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Noticias de Neuquen
Con Caputo y los Menem cara a cara, Karina Milei rearmó la mesa política y ordenó saturar el Congreso de proyectos
Mientras se conocieron el "súper RIGI" y otras iniciativas, el Gobierno retomó las reuniones de coordinación política jaqueada por un clima de creciente tensión dentro del oficialismo. Bullrich y Adorni también estuvieron, pero no Milei.
La mesa política de la Casa Rosada volvió a reunirse este martes después de dos semanas paralizada por las tensiones internas que atravesaron al oficialismo y apenas un día después de la reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei tras el Tedeum del 25 de Mayo. La secuencia no fue casual. En el Gobierno buscaron construir una cadena de imágenes orientadas a transmitir cohesión política luego de una semana marcada por los enfrentamientos entre el sector de Santiago Caputo y el armado de los Menem, una disputa que llegó incluso a expresarse públicamente a través de cuentas libertarias en redes sociales.
La reunión tuvo un objetivo explícito: volver a ordenar la estrategia legislativa del oficialismo. Pero también otro menos declarado aunque igual de importante: reconstruir un ámbito de coordinación política que había quedado virtualmente congelado por la interna. El encuentro comenzó pasadas las 11 en las oficinas del Ministerio del Interior, en la planta baja de Balcarce 50, y reunió nuevamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al asesor presidencial Santiago Caputo; al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; al ministro del Interior, Diego Santilli; a la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
En la Casa Rosada sostienen que la prioridad inmediata es recuperar iniciativa parlamentaria. Según pudo saber elDiarioAR, uno de los ejes de la reunión fue revisar el estado de los proyectos pendientes y definir cuáles serán las próximas iniciativas que el Ejecutivo enviará al Congreso. El oficialismo busca sobrecargar la agenda política con nuevos anuncios y reformas en un momento en que el clima público empezó a correrse de la centralidad económica que dominó el primer tramo del gobierno.
La estrategia oficial consiste en mantener una dinámica permanente de anuncios legislativos. El objetivo ya no parece ser solamente aprobar reformas, sino también saturar la agenda política con iniciativas nuevas y recuperar centralidad en medio del desgaste interno del oficialismo. Entre los proyectos que circulan aparecen el denominado “Súper RIGI”, enfocado en sectores vinculados al litio, uranio, hidrógeno verde y vehículos eléctricos; cambios en la Ley General de Sociedades; modificaciones regulatorias para el mercado de capitales; reformas vinculadas al lobby; iniciativas sobre ludopatía y una nueva discusión sobre el etiquetado frontal de alimentos. La lógica es empujar varios debates al mismo tiempo, incluso cuando algunos de ellos todavía no tienen volumen político suficiente para atravesar el Congreso.
Detrás de esa estrategia aparece además una admisión implícita del propio oficialismo sobre sus límites parlamentarios. Milei volvió a reconocerlo este martes por la mañana, en una entrevista con Radio Mitre, donde dijo que el Gobierno todavía no cuenta con la fuerza legislativa necesaria para avanzar con la velocidad y la profundidad reformista que imagina. “Seguimos siendo primera minoría y no tenemos quórum propio”, sostuvo al justificar por qué muchas de las transformaciones que impulsa requieren negociación permanente y terminan llegando al Congreso más moderadas de lo que pretendía originalmente la Casa Rosada.
El ejemplo más claro de esa dinámica es el llamado “Súper RIGI”, presentado como una versión todavía más agresiva del régimen de incentivo a las inversiones aprobado el año pasado. El proyecto busca reducir del 25% al 15% la alícuota de Ganancias para las empresas alcanzadas y acelerar fuertemente los esquemas de amortización fiscal para sectores “estratégicos”. La lógica detrás de la propuesta excede incluso la discusión económica puntual: forma parte de la narrativa con la que Milei intenta mostrar que, pese al ruido político interno, el Gobierno todavía conserva capacidad para sostener una agenda propia.
Equilibrios inestables
Pero detrás de la agenda formal vuelve a aparecer, una y otra vez, el verdadero trasfondo de la reunión de la mesa política: la necesidad de administrar la convivencia interna dentro del oficialismo. El conflicto entre Santiago Caputo y el entorno de los Menem alcanzó durante las últimas semanas uno de sus niveles más altos desde el inicio del gobierno. Las acusaciones cruzadas, las operaciones en redes sociales y la circulación de versiones sobre ataques digitales alimentaron dudas incluso sobre la continuidad de algunos espacios comunes de coordinación política.
Por eso el Tedeum de este lunes funcionó como mucho más que una ceremonia religiosa. Javier Milei utilizó la fecha patria para mostrar a todos los sectores bajo su paraguas político. Todas las tribus compartieron espacios, recorridos y fotos en una coreografía cuidadosamente observada dentro del oficialismo. Hubo gestos especialmente leídos puertas adentro: la invitación directa del Presidente a Santiago Caputo —habitualmente relegado de este tipo de ceremonias organizadas por la Secretaría General—; el abrazo público a Bullrich desde el balcón de Casa Rosada; y la caminata compartida entre el asesor presidencial y Lule Menem tras la salida de la Catedral.
Las señales buscaron instalar un armisticio. Pero incluso en medio de la escenificación de unidad quedaron marcas de las tensiones que atraviesan al oficialismo. En las fotos oficiales difundidas por Presidencia sobre el Tedeum y la actividad posterior en Casa Rosada, Santiago Caputo prácticamente no apareció, pese a haber sido uno de los protagonistas políticos de la jornada y a haber participado tanto de la ceremonia como de la actividad en Balcarce 50. El detalle no pasó inadvertido dentro del ecosistema libertario, donde cada encuadre, ubicación o ausencia es delineada hasta la obsesión por la propia Karina Milei.
A ese cuadro de tensión interna se le suma además otra preocupación que sobrevuela cada reunión política del oficialismo: la incertidumbre alrededor de Manuel Adorni. Aunque en la Casa Rosada intentan relativizar el impacto político del caso que envuelve al jefe de Gabinete, lo cierto es que durante las últimas semanas su situación empezó a convertirse en una olla a presión dentro del propio Gobierno. Las versiones sobre su patrimonio y la creciente exposición mediática del tema obligaron al oficialismo a reorganizar parte de su estrategia comunicacional justo cuando buscaba volver a concentrar la agenda en la economía y las reformas.
En Balcarce 50 sostienen que Milei mantiene intacto su respaldo político hacia Adorni y recuerdan los gestos públicos que el Presidente le dedicóa lo largo de estos últimos tres meses. Pero incluso dentro del oficialismo admiten que el caso abrió un frente de desgaste inesperado para una administración que hasta hace pocos meses se sentía cómoda discutiendo casi exclusivamente variables económicas. La expectativa ahora está puesta en la presentación de la declaración jurada del funcionario, que el Gobierno espera utilizar como un intento de cerrar la discusión pública sobre su patrimonio y desactivar parte de la presión política que se acumuló en las últimas semanas. La preocupación no pasa solamente por la dimensión judicial o mediática del tema, sino por el riesgo de que el “factor Adorni” termine amplificando la sensación de desorden interno en un momento donde el Gobierno necesita transmitir exactamente lo contrario.
En el Gobierno saben que el escenario político comenzó a volverse más complejo. Javier Milei se vio obligado por primera vez en casi dos años de gestión a intervenir personalmente para bajar la tensión entre su consejero y el universo político que responde a su hermana. La escena tuvo algo inusual para la lógica de funcionamiento libertaria. Hasta ahora, el Presidente había logrado preservar una estructura de poder donde las disputas convivían bajo un equilibrio relativamente estable sostenido por su centralidad política y por la división tácita de funciones.
Sin embargo, la escalada de las últimas semanas empezó a mostrar fisuras más visibles. El Presidente necesitó exhibir gestos públicos de contención hacia todos los sectores al mismo tiempo. La propia necesidad de montar esa escenografía dejó al descubierto un dato incómodo para el oficialismo: que la autoridad presidencial, hasta ahora ejercida sin demasiadas mediaciones internas, empieza también a ser puesta a prueba dentro de su propio esquema de poder. La tregua de este lunes aparece así menos como una resolución definitiva que como una pausa administrada por Milei para evitar que el conflicto entre sus principales terminales políticas siga escalando frente a todos.
PL/MC
Milei confirmó su participación en el Latam Economic Forum junto con “Toto” Caputo
El Presidente y el ministro serán parte de los oradores del foro este jueves.
El presidente Javier Milei volverá a exponer en un foro este jueves en Parque Norte, donde será el orador que cierre el Latam Economic Forum. Se trata de un evento que organiza el economista Darío Epstein y que reunirá a diversos especialistas para analizar el contexto nacional y global.
La apertura estará a cargo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en lugar del canciller Pablo Quirno por un problema en su agenda, tal como se anunció originalmente.
También estarán Horacio Marín (YPF) y Marcelo Mindlin (Pampa Energía), entre otros referentes del sector público y privado.
Desde la organización del foto recalcaron que la jornada “será 100% solidaria”: todo lo recaudado se destinará a causas sociales de La Fundación de Acción Social de Jabad y Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
A partir de las 9, será la inauguración institucional. Luego, a las 9.15 de la mañana, el titular del Palacio Hacienda ofrecerá el primer discurso. Acto seguido, 9.30, el economista Claudio Zuchovicki será el encargado de exponer su visión de la Argentina junto al politólogo Fabián Calle.
El director de YPF aparecerá en el escenario a las 11.15 hasta las 12.15, cuando le paso al jefe de Estado. El jefe del Poder Ejecutivo hablará durante 45 minutos, tal como se informó.
El Latan Economic resaltó que el impacto solidario constituye uno de los pilares de la organización y uno de sus principales diferenciales. Porque lo recaudado entre entradas y sponsors permite financiar tanto programas estructurales de asistencia social como intervenciones concretas en salud y condiciones de vida de sectores vulnerables
Con información de la agencia NA
El "súper RIGI" de Milei: inversiones de US$1.000 millones sin retenciones, 30 años de protección y arbitraje externo
El Ejecutivo confirmó el proyecto que llegó el fin de semana a la Cámara de Diputados. El texto con 115 artículos establece una alícuota del 15% en Ganancias, exención total de derechos de exportación e importación, y permite que las disputas con el Estado se resuelvan fuera del país y sin árbitros argentinos.
El Gobierno de Javier Milei mandó al Congreso el proyecto de ley del “Súper RIGI”, el régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias que el presidente adelantó semanas atrás con la metáfora de la “mega bomba”. El texto —115 artículos, 13 capítulos, firmado por Milei, el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni— llegó este lunes a la Cámara de Diputados y tiene como destinatario al presidente del cuerpo, Martín Menem. La letra chica revela un paquete de beneficios sin precedentes para inversiones de al menos US$1.000 millones en actividades “que hoy no existen” en el país: semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital.
Ese esquema permitiría, como ya anticipó elDiarioAR, atraer firmas del ecosistema tecnomilitar como Palantir, la empresa del magnate Peter Thiel que vive en Argentina desde hace semanas.
El piso de entrada: USD 1.000 millones
El Capítulo III del proyecto establece que solo podrán adherirse proyectos que comprometan al menos mil millones de dólares en activos computables —equipamiento, construcción, infraestructura—, con la obligación de invertir un 20% en los primeros dos años. No hay lugar para reinversiones en instalaciones preexistentes ni para proyectos que ya presentaron solicitudes al RIGI original de la Ley Bases.
Las empresas que sí califican deben constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad con objeto exclusivo, cuyos activos solo pueden estar afectados al proyecto.
La carga fiscal más baja del sistema
El corazón del proyecto es el Capítulo IV, que concentra los incentivos tributarios. Los VPU adheridos pagarán Ganancias a una alícuota del 15%, frente al 35% que rige para el resto de las empresas. Los dividendos tributan al 7% en los primeros cuatro años y caen al 3,5% después. Las pérdidas fiscales se pueden deducir sin límite temporal y, si no se absorben en cinco años, pueden transferirse a terceros.
En materia de IVA, el mecanismo diseñado es más complejo: las empresas no pagan directamente sino que cancelan el impuesto mediante Certificados de Crédito Fiscal que luego pueden transferir a sus proveedores o entregar directamente al fisco. El texto también permite amortizar en apenas dos años bienes que normalmente se deprecian en décadas.
Las importaciones de bienes del plan de inversión quedan exentas de todos los tributos: derechos de importación, tasa de estadística, IVA, percepciones nacionales, provinciales y municipales. Y las exportaciones de lo que produzcan esos proyectos quedan exentas de retenciones. Cualquier restricción futura será declarada “nula de nulidad absoluta”.
El Capítulo V adiciona otro beneficio: las nuevas relaciones laborales que genere el proyecto pagarán contribuciones patronales a una alícuota única del 10%, menos de la mitad de lo que paga el resto del mercado formal. Solo queda excluida la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), de la reciente reforma laboral.
El Capítulo VI establece un esquema escalonado por el que los VPU quedan progresivamente eximidos de liquidar sus exportaciones en el mercado de cambios: primero el 20% después del primer año de exportaciones, luego el 40% al segundo y el 100% al tercero. Desde ese momento, los dólares de las exportaciones son de libre disponibilidad.
Los aportes de capital del exterior, los financiamientos y los servicios vinculados al proyecto no tienen obligación de ingreso ni liquidación cambiaria. El texto también blinda al VPU contra cualquier norma futura del Banco Central que intente poner límites a sus activos externos líquidos.
No hay tribunales argentinos en el camino obligatorio: el proyecto establece que las disputas irán directamente a arbitraje internacional
30 años de estabilidad y protección contra el Estado
El artículo 74 fija el plazo central del régimen: 30 años de estabilidad normativa tributaria, aduanera, previsional y cambiaria desde la fecha de adhesión. Ninguna ley futura, por más gravosa que sea, podrá afectar a los VPU. Si un nuevo tributo aparece, no se aplica. Si una alícuota sube, el VPU la rechaza exhibiendo su constancia de adhesión.
El artículo 73 va más lejos: el Estado garantiza a los inversores “la plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina”. También garantiza “el derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial”. En otras palabras: ni el Estado puede parar la actividad unilateralmente.
Las provincias, obligadas a resignar recursos
El Capítulo XII establece las condiciones que deben aceptar las jurisdicciones locales que quieran sumarse al régimen. Las provincias y municipios no podrán crear nuevos gravámenes locales para los VPU más allá de los existentes al 31 de diciembre de 2025. Los Ingresos Brutos no pueden superar el 0,5%, el Impuesto de Sellos queda eliminado para todas las operaciones del VPU, y no podrán cobrarse regalías ni cánones administrativos.
Una cláusula particularmente llamativa: si una provincia que adhirió al régimen luego decide dar marcha atrás, no puede afectar los derechos ya reconocidos a los proyectos aprobados. La adhesión es, en la práctica, irreversible respecto de los proyectos en curso.
El arbitraje sale del país
El Capítulo XI define qué pasa si hay conflictos entre el Estado y los inversores. No hay tribunales argentinos en el camino obligatorio: el proyecto establece que las disputas irán directamente a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, a elección del VPU. La sede del arbitraje debe estar fuera de Argentina.
El tribunal arbitral tendrá tres árbitros y ninguno podrá ser nacional argentino —ni tampoco del país del accionista mayoritario del VPU. El procedimiento puede tramitarse en español o en inglés. Y el texto es explícito: no es necesario agotar ninguna instancia administrativa previa. La empresa puede ir directamente al arbitraje internacional sin pasar por ningún recurso local. Más aún: la existencia de un proceso arbitral en curso no suspende los derechos del VPU.
Una “nueva industria” que define el reglamento
Un detalle del proyecto es la definición de qué constituye una “nueva actividad económica”. El texto dice que es todo proyecto “industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”. Pero el alcance preciso lo definirá la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo en 90 días después de sancionada la ley.
El Gobierno, así, podrá moldear a su criterio quién califica y quién no para acceder a un régimen que, en la práctica, representa décadas de beneficios impositivos, cambiarios y legales.
MC
Milei pide derogar la ley de etiquetado frontal con un escueto proyecto y sin proponer nada a cambio
Alineado con el argumento de las alimenticias, el Gobierno oficializó su proyecto de norma para borrar con cinco años de los octógonos.
En uno de los proyectos más breves del paquete legislativo del Gobierno, Javier Milei borrar con la ley de etiquetado frontal. “Derógase la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642.”, dice el primer artículo de la norma que entró este fin de semana en el Congreso.
El segundo artículo fija la vigencia desde la publicación en el Boletín Oficial. El tercero es el “comuníquese”. Eso es todo. La ley que tardó más de un año en aprobarse —y que la industria alimentaria intentó frenar durante todo ese tiempo— quedaría eliminada sin que ningún sistema de advertencia la reemplace.
La Ley 27.642 fue sancionada el 26 de octubre de 2021 con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones en la Cámara de Diputados, después de haber obtenido media sanción del Senado en octubre de 2020. Entre una cámara y la otra pasaron casi doce meses: el tiempo que la industria alimentaria, encabezada por la COPAL —la coordinadora que agrupa a más de 14.500 empresas del sector—, necesitó para presionar sobre los diputados y dilatar el tratamiento. El presidente de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, fue explícito en ese entonces: la ley “atenta contra la productividad del sector”. La norma terminó aprobándose igual, y desde entonces obliga a estampar octógonos negros en los envases que superan los umbrales de azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales, calorías, edulcorantes y cafeína —parámetros definidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)—.
El mensaje de fundamentos que acompaña el proyecto de derogación tiene varios páginas y reproduce, casi punto por punto, los argumentos que la industria esgrimió durante años: que el modelo de perfil de nutrientes es técnicamente inconsistente, que aplica parámetros homogéneos a matrices alimentarias muy distintas, que el sistema binario de advertencias no incentiva la reformulación gradual, que genera problemas de armonización en el MERCOSUR y que carga desproporcionadamente a las pymes. Lo firma el ministro de Salud, Mario Lugones, que proviene del sector privado de la salud. Lo que no tiene el mensaje es una propuesta alternativa: si el Congreso aprueba el proyecto, los octógonos desaparecen y no hay nada que los reemplace.
La OPS desmintió en 2021 los principales argumentos técnicos que se usaban para atacar la ley —y que ahora aparecen en el texto oficial— al publicar evidencia de que el sistema de advertencias con octógonos negros es el único que logró reducir efectivamente el consumo de productos con exceso de nutrientes críticos. Chile fue el primer país de América Latina en implementar un sistema similar, en 2016, y sus resultados en reformulación de productos y cambio de conducta del consumidor son citados como referencia internacional. Uruguay, México, Perú y Colombia adoptaron sistemas equivalentes. Argentina sería el primer país de la región en dar marcha atrás.
El proyecto llega en el mismo paquete que el Súper RIGI y la ley de gestión de intereses, pero a diferencia de esos textos densos, su letra chica no está en los artículos —que son tres— sino en lo que no dice: qué información recibirán los consumidores cuando los octógonos no estén, quién definirá los nuevos parámetros nutricionales, en qué plazo y bajo qué criterios. El mensaje del Ejecutivo promete avanzar hacia “un esquema técnicamente más consistente”, pero no dice cuándo ni cómo. La derogación, en cambio, entraría en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Inspirado en EE.UU., el Gobierno envió al Congreso su ley para legalizar el lobby
Se conoció el proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses. Crean un registro público de lobbyistas, obligan a los funcionarios a declarar cada reunión con privados en cinco días hábiles e incorporan figuras penales nuevas.
El Gobierno confirmó el proyecto que regula por primera vez con rango de ley algo que en Argentina siempre existió pero nunca se nombró del todo: el lobby. El texto se llama Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, lo firman Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, y viene a cubrir un vacío de más de dos décadas: el único antecedente era el Decreto 1172/03 de la era Kirchner, que creó un registro acotado al Ejecutivo y solo para reuniones formales.
El corazón del proyecto es un Registro Público de Gestores de Intereses, digital y gratuito, donde deberán inscribirse —antes de iniciar sus actividades— todas las personas físicas o jurídicas que quieran influir en decisiones del Poder Ejecutivo o el Legislativo nacional. Sin inscripción vigente, no se puede reunir con ningún funcionario obligado. La ley también obliga a los sujetos obligados —el Presidente, ministros, secretarios, senadores, diputados y sus asesores— a registrar cada contacto con un gestor dentro de los cinco días hábiles de producido, bajo cualquier modalidad, dentro o fuera del país. Toda esa información será pública.
El capítulo más llamativo es el de los intereses extranjeros. Los gestores que representen a cualquier Estado, gobierno, partido, empresa o persona jurídica del exterior deben declararlo en cada contacto. La omisión o falsedad es infracción grave. Y el Título VIII incorpora figuras penales nuevas: hacer lobby sin estar inscripto tiene pena de hasta dos años de prisión; representar clandestinamente intereses extranjeros en áreas sensibles —defensa, inteligencia, infraestructuras críticas, recursos naturales— puede llegar a tres años.
El modelo no es original: el propio Ejecutivo reconoce haberse inspirado en la Foreign Agents Registration Act (FARA) de Estados Unidos, una ley de 1938 que obliga a registrarse ante el Departamento de Justicia a cualquier agente de un “principal extranjero” —definición que el proyecto argentino reproduce casi textualmente—. La diferencia está en las penas: la FARA castiga con hasta cinco años de prisión y 250.000 dólares de multa. El proyecto de Milei llega en 2026 con un techo bastante más bajo. Chile, el otro modelo citado, sancionó su ley de lobby en 2014; Argentina recién está llegando.
Dos puntos de la letra chica concentran las mayores dudas. El primero es la autoridad de aplicación: el proyecto dice que en el ámbito del Ejecutivo será “la jurisdicción o el organismo que el Ejecutivo designe”. Es decir, el mismo Poder Ejecutivo elige quién controla si sus funcionarios declaran sus reuniones con privados. No hay un órgano independiente. El segundo es el Poder Judicial: queda explícitamente excluido del régimen. Las gestiones ante jueces, fiscales y defensores se rigen por su propia normativa. Las provincias, por su parte, solo pueden adherir de forma voluntaria: el lobby ante gobernaciones y legislaturas locales queda fuera del sistema hasta que cada jurisdicción decida sumarse —si es que alguna vez lo hace—.