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El presidente de EEUU anunció este miércoles una nueva subida de aranceles a Pekín y una pausa de 90 días para los países que no respondieron a su guerra comercial
Donald Trump dio marcha atrás y anunció una pausa de 90 días en su guerra comercial con la mayoría de países, según informó en un post en su red social. “Autoricé una pausa de 90 días, y una tarifa recíproca sustancialmente reducida durante este periodo, del 10%, también con efecto inmediato”, señaló.
En el mismo mensaje anunció un incremento hasta el 125% de los aranceles a China como castigo a la respuesta de Pekín a la guerra comercial abierta por el presidente de EEUU.
El Gobierno chino había asegurado que tomaría represalias "con determinación y luchará hasta el final", después de que el presidente de EEUU redoblara sus aranceles al país asiático hasta llegar a un 104%.
La guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo se intensifica. China respondió este miércoles a Donald Trump con aranceles del 84% a productos estadounidenses a partir del jueves, frente al 34% anunciado previamente, según dijo el Ministerio de Finanzas y recoge la agencia Reuters.
Al igual que hizo la semana pasada, entre la batería de represalias, el Ministerio de Comercio chino agregó además 12 entidades estadounidenses a la lista de control de exportaciones y seis entidades estadounidenses a la lista de “entidades no fiables”.
El Gobierno chino había asegurado que tiene “una voluntad firme” y “recursos abundantes” para responder “con determinación” si Estados Unidos insiste en “intensificar aún más sus medidas restrictivas económicas y comerciales”, después de que Trump redoblara sus aranceles al país asiático hasta llegar a un 104%, que han entrado en vigor este miércoles.
“Con una voluntad firme y abundantes recursos, China tomará contramedidas con determinación y luchará hasta el final”, ha señalado este miércoles la cartera china de Comercio en un comunicado en el que reitera que “no hay ganadores en una guerra comercial” y que “China no la desea” pero que “no se quedará de brazos cruzados si se vulneran los derechos legítimos de su pueblo”.
Este mismo miércoles, el Ejecutivo ha publicado un libro blanco en el que defiende que la postura china respecto a sus relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos. En el libro, China asevera que “ambos países suponen una oportunidad y no una amenaza para la otra parte” y pide a Washington que elimine “de manera inmediata” la “imposición unilateral de aranceles”.
También insta a EEUU a “fortalecer el diálogo, gestionar las diferencias y promover la cooperación”, y destaca que Pekín está “dispuesto a comunicarse” con la parte estadounidense “sobre asuntos económicos y comerciales bilaterales clave, abordar sus preocupaciones mediante el diálogo y las consultas en pie de igualdad”.
Trump ordenó este martes un arancel adicional del 50% a los productos chinos, lo que eleva el total de gravámenes sobre los bienes chinos al 104% y confirma una rápida escalada en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Anteriormente, Pekín había anunciado un gravamen del 34% a los productos estadounidenses después de que Trump impusiera ese mismo porcentaje a los bienes chinos.
Trump aseguró que Pekín quiere un acuerdo sobre aranceles “desesperadamente”, pero consideró que no sabe “cómo empezar” a negociar y recalcó que la Casa Blanca espera la llamada de su homólogo chino, Xi Jinping.
En las posibles futuras negociaciones entre Pekín y Washington está también el futuro de la aplicación TikTok en EEUU, que el Gobierno de Trump ha exigido desligar de su matriz, la china ByteDance, para poder operar en territorio estadounidense.
Además, China ha acusado este miércoles a Estados Unidos de lanzar “ataques maliciosos” contra su cooperación con Panamá y de exponer con ello su “naturaleza hegemónica y matonesca”, después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmara que Pekín ejerce control sobre infraestructuras clave en torno al Canal de Panamá.
“¿Quién busca realmente controlar el Canal de Panamá? Todo el mundo conoce la respuesta”, ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian en una rueda de prensa en Pekín.
El portavoz rechazó las declaraciones de Hegseth —quien durante una visita oficial a Panamá acusó a China de espionaje y de amenazar la seguridad y soberanía de ambos países—, y aseguró que Estados Unidos “calumnia y socava” la cooperación entre China y Panamá como pretexto para justificar sus propias ambiciones de control. “Instamos a Estados Unidos a dejar de difundir rumores y sembrar discordia, y a dejar de vincular deliberadamente a China con el tema del Canal para encubrir sus verdaderas intenciones”, añadió.
Las autoridades chinas dicen que “nunca han participado en la gestión ni operación del canal”, que reconocen como una infraestructura “neutral y bajo plena soberanía panameña”.
La controversia en torno a la presencia china en el área del Canal ha crecido desde que la firma hongkonesa CK Hutchison, que opera dos puertos clave en Panamá, anunciara un acuerdo con el gestor de activos estadounidense BlackRock para traspasar la concesión. Aunque la operación fue interpretada en Washington como una victoria estratégica, el proceso se ha visto demorado por una investigación del regulador antimonopolio chino.
Por otro lado, China ha negado este miércoles que haya ciudadanos suyos participando de forma organizada en la guerra de Ucrania junto a las tropas rusas, y ha reiterado su postura de neutralidad y su compromiso con una solución política al conflicto.
La respuesta llega después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunciara el martes la detención de dos chinos que combatían en las filas rusas, y afirmara que Kiev tiene indicios de que podría haber “muchos más”.
“La posición de China sobre la crisis en Ucrania es clara y coherente, y ha sido reconocida ampliamente por la comunidad internacional”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian al ser preguntado por la supuesta captura de dos ciudadanos chinos en el frente del Donbás.
Ha asegurado que Pekín está “verificando la información con la parte ucraniana” y ha subrayado que el Gobierno chino ha exigido siempre a sus ciudadanos “alejarse de las zonas de conflicto y abstenerse de participar en operaciones militares de cualquier parte”.
Preguntado por las críticas del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, quien aseguró que estos hechos “ponen en cuestión la credibilidad de China como potencia de paz”, Lin ha defendido que Pekín “mantiene una posición objetiva e imparcial” y que ha estado “comprometido con la promoción del alto el fuego y el diálogo”. “El mundo ha sido testigo de los esfuerzos constructivos de China en la búsqueda de una solución política”, ha añadido.
Pekín ha rechazado de forma reiterada las acusaciones de Occidente sobre un posible apoyo militar a Moscú, no ha condenado la invasión y ha mantenido una posición ambigua, instando al respeto por “la integridad territorial de todos los países”, incluyendo Ucrania, y subrayando la necesidad de atender las “legítimas preocupaciones de todos los países”, aludiendo a Rusia.
La captura de los dos supuestos combatientes chinos representa un nuevo frente diplomático para Pekín, en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea por la guerra comercial, la situación del mar de China Meridional y el papel de China en la escena geopolítica global.
EFE / elDiario.es
Los estados miembros avalaron el listado de unos 1.600 productos de EEUU que tendrán una tasa del 25% en contestación al golpe de Trump al sector del acero y el aluminio por un valor de 21.000 millones de euros.
La Unión Europea aprobó formalmente los primeros aranceles a EEUU en respuesta a la guerra comercial desatada por Donald Trump, según fuentes comunitarias. Los estados miembros dieron el visto bueno al listado de unos 1.600 productos estadounidenses que tendrán una tasa del 25% como represalia por el golpe atestado por Trump al sector del aluminio y el acero. Hungría votó en contra de la propuesta, que sólo podía ser rechazada si se oponían al menos 15 países que representen el 65% de la población europea.
Por el momento la UE está respondiendo con unidad, que es uno de los retos que tiene por delante ante la guerra comercial. El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni pidió el lunes un retraso en la adopción de las represalias, pero con la boca pequeña y en todo momento el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, mostró apoyo a las decisiones pilotadas desde Bruselas.
“Hungría vota en contra de la propuesta de la Comisión Europea de imponer aranceles compensatorios a Estados Unidos. La escalada no es la solución. Tales medidas causarían aún más daño a la economía y a los ciudadanos europeos al aumentar los precios. La única salida es la negociación, no las represalias”, argumentó el Gobierno del ultraderechista húngaro Viktor Orbán, que es, junto con Meloni, el aliado ideológico de Trump en Europa.
“La UE considera injustificados y perjudiciales los aranceles de EEUU, que causan daños económicos a ambas partes, así como a la economía mundial. La UE ha manifestado su clara preferencia por encontrar salidas negociadas con EE.UU., que sean equilibradas y mutuamente beneficiosas”, señala la Comisión Europea en el comunicado en el que informa de la aprobación del paquete y en el que deja la puerta abierta a la retirada de las medidas si hay un acuerdo, como ocurrió en 2021: “Estas contramedidas pueden suspenderse en cualquier momento, si EEUU acepta un resultado negociado justo y equilibrado”.
Los aranceles comenzarán a aplicarse el 15 de abril, aunque lo harán en varias fases. Los productos afectados desde mediados de este mes afectan a 3.900 millones de euros en exportaciones; pero el grueso (13.500 millones) se activarán el 16 de mayo y un puñado (productos como la soja o las almendras por un importe de 3.500 millones) tendrán la tasa extraordinaria a partir del 1 de diciembre. El abanico de los bienes es amplísimo: desde comida (salchichas, mantequilla de cacahuete, huevos...) hasta maquinaria (frigoríficos, hornos...) pasando por ropa (interior, de bebé, los vaqueros...) y un largo etcétera.
En total, el valor de los productos señalados por la UE alcanzan los 21.000 millones de euros, según los cálculos de la Comisión Europea, es decir, por debajo de los 26.000 millones que supondrá el daño al sector siderúrgico. Y en Bruselas asumen, además, que las represalias europeas no lograrán alcanzar el valor total de los aranceles impuestos por Trump (al 25% al acero y al aluminio, se suma el 25% de los coches y un 20% del denominado 'arancel recíproco' con el que añade cargas con argumentos como la existencia del IVA, que grava a todos los consumidores por igual). El daño de la guerra comercial afectará a unos 360.000 o 380.000 millones de euros en exportaciones de la UE.
“Hemos estado escuchando muy atentamente a nuestros estados miembros. Queríamos asegurarnos de que la carga se reparte equitativamente entre todos. No estamos en el negocio del ojo por ojo o céntimo por céntimo. Lo hacemos porque nos vemos obligados a ello por las medidas que nos llegan de Estados Unidos. Y seguimos esperando que al final lleguemos a una relación comercial fructífera y mutuamente ventajosa”, afirmó este lunes el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.
Además de asumir que no se llegará al valor total, la UE ha sucumbido a la presión al sacar de su listado de represalias productos como los lácteos, el vino o el whisky bourbon. La inclusión de esa bebida, de especial simbolismo en EEUU y producido fundamentalmente en el estado republicano de Kentucky, provocó la ira de Trump, que amenazó con gravar el vino, el champán y las bebidas alcohólicas europeas con un 200%. Francia, España e Italia se movilizaron para sacarla del listado ante el golpe que suponía para el sector.
Por otro lado, la intención de la UE es mantener abierta la negociación con EEUU. De hecho, continúan los contactos con la Adminstración Trump. La pretensión de la Comisión Europea es dar una respuesta “gradual”. Así, está trabajando en un segundo paquete de represalias que presentará, en principio, la próxima semana si “para entonces” Washington no ha dado señales de una “negociación real”.
La respuesta medida de la UE contrasta con la escalada que se está produciendo entre EEUU y China. El denominado 'Día de la Liberación', Trump anunció un arancel del 34% para el gigante asiático, que respondió al día siguiente con una tasa por ese mismo porcentaje. El presidente estadounidense contraatacó el martes con un arancel adicional del 50% a los productos chinos, que eleva el total de gravámenes al 104%. Pekín reaccionó este miércoles con un 84%.
A la concentración habitual, se suman columnas sindicales y movimientos sociales. Se espera que la manifestación sea masiva.
Frente a un Congreso vallado y cercado para evitar el contacto entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, centrales obreras y sindicatos se juntaron en apoyo de los jubilados en su tradicional marcha de los miércoles.
La CGT inicia en esta marcha su medida de fuerza de 36 horas, que contempla mañana jueves un paro general. Se espera que la manifestación sea masiva. “Tardaron un poco en llegar los muchachos de la CGT”, bromea, Liliana, una jubilada. La concentración copó las calles del Congreso, desde Solís e Hipolito Yrigoyen hasta Avenida Rivadavia.
El jueves pasado, referentes de gremios como Sanidad, UPCN, Uocra, Camioneros, Seguros, Vidrio y Smata delinearon la logística y el recorrido: concentración en Yrigoyen y Solís, marcha hacia la Plaza de los Dos Congresos y consignas claras: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados y rechazo al ajuste.
La expectativa es que más de 300 mil personas participen de la jornada, que contará también con la adhesión de las dos CTA y de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa y Territorios en Lucha.
El operativo de seguridad está esta vez rodeado de polémica. Un fallo del juez porteño Roberto Gallardo dispuso que la custodia debía recaer en la Policía de la Ciudad, y que el Gobierno nacional debía abstenerse de intervenir. Pero la Casa Rosada desoyó la orden y confirmó que será Patricia Bullrich quien encabece el despliegue, con el mismo protocolo que en las protestas anteriores: vallado perimetral, fuerzas federales y ningún margen para el diálogo.
El sindicalismo busca mostrar fuerza frente al ajuste y suma su peso a la movilización de los jubilados. La tensión por el operativo de seguridad revela la incomodidad del Gobierno ante una escena que no logra evitar.
La calle será el escenario. Este miércoles, desde el mediodía, columnas sindicales, movimientos sociales y la protesta ya habitual de los jubilados volverán a confluir frente al Congreso. Será el primer acto de una huelga que se estiró a 36 horas y que tendrá su punto más alto el jueves, cuando rija el tercer paro general contra Javier Milei. Pero más allá de las fechas, los nombres y los reclamos, lo que empieza a visibilizarse es otra cosa: un malestar que no encontró contención institucional y ahora desborda por los márgenes del sistema político.
No se trata del regreso triunfal de una central obrera poderosa. Al contrario: la CGT se suma a una protesta que no empezó en la sede de Azopardo, sino en las veredas de los jubilados, donde una mínima que no alcanza para lo básico fue el primer motor de la bronca. La huelga, entonces, no es obra de una dirigencia resuelta, sino la reacción inevitable ante una clase política que no supo o no quiso escuchar a tiempo.
Desde hace días, en la sede de la CGT se afina el dispositivo para que la movilización sea masiva. El jueves pasado, referentes de gremios como Sanidad, UPCN, Uocra, Camioneros, Seguros, Vidrio y Smata delinearon la logística y el recorrido: concentración en Yrigoyen y Solís, marcha hacia la Plaza de los Dos Congresos y consignas claras: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados y rechazo al ajuste. La expectativa es que más de 300 mil personas participen de la jornada, que contará también con la adhesión de las dos CTA y de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa y Territorios en Lucha.
En la previa, el Gobierno nacional intentó desactivar la medida del jueves con una maniobra quirúrgica: dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la UTA, apostando a mantener activo el transporte durante la jornada de paro. Pero el tiro puede salir por la culata. La medida no alcanza legalmente al paro general convocado por la CGT, y en el gremio de colectiveros hay tensión interna. Algunas seccionales del interior ya avisaron que podrían sumarse, incluso desoyendo la conciliación.
La discusión más áspera, sin embargo, se dio por el operativo de seguridad de hoy. Un fallo del juez porteño Roberto Gallardo dispuso que la custodia debía recaer en la Policía de la Ciudad, y que el Gobierno nacional debía abstenerse de intervenir. Pero la Casa Rosada desoyó la orden y confirmó que será Patricia Bullrich quien encabece el despliegue, con el mismo protocolo que en las protestas anteriores: vallado perimetral, fuerzas federales y ningún margen para el diálogo.
La ministra de Seguridad fue tajante: “No vamos a dejar de cuidar la sede del Gobierno federal”, dijo. Y fue por más: denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, por su parte, apeló el fallo, respaldó a Bullrich y se sumó al coro oficial que busca impugnar judicialmente cualquier intento de frenar el protocolo antipiquetes.
Pero la marcha va. Así lo confirmó este martes Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y dirigente de Camioneros: “Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo”. Para la central obrera, el escenario está claro: si el Gobierno apuesta a la represión, será su responsabilidad. Porque lo que está en juego no es solo el derecho a manifestarse, sino el modo en que el oficialismo decide relacionarse con el conflicto social.
El Gobierno se mueve entre el desprecio discursivo y el cálculo defensivo. En los últimos días, funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvieron contactos reservados con algunos gremialistas, buscando alguna señal de distensión. No la encontraron: el triunviro Héctor Daer apuntó el lunes contra la Casa Rosada al señalar que “hay diálogo, pero no hay negociación”.
En público, los libertarios dicen que no hay reclamo puntual, que el paro es político, que los sindicatos son parte de “la casta”. Francos llegó a calificar la medida de “ridícula” y advirtió a los gremios sobre sus consecuencias. En privado, en cambio, el análisis es menos ideológico.
Es que el trasfondo político es cada vez más complejo para Milei. La economía da señales de fatiga, la inflación amenaza con rebotar, el dólar se recalienta, el Congreso avanza con una comisión investigadora por el caso $LIBRA y la imagen presidencial empieza a mostrar signos de desgaste. En Azopardo lo leen con claridad: lo que hasta hace meses era impensado —una huelga general de 36 horas— hoy se vuelve inevitable.
La de este miércoles no será una jornada fundacional ni un punto de quiebre. Pero sí una foto reveladora. La de un gobierno que eligió la confrontación antes que el diálogo, que responde al conflicto social con protocolos y vallados, y que empieza a enfrentarse con algo más complejo que la “casta”: la realidad. Esa que no se puede bloquear ni empujar con gases lacrimógenos, y que cada vez encuentra más voces dispuestas a ocupar la calle.
PL/JJD