Los Sauces

Noticias de Rio Negro

Trump anunció una pausa de 90 días en los aranceles para la mayoría de países y elevó al 125% los de China

Donald Trump dio marcha atrás y anunció una pausa de 90 días en su guerra comercial con la mayoría de países, según informó en un post en su red social. “Autoricé una pausa de 90 días, y una tarifa recíproca sustancialmente reducida durante este periodo, del 10%, también con efecto inmediato”, señaló.

En el mismo mensaje anunció un incremento hasta el 125% de los aranceles a China como castigo a la respuesta de Pekín a la guerra comercial abierta por el presidente de EEUU.

Marcha de jubilados: los manifestantes van llegando a las inmediaciones del Congreso

Un miércoles más jubilados y otros manifestantes se están acercando a las inmediaciones del Congreso de la Nación para protestar por los bajos haberes que perciben.

A la concentración habitual de los jubilados, se suman este miércoles columnas sindicales -ya que la CGT inicia en esta marcha su medida de fuerza de 36 horas, que contempla mañana jueves un paro general- y movimientos sociales. Se espera que la manifestación sea masiva.

El jueves pasado, referentes de gremios como Sanidad, UPCN, Uocra, Camioneros, Seguros, Vidrio y Smata delinearon la logística y el recorrido: concentración en Yrigoyen y Solís, marcha hacia la Plaza de los Dos Congresos y consignas claras: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados y rechazo al ajuste.

La expectativa es que más de 300 mil personas participen de la jornada, que contará también con la adhesión de las dos CTA y de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa y Territorios en Lucha.

El operativo de seguridad está esta vez rodeado de polémica. Un fallo del juez porteño Roberto Gallardo dispuso que la custodia debía recaer en la Policía de la Ciudad, y que el Gobierno nacional debía abstenerse de intervenir. Pero la Casa Rosada desoyó la orden y confirmó que será Patricia Bullrich quien encabece el despliegue, con el mismo protocolo que en las protestas anteriores: vallado perimetral, fuerzas federales y ningún margen para el diálogo.

Miércoles de marcha, jueves de paro: la CGT vuelve a la calle con 36 horas de protesta

La calle será el escenario. Este miércoles, desde el mediodía, columnas sindicales, movimientos sociales y la protesta ya habitual de los jubilados volverán a confluir frente al Congreso. Será el primer acto de una huelga que se estiró a 36 horas y que tendrá su punto más alto el jueves, cuando rija el tercer paro general contra Javier Milei. Pero más allá de las fechas, los nombres y los reclamos, lo que empieza a visibilizarse es otra cosa: un malestar que no encontró contención institucional y ahora desborda por los márgenes del sistema político.

No se trata del regreso triunfal de una central obrera poderosa. Al contrario: la CGT se suma a una protesta que no empezó en la sede de Azopardo, sino en las veredas de los jubilados, donde una mínima que no alcanza para lo básico fue el primer motor de la bronca. La huelga, entonces, no es obra de una dirigencia resuelta, sino la reacción inevitable ante una clase política que no supo o no quiso escuchar a tiempo.

Desde hace días, en la sede de la CGT se afina el dispositivo para que la movilización sea masiva. El jueves pasado, referentes de gremios como Sanidad, UPCN, Uocra, Camioneros, Seguros, Vidrio y Smata delinearon la logística y el recorrido: concentración en Yrigoyen y Solís, marcha hacia la Plaza de los Dos Congresos y consignas claras: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados y rechazo al ajuste. La expectativa es que más de 300 mil personas participen de la jornada, que contará también con la adhesión de las dos CTA y de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa y Territorios en Lucha.

En la previa, el Gobierno nacional intentó desactivar la medida del jueves con una maniobra quirúrgica: dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la UTA, apostando a mantener activo el transporte durante la jornada de paro. Pero el tiro puede salir por la culata. La medida no alcanza legalmente al paro general convocado por la CGT, y en el gremio de colectiveros hay tensión interna. Algunas seccionales del interior ya avisaron que podrían sumarse, incluso desoyendo la conciliación.

La discusión más áspera, sin embargo, se dio por el operativo de seguridad de hoy. Un fallo del juez porteño Roberto Gallardo dispuso que la custodia debía recaer en la Policía de la Ciudad, y que el Gobierno nacional debía abstenerse de intervenir. Pero la Casa Rosada desoyó la orden y confirmó que será Patricia Bullrich quien encabece el despliegue, con el mismo protocolo que en las protestas anteriores: vallado perimetral, fuerzas federales y ningún margen para el diálogo.

La ministra de Seguridad fue tajante: “No vamos a dejar de cuidar la sede del Gobierno federal”, dijo. Y fue por más: denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, por su parte, apeló el fallo, respaldó a Bullrich y se sumó al coro oficial que busca impugnar judicialmente cualquier intento de frenar el protocolo antipiquetes.

Pero la marcha va. Así lo confirmó este martes Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y dirigente de Camioneros: “Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo”. Para la central obrera, el escenario está claro: si el Gobierno apuesta a la represión, será su responsabilidad. Porque lo que está en juego no es solo el derecho a manifestarse, sino el modo en que el oficialismo decide relacionarse con el conflicto social.

El Gobierno se mueve entre el desprecio discursivo y el cálculo defensivo. En los últimos días, funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvieron contactos reservados con algunos gremialistas, buscando alguna señal de distensión. No la encontraron: el triunviro Héctor Daer apuntó el lunes contra la Casa Rosada al señalar que “hay diálogo, pero no hay negociación”.

En público, los libertarios dicen que no hay reclamo puntual, que el paro es político, que los sindicatos son parte de “la casta”. Francos llegó a calificar la medida de “ridícula” y advirtió a los gremios sobre sus consecuencias. En privado, en cambio, el análisis es menos ideológico. 

Es que el trasfondo político es cada vez más complejo para Milei. La economía da señales de fatiga, la inflación amenaza con rebotar, el dólar se recalienta, el Congreso avanza con una comisión investigadora por el caso $LIBRA y la imagen presidencial empieza a mostrar signos de desgaste. En Azopardo lo leen con claridad: lo que hasta hace meses era impensado —una huelga general de 36 horas— hoy se vuelve inevitable.

La de este miércoles no será una jornada fundacional ni un punto de quiebre. Pero sí una foto reveladora. La de un gobierno que eligió la confrontación antes que el diálogo, que responde al conflicto social con protocolos y vallados, y que empieza a enfrentarse con algo más complejo que la “casta”: la realidad. Esa que no se puede bloquear ni empujar con gases lacrimógenos, y que cada vez encuentra más voces dispuestas a ocupar la calle.

PL/JJD

La CTA anticipa una marcha "multitudinaria y pacífica" en el Congreso

El diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, vaticinó que el acto de esta tarde frente al Congreso, convocado por las tres centrales sindicales para acompañar la habitual marcha de los miércoles de los jubilados, “va a ser multitudinario”, y se va a desarrollar en forma “pacífica”

“Va a ser una marcha multitudinaria y pacífica, porque las organizaciones vamos a garantizar que la gente pueda movilizarse en paz”, expresó Yasky en declaraciones a Radio Splendid.

Yasky dijo que la protesta de esta tarde, que se continuará mañana con un paro general de actividades de 24 horas, es la respuesta a “la crueldad de un Gobierno que toma medidas que castigan a los trabajadores, como dejarlos sin empleo, y algunos ni siquiera cobran la indemnización porque tienen contratos basura”.

“Es la crueldad en su expresión más alta”, porque “rompen contratos laborales de forma brutal e ilegal y tienen desprecio por los trabajadores”, manifestó el diputado de Unión por la Patria y aseveró que “la Argentina es hoy más desigual”.

Agregó que la marcha de esta tarde también responde a que “las condiciones económicas en Argentina hacen que sea más barato importar que producir en el país” y advirtió que “cuando eso pasa lo primero que desaparece es el empleo”.

A modo de ejemplo señaló que actualmente “la industria automotriz tiene unos 10.000 trabajadores que están suspendidos o al borde de perder el empleo”, y sostuvo que estas cifras muestran que “las cifras de disminución de la pobreza que muestra el Gobierno se contradicen con la realidad”.

Con información de agencias.

IG

El gendarme que disparó a Pablo Grillo designó como abogados a defensores de "gatillo fácil" y la “doctrina Chocobar”

El gendarme Héctor Guerrero, acusado de dispararle una granada de gas lacrimógeno en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo el pasado 12 de marzo, se presentó voluntariamente este lunes en la causa como posible “imputado” y designó como sus defensores a Claudio Pedro Nuncija y Martín Luis Sarubbi. Según denunciaron desde el Cels, se trata de una estrrategia para poder acceder a los detalles de la investigación. Pero lo que más llama la atención es que ambos abogados fueron provistos por el propio Ministerio de Seguridad y tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González o la representación de miembros de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha cuyos miembros fueron vinculados con el atentado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, Sarubbi no solo defiende policías en causas de gatillo fácil, sino que también los asesora. En una imagen de su cuenta de Instagram, se lo ve a él con integrantes de la dirección de Operaciones Espaciales de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Allí, el letrado acababa de dar una charla “sobre las causas de justificación en el accionar de las fuerzas de seguridad”.

Mientras el fotoperiodista se recupera lentamente en el Hospital Ramos Mejía, la causa a cargo de la jueza federal María Servini comenzó a moverse.

Desde Revolución Federal hasta Santiago Maldonado

Martín Sarubbi es un abogado penalista que, según su cuenta en la red LinkedIn, trabaja desde el 2021 en la Dirección General de Víctimas de la secretaría de justicia, en la ciudad de Buenos Aires. Entre sus funciones, la dirección diseña “herramientas con el objeto de asistir a las víctimas de delitos, así como a sus familiares, atendiendo a sus necesidades de protección y asesoramiento”. Sin embargo, y aunque el letrado no detalle sus funciones en la justicia porteña, Sarubbi no se hizo mediáticamente conocido por defender –precisamente– a las “victimas”. 

Antes de representar al gendarme que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte, y quien hoy se recupera favorablemente, Sarubbi defendió ─junto a otro abogado─, a tres policías porteños que fueron condenados a cada perpetua en 2023 por el homicidio de Lucas González, de 17 años. Durante el juicio, el penalista protagonizó una escena singular: en la primera jornada de alegatos, mientras Gregorio Dalbón –abogado de la familia de González– esgrimía sus argumentos, Sarubbi se levantó de la sala y se retiro del juzgado. Los tres efectivos imputados quedaron solos en el banquillo. Por esa actitud fue sancionado por el Tribunal Oral Criminal 25.

En 2021, el mismo año que el crimen de González, Sarubbi también defendió a otro policía. Se trató del oficial bonaerense Facundo Amendolara, de 29 años por entonces, quien le disparó al cantante Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, ex líder de la banda Tan Biónica. En aquella ocasión, Chano sufrió un brote psicótico e intentó agredir a Amendolara con un cuchillo. Este respondió con un disparo, hiriendo gravemente al cantante. Sarubbi alegó “legitima defensa” y el efectivo fue sobreseído finalmente, aunque la defensa del cantante decidió no apelar el fallo.

En 2023, el abogado volvió al ruedo en su defensa acérrima del “gatillo fácil”, cuando representó a Sergio Daniel Mamonte, un oficial bonaerense acusado de asesinar de un disparo a Alexis Nahuel López, de 20 años. Sarubbi alegó que la victima empuñaba un arma blanca y tenía intenciones de agredir a Mamonte durante una pelea callejera con otros jóvenes en la localidad de Berazategui. El policía fue finalmente declarado “no culpable” por el tribunal. El último día del juicio, el abogado estuvo acompañado por el ex efectivo Luis Chocobar, condenado a prisión en suspenso por matar a un ladrón en el barrio La Boca en un caso que generó gran debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad.

Los abogados tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González, el agente que disparó a Chano Carpentier y miembros de Revolución Federal.

El penalista, sin embargo, también participó de otro tipo de causas. La más llamativa es su vínculo con la agrupación de ultraderecha “Revolución Federal”, investigada por la justicia por “incitación a la violencia pública” e investigada por sus vínculos con el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kichner. Sarubbi representó a Sabrina Basile, integrante de Revolución Federal, y procesada en 2022 junto a Jonatan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa. El juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, los consideró responsables de formar una agrupación que busca “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, un delito que tiene una pena de hasta ocho años de prisión. 

Entre las defensas de Sarubbi también figura Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, quien había sido investigada por sus vínculos con los miembros de Revolución Federal.

Además de Sarubbi, representa al gendarme Guerrero, Claudio Pedro Nuncija. La información que pudo comprobar este medio es que figura como personal de Gendarmería en el escalafón de justicia como “segundo comandante”. Además, según su cuenta de LinkedIn, trabaja en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue, además, uno de los abogados del gendarme Emmanuel Echazú, implicado junto a otros efectivos en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

La imputación “voluntaria” 

“Con el ingreso voluntario del gendarme en la causa, sus abogados ya tienen acceso a los movimientos del expediente”, explica Agustina Lloret, abogada del CELS y una de las querellantes en la causa de Grillo en representación de su familia. “Lo que Guerrero centralmente intenta con esto es acceder a la causa como imputado y hacer un seguimiento con su defensa”, agrega la abogada. 

Respecto a la designación de Sarubbi y Nuncija como abogados del único imputado hasta ahora, Lloret no se sorprende por sus antecedentes. “Patricia Bullrich siempre impulsa ese patrocinio gratuito para los imputados de su fuerza. Y es muy común que abogados que estuvieron en otros casos de violencia institucional, participen de otros”, señala la integrante del CELS. 

Entre las medidas de pruebas que la querella ya solicitó no solo se encuentran las que apuntan a Guerrero –como el acceso a su legajo personal–, sino que también se puso el foco en otros protagonistas del operativo, como el jefe del destacamento móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades y fuerzas involucradas que participaron el 12 de marzo. 

“Esto nos permite saber cuáles fueron las órdenes que se le dieron a los efectivos que concretamente desplegaron conductas ilícitas en la protesta, desde el uso desproporcionado de granadas de gas hasta escopetas largas”, puntualiza Lloret.  

Este sábado, en la plaza de Remedios de Escalada, donde Pablo se crio, se realizará un festival solidario en su honor. 

FLD/MG