La Caldera

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Verso y reverso en el vínculo entre Milei y "los dueños del poder"

El “patrimonialismo” es materia de estudio de Fernando Haddad. En 2016, mientras se desarrollaba el proceso de destitución de Dilma Rousseff, el actual ministro de Economía de Brasil y excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores enmarcó sus efectos:

“Un gran equívoco del PT sería éste: subestimar el carácter patrimonialista del Estado brasileño. Hay un error en hablar de corrupción sistémica o de lobby en Brasil. La corrupción en el país es más grande que sistémica, y es el corolario de nuestro patrimonialismo. Afirmar que la corrupción, aquí, es sistémica puede dar la impresión de que sería posible un patrimonialismo no corrupto”

Continuó Haddad, referente de la izquierda universitaria de su país, citado en el número de enero de la revista Piauí.

“No hay lobby en el patrimonialismo. El lobby supone por lo menos dos lados, si no en una mesa cuadrada, por lo menos en un mostrador. En el patrimonialismo, el poder político es el poder económico —‘los dueños del poder’, en la definición de Raymundo Faoro—que se sientan a una mesa redonda. No se distinguen los lados. En un contexto como ése, no hay víctimas, excepto los que no están a la mesa; hay negocios”.

La figura de los “dueños del poder”, en cuanto a un poder político indistinguible del económico, es esencial para comprender parte de la historia latinoamericana. En algunos países, la alternancia en el manejo del Estado se entiende por diferencias internas de la elite, e incluso familiares. No es sólo una cuestión de las naciones más pobres de América.

En Chile, cuarta economía de Sudamérica, la Unión Democrática Independiente (UDI), uno de los dos grandes partidos legados por el pinochetismo —ahora son varios más—, es referida como la formación “gremialista”. Su mentor, el ultraderechista Jaime Guzmán, creó en la década de 1960 el concepto para sintetizar a los “cuerpos intermedios de la sociedad”, “despolitizados”, “técnicos”, entre ellos, las representación empresarial. Eso, en los papeles de la cátedra de la Universidad Católica de Chile. Con la deriva del pinochetismo y la UDI, el lenguaje político afinó la idea. El “partido gremialista” pasó a ser inequívocamente el de la elite económica vinculada al Opus Dei y los Legionarios de Cristo.

Con el correr de la democracia, el otro partido de naturaleza pinochetista, Renovación Nacional (RN), compartió la representación de los intereses del empresariado. A la hora de la propuesta, la educación le tocaba al dueño de la universidad privada más lucrativa; la salud, al de la clínica más importante de Santiago. De hecho, el único presidente de derecha electo por voto popular desde el retorno de la democracia hasta 2025, Sebastián Piñera (RN), era uno de los empresarios más acaudalados del país.

La hora de los CEOs

La historia “patrimonialista” fue distinta en Argentina. La identidad común entre las elites económica y política funcionó hasta que dejaron de cometer fraude electoral. El voto libre consagró primero a la UCR y luego al peronismo. La línea de tiempo de ambos movimientos albergó vertientes a izquierda y derecha, liberal-conservadoras, de centro, socialdemócratas, más allá y más acá. No fueron partidos de “dueños”. Sus dirigentes del siglo XX, nacidos mayormente de la clase media, las universidades públicas, la inmigración y los sindicatos, negociaron, confrontaron, pactaron, se dejaron infiltrar, se corrompieron y fueron víctimas del “poder real”. En la definición del brasileño Haddad, el lobby actuó sobre los dos partidos mayoritarios, pero la democracia argentina no fue “patrimonialista”. Grosso modo, hubo una mesa cuadrada, con partes en relativa tensión. Claro que el acceso de los dueños a las sillas gubernamentales encontró atajos con las dictaduras. La última —la genocida— elevó a Martínez de Hoz como una cara indisociable del poder agrario y financiero.

El ascenso de Mauricio Macri marcó un punto de inflexión en democracia. Se trató de un apellido icónico de la “patria contratista”, aunque de relación conflictiva con sus pares. No accedió tanto una “clase” como el proyecto cuentapropista de un gran empresario, metódico, que empezó por Boca Juniors y terminó en Casa Rosada. Antes que con “dueños”, el fundador del PRO llegó al Ejecutivo junto a directivos de empresas, ONG y vertientes más o menos innovadoras de la derecha.

A los CEOs del Gobierno de Macri les habría venido bien comprar un jean en la peatonal de Berazategui

La etiqueta “Gobierno de los CEOs” agradó al macrismo como símbolo de profesionales exitosos en el mundo privado, de esos que nunca compraron un jean en Argentina y “se la jugaron por el país”. Una teoría vulgar, propia de la radio que suena en el taxi, dijo que como Macri y su equipo eran millonarios, no tenían ningún otro interés que el buen gobierno. De hacer negocios personales, ni hablar.

La hora del soez

Faltó calle —les habría venido bien a los CEOs comprar un jean en la peatonal de Berazategui—; sobraron dogmas, pulsión por la deuda y lucro negociado del mismo lado del mostrador, o en la mesa redonda, describiría el brasileño Haddad. La frustración fue tan estrepitosa, que pudo presumirse que sería la última experiencia de un Gobierno de CEOs, pero Milei llegó para darle una vuelta de tuerca, recargada, con nuevo sentido.

El soez proclama a los cuatro vientos la victoria sanadora del salvajismo del capital sobre la “política inmunda”. La aventura tiene contornos patrimonialistas, pero tampoco es equiparable a la historia de las elites latinoamericanas, ni a la combinación de conservadurismo y “saber técnico” (gremialista, según el chileno Guzmán) de Macri.

Milei es el hijo maleducado de un empresario prebendario, que pasó por las aulas de la Universidad de Belgrano, protagonizó una pobre hoja laboral y tiene un tuit fijado que acusa al Grupo Clarín de extorsionar para hacer negocios. Acaba de declarar una supuesta guerra a “Chatarrín”, Techint, con argumentos similares.

Ambos grupos, Clarín y Techint, juegan en liga propia. El primero, por su prevalencia inusitada en el mundo de los medios, combinada en las últimas tres décadas con un poderío en el área de las telecomunicaciones que lo sentó a la mesa del gran capital como uno más. El segundo, por volumen de facturación, proyección internacional y cantidad de empleados. El conglomerado de Paolo Rocca tiene fierros que sobresalen en el firmamento argentino.

Julio Ramos tenía identificados en Ámbito Financiero a unos cuantos servidores públicos a los que aludía como diputado Clarín, ministro Clarín, sindicalista Clarín o juez Clarín

Hay periodistas y políticos que podrían ponerse a algunas de las dos empresas —Techint o Clarín—como un segundo apellido. Acaso el agronegocio como conjunto pueda competir en ese terreno. Por nombrar un ejemplo de poca monta, si alguien dijera Silvana Giudici de Clarín, nadie se alteraría.

Julio Ramos tenía identificados en Ámbito Financiero a unos cuantos servidores públicos a los que aludía como diputado Clarín, ministro Clarín, sindicalista Clarín o juez Clarín. Daba en el blanco. Algunos de los apuntados siguen en funciones.

La influencia de Techint transcurre por vías más discretas. Nunca se corroboró, por ejemplo, que el imperio de Rocca hubiera asistido a un grupo mediático conservador en una crisis financiera de principios de este siglo en un volumen tal que lo tornó socio de facto. Sin embargo, hay indicios inequívocos de su influencia. Existen medios y editorialistas que ponen la lucha del libre mercado contra el Estado elefantiásico en un altar. También lo hace Paolo Rocca, de allí la prodigalidad de sus alabanzas y su apoyo efectivo al ascenso de Milei. Bastó que Techint perdiera la primera licitación de construcción de caños de acero para la industria hidrocarburífera en muchas décadas, para que surgieran voces impensadas sobre la necesidad de ir de a poco, de no llevar al país a un suicidio en el camino al deseable fin del proteccionismo.

Caben las preguntas si el experimento de Milei podría definirse como un modo de patrimonialismo y cuánto tiene de real la puja del Gobierno ultraderechista con los poderosos Clarín y Techint.

La conformación del gabinete y el mecanismo de decisión gubernamental apuntan trazos de un poder económico sin intermediarios, algo así como un “patrimonialismo” clásico, pese al carácter plebeyo del propio Milei y de parte de su entorno (Karina, Spagnuolo, Lemoine, Pettovello, Gordo Dan). Las posiciones en Trabajo, Salud, Energía y Agro fueron delegadas a las respectivas industrias, lo que no las exime de intereses contrapuestos propios de cada sector.

La foto más nítida y acompasada es la del ministerio de Economía y el Banco Central, que bien podrían sintetizarse como una megacartera de Finanzas. El equipo surgió de diferentes camadas del JP Morgan que luego se volcaron a sus propios fondos de inversión y forjaron nuevas sociedades, dato crucial en un ciclo de financiarización de la economía internacional, en el que la renta se acumula sobre ingenierías financieras creadas para solventar otras ingenierías financieras —todo es comercializable, desde los despidos, el banco de horas de las enfermeras, el riesgo ambiental, los préstamos a insolventes—, y así hasta el infinito.

Delegación por ausencia

Milei es relatado por testigos como ausente de la gestión cotidiana. Esos testimonios y la mera observación de su utilización del tiempo denotan ensimismamiento en batallas de Twitter, sus perros, los premios vergonzantes que se hace entregar en Miami y Madrid, los whatsapps que les manda en tiempo real a los conductores de TN, LN+ y A24, y, si los tribunales lo demuestran, el 3% y oportunidades estilo $LIBRA que administraría su hermana.

Este diario informó tempranamente, antes de la asunción del economista de la Libertad Avanza en Casa Rosada, cómo los estudios jurídicos corporativos redactaban la que luego se conoció como ley Bases y el mega-DNU que encauzaron todo el mandato. Un puñado de bufetes, de esos que cobran cientos de dólares por hora, trabajaron desinteresadamente en beneficio del Estado. Otro ciclo de “jugarse por el país”.

Milei y el ministro Federico Sturzenegger dirían que ellos promueven el libre mercado mediante desregulaciones draconianas, hasta el punto de generar resistencia en nichos anquilosados, lo que sería lo contrario al gobierno de las corporaciones, al menos de la elite local.

El alcance de la sumisión pavloviana de la política exterior y comercial a los dictados del trumpismo —no sólo indisimulada, sino que festejada por el mileísmo— está por verse. Podría tratarse de un “patrimonialismo” con sede en otro país que, por las nuevas dinámicas tecnocapitalistas, prescinde algo de la elite local, nunca del todo. Es explícita la sintonía entre Milei y el tecnoempresario argentino más famoso, Marcos Galperín, que se traduce en la extensión de beneficios impositivos anuales por cientos de millones de dolares, cuya lógica económica es cuestionada incluso por miradas ortodoxas. Algunos avanzan —José Luis Manzano— y otros aparecen —Leonardo Scaturicce—. Por ahora, la apertura bajo normas estadounidenses es sellada en acuerdos anegados por el secretismo, que tienden a asfixiar la mera posibilidad de una producción industrial, científica y tecnológica local, aunque para ello está siendo más efectiva la motosierra que corta presupuestos clave y desfinancia la investigación.

Todo indica que la prioridad de la Casa Blanca es bloquear el comercio y los proyectos estratégicos con China. Sin embargo, los caños que amenazan a Techint son chinos o tienen componentes de ese origen. El tiempo dilucidará cuánto de la voluntad del trumpismo se corona, y cuál será la respuesta de Pekín, principal destino de exportaciones argentinas y una de las primeras fuentes de inversión extranjera.

El liderazgo del grupo que comanda Héctor Magnetto, impuesto por sofocación de la competencia, alcanza todos los formatos de medios. El negocio del infoentretenimiento está en plena reconfiguración y Clarín parece haber parado la pelota. En años recientes, se desprendió de emisoras del interior del país y cerró productos digitales y gráficos.

Con la dictadura, Papel Prensa; con Alfonsín, Radio Mitre; con Menem, la televisión abierta y el cable; con Néstor Kirchner, el virtual monopolio de la TV paga y un avance decisivo en provisión de internet; con Macri, el salto a Telecom, nueva escala económica.

Forcejeos en grado de tentativa

Llegó Milei. Hay presuntos forcejeos. Existen el prime time de TN y la radio para la barricada oficialista y las tapas del diario y la web que se dedican a tapar antes que a informar; pero también las columnas críticas de Marcelo Bonelli, investigaciones como la reciente sobre $LIBRA y otros contenidos que aparentemente enojan al irascible.

El interés primordial de Clarín en los años de Milei es la compra de Telefónica por parte de Telecom, lo que le otorga dominio en el mercado de telefonía móvil y consolida la preeminencia en internet y TV paga: inaprobable con cualquier criterio de libre competencia.

Milei fijó el tuit “la gran estafa argentina”, enojado con la pretensión de Clarín, pero su Gobierno, en los hechos, habilitó la fusión, que marcha viento en popa. Telecom y Telefónica unificaron balances, management y criterios comerciales. Aunque hay un expediente abierto en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, cada día que transcurre, la operación se torna más irreversible. En la hipótesis de que en algún momento se termine el pacto evidente que habilita contenidos de odio oficialista en segmentos centrales del grupo, los tribunales podrán dar curso automático a las previsibles cautelares, y los años pasarán.

Existen el prime time de TN y la radio para la barricada oficialista pura y dura, y tapas del diario y la web que se dedican a tapar antes que a informar; pero también las columnas y contenidos que aparentemente enojan al irascible mandatario

La pérdida de mercado en el segmento de caños sin costura y la provisión de acero en general puede significar un duro golpe para Techint, que ningún Gobierno se atrevió a habilitar. Sin embargo, el conglomerado de Rocca tiene otro pilar en el negocio de los hidrocarburos con Tecpetrol. Es uno de los tres principales productores de gas en Argentina y está camino a serlo también en petróleo.

A Techint le corren las generales de la ley, con una Secretaría de Energía volcada a aprobar adhesiones al régimen de grandes inversiones (RIGI) que benefician principalmente a empresas locales: YPF, Pan American Energy (Bulgheroni), Tecpetrol, Pluspetrol y Pampa Energía (Mindlin). Algunos de esos proyectos ya habían sido anunciados antes de la asunción de Milei en Casa Rosada. Con una rebaja excepcional de impuestos y libre acceso y disponibilidad para girar utilidades al exterior, los grandes jugadores locales están encantados con el RIGI y van por más.

En evaluaciones de firmas internacionales, hay segmentos de la producción de gas y petróleo en Argentina en los que la carga impositiva ya está entre las más bajas de América Latina, aunque siguen siendo un problema el costo de financiamiento y la logística. La Secretaría de Energía anunció que planea extender los beneficios del RIGI a toda la producción de gas y petróleo. Maná del cielo que hace un tiempo no barajaba el accionista petrolero más optimista.

Tecpetrol le suma un apéndice de negociación que pasa por debajo del radar. En 2019 entabló un juicio al Estado por un supuesto cambio en las reglas de juego para el pago de un subsidio para la producción de gas en Vaca Muerta, dispuesto por el Gobierno de Macri en 2018, cuando se le quemaron los papeles. Entre 2016 y 2020, la empresa de Rocca invirtió US$1.900 millones en su proyecto de gas Fortín de Piedra y recibió US$1.500 millones de subsidio. Pretende otros US$640 millones por vía del reclamo judicial.

¿La defensa legal del Estado estará actuando como corresponde ante un reclamo de esa magnitud?

SL

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Inflación bajo sospecha: al INDEC en discusión se suman las demoras y tensiones en el IPC porteño

La crisis estadística que desencadenó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC no se limita al plano nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, el instituto de estadísticas (IDECBA) difundió recién este viernes el calendario de publicaciones de febrero, con el mes ya avanzado, y sigue sin presentar el cronograma anual que históricamente se publica a comienzos de año. El organismo porteño fue una de las referencias utilizadas durante la intervención del INDEC entre 2007 y 2015, junto con mediciones privadas y provinciales.

La demora del ente porteño tiene como explicación inmediata un conflicto gremial abierto. ATE-Estadística denuncia que la Jefatura de Gabinete porteña no renovó los contratos anuales de todo el personal contratado del organismo, que representa cerca del 30% de su planta. El impacto se siente no solo en la publicación tardía del calendario. También con la activación de un plan de contingencia que incluye capacitar a trabajadores de planta permanente, incluso choferes y ordenanzas, para sostener los relevamientos de precios y costos en un contexto de paro, denuncia ATE. Trabajadores del organismo alertaron a elDiarioAR acerca de la posibilidad de que el dato de inflación se publique con un informe más corto.

Pero, como ocurre con el INDEC, el problema también es político. Desde 2024 el área de estadísticas dejó de depender de Hacienda y pasó a funcionar como instituto bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, entonces a cargo de Néstor Grindetti. José María Donati, que llegó a la conducción de la mano del ex jefe de Gabinete, quedó en una posición frágil desde su renuncia a principios del año pasado. Entre los trabajadores crece la hipótesis de que el gobierno porteño busca colocar a un dirigente propio al frente del instituto. 

El costo de un IPC desactualizado

En el edificio de Diagonal Sur el clima interno tras la salida de Lavagna es de asombro. Así lo describe Raúl Llaneza, secretario general adjunto de ATE-INDEC y encuestador con más de 36 años en el organismo : “Nos sentimos abrumados por esta interferencia política en un organismo que debería ser técnico. Hay mucha incertidumbre”, dice.

Puertas afuera, la discusión técnica sobre la nueva metodología de inflación tiene efectos concretos y medibles sobre ingresos, contratos y activos financieros. 

La consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, calculó que si la inflación se hubiera medido con las ponderaciones y la canasta que resultó de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017, en 2024 –año de fuertes aumentos tarifarios– el IPC habría sido 16,1 puntos más alto. Para el 2025, año electoral y sin tarifazos, la diferencia sería de apenas 0,4 puntos. Con matices, otras estimaciones privadas se mueven en ese mismo rango. Esto implica que la mayoría de los ingresos y activos que se actualizan por inflación serían entre 17% y 18% más altos.

Desde abril de 2024, la fórmula de movilidad jubilatoria incorpora la evolución del IPC. Si el índice subestima la inflación, el recorte es automático. Lo mismo ocurre con la AUH y otras prestaciones de la Anses. La diputada y directora del CEPA Julia Strada calculó una pérdida de nueve puntos adicionales de poder adquisitivo para el trimestre octubre-diciembre de 2025, comparado con el último trimestre de 2023.

Pese a ese daño, no parece haber margen judicial para reclamos masivos. “No hay argumentos jurídicos sólidos para reclamar esa diferencia. Por un lado, porque la actualización de la fórmula es una potestad del INDEC. Pero, sobre todo, no parece haber un clima en la Justicia propicio para este tipo de reclamos”, explica a elDiarioAR el abogado previsional Federico Bobrovsky y recuerda el antecedente de la Corte Suprema que falló a fines del año pasado contra una demanda por la pérdida de ingresos que supuso el empalme de la fórmula durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el mundo del trabajo, el ruido se amplifica. Desde la CGT admiten que un IPC poco confiable desordena la negociación paritaria. “Ya veníamos diciendo que el índice no refleja la situación real de los trabajadores”, explican y adelantan la idea de construir un observatorio propio con apoyo académico. “En los hechos, muchos acuerdos ya se cerraban tomando referencias privadas, siempre un punto por encima del IPC oficial. Los sindicatos estatales, en cambio, siguen más atados al número oficial”, explican a este diario.

La incertidumbre también alcanza a la reforma laboral. Uno de los artículos clave establece que las indemnizaciones deben actualizarse tomando como referencia el IPC más un 3%. Con un índice cuestionado, los jueces ganan margen de discrecionalidad, se traban acuerdos previos y se multiplican los juicios. 

Por el lado de los activos, la actualización por inflación atraviesa bonos, plazos fijos y créditos hipotecarios UVA, y hasta a la propia estrategia de financiamiento del Tesoro. “El Estado se financia ofreciendo instrumentos a tasa fija, ajustados por inflación o por tipo de cambio. Si el IPC pierde credibilidad, cae el atractivo de los instrumentos ajustados por inflación y eso reduce la liquidez”, explica Guido Zack, director de Economía de Fundar.

Dar un crédito UVA se vuelve un salto al vacío: si el índice queda por debajo de la inflación real, el banco pierde; si se cubre subiendo la tasa, el crédito se vuelve impagable. El resultado probable es menos hipotecas, menos acceso a la vivienda y menos actividad en la construcción. En paralelo, los bonos ajustados por inflación pierden atractivo

“Uno conoce el daño inmediato, pero no sabe dónde termina”, sentencia Zack.

El derrotero del INDEC

El primer indicio de tensión interna fue la renuncia de dos directores clave en agosto del año pasado: Georgina Giglio, directora del Índice de Precios, y Guillermo Manzano, responsable de Condiciones de Vida y de la Encuesta Permanente de Hogares. Unos meses después, en diciembre, la discontinuación de estadísticas de turismo bajo el argumento de que “no daban bien”. 

Más de una década atrás, el INDEC ya había atravesado una crisis profunda. Entre 2007 y 2015, el organismo fue intervenido y el índice de inflación quedó bajo control político, lo que obligó a recurrir a mediciones privadas y provinciales como referencias alternativas. Para Raúl Llaneza, secretario general adjunto de ATE-INDEC, la comparación con aquel período sirve para marcar una diferencia clave: “El objetivo es el mismo, condicionar el índice con intención política, pero el método es distinto. Entonces hubo manipulación directa, con patotas dentro del edificio; hoy la injerencia pasa por la autonomía del organismo”.

Zack coincide en ese matiz. No hay pruebas de manipulación del relevamiento de precios, y esa es una diferencia clave. “Mientras los precios se sigan midiendo, el daño es reversible”, explica. Sin embargo, la violación del secreto estadístico que quedó demostrado con las declaraciones públicas de funcionarios anticipando el nivel de enero es alarmante.

NR/MG

Pablo Grillo vuelve de a poco a su casa mientras el gendarme Guerrero está a un paso del juicio oral

“Va todo muy rápido”. Pablo Grillo viaja por primera vez en la camioneta de su padre desde que recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en su cabeza durante la represión del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso. Pese a su mejoría física después de nueve operaciones, sigue conmoviéndose por lo que vive y por lo que recuerda. En el trayecto desde el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca hasta su casa en Escalada, partido de Lanús, lo que ve a través de la ventanilla pasa para él “muy rápido”: semáforos, peatones, la luz del día, el retorno a una cotidianidad que parecía muy lejos.

El sábado 31 de enero, el fotorreportero de 36 años pasó la primera noche en diez meses fuera de un hospital. Cuando llegó a su domicilio se encontró con su familia y pasó el día allí. No quiso salir a caminar por el barrio ni visitar conocidos, pero sí durmió solo, junto a su perro Tupac, en el departamento contiguo a la casa de sus padres. Fue el primer fin de semana de muchos que podrían venir.

“Pablito está mucho mejor. La curva es rápida y ascendente, los médicos están muy contentos. Las salidas son parte de la rehabilitación. Es empezar a volver a lo habitual, a la cotidianeidad. Periódicamente va a ir saliendo del Rocca y la idea es que llegue el momento de quedarse en casa y que el hospital sea solo de día”, dice su padre, Fabián Grillo.

Las salidas transitorias coinciden casi con el primer aniversario de la agresión que recibió por parte del gendarme Héctor Guerrero. Pronto podría haber más novedades: el expediente en el que está procesado el efectivo de la fuerza federal que conducía Patricia Bullrich está a punto de ser elevado a juicio oral, según supo elDiarioAR de fuentes con acceso a la causa. La investigación está a cargo de la jueza María Servini, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, junto al fiscal Eduardo Taiano. El procesamiento de Guerrero fue confirmado el 26 de diciembre de 2025 por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones. En el expediente solo resta completar un requerimiento médico puntual solicitado desde el juzgado a la Corte Suprema de Justicia para avanzar hacia la elevación a juicio.

El pendiente consiste en un pedido para que el Cuerpo Médico Forense realice un nuevo informe actualizado sobre el daño neurológico y el estado de salud de Grillo. Una vez incorporada esa evaluación, en el juzgado consideran que no quedarían medidas de prueba sustanciales por hacer. Posteriormente hay un tiempo procesal donde el pedido de juicio oral es recibido por la querella y la defensa del acusado –que puede apelar– y recien entonces se definiría una fecha de juicio oral y público.

Guerrero fue procesado el 7 de octubre de 2025 por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades –incluida la que impactó en Grillo–, todo agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva, aunque con un embargo de $203 millones, prohibición de salida del país y obligaciones de presentación periódica.

En su resolución, Servini dio por probado que Guerrero fue el autor del disparo de una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Grillo, y sostuvo que actuó de manera deliberada y antirreglamentaria, a sabiendas de que podía poner en riesgo la integridad física o incluso la vida de las personas que se encontraban frente a él. La jueza descartó además el argumento defensivo de que el gendarme no tenía visibilidad sobre los manifestantes y dejó acreditado que realizó al menos seis disparos horizontales hacia la multitud durante la represión.

La decisión fue apelada por la defensa, pero el 26 de diciembre de 2025 la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, confirmó por unanimidad el procesamiento. Los camaristas ratificaron que Guerrero fue el autor del disparo que hirió de gravedad a Grillo y de otros cinco disparos ilegales, y señalaron que los videos e imágenes incorporados al expediente muestran un patrón de comportamiento consistente con una conducta intencional.

Justo esta semana Bullrich respaldó públicamente el accionar del gendarme que hirió a Grillo, afirmando que “fue un tiro bien hecho” y relativizando las consecuencias del uso de la fuerza durante el operativo. La senadora y ex ministra aseguró que el Gobierno tenía información previa sobre la movilización y la calificó de “provocación”, defendió la actuación de las fuerzas y sostuvo que “las acciones correctas pueden tener consecuencias”. Para la ex ministra, el disparo fue una consecuencia del enfrentamiento y no una responsabilidad directa del efectivo, contrariamente a lo que señalan peritajes técnicos incorporados a la causa, que concluyeron que el arma no se usó conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Pero los dichos de Bullrich podrían tener consecuencia futura. En su voto, que confirmó el procesamiento de Guerrero el camarista Boico fue más allá y reclamó que se profundice la investigación sobre la cadena de mando del operativo represivo: el diseño del procedimiento, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas, entonces a cargo de Bullrich. “Los hechos que aquí se investigan exigen una profundización relativa a las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo”, sostuvo.

La Cámara también incorporó una mirada alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, al remarcar que el episodio ocurrió en el marco de una protesta social, un derecho humano central para la democracia, y que el uso de la fuerza estatal debe analizarse desde una lógica de protección de derechos y no de neutralización del conflicto social. La marcha frente al Congreso había sido convocada por jubilados, y se desarrollaba cuando las fuerzas de seguridad, entre ellas Gendarmería, Policía Federal y Policía de la Ciudad, respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.

La represión dejó gravemente herido a Grillo, pero también a Jonathan Navarro, que perdió la visión de un ojo por un impacto de una bala de goma por parte de un miembro de la Prefectura, que también está procesado. En estos meses Grillo conoció de a poco lo que le sucedió: su familia le contó a demanda los hechos del 12 de marzo pasado y vio con amigos el video del Mapa de la Policía que reconstruyó el tiro que recibió. Ahora está enfocado en su recuperación médica y pendiente de cómo se resuelva finalmente el destino judicial de su agresor. A menos un año, como él le dijo a su padre, “va todo muy rápido”.

MC/MG

Kicillof presidente (del PJ bonaerense): el nudo de la interna kirchnerista

El acuerdo se empezó a cerrar el miércoles, pero no fue hasta el sábado al mediodía que los negociadores del kicillofismo y La Cámpora se animaron a publicar el comunicado de prensa. Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense y, con su designación, comienza una nueva etapa para el peronismo en la provincia de Buenos Aires y de cara a las elecciones de 2027. Hasta último momento, sin embargo, predominó la desconfianza absoluta y, pese a la pipa de la paz, el nudo de la interna kirchnerista continúa condicionando la estrategia peronista para enfrentar a Javier Milei. 

El acuerdo de cúpulas fue solo posible por una certeza compartida: cualquier cosa era mejor que ir a una desgastante elección interna, y solo el nombre de Kicillof podía garantizar llegar al domingo, fecha límite para la presentación de las listas, con una propuesta unificada. El gobernador bonaerense, al principio, se resistió. Kicillof quería comenzar a construir su proyecto presidencial durante 2026 y la silla del PJ local, que Máximo Kirchner ocupaba desde 2021, lo volvía a arrastrar al pago chico. 

El gobernador prefería que el lugar quedara en manos de una dirigente de confianza, como la vice Verónica Magario. Su único objetivo era asegurarse que el PJ bonaerense no le generaría dolores de cabeza cuando comenzara a proyectar su aventura presidencial. Es decir: que Kirchner le cediera el espacio a un dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación que Kicillof creó hace más de un año para consolidar su emancipación de Cristina Fernández de Kirchner. No le había caído bien, además, que Máximo le hubiera “ofrecido” el lugar a través de un off en los medios. Para el círculo chico del gobernador, la propuesta del líder de La Cámpora había sido una provocación destinada a “romper todo”.

El nombre de Magario, sin embargo, no lograba generar el consenso suficiente. Ni para La Cámpora ni para el Movimiento Evita, que estaba candidateando a la intendenta Mariel Fernández. Los delegados de Kicillof –“Carli” Bianco, Gabriel Katopodis y Andrés “Cuervo” Larroque“– se reunieron, durante cuatro días seguidos, con los delegados del cristinismo –el propio Máximo, a veces, y Facundo Tignanelli, Alejandro Dichiara y Federico Otermín– y negociaron hasta sellar la unidad. Lo más difícil no fue convencer a Kicillof –que cedió ser él si significaba que tenía el respaldo de todo el panperonismo–, sino cerrar los lugares de abajo. 

El problema era la foto del día después. Los dos sectores coincidían en que había que finalizar la disputa interna para poder comenzar a enfocarse en ser oposición a Milei. Pero ninguno quería quedar, el lunes, como que había perdido la pulseada interna. 

El kicillofismo no quería que pareciera que el gobernador quedaba como líder de “un partido prestado”. Exigía que, además de la conducción, le dieran la vicepresidencia y la secretaría general. Así como la mitad más uno de los consejeros. “La foto final tiene que dar a un Axel empoderado, conduciendo y rodeado de dirigentes de confianza. Si no es imposible”, admitió, entre reunión y reunión, uno de los emisarios que convenció al gobernador para ocupar la conducción. 

El kirchnerismo, en cambio, exigía la mitad de los lugares. Exigía, tras el paso al costado de Máximo, una distribución equitativa que permitiera dejar una imagen de equilibrio. Aunque solo fuera para afuera. 

Finalmente, se acordó que la vice presidencia 1era quedaría para Magario y la secretaría general para Mariano Cascallares, como pedía el kicillofismo. La segunda presidencia quedará en manos del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la presidencia de la Junta Electoral será del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. La presidencia del Congreso partidario, mientras tanto, quedará en manos de Máximo Kirchner. 

El nudo de la interna bonaerense

“Son un concurso de boludos”, masculla, indignado, un peso pesado del PJ nacional con terminales en el cristinismo y el kicillofismo. La irritación del panperonismo federal fue una constante durante el último mes de negociación por la presidencia del PJ bonaerense: una furia indignada que se dedicó a denunciar, puertas adentro y siempre en off the record, cómo el nuevo capítulo de la interna fratricida kirchnerista encerraba la discusión opositora en las fronteras de la disputa bonaerense. 

El temor, para una parte importante de la dirigencia peronista, es el día después, cuando Kicillof comience a conducir el PJ provincial y, pese a todo, la disputa interna por el liderazgo continúe sin resolución. “Son tres borrachos que se pelean porque les da de comer. Máximo tendría que haber resuelto esta discusión el año pasado, pero no, estamos encerrados hablándole a los propios cuando deberíamos estar convenciendo a los del medio”, se queja un referente del massismo que, como el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, decidió no participar, esta vez, en la interna entre CFK y su ex hijo político. 

En el ala kicillofista, que pretende liderar la alternativa opositora en 2027, argumentan que este es el último paso. Que una vez que el gobernador ocupe la conducción del PJ bonaerense podrá ordenar al peronismo detrás suyo para empezar a recorrer el resto de las provincias y, finalmente, empezar a dialogar con otros partidos para armar un frente amplio que le compita a Milei. “Veníamos de demasiada horizontalidad. Esto antes lo organizaba Cristina, pero ahora ya no puede. Axel necesitaba posicionarse para empezar a ordenar detrás suyo porque si no ningún gobernador se lo iba tomar en serio”, reflexiona un dirigente del MDF. 

En el cristinismo, mientras tanto, esperan que, una vez resuelta la disputa local, se pueda empezar a mirar para 2027. Todavía no tienen candidato, pero aspiran a tenerlo. Al menos para negociar: CFK no conduce más, pero conserva intacto su poder de daño. Y pretende utilizarlo para condicionar la propuesta electoral. Son cada vez menos, sin embargo, los que imaginan un desenlace favorecedor si no se resuelve antes la disputa interna. 

“El peronismo está atrapado en la interna de Tapalqué. Y si no la superamos va a ser muy difícil ganar la Provincia en 2027. Y sin la Provincia no poder ganar la presidencial”, reflexiona, resignada, una de las principales dirigentas del cristinismo.

MCM/CRM

Reforma laboral: los gremios “heridos” de la CGT en una interna sindical en la que no gana nadie

Si algo dejó en evidencia la estrategia de la CGT es que los gremios “heridos” que querían un paro general y no lo consiguieron no se encuentran muy lejos, en ese malestar, del resto de los sindicatos, que lograron hacer primar una posición de mayor moderación ante el tratamiento de la reforma laboral que tendrá lugar el próximo miércoles en el Senado.

La central obrera volvió a mostrar una fractura marcada entre los gremios más duros, que empujan por un paro de actividades y por una posición más confrontativa contra el Gobierno, y el ala “dialoguista”, que apuesta a que sea la propia “política” y las instituciones de la democracia las que frenen una reforma que consideran a todas luces regresiva.

Sorprende encontrar, en estos últimos, al camionero Hugo Moyano, que justamente supo hacer gala en los ‘90 de una posición de confrontación interna con la CGT del menemismo, en una postura que lo llevó incluso a romper con aquel status quo para conformar el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA).

Lejos de aquella versión, y más cerca del retiro que de un sindicalismo activo –tiene 82 años–, el padre del clan Moyano apuesta a la negociación y al diálogo con los actores del poder para conseguir poner (algunos) límites a la avanzada del Gobierno sobre el sistema laboral argentino. Se diferencia en esto de su propio hijo Pablo, que desde los márgenes de la CGT propulsa un choque abierto.

Así, mientras Hugo maneja a discreción a Octavio Arguello, el dirigente camionero que integra el triunvirato de la central obrera junto a Jorge Sola (Sindicato del Seguro) y Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Pablo busca agitar las aguas con el recuerdo de la frustrada reforma laboral que en 2017 pretendió impulsar Mauricio Macri. En aquella oportunidad, les dice el más confrontativo de los Moyano, no hicieron falta tantos gremios para hacer caer el proyecto.

Otros de los sectores “heridos” tras la decisión de no concretar un paro nacional el día que se trate la reforma en el Senado fue el de Juan Carlos Schmid, jefe de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

El dirigente, que supo ser uno de los triunviros de la central en tiempos del macrismo, pidió una medida de fuerza para el miércoles próximo, pero su posición fue desestimada por la mayoría. Lo mismo le pasó a Sebastián Maturano, secretario gremial de los maquinistas de La Fraternidad e hijo de Omar Maturano, y quien tampoco fue debidamente escuchado.

“Maturano quería incluso un paro de 24 a 48 horas para cuando el Senado tratara la reforma”, apuntó ante elDiarioAR una fuente que participó de la reunión del consejo directivo cegetista del viernes último.

Como fuera, la CATT, La Fraternidad y Camioneros se unen al elenco de decepcionados que ya conforman gremios más combativos como la UOM, Aceiteros y los pilotos de APLA, que de todos modos decidieron no quedarse de brazos cruzados: los metalúrgicos harán paro el mismo miércoles desde las 10 para permitir que sus afiliados puedan marchar al Congreso.

Junto a estos gremios y otros sectores externos como las dos fracciones de la CGT, la UOM ya había motorizado la semana pasada una marcha en Córdoba y concretará otra el martes, un día antes del tratamiento de la ley, en la ciudad de Rosario.

El peso de la mayoría

Pese a la efusividad de ese sector, la posición mayoritaria es otra y Jorge Sola y Cristian Jerónimo, que llevan las riendas del diálogo institucional de la CGT, apuestan por la negociación y el “cabildeo” para ganar tiempo. Los acompaña en esa estrategia un peso pesado como Andrés Rodríguez, jefe de los estatales de UPCN y uno de los que llevó la voz cantante de la moderación en la reunión del consejo directivo del viernes.

Ese sector no quiere apurar un nuevo paro, que sería el cuarto en la era libertaria, por una cuestión táctica: en sus cálculos, la medida perdería fuerza y luego serían tildados de “débiles”. Y Rodríguez aporta otra cuestión para nada menor: “El clima social no está para que nadie pierda el salario por parar”.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes de la mesa chica de la central, la estrategia de los “dialoguistas” pasa por apostar a la Cámara de Diputados, donde los sindicalistas creen que el oficialismo y sus aliados no conseguirán los números para aprobar la reforma. En el Senado ya dan por perdida la pulseada.

“Durante febrero no va a salir en Diputados, y una vez que hayamos pasado a las sesiones ordinarias ya será otra cosa”, se ilusionó ante este medio un operador sindical.

Y hay otro punto que entusiasma, aunque con reservas, a los sindicalistas. Un sector importante del consejo directivo cree que Javier Milei no buscará ir a fondo con la reforma y que La Libertad Avanza aceptará cambios en muchos artículos sensibles del proyecto. ¿La razón? En la CGT están convencidos de que el presidente libertario solo quiere mostrar que pudo ir a fondo allí donde sus predecesores no-peronistas, como el radicalismo y Macri, no pudieron.

“Es solo maquillaje para exponer al PRO”, se envalentonan en Azopardo, donde nunca dejó de haber contacto directo no ya con el secretario de Trabajo Julio Cordero sino directamente con Santiago Caputo. Para los ‘Gordos’, Milei se conformaría con apenas aparentar haber doblegado a la ‘casta sindical’.

La CGT se inclina entonces por ser la ‘punta de lanza’ de numerosos reclamos multisectoriales contra el Gobierno a lo largo del país. Si no se apuran, el sector conformado por la UOM y las CTA podría convertirse en un ‘nuevo MTA’ y fracturar de hecho el campo sindical. El escenario ideal para el Gobierno.

NP/MG