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Un país en estanflación, donde el despido es negocio, las privatizaciones tienen favoritos y surge una ciudad-estado de IA

En la misma Argentina en la que este jueves las fuerzas de seguridad arrojaron a mansalva gases lacrimógenos que afectaron más a las decenas de miles de manifestantes pacíficos que a los pocos violentos ya comienza a hablarse de estanflación. Es la temible combinación de estancamiento o recesión, es decir, dos trimestres consecutivos de caída económica –consultoras como LCG, Analytica y Oxford Economics consideran que así ocurrió–, con una inflación elevada, que rebrotó en septiembre al 1,9%, tras el 1,7% de agosto, y se encamina cerrar el año parecido al 31,5% de 2025. Uno de los primeros que pronunció la palabra estanflación fue Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra.

“Salvo en los sectores minería, energía y agroindustria, el resto no crece y con una tasa de inflación que se enquistó en torno al 2%”, advierte Sigaut Gravina. Es un índice de precios al consumidor (IPC) menor al 12% que dejó Sergio Massa en el Ministerio de Economía, pero similar al que se le criticaba al kirchnerismo y muy superior al 0,8% del Brasil de Lula da Silva y al 0,4% del México de Claudia Sheinbaum. Un problema de la estanflación radica en que si la política económica ataca la inflación, como pretende Javier Milei, se hunde más la actividad económica y el empleo, pero si se apuntara al estancamiento o la recesión, se calentarían aún más los precios.

En el almuerzo de este miércoles en el hotel Alvear del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que reúne a las cámaras del comercio, la construcción, la Unión industrial, la Sociedad Rural, la banca privada nacional y la Bolsa porteña, más que el discurso del invitado Horacio Marín, presidente de YPF, resonaron los comentarios por lo bajo de los empresarios sobre la incertidumbre sobre 2027. “Por la economía que no repunta: no se ven motivos por los que habría de mejorar, con dólar que corre por debajo de la inflación y afecta a la industria y a la construcción, que cotiza en dólares, y con el boom del contrabando y la invasión de productos chinos”, comentó uno de los pesos pesados de la Cicyp, que preside Bettina Bulgheroni, embajadora de la marca país por decisión de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, e integrante de la familia dueña de Pan American Energy.

“Incertidumbre sobre quién viene a gobernar”, agrega otro motivo el confidente del Cicyp. En el establishment hay un consenso en el apoyo a la baja de la inflación y el superávit fiscal sin financiamiento monetario, pero preocupa la actividad económica. Por eso no todos están con Milei, pero incluso los que lo critican dudan de que Patricia Bullrich pueda configurar una alternativa y en el peronismo prefieren a un Massa que a un Axel Kicillof porque pese a su mal paso por Economía se lo ve más proclive a sostener el giro pro mercado y no regresar a recetas pasadas. Empresarios como José Luis Manzano y Francisco de Narváez siguen siendo estrechos amigos del abogado que en 2013 rompió con Cristina Fernández de Kirchner, en 2016 apoyaba a Mauricio Macri y en 2019 se reconcilió con la expresidenta.

Un clima similar se palpó en la enésima gira de Milei por EE.UU. esta semana. Mientras, el deterioro del crédito empresarial continúa siendo una de las principales señales de alerta de la economía argentina. En septiembre, otras 1.937 empresas ingresaron en mora, un incremento del 3,5% respecto de agosto. En paralelo, la cantidad de compañías con una situación diferente de la normal en el sistema bancario llegó a 58.982, un crecimiento del 53% en los últimos 12 meses. En este contexto, el Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF) de la firma de gestión de riesgos Fidelitas se ubicó en 37,7 puntos en septiembre, con una caída de 0,6 puntos frente al mes anterior y dentro de la categoría de riesgo elevado. El resultado refleja un escenario heterogéneo, en el que algunas mejoras sectoriales y financieras conviven con una actividad económica débil y una fragilidad crediticia persistente.

Pero los hombres de negocios que están ampliando sus fortunas durante el gobierno libertario aspiran a que su cosecha continúe. Es llamativo cómo en diversas licitaciones de concesiones y privatizaciones ha habido candidatos fijos a ganarlas que finalmente triunfaron. Los actores cercanos al contrato de la hidrovía del río Paraná preveían que la belga Jan de Nul y su socio local Leonardo Román, de familia con larga tradición portuaria, iban a vencer. Y lo hicieron. La diputada Marcela Pagano denunció que los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos del asesor presidencial de Santiago Caputo, conseguirían subcontratos.

Los Neuss y sus socios dentro de Edison Energía sonaban como favoritos para las concesiones de las represas del Comahue y ganaron dos de las cuatro. Lo mismo para la venta de la participación del Estado en la transportista eléctrica Transener y la obtuvieron en sociedad con Jorge Brito, el dueño del Banco Macro que este año coqueteó con meterse en política pero parece haberse contenido al menos por ahora. Eso sí, Georgi Neuss, primo de Juan y Patricio, se quedó con las ganas de Metrogas, que fue a parar a manos de Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

En la privatización de AySA sonaba el nombre de Filiberti, su proveedor de cloro, y efectivamente prevaleció. Lo hizo en alianza con Walter Román, tío de Leonardo y aportante de la campaña de La Libertad Avanza en 2025; con Águas do Rio y con un misterioso fondo de inversión especulativa llamado PHX, con sede en Curazao, colonia neerlandesa que jugó el último Mundial, según descubrió el periodista Esteban Rafele en Letra P.

Ahora Grupo México aparece como favorito en la próxima concesión, la de los ferrocarriles de carga. Logró que la licitación sea por el negocio integral: el Gobierno desistió de su idea original de dividirlo entre vías, talleres e inmuebles, por un lado, y material rodante, por otro. También que lo incluyera en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Enfrenta en la contienda a un consorcio de cerealeras, las extranjeras Bunge, Cargill y LDC, la cooperativa ACA y Aceitera General Deheza (AGD). Veremos si a AGD, la empresa del ex senador peronista cordobés Roberto Urquía, le juegan en contra los posicionamientos críticos que viene adoptando la Fundación Mediterránea, donde él pesa fuerte, y donde la presidenta es la constructora María Pía Astori, secundada por Marcos Brito –hermano de Jorge– y Sergio Roggio, del grupo que perdió AySA.

Los que también hacen negocios en plena estanflación son los bancos y las sociedades de bolsa que tienen hasta fin de mes para conseguir que el medio millón de empresas de la Argentina los contraten para gestionar su Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el que podrán pagar indemnizaciones por despido y retiros voluntarios. En el sector financiero se espera que el plazo se prorrogue hasta finales de noviembre, dado que existen problemas operatorios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para registrar las inscripciones. A aquellas compañías que no escojan quién administrará su fondo se les asignará uno por sorteo. Las grandes aportarán el 1% de su masa salarial y las pymes, el 2,5%. Se trata de hasta US$2.500 millones por año. Son recursos que antes iban a pagar jubilaciones y asignaciones familiares o a financiar el Fondo Nacional de Empleo o el Programa de Asistencia Médico Integral (PAMI). Ya no, por decisión de la reforma laboral impulsada por LLA y aprobada también por sus aliados.

El banco español BBVA fue el primero que se lanzó a una campaña agresiva para conseguir que las empresas la contraten para gestionar su FAL. Arrancó ofreciendo comisión cero por un año, en lugar del 1% tope que estableció el Ejecutivo. Pronto sus competidores lo imitaron con ofertas similares: el Galicia, el Macro, el Santander y el ICBC y los públicos Nación y Provincia de Buenos Aires. Estos siete bancos controlan 85% del negocio de las cuentas sueldo en la Argentina y con esa base aspiran a quedarse con el del FAL. Pero las sociedades de bolsa, técnicamente llamadas agentes de liquidez y compensación (ALYC), domina el 40% de los fondos comunes de inversión y, como el FAL será justamente eso, pretenden quedarse con el 30% de este nuevo mercado.

Claro que el FAL no podrá meterse en inversiones de riesgo como las acciones. Algunos descansarán en opciones conservadoras como plazos fijos. Son los más atractivos para empresas que prevean despidos y rotaciones de personal más frecuentes. Otros invertirán en las alternativas autorizadas con más riesgo, como deuda provincial o corporativa, aunque estas variantes están limitadas al 15% y al 20%, respectivamente, del total de la cartera. La idea del Gobierno fue que no se corra el peligro de que el dinero destinado a indemnizaciones se pierda, como ocurrió con el de las desaparecidas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) entre 1994 y 2008 con apuestas ruinosas.

Otros negocios se tejen con la venta de ciudadanía, activo de interés para extranjeros que quieren saltearse el límite del 15% a la propiedad foránea de tierras por municipio. Entre el 29 de septiembre en que la Corte Suprema habilitó la extranjerización total de terrenos y el 9 de octubre, cuando echó por tierra esa decisión, el empresario chino Mao Dong Xu creó seis sociedades argentinas, Voltstone, Gridvera, Xcity Mining, Gridcrest, Voltara y Terrawatt, según descubrió el portal Tengo Data a partir de lo publicado en el Boletín Oficial. Mao, un financista inhabilitado de por vida en su país y radicado en EE.UU., promociona Xcity, una “ciudad-estado superinteligente” de 400.000 hectáreas en San Juan, que con energía solar minará bitcoins y alimentará centros de inteligencia artificaial, con robots residentes.

Mao vende derechos de uso de parcelas por 30 años, respaldados con NFT, un token no fungible, activo digital único. La tierra queda formalmente a nombre de una sociedad argentina, pero el control económico pasa a inversores extranjeros. Además, la documentación prevé usar varias entidades cuando las tenencias de un inversor se acerquen a los topes legales para extranjeros. Planea pedir al Gobierno facultades de autogobierno parcial, con un consejo de inversores en asuntos locales. Ofrece servicios de residencia y ciudadanía ligados a inversiones.

El oro del Banco Central también ha sido objeto de negocios. Queda por conocerse qué bancos extranjeros fueron contratados por el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, para enviarlo primero a Londres y después a Suiza. Y cuáles otros se encargaron del contrato de cobertura del precio del metal, por el que el Central terminó dejando de ganar, o perdiendo, unos US$1.000 millones. Bausili acumula tres denuncias por estas diversas operatorias: una de los senadores peronistas Juliana Di Tullio, Florencia López y Martín Soria, otra del abogado Gregorio Dalbón y una nueva del diputado socialista Esteban Paulón.

Más allá de estos negocios que se tejen, unas 25 mujeres de los mundos de la empresa, la política, la academia y la sociedad civil presentarán este jueves VEGA, Voces de Equidad y Género en Acción. A la cabeza está Carolina Castro, de la autopartista Industrias Guidi, que tuvo su paso por la política con Macri primero y Florencio Randazzo después. Su voz es una de las más lúcidas del empresariado argentino. La acompañan la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, la legisladora porteña macrista Silvia Lospennato, la auditora general de la Nación Pamela Calletti; Andrea Gualde, directora de asuntos jurídicos e institucionales de Farmacity; la politóloga María Victoria Murillo, de la Universidad de Columbia, y las empresarias Lorena Basso (Semillas Basso) y Patricia Furlong (Global Processing). VEGA sostiene que su objetivo es “trabajar por una Argentina más democrática, más productiva y más innovadora”. Quizás otro país es posible de la mano de las mujeres.

AR/MG

Santilli celebró que Diputados no haya dado quórum para el rechazo del DNU 70: “Habría sido algo espantoso para la sociedad argentina”

Diego Santilli celebró que la oposición no reuniera quórum en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70. “No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre, y consideró que el decreto es una de las columnas de la gestión, junto con la Ley Bases.

El funcionario defendió la derogación de la anterior ley de alquileres, a la que atribuyó una menor oferta de viviendas y mayores precios. “El DNU 70 trajo muchas soluciones a un país que estaba regulado, lleno de problemas y que no te permitía desenvolverte”, señaló. Además, citó la expansión del acceso a internet satelital de Starlink en áreas rurales entre las medidas que incluyó la norma.

Sobre la reforma electoral, Santilli confió en que el Congreso respaldará la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Cuestionó que, según expresó, los ciudadanos deban votar hasta seis veces en algunos distritos y afirmó que una elección primaria tiene un costo de USD 200 millones.

“¿Qué diputado y senador va a estar en frente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces?”, preguntó. Luego expresó su confianza en el resultado de la negociación legislativa: “Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral”.

Consultado por los incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la marcha universitaria, Santilli cuestionó con dureza a quienes participaron de los desmanes. “Repudio totalmente a los delincuentes violentos, estos energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo”, afirmó.

El jefe de Gabinete defendió la política oficial para las universidades y aseguró que el Ejecutivo cumplió con una medida cautelar judicial. Según las cifras que enumeró, el Gobierno elevó en 270 % el presupuesto universitario de 2024 respecto de 2023 y aumentó los recursos de los hospitales universitarios. “Hemos cumplido el 100 % de la cautelar”, sostuvo.

Santilli relacionó las protestas y las críticas al Gobierno con una estrategia de desestabilización. “Lo que parece es que tuvieran temor a la competencia. Entonces, lo que necesitan es desestabilizar, romper la calle”, concluyó.

“Los gobernadores deberían estar preocupados si el kirchnerismo vuelve”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que los mandatarios provinciales deberían inquietarse ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder con Axel Kicillof como figura central.

Santilli vinculó ese escenario con una eventual revisión de los regímenes de promoción de inversiones, conflictos por tomas de tierras y cambios en políticas sectoriales. “Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”, sostuvo en una entrevista con Radio Mitre. El funcionario planteó que los acuerdos políticos con las provincias están ligados a una agenda de inversiones y desarrollo que, según dijo, podría quedar en discusión ante un cambio de signo político representado por el mandatario bonaerense.

La advertencia surgió cuando fue consultado por la falta de consolidación de acuerdos electorales entre el Gobierno y los gobernadores aliados o dialoguistas. Santilli respondió que la preocupación debía estar del lado de los mandatarios provinciales y enumeró posibles impactos en distritos vinculados con la energía, la minería, el agro y la seguridad.

“Imaginemos que el kirchnerismo vuelve y arriba Kicillof”, señaló Santillo. A partir de esa hipótesis, mencionó los cortes de calles y los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, la discusión por la coparticipación y las tomas de tierras en la Patagonia. También señaló que, según su interpretación, el kirchnerismo anticipó que revisaría los regímenes de inversiones.

El jefe de Gabinete puso el foco en Neuquén y Río Negro por los proyectos asociados a Vaca Muerta y a la infraestructura de exportación de hidrocarburos. “¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro?”, preguntó al cuestionar una eventual marcha atrás en los marcos de promoción para inversiones.

Santilli comparó a Neuquén con Abu Dabi por su disponibilidad de recursos de petróleo y gas, mientras que describió a Río Negro como la provincia desde la que saldrá parte de la producción destinada a exportación. Afirmó que las inversiones previstas en Punta Colorada y zonas cercanas podrían llevar a la región a una situación de pleno empleo el año próximo. También incluyó a Córdoba, por las discusiones vinculadas con las retenciones; a Santa Fe, por la lucha contra el narcotráfico en Rosario; a San Juan, por los proyectos mineros de cobre; y a Salta, por el desarrollo de la actividad vinculada con el litio. “Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó una visita a la zona limítrofe entre Salta y Catamarca, donde, según indicó, ambas provincias alcanzaron un acuerdo para el cobro de regalías. Allí destacó la inauguración de una segunda planta de la compañía coreana Posco, que, de acuerdo con sus declaraciones, generará más de 1.200 puestos de trabajo.

Santilli también se refirió a proyectos industriales en Bahía Blanca, entre ellos una nueva planta de urea, instalaciones para el tratamiento de gases y una planta de procesamiento de aceites. El funcionario sostuvo que esas inversiones expresan el modelo productivo que busca defender el Gobierno.

No hubo quórum: el Gobierno logró desactivar la sesión opositora para voltear el DNU 70

Con la ayuda de los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy y Santa Fe, el Gobierno logró desactivar la sesión opositora para rechazar el DNU 70/2023. La plaza frente al Congreso recién se estaba empezando a poblar de manifestantes cuando Martín Menem anunció que, con 121 presentes, no había quórum para dar inicio a la sesión. El Ejecutivo negoció con los gobernadores, neutralizó el reclamo por la extranjerización de tierras y evitó, así, que la oposición voltease el megadecreto desregulador de Javier Milei. 

Fue una crónica de una derrota anunciada. Ya desde la noche anterior, la oposición anticipaba que se había quedado sin su principal incentivo para presionar a los aliados: la Ley de Tierras. Menem había maniobrado para patear el tema dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los diputados indecisos se mostraban menos proclives a enemistarse con Milei. Al día siguiente, temprano a la mañana, el Gobierno anunció que impulsaría inversiones para modernizar el sistema ferroviario de Salta y dio el golpe final. Sin el apoyo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, la oposición no podía alcanzar el número. 

La oposición logró juntar, finalmente, unos 121 diputados. Los gobernadores amagaron con dar quórum y, a último momento, vaciaron la sesión. Los dos santafesinos que responden a Maximiliano Pullaro, José Nuñez y Gisela Scaglia, estaban en la Cámara de Diputados, pero ni se dejaron ver por el recinto. Los tres tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo –Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera– caminaban de un lado al otro por el Congreso, con el teléfono en la mano, a la espera del llamado del gobernador. Jaldo bajó el dedo y no dieron quórum. 

Los salteños de Sáenz, Pablo Outes y Bernardo Biella, entraron al recinto y se sentaron un rato. Cada dos minutos miraban el tablero, atentos a si el número se acercaba al quórum, y se paraban de sus bancas. Con el teléfono pegado a la oreja, Biella decidió sentarse y dar quórum cuando vio que a la oposición todavía le faltaban demasiados votos como para tener éxito. Una vez vencido el plazo de 30 minutos para reunir el quórum, Menem anunció que no estaba el número y Biella se fue corriendo del recinto. 

Tampoco dieron quórum los jujeños radicales, María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, que firmaron el pedido de sesión, pero después se ausentaron. Su gobernador, Carlos Sadir, está negociando un acuerdo electoral en la provincia. El chubutense Loma Ávila, el rionegrino Sergio Capozzi, la radical Karina Banfi y la ex libertaria Lourdes Arrieta tampoco dieron quórum. Hubo, incluso, dos peronistas que pegaron el faltazo: la santiagueña Estela Neder y el fueguino Paulo Tita. En el bloque de Unión por la Patria se esperaban el faltazo de Neder, pero el de Tita, que responde a Gustavo Melella, fue una sorpresa. 

Sí dieron quórum, en cambio, los tres catamarqueños Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot. El gobernador peronista Raúl Jalil tiene cerrado un acuerdo político con el Gobierno e intentó bajarlos para que no dieran quórum, pero los diputados decidieron rebelarse. Nóblega había anunciado, hace una semana, que daría quórum, y no quiso desdecirse. “Están jugando más con (Lucía) Corpacci, es una pena porque Raúl nos juega bien”, se lamentó una espada libertaria. 

El misionero Oscar Herrera Ahuad fue uno de los primeros en sentarse, escoltado luego por otros dos diputados misioneros. El único en ausentarse fue Daniel Vanscik, viejo amigo de Menem. 

Los libertarios, mientras tanto, observaban a la oposición desde afuera del recinto, detrás de las cortinas. Karen Reichardt se reía y los filmaba, burlándose del fracaso opositor. “Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, celebró Menem a través de sus redes sociales.

“Negocian la propia, negocian su sillita. Si el 6 de agosto se retiró el capítulo de extranjerización de tierras fue por la inmensa movilización popular, ese es el camino que tenemos que continuar”, los cruzó Myriam Bregman, luego de que se terminara el tiempo límite y comenzaran las breves expresiones en minoría. Afuera en la calle, mientras tanto, las primeras columnas de manifestantes habían comenzado a llegar y las fuerzas de seguridad reprimían.

MCM/CRM

Milei habló por teléfono con Marco Rubio para fortalecer los vínculos comerciales y de seguridad con EE.UU.

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que abordaron distintos aspectos de la relación bilateral, entre ellos el comercio, las inversiones y la cooperación en materia de seguridad. El contacto se produjo pocas horas después de la visita del mandatario argentino a Washington y en vísperas de un nuevo viaje de funcionarios estadounidenses a Buenos Aires.

La comunicación fue confirmada por el Departamento de Estado norteamericano a través de sus redes sociales. Según el comunicado oficial, ambos funcionarios “reafirmaron la solidez de la asociación entre Estados Unidos y Argentina” y coincidieron en la importancia de profundizar el trabajo conjunto.

Durante el intercambio, Milei y Rubio analizaron las posibilidades de ampliar el comercio bilateral, fomentar inversiones y avanzar en iniciativas vinculadas con la seguridad regional. La cartera estadounidense señaló que también conversaron sobre oportunidades para promover la prosperidad compartida en el continente.

“El secretario y el presidente Milei reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en estrecha colaboración para lograr resultados concretos que beneficien tanto al pueblo estadounidense como al argentino”, destacó el Departamento de Estado.

El asesor presidencial Santiago Caputo se hizo eco del anuncio y compartió el comunicado en su cuenta de X, acompañado por las banderas de ambos países y la sigla “TMAP”, que utiliza habitualmente para expresar la consigna “Todo marcha acorde al plan”.

La conversación se produjo, además, en la antesala de la visita a la Argentina de dos altos funcionarios de la administración de Donald Trump. Se trata del subsecretario de Estado Christopher Landau y del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, cuya llegada está prevista para la próxima semana.

El nuevo intercambio entre Milei y Rubio se inscribe en los contactos diplomáticos que ambos gobiernos mantienen para profundizar su relación política y económica, con especial atención al comercio, las inversiones y la cooperación en materia de seguridad.

Denuncian que al menos siete trabajadores de prensa fueron baleados durante la represión frente al Congreso

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) denunciaron que al menos siete trabajadores de prensa fueron baleados y decenas resultaron heridos durante la represión de las fuerzas federales a la movilización universitaria y contra el DNU 70 frente al Congreso.

Según las organizaciones, efectivos de la Policía Federal y Gendarmería dispararon balas de goma contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban realizando su trabajo, pese a estar claramente identificados como integrantes de la prensa.

En un comunicado conjunto, las entidades advirtieron que las fuerzas de seguridad volvieron a mostrar una particular violencia contra quienes cubrían la protesta. “La represión a la prensa busca desinformar a la población y atacar una tarea clave a la hora de encontrar responsables, como pasó cuando le dispararon a Pablo Grillo”, señalaron.

Los gremios sostuvieron que, desde diciembre de 2023, existe un “plan sistemático contra la libertad de expresión y prensa en Argentina”, del que las agresiones durante las manifestaciones constituyen una de sus expresiones. Según sus registros, desde la asunción de Javier Milei más de 300 cronistas, reporteros gráficos y camarógrafos resultaron heridos durante protestas, una cifra que, de acuerdo con los relevamientos de organismos de derechos humanos citados por las entidades, representa alrededor del 10 por ciento del total de personas heridas en esas circunstancias.

Periodistas baleados y golpeados

Entre los casos denunciados se encuentra el de Laura Quispe, periodista de TeleSISA, quien recibió nueve impactos de balas de goma en la espalda. Debió ser atendida en el Hospital Ramos Mejía, donde los estudios médicos determinaron que dos perdigones habían quedado alojados en su cuerpo.

El reportero gráfico Guido Piotrkowski, de Página/12, recibió dos impactos en el pecho desde una distancia muy corta, una agresión que, según el comunicado, quedó registrada en sus fotografías. Por su parte, Nicolás Hernández, fotógrafo de El Grito del Sur, fue herido con dos balas de goma en el antebrazo mientras intentaba protegerse la cara.

Gabriela Manzo, que cubría la manifestación para Radio Gráfica, recibió tres impactos en las piernas, mientras que dos fotorreporteros de Indymedia Argentina fueron baleados en el torso. Según la denuncia, uno de ellos recibió los disparos prácticamente a quemarropa.

La revista MU informó que tres integrantes de su equipo resultaron heridos. Entre ellos se encuentra el fotógrafo Tadeo Bourbon, quien recibió dos impactos de balas de goma en las piernas.

También fueron denunciadas agresiones con bastones y gases irritantes. Nicolás Suárez, que registraba los acontecimientos para La Nación, recibió un bastonazo en la espalda por parte de un efectivo policial. El fotorreportero independiente Germán Romeo fue golpeado con un bastón en la cabeza y recibió gas pimienta directamente en los ojos, a corta distancia, lo que le provocó problemas en la visión.

A estos episodios se sumaron las agresiones contra equipos periodísticos de C5N y LN+, además de otros trabajadores de prensa que fueron alcanzados por gases durante el operativo.

Denuncias ante organismos internacionales

SiPreBA y ARGRA anunciaron que incorporarán la información sobre estos hechos a las presentaciones que vienen realizando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de Naciones Unidas.

Las organizaciones recordaron que la CIDH ya había señalado en su informe de 2025 retrocesos en materia de libertad de expresión en la Argentina, así como agresiones contra voces críticas y episodios de violencia física contra periodistas durante manifestaciones.

También advirtieron que las consecuencias de la represión podrían haber sido todavía más graves si muchos de los trabajadores de prensa no hubieran contado con cascos y máscaras antigás para protegerse.

“La represión podría haber tenido consecuencias mayores si la mayoría de los trabajadores de prensa no hubieran tenido protección de cascos y máscaras de gas, un equipamiento que usan los corresponsales de guerra y que no vamos a naturalizar”, expresaron.

El comunicado concluyó con una advertencia sobre la continuidad de las denuncias y la defensa del ejercicio periodístico frente a los operativos de seguridad: “Seguiremos informando y denunciando. No nos van a silenciar”.

CRM