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El Gobierno presentó el texto de la nueva ley ómnibus y del paquete fiscal, con la restitución de Ganancias

El Gobierno presentó el texto de la nueva ley ómnibus y del paquete fiscal, con la restitución de Ganancias

El Gobierno nacional finalmente dio a conocer en la noche de este martes los dos proyectos de ley más importantes de la aún joven gestión del presidente Javier Milei: la nueva versión de la propuesta Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, bautizada ley ómnibus por la cantidad y heterogeneidad de sus medidas, y el paquete de medidas fiscales, que vuelve a bajar el piso a partir del cual los trabajadores pagan el impuesto a las Ganancias.

La pretensión del Gobierno es abrir el recinto para votar ambas iniciativas dentro de dos miércoles, el 24 de este mes. Las dos iniciativas fueron dadas a conocer públicamente después de dos meses de arduas negociaciones que encabezaron el ministro de Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con los gobernadores, los diputados que les responden y los jefes parlamentarios que forman parte de la oposición dialoguista. Entre ellos, el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto.

El paquete de medidas fiscales incluye:

• La creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social.

• El Régimen de Regularización de Activos.

• La modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.

• La eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.

• La modificación del Impuesto a las Ganancias.

• La modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

• Y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

Respecto del impuesto a las Ganancias, se establece que se empezará a pagar una vez que se excedan los $1,8 millones de mínimo no imponible.

A su vez, la nueva ley ómnibus tiene un 57% menos de artículos que el texto que el Poder Ejecutivo había mandado el 27 de diciembre último: el original, que no pasó el filtro de la Cámara de Diputados, tenía 664 artículos y el actual tiene 279.

Estos son los principales puntos de esta ley Bases XS:

• Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

• El Gobierno podrá intervenir, también por un año, los siguientes organismos descentralizados, empresas y sociedades: Nucleoeléctrica Argentina SA, Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil, Pellegrini SA y Yacimiento Carbonifero Río Turbio (YCRT). Quedan exceptuados de estas posibles intervenciones las universidades nacionales, el Conicet, el INTA y las instituciones de la seguridad social.

• Se declara “sujeta a privatización” a las empresas Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentia SA, Radio y Televisión Argentina SE (Televisión Pública y Radio Nacional) e Intercargo SAU. Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades se podrá considerar la transferencia a las Provincias de contratos que se encuentren en ejecución, dice el proyecto.

• A su vez, se declaran sujetas a privatización/concesión las siguientes: AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales. Igual que con la tanda anterior, para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades se podrá considerar la transferencia a las Provincias de contratos que se encuentren en ejecución.

• El Gobierno podrá renegociar o rescindir contratos de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados.

• Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas, dice el proyecto.

• Se faculta al Poder Ejecutivo nacional, durante un año, a disponer la derogación o modificación de las nomas de rango legal que: a) generen, de forma manifiesta, distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente; b) impliquen la constitución de monopolios artificiales en actividades en las que sea posible la competencia; o c) se vinculen con la negociación de instrumentos de oferta pública a los fines de fomentar el uso de los mismos.

• Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI).

• Derogación de la ley 27.705, que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, cuyo objeto es el ingreso de aportes previsionales para el acceso a las prestaciones previsionales.

JJD

El Gobierno les entrega la reforma laboral a los aliados

El Gobierno les entrega la reforma laboral a los aliados

Federico Sturzenegger deberá esperar. Su sueño de reforma laboral quedó trunco en la Justicia y ahora el Gobierno le entrega a los bloques aliados la llave de esa “modernización”, una versión mucho más moderada e incluso hasta digerible por buena parte de la CGT.

Lo central: habrá fondo de cese laboral voluntario, mayor período de prueba y eliminación de multas por falta de registración de empleados, pero no se avanzará sobre los recursos sindicales. “Hemos dicho claramente que no compartimos el tema de la cuota sindical y la obra social, porque pertenecen al derecho colectivo del trabajo y de las organizaciones sindicales”, avisó Miguel Pichetto apenas daba unos pasos para retirarse de la Casa Rosada, tras el último encuentro con los funcionarios nacionales. Mismo argumento, casi calcado, del que sostienen por estos días los máximos dirigentes de la CGT, que empezaron a dejar permear que algún tipo de reforma se tendría que dar. Pichetto habla seguido con los jefes gremiales. 

Desde enero que el jefe de Hacemos Coalición Federal venía advirtiendo al Gobierno que Sturzenegger había “metido en un caos institucional” al país a partir del mega DNU 70 y reclamaba junto con el resto de su bancada reconvertir la reforma laboral en un proyecto de ley. Esta vez no será el Gobierno el que la presente, sino la oposición aliada, y será un mix entre lo que ya presentó el radicalismo en el Senado y lo que aporten los diputados de HCF. Hasta que reingrese la ley Bases bis los bloques “amigables” consensuarán una iniciativa y se presentará para tener dictamen junto con el paquete que envíe la Casa Rosada. Será una reforma laboral clásica, no una reforma sindical. Finalmente, en este segundo intento, la idea de refundación se chocó con la realidad.  

¿Qué cambió para que esta vez sí haya ley? En Balcarce 50 se muestran optimistas; en los aliados, expectantes. Pero reconocen que el Gobierno “se tranquilizó”, o al menos, lo hicieron los interlocutores que les pusieron para esta segunda ronda de negociación, donde sigue siendo central el rol de Santiago Caputo, que está en los encuentros, pero pide no salir en las fotos. 

No se trata solo de modos. ¿La plata está? La única llave para destrabar la aprobación es que las provincias puedan recuperar algo de los fondos que de un día para el otro les quitó el gobierno de Javier Milei. Según destacaron a elDiarioAR fuentes de los bloques que estarían dispuestos a acompañar el proyecto, se garantizan recursos a través de la reincorporación del impuesto a las Ganancias, en versión altos ingresos, con pisos más altos que en los primeros borradores; la restitución de los fondos fiduciarios y el blanqueo de capitales con algún destino específico para las provincias. Ese sería el anzuelo monetario. 

El tratamiento de los fondos fiduciarios fue uno de los ejes del rechazo anterior. Hasta ahora el Gobierno sólo podía eliminar 8 de los 29 totales, vía decreto. Para el resto necesitaba una ley, por eso lo incluyó en la ley Bases. Según fuentes parlamentarias, eso está en revisión. Son fondos claves. De ahí salió uno de los primeros enfrentamientos de Milei con los gobernadores, cuando cortó de cuajo el fondo de infraestructura del transporte con ingresos presupuestados para 2023 en unos US$ 515 millones. Todavía falta la letra chica para que los votos estén. 

Si se cumple con lo acordado (las desconfianzas sobrevuelan las reuniones), lo que aparece más resistido en el horizonte parlamentario siguen siendo las facultades delegadas. “El número de votos es finito”, les avisaron los aliados al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro del Interior, Guillermo Francos. También estuvo Martín Menem, al que Pichetto en privado llama “el pibe”, el que va a tener que lidiar con las resistencias cuando el texto llegue al recinto. El Gobierno ya redujo las emergencias a sólo 4 (administrativa, económica, financiera y energética) pero el artículo 71 de desregulación económica sigue generando dudas por la amplitud de los conceptos. El Presidente quedaría habilitado a gobernar vía decreto. Dice. “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, por el plazo previsto en el artículo 1° (un año), a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente. Ello, con el objeto de facilitar la mayor eficiencia y eficacia en el ámbito alcanzado por la regulación de que se trate. El Poder Ejecutivo deberá justificar estos extremos de forma suficiente”. No le gusta al radicalismo. Al capítulo privatizaciones todavía lo siguen puliendo.  

Afuera del reunionismo quedaron los gobernadores del peronismo y los del bloque Innovación Federal, que responden a los mandatarios de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. También el cordobés Martín Llaryora, con quien hay diálogos privados, pero no fotos. La Casa Rosada cerró el proceso de socialización de la ley. Y se arriesgó a arreglarse con lo propio en Diputados. El Senado parece ser otro país. 

MV/MG

 

 

Milei viajó a Miami para recibir una distinción de la comunidad judía

Milei viajó a Miami para recibir una distinción de la comunidad judía

El Presidente Javier Milei partió esta noche en el vuelo de Aerolíneas Argentinas AR 1302 con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde este miércoles iniciará una agenda internacional que también incluye en ese país una visita a la ciudad de Texas. Luego emprenderá un viaje a Dinamarca, último destino de la gira. 

El presidente recibirá un premio del movimiento ortodoxo judío Jabad Lubavitch, y posteriormente se trasladará a Texas, para reunirese el próximo sábado en Texas (EE.UU.) con el magnate sudafricano Elon Musk en la fábrica de una de las empresas que dirige, la automotriz Tesla. 

Tras su viaje a Estados Unidos, el presidente argentino irá a Dinamarca, donde el próximo lunes mantendrá un encuentro con la primera ministra, Mette Frederiksen. 

En la gigafactoría de Tesla en la ciudad estadounidense de Austin, la compañía automotriz de Musk produce componentes de su modelo 'Y' y fabrica la camioneta eléctrica Tesla Cybertruck. 

Milei y Musk, uno de los hombres más ricos del mundo según los listados de magnates, han mostrado en más de una ocasión su admiración mutua con mensajes en la red social X, propiedad del sudafricano. 

MM con información de la agencia NA.

Dictaminaron la inhibición de bienes de Alberto Fernández en la causa de los seguros

Dictaminaron la inhibición de bienes de Alberto Fernández en la causa de los seguros

La Justicia dictaminó esta noche la inhibición general de los bienes del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, que involucra a una empresa estatal del rubro. Así lo decidió el juez Julián Ercolini, quien además determinó que se levante el secreto fiscal del ex mandatario.

En tanto, una medida similar se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados al escándalo como integrantes de una presunta red de corrupción.

El magistrado está investigando las supuesta irregularidades surgida en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el exmandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa "Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos en concepto de comisiones.

Además, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del expresidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.

La inhibición también alcanzó a dos exfuncionarios de Nación Seguros, que había sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras. También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: ‘7 de mayo’ e ‘Irigoin’. En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrán vender o disponer de sus bienes.

Además, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradasL anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fechaa. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.

El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6, y este martes el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la "inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas" detrás del escándalo de los "brokers".

La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros  del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.

MM con información de la agencia NA

Diputados: la oposición quiere mostrar fortaleza contra el mega-DNU pero aún no hay número para el rechazo

Diputados: la oposición quiere mostrar fortaleza contra el mega-DNU pero aún no hay número para el rechazo

El Senado rechazó el megadecreto de necesidad y urgencia que dictó Javier Milei el 20 de diciembre último y que, entre otras medidas, permite que las prepagas les aumenten la cuota a sus afilias lo que quieran y cuando quieran (de hecho, ya dispusieron cinco subas consecutivas por más de 180% acumulado) y deroga la ley de Alquileres. Sin embargo, el decreto sigue vigente porque para que caiga debe ser rechazado por ambas cámaras. Es decir que faltaría Diputados.

El rechazo del Senado se produjo el 14 de marzo. Fue una muy mala noticia para la Casa Rosada y todo el mundo esperaba que, con esa corajeada opositora, de inmediato se tratara en Diputados. Pero no. En la Cámara baja, a diferencia del Senado, la oposición intransigente no tiene por el momento el número para cumplir ese objetivo. Por eso aún no le pidieron la sesión especial para debatirlo al presidente de la Cámara, el libertario riojano Martín Menem, que está obligado a convocarla si la solicitud se realizara con la firma de al menos diez integrantes del cuerpo.

Este martes el kirchnerismo, el trotskismo y el socialismo realizaron —en vez de una sesión— una audiencia pública en el edificio anexo de la Cámara baja con la exposición de juristas, organizada con el fin de sumar voces críticas al DNU 70/2023 y mostrar fortaleza y unidad en contra de este instrumento. Pero el número todavía no aparece.

El bloque Unión por la Patria tiene 99 diputados y el Frente de Izquierda tiene 5. A ellos se les suman los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, y Margarita Stolbizer, quienes integran el heterogéneo bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto y que en su mayoría apoya el DNU de Milei; y también Natalia de la Sota, referente del peronismo cordobés, que se desliga de la actitud amable con el Gobierno de sus compañeros de espacio.

Si a ellos se les añaden los cinco radicales cercanos a Facundo Manes que participaron este martes de la audiencia pública denominada “Análisis constitucional del DNU 70/23” (el bonaerense Pablo Juliano, los jujeños Natalia Sarapura y Jorge Rizzotti, el entrerriano Pedro Galimberti y la pampeana Marcela Coli) se cuentan 113 posibles rechazos.

A ellos se les suman dos que no estuvieron pero habrían estado presentes: el propio Manes y su correligionario Fernando Carbajal. Serían 115. La cifra está lejos del quórum, que es 129 diputados sentados en el recinto para iniciar una sesión.

Uno de los diputados participantes del encuentro de esta tarde se mostró optimista respecto de la posibilidad de conseguir los 14 que faltan. “El número para rechazarlo está. Lo que no están son los 129 del quórum, porque hay varios que incluso estando en contra sacan cuentas en función de los diálogos y los acuerdos del Ejecutivo con los gobernadores. Lo de hoy es importante porque hubo varios radicales. Hay que ir generando esas condiciones para el acuerdo de los 129. Yo creo que si llegamos al acuerdo de los 129, estamos en condiciones de avanzar en la derogación”, dijo a elDiarioAR.

En cambio, un diputado radical de los que no participó de la jornada de este martes no le ve chances —por ahora— al rechazo al DNU pretendido por la oposición dura. “No lo tienen al número. Si lo tuvieran, ya habrían convocado a sesión especial en lugar de hacer talleres”, dijo con sorna, en alusión a la audiencia pública contra el súper-DNU de Milei.

La ley que regula el tratamiento legislativo de los DNU —cuya autora es la exsenadora Cristina Fernández de Kirchner— es curiosa porque establece que para caiga un decreto presidencial es necesario el rechazo explícito de las dos cámaras del Congreso pero para que quede vigente basta con que sólo una lo apruebe o bien que no haya pronunciamiento.

Si el oficialismo tuviera el número para aprobarlo en el recinto de Diputados, y así sepultar todo proyecto opositor de completar el rechazo del Senado, ya habría convocado a una sesión especial. Pero no lo hace porque tampoco tiene el número para cumplir ese objetivo.

Mientras tanto, el DNU 70/2023 sigue con plena vigencia, salvo en los artículos que se encuentran suspendidos por la Justicia; entre ellos, todos los referidos a la reforma laboral.

La diputada Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, denunció que “se interrumpió la transmisión por Youtube del encuentro con constitucionalistas por el DNU 70/2023”. También lo hizo uno de los expositores, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez: “Estamos exponiendo en la Cámara de Diputados con una convocatoria plural y las autoridades libertarias cortaron la transmisión digital. Esto es fascismo explícito”, protestó el jurista, en un comentario publicado en Twitter (X).

JJD