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El oficialismo aspira a duplicar los legisladores propios para prescindir de la ayuda de aliados. Necesitaría acordar con otras fuerzas para aprobar leyes. El vínculo con el PRO de Macri, clave.
En Casa Rosada ya no esconden su intención de sumar a Ritondo y Santilli a “las fuerzas del cielo”
Javier Milei, el catalizador de rupturas de viejas estructuras. El Presidente se ganó este apodo, una gentileza de un peso pesado del PRO bonaerense, luego de cerrar su primer año de gobierno con un relativo dominio del sistema político. Contra todos los pronósticos, el libertario arrasó con las estructuras partidarias, las fracturó, tentó a algunas partes, atemorizó a las otras y se aseguró, así, el control del Congreso y de gran parte de las fuerzas que la integran. Y, ahora, comenzado 2025, buscará fortalecer este control a base de plebiscitar su gestión en las elecciones de medio término.
La gran incógnita, el telón de fondo que tiene a todas las fuerzas de la oposición en ascuas, es si Milei cerrará una alianza electoral con su socio “natural”, el PRO. En un contexto vincular complicado, con Mauricio Macri recluido en Cumelén, Villa Langostura, masticando enojo contra el entorno mileísta y enviando mensajes a sus operadores políticos para que se preparen “para la guerra”, este escenario parece improbable.
El expresidente sabe que Santiago Caputo y Karina Milei quieren “jubilarlo”, correrlo de la escena política y dejar a Milei como el único líder indiscutido de la derecha en la Argentina. El diálogo está interrumpido y, si las listas cerrasen hoy, lo más probable es que ambas fuerzas jueguen por separado.
En términos numéricos, el PRO se juega más de la mitad de sus bancas en la Cámara de Diputados. Hay un consenso generalizado de que, con acuerdo o sin acuerdo con La Libertad Avanza, el partido amarillo perderá nombres propios en el recinto. De las 22 bancas que pone en juego, la mayoría proviene de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires: los dos centros de disputa en las negociaciones por un armado que integre tanto a LLA como la escudería macrista.
En CABA, LLA coquetea con la posibilidad de ir solos y salir primeros. Pero PBA es más compleja y el oficialismo, si bien finge indiferencia y provoca con que el PRO no mide más de 7 puntos, necesita a Macri si quiere tener alguna posibilidad de ganarle a Cristina Fernández de Kirchner en su terruño electoral. “Nosotros medimos 6-11 puntos en la provincia. Pero aunque midiéramos 5, sigue siendo lo que Milei necesita para ganarle a Kicillof”, explica un dirigente PRO.
Como respuesta, hasta ahora, Caputo se abocó a seducir dirigentes amarillos para que peguen el salto a las fuerzas del cielo. Diego Santilli encabeza la lista, pero también hay coqueteos con Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro, que son quienes encabezan las negociaciones con LLA para confluir en un acuerdo electoral. Pero no son los únicos. La mayoría observa que el PRO, como bloque, ya está partido, que los que responden a Patricia Bullrich –como Damián Arabia– ya tienen un pie afuera y que la solución lógica es confluir a un bloque de unidad LLA-PRO. “El gobierno tiene que darse cuenta que a Macri lo matas sin matarlo. Si confluimos todos juntos en la campaña ya está, se lo comen solito. ¿A quién creen que van a responder los diputados a partir de entonces?”, grafica un dirigente amarillo.
Hay un sector del Gobierno que está convencido, sin embargo, de que este es el año para borrar al PRO del mapa. De que 2025 es la puerta de entrada para hacerse del control de la Ciudad de Buenos Aires. Esta postura, encabezada por Karina Milei, implica forzar una confrontación que podría tener graves consecuencias en la Cámara de Diputados.
El objetivo aritmético básico de LLA en lDiputados es conseguir, de mínima, unas 87 bancas: el tercio mágico que blinda cualquier veto presidencial. Hasta ahora, Milei logró sumar este número gracias al apoyo de sus aliados en el PRO, parte de la UCR, las fuerzas provinciales y un sector del peronismo. La posibilidad de conseguir un tercio para blindar el veto al aumento de las jubilaciones o al financiamiento universitario fue la prueba de fuego que le permitió consolidar un mínimo control del Congreso teniendo solo una cuarentena de diputados propios. Y, ahora, en 2025, el objetivo es poder hacerse con este número sin ayuda de nadie.
LLA, inevitablemente, verá crecer su representación en la Cámara baja. Solo pone en juego ocho bancas –la mayoría son diputados que se sumaron al bloque después de la asunción de Milei– y la perspectiva de duplicar el número de bancas es más que factible. Pero si bien el oficialismo crecerá, hay una trampa: así como se engrosará el número de libertarios, se achicará, en consecuencia, el número de aliados. Muchos de ellos quedarán licuados en la polarización entre Milei y CFK y otros, mientras tanto, se sumarán oficialmente a las fuerzas del cielo.
Esto abre un problema para el oficialismo, que más allá de garantizarse el tercio mínimo anti-veto, aún necesitará tejer alianzas con otras fuerzas para aprobar leyes. Y ahí entra en escena la relación con el PRO, a quien se quiere borrar del mapa pero no se puede enfurecer en demasía. Porque Macri todavía puede replegarse en un reducido grupo de diputados con gran capacidad de daño hasta el recambio legislativo de diciembre.
“Ganamos las elecciones y matamos al PRO, perfecto. Pero te arman un grupo de 15 diputados y ¿de qué me disfrazo hasta diciembre?”, advierte un operador libertario que trabaja con Martín Menem. El riojano es consciente del daño que puede hacer el PRO, aunque sea un sector. El rechazo al DNU de los fondos reservados de la SIDE –el único que la oposición pudo rechazar– todavía está vívido en su memoria.
El oficialismo cuenta a su favor con haber fracturado y fragmentado a gran parte de la oposición. La dinámica de confrontación permanente arrasó con todas las fuerzas que, como el radicalismo, terminaron rompiéndose entre un sector oficialista que se reúne a brindar con Milei en Casa Rosada y otra que sostiene el rol opositor cuestionando a sus ex compañeros por “traidores” y “obsecuentes”.
La UCR es un caso paradigmático porque se arrima peligrosamente a su propia extinción. A 14 de los 20 diputados que lidera Rodrigo de Loredo se les vence el mandato. Y si bien muchos de ellos, como el propio cordobés o los “cornejistas” de Mendoza, especulan con cerrar alianzas electorales, la realidad es que la representación del radicalismo caerá a sus mínimos históricos. El mismo escenario se repite, incluso, con los díscolos de Democracia Para Siempre, comandados por Pablo Juliano: renovarán 9 de las 12 bancas.
“Está difícil y la mayoría de los que pueden entrar no sabés a quién van a responder. El período que se viene va a mostrar un bloque debilitado y dividido en facciones”, pronosticó un importante dirigente radical.
Un escenario similar se vive en la Coalición Cívica, que renueva la mitad de sus bancas sin un Juntos por el Cambio aglutinador, y en el bloque Encuentro Federal liderado por Miguel Ángel Pichetto. Esta variopinta bancada, que la segunda mitad de año adquirió un fuerte tinte opositor, tiene muchos de sus principales alfiles con mandato por vencer, como el cordobés Oscar Agost Carreño o Emilio Monzó.
Unión por la Patria, mientras tanto, atraviesa una situación muy distinta. En tanto representante más cabal de la oposición a Milei, el peronismo tiene la posibilidad de concentrar gran parte del descontento con la gestión libertaria y sumar legisladores. El bloque que conduce Germán Martínez renueva poco menos de la mitad de sus 98 bancas, ya que la elección de 2021 fue poco favorable para el entonces oficialismo de Alberto-Cristina-Massa. Todo depende de su capacidad de sostener la unidad.
La posibilidad de ruptura flota amenazante desde la partida del santafesino Roberto Mirabella. Varios sectores enojados con CFK amagan con romper y están a la expectativa de ver cómo se resuelve el cierre de las listas que, en muchos casos, quedará en manos de la lapicera de la presidenta del PJ. “Va a tener que haber generosidad en los armados, si no se romperá –advierte un dirigente peronista norteño–. Habrá que ver si ella prefiere sostener la unidad o mantener a los leales”.
MC/MC
Más del 80% de las preferencias electorales a nivel país se divide entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, según analistas consultados por elDiarioAR. Los libertarios intentarán capitalizar a su favor el desgaste del partido que lidera Mauricio Macri.
El 2025 se perfila como un ring de boxeo para la política argentina. En una esquina, Javier Milei y su batalla para consolidar La Libertad Avanza en todo el país, en su afán de sumar la mayor cantidad de bancas en el Congreso. En la otra, una oposición fragmentada que intenta mantenerse de pie, pero con un actor que promete erigirse como el principal polo de contradicción con el Gobierno: el peronismo, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza. Además, las legislativas de medio término llegan con una novedad: la boleta única de papel, un terreno inexplorado que promete sumar adrenalina al duelo.
“La disposición a votar a Milei alcanza el 50% en muchas provincias, pero cuando tiran nombres posibles, se baja a 15%”, explicó la analista Shila Vilker en diálogo con elDiarioAR. Esa dificultad para convertir el carisma del Presidente en votos locales es el talón de Aquiles del libertario, un lastre que se arrastra desde el 2023. Sin estructura territorial y con candidatos que apenas se conocen en sus propias localidades, el desafío de La Libertad Avanza es titánico.
Karina Milei, la titular del partido a nivel nacional, es consciente de esta limitación. Por ese motivo, a lo largo del 2024, realizó actos en 15 distritos del país con el fin de presentar el sello libertario en cada uno de ellos. Además de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, la secretaria general de la Presidencia pisó Río Negro, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Neuquén, Corrientes, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Cruz y Misiones, su última parada.
Vilker destacó que el discurso de Milei contra la “casta” fue fundamental para su ascenso político, apelando al descontento de amplios sectores de la sociedad con la clase dirigente. Sin embargo, advirtió que este mensaje enfrenta tensiones ahora que Milei es el presidente, ya que el ejercicio del poder implica compromisos que pueden erosionar su imagen de outsider. La Libertad Avanza busca diferenciarse de los partidos tradicionales con un discurso de pureza ideológica, pero coquetea con esos sectores en las provinciales. Vilker sostiene que este equilibrio es complicado, ya que el armado territorial requiere pragmatismo, lo que puede contradecir su narrativa antisistema.
En esa línea, la directora de la consultora Trespuntozero se encargó de marcar una curiosa paradoja en el discurso oficial: “El gobierno logró abrir sentido del futuro, algo muy trabado en los últimos años”, pero lo mezcló con promesas de “tiempos felices” y el ajuste económico. Esa ambivalencia, según Vilker, genera entusiasmo en unos y escepticismo en otros. Aunque aclaró que hoy el control del dólar y la baja de la inflación son realidades que fortalecen la narrativa oficial, a la par de la antipolítica.
De acuerdo con el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), confeccionado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, en diciembre Milei cayó apenas un 0,3% respecto a noviembre, ubicándose en 2,66 puntos, un número mayor al de otros presidentes al momento de cumplir su primer año al frente de la gestión. Comparado con diciembre de 2016, bajo Mauricio Macri, es un 6,7% superior, y 43,5% mejor que el de diciembre de 2020, en plena gestión de Alberto Fernández.
Al igual que Vilker, el sociólogo y consultor Carlos De Angelis puso el foco en cómo Milei logró canalizar un descontento social latente y transformarlo en expectativa. “Milei destapó una olla muy importante. Hizo visible el odio acumulado hacia el Estado, los planes sociales y otros temas que muchos preferían ignorar”, afirmó ante la consulta de elDiarioAR. Pero advirtió: sin un armado territorial fuerte, el movimiento libertario podría quedar atrapado en su propio relato. “La gente espera que Milei baje la inflación y controle el dólar; si cumple con estas metas, podría consolidarse como una opción sólida”, apuntó.
Otro punto que no deja de generar incertidumbre entre los consultores es la aplicación de la boleta única de papel, que tendrá su debut en las elecciones legislativas de este año. Tanto Vilker como De Angelis remarcaron que el diseño que tenga puede ser decisivo. “Antes podías poner la foto de Milei, la foto de su hermana, hasta sus perros. Ahora todo se reduce a una tirita lila con el nombre y el color”, dijo el sociólogo. Este cambio podría diluir el impacto de los símbolos partidarios como el león, un activo clave para La Libertad Avanza.
“La opinión pública está ordenando el tablero”, aseguró Vilker, marcando cómo las “preferencias sociales” son las que definen alianzas y rivalidades en un escenario que definió como de hiperpolarización. Algo de eso de expresa en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner continúa siendo una pieza central del juego. “Se comió a Axel”, declaró Vilker, ilustrando la dificultad de otros referentes para disputarle el liderazgo. Aunque su poder territorial es limitado, la expresidenta conserva un 35% de apoyo que la mantiene como la única rival de peso frente a Milei.
De Angelis también pintó un panorama de polarización creciente: “Las dos principales fuerzas, Milei y el kirchnerismo, concentran el 85% del electorado”. Se trata de una proyección que, de confirmarse en las urnas, dejaría al PRO tambaleando entre el tercer y cuarto lugar, incluso en bastiones históricos como la ciudad de Buenos Aires.
Ambos consultores coincidieron en afirmar que Milei tiene una oportunidad única para capitalizar el desgaste del partido amarillo. Al menos en el distrito gobernado por Jorge Macri, que acaba de anunciar el desdoblamiento de los comicios, la introducción de la boleta única podría jugar a su favor. Este sistema facilita la identificación de candidatos individuales, algo que podría beneficiar a figuras emergentes como las de La Libertad Avanza. Sin embargo, para el PRO, que históricamente dependió de la fuerza de su marca, la nueva modalidad representa un desafío mayor: exige estrategias personalizadas que vayan más allá del arrastre de figuras como la de Mauricio Macri.
Quien también emergería como un contendiente clave en la Ciudad es Leandro Santoro. Al respecto, De Angelis sostuvo que su perfil de “radical peronista” le permite atraer un electorado diverso, aunque, a su entender, el diputado nacional debería fortalecer su conexión territorial para capitalizar su buena recepción entre los porteños y diferenciarse tanto del PRO como de Milei.
“El escenario actual no es solo una lucha de ideas; es una batalla por construir liderazgos y estructuras políticas en un sistema electoral que favorece la competencia más equitativa”, reflexionó De Angelis. Con las legislativas acercándose rápidamente, la política en su conjunto entra en una etapa de reconfiguración. La carrera electoral de 2025 promete ser una partida de ajedrez, donde cada movimiento definirá el futuro del nuevo tablero político.
PL/JJD
El máximo tribunal del país entró en una etapa crítica, con sólo tres jueces. La Corte requiere de tres votos en sintonía para tomar decisiones. Divididos ante el caso Correo Argentino SA, decidieron en el expediente antes de que el juez Maqueda deje la Corte los últimos días de diciembre. Estos son los puntos centrales del caso y del fallo que benefició a los Macri.
La Corte Suprema le da poder al Tribunal Superior porteño en un fallo clave que favorece a la familia Macri
Como anillo al dedo o como regalo de Papá Noel. El 27 de diciembre último, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión en el expediente de la quiebra de Correo Argentino SA, empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri y principal dolor de cabeza en los tribunales para el exmandatario, ya que puede costarle la extensión de la quiebra a las principales compañías del grupo: Socma y Sideco.
La empresa Correo Argentino SA tiene a la familia envuelta en denuncias de presunto fraude a los acreedores y los Macri estaban desde 2021 a la espera de una resolución clave para el futuro judicial del conglomerado económico. A instantes de perder los tres votos necesarios para beneficiar con un fallo a Correo, la Corte Suprema actuó y decidió hacer lugar a un planteo de los Macri: que la causa pase a la órbita de un tribunal amigables con el expresidente: el Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, máxima instancia judicial porteña.
En este artículo, elDiarioAR repasa el estado del caso Correo, sus implicancias para los Macri, el peso de la decisión de la Corte y su timing. Estas son algunas de las claves sobre un fallo que sacudió al sistema judicial en territorio porteño.
Correo Argentino SA es una empresa fundada por Franco Macri que tenía a su cargo la concesión del servicio postal del Estado Nacional, cuando se privatizó durante el menemismo. En 2001, la empresa entró en concurso de acreedores. Su principal acreedor era y sigue siendo el Estado Nacional. La deuda con el Estado era entonces de 300 millones de pesos/dólares.
En 2003, Néstor Kirchner ordenó la estatización del servicio portal y el correo regresó a manos del Estado. Correo Argentino SA pierde entonces la concesión. Para entonces, seguía el trámite de su concurso de acreedores para resolver sus deudas sin supuesta solvencia económica.
El primer juez del caso firmó un decreto de quiebra, pero sería revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.
En 2016, la empresa reclamó ante la Justicia que el Estado le pague por la estatización y la falta de pago de servicios postales durante los años 90. Mientras tanto, en junio, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo Argentino SA para el pago de la deuda del Estado por la falta de pago del canon de la concesión. Acuerdan que los Macri paguen sólo $296 millones.
En octubre de 2016, el expediente ingresó a la fiscalía general ante la Cámara Comercial, a cargo de Gabriela Boquin. En diciembre, Boquin firmó su primer dictamen en contra del acuerdo entre el Ejecutivo y Correo. En un informe contable, el Ministerio Público Fiscal estableció que el acuerdo garantizaba una quita del 98,87% de la deuda de la empresa, ya que ascendería en 2017 a $4.000 millones.
En febrero de 2017, sale a la luz en el diario La Nación el segundo dictamen de la fiscal, en el que se opuso al acuerdo por “abusivo” y contrario a los intereses del Estado. Ante el escándalo mediático, Macri ordenó volver a “foja cero” y renegociar la deuda.
En abril, Boquin denunció el supuesto vaciamiento de Correo Argentino SA por parte de los administradores de los Macri ante el supuesto desvío de fondos hacia Socma y Sideco, empresas del grupo familiar. Los responsables de Correo, Socma y Sideco niegan las acusaciones.
Desde entonces, comenzó un derrotero judicial en torno al caso, en el que la jueza no definía la quiebra y los Macri intentaban apartar a la fiscal del caso. Tras la orden judicial de intervenir la compañía, intentaron también apartar a la jueza.
En 2021, Socma cambia de estrategia: aunque presentaba recursos ante la Corte Suprema de la Nación, decide acudir al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires para insistir con el apartamiento de la fiscal Boquin. La decisión es controvertida porque el tribunal porteño no tiene competencia sobre la Justicia Nacional, donde tramita la quiebra. Es como si un correntino acudiera a un tribunal de Chaco para pedirle que intervenga en un expediente que tramita en Corrientes. Con una salvedad en la que hizo hincapié el grupo Macri: está pendiente el traspaso de los tribunales nacionales (no federales, como el fuero penal ordinario, el civil, el comercial) a la órbita de la Justicia porteña.
Sin embargo, el traspaso dista mucho de estar en condiciones de decretarse, advirtieron desde abogados, magistrados y hasta los gremios judiciales en sendos comunicados realizados en los últimos días.
Mientras Socma planteaba al Tribunal Superior de la Ciudad que debía intervenir para apartar a Boquin del caso, el Ministerio Público Fiscal sostenía que la deuda de la empresa con el Estado Nacional ya se acercaba a los $5.000 millones. También intenta apartar a la jueza ante algunas decisiones contrarias a sus intereses.
Si la compañía no llegaba a un acuerdo con sus acreedores, entonces la jueza debía decretar la quiebra.
El 5 de julio de 2021, la jueza dictó la quiebra de la empresa. Los representantes de la firma apelaron la decisión, recusaron a la fiscal y a la jueza e interpusieron otros recursos para dilatar la concreción de la quiebra.
El 4 de mayo de 2022, dos juezas de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial –Matilde Ballerini y María Elsa Uzal– resolvieron suspender el trámite de la quiebra, haciendo lugar a lo solicitado por los representantes de Correo. Ante dicha decisión de la Cámara, la fiscal Boquín interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los Macri también acudieron a la Corte, pero con otro objetivo: plantearon al tribunal que la causa no era competencia de la Corte sino del Tribunal Superior de la Ciudad.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, rechazó la intervención de ese tribunal y sostuvo que el expediente de la quiebra debía seguir tramitando en la Justicia Nacional y en la Corte.
Unas 72 horas antes de que finalizara 2024 y cuando el juez Juan Carlos Maqueda estaba a punto de jubilarse, la Corte, por mayoría tomó una decisión a favor de Correo: envió el expediente de la quiebra al Superior Tribunal de la Ciudad. Pero primero sentó las bases para poder hacerlo: el tribunal dictó un fallo en otra causa, del fuero civil, en el que una de las partes sostenía lo mismo que Correo: que en su caso, el tribunal revisor de las decisiones tomadas en el expediente por el tribunal de apelaciones es el Superior de la Ciudad y no la Corte.
El caso civil no está relacionado con el expediente de los Macri pero la Corte se encargó de que así fuera. Tras la Navidad, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Maqueda establecieron que en el caso civil correspondía la intervención del tribunal porteño. Luego, con la jurisprudencia establecida, la Corte remitió el expediente de Correo a dicho tribunal.
De esta manera, tres de los jueces supremos establecieron que el tribunal superior y última instancia judicial de las causas que tramitan ante la Justicia Nacional ordinaria situada en esta ciudad de Buenos Aires es el Tribunal Superior de Justicia porteño y no la propia Corte Suprema de la Nación, como venía siendo.
La Corte se basó en “la existencia de una situación anómala” en la Ciudad de Buenos Aires, donde aún coexisten la Justicia local y la nacional con competencia ordinaria (civil, comercial, laboral y penal). Es decir, los fueros que no son federales.
Los jueces argumentaron que su decisión va en sintonía con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional, que garantiza la autonomía local de la Ciudad; en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; y en los compromisos asumidos por las autoridades legislativas nacional y local para traspasar las competencias judiciales de Nación a Ciudad.
La Corte decidió que esta nueva jurisprudencia se aplique a los “casos pendientes de decisión en los cuales ya se hubiera planteado un conflicto análogo y a las apelaciones dirigidas contra sentencias de cámaras nacionales […] que fueran notificadas con posterioridad a este fallo”. El caso Correo entra en estas categorías.
El juez Carlos Rosenkrantz, en disidencia, sostuvo que la decisión de sus colegas implica que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pase a revestir, aunque sea transitoriamente, el carácter de tribunal nacional, “transformación que no registra precedentes, pues no existe en el ordenamiento constitucional argentino la posibilidad de que un tribunal local revise decisiones de tribunales nacionales”.
Si Correo no puede pagar la deuda millonaria establecida por la Justicia, la quiebra podría extenderse a Socma y Sideco, principales accionistas de la compañía en las últimas décadas.
Además, Macri, representantes de Correo y dos exfuncionarios de Cambiemos tienen abierta una causa penal en el juzgado del juez federal Ariel Lijo por presunto fraude al Estado por el pre-acuerdo entre el gobierno macrista y la empresa de la familia Macri.
Además, tienen también una investigación en su contra por el presunto vaciamiento de la compañía Correo Argentino en la fiscalía de Boquín.
La Corte venía fallando en contra de los planteos de la compañía de los Macri hasta diciembre último. La decisión favorece a Correo y le da la razón a Socma, principal accionista. Beneficia a la familia Macri.
Ahora, el fiscal general que intervendrá en el caso como instancia superior es Juan Bautista Mahiques, exfuncionario de Macri en el ministerio de Justicia, representante de su gobierno ante el Consejo de la Magistratura e hijo de Carlos Mahiques, el ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.
El Superior Tribunal de la Ciudad tiene jurisdicción en el distrito gobernado por el primo de Macri, Jorge Macri.
El objetivo de Correo en todos los movimientos que realiza en el expediente es el mismo: desplazar a la fiscal. Luego se sumó un segundo objetivo: desplazar a la jueza. De fondo, hay un tercer objetivo: evitar pagar una deuda multimillonaria al Estado y la extensión de la quiebra a Socma y Sideco.
Lo que suceda en el expediente de la quiebra y en el del vaciamiento de Correo también es central en el destino de la causa penal que tiene el juez Lijo y en el que Macri está imputado.
Ahora, los accionistas de Correo podrán plantear sus reclamos ante un tribunal integrado por algunos jueces de estrecha relación con Macri cuando era jefe de Gobierno porteño. Una de las juezas del Superior Tribunal porteño es Inés Weinberg, candidata del expresidente de Cambiemos a la Procuración General de la Nación. Otro es Santiago Otamendi, exsecretario de Justicia del gobierno de Macri. Marcela De Langhe asumió en el tribunal en junio de 2019, durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta, entonces aliado de Macri. Estos tres jueces ya habían votado a favor de Socma en 2021, cuando la empresa de los Macri pidió al Superior de la Ciudad que intervenga en el caso.
ED/MG
El exjuez considera que lo débil del presidente es la comunicación, "que es muy autoritaria". Además, dijo que en la Corte "no hay una diferencia política ni hay diferencias jurídicas muy grandes", sino "ambiciones de poder que hay que deponer".
En una entrevista reciente, el exjuez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda analizó la situación política y judicial del país, resaltando la importancia del lenguaje en el ámbito democrático. “Lo débil de Milei es la comunicación. Una comunicación que es muy autoritaria, descalificando no sólo a sus adversarios, sino a personas cercanas. A los propios. El lenguaje en la democracia tiene mucho que ver. Es el primer signo de violencia y toda violencia es enemiga de la democracia”, dijo.
El cordobés también abordó, en diálogo con La Voz del Interior, la tensión que atraviesa actualmente la Corte al señalar un “alto nivel de enfrentamiento interno”, que impacta en su funcionamiento. Esta situación, según Maqueda, es reflejo de la polarización más amplia que afecta a todo el sistema político del país. El magistrado destacó que este conflicto interno no solo dificulta la toma de decisiones, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en la justicia.
Ante la pregunta de qué Corte deja, el exjuez declaró: “Diría que una Corte con un alto nivel de enfrentamiento interno, donde no priman tanto las cuestiones políticas, o no priman nada”.
En esa línea, se diferenció: “Lo que es muy malo son las operaciones que se hacen para descalificar a los miembros de la Corte o para descalificarse entre sí. Yo nunca he participado de eso ni voy a participar. Hoy es público que hay un nivel de enfrentamiento, donde estábamos tres por un lado y uno por el otro. Espero que ahora, que son tres, haya capacidad de diálogo para superarlo. Ahí no hay una diferencia política ni hay diferencias jurídicas muy grandes; ahí hay, a lo mejor, ambiciones de poder que hay que deponer”.
Sumado a sus opiniones sobre el discurso de Milei, Maqueda analizó las políticas económicas actuales resaltando preocupación por las inequidades que generan. “Estoy de acuerdo con el déficit cero, pero se hizo sobre las espaldas de los que menos tienen”, manifestó.
En este sentido, el juez subrayó la importancia de implementar políticas públicas que no descuiden a los más desfavorecidos. “Es necesario un equilibrio. La austeridad no puede ser una excusa para perpetuar la desigualdad”, afirmó.
Asimismo, mencionó la necesidad de un consenso político amplio para que las reformas estructurales sean sostenibles en el tiempo.
En relación al rol de la justicia, Maqueda, quien dejó la Corte al cumplir 75 años el pasado diciembre tras 22 años en el cargo, destacó que la independencia del Poder Judicial es fundamental para garantizar los derechos de todos. Al respecto, advirtió que los conflictos internos en la Corte y la falta de una visión unificada pueden debilitar su accionar. “La justicia no debe ser un campo de batalla; debe ser un espacio de equilibrio y garantía para la sociedad”, dijo.
Finalmente, hizo un llamado a sus colegas y al sistema político en general para trabajar en la restauración de la confianza de los ciudadanos en las instituciones: “Es fundamental que el Poder Judicial mantenga su imparcialidad y su compromiso con la Constitución”.
EM
El presidente electo instrumentaliza el miedo generado por el atentado de Nueva Orleans para atacar a las personas migrantes, mientras afloran nuevas teorías de la conspiración sobre los intentos de asesinarlo.
El miedo al terrorismo vuelve a unos Estados Unidos donde la violencia política tocó techo el pasado julio en Pensilvania con el primer intento de asesinato contra Donald Trump, quien en menos de tres semanas tomará posesión como presidente del país. Mientras que ya se ha confirmado que el atropellamiento múltiple del pasado miércoles en Nueva Orleans era un atentado terrorista inspirado en el modus operandi del autodenominado Estado Islámico, las autoridades continúan investigando las causas de la explosión de un coche Tesla a las puertas del hotel Trump en Las Vegas. El FBI ya ha descartado que haya una conexión entre ambos sucesos, que tuvieron lugar el mismo día.
Dos meses después de unas elecciones marcadas por el temor a un estallido de la violencia espoleado por el mismo Trump, el país empieza el año con miedo a un retorno del terror. El FBI, que había reforzado la seguridad del Capitolio de cara al próximo seis de enero, cuando el Congreso tendrá que certificar la victoria del republicano, ahora teme un efecto contagio del atropellamiento múltiple de Nueva Orleans, que ha dejado al menos 15 muertos. El atentado llega en un mes cargado de actos multitudinarios vinculados con el funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter el 9 de enero y la toma de posesión de Trump el 20. El día antes, el 19, el republicano también celebrará un mitin en Washington para arengar a sus seguidores.
En un boletín emitido este viernes el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Centro Nacional contra el terrorismo de EEUU advierten que este tipo de acciones “probablemente seguirán siendo atractivas para posibles atacantes debido a la facilidad de adquisición de vehículos y al bajo nivel de habilidad necesario para llevar a cabo un ataque”.
Las horas posteriores al atropellamiento de Nueva Orleans, Trump insinuó en su red social Truth Social que el autor del ataque era un inmigrante y culpó al actual presidente Joe Biden. “Con la ‘política de fronteras abiertas’ de Biden dije muchas veces durante los mítines y en otros sitios que el terrorismo islámico radical y otras formas de crimen violento se volverían tan graves en América que sería difícil de imaginar o creer”, escribió el jueves. Pero la realidad es que el presunto autor del atropellamiento, Shamsud-Din Jabbar, era de Texas y sirvió durante diez años en el ejército estadounidense.
El tono de la publicación, casi apocalíptico —“Estados Unidos se está desmoronando”— resuena con el discurso inaugural que Trump hizo hace ocho años hablando de “la carnicería estadounidense”. Desde el atril, Trump presentó una imagen siniestra del país donde describía ciudades plagadas por el crimen, una élite política que se había olvidado de la gente de a pie y un paisaje de fábricas cerradas. A pocas semanas de la toma de posesión, no se puede descartar que Trump repita el imaginario de “la carnicería estadounidense” valiéndose esta vez del miedo sembrado por el atentado de Nueva Orleans.
“Está ocurriendo una violenta erosión de la Seguridad, la Seguridad Nacional y la Democracia en todo nuestro país. Solo la fuerza y un liderazgo poderoso podrán detenerlo”, escribió Trump en Truth. Durante la campaña, el republicano ya instrumentalizó el actual panorama internacional, marcado por la guerra de Gaza y Ucrania, para presentarse como el liderazgo fuerte que supuestamente necesita el país ante los enemigos externos. La amenaza terrorista refuerza esa ilusión y augura un panorama siniestro en la lucha contra el terrorismo.
La inspiración en el ISIS del autor del atentado de Nueva Orleans también da alas al sentimiento antiárabe y antimusulmán que sufría la población árabe en el país desde el estallido de la guerra de Gaza. En su anterior mandato, Trump llevó a cabo una de las políticas más duras contra las personas árabes y musulmanas con la “Muslim Ban”. Se trataba de una serie de órdenes ejecutivas aprobadas por el magnate que prohibían los viajes a Estados Unidos durante 90 días desde siete países de mayoría musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y suspendían el reasentamiento de todos los refugiados sirios.
El retorno del terror a los Estados Unidos, especialmente inspirado en el Estado Islámico, es una carta que el republicano también piensa aprovechar para seguir con su cruzada contra las personas migrantes. El pasado mes de noviembre, Trump confirmó que pretendía utilizar a los militares para llevar a cabo su deportación masiva de migrantes. Para este propósito primero tiene que declarar el estado de emergencia nacional.
En su anterior mandato Trump ya intentó hacerlo, pero al no haber una justificación real, acabó desencadenando un conflicto con el legislativo. El temor ante posibles nuevos atentados terroristas cambia la percepción de la seguridad. Alineado con esta narrativa, el multimillonario Elon Musk, que se ha convertido en la mano derecha de Trump, ha compartido en las últimas horas publicaciones en las que presenta al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como el tipo de liderazgo que necesitan los Estados Unidos. Bukele ha logrado reducir la criminalidad del país a costa de recortar los derechos y libertades de la ciudadanía.
El atentado de Nueva Orleans es el ataque con más víctimas mortales en Estados Unidos desde que un hombre de 40 años con problemas mentales mató a 18 personas en un tiroteo en Maine en 2023. La connotación del atentado esta vez es distinta por la radicalización de Jabbar, que llevaba una bandera del Estado Islámico en el coche con el que arrolló la multitud.
La explosión del Cybertruck delante del hotel Trump en Las Vegas continúa generando preguntas. Sobre todo porque no se puede ignorar que el vehículo es un Tesla, compañía propiedad de Musk, y que justamente explotó delante de uno de los hoteles del presidente electo. Después de que Trump sufriera dos intentos de asesinato durante la campaña electoral, la coincidencia es lo suficientemente jugosa para la esfera MAGA.
“Este es un vehículo Tesla, y sabemos que Elon Musk está trabajando con el presidente Trump, y es el hotel Trump, así que obviamente hay motivos para preocuparse y es algo que seguimos analizando”, dijo el sheriff de Las Vegas, Matthew McMahill, durante la rueda de prensa. Aun así, todavía no se sabe el móvil del conductor, Matthew Livelsberger quien era un militar en activo y quien presuntamente se suicidó con un disparo en la cabeza antes de la explosión.
Sobre este caso, Trump aún no se ha pronunciado, pero sí lo ha hecho Musk. El multimillonario no solo está aprovechando para hacer campaña en favor de su vehículo al haber contenido la explosión, sino que ya lo califica de “atentado terrorista”. El futuro asesor del gobierno trumpista también está compartiendo publicaciones de la órbita MAGA donde se vincula Jabbar y Livelsberger con Ryan Routh, quien intentó asesinar Trump el pasado mes de septiembre.
DM