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Ley de Glaciares: los 18.000 inscriptos en la audiencia pública que ponen al Gobierno en una encerrona
El objetivo del oficialismo es sancionar la reforma que flexibiliza la ley de Glaciares el 7 u 8 de abril, pero la oposición presiona para dilatar el debate. El peligro de la judicialización si no se cumple con el acuerdo de Escazú. El lobby minero en Nueva York.
Hay casi 20.000 inscriptos en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares y el Gobierno está en una encerrona. Obligado a abrir una convocatoria a la sociedad por miedo a una futura judicialización, el oficialismo se enfrenta ahora a la decisión de definir un mecanismo de selección que no abra, nuevamente, la puerta a otro tipo de guerra judicial. Martín Menem quiere apurar los tiempos y sesionar el 7 u 8 de abril, pero la oposición presiona para convocar más días de audiencias públicas. La puja es por la lectura jurídica del día después: el poroteo en Diputados se inclina en favor del Gobierno y las provincias mineras, pero las empresas advierten que, sin “seguridad jurídica”, será difícil invertir.
La oposición y las organizaciones ambientales se saben en desigualdad de condiciones y apuestan todas sus fichas a una estrategia: dilatar el debate a la espera de que la buena racha legislativa de Javier Milei termine y los aliados automáticos de hoy, que son mayoría en ambas cámaras, empiecen a rebelarse. No tienen los números para dar la batalla en el recinto, y lo saben. No todavía al menos, pero trabajan con un Excel de indecisos que, esperan, se amplíe si la imagen del presidente cae.
La oportunidad apareció cuando el número de inscriptos para participar de las audiencias públicas superó las 18 mil personas. “Si Menem quiere que la audiencia se cumpla como marca la Constitución Nacional y no convertirla en un mero trámite administrativo, que se haga público el registro de participantes y se garantice la participación de todos. Que dure meses la audiencia pública si es necesario”, advirtió la diputada peronista Sabrina Selva, que viene trabajando en equipo, con el lilito Maximiliano Ferraro, el socialista Esteban Paulón, la radical jujeña María Inés Zigarán y otros diputados, para voltear la reforma.
Los diputados presentaron una nota al presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc (LLA), y de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, exigiéndoles ampliar el número de jornadas para la audiencia pública. El argumento es que, si se convoca sólo para el 25 y 26 de marzo, solo llegarán a participar unas 200 personas. “El Acuerdo de Escazú obliga a que esa participación sea abierta, informada y real, no meramente formal”, les advirtió Ferraro.
Menem, sin embargo, no tiene ningún interés en aplazar más el debate. El único motivo por el cual el presidente de la Cámara de Diputados aceptó convocar a una audiencia pública fue porque sabía que la amenaza de la oposición estaba basada en hechos reales: el Acuerdo de Escazú, que establece que la ciudadanía debe participar del debate cuando se afectan leyes ambientales, así lo obligaba. “Patricia quiso meter el gol rápido, pero en Diputados vamos a hacerlo”, se jactó un dirigente del riñón de Menem, quien está trabajando en intervenirle el Senado a Patricia Bullrich a pedido de Karina Milei.
Es la otra interna libertaria de la que casi no se habla: la secretaria general de la Presidencia comenzó a desconfiar de Bullrich poco después de la media sanción de la reforma laboral. A Karina le disgustó el protagonismo de la ex candidata del PRO durante el debate, y no le perdonó el video que publicó, con Bullrich caminando por el Congreso al ritmo de Madonna, poco después de la aprobación del proyecto en el Senado. La hermana presidencial le dio vía libre a Menem para expandir su ámbito de influencia en el Senado, y los pases de factura ya comenzaron. Ahora, con la Ley de Glaciares.
Pese al interés de Menem de diferenciarse de Bullrich, el riojano también responde a la directiva de Casa Rosada de sancionar la ley cuanto antes. Quiere sancionarla la segunda semana de abril y no aceptará sumar nuevos días para la audiencia pública. Todavía se está analizando el criterio, pero el objetivo del riojano es priorizar a las personas jurídicas –es decir, a los representantes de gobiernos, organizaciones ambientales e instituciones jurídicas– a costa de no convocar a la gran mayoría de los inscriptos.
“Vamos a hacer como las colas en los recitales de Taylor Swift: el primero que llega es el que entra”, ironizó un dirigente libertario.
Lobby minero
El proyecto de reforma de la ley de Glaciares es impulsado por las provincias mineras de Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, que apuestan a flexibilizar la legislación vigente para habilitar nuevas inversiones en zonas periglaciares (que se caracterizan por la presencia de suelos congelados permanentes debajo de superficies rocosas). La iniciativa lo que hace es dejar en manos de los equipos técnicos de las provincias la definición de si un glaciar cumple o no con una función hídrica relevante, es decir: si se puede habilitar una actividad productiva en la zona o no.
Los gobiernos provinciales denuncian que la ley sancionada en 2010 propone una definición demasiado amplia e inexacta del ambiente periglacial, lo que ha impedido desarrollar proyectos mineros en zonas periglaciales que no cumplen una función hídrica relevante. Las organizaciones ambientales, así como muchos de los glaciólogos y científicos que integran el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), advierten que debe existir una legislación nacional de presupuestos mínimos que defina el área a proteger. Porque, de lo contrario, cada provincia establecerá su propio criterio, que irá modificando en base a los millonarios proyectos mineros en carpeta.
El temor de las organizaciones ambientales es que la reforma lleve, de hecho, a una competencia entre las provincias para ver quién flexibiliza aún más sus condiciones ambientales para atraer inversiones.
Las provincias mineras, mientras tanto, reivindican su derecho “constitucional” sobre los recursos naturales y advierten que, en tiempos de cierre de empresas y crisis de empleo, las inversiones mineras –se habla de casi 50 mil millones de dólares como parte del RIGI– resultan cruciales para la actividad económica local. De eso conversaron, incluso, todos los gobernadores cordilleranos que participaron de la Argentina Week en Nueva York.
MCM/CRM
El lobby minero y la amenaza judicial obligan al Gobierno a dilatar la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares
El Gobierno planeaba sancionar la reforma en dos semanas, pero tuvo que aceptar convocar antes a una audiencia pública por miedo a una futura judicialización. El momento de dictaminar se patea para abril y la oposición especula con dilatar el debate. El oficialismo cuenta con una base de 129-131 votos a favor, pero en la oposición confían en poder convencer a algunos indecisos.
La reforma de la Ley de Glaciares depende de una sola cosa, el timing político, y ayer el Gobierno tuvo que lidiar con una primera limitación: la amenaza de la judicialización. La flexibilización de la ley es impulsada por las provincias mineras y logró avanzar con rapidez en el Senado, pero no así en Diputados. Alertados por la posibilidad de una judicialización futura si no habilitaban una audiencia pública antes de avanzar con la sanción, el oficialismo tuvo que postergar el tratamiento. Y la oposición, que se encuentra en desventaja política y numérica, lo festejó como un gol.
El plan original del Gobierno era darle un tratamiento exprés. Después de la media sanción en el Senado, en donde Patricia Bullrich logró avanzar con la aprobación con el apoyo de un sector del peronismo, el objetivo del oficialismo era dictaminar la semana próxima y convertir la reforma en ley el 18 o 19 de marzo. La oposición, sin embargo, puso el dedo en la llaga y le advirtió: si el Gobierno decidía avanzar con el dictamen sin convocar antes una audiencia pública, tal como exige el Tratado de Escazú (al que la Argentina adhirió y tiene rango constitucional), se arriesgaba a que la Justicia lo trabara.
“Está comprometida no solo una cuestión jurisdiccional de provincias, que pueden tener desarrollo minero en particular, sino también otras jurisdicciones provinciales como lo marca el 36% de la superficie continental argentina que se encuentra dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”, advirtió el lilito Maximiliano Ferraro durante el primer plenario de comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.
El santafesino libertario Nicolás Mayoraz, que estaba conduciendo entonces el debate, no tuvo otra que ceder y acordó convocar una audiencia pública para el 25 y 26 de marzo. El nuevo plan de trabajo implica un dictamen el 8 de abril y, con suerte, un tratamiento en el recinto la semana siguiente. “Una pequeña victoria”, sacó pecho un armador opositor, que desliza que la única manera de evitar que la reforma se sancione es dilatando lo mayor posible el debate.
En el oficialismo no lo niegan: saben que la buena racha, el estado de gracia legislativa que envuelve a Javier Milei hace más de un mes, tiene fecha de vencimiento. El desafío es aprobar la mayor cantidad de leyes posibles hasta que llegue ese momento.
Lobby empresario y poroteo legislativo
Mientras la reunión se llevaba a cabo, un conjunto de legisladores y gobernadores participaban de la PDAC 2026, la convención minera internacional más importante que se lleva a cabo cada año en Toronto. En Canadá había dirigentes del peronismo, el radicalismo, La Libertad Avanza, así como varios representantes de fuerzas provinciales del Norte y de la Patagonia. Estaban los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro) y Carlos Sadir (Jujuy), así como algunos diputados peronistas, Fernanda Ávila (Catamarca) y Gabriela Pedrali (La Rioja), y de LLA, entre otros.
“Si le sumás el viaje de Milei con los gobernadores a Nueva York ahí tenés los votos que necesitan para aprobar la ley”, ironizó otro diputado opositor que, junto a un sector de Unión por la Patria y de la Coalición Cívica, está trabajando para evitar que se reforme la ley de Glaciares.
En la oposición calculan que el oficialismo cuenta con una base de 129-131 votos a favor de la reforma de la ley. Es decir, más que los necesarios para el quórum pero lo suficientemente justo como para poder hacer lobby para convencer a un grupo de indecisos para rechazar el proyecto del Ejecutivo que, en realidad, es impulsado principalmente por las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan). Apuestan a que, como es un proyecto de origen ajeno –es decir, no propio, sino de las provincias– utilizará la iniciativa como prenda de negociación. Y no tendrá, en consecuencia, tanto interés en sancionarlo.
La iniciativa deja en manos de las provincias la decisión de si un glaciar o zona periglaciar cumple con una función hídrica relevante y, por lo tanto, prohíbe o no la realización de una actividad productiva en la zona. “Va a ser un dumping en el que las provincias van a competir entre sí para ver quién flexibiliza más las condiciones ambientales”, mascullan en el ala ambientalista de la oposición, y apuntan los cañones contra aquellos sectores que observan que podrían verse directamente perjudicados por una flexibilización en el cuidado de los glaciares.
En total hay unos 12 o 13 diputados que la oposición tiene identificados como indecisos y susceptibles a ser convencidos. Algunos son del PRO, como el pampeano Martín Ardohain, quien pertenece a una provincia que ya sufrió la pérdida del caudal de agua de un río (el Atuel) por culpa de la actividad de otra provincia (Mendoza). Otros son patagónicos y responden a gobernadores alineados con el Gobierno que, cuando se votó la ley en el Senado, aceptaron que sus senadores votaran en contra del proyecto. Es el caso, por ejemplo, del chubutense “Loma” Ávila.
En la bancada de UxP ya advierten que la mayoría votará en contra –“Los que impulsan esta ley ya se fueron del bloque”, ironiza una diputada peronista, haciendo referencia a los catamarqueños de Raúl Jalil o los salteños de Gustavo Sáenz–, pero hay tres que podrían acompañar. Es el caso de los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica y la única catamarqueña que quedó en el bloque, Claudia Palladino.
Las negociaciones recién comenzaron, y en la oposición apuestan a aprovechar el tiempo ganado para presionar, seducir y convencer. Ya se veía, durante la reunión de comisión del miércoles, a Ferraro (CC), Sabrina Selva (UxP) y Paula Penacca (UxP) sondeando diputados de distintos bloques, tanteando qué opinaban de la ley.
No todos son tan optimistas, sin embargo. En el PJ predomina cierta resignación respecto al poder de disciplinamiento de Milei entre los propios gobernadores peronistas que, mientras estén alineados detrás del presidente, habilitarán la mayoría de los proyectos que proponga el oficialismo. “¿A vos te parece que Jalil, Sáenz o (Osvaldo) Jaldo le van a votar algo en contra? Tienen el número ya”, masculla, irritada, una diputada peronista.
Es una cuestión de tiempo, insisten. Esperar hasta que a Milei le vaya mal o perecer en el camino.
MCM/MG
Adorni admitió que su esposa viajó en el avión presidencial a Miami y Nueva York: "Quería que me acompañe"
Bettina Angeletti formó parte de la comitiva oficial que llevó a Milei a el fin de semana a Estados Unidos. Buscó aclarar que ella había comprado otro pasaje por su cuenta: "No le sacamos un peso al Estado".
La esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial que llevó a Javier Milei a Miami y Nueva York en los últimos días. El episodio lo admitió el propio jefe de Gabinete en una entrevista este martes por la noche y su explicación rozó lo insólito: “Quería que mi mujer me acompañe”, señaló.
Adorni quedó obligado a dar detalles porque su mujer apareció en la visita que hizo Milei y su comitiva oficial a la tumba del Rebe de Lubavitch, el domingo pasado. Un día antes el Presidente estuvo en Miami junto a Donald Trump en el lanzamiento del “Escudo de las Américas”. Allí también estuvo Adorni y, por lo tanto, su esposa.
Adorni intentó explicar en el canal A24 que su esposa no le generó gastos al Estado, pero igualmente viajó en el avión presidencial, pese a que no es funcionaria. “Presidencia la invitó. No había otra forma de que me acompañe. Era mi deseo que me acompañe. Sus gastos se los paga ella. Y agrego, mis viáticos, mi comida me los pago yo”, agregó.
El ministro coordinador buscó aclarar que Angeletti tenía un pasaje aparte comprado pero que como el funcionario tenía un deseo personal, se subió al avión presidencial. “Ella viajaba a Nueva York, había comprado un pasaje por su cuenta, pero después como yo iba a Miami, pedí que me acompañara”, apuntó Adorni.
“No le sacamos un peso al Estado”, dijo el funcionario, que puntualizó que el pasaje privado que había sacado antes su esposa lo pagó US$5.345. Y agregó: “Vengo cinco días a deslomarme. Yo quería que me acompañe porque es mi compañera de vida y es la que me da una mano. No le sacamos un peso al Estados. Volvemos en vuelo de línea”.
“Es mi mujer. Estamos alojados en el mismo hotel. Comida y movilidad salen de mi bolsillo”, sumó en diálogo con A24.
La práctica de nepotismo ya fue denunciada por el diputado nacional Esteban Paulón, que envió un pedido de informes a la Casa Rosada este lunes. “Que lo denuncien”, cerró Manuel Adorni.
Por su parte, el propio Paulón dio detalles de la denuncia en diálogo con RealPolitik: “Estamos pidiendo un informe y también un pedido de acceso a la información pública para conocer quién pagó el viaje y qué rol cumple en la comitiva. Incluso surgió una versión periodística que indica que la mujer de Adorni podría haber viajado en el avión presidencial”.
“Solicitamos la copia del manifiesto de vuelo. Ese es un dato que no se puede truchar ni fraguar. Allí figura el listado de los pasajeros que subieron al Tango 01 y, en caso de que estuviera la esposa de Adorni, obviamente tendrán que dar explicaciones incluso en la Justicia porque no corresponde”, sumó el diputado nacional.
La esposa de Adorni, los gobernadores aliados a Milei y el país "como una empresa": el detrás de escena del Argentina Week
Un diputado opositor presentó un pedido de informes para conocer cómo se explica la aparición de Bettina Angeletti, pareja del jefe de Gabinete, en la comitiva oficial. Qué le dicen los gobernadores a los empresarios y banqueros norteamericanos.
Una foto de Manuel Adorni y su esposa podría empañar la gira de Javier Milei en Nueva York para “pasar la gorra” y buscar atraer inversiones al país. La aparición de Bettina Angeletti —pareja del jefe de Gabinete y consultora en desarrollo organizacional— generó este lunes un pedido de informes en la Cámara de Diputados.
El legislador socialista Esteban Paulón solicitó que el Gobierno explique si la mujer viajó en el avión oficial, quién pagó su traslado y qué rol cumple dentro de la comitiva. La Casa Rosada está obligada a responder esa información, aunque todavía no hubo explicación oficial.
La polémica se desató luego de que Angeletti fuera fotografiada junto al jefe de Gabinete durante una visita del Presidente y su delegación este domingo a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson —conocido como el “Rebe de Lubavitch”— en Queens, una parada habitual de Milei cuando viaja a Nueva York.
elDiarioAR contactó a voceros del Gobierno pero por el momento no hubo explicaciones públicas sobre la presencia de la esposa del funcionario en la gira. En su pedido de informes, Paulón reclamó además conocer si se registró oficialmente su participación en el vuelo y si se evaluaron posibles conflictos de interés. Una explicación extroficial que trascendió es que Angeletti habría viajado a un congreso de manera particular, aunque no queda claro aún si lo hizo dentro de la comitiva oficial o no.
Los gobernadores aliados y el “road show” de inversiones
Más allá de la polémica, el viaje forma parte de una estrategia del Gobierno para mostrar a la Argentina como un destino de inversiones ante los grandes fondos financieros en sectores clave para el modelo libertario: producción petrolera y extracción de minerales. Milei habló esta mañana de presentar al país “como un caso de éxito, como una empresa por la que vale la pena invertir”, dijo en una entrevista en radio Now 97.9.
En ese sentido la embajada argentina en EE.UU. organizó una serie de paneles en los que funcionarios y gobernadores aliados exponen sobre sectores estratégicos como energía, Vaca Muerta y minería. Por eso entre los mandatarios provinciales que participan están Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y hasta el peronista Raúl Jalil (Catamarca), entre otros.
Todos aliados del Gobierno, que en el Congreso le aportaron votos al oficialismo para aprobar la reforma laboral y la media sanción de la nueva ley de Glaciares.
A la espera de la exposición de este martes de Milei, el movimiento de los gobernadores en Manhattan ya se vio este lunes. En redes sociales, varios de ellos celebraron la iniciativa y destacaron la posibilidad de mostrar el potencial productivo de sus provincias ante inversores internacionales. “El Estado está generando condiciones para las inversiones”, planteó el santacruceño Vidal. Figueroa, por su lado, planteó que el objetivo es posicionar a Neuquén y a Vaca Muerta frente a capitales globales, mientras que Valdés destacó la oportunidad de presentar proyectos productivos y energéticos para atraer inversiones a Corrientes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también promocionó el evento en redes sociales y lo presentó como parte de la estrategia para insertar a la Argentina en los mercados financieros internacionales y captar capital privado. Detrás del armado aparecen también varios conocidos del funcionario, como bancos y grandes compañías financieras, entre ellas JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup.
Según anunció la Cancillería, desde hace semanas ya no había tickets disponibles para presenciar las exposiciones. Más de 300 empresarios globales en distintas sedes de Manhattan con intereses en energía, minería, tecnología e infraestructura serían parte del público.
La advertencia del JP Morgan
La “Argentina Week” ocurre además en un contexto de fuerte tensión de los mercados por el impacto de la guerra en Irán tras el ataque de EE.UU e Israel. Este lunes los mercados internacionales se dispararon. Un informe reciente de JPMorgan Chase advirtió que la suba internacional del petróleo podría poner a prueba tanto el plan económico de Milei como la situación de YPF, debido al impacto que podría tener en la balanza energética y en los precios locales.
“El shock de precios del petróleo mejora los términos de intercambio de países exportadores de energía como la Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador”, se lee en un informe del banco. Del caso argentino, agregó, las exportaciones de crudo desde la cuenca neuquina “no se ven afectadas físicamente por la situación en Ormuz”, el estrecho que controla Irán.
Sobre el impacto local, justamente el CEO de YPF, Horacio Marín, habló desde Nueva York y lanzó una frase que ya preocupa: “Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, hacelo hoy”, aseveró. Y dijo que “el combustible va aumentando, pero muy poco”.
MC
El Consulado argentino en Miami difundió un show pago de Fátima Flórez y generó críticas
La sede diplomática envió un correo institucional promocionando el espectáculo de la humorista en Miami e incluyó un enlace directo para comprar entradas, lo que generó cuestionamientos por el uso de canales oficiales.
El Consulado General de la Argentina en Miami, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, quedó envuelto en una controversia tras la difusión de un correo institucional en el que se promociona un espectáculo privado e incluso se incluye un enlace directo para comprar entradas.
El mensaje fue enviado desde la cuenta oficial [email protected] con el asunto “FÁTIMA UNIVERSAL (este sábado)”. En lugar de convocar a una actividad institucional, académica o cultural de acceso gratuito, el correo promociona el show de la humorista Fátima Flórez, quien además mantuvo una relación con el presidente Javier Milei.
Promoción de un evento privado
El texto del correo comienza con la frase: “Nuestros amigos de ARPI Group presentan”, una introducción que muestra al propio consulado respaldando la productora privada encargada del espectáculo.
Además, el mensaje incluye un link directo hacia la plataforma de venta de entradas Ticketplate para asistir a la función que se realizará el sábado 14 de marzo en los estudios de ARPI Studios, en Miami.
La utilización de una cuenta oficial del Estado para difundir un evento con fines comerciales generó cuestionamientos, ya que supone el uso de canales institucionales y bases de datos oficiales para promocionar una actividad privada.
La situación fue advertida en redes sociales por la periodista Victoria De Masi, quien publicó una captura del correo en la red social X y calificó el episodio como “curioso”. Según explicó, la representación diplomática difundió la obra incluyendo un enlace directo para adquirir los tickets.
Entradas y paquetes especiales
En el sitio de venta vinculado desde el correo se detallan los valores para asistir al espectáculo.
La entrada denominada “General 2” cuesta 40,32 dólares, mientras que el sector VIP tiene un precio de 110 dólares.
La opción más cara es el paquete “VIP Meet and Greet”, valuado en 198 dólares, que incluye la posibilidad de conocer a la artista y tomarse una fotografía con ella al finalizar la función.
Con información de NA
JIB