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La avanzada reestructuradora del asesor sin firma entró en compás de espera. El Plan de Inteligencia, que había sido cuestionado por abrirle la puerta al espionaje interno, recibió modificaciones. El DNU 941, mientras tanto, continúa firme, pero en el Gobierno no consideran que es una prioridar blindarlo con una ley.
La avanzada reestructuradora de Santiago Caputo en la SIDE entró en un compás de espera. El asesor sin cargo quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración del video de Manuel Adorni subiéndose a un avión privado rumbo a Punta del Este, y los rumores sobre un descabezamiento político en la agencia de Inteligencia se multiplicaron. Karina Milei tiene echado el ojo a la SIDE, aunque aún no intervino activamente. Pero una cosa es segura: las dos grandes iniciativas de Caputo en materia de Inteligencia –el nuevo Plan de Inteligencia Nacional y el proyecto de ley que venía a blindar el polémico DNU 941– comenzaron a desinflarse.
El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) había sido delineado por el ex titular de la SIDE, Sergio Neiffert, mucho antes de la escena nocturna que reveló elDiarioAR y que implicó, de hecho, la ruptura del conductor político de la SIDE con su alfil en la dirección del organismo. Filtrado por La Nación poco después de su presentación, el PIN de Neiffert despertó las alarmas de la oposición y las organizaciones de derechos humanos por abrirle la puerta a tareas de espionaje interno.
El documento, al que accedió este medio, admitía “producir información” sobre “actores estratégicos” que pretendieran “erosionar el sistema financiero” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del presidente. También habilitaba recabar información sobre “actores estratégicos” que difundieran información falsa de manera deliberada con el objetivo de “influir o manipular” la opinión pública. O, incluso, sobre aquellos “actores, hechos o circunstancias que condicionen, impidan o limiten el relacionamiento estratégico con Estados Unidos”.
Las ambigüedades del PIN, que es lo que define los objetivos generales estratégicos de inteligencia y las acciones operativas para llevarlos a cabo, despertaron un mismo reclamo: sin saber a qué se refería por “actores estratégicos”, cualquier periodista u opositor al Gobierno podía ser sujeto de espionaje interno (algo prohibido por la Ley de Inteligencia). La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia así se lo advirtió a Neiffert y emitió, durante el mes de septiembre, un dictamen crítico al documento. En ese momento todavía la presidía el ex senador Martín Lousteau, que hoy pasó a ocupar una banca en la Cámara de Diputados.
La advertencia de la Bicameral, que es la encargada de supervisar las actividades y recursos del sistema de inteligencia nacional, surtió efecto. Y dos meses después, Neiffert presentó un nuevo PIN que incluía modificaciones sobre algunos de los puntos más conflictivos.
En primer lugar, el nuevo PIN eliminó las alusiones a la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Un dato no menor en el marco del alineamiento automático de Javier Milei con Donald Trump en la escalada bélica en Medio Oriente. Si bien en la oposición descuentan que la SIDE ya viene trabajando hace tiempo con los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes, el PIN, de momento, no hace mención explícita a producir información sobre actores que perjudiquen la relación de la Argentina con ambos países.
La otra gran modificación es que el nuevo PIN ya no hace ninguna alusión a “actores estratégicos” que pudieran incidir sobre la percepción pública o propiciar escenarios de inestabilidad. Esta era la gran imprecisión que le abría la puerta al espionaje político, según advertían los expertos. “La nueva redacción, en cambio, abandona la individualización de sujetos y focaliza el análisis en conductas, procesos o campañas con origen fuera del ámbito nacional”, explica uno de los integrantes de la Bicameral que tuvo acceso al nuevo documento.
El maquillaje introducido en el nuevo plan de inteligencia representa, para la oposición, una concesión de Neiffert orientada a dejar “todo en orden” antes de su partida. Pero no solo eso: algunos dirigentes que integraron la Bicameral hasta el año pasado –la nueva composición todavía no se oficializó– deslizan que fue Santiago Caputo quien accedió a dar marcha atrás para no tener problemas judiciales. No solo por los cambios en el PIN, que se dieron a conocer en noviembre, sino también por la búsqueda de impulsar una ley que blinde el DNU 941 que reestructuró la SIDE.
“Está preparando el terreno para desaparecer con la menor cantidad de problemas judiciales posibles”, señalaban desde una oficina con vínculos con servicios de inteligencia, donde advierten que el asesor todoterreno está de salida. Los rumores de que Cristian Auguadra, el actual “Señor 5”, tiene los días contados son cada vez más fuertes: un sector del karinismo responsabiliza a Caputo por la filtración del video, por lo que la hermana presidencial ya comenzó a evaluar la posibilidad de desembarcar en la SIDE.
Tal como anticipó Pedro Lacour hace casi un mes, el Gobierno definió blindar con un proyecto de ley el polémico DNU 941 que reestructuró la SIDE. El objetivo de impulsar una nueva Ley de Inteligencia era doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Y, por el otro, sustituir una ley concebida en un contexto completamente distinto. Es decir: la ley sancionada en 2001 había quedado “vieja” y había que actualizarla.
Más allá del interés del Gobierno por aggiornar el sistema de inteligencia argentino a los tiempos modernos, la principal preocupación de Caputo pasa por otro lado: resguardar judicialmente el DNU que, entre otras cosas, habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia. Una facultad reservada, hasta ahora, para las fuerzas de seguridad.
Desde la publicación del DNU, a principios de enero, llovieron amparos y presentaciones judiciales que solicitaban la suspensión inmediata del decreto. Entre los fundamentos, los escritos judiciales no sólo advertían sobre las cuestiones de fondo –el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derivase, por ejemplo, en una lógica de vigilancia política–, sino también en las de forma. El Gobierno, argumentaban, no había acreditado nunca una situación real de necesidad y urgencia.
El caputismo argumentó, en su momento, que la reforma del sistema de inteligencia era “urgente” debido al contexto internacional vigente y que no se podía esperar hasta que se habilitaran las sesiones ordinarias. Se mencionó, incluso, el secuestro de Nicolas Maduro como un argumento para apurar los tiempos.
Pasaron dos meses, sin embargo, y el proyecto de ley no apareció. En el caputismo advierten que el proyecto “está en carpeta” y que se discutirá en los próximos meses. Pero tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada el martes, no hubo mención alguna de la iniciativa. Las prioridades, según se encargó de enumerar Adorni, eran otras. Y la ley de Caputo no era una de ellas.
MCM/CRM

El peritaje realizado por la Dirección General Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y que fue incorporado tardíamente al expediente por el fiscal Eduardo Taiano, reveló llamadas directas entre Milei y Novelli en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, así como un borrador de acuerdo confidencial que incluía un presunto pacto de pagos por US$ 5 millones.
Las revelaciones publicadas en las últimas horas reactivaron el corazón del caso que investiga los vínculos entre el trader cripto Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei. Lo que hasta hace poco parecía un entramado difuso de contactos y guiños digitales ahora aparece respaldado por peritajes oficiales, mensajes recuperados y registros de ingresos a la Casa Rosada que dibujan un circuito de presuntos pagos, favores y acuerdos en lo que también aparece el nombre de Karina Milei.
El peritaje realizado por la Dirección General Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y que fue incorporado tardíamente al expediente por el fiscal Eduardo Taiano, reveló llamadas directas entre Milei y Novelli en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, así como un borrador de acuerdo confidencial que incluía un presunto pacto de pagos por US$ 5 millones, según reconstruyó Chequeado.
Ese documento, que La Nación había mencionado días atrás, estaba en poder del fiscal desde noviembre de 2025, pero no había sido incorporado al expediente ni puesto a disposición de las partes. La omisión abrió un nuevo frente: el manejo discrecional de pruebas sensibles en una causa que involucra al Presidente.
Un mensaje recuperado del celular de Novelli, enviado el 1 de noviembre de 2024, con tres palabras que reconfiguran el caso: “Pago Javier kari”, según publica El Destape en las últimas horas.
Ese mismo día, Novelli había ingresado a la Casa Rosada durante 40 minutos, con autorización desde la antesala del despacho presidencial. Diez días después, volvió a ver a los Milei en la Residencia de Olivos. La secuencia coincide con un momento clave: el trader buscaba cerrar acuerdos con el empresario cripto Hayden Davis, quien celebró esa noche que el Presidente “firmó todo”.
El modus operandi de los pagos previos al estallido de $LIBRA. Según los mensajes recuperados, Milei —entonces candidato— recibía pagos en efectivo y transferencias bancarias que se canalizaban a través de una cuenta a nombre de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, según revela El Destape.
Los chats muestran además que Novelli financiaba la promoción cripto en redes mediante pagos regulares a influencers como Emmanuel Danann y Agustín Laje, un esquema que replicaba el modelo de “amplificación digital” que luego se vería en el caso $LIBRA.
Las nuevas evidencias no sólo comprometen a Milei en el episodio puntual de $LIBRA: sugieren la existencia de un ecosistema de negocios previo, sostenido en intercambios de favores, promoción digital y pagos encubiertos. La línea temporal muestra que:
De acuerdo a la información que brinda este miércoles el periodista Ari Lijalad en El Destape, el peritaje al teléfono celular de Mauricio Novelli revela “otra serie de negocios que le acercaban a los hermanos Milei una vez llegados a la Casa Rosada. Se trata de una conexión directa con un banco y una casa especializada en metales preciosos de Suiza que le propusieron crear una moneda de oro con la cara de Javier Milei y que tuviera valor comercial y el desarrollo de merchandising de todo tipo con la imagen y las consignas del presidente. Novelli llevó a los autores de estas iniciativas a la Casa Rosada a reunirse con Karina Milei al menos dos veces. La idea, según consta en los chats de de Novelli, era firmar un contrato con una firma en Uruguay para eludir impuestos”, afirma la nota periodística.
De acuerdo a la información periodística, se trata de cuatro documentos que El Destape detectó en el peritaje del celular de Novelli. Dos están fechados en septiembre de 2024 y tienen el lema “estrictamente confidencial preparado por ICV Advisors”, una consultora que según su web opera en toda Latinoamérica, con la “idea, realización y creación” de estos negocios es de Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de ICV Advisors y gerente de relaciones de Degussa Global Custodian, una firma suiza especializada en metales preciosos y monedas de oro.
Los otros dos tienen fecha de noviembre de 2024 y figura como autor Gregor Beck, a quien Novelli agendó como “Gregor Fondo Suizo” en el grupo de Whatsapp que armaron para este negocio, y que es uno de los miembros del Consejo de Administración del Bank Von Roll de Suiza y de Degussa.
El acuerdo para que el presidente Javier Milei escribiera el tweet impulsando la critpomoneda $LIBRA incluyo un acuerdo por el pago de US$5 millones, según reveló este sábado una investigación de El Destape. De acuerdo a un archivo encontrado en el celular de Mauricio Novelli el precio pactado por la estafa $LIBRA fue un pago de US$ 1,5 millones por adelantado, otra suma similar por el tweet, y otros US$ 2 millones por la firma de un contrato en persona junto a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia.
De acuerdo con la investigación, el borrador del contrato fue acordado entre Novelli y Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures y creador del token $LIBRA. El archivo fue creado el 11 de febrero de 2025, tres días antes de que se lanzara la critpo y estallara el escándalo.
El contrato, en inglés, establece:
Hola amigos,
Este es el acuerdo final discutido con H.
$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto
$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis
$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoriaen blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revision con Javier y Karina
El archivo estaba en los dispositivos secuestrados a Novelli por la justicia y suma una nueva prueba sobre el rol del Presidente y su hermana. Se conoce luego de que las partes pudieran acceder a las pericias que habían sido ocultadas por el fiscal Eduardo Taiano, según viene denunciando la abogada Natalia Volosin.
Este sábado, además, se conocieron los registros de llamadas incorporados a la investigación judicial por el caso $LIBRA que revelan una intensa comunicación entre el entorno más cercano del presidente Javier Milei y el lobista argentino Mauricio Novelli durante las horas previas al lanzamiento del token y también después de su colapso. Los registros telefónicos revelan que Milei y Novelli intercambiaron 7 llamadas el día del lanzamiento de la criptomoneda: 5 de ellos fueron realizados dentro de la hora previa al posteo y otro dos, en la media hora posterior.
A fines de febrero de este año, el fiscal federal Eduardo Taiano incorporó al expediente un peritaje realizado en enero por la Dirección General Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal, con información sobre el contenido del teléfono celular de Mauricio Novelli.
A los pocos días, una nota del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación reveló que en ese peritaje se encontraron borradores de un acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, el creador de la criptomoneda.
Sin embargo, la abogada Natalia Volosín reveló que ese documento ya estaba en manos del fiscal desde noviembre de 2025, y que no se había incorporado al expediente ni se le había dado acceso a las partes. También denunció que las partes no habían podido acceder a los anexos reservados del informe que Taiano sí había incorporado al expediente el 24 de febrero.
Luego de esto, según pudo averiguar Chequeado, Taiano dio acceso a las partes a los anexos incorporados en febrero y también a los borradores del contrato, presentados como informes preliminares. Volosín brindará declaración testimonial el próximo martes.
Aunque Milei está bajo investigación, aún no fue formalmente imputado ni designó abogados en la causa.
El Gobierno, por ahora, evita pronunciarse sobre los nuevos hallazgos. La estrategia parece ser la misma que en episodios anteriores: minimizar, desmentir sin detalles y apostar a la erosión del impacto público con el paso del tiempo.
La causa, que parecía estancada, vuelve a moverse. Y lo hace con un volumen de evidencia que ya no puede ser explicado como “operación política” ni como “malentendido tecnológico”. El teléfono de Novelli, por ahora, es el testigo más elocuente.
Con información de La Nación, El Destape, Natalia Volosín y Chequeado.

El proyecto publicado en el Boletín Oficial busca privatizar o concesionar los medios públicos porteños que contempla la administración, gestión, operación y mantenimiento de El Canal de la Ciudad y de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4). Para el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), se ´pone en riesgo "el derecho a la información de la sociedad" y las frecuencias a licitar "no pueden ser tratadas como una mercancía ni quedar sujetos a lógicas de negocio". Los detalles.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó en su proyecto para privatizar o concesionar parte de los medios públicos porteños que contempla la administración, gestión, operación y mantenimiento de El Canal de la Ciudad y de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4), y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) salió a rechazar la iniciativa por considerar que “cumplen un rol fundamental para garantizar el derecho a la información de la sociedad y no pueden ser tratados como una mercancía ni quedar sujetos a lógicas de negocio”.
De acuerdo al alcalde porteño, el objetivo de abrir la licitación para concesionar la TV y las frecuencias de Radio de la Ciudad “es simple: dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada. La empresa adjudicataria operará la radio y el canal, desarrollará su programación y deberá pagar un canon a la Ciudad. No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades”, aseguró Macri al anunciar la medida.
La propuesta, impulsada por Gobierno porteño, se publicó en el Boletín Oficial a través de la resolución 7/26 con la firma del jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny y del ministro de Hacienda Gustavo Arengo, y allí se “aprueba pliegos para la concesión del gerenciamiento con carácter oneroso de la operación del Cable de la Ciudad y Radios de la Ciudad de Buenos Aires”.
La medida “busca garantizar una gestión profesional, moderna y eficiente de los medios públicos de la Ciudad, asegurando la continuidad de su función social y cultural”.
“Las empresas adjudicatarias serán responsables de la totalidad de los aspectos técnicos, operativos y comerciales. Esto incluye la provisión de equipamiento, estudios y personal necesario para la operación, así como la gestión de la identidad institucional del Gobierno de la Ciudad y el cumplimiento de las normativas de seguridad, seguros y el pago de derechos de autor (SADAIC, AADI-CAPIF, entre otros)”, según el documento que difundieron desde el Ejecutivo de CABA.
Asimismo, la administración porteña detalló que el plazo de concesión “será de cinco años a partir de la firma del acta de inicio de servicio. El monto base total estimado para los 60 meses es de $645.225.000 para la señal de televisión y $73.740.000 para las señales de radio”. Además, fija el canon base mensual en la suma de pesos diez millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta ($10.753.750.-) para el Canal de la Ciudad y pesos un millón doscientos veintinueve mil ($1.229.000.-) para las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4).
Y agregó:
“La licitación exige garantizar un servicio de calidad, con estos puntos salientes:
Además, “como parte de la evolución tecnológica, la empresa ganadora podrá implementar plataformas de streaming y aplicaciones móviles con contenido a demanda, y herramientas de accesibilidad digital como subtitulado automático y transcripciones para personas con discapacidad”, puntualizaron.
En cuanto a la dinámica de implementación de la modificación del esquema de medios porteños, la Dirección General de Concesiones y Permisos “actuará como autoridad de aplicación y fiscalización contractual, mientras que la Secretaría de Medios ejercerá el control sobre la prestación del servicio y el cumplimiento de las exigencias técnicas”. En tanto, “los oferentes deberán acreditar antecedentes empresariales en el sector de medios de comunicación y presentar planes de inversión detallados que aseguren la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión”.
“Desde SiPreBA rechazamos el avance en la privatización de los medios públicos de la Ciudad, AM 1110, FM 2X4 y el Canal de la Ciudad, impulsado por el gobierno de Jorge Macri y publicado el 17/3 en el Boletín Oficial. Los medios públicos cumplen un rol fundamental para garantizar el derecho a la información de la sociedad y no pueden ser tratados como una mercancía ni quedar sujetos a lógicas de negocio.
Defendemos el carácter público de estos medios y la tarea que realizan diariamente sus trabajadores y trabajadoras. Exigimos el resguardo de las fuentes de trabajo y los derechos de quienes sostienen esos espacios con su labor profesional.
La comunicación es un derecho y los medios públicos son una herramienta clave para garantizar información plural, de calidad y al servicio de la ciudadanía“.
Asimismo, desde el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (SUTECBA) aseguran que se trata de “una medida inconstitucional” y, según publicó este martes Ámbito, “avanzarán con la presentación de un amparo ante la Justicia”.
“Hacemos hincapié en el artículo 47 de la Constitución de CABA donde dice que tenemos que tener una frecuencia administrada por la Ciudad, no por un tercero. Esa es nuestra defensa”, remarcan desde el gremio.
La abogada y legisladora Graciana Peñafort presentó en las últimas horas un pedido de informes al respecto. “Los medios públicos no constituyen un activo comercial del gobierno de turno, sino un patrimonio social y democrático de la ciudadanía”, dijo y advirtió que la concesión va en contra del artículo 44 de la Ley Nacional N.º 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que “consagra el principio de indelegabilidad de la explotación” y califica como “falta grave” la cesión o delegación.
El gremio advirtió que el arribo de un privado podría poner en riesgo unos 500 puestos de trabajo que actualmente se desempeñan en las radios y el canal de la Ciudad: “Nosotros queremos que sea con todos los trabajadores adentro. Estamos negociando”, aseguran.
El concesionario tendrá a su cargo la totalidad de los aspectos técnicos y operativos que hacen al funcionamiento integral de las Radios de la Ciudad de Buenos Aires,
Obligaciones para la prestación del servicio
El concesionario deberá brindar los siguientes servicios:
1. Efectuar por cuenta y cargo todos los trabajos y actividades que hagan al funcionamiento de las Radios de la Ciudad.
2. Alquiler o puesta a disposición de un estudio/espacio propio para el desarrollo de la actividad. Remodelaciones y reparaciones del mismo.
3. Provisión de maquinarias, equipamiento, instalaciones y elementos que requiera el proyecto.
4. Desarrollo y gestión de la programación de las Radios de la Ciudad en coproducción con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. Reintegrar al GCBA, ante su presentación los conceptos de tasas, impuestos.
Consideraciones generales para la prestación del servicio
a) Contar con personal competente para la ejecución del servicio, cuya cantidad e idoneidad satisfagan los requerimientos técnicos del presente PET.
b) Se requiere la disponibilidad de servicios profesionales y capacidades técnicas pertinentes para la ejecución de la presente contratación, asegurando la eficiencia del servicio provisto.
c) Equipamiento y sistemas informáticos destinados a la ejecución del servicio, conforme los requisitos técnicos que se detallan en el presente PET.
d) Deberán contemplarse todas las funciones, instalaciones, elementos y labores esenciales para la adecuada prestación del servicio, incluyendo aquellos aspectos que no se detallan explícitamente en el presente PET y sean necesarios en virtud de las características propias del servicio y documentos complementarios, debiendo ser considerados implícitamente para garantizar la integridad y eficiencia del servicio.
e) El concesionario deberá disponer de un estudio/espacio con capacidad suficiente para alojar y gestionar la infraestructura tecnológica requerida para el funcionamiento del servicio que asegure la continuidad y operatividad de las Radios de la Ciudad.
Características particulares para el servicio de radios de la Ciudad
a) La Radio AM 1110 deberá emitirse las 24 horas del día los siete días de la semana y tendrá alcance en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (local) y en toda la República Argentina (Nacional).
b) El contenido de la programación de la Radio AM 1110 tendrá como objetivo principal difundir la oferta educativa, cultural y turística que brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con alcance al público general de la Ciudad.
c) La Radio FM 92.7 deberá emitirse las 24 horas del día los siete días de la semana y tendrá alcance en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (local).
d) La programación de la Radio FM 92.7 deberá contemplar el cumplimiento de la Ley 228/1999 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece la obligación de contar con una programación destinada íntegramente a la emisión de música de tango y popular argentina, atendiendo a las nuevas expresiones artísticas, a la difusión de actividades vinculadas a estas manifestaciones artísticas, e información general de carácter local, nacional e internacional.
e) Asimismo, deberá contemplarse el cumplimiento de Ley 6328/2020 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece que las producciones propias deberán asegurar que un mínimo de setenta por ciento (70%) de la música emitida sea de origen nacional, ya sea de autores/as, compositores o intérpretes nacionales, cualquiera sea el tipo de música de que se trate, por cada jornada de transmisión.
f) Operar y mantener las Radios de la Ciudad de acuerdo los criterios fijados por ENACOM.
Requisitos para las Radios de la Ciudad
Obligaciones para la prestación del servicio
El concesionario deberá brindar los siguientes servicios:
1. Efectuar por cuenta y cargo todos los trabajos y actividades que hagan al funcionamiento de la Señal.
2. Alquiler o puesta a disposición de un estudio/espacio propio para el desarrollo de la actividad. Remodelaciones y reparaciones del mismo.
3. Provisión de maquinarias, equipamiento, instalaciones y elementos que requiera el proyecto.
4. Desarrollo y gestión de la programación de la Señal, en coproducción con el GCABA.
Consideraciones generales para la prestación del servicio
a) Contar con personal competente para la ejecución del servicio, cuya cantidad e idoneidad satisfagan los requerimientos técnicos del presente PET.
b) Se requiere la disponibilidad de servicios profesionales y capacidades técnicas pertinentes para la ejecución de la presente contratación, asegurando la eficiencia del servicio provisto.
c) Equipamiento y sistemas informáticos destinados a la ejecución del servicio, conforme los requisitos técnicos que se detallan en el presente PET.
d) Deberán contemplarse todas las funciones, instalaciones, elementos y labores esenciales para la adecuada prestación del servicio, incluyendo aquellos aspectos que no se detallan explícitamente en el presente PET y sean necesarios en virtud de las características propias del servicio y documentos complementarios, debiendo ser considerados implícitamente para garantizar la integridad y eficiencia del servicio.
e) El concesionario deberá disponer de un estudio/espacio con capacidad suficiente para alojar y gestionar la infraestructura tecnológica requerida para el funcionamiento del servicio que asegure la continuidad y operatividad de la señal.
Características particulares para el servicio del Cable de la Ciudad
a) La Señal deberá emitirse las 24 horas del día los siete días de la semana.
b) El contenido de la programación tendrá como objetivo principal difundir la oferta educativa, cultural y turística que brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con alcance al público general de la Ciudad.
c) Deberá contemplar el cumplimiento de la Ley 2996 siendo el responsable de la transmisión de las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en vivo y emitidas sin cortes comerciales ni de otro tipo.
d) Asimismo, deberá, contemplar el cumplimiento de La Ley 6031 Código Electoral de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires artículo 67 del que establece la obligatoriedad de la producción y transmisión en directo de los debates preelectorales públicos entre los/as candidatos/as que encabecen las listas oficializadas, además deberá la transmisión contar con mecanismos de accesibilidad tales como lenguaje de señas, subtitulado visible y oculto, o cualquier otro que pudiera considerarse propicio a tal fin.
Requisitos para el Cable de la Ciudad

El gobernador bonaerense presentó el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), un laboratorio de ideas vinculado a su espacio político, y difundió un documento con fuertes críticas a la gestión económica de Javier Milei.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este martes el lanzamiento de su think tank, el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), y presentó un documento en el que cuestionó “las 10 mentiras” que, según sostuvo, difunde el gobierno nacional de Javier Milei sobre la situación económica del país.
El acto forma parte de la estrategia política del mandatario provincial para proyectarse a nivel nacional y eventualmente competir por la Presidencia. El nuevo espacio funcionará como un laboratorio de ideas vinculado al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el objetivo de investigar, producir propuestas y formar cuadros políticos alineados con su espacio.
“Así como el kirchnerismo tiene el Instituto Patria y el PRO la Fundación Pensar, nosotros lanzamos este centro para estudiar, debatir y construir alternativas”, señalaron desde el entorno del gobernador.
Durante la presentación, Kicillof cuestionó la narrativa económica del oficialismo nacional. En primer lugar, rechazó la idea de que la economía esté creciendo y sostuvo que, en realidad, se observa “una pequeña recuperación en algunos indicadores, pero dentro de un cuadro general de estancamiento desde que asumió Milei”.
Según el mandatario, los datos desagregados muestran una fuerte heterogeneidad en la actividad económica. “Hay sectores que se están destruyendo y que apenas son compensados por otros. El tejido productivo, que genera empleo de calidad, está siendo afectado por las políticas económicas del Gobierno”, afirmó.
En ese sentido, señaló que el consumo, la construcción y la industria atraviesan una situación crítica, mientras que los sectores que muestran algún crecimiento “son pocos, no tienen encadenamientos productivos y generan poco empleo”.
Kicillof también cuestionó el impacto del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Desde la administración bonaerense sostuvieron que la inversión extranjera directa se encuentra en terreno negativo por primera vez en más de dos décadas.
“Es difícil que haya un proceso de inversión cuando las máquinas existentes están prácticamente en desuso. El modelo de Milei es una calamidad”, sostuvo el gobernador.
En esa línea, rechazó la afirmación del Gobierno nacional de que el empleo está creciendo. Según explicó, lo que se observa es un cambio en la estructura del mercado laboral, marcado por la pérdida de puestos formales. “Hay una destrucción sistemática del empleo formal, el que tiene mayor cobertura de derechos”, aseguró.
Otro de los ejes de crítica fue la situación social. Kicillof ironizó sobre la afirmación del Presidente de que millones de argentinos salieron de la pobreza y cuestionó la metodología utilizada para medir los ingresos.
“Los salarios privados cayeron un 4%, los públicos un 36% y las jubilaciones un 18%. No hay manera de que haya menos pobres”, afirmó.
El gobernador también cuestionó el manejo de la inflación. Señaló que existen fuertes aumentos acumulados en tarifas, transporte y alquileres, y sostuvo que el costo de vida creció por encima de los ingresos.
“Milei decía que la inflación era un fenómeno puramente monetario y que con reducir la emisión iba a caer a cero. Lo que vemos es el incumplimiento de todos los pronósticos”, remarcó.
En ese contexto, recordó la salida del titular del INDEC, Marco Lavagna, y la decisión del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, de postergar la implementación de una nueva medición del índice de precios al consumidor.
Entre los otros puntos señalados por el documento del CEDAF figuran la evolución de los salarios, el resultado fiscal, el nivel de endeudamiento y la política tributaria.
Respecto del superávit fiscal que exhibe el Gobierno, Kicillof sostuvo que se trata de un resultado “distorsionado” por el recorte de gastos y la apropiación de recursos que corresponden a las provincias. “Es un superávit trucho si se esconden los gastos debajo de la alfombra”, afirmó.
En ese marco, celebró además la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para discutir la deuda que, según la provincia de Buenos Aires, mantiene la Nación con el distrito.
El gobernador también cuestionó el aumento del endeudamiento externo y advirtió sobre las dificultades para afrontar los vencimientos previstos para el próximo año. “La deuda creció en más de 36 mil millones de dólares y el año que viene vencen cerca de 47 mil millones. No sabemos cómo se van a pagar”, alertó.
Por último, rechazó el argumento del oficialismo de que se redujeron los impuestos y criticó el eslogan libertario de que “el ajuste lo pagó la casta”.
“La realidad es que el ajuste lo pagaron los jubilados, los trabajadores, los científicos, los docentes y los médicos. Mientras tanto, la casta sigue viajando en avión presidencial muy tranquila”, ironizó el mandatario.
CRM

La Albiceleste enfrentará al seleccionado centroamericano el próximo martes 31 de marzo en Argentina y será la oportunidad para que el público argentino pueda despedir al equipo de Scaloni antes del Mundial. La sede elegida es la cancha de Boca.
Tras la cancelación oficial de la Finalissima, la Selección Argentina apresuró las gestiones y logró llegar a un acuerdo para enfrentar el próximo martes 31 de marzo a Guatemala, encuentro que servirá como despedida del país antes del Mundial 2026.
Ante la imposibilidad de utilizar el Monumental debido a que habrá un recital, desde AFA hicieron un pedido para jugar en La Bombonera, mismo escenario que en la antesala del Mundial de Qatar 2022.
A falta del comunicado oficial, lo cierto es que Boca aceptó el pedido y prestará su cancha para recibir el último encuentro del seleccionado nacional previo a la Copa del Mundo, dado que los encuentros en la ventana de FIFA en junio serían ya en Estados Unidos y con los 26 convocados para defender la corona obtenida en Lusail.
Se espera que el juego se viva como lo fue la recordada goleada a Venezuela, encuentro por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 que también significó como despedida del país y se vivió con gran euforia por parte del público presente en Brandsen 805.
Desde un principio se descartó la chance de que el encuentro tenga lugar en cancha de River. Más allá de que el equipo de Eduardo Coudet no competirá como local, la cancha estará reservada por la histórica banda AC/DC, que brindará su tres funciones: 23, 27 y justamente el 31 del mes.
El último partido de la Selección Argentina en La Bombonera no representa un antecedente favorable, ya que fue la derrota 2-0 a manos de Uruguay por la quinta fecha de las Eliminatorias, encuentro disputado noviembre del 2023. La primera derrota tras la obtención de la Copa del Mundo.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no oficializó la venta de tickets. Si tenemos en cuenta encuentros anteriores, se espera que las entradas se empiecen a vender una semana antes del encuentro, o sea, el martes 24/3 pero habrá que esperar. Lo que sí es un hecho es que se podrán adquirir a través de deportick.com; por cada usuario se venderán hasta cuatro entradas generales.
Si tomamos en cuenta el precio de las entradas frente a Venezuela, el pasado 4 de septiembre y por las Eliminatorias, los valores serían:
NB