Mina La Delfina

Noticias de San Juan

Los primos Macri afinan una estrategia en la Ciudad para resistir el avance de Milei

Jorge Macri caminó con cautela durante su primer año en la Ciudad, el terruño político del PRO que se convtirió en un territorio minado, con varios frentes abiertos. Su gestión tuvo complicaciones producto de la expulsión de funcionarios que respondían a Horacio Rodríguez Larreta y la necesidad de preservar un buen vínculo con el gobierno de Javier Milei. En los últimos días, las circunstancias precipitaron cambios de gabinete y definió –en sintonía con su primo Mauricio Macri– adelantar la fecha de las elecciones legislativas de 2025. Un manotazo de ahogado para preservar al partido amarillo. 

La sensación extendida en la primera plana del PRO es que a la nueva gestión porteña le costó arrancar. Temen que la licuación macrista se refleje en las próximas elecciones, con una migración del “voto útil” hacia los libertarios. Por eso, sin una estrategia clara, Jorge Macri buscó hacer un “clic” al filo del cierre del año. 

El cambio de fichas más importante fue el desplazamiento del hasta ahora jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, reemplazándolo por quien se desempeñaba como su segundo, Gabriel Sánchez Zinny. A Grindetti lo contuvieron dejándolo como asesor, pero hay opiniones opuestas sobre su salida. Algunos dicen que Jorge Macri no lo dejó “hacer política”, porque el gobierno porteño es “jorgecentrista” y no da espacio para destacarse; otros le cuestionan a Grindetti no haber tenido la voluntad de gestionar. 

“Néstor nunca estuvo cómodo en ese lugar. Siempre se llevó mal con Zinny”, confió a elDiarioAR un hombre cercano a Grindetti. El exministro de Educación bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal generó una relación personal con Mauricio Macri –a quien ayudó a gestionar sus charlas en universidades y visitas internacionales– y ese vínculo le permitió refugiarse en el gabinete de Jorge. “Se acovachó ahí. Desde el primer día hubo tensión porque él nunca respondió a Grindetti y tenía una agenda paralela”, dijo el vocero consultado, que se quejó: “Néstor viene de ser 8 años intendente, candidato a gobernador, negociador del PRO con Kicillof; merecía un trato más destacado”. 

En la Ciudad hay otra mirada, tal como expuso un legislador del PRO a este medio: “Grindetti se fue porque no tenía ganas de hacer el trabajo que tenía que hacer. Se lo veía abrumado, cansado. Fue una figura muy destacada del PRO, pero en esta etapa estuvo pinchado para gestionar. Si Sánchez Zinny avanzó fue porque nadie lo frenó… Grindetti tenía la cabeza en Independiente y no en la Ciudad”. El ahora jefe de Gabinete saliente es el actual presidente del club de Avellaneda.

Las negociaciones por la salida de Grindetti precipitaron, a su vez, la renuncia de Diego Kravetz, su hombre de confianza, que dejó la Secretaría de Seguridad para dar un salto al gobierno libertario como segundo de la SIDE, controlada por Santiago Caputo. Kravetz nunca se había sentido cómodo en su rol en la gestión porteño, porque chocó desde el primer día con su jefe, el ministro Waldo Wolff. En la Ciudad molestaron las formas: se enteraron por los medios que el exfuncionario fue cobijado por los Milei, en una nueva mojada de oreja a Macri. Un episodio reciente de Kravetz dejó dudas sobre su paso por la Ciudad: fue denunciado por golpear a un joven detenido por la policía tras robar un celular, como publicó elDiarioAR con el video del episodio.

El reemplazante de Kravetz, Ezequiel Daglio, es un hombre de cercanía con Patricia Bullrich, por eso muchos leyeron un acuerdo de Jorge Macri con la ministra nacional. El guiño tuvo un objetivo concreto: frenar la interna feroz que se desató en la Legislatura porteña, cuando algunos dirigentes que responden a Bullrich –entre ellos su mano derecha Juan Pablo Arenaza– rechazaron el presupuesto de la Ciudad. El nombramiento de Daglio fue la extensión de una rama de olivo en una relación que ya está marchita. 

La prueba de fuego para el PRO 

Los cambios de gabinete, presentados como “relanzamiento”, no terminaron. Sin embargo, la principal preocupación del PRO ahora es qué puede pasar en el año electoral. Fue el tema principal de las charlas privadas del último viernes entre los primos Macri, que se reunieron a solas en la última cumbre partidaria.

“Lo hablaron y están en sintonía, Jorge no hará movimientos no consensuados con Mauricio. Definieron adelantar la elección”, afirmó a elDiarioAR una fuente con llegada a ambos, que descartó de lleno que la decisión de anticipar la elección no estuviera consensuada con el expresidente. En términos operativos, al alcalde lo corren los tiempos: el artículo 57 del Código Electoral porteño indica que debe convocar a elecciones al menos 120 días corridos antes de su realización. De presentar la resolución después de Navidad, el 26 o 27 de diciembre, habría exactamente 121 días hasta el 27 de abril, último domingo de ese mes.

Además del desdoblamiento, algunas versiones indican que esta misma semana el oficialismo porteño podría enviar un proyecto de ley para eliminar las primarias, un tema que debe definirse en la Legislatura. Ambas iniciativas –adelantar las elecciones y que no haya PASO– comparten un objetivo: despegarse lo más posible de la campaña nacional para evitar que haya una migración del “voto útil” a las filas de Milei. Sin embargo, en el partido hay algunas voces que también plantean el problema de que se ponga en discusión la gestión porteña, que tuvo serias dificultades en el último año. 

Desde el gabinete porteño admiten que no hay prevista una estrategia electoral. “No hay plan. Jorge está confiado en que va a poder arreglar con Karina, pero es solamente una cuestión de fe: seamos sinceros, es más fácil hacer un acuerdo con Máximo Kirchner que con los Milei, en el peronismo al menos tienen códigos”, lanzó un dirigente del PRO que tuvo participación en las últimas discusiones del partido. 

La prioridad del macrismo será llegar a un acuerdo con LLA en la Ciudad. Por ahora, los Milei no muestran intenciones de aceptarlo. Lo dejó claro Karina Milei con su demostración de fuerza del último miércoles en el bastión del PRO, cuando encabezó un acto en el que coqueteó con la posibilidad de ser candidata: “Voy a estar donde mi hermano lo necesite”, provocó. La acompañó el vocero presidencial, Manuel Adorni, hasta ahora la figura más firme de los libertarios para encabezar la boleta al Senado por la Capital Federal. En ese lugar también suena Patricia Bullrich. Aunque diga lo contrario, hay quienes sospechan que al final del día la ministra querrá ser candidata a senadora como un trampolín a la jefatura de gobierno o para posicionarse como candidata a vice de Milei en 2027. 

La incertidumbre deja abierta la posibilidad, por ahora lejana, de que el propio Mauricio Macri se vea forzado a competir para el Congreso para que el PRO no sea derrotado en su terruño. “Si ve muy comprometido al partido, no le va a quedar otra que jugar. Por ahora apuesta a forzar el acuerdo con los libertarios”, admiten cerca del expresidente. Sin poder hallar su lugar en la discusión pública, en el macrismo saben que se jugarán su futuro en la elección porteña de 2025. En ese sentido, los comicios serán un catalizador de la gestión del primo Macri.

LA/MC

Un Gobierno surgido de la furia anticasta que se desliza al aguantadero

Edgardo Kueider, Cristian Ritondo, el flamante número dos de la SIDE, Diego Kravetz, y el jefe de la DGI, Andrés Vázquez, tienen en común que en las últimas semanas su vida pública se torció al ritmo de investigaciones periodísticas, filtraciones o hallazgos, fueran fortuitos o intencionados. Con recorridos distintos, hoy comparten terminal en el Ejecutivo.

Hubo que pegarle al chancho para que saltara el dueño y no demandó mucho tiempo. El Presidente, surgido de la furia anticasta que hizo nido en la pantalla televisiva, se precipitó a reconocer la tutela de los personajes en cuestión.

“Casta” podría tener muchas acepciones (“los políticos”, “los prebendarios”, “los mismos de siempre”, toda persona que recibiera un sueldo estatal), pero alberga un componente inequívoco de honestismo, entendido como una postura que dice centrar la acción política en el combate a la corrupción. La historia argentina reciente es un muestrario de “honestistas” farisaicos, hasta que llegó el más excéntrico a la Casa Rosada.

Transcurrido un año desde la asunción del ultraderechista, al Gobierno le sale “toma todo” en perinola de la corrupción. No hay prueba que amilane a los hermanos de abrasarse y abrazar al senador que trafica de noche cientos de miles de dólares en la frontera con Paraguay, al diputado que oculta propiedades en Miami, al jefe de la DGI que evade bienes offshore y al karateka que oficiaba de secretario de Seguridad y golpeaba a adolescentes con su propio puño.

Un sistema tildado

La información sobre las propiedades ocultas en empresas offshore del matrimonio Cristian Ritondo-Romina Diago dejó al PRO en estado catatónico. Los bienes repartidos en la península de Florida dados a conocer por Emilia Delfino en elDiarioAR son de por sí onerosos, pero sirvieron además para iluminar la hoja de ruta y la fortuna —que, según el último lapsus ético de Elisa Carrió y la diputada cívica Mónica Frade, alcanzaría decenas de propiedades y autos de lujo— de un hombre clave en la historia del partido fundado por Mauricio Macri.

El sistema quedó tildado, pese a que, si había una sospecha expandida en la política argentina, era la turbiedad que rodea al jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados.

En un partido en el que a nadie que se precie se le niega un piso en las inmediaciones de Figueroa Alcorta, una nota en la revista Hola y una offshore, el caso Ritondo detonó un nerviosismo generalizado

Ritondo fue el histórico dirigente que aceitó las conexiones del partido de Macri con punteros barriales y barrabravas, el elegido por María Eugenia Vidal para el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el hombre en disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en las primarias de 2023 y, finalmente, el engranaje para acordar con Milei en el Congreso. En el año libertario en Casa Rosada, Ritondo acudió presuroso a sacarse selfies con Milei, con los pulgares hacia arriba y plano picado, pero nunca cortó amarras con Macri.

En un partido en el que a nadie que se precie se le niega un piso en las inmediaciones de la avenida Figueroa Alcorta, una nota en la revista Hola y una offshore, el caso Ritondo detonó un nerviosismo generalizado. Vidal, habitante de un departamento caro en Recoleta comprado con un préstamo de su vendedora e impulsora del proyecto de “ficha limpia”, fue abordada sobre el tema y naufragó con una respuesta de compromiso. El silencio sepulcral de otro propietario de la zona, Diego Santilli, no llamó la atención.

La frágil e intrincada situación del PRO obtura una respuesta ya ensayada tanto por el macrismo como por el kirchnerismo, como ha sido dejar que el escándolo se desvaneciera con la complicidad del tiempo y los medios amigos.

En situaciones de poder, surgen funcionarios de reemplazo, embajadas vacantes, pauta publicitaria y muñequeo para cambiar la agenda. En cambio, en plena ofensiva de los hermanos Milei y Santiago Caputo para quedarse con el capital simbólico y electoral del PRO, la neutralización de Ritondo pone en peligro toda la estructura.

Voces experimentadas confían en que Macri —cuyo talento para observar el tablero político y actuar en consecuencia no fue superado dentro del PRO— sabrá reconducir el barco, lo que implica la amarga decisión de entregar a Ritondo. Estiman que es la respuesta inexorable de un líder que asume riesgos con la cabeza fría.

Por lo pronto, Milei sacó cuentas y dio la cara por Ritondo, jefe de la bancada legislativa que resultó mucho más útil para aprobar proyectos y bloquear a la oposición que el bizarro bloque de La Libertad Avanza. En una cena en Tucumán, el jueves, el Presidente dedicó un párrafo a “reconocer el fundamental aporte” de Ritondo, a quien declaró “víctima de operaciones y persecuciones”. Javo saca a relucir la ética de la responsabilidad y queda a años luz de ese panelista violento y desorbitado que parecía dispuesto a inmolarse contra la casta.

Queda un año por delante hasta el recambio legislativo. Ritondo se codea con larretistas, bullrichistas, palomas y halcones, muchos de ellos a la deriva o transicionando a La Libertad Avanza, por lo que un descalabro del bloque PRO podría ser dañino para el oficialismo y habilitaría a Macri a tomar las riendas. Para Milei, mantener un orden en esa alianza es una prioridad, y si es con un jefe de bancada muy condicionado, mejor. Hoy, para el Presidente, Ritondo es un mal necesario; para Macri, un problema serio.

Silenzio stampa

Un capítulo aparte fue el intento de la gran mayoría de los medios de enterrar la vida offshore de Ritondo. La primera reacción ante la primicia de este diario fue el silencio, tanto de las pantallas macristas como mileístas, e incluso en varias cristinistas. Los nexos subterráneos de la política argentina nunca dejan de sorprender.

Esta vez, Clarín tuvo más reflejos que el resto, publicó antes, pero pasó un mensaje de escarmiento. “La revelación surgió tras una investigación de elDiarioAR, un medio ligado al kirchnerismo y creado en 2020, poco después de la asunción de Alberto Fernández como presidente”, descerrajó el Grupo Poderoso.

El silencio abrumador fue quebrado por conductores radiales y las redes. Tanta sordina quedó en ridículo cuando el propio Milei, diez días después, defendió a Ritondo, y los medios oficialistas se vieron forzados a dar la versión presidencial sobre un asunto que habían preferido ocultar.

El mismo sistema mediático que protegió a Ritondo está haciendo lo propio por estas horas con el exsecretario de Seguridad de la Ciudad y actual segundo jefe de la SIDE, Kravetz, denunciado por golpear en la vía pública a un menor acusado de un robo, el 17 de octubre pasado. El hecho está filmado, es noticiable por donde se lo mire, pero circula poco. Por ahora. Semejante nivel de censura se volvió habitual, pero no deja de ser una anormalidad de la democracia argentina.

En una movida intempestiva, el miércoles, Kravetz dejó el puesto en la Ciudad para pasar a la SIDE. En la relación rota con su superior en el ministerio de Seguridad porteño, Waldo Wolff, subyace la disputa mayor entre Jorge Macri y Milei, a las puertas de una negociación ríspida o una ruptura de cara a las elecciones 2025. Doblegar a los primos Macri en la Capital Federal sería la victoria definitiva de los hermanos ultras en el campo de la derecha.

Wolf ordenó una investigación interna sobre el episodio de la agresión a un menor ocurrida en la calle Cabello, a metros de la vivienda de Kravetz y la exministra larretista Soledad Acuña en un edificio de Libertador y Salguero, dentro de los límites del país PRO. La denuncia de la agresión habría sido presentada por la madre del menor golpeado y cuenta con un testigo sólido, Pablo Rodas, encargado de un edificio contiguo, quien aportó la filmación del hecho. Llegado el caso, si un fiscal lo pide, los testimonios de los policías de la Ciudad, que en principio fueron ajenos a la golpiza y trataron —sin mucho énfasis— de apartar al enfurecido Kravetz, serán aportados a la causa penal.

En el Gobierno de Jorge Macri transmiten que se anoticiaron del presunto abuso cometido por Kravetz mediante la publicación de Perfil, el viernes pasado, menos de 48 horas después de que el funcionario fuera despedido y, de inmediato, adoptado por el triángulo de hierro en la Secretaría de Inteligencia. Como corresponde, el estatal Canal de la Ciudad eludió la censura e informó el hecho.

La danza de la fortuna enterriana

Kueider quedó prácticamente huérfano, con los Milei haciendo piruetas para protegerlo, sin quedar pegados a un presunto contrabandista de centenares de miles de dólares.

La filiación del destituido senador podría encontrarse en el kirchnerismo, donde arribó desde un ensayo progresista en Entre Ríos en la primera década del siglo. Luego fue un solitario “albertista”, pero rápidamente desertó y se afincó en el “peronismo republicano”, esa identidad insípida que seduce a las ONG, acaudalados empresarios y el mainstream mediático, pero inexorablemente carece de votos. Ya con Milei en la Casa Rosada, el gobernador de Entre Ríos y exministro de Macri, Rogelio Frigerio, alardeó de haberlo puesto en caja al servicio del Gobierno nacional, giro pagado con una silla cotizada en dólares en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

El Gobierno nacional intentó, pero no pudo salvar a Kueider, y hoy trata de que la causa quede circunscripta a los tribunales de Asunción, ciudad en la que reposan el senador y su pareja. Suena inconveniente seguir la ruta del millón de dólares que habría movido Kueider desde junio, apenas el Senado aprobó la ley Bases, entre lo incautado, lo invertido en Asunción y los departamentos que intentó comprar en efectivo. Algo de eso habrá pensado el senador del PRO y chacarero millonario Alfredo de Ángeli, cuando en un confuso episodio se enredó en un discurso contra la corrupción y terminó votando en contra de la destitución de Kueider.

Ningún vínculo está tan claro como el que unió a Kueider con el exgobernador de Entre Ríos y hoy diputado nacional, Gustavo Bordet. El “Turco” fue su secretario en la intendencia de Concordia, secretario de Gobierno en el primer período en la gobernación (2015-2019) y mano derecha en las campañas electorales.

Bordet se declara “decepcionado”, “defraudado” y “traicionado” por Kueider. Afirma no hablar con él desde el 12 de junio pasado, cuando intentó convencerlo de que votara en contra de la ley Bases. El exgobernador dice estar casi convencido de que los dólares que llegaron a las manos de Kueider están relacionados con la ley que les permite a los Milei hacer y deshacer en la estructura del Estado sin intervención del Congreso. Habrá que probarlo, pero el giro de Kueider, como el de su colega correntino Carlos “Camau” Espínola y los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil, son inexplicables.

Tras cumplir dos mandatos como intendente de Concordia y otros dos como gobernador de Entre Ríos, resultó que Bordet era propietario de catorce propiedades, y de depósitos por casi $ 60 millones y US$ 2,6 millones.

La suspicacia de Bordet podrá tener sustento, pero él mismo tiene respuestas pendientes. A fuego lento, el fiscal de Concordia José Arias lleva a cabo investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito tanto del senador destituido como del exgobernador.

El foco sobre Bordet se disparó este año, cuando presentó la declaración jurada de bienes como corresponde a todo diputado. Tras cumplir dos mandatos como intendente de Concordia y otros dos como gobernador de Entre Ríos, resultó que Bordet era propietario de catorce propiedades, entre departamentos, lotes y campos, y de depósitos por casi $60 millones y US$2,6 millones.

Es curiosa la política de Entre Ríos, en la que los aliados se desconfían, los adversarios se hacen favores y nadie le pone el cascabel al gato.

Alpha y W

Marcelo Longobardi, un blanco predilecto de Milei y los vándalos de las redes, fue despedido de Radio Rivadavia. Cristina Pérez, conductora de “Sin Vueltas” en la misma emisora, se mudaría a la primera mañana a partir de febrero. La conductora en uso de licencia de Telefe Noticias y pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, sumaría el horario de mayor audiencia radial a su nuevo espacio vespertino en el canal La Nación +.

Ubicable en la centroderecha del espectro ideológico, Longobardi desacomoda piezas en el mainstream mediático. Fue durante dos décadas un suceso en términos de audiencia y eso le dio espaldas para desobedecer mandatos empresariales atados a proyectos políticos. Longobardi terminó en conflictos de diferentes escalas con Indalo, Clarín, CNN-Seita y, ahora, Fígoli-Werthein.

Rivadavia se presenta como una de las radios del Grupo Alpha Media, de Marcelo Fígoli. La cartera de emisoras de ese grupo incluye a Splendid y Rock and Pop, y las mayormente musicales Metro, Blue y Uno; ninguna de ellas con la carga de opinión de Rivadavia.

Tres fuentes con conocimiento directo del manejo de esa radio indicaron a este medio que Fígoli y sus ejecutivos son interlocutores habituales de gerentes y conductores, pero que Adrián Werthein, integrante del Grupo Werthein, toma decisiones empresariales y de programación, algo que oficialmente niegan tanto en ese conglomerado como en Alpha Media. En los hechos, Adrián Werthein fue clave en el ingreso de Longobardi y lo es en su salida.

Los W, con intereses en real estate, agro, seguros y alimentos, vienen ganando terreno en el plano mediático a partir de la compra de DirecTV América Latina. Allí alojaron DNews, un canal de noticias conservador de línea dura, y DSports. También poseen 50% de TyC Sports, en sociedad con Clarín.

A su vez, el canciller Gerardo Werthein, disociado de sus familiares en 2019, es accionista del Grupo El Observador, portal de noticias y radio con sedes en Montevideo y Buenos Aires, en copropiedad con Bettina Bulgheroni y Gabriel Hochbaum, un antiguo allegado a José Luis Manzano que acaba de adquirir Radio con Vos.

Rivadavia explicó dos razones para justificar el despido de Longobardi. La primera estuvo relacionada a la supuesta necesidad de que el periodista condujera el espacio desde los estudios de la radio en el barrio de Colegiales, algo imposible dado que vive parte del año en Key Biscayne, Florida, EE.UU.. Con la tecnología vigente, el dato es irrelevante en términos de calidad de sonido, y bien mirado, contar con un conductor radicado en Estados Unidos con Donald Trump en la presidencia debería ser un activo para un medio argentino. La inverosimilitud mayor está dada por la explicación de supuestos números negativos de audiencia de “Cada mañana”, el ciclo que terminó, lo que no se constataba en la medición de Kantar-Ibope.

A las fuerzas del cielo, la disidencia dentro de los medios oficialistas les resulta intolerable

En un párrafo memorable, Joaquín Morales Solá se quejó semanas atrás de que el Gobierno se ensaña más con los disidentes y los matices de medios ideológicamente cercanos (los grupos La Nación, Clarín, Rivadavia, Cadena 3, próximamente América, etc.) que con los que el columnista conservador definió como “kirchneristas” y Milei tacharía, de modo más ecuménico, de “comunistas”. Si ocurriera lo contrario, las cosas estarían en su lugar, según esa particular mirada.

De todas formas, algo de cierto hay en la denuncia de Morales Solá. A las fuerzas del cielo, la disidencia dentro de los medios oficialistas les resulta intolerable, quizás con un razonamiento lógico —que los Milei nunca dejan de tener— de que la crítica se vuelve electoralmente más costosa si circula entre afines. Al paladar negro de los libertarios sólo lo satisfacen medios propios del estilo La Derecha Diario o El Observador, la radio dirigida por Luis Majul bajo la mirada del canciller Werthein.

De Raúl Alfonsín a Milei, todos los presidentes de la democracia fueron acompañados por proyectos mediáticos, fuera de capitales amigos o de alguna usina paraoficial. No es lo más sano, pero ocurre en buena parte del mundo.

El alineamiento de un grupo tan potente como Clarín y sus satélites con el Gobierno de Macri marcó un hito capaz de desbaratar cualquier equilibrio relativo. Las operaciones lacerantes de “Animales Sueltos”, los informes de Jorge Lanata, el fervor de Cadena 3 y los editoriales de La Nación conformaron una agenda abrumadora entre 2015 y 2019.

Con todo, el panorama mediático que ofrece el más extremista de los Gobiernos de la democracia es inédito y lesiona la pluralidad como nunca desde 1983.

La erosión y la eliminación de la disidencia tienen consecuencias. En 2025, el televidente podrá elegir tres opciones mileístas radicalizadas en el prime time nocturno de los canales de noticias LN+, TN y A24, más el reflejo que ello tenga en los canales de aire de Clarín y América. Se agrega el streaming neofascista Carajo, de un allegado al Gobierno de Misiones, y Neura, de Alejandro Fantino, y otra media docena de canales de Youtube en los que orbita la tropa digital del vocero Manuel Adorni. En la radio y los portales de noticias, el panorama es similar.

Si las cosas siguen así, ¿quién va a informar de las propiedades offshore de Ritondo, las golpizas de Kravetz, los tentáculos de Kueider y los secretos del mandamás de la DGI?

SL

La restricción e(x)terna plantea dudas sobre si alcanzan los dólares para sostener el modelo económico de Milei en 2025

“Milei dijo que las necesidades financieras del año que viene están cubiertas”, dice uno de los pasajes de la entrevista al presidente que el Wall Street Journal publicó esta semana; pasaje que no fue jerarquizado por el diario estadounidense, pero sí tuvo rebote en conversaciones con analistas financieros y en grupos de whatsapp de economistas y periodistas. Es que algunas de las preguntas que surgen en la Argentina de la eterna restricción externa como limitación al crecimiento económico son: ¿Tenemos los dólares para pagar los vencimientos de deuda y seguir sosteniendo este tipo de cambio? ¿De dónde salen? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A costa de qué?

“La sensación es que los dólares para que el tipo de cambio se pueda sostener el año que viene están, de no mediar ninguna sorpresa”, se anima en diálogo con elDiarioAR el director de Economía de Fundar, Guido Zack. 

Martín Rapetti, el director ejecutivo de la consultora Equilibra, lo pone en duda: “La sostenibilidad del esquema en el corto plazo dependerá de que el BCRA no pierda muchas reservas camino a las elecciones”. En su último informe de coyuntura calcula que el Gobierno deberá conseguir financiamiento externo post-elecciones de medio término para, de cualquier manera, terminar con mayor cantidad de reservas negativas en un escenario de crecimiento moderado. En un escenario optimista como plantea el oficialismo, los cálculos resultan en un “módico” margen para sumar US$2.200 millones más a las arcas del Banco Central.

¿Para qué necesitamos dólares en 2025?

En función de lo que la economía argentina y este sistema económico demanda para funcionar, 2025 requerirá dólares para los vencimientos de deuda (bonistas, FMI, otros organismos internacionales, provinciales), por alrededor de US$20.600 millones. 

El otro gran requerimiento de dólares será por importaciones, variable que refleja uno de los grandes problemas de la economía argentina: “Si es cierto que el año que viene vamos a tener el crecimiento económico que el Gobierno predice, eso implica un mayor caudal de demanda de dólares por importaciones. Ni hablar si se sostiene este tipo de cambio”, asegura la economista de Paridad en la Macro Laura Testa.

Equilibria calculó una demanda de US$91.000 millones para un escenario optimista de crecimiento de 5,5% como calcula el gobierno, o de US$84.000 millones para un escenario moderado con crecimiento de 3,5%. 

En ambos casos, prevén una balanza comercial positiva teniendo en cuenta las exportaciones habituales más los US$30.000 millones que proyecta exportar el agro (Bolsa de Comercio de Rosario), el fin del dólar blend y los poco más de US$10.000 millones de exportaciones del sector energético (Economía y Energía).

Finalmente, otra gran demanda de dólares vendrá por el lado intervencionista que el gobierno tiene en el mercado de contado con liquidación (CCL) para controlar el tipo de cambio. Según Equilibra, puede ser US$4.200 (escenario optimista) y US$9.200 millones para un escenario que contempla una corrida cerca de la fecha de elecciones —y mayor intervención para controlar la brecha cambiaria—. En este escenario, asegura la consultora de Rapetti, “el equipo económico tendría que lograr algún mecanismo de financiamiento y, posiblemente, tras las elecciones se alcanzaría un acuerdo con el FMI”.

Las demandas por dólar ahorro y turista no afectan en gran medida a la demanda de dólares, por un lado por el cepo y por el otro por sostener la percepción del 30% del Impuesto a las Ganancias, que lo debería equiparar o hacer más caro que los paralelos, dependiendo el momento.

¿Tenemos los dólares?

Spoiler: sí, si no aparece ningún “cisne negro” que desestabilice la economía , un reto difícil de lograr para la Argentina pero —nobleza obliga— que el equipo económico lo sostiene en los últimos meses.  

La sorpresa puede ser no tan sorpresiva, como una caída en el precio de los commodities una vez que Donald Trump comience a aplicar medidas proteccionistas, un evento político que ralentice la liquidación de las divisas de la cosecha, un evento climático que impacte en la cosecha gruesa, mayor presión a devaluar la moneda dado el escenario de fragilidad de la economía China y sus expectativas de devaluación, una salida anticipada del cepo cambiario, entre otras.

¿A costa de qué?

Es la repregunta que nos hacemos a la pregunta de si tenemos los dólares. El Gobierno logrará terminar el 2024 con una acumulación de reservas netas de US$4.600 millones, manteniendolas aún en el plano negativo. “Por la caída de las importaciones que generó el enfriamiento de la economía, giros de organismos multilaterales, y un blanqueo muy generoso que ayudó bastante”, grafica Testa. 

Para el año entrante, el equipo de Caputo apuesta al ingreso de dólares por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), más exportaciones del agro y energía, y la posibilidad de aumentar el endeudamiento: “Si el riesgo país sigue bajando, una vez que perfore los 400 puntos, se abren las posibilidades de refinanciar o financiar con tasas por debajo del 10%, no sostenibles en el largo plazo pero si en el corto plazo, es decir 2025”, explica Zack, que menciona dos cartas que el equipo económico tiene disponibles para una emergencia, pero aún sin usar: el endeudamiento por US$ 3000 millones del REPO que es a una tasa poco conveniente y, menos disponible, un nuevo acuerdo con dólares frescos del FMI. 

“Y el mayor costo es el de sostener un tipo de cambio históricamente bajo a costa de endeudamiento, beneficios fiscales, exportaciones sin agregado de valor que hace que muchos sectores no vayan a poder producir y convertirnos en un país exportador de bienes primarios del agro, energía y minería con mucha exposición al mundo”, asegura Zack, “Milei lo dijo hace poco, hay muchas empresas que pueden ir a la quiebra”.

La economía argentina avanza hacia un 2025, segundo año de la gestión del tándem Milei-Caputo, haciendo un equilibrio precario, sostenida por supuestos optimistas y riesgos latentes. En el corto plazo, las cifras pueden cerrar; en el largo, el costo será una mayor dependencia de bienes primarios y endeudamiento. El desafío probablemente no sea solamente cubrir los dólares necesarios sino evitar que el precio sea resignar un crecimiento sostenible.

NR/JJD

Cómo fue la política ambiental de un negacionista para quien la economía está por encima de la naturaleza

Si el balance ambiental de Argentina en los últimos años ha sido negativo, la llegada del economista Javier Milei a la Presidencia ha significado la agudización de un panorama sombrío para el ambiente. Negacionista del cambio climático, detractor del sistema científico y convencido de que los ambientalistas son “vagos socialistas”, Milei lidera un gobierno que ha desplegado abiertamente una política contraria a garantizar los derechos socioambientales. La ciencia, según Milei, debe estar al servicio del aparato productivo y la naturaleza, al servicio del ser humano.

“Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”, afirmó durante la campaña electoral de 2023.

Milei llegó al poder en diciembre de 2023 con más del 55% de los votos en la segunda vuelta electoral. Asumió en medio de una profunda y recurrente crisis económica y altos índices de inflación, que su Administración se ha jactado de haber dominado a tiempo para evitar una hiperinflación. Sin embargo, la pobreza, la marginalidad y la desigualdad no paran de crecer. En el primer semestre de 2024, el índice de pobreza alcanzó el 52,9%, un aumento de 11 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. Fue la cifra más alta en dos décadas.

En un contexto de reducción del aparato estatal, la política ambiental del Gobierno ha sido reducir al mínimo la capacidad del Ejecutivo de intervenir, controlar y fiscalizar a las corporaciones extractivistas y contaminantes. “Ha sido un año de gran turbulencia en general y en particular en lo ambiental”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

¿Cuáles son las deudas ambientales de Argentina en el 2024? Mongabay Latam analizó con expertos, científicos, organizaciones ambientales, activistas y congresistas el primer año de Javier Milei detrás del sillón presidencial. El panorama es preocupante.

Lo grave: la flexibilización de las normas ambientales

El año comenzó con la transformación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una Subsecretaría de Estado, reduciendo la capacidad, recursos e importancia de la cartera ambiental dentro de la estructura de gobierno. Milei nombró a Ana Vidal de Lamas en el cargo, quien trabajó para la cartera durante la gestión de la polémica María Julia Alsogaray, en la década de 1990, y luego se desempeñó como asesora legal ambiental de empresas.

Vidal de Lamas viene de asesorar a bancos y empresas para gestionar permisos, descargos administrativos, certificaciones ambientales, capacitaciones, auditorías, gestión de uso de energía y agua, de residuos y asesoría legal ambiental. Es también una negacionista. La funcionaria a cargo de diseñar la política ambiental cree que el cambio climático es “natural y cíclico” y “tiene poco que ver con la industrialización y el ser humano”, según admitió en una entrevista con Dialogue Earth.

Un buen ejemplo del rumbo que tomará el país en la lucha contra el cambio climático es que el gobierno de Milei retiró a la comitiva argentina de la cumbre del clima COP29, realizada en Azerbaiyán, en noviembre. “Es un signo de alta preocupación, que deja abierta una posición del gobierno argentino quizá contraria a la permanencia en el Acuerdo de París, lo que tendría implicancias fuertes en temas climáticos y ambientales, pero también productivos”, indicó a este medio Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre.

Este 2024 también finaliza sin presupuesto. “Vamos camino a dos años con un presupuesto prorrogado por falta de acuerdo en el Parlamento”, afirmó la diputada Margarita Stolbizer (GEN/Consenso Federal). “Eso hace que el Congreso de la Nación no pueda ni siquiera discutir cuáles son los recursos destinados a las áreas de Ambiente, entre otras cuestiones centrales para la sociedad”, agregó la legisladora nacional. “Mientras tanto vemos que el Gobierno va cada vez más para atrás en materia ambiental”, dijo Stolbizer.

Dos puntos positivos: el Gobierno no consiguió que el Congreso derogue la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques, algo que había planteado en su monumental “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que fue enviado al Parlamento por el gobierno de Milei a fines de 2023.

La Ley Bases era un compendio de 238 artículos que buscaban modificar leyes centrales para la protección del ambiente, entre otras materias. Además de intentar avanzar sobre la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, el proyecto de Milei incluía modificaciones a otras leyes clave en la protección del ambiente, como la Ley de Quema y el manejo del fuego. El objetivo del Ejecutivo era ceder en protección para favorecer la inversión.

Las protestas de organizaciones ambientalistas, científicos y diputados de la oposición frenaron el embate de Milei. Sin embargo, tras la negativa de la mayoría de la cámara de Diputados, Milei firmó un decreto para eliminar el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), que permitía la administración del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos y que ahora, sin este fondo, podrá ser manejado de manera arbitraria por parte del Ejecutivo, alertó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, en diálogo con Mongabay Latam.

En cuanto a la Ley de Glaciares, que tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, especialmente ante el avance de la minería en la región andina, el Parlamento quedó dividido, pero ganaron los votos a favor de no modificar la legislación vigente. Sin embargo, “todo está a tiro de decreto”, resumió Stolbizer, en referencia al temor de la oposición y los ambientalistas de que Milei cambie la ley mediante un decreto.

Lo crítico: inversión sobre conservación

“Las palabras son acciones” es una frase histórica del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, pero los argentinos nunca la habían vivido tan encarnizadamente hasta 2024. Las agresiones, insultos y desacreditación de Milei hacia ambientalistas, investigadores y científicos pobló los discursos y publicaciones en la red social X del Presidente.

Las palabras de agresión se enmarcaban en un proceso de hechos y acciones de gobierno que ponen al sistema productivo por encima de todo. Dos de esos hechos fueron el desfinanciamiento del aparato científico en el Estado por parte del Ejecutivo Nacional y la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los apartados dentro de la Ley Bases para atraer grandes inversiones extranjeras o locales en minería e hidrocarburos, entre otros rubros, sin ningún tipo de perspectiva socioambiental.

Tres escenarios naturales son de los más perjudicados de 2024: el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro; las Salinas Grandes, en el noroeste; y el Gran Chaco argentino, en el noreste del país.

En los tres casos, la situación se profundizó con el gobierno de Milei pero se trata de problemáticas que vienen de años atrás: comenzaron hace décadas -como el caso de la deforestación en el Gran Chaco argentino-, o durante el gobierno saliente de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como el caso del golfo San Matías y el avance de las petroleras sobre el negocio del litio. Por otro lado, Argentina se había comprometido en la Cumbre Climática de Glasgow a alcanzar la meta de deforestación cero para 2030, pero el país está cada vez más lejos del objetivo.

“El monitoreo de deforestación de los primeros 10 meses del año arrojó que se desmontaron más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en el Gran Chaco argentino (que abarca cuatro provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero). El 50% de esos desmontes son ilegales”, explicó Cruz, desde la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

En la provincia de Chaco, donde la Justicia ordenó suspender la tala del monte -así se le llama a los bosques nativos en esta región-, la ganadería y la soja siguen avanzando sobre la vegetación autóctona, afirmó Cruz en diálogo con Mongabay Latam.

“Aquí, en el Gran Chaco argentino es donde sobreviven los menos de 20 ejemplares de yaguaretés (jaguares) de la región”, aseguró la activista, quien recordó que su organización presentó en 2019 un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nombre del felino más grande de América -en Ppeligro Crítico de extinción- que aún no ha sido tratado. El máximo tribunal admitió su competencia en el caso y anunció que se haría una audiencia pública para debatir la problemática de la deforestación pero aún no avanzó en ese camino.

El año finaliza además con malas noticias en Salta: el gobernador Gustavo Sáenz anunció que la provincia modificará su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para permitir el desmonte de 700.000 hectáreas más, el equivalente a 3.500 veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires. Es una superficie monumental.

Santiago del Estero también va hacia un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que establece el mapa de lo que se puede deforestar y lo que no. Chaco ya lo hizo en 2024, aumentando la superficie a deforestar. El ordenamiento se actualiza cada cinco años, por ley.

“Las propuestas son regresivas, promueven más deforestación, y no incluye la participación de la sociedad en el debate, especialmente de los pueblos indígenas y campesinos que habitan estos bosques”, dijo Cruz.

Lo urgente: la carrera por la explotación de litio y petróleo

En el noroeste, tres petroleras (Tecpetrol, del grupo Techint; Pan American Energy y Pluspetrol) avanzan sobre un terreno sagrado en busca de litio: Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia.

Aquí, una treintena de comunidades indígenas Kolla y Atacama se oponen a la explotación del litio en la cuenca ante los riesgos de escasez de agua en una zona seca. Es, además, una área sagrada para la cultura de estos pueblos. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, las petroleras, mineras y el gobierno local han continuado con sus planes en la región.

Entre 2023 y 2024, estas petroleras lograron torcer la unidad de las comunidades y forzaron la licencia social para avanzar con la aprobación de cuatro comunidades de forma aislada, como explicó Mongabay Latam en una investigación conjunta con elDiarioAR. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse, aunque no le será tan fácil.

Mientras tanto en el golfo San Matías, al sur del país, las petroleras buscan desarrollar tres proyectos hidrocarburíferos en una zona protegida por ley hasta 2022, cuando la ley se modificó en la provincia de Río Negro a medida de las demandas de las compañías.

Un oleoducto que transportará crudo desde el yacimiento Vaca Muerta (provincia de Neuquén) hacia Punta Colorada, en el preciado golfo; un gasoducto; y un buque de licuefacción son los tres proyectos que ponen en riesgo una zona de migración de la ballena franca austral y sus crías, entre otras especies.

El golfo San Matías es vecino de Península Valdés, en la provincia de Chubut, Patrimonio de la Unesco. “Por la proximidad con Península Valdés y otras áreas protegidas marinas, estos proyectos aumentan los riesgos de colisión de las ballenas con buques -principal causa de muerte de la especie- y de posibles derrames en una zona altamente frágil”, explicó Jaramillo a Mongabay Latam.

Esta biorregión permite la vida de diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos. Además de la ballena franca austral, puede encontrarse el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras, afirman desde el Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas del Foro.

Una de las grandes preocupaciones de los expertos consultados es el riesgo de que las empresas puedan iniciar sus inversiones sin contar con la licencia social. “Las empresas hacen lo que les permiten o lo que pueden hacer en los países, por eso tienen un determinado estándar de funcionamiento en sus casas matrices y otro determinado estándar, tanto legal como de funcionamiento, en los países como los nuestros”, afirmó Nápoli.

Lo malo: la parálisis política

Desde el punto de vista legislativo, el balance también es negativo. “No hemos podido avanzar en ninguna de las leyes ambientales que estaban en la agenda parlamentaria en 2024”, explicó a Mongabay Latam la diputada Margarita Stolbizer.

Stolbizer es una de las 257 diputados nacionales y de las pocas que impulsan las temáticas ambientales en el parlamento.

Los diputados abandonaron a finales de año el tratamiento de un proyecto de ley para gestionar emisiones de gas metano en la exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos. El objetivo es reducir el impacto de estas emisiones en el medio ambiente. “Teníamos un acuerdo general en comisión parlamentaria y estábamos en condiciones para firmar dictamen y de repente no pudimos avanzar más. Hubo una aparente orden del Ejecutivo”, aseguró la diputada por la provincia de Buenos Aires.

Lo mismo sucedió con el proyecto de ley para ampliar la extensión del Parque Nacional de Monte León, en la provincia de Santa Cruz. Esta área natural protegida protege la biodiversidad de la estepa y costa patagónicas, como el pingüino de Magallanes, y mantiene sitios de valor paleontológico.

“Otra de las grandes deudas que tenemos es sacar la ley de envases”, agregó Stolbizer. Se trata de un proyecto que se encuentra en el Congreso desde al menos 2021, pero nunca logra avanzar. Su objetivo es que los productores y fabricantes se responsabilicen por la gestión de los residuos plásticos que generan los productos que comercializan.

Si de deudas ambientales se trata, el proyecto de ley para proteger los humedales se ha convertido en un emblema de la morosidad parlamentaria. Stolbizer aseguró que tampoco se logró tratar ese proyecto en 2024. La demora ya arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, especialmente inmobiliarios, forestales y agropecuarios, han logrado frenarlo. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El objetivo de neutralizar a la comisión parlamentaria de Ambiente, según Stolbizer, fue un éxito del oficialismo.

La Corte Suprema y otros tribunales de Río Negro y Chubut también declinaron intervenir en cuestiones ambientales a pedido de las comunidades locales. Uno de los casos más resonantes fue la negativa del Poder Judicial para mediar en el conflicto del golfo San Matías, tras los amparos presentados tanto por ciudadanos de Río Negro como de la vecina provincia de Chubut para frenar los proyectos hidrocarburíferos en el golfo. Los distintos tribunales rechazan las presentaciones al no reconocer el derecho de los ciudadanos a intervenir o inician un derrotero judicial haciendo pasear al expediente de juzgado en juzgado.

Otro caso central fue la decisión de la Corte Suprema de dejar de intervenir en el saneamiento del Riachuelo-Matanza, en la ciudad y provincia de Buenos Aires, ícono argentino de la contaminación de ríos por parte de industrias. “Fue una decisión errónea. Nos hemos presentado ante la Corte para pedir una rectificación de esa resolución. Todos los tribunales tienen derecho a intervenir en un caso y a cerrarlo cuando consideren que está cumplido. Pero este caso estaba absolutamente incumplido, largamente incumplido”, dijo Nápoli.

Lo bueno: resistir unidos

“Ha sido un año en el que resistir cada día ha sido lo importante. Las organizaciones campesinas, indígenas se han dedicado a resistir”, afirmó Cruz desde el Chaco argentino. En Salta, por ejemplo, vecinos de la localidad de San Lorenzo se han organizado, han denunciado y han podido frenar la tala de bosque nativo, destacó Cruz.

A casi 2.000 kilómetros de allí, las comunidades costeras del golfo San Matías junto a organizaciones ambientalistas también le hacen frente al avance de tres proyectos hidrocarburíferos de las petroleras más poderosas del país en la costa atlántica de la provincia de Río Negro. Lo mismo sucede en el noroeste del país frente a la exploración de litio. Las comunidades, en ambos casos, exigen ser consultadas antes de la instalación de los proyectos extractivos en sus territorios.

“Voy a rescatar la unidad del movimiento ambiental. Me parece que ha sido un año positivo para eso y se pudo manifestar en varias ocasiones en las presentaciones que hicimos más de 150 organizaciones en la Cámara de Diputados por el tema de la Ley de Bases y con la desaparición de los bosques nativos”, afirmó Nápoli.

Jaramillo, de Fundación Vida Silvestre, coincide con destacar este punto positivo de 2024: “La Ley Bases generó una alarma en el sector medioambiental que llevó a una rápida coalición de organizaciones que respondió ante los avances del Gobierno”, sostuvo. “El sector está unido y organizado, atento para llamar la atención a nivel nacional e internacional para que los logros socioambientales alcanzados en los últimos años se mantengan vivos”.

Como palabras y acciones van de la mano en el gobierno de Milei, durante la firma del Pacto de Mayo, el 9 de julio, el Presidente llamó a la explotación de los recursos naturales, sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil, destacó Jaramillo.

“Milei habló entonces de ‘minorías ruidosas’ a las que no había que darles importancia, en referencia al movimiento ambientalista. Esas minorías no son tan minorías y no son tan ruidosas pero sí lo que buscan es promover un verdadero modelo de desarrollo sostenible, en el que el acceso a recursos económicos no sea a costa de la pérdida de la salud de nuestro ambiente y el bienestar de las personas”, precisó el experto.

Tras aquel discurso del Presidente, unas ochenta organizaciones ambientales y sociales se unieron en un comunicado para rechazar las palabras del mandatario

La unidad también se vio en la provincia de Chubut, donde organizaciones empresariales, vecinos, ambientalistas y científicos se juntaron para iniciar una batalla legal contra los proyectos en el golfo San Matías.

Además, durante 2024, fiscales y jueces respaldaron con acciones judiciales algunos reclamos centrales. Por primera vez, en Chubut, existió una condena por ecocidio. Se trató de una sentencia contra un empresario que destruyó una zona de nidificación de pingüinos en Punta Tomba para extender su proyecto ganadero. Se conoce el caso como “la masacre de pingüinos”.

Un segundo caso es la decisión de un fiscal y una jueza federales de la provincia de Chaco de frenar la deforestación de bosques nativos e investigar la conexión del ministro de Producción local con el negocio de los desmontes.

“En los papeles ha sido positivo, pero en la práctica eso no es real, lamentablemente”, dijo Cruz, de Greenpeace. “Esto tiene que ver con la falta de control por parte de la provincia de Chaco porque nosotros vemos a través de las imágenes satelitales cómo avanzan los desmontes día a día con la destrucción de las topadoras (excavadoras)”.

Nápoli también destaca que se esté trabajando en la creación de nuevas áreas naturales protegidas. “Las últimas áreas naturales que se han creado en la Argentina han venido de la mano del financiamiento del exterior y del trabajo, fundamentalmente, de las organizaciones locales. Por lo cual es un espacio importante para seguir trabajando, con diálogo con las autoridades de segundo nivel, con las cuales se puede seguir tratando”. Este es ahora uno de los desafíos de Argentina para el 2025.

ED/DTC

El Gobierno llega a fin de año con dos datos para celebrar: ¿por qué no se siente en los bolsillos?

El Indec dio a conocer dos indicadores muy festejados por la gestión libertaria el viernes pasado. El primero es el de actividad económica, que creció en octubre 0,6% intermensual en su medición desestacionalizada, acortando así las diferencias con 2023. La caída interanual fue de 0,7% y acumula en lo que va de 2024 una variación  de -2,7% (indicador que en marzo se ubicaba en -5,2%).

No obstante, la situación lejos está de ser homogénea para todos los sectores de actividad: el agro encabeza el rendimiento en el marco de la recuperación post sequía con un crecimiento de 36,7% acumulado en los primeros diez meses del año (de hecho, si quitamos este factor de la ecuación, la economía argentina de 2024 se ubica en un nivel 4,9% menor a 2023); le sigue la explotación minera e hidrocarburífera con un incremento de 7,2% acumulado, encadenando 43 meses seguidos de crecimiento interanual. 

La contracara de estos datos virtuosos es la situación que exhibe la construcción, la industria y el comercio, que acumulan en 2024 desplomes de 19%, 11% y 10%, respectivamente. ¿Da lo mismo qué sectores crecen y cuáles caen? Definitivamente no. Mientras agro, minería e hidrocarburos emplean en 2024 el 6,6% de los trabajadores registrados privados, la industria, el comercio y la construcción emplearon al 44,5%. 

Por eso los datos de empleo continúan mostrando resultados negativos. Se perdieron 129.780 puestos de trabajo privados, que se suman a los 38.609 perdidos en el ámbito público, totalizando 168.389 puestos menos que en noviembre de 2023. Los despidos abarcan a todos los rubros: en Cargill y en Aceitera General Deheza (de los sectores más competitivos de la Argentina), en Danica, Dow y Canale por cierre, en Mirgor, en Topper, en Ledesma. Ello se suma a las suspensiones, entre las que se destacan las 700 en la acería de Acindar. 

El segundo dato relevante difundido es el de salarios. Los del sector registrado se incrementaron en octubre 4,1% y los no registrados, teniendo en cuenta el rezago estadístico de este indicador, crecieron en mayo 7,7%. En ambos casos, el incremento superó la inflación del mes y, por ende, recuperaron poder adquisitivo. Sin embargo, aún se encuentran significativamente por debajo de los niveles de noviembre de 2023: 5,5% los registrados y 21,3% los no registrados.

Al interior de los registrados, la situación es sumamente heterogénea en función de quién es el empleador: mientras los privados se ubican sólo 0,3% por debajo de noviembre 2023, los públicos perdieron 14,8% de su poder de compra.

¿Por qué los trabajadores privados no sienten esa recuperación en sus bolsillos? Una pista de ello podemos encontrar en el reciente lanzamiento del Indec: “La calculadora de tu propio IPC”. A partir del reconocimiento del organismo de que el índice de inflación no refleja el sentir de las grandes mayorías, crearon esta herramienta para “compensar”. 

Para entender a qué apunta la calculadora, hay que repasar cómo se mide la inflación en Argentina. El Indec primero construye una “canasta” de gastos, es decir, a partir de una “Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares” (ENGHO), determina qué bienes y servicios consumen los hogares en promedio y qué porcentaje del total del gasto se destina a cada bien y servicio (y mide la evolución de los precios de esos bienes y servicios). La encuesta que hoy utiliza el Indec para determinar la canasta de gastos data del año 2004/2005. Sin embargo, en 2017/8, se realizó una nueva encuesta que exhibió cambios sustantivos en la canasta de consumo, pero aún no se implementó. Aquella canasta de 2004/2005 ya no es representativa de los consumos de los hogares argentinos.

En un contexto en el cual los rubros que más se han incrementado desde la asunción de Milei son aquellos que aumentaron su peso en la canasta de consumo si comparamos 2004 con 2017, las diferencias son significativas. Algunos ejemplos: el rubro transporte representaba en 2004 el 11% del gasto de los hogares y en 2017 el 14,3%; el rubro vivienda, agua, electricidad y gas representaba el 9,4% del gasto en 2004 y se elevó a 14,5% en 2017. Desde la asunción de Milei, estos rubros aumentaron sus precios entre 40 y 100 puntos por encima de la inflación general, desanclando así la “sensación de los bolsillos” de la medición del Indec. 

Si hacemos el ejercicio de aplicar los ponderadores (esto es, el porcentaje de gasto que se destina a cada rubro) del 2017 en vez de 2004, la inflación acumulada desde noviembre de 2023 a octubre de 2024 no sería de 159,7% sino 181,2%. Entonces, la pérdida efectiva de poder adquisitivo de los trabajadores registrados no sería ya de 0,3% sino de 7,9%.

Este ejercicio teórico, que no implica cuestionar la veracidad del dato del Indec, nos permite explicar por qué los indicadores de consumo masivo se encuentran por el piso. En 2024, se consumió 11% menos de carne vacuna que en 2023, 11% menos de leche, 9% menos de yerba, por destacar algunos ejemplos.

La celebración por parte del Gobierno de los datos publicados por el Indec no acompaña el sentir de las mayorías, especialmente de aquellos que perdieron en este año su fuente de trabajo, fueron suspendidos o sus ingresos cayeron significativamente en su poder adquisitivo. Sin dudas, será un fin de año con mayor desigualdad entre ganadores y perdedores del modelo libertario.

CB/MC