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Más de diez expositores y una batería de acusaciones: el FdT profundiza su “operativo desgaste” contra la Corte
Como en un primer round de una larga pelea de box, oficialismo y oposición se midieron el jueves pasado en el inicio del debate por el juicio político a la Corte Suprema. Se dieron golpes bajos, con chicanas verbales y acusaciones cruzadas, pero ningún contrincante logró desestabilizar a su rival.
Es probable que la disputa alcance otro nivel el jueves próximo, cuando en la comisión de Diputados se expongan la totalidad de los argumentos de las 14 denuncias vigentes contra los jueces. Hay más de 60 imputaciones de supuestos delito. Será entonces cuando el Frente de Todos busque profundizar su “plan desgaste” contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En ese operativo contará con la presencia de más de diez expositores, autores de los distintos proyectos de jury: diputados, senadores y particulares. La carta “especial” será poner también en ese lugar a legisladores de Juntos por el Cambio, principalmente de la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, que acusan solo al juez Lorenzetti por sus años como titular del máximo tribunal.
La primera jornada del juicio político dejó en el oficialismo cierta sensación de satisfacción. “Fue un buen comienzo. Estamos bien, llevando adelante el proceso con seriedad”, aseguró a elDiarioAR una de las espadas legislativas más importantes de la comisión.
La “fortaleza” que intenta mostrar el kirchnerismo es indirectamente proporcional con los votos que necesita para que el juicio avance en el recinto. Ante esa debilidad, aprovechará cualquier ventaja que le de la oposición para sacar rédito propio. “Nuestro bloque estuvo sólido, coordinado. Ellos –por Juntos por el Cambio– asistieron a la comisión y de esta forma legitimaron estas denuncias. El objetivo que seguimos en este proceso es preservar a la institución de sus funcionarios”, señaló otra voz en el kirchnerismo, Vanesa Siley, legisladora y miembro del Consejo de la Magistratura, en AM750.
El oficialismo espera que el calendario juegue a su favor, porque el expediente de juicio político con despacho de comisión tiene un plazo de tres años para ser tratado en el recinto. El tema será si las elecciones estarán de su lado, porque el FdT necesita acumular la mayoría absoluta en el Congreso en los comicios de este año y en las legislativas de 2025. Con la crisis interna, parece una misión imposible. El jefe del bloque, Germán Martínez, recordó los tiempos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner: “En 2002 no había consenso. En 2003 sí lo hubo. Estoy convencido de que a medida que vayamos avanzando con fundamentos y pruebas, el consenso va a estar mucho más claro que ahora”, dijo en radio Con Vos.
El flanco débil de la estrategia sin fecha de vencimiento podría ser la parálisis del Congreso, que de alguna manera ya se siente. “Esto los va a perjudicar más que beneficiar, porque a la gente no le importa este tema. Alejan al votante no politizado que toda fuerza necesita para ganar en primera vuelta o en la segunda”, entendió una diputada de JxC, bloque que se propuso vaciar todos los debates. La situación obligó a que hasta Máximo Kirchner –poco habitué a mostrarse en los pasillos parlamentarios– se presentase esta semana a la comisión de Recursos Naturales para que el FdT tuviera quórum para crear un nuevo parque nacional en Chaco.
El miércoles próximo podría haber otra postal de la división política: el oficialismo buscará reabrir la Comisión de Previsión y Seguridad Social para debatir la moratoria previsional –que beneficiará a unas 800.000 personas–, pese a que la ley tiene dictamen: figuró en el temario de la última sesión que se frustró por falta de quórum. A su vez, el bloque del FdT ya emitió dos solicitudes para que se reabran las comisiones que presiden opositores y que tienen en agenda parte del temario de las sesiones extraordinarias.
La comisión de Juicio Político volverá a la actividad el próximo jueves desde las 11. Será el momento en que expongan algunos de los autores de los 14 expedientes que se analizan en el marco del proceso a los cuatro miembros de la Corte. El FdT tendrá como portavoces a los diputados Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, y a la senadora Juliana Di Tullio.
Bajo la denuncia general de “mal desempeño en sus funciones”, válido por la Constitución Nacional, las acusaciones apuntan a distintas acciones de los magistrados en los últimos años. Cargan las tintas de los expedientes el fallo de la Corte de diciembre, en el que ordenó a la Nación devolverle a CABA el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.
El impulso que le dio el Gobierno a la embestida a los cortesanos ganó volumen después de que se revelaran chats entre Silvio Robles –vocero de Rosatti– y Marcelo D’Alessandro –ministro de Justicia y Seguridad porteño en licencia–, justamente anticipando la medida que benefició a Horacio Rodríguez Larreta. Esos son algunos de los argumentos en el pedido de jury que firmaron un grupo de diputados, tomando como base el reclamo del presidente Alberto Fernández y distintos gobernadores.
Otro hecho del año pasado también se ventilará en el jury: la declaración de inconstitucionalidad de una reforma del Consejo de la Magistratura –el órgano que nombra y remueve jueces– que impulsó Cristina Fernández de Kirchner hace 15 años. Finalmente se retrotrajo su composición a 20 miembros, con el titular del máximo tribunal a la cabeza –hoy Rosatti–, tal como disponía una ley ya derogada.
El beneficio del “2x1” que Rosenkrantz y Rosatti le otorgaron al represor Luis Muiña en 2017 –Lorenzetti y Maqueda votaron en disidencia– está en varios de los expedientes de pedido de juicio. Los jueces –junto a la ex ministra Elena Highton de Nolasco– declararon en su momento aplicable la ley 24.390, vigente entre 1994 y 2001, pero que entonces estaba derogada. La sentencia fue revertida gracias a una movilización popular y tras una ley del Congreso que restringió la aplicación de aquel beneficio.
En ese plano también hay una denuncia contra Rosatti por supuesto encubrimiento al represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo cuando era intendente de Santa Fe. La denunciante, ex detenida-desaparecida Patricia Isasa, también expondrá el jueves. Además, al presidente de la Corte lo apuntan por frenar la llamada Comisión Interpoderes, un espacio que se encarga de apurar los procesos a los genocidas. Por ese expediente el abogado Pablo Llonto dará su testimonio.
A Rosatti desde el oficialismo también le achacan violar la división de poderes. Aseguran que buscó “condicionar” al Ejecutivo y Legislativo, cuando en declaraciones públicas –luego de que el Senado votó ampliar la Corte a quince jueces– pidió que se tenga en cuenta la opinión de la Justicia. Y Rosenkrantz está señalado por “conflicto de intereses” al fallar sobre grandes empresas que fueron clientes suyas, como YPF, Claro, supermercado Día, Grupo América y Pan American Energy.
El supuesto desmanejo por parte de la Corte de la Obra Social del Poder Judicial es motivo de varios pedidos de jury. La base es un informe de una Comisión de Auditoría, que desde 2008 señaló contrataciones irregulares y gastos sin control.
“Vamos a exponer con los ejes de nuestro juicio político”, avisaron a elDiarioAR en el bloque que responde a Carrió, que mantiene firme sus denuncias contra Lorenzetti, y que el FdT incorporó en el tratamiento del juicio a la Corte para hacer mella en JxC. “No somos tontos y tenemos oficio”, respondieron ante la posibilidad de quedar “expuestos” a la jugada kirchnerista.
“Habla mal de ellos poner como ejemplo nuestro juicio político porque es de hace más de cinco años y a ellos nunca les interesó. Deberían estudiar más, pero son vagos”, chicaneó la voz opositora. Por la fuerza de Carrió expondrá la diputada Paula Oliveto.
La CC señala a Lorenzetti por sus años al frente del tribunal. Lo acusan por supuestos negociados en la administración de la Corte y con hacer la vista gorda a reclamos de algunos jueces que denunciaban narcotráfico. También por crear una red de espionaje ilegal.
En la comisión el jueves expondrán además representantes de la Asociación Argentina de Juristas, de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, y los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Diego Sánchez. Será una larga jornada cargada de tensión, que calentará aún más el clima para la audiencia de la semana siguiente, en la que se prevé votar la viabilidad de los pedidos de juicio político. Nuevos cruces entre el oficialismo y la oposición estarán a la orden del día.
MC
Con Lorenzetti desmarcado del resto de los jueces, la Corte ya prepara su defensa ante la comisión de Juicio Político
Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz comenzaron a preparar sus defensas de manera conjunta ante el avance de la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados, confirmó a elDiarioAR una alta fuente del máximo tribunal. El cuarto integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien mantiene un enfrentamiento con sus colegas, elaboraría por el momento su propia defensa.
En el Palacio de Justicia, donde los cuatro jueces volverán a verse las caras en febrero, luego de la feria de verano, los magistrados y sus principales colaboradores se alistan para dar la pelea “con argumentos”. Aunque saben que los pedidos de juicio político en su contra no podrán avanzar hasta el final, dado que el oficialismo no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para acusarlos en el recinto de Diputados ni para destituirlos en el Senado, aguardan una larga embestida del Frente de Todos en los medios de comunicación a través de la actividad de la comisión de Juicio Político.
La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere destituir por presunto mal desempeño está atravesada con una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques: el trío que conforma la mayoría (integrado por el actual presidente del tribunal, Rosatti; Maqueda; y Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018. “Las diferencias son irreconciliables”, aseguró una alta fuente del tribunal.
En el marco de esa pelea interna de poder, Lorenzetti hizo saber a través de periodistas y allegados que solicitará al trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz la salida de Silvio Robles, vocero y principal asesor del presidente de la Corte. Robles ha estado en el centro de las críticas y denuncias del oficialismo por las supuestas conversaciones filtradas en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En los chats, Robles habría intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación y los fondos para financiar la policía porteña.
Para el trío que conforma la mayoría soltar la mano de Robles en medio de la embestida oficialista sería un error estratégico, explicó una fuente al tanto de la defensa que preparan los jueces. Además, el asesor de Rosatti cumple una función central en la organización del Consejo de la Magistratura, que preside el magistrado y se encarga de la selección y sanción de los jueces nacionales. El control sobre el funcionamiento de este organismo es uno de los puntos centrales de conflicto entre el kirchnerismo y la Corte.
Los chats o supuestos chats (el ministro D’Alessandro, quien debió pedirse licencia del cargo por este caso, asegura que son falsos o están adulterados) fueron el argumento central del Gobierno y un grupo de gobernadores para activar la avanzada sobre la Corte en la comisión de juicio político. Hasta la filtración de esas conversaciones, varias denuncias contra los jueces del tribunal se acumulaban en la comisión, sin movimientos.
La publicación de esos chats ocurrió tras el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires que aumentó de manera cautelar los fondos de impuestos coparticipables que el Gobierno debe entregarle a la Administración de Horacio Rodríguez Larreta.
En las próximas dos semanas, la comisión en Diputados debe escuchar a los autores de los 14 pedidos de juicio político presentados contra los jueces de la Corte y se espera que el jueves 9 de febrero se vote el informe de admisibilidad de las acusaciones para dar inicio a la investigación, que podría alcanzar unos 60 hechos, explicó al final de la primera sesión el diputado Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en la cámara baja. El oficialismo tiene mayoría en la comisión, por lo que se entiende que el informe será aprobado.
Los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz cuentan con el apoyo de Juntos por el Cambio, pero el juez Lorenzetti tiene pedidos de juicio político por parte de la Coalición Cívica (CC), liderada por Elisa Carrió e integrante del principal bloque opositor. El oficialismo ya adelantó que apoyará por primera vez el avance de las denuncias de los "lilitos" y ese punto es la principal preocupación de Lorenzetti, afirmó a elDiarioAR un allegado al juez de la Corte.
A su vez, Juan Manuel López, diputado de la CC y vicepresidente de la comisión, adelantó a este medio hace dos semanas: “Creo que la estrategia del oficialismo de tratar ahora este pedido de juicio político contra Lorenzetti busca no sólo dividir a Juntos por el Cambio sino también a la Corte, y podría terminar en una negociación entre Lorenzetti y el Frente de Todos”, que dejaría al juez de Rafaela afuera de la avanzada oficialista. En el bloque oficialista lo niegan, en la Corte no lo descartan.
Luego, comenzará una etapa clave que deberá librarse no sólo en la comisión sino también en los medios de comunicación: los integrantes de la comisión deberán escuchar a los testigos. Entre ellos, el oficialismo citará a Robles y D’Alessandro. La declaración del asesor de Rosatti y posiblemente de otros integrantes de su vocalía será el punto de mayor tensión dentro de la Corte, explicó una fuente con acceso directo a los magistrados, y el que nadie en el Palacio de Justicia espera con ansías, a excepción tal vez de Lorenzetti. Robles es un asesor de perfil político, no jurídico, y un cara a cara con los diputados más duros del oficialismo es un partido que los jueces supremos no quieren ver.
Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) explicó a elDiarioAR que los testigos están obligados a presentarse ante la comisión y que en caso de ausentarse o rechazar la citación, se los llevará por la fuerza pública. “Hay antecedentes de la propia Corte que admiten la facultad del Congreso para ordenar arrestos y usar la fuerza pública en casos en que una persona obstaculice el normal funcionamiento de las cámaras, pero el criterio del bloque es que ese eventual requerimiento se realice a través de un juzgado y que en todo caso sea un juez quien traiga por la fuerza pública al testigo”.
“Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. También sobre el manejo de la obra social de los judiciales por lo que escucharemos a damnificados que van a venir a declarar; y sobre dos cuestiones clave en la Corte: el manejo de los fondos, sobre el que nadie salvo ellos tienen control”, adelantó Tailhade.
ED
Los cinco aumentos previstos para febrero, con foco en los servicios
A diferencia de enero, que llega con ajustes por la temporada de verano, y de marzo, momento en el que se relanza el año escolar y laboral, febrero no es un mes de alta estacionalidad inflacionaria. Sin embargo, viene acompañado con importantes aumentos, focalizados sobre todo en los servicios. En febrero habrá un nuevo ajuste de tarifas y también subas en las cuotas de prepagas y telecomunicaciones, entre otras.
En el primer mes del año se realizaron audiencias públicas con el fin de definir las subas tarifarias para los servicios de transporte y distribución, que son parte del precio final de las boletas de gas y luz. Los aumentos definidos serán aplicados a partir de febrero, pero todavía no fue comunicado oficialmente el porcentaje. De todos modos, los usuarios recibirán el impacto concreto cuando lleguen las facturas de febrero, a partir del mes siguiente.
A partir de febrero comenzará a regir la nueva metodología de ajuste de prepagas definida por el Gobierno a fines de 2022, año en que este servicio escaló por encima de la inflación y superó el 100%. La nueva fórmula de aumento para las cuotas toma como referencia la variación salarial (la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino, conocido como Ripte).
Por un plazo de 18 meses el incremento de las cuotas no podrá ser mayor al 90% del índice Ripte del mes anterior. Pero esto se aplicará solo a los clientes que tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles ($406.458 en febrero). Para los titulares que superen ese tope, en cambio, las prepagas aplicarán incrementos mensuales que se regirán de acuerdo al Índice de Costos de Salud, de 8,21% para febrero.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó incrementos de hasta 9,8% en febrero y 7,8% en abril para los servicios de telecomunicaciones. Desde 2020, año en que se definió a las telecomunicaciones como un servicio esencial, el Gobierno debe controlar y autorizar las subas en este sector, algo que en los hechos sucede en pocos casos. Las grandes compañías proveedoras del servicio judicializaron la decisión oficial y están protegidas por medidas cautelares que les permiten continuar disponiendo de sus propias tarifas y aplicar aumentos por encima de los definidos por el ente regulador.
El Ministerio de Economía acordó a fines de 2022 con las empresas petroleras un esquema de subas para la nafta y el gasoil según el cual tendrán un incremento de 4% en febrero, aunque no se confirmó todavía qué día. Para marzo hay otra suba prevista, que es del 3,8% en un intento por mostrar un sendero de desaceleración de la inflación.
Quienes deban renovar sus contratos de alquiler en febrero y estén regidos por la ley vigente tendrán subas en torno al 86%. Ese porcentaje surge del índice de actualización establecido por la Ley de Alquileres vigente, que contempla en partes iguales las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de los salarios (Ripte). De esta manera, un alquiler de $70.000 pasaría a $130.200.
Además de estos cinco aumentos, a partir de marzo se sumarán otros ya previstos, también en servicios: transporte público, agua y colegios privados, entre otros. En esta línea, un informe de la consultora Focus Market asegura que una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) que a septiembre de 2022 gastaba $179.000 necesitará casi $320.700 en marzo –un 79% más– por mes solo para pagar los servicios.
El informe toma gastos promedio a septiembre de 2022 y contempla los aumentos derivados de la quita de los subsidios a las tarifas y también las subas en internet, cable y telefonía. Además, suma el alquiler, los gastos en combustible de automóvil particular, seguro de auto, transporte público y uso esporádico de un traslado en taxi. Por otra parte, asume que los dos menores asisten a un colegio privado, con una cuota mensual que pasaría de $20.000 a $55.000, incluyendo a los dos.
De acuerdo con el ejercicio teórico, esta familia testigo que pagaba por su canasta de servicios $178.928 en septiembre 2022 (fecha en que comenzó el sendero hacia la normalización del precios de los servicios públicos) deberá desembolsar en marzo $320.683 por exactamente lo mismo. Es decir, tendrá un incremento de un 79,2% de su canasta de servicios en solo un semestre.
"Es importante considerar que hay servicios que aún no aumentaron en relación al nivel de la inflación acumulada en los últimos años o quedaron retrasados frente a los porcentajes de aumento determinados a principios de 2022, cuando se proyectaba una inflación anual de 33%, que terminó siendo casi tres veces superior", apunta Damián Di Pace, director de Focus Market. "Esto dejará precios de servicios retrasados frente a la inflación pasada y futura por lo cual a lo largo de 2023 se proyectan más aumentos que lo estimado en el informe", advierte.
Si a los servicios se sumara la canasta básica de alimentos, los gastos mensuales de esta familia tipo se elevarían a $402.983 en marzo. El informe considera una inflación en alimentos moderada del 4% para los próximos meses, lo que llevaría la canasta a $82.300 en marzo. Si tomamos en cuenta que el salario mínimo vital y móvil a marzo de 2023 que será de $69.500, está familia requerirá 5,8 salarios para cubrir su costo de vida.
DT
La economía global cambia la recesión por la estanflación
Algo extraño se mueve en el núcleo más profundo de la coyuntura mundial. Hasta el punto de alterar el pulso entre las potencias industrializadas y de romper la conciliación del análisis de los mercados y de los organismos oficiales. El ejercicio 2023 parece haber emprendido su vuelo con una especie de decoupling interpretativo que suscita todavía más incógnitas sobre el devenir de la economía del planeta.
La fragmentación no es espectacular, pero deja la percepción de que 2023 estará sometido a fuerzas telúricas de primer orden que se unirán a los temblores sísmicos que surgirán desde la esfera geopolítica. Como suele ocurrir en la historia económica reciente, EEUU marca el paso. Cualquier estornudo del primer mercado global provoca resfriados en otras latitudes y el invierno reporta síntomas de debilidad en la actividad estadounidense. A pesar de que, en el cuarto trimestre, el PIB repuntó por encima de las predicciones, hasta un 2,9%, tres décimas menos que entre julio y septiembre.
Así lo atisba el barómetro de Indicadores Económicos de The Conference Board que advierte en su versión predictiva de enero, con datos de diciembre, la inminente entrada en recesión del PIB estadounidense debido a un “deterioro expansivo y creciente” del clima empresarial. El índice cayó un 1%, hasta los 110,5 puntos, tres décimas por encima de las expectativas inversoras. Este think tank, al que acude habitualmente el Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal para examinar escenarios económico-financieros, pone sobre aviso de que cada vez más compañías estadounidenses atraviesan por dificultades.
La radiografía del LEI -acrónimo con el que se conoce a este termómetro-, situó ya en febrero de 2022 el inicio del receso productivo del PIB de EEUU, un augurio que se corroboró de manera oficial con posterioridad, con dos trimestres consecutivos de números rojos. A pesar de lo cual, y bajo el razonamiento de la especial efervescencia que mostraron las contrataciones laborales y los resultados empresariales hasta el inicio del invierno, la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, según sus siglas en inglés) se resistió a proclamar oficialmente la recesión.
Sin embargo, ahora, con el cambio de año, el panorama se transformó -explicaba Ataman Ozyildirim, director de Conference Board- con “evoluciones contractivas” en siete de los diez índices que conforman el barómetro y que revelan que “la anemia se propagará a lo largo de los próximos meses por los mercados laboral, manufacturero, constructor o bursátil”. Su pronóstico apunta a una recesión “en los primeros trimestres” de 2023, antes de que el PIB despegue de nuevo en el tramo final del ejercicio.
La NBER también vigila los datos del LEI como árbitro oficial de los ciclos de negocios estadounidenses y tiene como misión determinar la fecha exacta de todo comienzo y final de las fases de prosperidad y contracción. En su seno, varios de sus economistas se decantan por transmitir que la etapa post-Covid, engendrada con estímulos fiscales y monetarios, ya tiene su epitafio.
Esta tesis fue refrendada por encuestas como la de la National Association for Business Economics, en la que el 52% de los economistas que participan en su muestra de opinión cree que EEUU no podrá eludir la recesión. “Por primera vez desde 2020, hay más visionarios de los números rojos por las expectativas de pérdidas de empleo”, avisa Julie Coronado, su presidenta, que también alerta de “aumentos en los gastos de capital”.
No es que sea mucho más favorable, porque unas décimas por encima o debajo de los recesos de actividad no resultan un aliciente, pero la panorámica que domina en el mercado desvela una combinación de bajo crecimiento y persistente espiral de precios. El gradual encarecimiento de las materias primas está detrás de esta reaparición del fantasma de la estanflación. La idea de su análisis incide en que el balón de oxígeno de sus cotizaciones en la primera mitad del año alentará un tibio crecimiento que se traducirá tras el ecuador del ejercicio en nuevas presiones inflacionistas.
Es el mensaje que emergió de Davos. Por ejemplo, en boca de Nicolai Tangen, el CEO del fondo soberano noruego, el de mayor tamaño global con más de 1,3 billones de dólares de activos, para quien esta conjunción de fenómenos “deja borrascas a los inversores porque perdemos las pistas sobre las ganancias”. A su juicio, el interrogante más trascendental es el de conocer “qué ocurrirá con la inflación en Occidente una vez la economía china eleve su intensidad” y recoja el testigo de la “anémica actividad” estadounidense.
Porque un “fuerte impulso del PIB chino” después del final de la política Covid cero y de que el régimen de Pekín haya restablecido el objetivo de “dinamismo” diluido con el plan quinquenal 2021-2015 “podría catapultar el valor del petróleo y del resto de materias primas energéticas y sumarse al rally alcista de las metálicas”, augura Fatih Birol, jefe de la Agencia Internacional de la Energía. “Si China bate las expectativas de crecimiento, desaparecerá con celeridad el freno a los precios energéticos” y espoleará la inflación, añade. El gigante asiático se prepara para ejercer otra vez de motor del PIB global y, en primer término, sortear la recesión.
La estanflación no evitará el retroceso del gasto de las familias ni de las decisiones de inversión de empresas y carteras de capital; muy en especial, en EEUU, alerta Moody’s. Todo ello, en medio de demandas de incrementos salariales que se justifican por las lustrosas ganancias que todavía manifiestan las corporaciones frente a la pérdida de poder adquisitivo de sus residentes.
Luca Paolini, estratega jefe de Pictet, incide en que el pesimismo sobre los riesgos inflacionistas y de recesión “fue erróneo” y en que, mientras la atmósfera se despeja “es el momento de invertir en mercados emergentes, bonos y oro”. En su opinión, los precios están en “un significativo descenso” mientras el ambiente bursátil “es más benévolo” de lo que dicen los datos; “incluso en Reino Unido”, el actual enfermo económico mundial. Hace unos meses, el consenso hablaba de “una corrección lenta de los precios”, pero su evolución “fue más rápida de lo previsto, con cotizaciones moderadas de la energía, suficientes garantías de suministros y ejercicios de resiliencias notables por parte de las economías”. Paolini insiste en que “si la reapertura de China es abrupta, 2023 deparará sorpresas positivas” sin descartar una “cierta exuberancia”, en caso de un cese el fuego en Ucrania.
El boceto de JP Morgan se inclina por el vaso medio lleno, aunque con ciertos trazos gruesos. En su pintura, plasmada a partir de una encuesta entre gestores de fondos de inversión, figura una trayectoria económica distinta a la del recién finalizado 2022. Según sus resultados, los activos del S&P 500 han corregido desde el 98% de octubre al 73% de enero las probabilidades de que una recesión en EEUU reduzca el retorno de beneficios y los índices de rentabilidad para 2023.
Nikolaos Panigirtzoglou, su estratega jefe, hace hincapié en que “la reanimación de la economía china, la estabilidad bursátil en enero, el freno sobre la inflación estadounidense y la ausencia de cualquier atisbo de colapso en los precios europeos del gas dejan más margen al crecimiento económico y al capital bursátil”. E insiste: sobre todo, en Europa.
El EuroStoxx navega en aguas poco turbulentas y sus firmas redujeron del 33% al 18% su apuesta sobre una contracción en la eurozona, según anticipa la métrica predictiva de JP Morgan. De igual modo que el PMI, su índice compuesto, aumentó hasta el nivel 50,2 en enero y se encarama de nuevo a territorio expansivo, con mejoría tanto de los servicios como de las manufacturas. Quizás por ello, el canciller alemán, Olaf Scholz, predijo en Davos que la locomotora europea eludirá la recesión.
Sin embargo, gran parte de la luz que se cuela sobre la economía del euro sólo cobrará visibilidad real con una política monetaria más propensa al dinamismo. Algo a lo que parecen resistirse los halcones del BCE. A pesar de las voces que reclaman a los bancos centrales -a la Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra (BoE)- menos esfuerzos por fortalecer su credibilidad hasta dejar la inflación a raya. El mercado les pide que prioricen el crecimiento en lugar de su orgullo.
Desde el BCE, el holandés Klaas Knot, avanza dos aumentos de medio punto, en febrero y marzo, un planteamiento similar al de su colega Olli Rehn, para quien “hay terreno para elevar de forma significativa el precio del dinero” en invierno y al comienzo de la primavera.
IJD
El hombre mediocre y la clase media
En el artículo anterior de esta serie conté un poco la historia de Chapadmalal, una de las grandes afrentas del peronismo al status quo. A partir de la recuperación de una estancia mal habida que ocupaban los Martínez de Hoz, la acción de gobierno permitió una masiva democratización del turismo: los hijos de los cabecitas, hasta entonces excluidos de gozar de las playas como los niños de otras clases, tenían derecho al mar
¿Cómo puede haber seres humanos tan repugnantes que se oponen a la igualdad esencial que existe entre todos los niños? Porque el resentimiento de los Martínez de Hoz es comprensible, al fin y al cabo perdieron “su” estancia. Pero que existan personas que sólo por maldad se oponen a que los chicos disfruten del agua es un fenómeno social triste. La categoría superior de villanía la integran personas que no sólo se oponen a la igualdad y lo dicen sin ruborizarse, sino que militan explícitamente la inequidad social y el aplastamiento de las clases populares.
El sofisma fundamental de estos militantes de la segregación consiste en calificar a los sectores populares como una masa ignorante, idiota y embrutecida que opera como base de maniobra para intereses perversos del populismo. Así, la figura del populista perverso permite disfrazar la inhumanidad del planteo central de estos ideólogos del apartheid social: hay una clase de personas que no merecen ser feliz ni gozar de los mismos derechos porque en el mejor de los casos nació para servir a otra como “mano de obra” pedaleando 14 horas para llevarte una hamburguesa o ganando sueldos por debajo de la línea de indigencia para limpiarte el inodoro. Todo otro ideal social genera grieta, vagancia, populismo, discordia.
Por eso, para el tradicional diario La Nación la solución a la discordia entre clase media y la patria choriplanera es simple: “que la clase media vuelvan a mirar a esas personas como potencial mano de obra y no como vagos irrecuperables” (sic). Voilà! Le faltó sincerarse y decir “mano de obra barata”.
Pese a que los principales segregacionistas pertenecen a las clases altas rentistas, su héroe social, antagonista del choriplanero, es el hombre de clase media que “se rompe el lomo laburando”. Las clases altas toman prestado este personaje esforzado, sufrido e incomprendido, “la gente común”, porque la defensa del privilegio de nacimiento y las fortunas faraónicas es demasiado difícil de sostener; porque además sin una porción de la clase media como base política no son nada. Por eso tanto alica, alicate, tanto “soy común”, fotos familiares…. Pero no seamos bobos, ninguno de ellos vive como clase media.
Ayer La Nación ofreció un espectáculo patético de racismo y clasismo publicando un artículo titulado La discordia histórica entre la clase media y la “patria choriplanera”, con firma de Marcelo Gioffré. La patria choriplanera son los “millones de personas vampirizadas por mafias” que perdieron su “individualidad”, son “almas secuestradas”, “que corta la calle, acampa en plena calzada y petrifica al trabajador en la maraña del tránsito”, que se presentan “impermeables a asumir el desafío de la dignidad” o aceptara “el nutritivo riesgo de la libertad” (sic).
Más allá de que el mentecato articulista hace una interpretación totalmente forzada y deshonesta del cuento “Cabecita Negra” de Germán Rozenmacher, sus propias anteojeras ideológicas lo llevan a reproducir los prejuicios más infames definiendo a los descamisados del presente, los trabajadores de la economía popular, como “choriplaneros”, del mismo modo que se identificaba a los obreros del siglo pasado como “cabecitas”, “peronchos”, “patasucias”. Es la tirria contra los negros, doblemente punzante cuando estos negros deciden desafiar el lugar que se les asigna en la sociedad… la aversión al negro no es un pensamiento, es un sentimiento… o mejor dicho una perversión moral que anida en el corazón de ciertos tristes hombres que no observan la realidad con sus propios ojos sino que repiten prejuicios como una manada.
Pero ojo el piojo: esos hombres no son “la clase media” que describe la sociología, sino “el hombre mediocre” que describe José Ingenieros: "Producto de la costumbre, desprovisto de fantasía, ornado por todas las virtudes de la mediocridad, llevando una vida honesta gracias a la moderación de sus exigencias, perezoso en sus concepciones intelectuales, sobrellevando con paciencia conmovedora todo el fardo de prejuicios que heredó de sus antepasados" que “no inventa nada, no crea, no empuja, no rompe, no engendra; pero, en cambio, custodia celosamente la armazón de automatismos y prejuicios”
Para Gioffré clase media es equivalente a “los Lanari de la vida” (sic). Vale la pena leer el cuento, es una obra maestra que describe a la perfección un arquetipo de “alma secuestrada” por la mediocridad: “los Lanari de la vida” (sic) son personas horribles cargas de prejuicios y malicia, cobardes, falsas, rutinarias, con bibliotecas cargadas de libros que no leen, que no se conmueven ante el espectáculo de una niña abusada, que se comportan con servilismo abyecto frente al poder y con infinita crueldad ante los débiles. Son aquellos que padecen la necesidad histérica de contar con la fuerza pública como protección de su permanente miedo a caer en la escala social.
Entre las citas potentes que deshonestamente omite Gioffré para hacer del detestable Lanari un personaje tolerable está su reivindicación de la dictadura militar y la represión cómo forma de tranquilizar su odio de clase: “La chusma”, dijo para tranquilizarse, “hay que aplastarlos, aplastarlos”, dijo para tranquilizarse. “La fuerza pública”, dijo, “tenemos toda la fuerza pública y el ejército”, dijo para tranquilizarse. Sintió que odiaba”
Los propagandistas de la mediocridad como Gioffré son intelectuales orgánicos de las minorías privilegiadas. Su tarea es secuestrar el alma de personas que por su condición socioeconómica pertenecen clase media para llevarlas a la condición espiritual-ideológica de lo que Ingenieros describe como mediocridad.
Por eso, su deber es atacar a toda expresión política que desafíe a las minorías privilegiadas con el trillado argumento de que “corrompen al pueblo”. Gioffré denomina kirchnerismo a esta expresión y le atribuye la multiplicación de las capas sociales sumergidas. El kirchnerismo es la denominación vernácula de lo que más genéricamente denominan populismo latinoamericano: Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa, Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Xiomara Castro. En todos estos países se reproduce el mismo argumento: hunden a la clase media y corrompen a los pobres.
El problema que tienen los relatos como el de Gioffré es que mueren en los datos. Basta leer el informe “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina” del Banco Mundial para notar que los años dominados por este populismo permitieron “duplicar la clase media” en Nuestramérica. El economista jefe del Mundial para América Latina y el Caribe, Augusto de la Torre, describió las causas de esta significativa mejora: "la suerte de la región mejoró significativamente gracias a ciertos cambios de política pública que enfatizaron la prestación de programas sociales junto a la estabilidad económica".
No te lo dice Grabois, te lo dice el Banco Mundial: los programas sociales junto a la estabilidad económica permitieron el crecimiento de la clase media y mejorar la situación de la región. Pero a los patrones de Gioffré no les interesa duplicar la clase media, les interesa otra cosa que queda bien clara en su artículo: tener mano de obra barata. Por eso promueven dentro de la clase media al hombre mediocre que desprecia a todos los que luchan por mejores ingresos y salarios para los sectores populares, sean sindicatos, movimientos sociales o corrientes políticas.
Los que sumergieron a la Argentina en la miseria y pulverizaron la clase media son los neoliberales. Hay que recordar que Patricia Bullrich y Gerardo Morales fueron altos funcionarios de las dos mayores maquinarias de empobrecimiento de la Argentina: el gobierno de la Alianza encabezado por Fernando de la Rúa (1999-2001) y el gobierno de la Segunda Alianza encabezado por Mauricio Macri (2015-2019). Ambos se decían representantes de la clase media y ambos la jodieron bien jodida, llevando millones de ellos a la pobreza y precarizando al resto, mientras endeudaban el país, enriquecían a los ricos y fabricaban hombres mediocres con su poderosa maquinaria (in)cultural.
Pero existe otra clase media que, para usar los términos de Ingenieros, es idealista, “causa inquietud entre los que viven a la sombra de intereses creados". Estos jóvenes, hombres y mujeres de la clase media son “adversarios de la mediocridad: soñadores contra los utilitarios, entusiastas contra los apáticos, generosos contra los calculistas, indisciplinados contra los dogmáticos”. La diferencia fundamental, sin embargo, estriba en que el hombre mediocre siempre va a proyectar su odio contra quien está más abajo o tiene menos poder, mientras el idealista deposita en ellos su amor y solidaridad, rivalizando con poderosos, privilegiados y opresores.
Para Ingenieros “un ideal no es una fórmula muerta, sino una hipótesis perfectible”. Luchar porque haya tierra, techo y trabajo para todos, que nadie tenga que ser sirviente de otro para evitar discordias, es perfectamente factible. Ojalá la clase media se llene de idealistas y se vacíe de mediocres.
Nunca seas una Lanari.
JG