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El negocio de la limpieza que expone el costado menos visible del modelo Llaryora

Mientras Martín Llaryora intensifica sus reclamos a Javier Milei por la continuidad de las retenciones al agro y por una distribución más equilibrada de los recursos federales, en Córdoba comienza a tomar forma una trama de contrataciones públicas que expone el costado menos visible de su modelo de gestión. Detrás de tareas tan rutinarias como limpiar escuelas, desmalezar predios estatales o mantener los jardines de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), un reducido grupo de compañías acumuló en los últimos años contratos por decenas de miles de millones de pesos. Los registros muestran que los mismos nombres se repiten en Educación, Salud, Lotería y otras dependencias, configurando un circuito donde los servicios tercerizados y la estructura del poder político avanzan en paralelo.

La historia no es completamente nueva. En octubre del año pasado, elDiarioAR publicó una primera investigación que reconstruyó cómo el negocio de la limpieza se había transformado en una de las principales fuentes de recursos del poder provincial. Ese trabajo reveló la concentración de contratos en tres empresas: Servicios Drill S.A., Euro Clean S.R.L. y Pulizia S.R.L.. La novedad ahora es que nuevos documentos oficiales permiten medir con mayor precisión la magnitud del fenómeno y mostrar cómo el mismo esquema se expandió hacia otras áreas del Estado con montos aún más elevados.

Servicios Drill está asociada al empresario Rubén Alabi, un hombre de bajo perfil que en los últimos años expandió sus negocios más allá del rubro de limpieza. Fuentes del sector lo vinculan también con Fly Kitchen, dedicada a servicios gastronómicos y concesionaria del catering del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella, con operaciones posteriores en las terminales de las Cataratas del Iguazú y el Aeropuerto de Sauce Viejo.

Euro Clean, por su parte, está controlada por Mauro y Matías Martínez, dos empresarios con intereses también en el negocio inmobiliario cordobés. Mientras que Pulizia —o Kazaró, que es su nombre comercial— pertenece a Tomás Romero y a Lucas Dagatti, quien además preside la Cámara de Empresas de Servicios Generales y Afines (CASEGE), la principal entidad del sector en la provincia. Según comentaron ellos mismo en una entrevista con La Voz, la firma pasó de unos 600 a cerca de 1.500 empleados en los últimos años, en paralelo con la expansión de sus contratos con el Estado cordobés.

Las licitaciones

La magnitud del negocio puede medirse, en principio, en las licitaciones del Ministerio de Educación. Las licitaciones públicas Nº 01/2025 y Nº 02/2025, destinadas a la limpieza de escuelas de la capital y del interior, tuvieron un monto total preadjudicado de $105.365 millones por un plazo de 24 meses. Euro Clean fue la principal beneficiaria en Córdoba Capital con tres zonas adjudicadas por $31.607 millones. Servicios Drill obtuvo dos zonas por $23.320 millones y Pulizia una por $4.030 millones.

En el interior de la provincia, las mismas empresas volvieron a quedarse con buena parte de los departamentos adjudicados, consolidando su predominio en el sector. En el rubro señalan además que, en esa licitación, las tres compañías presentaron valores prácticamente idénticos por unidad de servicio y levemente superiores a los ofertados por otros competidores, un dato que alimentó cuestionamientos sobre el grado de competencia efectiva dentro del proceso.

El Ministerio de Salud ofrece un panorama similar. En la licitación de 2024 para hospitales, centros de atención primaria y otras dependencias sanitarias, el monto total preadjudicado alcanzó los $29.507 millones. Euro Clean recibió adjudicaciones por $10.854 millones; Servicios Drill por $4.472 millones; y Pulizia por $2.551 millones.

Las adjudicaciones de EPEC refuerzan esa tendencia. En julio de 2025, Servicios Drill obtuvo tres licitaciones electrónicas consecutivas para desmalezado y mantenimiento de espacios verdes en Río Ceballos, San Francisco y la zona norte de la ciudad de Córdoba. Pulizia, a su vez, fue adjudicataria de las zonas de Río Cuarto y Bell Ville. El negocio, de ese modo, excede la limpieza de edificios y se extiende al mantenimiento de predios y jardines en toda la provincia.

Requisitos y polémica

Uno de los aspectos más cuestionados por empresarios del sector son los requisitos técnicos y administrativos de los pliegos. En licitaciones recientes se exigieron dotaciones mínimas de 500 empleados registrados, múltiples certificaciones ISO y certificados de libre deuda emitidos por CASEGE, la cámara presidida por el propio Dagatti. Para competidores de menor escala, esas condiciones reducen sensiblemente las posibilidades de participación y consolidan la posición de las compañías con mayor estructura y experiencia en contrataciones estatales.

Por otro lado, también aparece apuntado el sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (SOELSAC), conducido por Sergio Fittipaldi, quien además lidera las 62 Organizaciones Peronistas en la provincia. En Córdoba aseguran que el gremio ocupa un lugar central en todo el esquema. “Interviene en la emisión de certificados de libre deuda para habilitar a las empresas 'amigas' y garantiza la paz social a cambio de flexibilización laboral”, denunció una fuente a elDiarioAR.

En el caso del artículo 35.1 de los pliegos del Ministerio de Educación, se estableció como condición excluyente que las adjudicatarias debían absorber a todo el personal que ya se encontraba prestando servicios, reconociendo antigüedad, categoría y carga horaria. Sin embargo, en distintas localidades del interior se registraron denuncias de operarias que aseguraron haber quedado sin empleo o haber sido desvinculadas sin continuidad laboral cuando ingresaron las nuevas contratistas.

El cuadro expone una paradoja: mientras el Estado provincial incrementó de manera sustancial el gasto en servicios tercerizados y consolidó a un grupo de empresas con capacidad para manejar contratos multimillonarios, la mejora económica no se habría traducido necesariamente en mejores condiciones laborales para quienes realizan las tareas de limpieza.

Operadores y funcionarios

Detrás de toda esta trama aparecen apuntados funcionarios y operadores con peso propio dentro del oficialismo provincial. Uno de ellos es Juan Manuel Cid, director del Banco de Córdoba y uno de los dirigentes de mayor confianza de Llaryora. Abogado de perfil técnico, con fuerte inserción en los tribunales y en los despachos más sensibles del poder cordobés, en el ecosistema político local se lo describe como el principal articulador político de este circuito: el hombre encargado de tender puentes entre empresarios y la estructura del poder provincial, con capacidad para destrabar gestiones y coordinar interlocutores en distintas áreas del Estado. Ese rol, sumado a su bajo perfil y a su influencia transversal, le valió el apodo de “el Caputito cordobés”, en alusión al asesor presidencial Santiago Caputo.

Otro nombre que surge en los registros es el de Néstor Rubén Alabi, tesorero general de la provincia y homónimo del empresario vinculado a Servicios Drill, la principal adjudicataria del rubro. Por la naturaleza de su cargo, su función se ubica en el plano administrativo: la Tesorería General ocupa un lugar estratégico dentro del circuito encargado de instrumentar y ejecutar los pagos del Estado.

En ese contexto, distintas fuentes del sector también mencionan la gravitación que tiene Guillermo Acosta, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador. Como ministro de Economía, Acosta representa el eslabón político y presupuestario de mayor jerarquía dentro de esa estructura, con influencia sobre las áreas responsables de autorizar desembolsos y administrar el flujo de fondos provinciales. Su salida temporal del gabinete, en abril, a partir de una licencia, coincidió con una reorganización interna del manejo del gasto y con la creación de un Consejo de Gestión Estratégica del Gasto destinado a supervisar las erogaciones públicas.

La concentración de las adjudicaciones no constituye, por sí misma, una irregularidad comprobada. Pero sí revela, al menos, un esquema en el que un número reducido de empresas logró consolidar una posición dominante en un rubro que moviliza recursos millonarios y atraviesa áreas sensibles de la administración pública. En la Córdoba que reclama a la Nación reglas más equitativas para el aparato productivo, los contratos de limpieza ofrecen una radiografía del modo en que los negocios y el poder político convergen alrededor del Estado.

PL/MG

Los ricos tributan el 25% de sus ingresos; la clase media, el 30% y los pobres, el 37%

Que a los ricos no les interese pagar impuestos puede llegar a resultar lógico. No salen a la calle y se topan con frecuencia con gente durmiendo en la calle, otros que los fuerzan a comprarles medias ni que les piden comprarles una leche en la entrada del supermercado. No van al hospital público ni pelean con la obra social ni la prepaga barata y sus copagos. No se educan en el ámbito público, aunque se nutren de los empleados que sí pasaron por sus aulas. No toman transporte público ni miran la agenda de espectáculos gratuitos. Y así es que se las ingenian para ser los que menos ingresos destinan a impuestos, a diferencia de las clases media y baja, que en menor o mayor medidas utilizan todos esos servicios del Estado.

En tiempos en que se discute que no haya fondos para las universidades, pero tampoco para remedios y prestaciones médicas, salarios de maestros y policías, frecuencias de colectivos y trenes o instalación de cloacas, esta semana el asesor senior del International Tax Observatory (ITO, las siglas en inglés del Observatorio Tributario Internacional) Vicente Silva, chileno residente en la ciudad sede de esta organización, París, presentó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) un informe latinoamericano que especifica cuánto tributa cada segmento social. Los datos demuestran que el 1% más rico de los argentinos paga de impuestos sólo el 30% de sus ingresos, casi lo mismo que la clase media, que abona el 29% y menos que los pobres, que destinan el 37%. Incluso el 10% más rico tributa menos: el 25%. Es decir, los ultramillonarios pagan igual que las familias de ingresos medios, pero más que los apenas menos ricos, quizás por el impacto del ahora licuado impuesto a los bienes personales.

“El sistema argentino cobra mucho impuesto cuando la gente consume: cuando compra comida, remedios, ropa o paga el transporte, paga el IVA”, comienza a explicar Silva. “Y como los hogares de menores ingresos gastan casi todo lo que ganan en consumo básico, una parte muy grande de sus ingresos se va en impuestos. Y con los más ricos pasa lo contrario: como consumen una parte mucho menor que su ingreso, el IVA les pesa muchísimo menos. Después pagan otros impuestos, pero no lo suficiente para compensar esa diferencia”, advierte el investigador con un posgrado en la London School of Economics, la escuela de economía de Londres.

“Pero el problema más fuerte se da en la cima: el 0,01% más rico de Brasil y Chile -en la Argentina no están los datos disponibles- pagan tasas efectivas de impuestos que son la mitad que el resto de la población”, advierte Silva. ¿Por qué? “Básicamente porque retienen utilidades dentro de sus empresas y mientras no las distribuyan, no generan ingresos que puedan gravarse. En ese tramo de la sociedad prácticamente no se cobra impuesto a la renta (ganancias)”, advierte el experto.

La Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, apoyó la investigación del ITO y su directora de asuntos económicos en la Argentina, María Julia Eliosoff, agrega que ha quedado comprobado que los grandes millonarios en el mundo usan las tarjetas corporativas para sus gastos personales y suelen usar la ingeniería financiera para evitar la tributación en los países donde más impuestos se pagan. Pero no sólo eso: en Latinoamérica el gravamen que más recauda es el IVA y en Europa, Ganancias. En la Argentina, el IVA supone el 40% de lo recolectado y Bienes Personales, el 1,3%, señala Eliosof, que también integra el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

“Esta es una discusión entre desigualdad y democracia: es un problema para la democracia que haya grandes mayorías que reclaman mientras se concentra el poder en pocas manos, grupos de ricos con más poder que los estados”, añade la experta de la Ebert. Politólogos como Vicente Palermo o Roberto Gargarella también aluden a los problemas que las desigualdades provocan en las democracias por esa misma concentración de poder.

“En la Argentina sólo seis personas, los milmillonarios, poseen más de US$20.000 millones e incrementan su fortuna a un ritmo que va alrededor del 8% anual y lo hacen gracias a las rutas, los puertos y el capital humano que se forma en las escuelas y las universidades públicas y que son pagadas con los impuestos de todo el resto”, advierte Silva. Esos seis son, según el informe, las de Marcos Galperin (de Mercado Libre, con US$ 7.200 millones), Alejandro Bulgheroni (de Pan American Energy, PAE, con 5.100 millones), Eduardo Eurnekian (de Corporación América, con 4.800 millones), Eduardo Costantini (de Consultatio, con 1.300 millones), Delfín Carballo (del Banco Macro, con 1.000 millones) y el italiano residente en Buenos Aires Paolo Rocca (de Techint, con 7.300 millones). Por cierto, ni Galperin ni Bulgheroni viven y tributan acá sino en Uruguay.

“Tras años de alta inflación, deterioro del poder adquisitivo y fuerte inestabilidad macroeconómica, el debate tributario en Argentina se ha reordenado en torno a la estabilización de las cuentas públicas y a la contención de los precios”, contextualiza el reporte. “Desde que asumió, el actual gobierno lo ha hecho principalmente mediante recortes en el gasto público, incluidos programas destinados a financiar políticas sociales. En paralelo, se ampliaron las exenciones y los alivios fiscales para los sectores de mayores ingresos”.

“Este giro ocurre en un país que combina una presión tributaria relativamente alta en comparación con los estándares regionales —27,8% del PBI—, pero por debajo del promedio de los países de la OCDE (34%)”, se refiere a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que integran en general países ricos. “Argentina necesita una reforma fiscal que corrija las regresividades del sistema actual. La pregunta no es si Argentina debe abrir una discusión sobre cómo gravar mejor la riqueza extrema, sino cómo hacerlo con un diseño capaz de llegar donde los instrumentos tradicionales no llegan”.

“La evidencia muestra que los instrumentos convencionales tienen límites claros para gravar a los ultrarricos”, continúa. De ahí que surja la siguiente propuesta para toda Latinoamérica, el continente más desigual del mundo: un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a US$100 millones. “Se trata de un mecanismo diseñado para asegurar que las personas con grandes patrimonios paguen al menos un nivel mínimo de tributación sobre su riqueza total, independientemente de cómo estén estructurados sus activos o de cuánto logren reducir su carga tributaria mediante el impuesto sobre la renta. A diferencia de los impuestos patrimoniales tradicionales, el impuesto mínimo funciona como un piso: si los impuestos ya pagados sobre el ingreso y la riqueza no alcanzan ese umbral, se cobra la diferencia. Si los impuestos pagados alcanzan el umbral, no se debe nada adicional”, expone el ITO.

Un debate que aún está fuera del radar en un país donde el presidente Javier Milei considera que los impuestos son robos, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, alega que gasta su dinero pero oculta su origen, donde el jefe de la Agencia de Recaudación (ARCA), Manuel Vázquez, omite declarar su patrimonio real y donde uno de los varios legisladores libertarios que son empresarios, el jujeño Manuel Quintar, reivindica la batalla cultural en defensa de los ricos como él. Cada vez van quedando menos hombres de negocios como Víctor Fera, el dueño del mayorista Maxiconsumo, el único que defendió el impuesto extraordinario a las grandes fortunas en la pandemia con el argumento de que el dinero que él destinaba impuestos no le pertenecía a él sino a la sociedad que consumió en sus locales y que, por tanto, debía retornar a ella.

AR/CRM

Santiago Caputo enfrenta una etapa defensiva pero conserva el blindaje decisivo de Javier Milei

Durante varias semanas, Santiago Caputo pareció desvanecerse del centro de la escena. El escándalo que envuelve a Manuel Adorni absorbió la atención política y mediática de tal manera que el principal asesor de Javier Milei, hasta hace poco el personaje más observado del llamado triángulo de hierro, quedó relativamente fuera del radar. La paradoja es que la crisis que más inquietó a la Casa Rosada terminó ofreciéndole un inesperado respiro. Mientras ministros, legisladores y funcionarios dedicaban buena parte de su tiempo a defender al funcionario más cuestionado del gabinete, Caputo recuperó algo que en política suele ser tan valioso como el poder mismo: la posibilidad de operar lejos de los reflectores.

Pero la discreción nunca implicó retiro. En el ecosistema libertario nadie duda de que el asesor sin firma sigue ocupando un lugar decisivo en la arquitectura del poder. El viaje que realizó esta semana a Washington D. C. volvió a recordarlo. Más que una escala diplomática, la visita funcionó como un intento de demostración de que Caputo conserva uno de los activos más difíciles de sustituir dentro del Gobierno: el canal informal de interlocución con la administración republicana.

Sin embargo, más allá de los datos concretos que trascendieron, el verdadero significado de la travesía sigue envuelto en un margen de ambigüedad. Se sabe que Caputo participó junto al embajador Alec Oxenford de un evento en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que mantuvo reuniones reservadas con Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y con Michel Jensen, asesor de Seguridad Nacional de Trump para América Latina. También que ese encuentro con Mast resultó especialmente sugestivo por las recientes declaraciones del congresista sobre la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en las que advirtió que, luego de la asistencia financiera de US$20.000 millones de Estados Unidos a la Argentina, sería “inaceptable” que empresas norteamericanas quedaran al margen del negocio del dragado y de las vías navegables.

Pero, aun con esa agenda parcialmente reconstruida, subsiste una pregunta que algunos malpensados se hacen: ¿quién impulsó realmente la invitación al asesor si Donald Trump y buena parte de su gabinete se encontraba de visita en China? El propio Caputo intentó despejar cualquier tipo de dudas con un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que señaló que tanto Mast como Jensen “resaltaron la alianza estratégica con la Argentina basada en la confianza que tienen en Javier Milei y la búsqueda de profundizar esa alianza de manera ‘sistémica’”.

Aquel backchannel (la negociación extraoficial) construido por el asesor, de la mano del lobista republicano Barry Bennet —y la injerencia directa del polémico empresario Leonardo Scatturice en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés)—, es presentado por su entorno como una de sus obras más ambiciosas y, al mismo tiempo, como la prueba más tangible de su utilidad política. Según repiten cerca suyo, fue ese circuito paralelo el que permitió destrabar el préstamo que Trump le otorgó a Milei en septiembre del año y que ahora el congresista Mast quiere cobrarse. Un acuerdo que tuvo su correlato un mes más tarde, en la reunión que mantuvieron ambos presidentes en la Casa Blanca.

Para los detractores internos de Caputo, en cambio, aquella operación tuvo una segunda lectura menos altruista. Al convertirse en el arquitecto y custodio de ese vínculo reservado, el asesor no solo le habría resuelto a Milei uno de sus objetivos geopolíticos más ambiciosos, a pocas semanas de las elecciones nacionales en las que La Libertad Avanza triunfó. También, en los hechos, lo que terminó fue convirtiéndose en el dueño de una llave que ningún otro dirigente del oficialismo posee. Una jugada magistral para asegurarse que, cada vez que alguien ponga en duda su continuidad, deba preguntarse quién podría reemplazarlo sin arriesgar el puente directo con Trump. En esa zona gris entre el interés del Estado y la construcción de poder personal reside buena parte de su fortaleza.

Juegos de poder

En el plano político doméstico, la visita de Caputo a los Estados Unidos pudo leerse como una reafirmación de utilidad. ¿Fue también una forma de recordarle al resto del oficialismo que sigue allí, que conserva relaciones que nadie más puede ofrecer y que continúa siendo funcional a uno de los objetivos estratégicos más importantes del Presidente? Y, en sentido inverso, ¿es realmente cierto que en el gabinete nadie sabía de antemano que viajaría, o esa aparente sorpresa formó parte de la misma lógica de opacidad y centralización con la que el asesor suele administrar sus movimientos?

Pese a su actual repliegue relativo, Caputo nunca dejó de tener influencia en varios resortes clave del aparato estatal. Uno de ellos es el área de Salud, probablemente su principal caja dentro del Gobierno, un sector con capacidad de intervención y enorme peso presupuestario. A través de su vínculo con el ministro Mario Lugones, y de la participación de Rodrigo Lugones, su socio histórico, mantiene una presencia significativa en un universo donde se cruzan intereses públicos y privados de enorme magnitud. Sin embargo, la crisis que atraviesa el PAMI, con su delicada situación financiera y operativa, convirtió ese sector en uno de los frentes más sensibles de la administración.

La otra pata de su poder permanece en la inteligencia. Caputo sigue siendo el principal articulador político de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un organismo que considera esencial tanto para la gobernabilidad interna como para la inserción de la Argentina en los circuitos de cooperación occidentales. En los últimos meses, el oficialismo exhibió como prueba de ese proceso la intensificación de los contactos entre la SIDE y la CIA. La fotografía del Señor 5, Cristian Auguadra, junto a su par estadounidense, John Ratcliffe, en el hall principal de la sede de CIA en Langley fue interpretada como un guiño explícito al rediseño del sistema de inteligencia impulsado por el asesor.

La incógnita, hacia adelante, es qué impacto podrá tener la llegada del karinista Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un ámbito con capacidad para monitorear el funcionamiento de la SIDE y el uso de sus fondos reservados. Si esa designación alterará el delicado equilibrio de poder alrededor del sistema de inteligencia o si terminará adaptándose a la lógica ya consolidada por Caputo es, por ahora, una pregunta abierta que solo el tiempo podrá responder.

Lo cierto es que la discusión sobre el futuro del asesor nunca desapareció. Desde el año pasado, sectores del oficialismo cercanos a los primos Martín y “Lule” Menem imaginan un escenario en el que el poder de Caputo se reduzca gradualmente hasta desembocar en su salida. Es una fantasía recurrente en los márgenes del karinismo y, para algunos, un “sueño húmedo” que reaparece cada vez que el consultor atraviesa un momento de exposición o desgaste. “Santiago puede llegar a irse, pero se va a ir cuando él lo decida”, resumió, sin embargo, en diálogo con elDiarioAR, alguien que conoce la interna libertaria desde adentro.

En el entorno de Caputo relativizan la existencia de una confrontación directa con Karina Milei. Sostienen que la secretaria general de la Presidencia no interviene personalmente en esa disputa y que las tensiones obedecen más bien a movimientos de dirigentes de su entorno. Pero en la práctica, la distinción suele resultar difusa.

Es algo que quedó especialmente expuesto en marzo, cuando las pujas al interior del oficialismo alcanzaron uno de sus puntos más delicados. El desplazamiento de Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia fue interpretado como un retroceso del caputismo y demostró que, más allá de las explicaciones, la pulseada por los espacios de poder continúa abierta. Según reconstruyen cerca del Gobierno, fue entonces cuando Milei buscó despejar cualquier duda. “El Ministerio de Justicia sí, pero la SIDE no”, le habría dicho a su hermana.

Es que el factor que mantiene a Caputo resguardo no es un cargo formal ni una estructura propia, sino el vínculo personal que conserva con el Presidente. En la práctica, ese lazo funciona como su principal seguro político, mucho más cuando se vive una etapa en la que el asesor volvió a estar a la defensiva.

El dato central, en cualquier caso, es que Caputo continúa acumulando atributos difíciles de reemplazar. Sobre todo, a la hora de contar con algo que en la lógica de Milei vale más que cualquier cargo formal: la certeza presidencial de que todavía resulta imprescindible. En un gobierno donde la confianza personal es el criterio último de supervivencia, esa convicción sigue siendo, al menos por ahora, la garantía más robusta de su permanencia.

PL/MG

La planta de los votos, los llamados de gobernadores peronistas y la pelea con Karina: Patricia Bullrich arma su plan

“Yo creo que la próxima presidenta va a ser mujer y de centro derecha. Sabés de quién hablo. Los gobernadores están hablando todos con ella. Y nosotros hicimos buenas migas”, desliza, críptico, un hombre de mucha confianza del gobernador de Catamarca, el peronista Raúl Jalil. Y agrega, como para que no queden dudas: “Patricia es una máquina de trabajar. Es una mujer a la que le interesa construir poder. Y nosotros desde Néstor que no tenemos a alguien que le interese construir poder”. 

Raúl Jalil no es el único gobernador peronista que se reunió con Patricia Bullrich en el último mes. La senadora libertaria, que comenzó un proceso autonomista que ni ella sabe cómo terminará, mantiene un vínculo aceitado con varios mandatarios. Los gobernadores del Norte conversan todos con ella. El neuquino Rolando Figueroa ya le ofreció ayudarla a hacer campaña el año que viene si se decidiera a lanzarse como candidata a presidenta. Los gobernadores se le acercan, le manifiestan su preocupación sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei, la tantean.

Algunos le ofrecen estructura. Se muestran dispuestos: un coro de jefes provinciales agotados por la asfixia financiera, la caída de la recaudación, los recortes en la obra pública y, en general, el carácter impredecible de Milei. Perciben el deterioro social y advierten que Milei, en estas condiciones, no puede reelegir. Pero se muestran escépticos frente a una fórmula peronista neokirchnerista con Axel Kicillof a la cabeza. “Axel es un gran dirigente pero que si se enfrenta a Milei es el único que puede perder un ballotage. Porque es un kirchnerista puro, y nada que huela a pasado puede ganar. Es otra época”, analiza un dirigente peronista del interior, veterano de muchas elecciones. 

Los gobernadores buscan su supervivencia política, y apuestan a impulsar candidatos de centro que puedan ponerle fin a la pesadilla fiscalista de Milei. Algunos fantasean con un caudillo de centro que venga a salvarlos de la hegemonía kirchnerista –un elije-tu-propia-aventura entre Sergio Uñac, Sergio Massa y Gerardo Zamora–, otros apuestan a candidatos de derecha que sean más amigables con el sistema político que Milei. Ahí aparece Bullrich, quien supo hacer “buenas migas” con los senadores y gobernadores peronistas al minuto uno que desembarcó en el Senado. 

Es el discurso del círculo rojo. Los gobernadores tienen, como los empresarios, sus propias terminologías para hablar de “sostenibilidad política”. El establishment económico también comenzó a sondear a Bullrich, que conserva su capital político pese al derrumbe de la imagen del Gobierno. Le hacen saber que ella era su Plan A en 2023 y que puede volver a serlo. Un empresario, incluso, llamó por teléfono a un integrante de su equipo y le dijo: “Acá tenés los 30 (millones) para empezar la campaña”. 

Regar la planta

Bullrich los escucha, se deja convencer y después cambia de opinión. No quiere apurarse, todavía cree que Milei puede reelegir y, cuando le preguntan, ella asegura que ese es su único objetivo. “El círculo rojo ve que esto tambalea y la va a buscar. Pero ella sabe que es temprano, no se va a matar antes de tiempo”, advierte uno de los colaboradores más estrechos de la ex ministra de Seguridad. 

Hay tres escenarios posibles. Uno, el oficial, es la Jefatura de Gobierno porteño. No es ningún secreto que Karina Milei quiere barrer al PRO de la Ciudad de Buenos Aires y que, tras la caída en desgracia de Manuel Adorni, Bullrich es su mejor opción. Es la opción lógica: nadie mide más que la ex ministra en la Ciudad, y su candidatura firmaría el acta de defunción del macrismo en CABA (y muy probablemente en el país). 

Bullrich ya se mueve como candidata a jefa de Gobierno. Tiene un reducido equipo de comunicación que la ayuda a producir videos y contenido en sus redes sociales. Chicanea a Jorge Macri comparando la red de subtes con la de Chile y se saca fotos recorriendo Lugano con Pilar Ramírez, mano derecha de Karina en la Ciudad. Pero es un cargo que no termina de convencer a nadie. Ni a Bullrich ni a la hermana presidencial. 

Karina desconfía y sospecha que Bullrich, el día que asuma como jefa de Gobierno y empiece a construir poder territorial en CABA, dejará de ser una pieza del armado libertario. Una desconfianza válida si se tiene en cuenta el prontuario político de la ex ministra de Milei, Macri y De la Rúa. Bullrich tampoco lo esconde: un cargo en la Ciudad solo le resultaría atractivo si funciona como paso para construir una candidatura nacional. No le interesa encargarse de la gestión diaria municipal, por más que cuente con el segundo presupuesto más grande del país. 

Se le suma, además, que Karina no desconoce que el mensaje contra Adorni para que presente la declaración jurada fue un tiro por elevación a ella. Fue una muestra de autonomía frente a un Gobierno que no admite librepensadores y que mide el valor de cada dirigente en base a la lealtad férrea al Presidente. En ese ecosistema, el desafío de Bullrich detonó una crisis inédita. Por su autonomía, pero también por su carácter anticipatorio: si Bullrich buscaba diferenciarse del Gobierno en el caso Adorni era porque creía que había empezado el derrumbe. 

El segundo escenario posible es la vicepresidencia, un cargo que a Bullrich seduce más y que considera que está más a la altura de su carrera política. La ex ministra tiene todo para aportar a una fórmula libertaria –agenda propia, autonomía y caudal de votos–, excepto una cosa: confianza. Si Karina no confía lo suficiente en Bullrich como para dejarle las llaves de la Ciudad, mucho menos le ofrecerá un cargo cuya razón de ser es esperar a que el presidente caiga. Mucho menos con el antecedente de Victoria Villarruel. 

El tercer escenario es el que Bullrich nunca nombra, pero que la rodea en una espiral cada vez más insistente. El trono prometido, que hubiera sido suyo en 2023 si no fuera porque un sector del peronismo ayudó a construir la candidatura de Milei para romperle su base electoral. La presidencia de la Nación. “Reagan tenía 69 años cuando asumió como presidente. Trump tenía 78”, señala, risueña, cuando le preguntan si tiene planeado jubilarse en algún momento. Cumple 70 años en un mes. 

A más de un año de las elecciones presidenciales, en el bullrichismo coquetean con la idea basándose en un escenario hipotético tan improbable como prematuro: que sea Milei quien dé un paso al costado y le diga a Bullrich que tome su lugar. Si la promesa de Luis Caputo de un segundo semestre venturoso se desinfla, si la economía no repunta y el malestar social continúa apalancándose en la novela patrimonial del círculo chico de los hermanos Milei, Bullrich podría aparecer como la salvadora del modelo. El mileísmo sin Milei que recalienta las fantasías del círculo rojo y, por qué no, de la propia Bullrich. Todo a cambio de garantizar protección judicial a los hermanos Milei.  

Hay varias cartas sobre la mesa, y Bullrich no se decide a elegir una. No todavía. “No soy un mueble del Congreso”, le advirtió a Karina cuando le recriminaron el video que publicó capitalizando la sanción de la reforma laboral, poco después de su aprobación en el Senado. Ella produce videos, provoca en entrevistas y participa en recorridas de campaña. Se diferencia del Gobierno cuando ve que afecta su perfil electoral, el voto “republicano”, y cuida, protege y nutre sus votos. 

“Un dirigente de La Cámpora me dijo una vez que Cristina se levantaba todos los días pensando cómo puede regar la planta de sus votos. Patricia es igual. Ella está regando sus votos”, grafica, poético, un dirigente bullrichista.

MCM/MG

Una cita tarifada con empresarios en la Trump Tower de Punta del Este, motivo oculto del viaje de Adorni en carnaval

Sin explicaciones para dar sobre quién pagó los cerca de US$9.000 que costó el vuelo en avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval, Manuel Adorni apeló a un argumento de la esfera íntima: “Tengo derecho a irme de vacaciones con mis hijos”.

El relato del jefe de gabinete incluyó una primera mentira, que resultaría un eslabón de una larga cadena. “Hacía dos años que no me iba de vacaciones, no tengo por qué dar explicaciones”. A esa altura, la cuenta turística de la familia Adorni-Angeletti en el bienio 2024-2025 acumulaba decenas de miles de millas y dólares gastados en destinos de lujo en el país y en el mundo.

De acuerdo a una información reconstruida por este diario con dos fuentes con conocimiento directo de los hechos, Adorni también faltó a la verdad sobre el motivo principal del viaje a Punta del Este, entre el 12 y el 17 de febrero pasados.

Durante su estadía, el funcionario encabezó una reunión con empresarios uruguayos y argentinos radicados en esa ciudad oriental. Unos doce asistentes al reservado ágape en la Trump Tower, cerca de la Parada 9, sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, abonaron US$1.000 el cubierto. Los artífices del negocio fueron el socio de Adorni y exconductor en la TV Pública, Marcelo Grandio, y el empresario y directivo de la Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado-Uruguay (CIPEMU) Rolando Rozenblum.

Grandio y Adorni no respondieron preguntas de este medio. Rozenblum —figura polémica de la política uruguaya— pidió conocer el motivo de la consulta y se comprometió a devolver el llamado, pero finalmente informó que no hablaría con la prensa. Un funcionario de Casa Rosada dijo que trasladaría la inquietud a Adorni, sin respuesta.

El revuelo suscitado por la difusión del viaje de los Adorni y Grandio en el Honda Jet de cinco plazas encendió los corrillos en el mundo empresarial de Punta del Este

La información dada por elDiarioAR de que Adorni, su pareja Bettina Angeletti, los hijos de ambos y el amigo Grandio habían viajado a Punta del Este el 12 de febrero, en un vuelo operado por la empresa Alpha Centauri, fue el disparo de largada para conocer una vida dispendiosa: propiedades por centenares de miles de dólares, refacciones por otro tanto, misteriosos préstamos otorgados por jubiladas, viajes, deudas, alquileres y un gasto mensual en blanco que no baja de los US$18.000. Todo ello, mientras Adorni llevaba la voz cantante de los recortes en universidades, hospitales y asistencia a discapacitados.

El revuelo suscitado por la difusión del viaje de los Adorni y Grandio en el Honda Jet de cinco plazas encendió los corrillos en el mundo empresarial de Punta del Este. De inmediato, el encuentro en la Trump Tower —del que hay registro visual— trascendió el cono del silencio al que se comprometieron los asistentes.

A algunos de asistentes les pareció impropio e incluso ilegal que se cobrara un fee para escuchar a Adorni, más allá de que prevaleciera una adhesión entusiasta al gobierno ultraderechista argentino en el ambiente empresarial de Punta del Este, en particular, en el rubro de desarrolladores inmobiliarios y el negocio de la tecnología de seguridad. Las fuentes dijeron no saber si Adorni cobró por su presentación o si lo recaudado fue para cubrir los gastos del lugar y el traslado en vuelo privado.

La conversación de los empresarios con Adorni se centró en el panorama legislativo y electoral de cara a 2027, las chances de retorno del peronismo a Casa Rosada y un tema de específico interés para los oyentes argentinos: la ley de Inocencia Fiscal, la norma que restringe al mínimo el control estatal e impositivo sobre el flujo de fondos, hasta un extremo sin precedentes, y entró en vigencia en el mismo mes del encuentro en la Trump Tower.

Joint Venture

Adorni, Milei, Rozenblum y Grandio ya habían armado un pequeño joint venture cuatro años atrás, auspiciado por el estudio Insight Trust, especializado en la creación de fideicomisos en Islas Vírgenes, una guarida fiscal. El 11 de febrero de 2022, organizaron un “talk show” de Milei y Adorni en el International College, colegio bilingüe que era propiedad de Rozenblum. Cobraron entre US$15 y US$30 la entrada a un recinto con aforo para unas mil personas. Grandio fue el moderador y la producción integral estuvo a cargo de Imhouse, la empresa a nombre de la cual se emitieron las facturas del vuelo privado de Adorni en febrero pasado, en lo que parece ser la repetición de un esquema.

Aquel viaje de 2022 fundó la amistad de los matrimonios Adorni-Angeletti y Grandio-Nofal, que tanto rédito les traería después.

En esa oportunidad, Milei —que conocía a Grandio hacía años— cantó “Panic sow” y anticipó los trazos de su proyecto presidencial, y Adorni bromeó con que sería su vocero. Faltaba año y medio para la elección que consagró al Soez en la Casa Rosada.

Con dos décadas como emigrado a Punta del Este junto a su esposa, Mónica Nofal, Grandio se familiarizó con la Trump Tower apenas quedó inaugurada, en 2022. “Hablaba como si fuera de él y jodía con que la rebautizaría Grandio Tower”, dijo una persona que lo escuchó. A caballo de una vida relajada en su casa de Rincón del Indio, un reducto caro de Punta del Este, producto de la fortuna de su familia política —exaccionista de Torneos y Competencias—, el periodista deportivo Grandio aceleró la frecuencia de sus viajes a Buenos Aires desde que su socio Adorni le consiguió contratos en la TV Pública.

El papel de Rozenblum es más importante que el de Grandio en el ambiente esteño. No “juega” de local en la Trump Tower; es local. Formó parte del grupo empresarial que terminó la construcción y comercialización, que había quedado empantanada por problemas de los argentinos que iniciaron la obra. Rozenblum vive en un departamento de la torre junto a su pareja brasileña.

Emigrado de joven a Brasil, él y su padre, Isidoro, montaron un negocio de bicicletas y, en 2006, terminaron condenados en Curitiba por “corrupción activa” y evasión, en la llamada Operación Pôr do Sol, con un presunto desfalco al Estado de decenas de millones de dólares. Padre e hijo se escaparon de un hospital en una escena cinematográfica y fugaron a Uruguay, hasta que el juicio fue anulado en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil. Los magistrados detectaron abusos procesales del juez federal Sergio Moro y del fiscal Deltan Dallagnol, la misma dupla que cometería ilegalidades para encarcelar a Lula da Silva una década más tarde.  

Con tiempo y dólares, Rozenblum irrumpió en la vida interna del Partido Nacional (PN, o Partido Blanco), uno de los tres que protagonizan la política oriental. El ascenso del economista argentino lo entusiasmó al punto de presentarse como “el Milei uruguayo”. Rozemblum fue el promotor de la incursión del ultraderechista español Javier Negre, socio de La Derecha Diario (LDD), durante todo 2024, año electoral en Uruguay. El cubo del cronista de LDD comenzó a aparecer en todos los actos de campaña Rozenblum, en forma tan asidua como las entrevistas que le concedió a Grandio en sus ciclos televisivos.

Finalmente, Rozenblum perdió la primaria del PN ante Javier Carballal en la puja por la alcaldía de Punta del Este, pero le alcanzó para ser electo concejal. Mantiene desde hace dos años la condición de aliado tenso de Carballal y del intendente de Maldonado, Miguel Abella. La desconfianza entre la estructura tradicional de los blancos y el cuentapropista Rozenblum es profunda.

Derecha en alquiler

El papel de Negre expone el tejido regional de la ultraderecha. En su país, articula con Vox, la derecha del Partido Popular y otros grupúsculos de esa vertiente. Con problemas judiciales en España, Negre se trasladó a Buenos Aires, donde fue mimado por Adorni y el aparato comunicacional de Casa Rosada durante más de un año, al tiempo que hizo negocios con gobiernos provinciales, incluidos libertarios y peronistas. Consumado el objetivo, viajó a combatir el comunismo en México y en Uruguay, hasta que se afincó en la Casa Blanca, donde se dedica a dar pelea por Donald Trump.

La vocación política no es la más importante para Rozenblum. Antes, presidió la Cámara Empresarial de Maldonado y el CIPEMU, en el que hoy sigue integrando la comisión directiva. Desde esos pilares, vio una oportunidad con los cerca de 1.000 argentinos emigrados a Punta del Este en los últimos años, comunidad que tiene a figuras tan connotadas como Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, y Martín Migoya, de Globant. Ninguno de esos dos grandes empresarios estuvo en la reunión con Adorni en la Trump Tower, llevada a cabo o el domingo 15 o el lunes 16 de febrero (difieren las fuentes).

Según Rozenblum, cerca de la mitad de la matrícula de 400 alumnos del International College —escuela fundada por él en 2017, vendida en 2025— eran argentinos.

El CIPEMU es hoy una entidad binacional, con tantos uruguayos como argentinos, que se dedica a la vida comunitaria, la defensa del Estado de Israel y la asistencia social. Como organización judía apartidaria, no estuvo involucrada en la visita de Adorni a Punta del Este, más allá de lo que pudieran haber hecho Rozenblum y otros referentes a título individual, indicó a elDiarioAR una voz de la entidad. Una de las fuentes indicó que el CIPEMU, con la impronta de Rozenblum, se transformó en una plataforma de promoción política y económica, y en ese marco, se dio la visita de Adorni.

La realización de una actividad comercial brinda algo de sentido al pago de un vuelo privado por cinco días, cuyo costo duplica el sueldo que Adorni comenzó a ganar este año, y cuadruplica el ingreso mensual durante 2025. Si bien el jefe de Gabinete dijo —sin demostrarlo— que pagó el traslado de su familia a Punta del Este, la alternativa —que Grandio hubiera sido generoso con su amigo— tampoco parecía del todo lógica.

Entre las hipótesis que manejan en el juzgado federal de Ariel Lijo para explicar una carrera desenfrenada hacia el lujo del jefe de Gabinete, se encuentra el cobro de entrevistas y gestiones, un camino en el que los hermanos Milei desarrollaron expertise en cuanto saltaron a la fama.

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