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Noticias de Salta
Reidel renunció a Nucleoeléctrica en medio de un escándalo por denuncias de corrupción
El físico y economista buscaba privatizar las centrales pero quedó atrapado por una sospechosa licitación. Firmó un paper con el Presidente para conseguir un Nobel y llegó a decir que el problema del país “es que está poblado por argentinos”.
Demian Reidel renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, luego de quedar bajo sospecha por presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones, que derivaron en una fuerte crisis interna y en la intervención del propio directorio. En su reemplazo, el directorio designó a Juan Martín Campos como nuevo presidente de la compañía.
La salida de Reidel es un golpe más a Javier Milei, de quien el físico y economista es muy allegado. Horas antes de conocerse la noticia, la justicia procesó a Diego Spagnuolo, otro allegado del Presidente, por la trama de sobrepresión en la ex ANDIS.
La renuncia de Reidel llega tras semanas de denuncias cruzadas dentro de la empresa, cuestionamientos por posibles sobreprecios y una decisión inédita del directorio: congelar la firma del presidente y concentrar el control administrativo en los gerentes, una señal clara de desconfianza hacia la conducción de Reidel.
Reidel había festejado hace apenas semanas la intervención de Milei en el Foro de Davos, en el marco del cual presentaron un paper por el que se creen merecedores del Nobel de economía: “Cuando regulación mata crecimiento”. Ya en julio pasado Reidel había renunciado como jefe de asesores de Milei para hacerse cargo exclusivamente de NA-SA. Entonces había dicho que el problema del país “es que está poblado por argentinos”.
Licitaciones bajo sospecha y denuncias internas
La crisis en Nucleoeléctrica se desató a partir de sospechas sobre procesos de licitación, especialmente en contrataciones de servicios de limpieza, que generaron enfrentamientos entre directivos, gerentes y el propio presidente de la empresa. Si bien Reidel negó públicamente cualquier irregularidad y sostuvo que las denuncias formaban parte de una interna de poder, el avance de las investigaciones administrativas y el endurecimiento del directorio debilitaron de manera progresiva su posición.
Las denuncias —algunas de ellas elevadas al Comité de Integridad y otras en análisis para su judicialización— apuntaron a presuntos sobreprecios y direccionamiento de contratos, en una compañía estratégica del Estado que históricamente había sido presentada como superavitaria y con estándares técnicos elevados.
Una empresa de limpieza y parquizado -M&G- había presentado una denuncia interna en NASA, otra competidora -Distribón- había recurrido a la Justicia, mientras que el gerente de planta, Juan Pablo Nolazco Sáenz, un hombre de la línea de la compañía, también había acusado a la conducción ante el mencionado comité. Los tres apuntaron a que se favorecía a una tercera firma. LX, propiedad de Gabriel Bonetto, exaportante del PRO. Otras compañîa habían cuestionado las licitaciones: Euro Clean y Claryty.
En ese contexto, el directorio resolvió iniciar sumarios administrativos y suspender a dos gerentes clave, una decisión que profundizó el conflicto interno y dejó expuesta la fractura en la cúpula de la empresa.
Una empresa estratégica bajo la lupa
La salida de Reidel se produce en un momento delicado para Nucleoeléctrica, una empresa clave para el sistema energético argentino y para la política nuclear del país. Las denuncias pusieron en discusión no solo la conducta de sus autoridades, sino también los mecanismos de control y transparencia en las empresas públicas bajo la actual gestión.
Desde hace más de siete años, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) mantiene un superávit sostenido que al 30 de junio de 2025 implicó el 27,7% de sus ingresos. En 2024 y 2023, los superávits fueron de $239.827 millones (33,2%) y $235.231 millones (62,1%), respectivamente. Sin embargo, el Gobierno incluyó a la empresa que opera las tres centrales nucleares que tiene el país entre los objetivos a privatizar y lleva adelante un proceso de desinversión que implica una reducción del gasto del 43% en comparación a 2023.
La intención del Gobierno es poner a la venta e 44% de sus acciones. Así la Nación se quedaría con el 51% restante e incluiría a los trabajadores dentro del esquema accionario, quienes obtendrían el 5% del capital social. De acuerdo a estimaciones oficiales, la valuación total de la empresa varía entre US$ 560 millones y US$ 1.000 millones, es decir que el valor que se está ofreciendo a la venta ronda entre los US$ 246 millones y US$ 440 millones.
Con información de agencia NA
MC
Causa ANDIS: procesaron a Spagnuolo y a otros 18 acusados por asociación ilícita, fraude y sobornos
Así lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa de presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad que comenzó con audios filtrados en los que también aparecía Karina Milei.
El juez federal Sebastián Casanello procesó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas —entre exfuncionarios mileístas y operadores privados— por los delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos, en una causa que investiga el manejo irregular de compras de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad.
La resolución judicial sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS fue utilizada como “centro de operaciones” de un esquema delictivo que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios y garantizar pagos privilegiados a un grupo reducido de droguerías y empresas proveedoras, en detrimento del erario público y de un sector especialmente vulnerable de la población.
Además de Spagnuolo, quien fuera íntimo amigo de Javier Milei y de quien se filtró un audio hablando de “un 3%” para Karina Milei, están procesados Daniel María Garbellini, su mano derecha dentro de la agencia, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, operadores con estrechos vínculos con droguerías proveedoras del Estado investigadas por direccionamiento de compras
También fueron procesados, como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (exdirector de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (exdirector Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (exfuncionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.
Compras direccionadas y sobreprecios
El corazón de la maniobra investigada fue el sistema de compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), utilizadas para la provisión de medicamentos biológicos y tratamientos complejos destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud.
De acuerdo con la resolución, se implementó un mecanismo paralelo de “compulsas especiales”, en el que solo participaban un puñado de proveedores previamente seleccionados. Esa supuesta competencia —según el juez— era ficticia: algunas empresas cumplían el rol de oferentes “pantalla”, mientras que las adjudicaciones se encontraban definidas de antemano.
El expediente detalla que, como resultado de este sistema, cuatro droguerías concentraron más del 90% de las adjudicaciones en determinadas compras, con órdenes de pago que superaron los 30 mil millones de pesos. En varios casos, los precios abonados por el Estado registraron incrementos abruptos y difíciles de justificar en lapsos muy breves, con subas que llegaron a multiplicar varias veces el valor de referencia de los medicamentos.
Pagos indebidos y acceso irregular al sistema
La investigación también dio por probado que el esquema incluyó pagos indebidos y retornos a funcionarios de la ANDIS, a cambio de garantizar adjudicaciones, agilizar trámites y priorizar pagos. Para eso, personas ajenas al organismo habrían tenido acceso directo al sistema informático interno (SIIPFIS), utilizando credenciales de funcionarios públicos para cargar datos, gestionar compulsas y monitorear procesos de compra.
El fallo describe una confusión deliberada entre intereses públicos y privados, en la que empresarios del sector farmacéutico influyeron en decisiones estratégicas del organismo como si fueran parte de su conducción formal.
En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.
Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.
El origen de la causa
La causa se inició en agosto de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, basada en información periodística y en la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan a Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Aunque esos audios funcionaron como disparador, el juez aclaró que el procesamiento se apoya en un volumen amplio de pruebas incorporadas posteriormente: allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.
Durante la investigación también se encontraron sumas importantes de dinero en efectivo en cajas de seguridad vinculadas al exdirector de la ANDIS, cuya justificación fue objetada por la fiscalía.
Según la resolución de Casanello, “en esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, al tiempo que consideró que el organismo “fue cooptado y empleado como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
Para el magistrado, el trabajo de la Justicia estos meses “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
Además, Casanello advierte la existencia de un “esquema delictivo” que “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, al tiempo que revela que la investigación que sigue su curso también apunta a que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.
Con información de agencia NA
En la previa del Senado, Santilli negocia con gobernadores el costo fiscal de la reforma laboral
El ministro del Interior recibió al chaqueño Zdero y acelera contactos para garantizar quórum y mayoría. La Casa Rosada se enfrenta a un debate abierto por la baja del Impuesto a las Ganancias y su impacto en las arcas locales.
A solo dos días del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno volvió a mover fichas en el tablero de las provincias. El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este lunes en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, uno de los aliados más firmes del oficialismo en el interior. El mandatario ingresó por el Salón de los Bustos pasadas las 10 y se dirigió a las oficinas del área política ubicadas en la planta baja, en una visita que, en Balcarce 50, leyeron como parte de la ronda final de contactos antes de la votación.
Después del encuentro con Santilli, Zdero mantuvo también una reunión con el armador político Eduardo “Lule” Menem en sus oficinas del primer piso. El ministro del Interior llegó a la Casa Rosada tras intercambiar algunas palabras con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien partía hacia el Ministerio de Seguridad. La secuencia reflejó el movimiento coordinado del oficialismo sobre el frente político, en momentos en que el Gobierno busca consolidar apoyos para garantizar el resultado en el Senado.
Santilli y Zdero coincidieron en subrayar la necesidad de que el Congreso avance con la aprobación de la reforma laboral. “Va a impulsar la llegada de inversiones privadas a cada provincia, lo que se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad”, destacaron tras la reunión, según deslizaron fuentes del entorno del minsitro del Interior. En la misma línea, remarcaron que “avanzar en una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.
No se trató del primer contacto entre Santilli y el gobernador en lo que va del año. Ambos ya se habían reunido el 12 de enero en la provincia de Chaco, donde el gobernador radical había expresado públicamente su respaldo al proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei. En aquella oportunidad, también coincidieron en la necesidad de fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo. Zdero había señalado entonces que el rumbo económico del Gobierno y la iniciativa laboral apuntaban a reducir el riesgo país y consolidar el deficit cero, en una línea de sintonía política con la Casa Rosada.
El gobernador de Chaco, que ya suma más de 25 ingresos a la Casa Rosada desde la asunción de Milei, se convirtió en uno de los interlocutores más frecuentes del oficialismo en el interior. En el Gobierno destacan su alineamiento político y su rol dentro del grupo de mandatarios que, aun con reservas, optaron por acompañar la reforma o evitar confrontar abiertamente con el Ejecutivo.
Es que, más allá del respaldo político, la discusión que hoy atraviesa el vínculo con los gobernadores es fiscal. En el Gobierno reconocen que la baja del Impuesto a las Ganancias es uno de los puntos más sensibles del paquete y saben que genera preocupación tanto en mandatarios aliados como opositores por el impacto sobre los recursos provinciales.
En ese marco, según comentaron a elDiarioAR fuentes informales, algunos gobernadores habrían propuesto postergar la reducción durante dos años y aplicarla en etapas, a través de un proyecto fiscal separado de la reforma laboral. La alternativa buscaría aliviar el costo inmediato sobre las arcas locales sin romper el alineamiento político con la Casa Rosada. Sin embargo, nadie confirmó oficialmente este planteo, por lo que el tema sigue en discusión y forma parte de la negociación de último momento previa al debate en el recinto.
La ronda federal de Santilli
La visita de Zdero se inscribe en una secuencia más amplia de gestiones que el ministro del Interior viene desplegando desde comienzos de año para asegurar el respaldo político a la reforma. Santilli abrió su ronda federal en Chaco, donde obtuvo el apoyo explícito del propio Zdero, y luego continuó con encuentros con el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, tres gobernadores clave en el poroteo legislativo. La gira incluyó además visitas a San Juan, donde se reunió con Marcelo Orrego, y a Mendoza, con el radical Alfredo Cornejo, ambos alineados con el oficialismo en la discusión por la “modernización” laboral.
En la Casa Rosada sostienen que el escenario parlamentario está, en términos generales, encaminado. El oficialismo trabaja para garantizar el quórum y una mayoría que supere los 37 votos necesarios, con la expectativa de acercarse a los 40 apoyos si se mantiene ordenado el respaldo de los legisladores vinculados a gobernadores aliados. En ese cálculo, el rol de las provincias no solo pasa por el voto sino también por asegurar presencia en el recinto, un factor que el Gobierno considera determinante para evitar sorpresas en la sesión.
La lectura política del oficialismo sobre los mandatarios es clara: la mayoría prefiere negociar recursos antes que confrontar abiertamente con Milei, y evita quedar alineada con la CGT en un conflicto que consideran ajeno a sus prioridades fiscales. En Balcarce 50 creen que el costo político de romper con el Gobierno es hoy más alto que el de acompañar la reforma, lo que explica el repliegue de sectores del peronismo dialoguista.
Con el frente sindical contenido y la negociación con las provincias en su tramo final, el oficialismo entra en la recta decisiva hacia la sesión del Senado. En el Gobierno confían en que el respaldo provincial seguirá ordenado y que el resultado de la votación dependerá menos de las dudas parlamentarias que de la capacidad del Ejecutivo para sostener el equilibrio político construido en las últimas semanas.
PL/MC
Escracharon a senadores libertarios pero el Gobierno asegura que aprobará la reforma laboral
Bullrich se reúne con los aliados en la Cámara alta, a la vez que mantiene en secreto los cambios en la letra chica. Aceiteros reclamó en la costa atlántica y aparecieron pasacalles en Córdoba.
El debate por la reforma laboral entró en la recta final de cara a la votación del miércoles en el Senado. Con Patricia Bullrich como principal articuladora, el oficialismo mantiene este lunes reuniones con senadores aliados y sectores dialoguistas para definir el texto final del proyecto, mientras gremios duros comenzaron a exponer protestas contra el Gobierno.
La estrategia del Ejecutivo apunta a introducir modificaciones puntuales para destrabar apoyos, sin alterar los ejes centrales de la iniciativa. Bullrich aspira a mantener las modificaciones bajo cuatro llaves hasta el momento de la votación en particular, dentro del recinto.
El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el oficialismo “va a tener los votos” necesarios para aprobar la reforma y adelantó que este miércoles se dará “un primer paso” en el Senado. Aunque admitió que habrá cambios respecto del proyecto original, sostuvo que “el objetivo central de la ley no se ha modificado”.
Santilli defendió la iniciativa con los argumentos habituales del Ejecutivo: la necesidad de “modernizar” una legislación laboral “antigua”, reducir la informalidad —que ubicó por encima del 50%— y poner fin a lo que denominó la “industria del juicio”, a la que responsabilizó por la destrucción de empleo, especialmente en las pymes.
La misma confianza expresó el senador libertario Bartolomé Abdala, quien afirmó que no tienen “ninguna duda” de que la reforma será aprobada. En el oficialismo descuentan que el apoyo de bloques provinciales y de senadores alineados con los gobernadores será determinante para inclinar la votación.
Sin embargo, el clima político está lejos de ser lineal. En las últimas horas, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció públicamente haber recibido amenazas y presiones para que los senadores del PJ no voten en contra del proyecto, un dato que agrega tensión a una discusión atravesada por negociaciones reservadas y disputas internas.
En ese tablero, Córdoba aparece como una provincia clave. El gobernador Martín Llaryora evitó una definición tajante sobre la postura de sus senadores y pidió “responsabilidad” en el debate.
Justamente este fin de semana en la capital cordobesa aparecieron pasacalles contra la reforma laboral. Las pancartas señalaron a los senadores nacionales por Córdoba con distintos mensajes contra los libertarios Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, y la peronista Alejandra Vigo. Una de las consignas apeló a la “ley de choreo laboral”.
“Hay mucha calentura abajo”, apuntaron desde los movimientos sociales de la UTEP, que está detrás de las acciones directas. Y advirtieron: “Los senadores y senadores que responden a gobernadores peronistas y acompañen la ley de esclavitud del gobierno no van a volver a caminar nunca más la calle por traición a los trabajadores”.
Por su lado, el gremio de Aceiteros llevó la campaña contra la reforma a Mar del Plata y el Partido de la Costa. Sobrevoló consignas en un avión por frente de las playas.
Este martes la tensión se concentrará en Rosario: la UOM, ATE y otros gremios duros movilizarán en la ciudad santafesina para presionar a Maximiliano Pullaro.
Las expresiones públicas de los dirigentes gremiales también están en alza. El triunviro de la CGT Carlos Jerónimo apeló a que los gobernadores “no manden a sus senadores a votar en contra de los trabajadores” y advirtió que la reforma implica una pérdida de derechos laborales.
La movilización de la central obrera está agendada a partir de las 15 del miércoles, aunque habrá columnas que comenzarán a concentrarse desde el mediodía en el microcentro porteño para marchar hacia la zona del Congreso.
MC
El Gobierno cree que la CGT no moverá el tablero y se alista para un miércoles con conflicto acotado
En la Casa Rosada interpretan que la central sindical llega dividida y confían en que la reforma laboral tendrá los votos necesarios en el Senado. Preparan un operativo de seguridad para una jornada con movilización.
En la Casa Rosada siguieron sin dramatismo la resolución de la Confederación General del Trabajo (CGT). El viernes, con el debate por la reforma laboral en el Senado a la vuelta de la esquina, el oficialismo se mostraba convencido de que la central no lograría los consensos necesarios para convocar a un paro general. La decisión de limitar la respuesta a una movilización a las puertas del Congreso confirmó esa lectura: para el Gobierno, el sindicalismo conserva capacidad de ruido en la calle, pero perdió poder para condicionar el desenlace político.
El tono interno fue más duro que el discurso público. Ante las objeciones lanzadas desde Azopardo 802 por los representantes de la central obrera, en los pasillos de Balcarce 50 no se anduvieron con vueltas. “Lo que diga la CGT no nos importa”, lanzó un miembro de la mesa política del mileísmo. Sin matices, el mismo funcionario agregó que “los gordos siempre hacen lo mismo, defender la de ellos” y evaluó que la protesta prevista para el próximo miércoles solo servirá para “exponer que ya no los acompaña nadie”.
Más allá de esa confianza, el Gobierno se prepara para una jornada caliente. En el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva no prevén un escenario de descontrol, aunque seguramente se disponga de un operativo reforzado con presencia de fuerzas federales, además de vallado y custodia del Congreso. En la cartera son conscientes de que el objetivo principal será evitar incidentes o situaciones de desborde, mientras que la CGT buscará exhibir fuerza política con movilizaciones en todo el país, con sus sindicatos más combativos impulsando paros por actividad.
Lo cierto es que el dato que más valoran en la Casa Rosada es el frente político. Los libertarios lograron aislar el reclamo sindical de la mayoría de los gobernadores, que respaldan la ley y concentran su negociación en el impacto fiscal. La fallida cumbre de mandatarios peronistas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) dejó a los sectores más duros del peronismo y del sindicalismo sin volumen para ordenar una oposición común.
La negociación con los gobernadores
En paralelo al frente sindical, el Gobierno continúa consolidando apoyos entre los gobernadores, pieza clave para garantizar el resultado en el Senado. En la Casa Rosada sostienen que la mayoría de los mandatarios optaron por acompañar la reforma laboral o, al menos, evitar confrontar abiertamente con el oficialismo. La discusión con las provincias, explican, se concentra menos en el contenido laboral del proyecto que en su capítulo fiscal, particularmente por la eventual merma de recursos derivada de la baja del impuesto a las Ganancias para las empresas.
El trabajo político del ministro del Interior, Diego Santilli, fue central para sostener ese esquema. Desde que asumió el cargo, el funcionario activó una ronda de contactos con gobernadores de distintos signos políticos para contener tensiones y evitar la conformación de un frente opositor. En el Gobierno destacan que, en los últimos días, logró desactivar la cumbre que planeaba un grupo de mandatarios peronistas, una instancia que podía convertirse en señal de resistencia institucional frente al proyecto.
En La Libertad Avanza interpretan que, más allá de los matices, los gobernadores priorizan hoy la estabilidad fiscal y el vínculo con la Casa Rosada antes que un alineamiento político con la CGT. Varios mandatarios, incluso, prefieren negociar compensaciones o mecanismos de atenuación del impacto fiscal antes que quedar expuestos en una confrontación abierta contra una ley que el Gobierno da por encaminada. Esa lógica explica, según fuentes oficiales, el repliegue de sectores del peronismo dialoguista y la falta de coordinación entre provincias y sindicalismo.
No obstante, en Balcarce 50 admiten que el respaldo de los gobernadores no es uniforme ni automático. Algunos mantienen reservas sobre aspectos puntuales del proyecto y continúan negociando en silencio. En particular, el foco está puesto en garantizar el acompañamiento de legisladores que responden a ejecutivos provinciales clave, donde el oficialismo cree haber avanzado lo suficiente como para asegurar una mayoría funcional en el recinto.
Con ese cuadro, Javier Milei considera que la discusión legislativa está, en términos políticos, bajo control. El verdadero interrogante, admiten cerca del Presidente, no pasa por los votos sino por el nivel de conflictividad social que pueda generar la reforma una vez aprobada. Por eso, mientras consolidan el frente con las provincias, en la Casa Rosada observan con la misma atención la calle que el tablero parlamentario.
PL/MG