto en escándalos relacionados con su patrimonio y sus dichos públicos.
El resto de la agenda
De vuelta a la Argentina, Milei aguardará unos días y volverá a salir del país, esta vez para arribar a Asunción el 30 de junio, con motivo de la cumbre de presidentes del Mercosur. Es la primera bajo vigencia del acuerdo comercial entre el bloque y la Unión Europea (UE).
Por último, el presidente partirá rumbo a los Estados Unidos -por decimoctava vez- el 4 de julio, día en que se celebra la independencia de ese país. Allí se mostrará con su par, Donald Trump, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo bilateral entre ambos estados.
Además, según confirmó la periodista Liliana Franco en Ámbito este lunes, el mandatario argentino participará del evento anual (al cual ya fue invitado en 2024) que se realizará en Sun Valley Camp junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, donde brindará una charla en el exclusivo “campamento” de multimillonarios y líderes, al que acuden invitados los personajes más poderosos del mundo, Sam Altman (presidente de OpenAI); Jeff Bezos (Amazon); el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, entre otros.
Desde 1980, el banco boutique neoyorkino Allen & Co organiza un fin de semana en Sun Valley, una ciudad con 1783 habitantes ubicada en el estado de Idaho (al noroeste de Estados Unidos). Generalmente, esta localidad es distinguida por sus paisajes naturales pero, también, por el hecho de que una vez al año se reúnen los CEOs más poderosos con invitados especiales de alta influencia.
Con información de agencias.