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No hubo quórum: el Gobierno logró desactivar la sesión opositora para voltear el DNU 70

Con la ayuda de los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy y Santa Fe, el Gobierno logró desactivar la sesión opositora para rechazar el DNU 70/2023. La plaza frente al Congreso recién se estaba empezando a poblar de manifestantes cuando Martín Menem anunció que, con 121 presentes, no había quórum para dar inicio a la sesión. El Ejecutivo negoció con los gobernadores, neutralizó el reclamo por la extranjerización de tierras y evitó, así, que la oposición voltease el megadecreto desregulador de Javier Milei. 

Fue una crónica de una derrota anunciada. Ya desde la noche anterior, la oposición anticipaba que se había quedado sin su principal incentivo para presionar a los aliados: la Ley de Tierras. Menem había maniobrado para patear el tema dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los diputados indecisos se mostraban menos proclives a enemistarse con Milei. Al día siguiente, temprano a la mañana, el Gobierno anunció que impulsaría inversiones para modernizar el sistema ferroviario de Salta y dio el golpe final. Sin el apoyo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, la oposición no podía alcanzar el número. 

La oposición logró juntar, finalmente, unos 121 diputados. Los gobernadores amagaron con dar quórum y, a último momento, vaciaron la sesión. Los dos santafesinos que responden a Maximiliano Pullaro, José Nuñez y Gisela Scaglia, estaban en la Cámara de Diputados, pero ni se dejaron ver por el recinto. Los tres tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo –Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera– caminaban de un lado al otro por el Congreso, con el teléfono en la mano, a la espera del llamado del gobernador. Jaldo bajó el dedo y no dieron quórum. 

Los salteños de Sáenz, Pablo Outes y Bernardo Biella, entraron al recinto y se sentaron un rato. Cada dos minutos miraban el tablero, atentos a si el número se acercaba al quórum, y se paraban de sus bancas. Con el teléfono pegado a la oreja, Biella decidió sentarse y dar quórum cuando vio que a la oposición todavía le faltaban demasiados votos como para tener éxito. Una vez vencido el plazo de 30 minutos para reunir el quórum, Menem anunció que no estaba el número y Biella se fue corriendo del recinto. 

Tampoco dieron quórum los jujeños radicales, María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, que firmaron el pedido de sesión, pero después se ausentaron. Su gobernador, Carlos Sadir, está negociando un acuerdo electoral en la provincia. El chubutense Loma Ávila, el rionegrino Sergio Capozzi, la radical Karina Banfi y la ex libertaria Lourdes Arrieta tampoco dieron quórum. Hubo, incluso, dos peronistas que pegaron el faltazo: la santiagueña Estela Neder y el fueguino Paulo Tita. En el bloque de Unión por la Patria se esperaban el faltazo de Neder, pero el de Tita, que responde a Gustavo Melella, fue una sorpresa. 

Sí dieron quórum, en cambio, los tres catamarqueños Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot. El gobernador peronista Raúl Jalil tiene cerrado un acuerdo político con el Gobierno e intentó bajarlos para que no dieran quórum, pero los diputados decidieron rebelarse. Nóblega había anunciado, hace una semana, que daría quórum, y no quiso desdecirse. “Están jugando más con (Lucía) Corpacci, es una pena porque Raúl nos juega bien”, se lamentó una espada libertaria. 

El misionero Oscar Herrera Ahuad fue uno de los primeros en sentarse, escoltado luego por otros dos diputados misioneros. El único en ausentarse fue Daniel Vanscik, viejo amigo de Menem. 

Los libertarios, mientras tanto, observaban a la oposición desde afuera del recinto, detrás de las cortinas. Karen Reichardt se reía y los filmaba, burlándose del fracaso opositor. “Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, celebró Menem a través de sus redes sociales.

“Negocian la propia, negocian su sillita. Si el 6 de agosto se retiró el capítulo de extranjerización de tierras fue por la inmensa movilización popular, ese es el camino que tenemos que continuar”, los cruzó Myriam Bregman, luego de que se terminara el tiempo límite y comenzaran las breves expresiones en minoría. Afuera en la calle, mientras tanto, las primeras columnas de manifestantes habían comenzado a llegar y las fuerzas de seguridad reprimían.

MCM/CRM

La Policía lanzó gases lacrimógenos y utilizó camiones hidrantes durante la Marcha Federal Universitaria

La quinta Marcha Federal Universitaria estuvo marcada este jueves por incidentes frente al Congreso de la Nación, donde las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y utilizaron camiones hidrantes contra un grupo de manifestantes, minutos antes del acto central de la movilización convocada para exigir al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los enfrentamientos se registraron durante la tarde, cuando algunos manifestantes arrojaron piedras y cascotes contra el vallado dispuesto alrededor del Palacio Legislativo e intentaron derribar las estructuras. Los efectivos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, lo que provocó corridas y momentos de tensión en las inmediaciones de la avenida Entre Ríos.

Los incidentes se produjeron mientras miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias y representantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales se concentraban en la Plaza del Congreso para reclamar mayores recursos para las universidades nacionales.

El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, salió del recinto tras los enfrentamientos y cuestionó el accionar policial. “Hubo una provocación”, afirmó ante la prensa.

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, sostuvo el legislador.

La movilización había sido convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles, con el respaldo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Bajo las consignas “Educación, soberanía y democracia” y “Milei, cumplí la ley”, los manifestantes volvieron a reclamar la ejecución de la norma aprobada por el Congreso.

La columna de la UBA partió desde Plaza Houssay y avanzó por las avenidas Córdoba y Corrientes hasta llegar a la zona del Congreso. La convocatoria tuvo réplicas en distintas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Jujuy y La Pampa.

El operativo de seguridad había comenzado horas antes, con vallados y cortes de tránsito alrededor del Palacio Legislativo. Participaron efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal, mientras que también se registró la intervención de personal de Gendarmería durante los incidentes.

El reclamo por el financiamiento universitario

La quinta movilización federal se realizó en medio de un conflicto que continúa abierto por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025. La norma establece mecanismos de actualización presupuestaria para las universidades nacionales y de recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes.

El presidente Javier Milei vetó la ley en septiembre del año pasado, pero el Congreso rechazó el veto. Posteriormente, el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución mediante un decreto, lo que dio lugar a una disputa judicial.

En ese contexto, el juez federal Martín Cormick dispuso una multa de 100.000 pesos diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y las becas estudiantiles.

El deterioro presupuestario es uno de los principales motivos de la protesta. Según un relevamiento publicado por Chequeado, el gasto previsto para educación superior en 2026 se encuentra un 25,3% por debajo del registrado en 2023, en términos reales. En tanto, los salarios docentes acumulan una pérdida del poder adquisitivo del 24,2% respecto de noviembre de ese año.

El informe señala además que, para cumplir con la actualización salarial establecida en la ley, el Gobierno debería otorgar un incremento adicional del 32% sobre los haberes de septiembre.

La movilización coincidió también con una jornada de protestas de organizaciones sociales, sindicales y políticas que reclamaron la derogación del DNU 70/2023 y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En ese escenario de reclamos simultáneos, la intervención de las fuerzas de seguridad volvió a generar cuestionamientos por el desarrollo de los operativos policiales durante las manifestaciones frente al Congreso.

El Gobierno mete la restitución de la Ley de Tierras en el proyecto de Sturzenegger y desactiva la sesión opositora

El oficialismo libertario tenía planeada la maniobra desde hace varios días y, una vez que salió el último fallo de la Corte Suprema, lo puso en práctica. En tiempo récord, sin casi debate, Martín Menem le intervino la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada a Federico Sturzenegger y emitió un dictamen que le da un giro de 180 grados a la versión original del ministro desregulador. El proyecto, que originalmente derogaba la Ley de Tierras, pasó a incluir un artículo que propone derogar el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que el propio Gobierno había intentado eliminar esa misma ley. Todo con el objetivo de desactivar la sesión opositora del jueves.

La estrategia del Gobierno era vaciar la sesión de su principal incentivo: la defensa de la Ley de Tierras. Luego del segundo fallo de la Corte Suprema, que suspendió temporalmente el artículo 154 del decreto, Menem le propuso a los aliados blindar la ley de Cristina Fernández de Kirchner dentro del mismo proyecto que había intentado eliminarla. Convocó un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y, menos de 24 horas antes de que comenzara la sesión, emitió dictamen de mayoría de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con el apoyo del PRO, la UCR y el santafesino que responde a Maximiliano Pullaro, José Nuñez.

El dictamen incluye dos artículos nuevos. Uno que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70 y otro que restituye la Ley de Tierras para que entre en vigencia después de la sanción de la ley. “Esperemos que se la deje sin efecto para recuperar la soberanía y ser un gran país”, afirmó el radical correntino, Diógenes González, quien fue el encargado de solicitar formalmente la inclusión de los dos nuevos artículos. El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, se limitó a aceptar la propuesta. 

La oposición ingresó más tarde a la comisión, con la expectativa de que el oficialismo no pudiera juntar quórum. Mientras Silvana Giudici y Mayoraz sondeaban a los presentes, Cecilia Moreau, Germán Martínez, Maximiliano Ferraro, Esteban Paulon y Romina del Plá hacían números en una sala adyacente. Predominaba el desánimo: la estrategia del oficialismo había surtido efecto, y muchos de los indecisos se mostraban menos proclives a acompañar la sesión opositora ahora que tenían la excusa de la nueva ley de Inviolabilidad. 

En la oposición calculaban unos 120-122 votos a favor. Además de la base de votos peronistas, socialistas, de izquierda, pichettistas y del radicalismo díscolo, se había sumado el apoyo de los misioneros de Hugo Passalaqcua y los catamarqueños de Raúl Jalil. Al menos cuatro de los seis diputados del peronismo cordobés habían prometido su apoyo, aunque no así el llaryorista Ignacio García Aresca y Alejandra Torres. Los salteños de Gustavo Sáenz, mientras tanto, habían dejado de responder los mensajes, y nadie confiaba mucho en el apoyo de Lourdes Arrieta o la radical Karina Banfi. 

La incógnita es lo que harán los tres tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, que todavía no anticiparon postura. “Estamos esperando la llamada de nuestro gobernador”, admiten, sin medias tintas, en la bancada Independencia. La presencia de la tucumana Gladys Medina en el plenario de comisiones, sin embargo, generó suspicacias en la oposición. 

A pedido de Menem, Medina participó del comienzo de la reunión de comisiones con el objetivo de colaborar con el quórum. Llegó cuando faltaban cinco minutos para que se cumpliera el tiempo límite, se sentó en una mesa alejada de todos y se fue a los 10 minutos sin pronunciar palabra. Todavía no sabe si participará de la sesión del jueves e hizo gestos para ambos bandos: al oficialismo le dio quórum, pero se negó a firmar el dictamen de mayoría que blindaba la estrategia oficialista. 

El que sí colaboró con su firma en el dictamen fue José Nuñez, que responde a Pullaro. El gobernador santafesino jugó un rol clave en favor del Gobierno, ya que Gisela Scaglia, la diputada santafesina que busca reelegir como vicegobernadora el año que viene, intervino también para que el oficialismo pudiera tener número en la comisión. ¿Cómo? Pidiendo reemplazar al rionegrino Sergio Capozzi –que integra el bloque que ella preside y no podía participar de la reunión– por Nuñez y consiguiendo cerrar así que el oficialismo tuviera el número para dictaminar. 

Con las botas puestas

“Qué manotazo de ahogado pegaron, fenomenal”, ironizó la camporista Paula Penacca, quien chicaneó a LLA por querer restituir una ley que se sancionó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner yendo en contra de los intereses de su propio presidente, Javier Milei. “Me resulta inexplicable que vayan a firmar un dictamen que va en contra de lo que el Presidente recontraconfirmó en el DNU 70, el del 'Coloso' Sturzenegger, el funcionario más fracasado de la historia”, insistió la diputada del peronismo.

El debate fue escalando, entre gritos y chicanas cruzadas. La oposición los acusaba de querer boicotear la sesión y convocaba a la población a participar de la movilización frente al Congreso. “Nadie se va a olvidar de quién respaldó la ley de extranjerización de las tierras”, les advirtió la peronista Julia Strada. “Ah, escrache”, gritó, fuera del micrófono, Sebastián Pareja, y agregó: “Como los nazis”. “No, como Milei en las redes”, intercedió Maximiliano Ferraro. 

Las peleas continuaron durante unas horas, pero la atención estaba puesta en otro lugar. Moreau y Martinez continuaban conversando por teléfono, intentando conseguir el número para el jueves. 

“Moriremos con las botas puestas”, deslizó, resignado, un diputado opositor.

MCM/CRM

Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026 por 'La hora antes del alba'

La ganadora del Premio Planeta 2026 es Isabel Allende por la novela La hora antes del alba, la segunda parte de su ya clásica La casa de los espíritus. El finalista es Sergio Hernández por La añoranza. Sus nombres se anunciaron durante una cena en el Pabellón 1 del Recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona.

“No esperaba esto y menos ver a todo el mundo de pie, qué emoción tan grande”, dijo la autora chilena al subir al estrado para recibir su distinción. “Decidí correr el riesgo de presentarme porque me parecía un desafío tan importante como casarse a los 80 años”, declaró, con su gracia natural.

La hora antes del alba está protagonizada por Alba, la nieta de Esteban Trueba y Clara del Valle, quien regresa embarazada a la casa familiar tras haber sido torturada y apresada por la dictadura de su país. A través del amor y el ansia por ayudar a los demás conseguirá, poco a poco, volver a asentar los pilares de su vida.

Aunque se considera que sus anteriores títulos Hija de la fortuna y Retrato en sepia forman parte del universo de La casa de los espíritus, con esta nueva obra la autora retoma la saga familiar desde el punto en el que terminó la primera entrega. Según Luz Gabás, integrante del jurado junto a Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y Belén López, se trata de “una ficción histórica de superación sobre una familia que lucha por sobrevivir en un lugar convulso”.

“Desde que publiqué La casa de los espíritus he recibido miles de mensajes de lectores que querían saber qué había pasado con Alba”, afirmó. Allende tiene muchas ideas dentro que son “como semillas” y algunas de ellas acaban saliendo. “Ahora que veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo e incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me llevó a salir de mi país”, reveló.

Eso la llevó a recuperar la saga de la familia Trueba en el momento en el que la nieta de Esteban y Clara se convierte en la protagonista. “Es la historia de Alba en los años del terror, fortalecida por la maternidad, por el amor de dos hombres y por los espíritus que la acompañan”, resumió y afirmó que el título “se refiere al momento más oscuro de la noche” en el que el amanecer se empieza a intuir.

Este es el primer galardón español de renombre que reconoce la labor (y el tirón comercial) de Isabel Allende, una autora querida por su público pero denostada por la crítica especializada desde sus inicios. Fue la legendaria agente Carmen Balcells, reconocida como impulsora del boom latioamericano de los años 60 y 70, la que impulsó su carrera con la publicación de La casa de los espíritus (1982) pese a las opiniones negativas de otros contemporáneos como Roberto Bolaño.

Desde entonces, su bibliografía se nutrió de novelas, memorias, relatos, obras de teatro y literatura infantil. Cada 8 de enero se sienta ante el teclado, hace una pequeña ceremonia y se lanza a escribir hasta que su idea se consolida. Entre sus títulos más conocidos, además de su mencionado debut, están Eva Luna (1987), De amor y de sombra (1984), Paula (1994) o El viento conoce mi nombre (2023). Su última publicación fue La palabra mágica. Una vida escrita (2026), un libro en el que reflexiona sobre el valor de la escritura.

Para Allende, el premio supone una mudanza importante: después de 44 años en la editorial Plaza & Janés, propiedad del grupo Penguin Random House desde 2013, se pasa a la competencia directa. La autora es una superventas indiscutible desde hace mucho tiempo y el premio no hará más que aumentar ese triunfo entre los lectores.

A lo largo de sus más de siete décadas de trayectoria, los títulos galardonados despacharon más de 47 millones y medio de copias. Esto representa, según la organización, “una media de más de dos ejemplares del Premio Planeta, o del finalista, por cada hogar español”.

75 años de Premio Planeta

El evento tuvo que trasladarse del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), su sede habitual, a esta nueva ubicación por motivos de aforo, ya que despertó una gran expectativa. Este año el galardón celebra su 75 aniversario, una cifra redonda que le da más peso, si cabe. La obra ganadora se lleva un millón de euros y la finalista 200.000 euros, además de un trofeo.

José Crehueras, presidente del grupo Planeta y Atresmedia, fue el encargado de abrir la ceremonia con un discurso emotivo: “a todos nos une ese tesoro al que llamamos libro”, apuntó. Después, el rey Felipe VI tomó el relevo para recordar que es la quinta edición en la que la Reina y él acuden a esta ceremonia y resaltar la importancia de las novelas que “son capaces de despertar emociones, suscitar preguntas y ampliar nuestra mirada”.

Además, recordó la frase de Ana María Matute, la primera mujer que ganó el premio en 1954: “el que no inventa no vive”. Tras estos parlamentos dio comienzo una velada que, desde su primera edición, tiene lugar siempre el 15 de octubre. Se corresponde con la festividad de Santa Teresa, un gesto con el que José Manuel Lara Hernández, fundador de la empresa, quiso rendir homenaje a su esposa, María Teresa Bosch.

Se pudo ver a nombres destacados del espectro literario como Eduardo Mendoza, Carmen Posadas, Boris Izaguirre, Nativel Preciado, Marta Robles, Ángeles Blanco, Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, Alana S. Portero, Cristina Araújo, Sandra Barneda, Ángela Becerra, Juan Manuel de Prada, Pilar Eyre, Susana Fortes y Espido Freire. También se sentaron a las mesas del pabellón caras famosas de Atresmedia como Susana Griso y su marido Luís Enríquez; Matías Prats; Roberto Brasero, Alberto Chicote; Vicente Vallés y Sonsoles Ónega, Premio Planeta 2023.

Un misterio histórico como finalista

El premio finalista fue para el valenciano Sergio Hernández, por su obra La añoranza. Se trata de una novela de detectives protagonizada por un joven que, en 1959, pierde el corazón por un traductor de francés que desaparece de la noche a la mañana. Dos décadas después, un informe de las Brigadas Sociales franquistas vincula el suceso a un plan para acabar, supuestamente, con Antonio Machado. El autor se presentó al concurso con el seudónimo de Martín Guerrero y el título Los Caminantes.

Hernández explicó que su padre durante muchos años fue librero y, por tanto, sabe lo que significa este premio, “he crecido con este galardón en los estantes”, dijo. Esta novela le sirvió para redescubrirse a sí mismo y a la historia del país, por lo que fue “doblemente especial”.

Antes de despedirse con agradecimiento a sus padres, sus abuelos y “a todas las personas que han encontrado las respuestas en los libros” quiso mencionar a sus autores de cabecera que también publicaron en Planeta. “Almudena Grandes; Javier Cercas que dijo ‘toda gran novela debe contener una gran pregunta’; Carmen Laforet y su Barcelona, y más que en ningún otro a Carlos Ruiz Zafón”. Su frase de despedida fue: “Como dijo Machado, hoy es siempre todo”.

En esta edición del Premio Planeta se presentaron 1.424 obras al concurso, un récord histórico. De ellas, nueve novelas llegaron a la recta final. Lo habitual suele ser que la lista sea de diez, pero una se descartó ya que ya se había publicado. Además, desde Planeta recalcaron que todas las obras fueron examinadas al detalle para evitar cualquier posible intrusión de la Inteligencia Artificial.

Hace unas semanas el premio Goncourt, el más prestigioso en lengua francesa, tuvo que eliminar de sus aspirantes a C’était ça ou mourir del canadiense Thélyson Orélien por el mismo motivo, lo que desató un escándalo como hacía tiempo que no se veía en ese país. Por si acaso, en Planeta pasaron las obras por los filtros suficientes para evitar cualquier amago de alboroto.

El Gobierno redujo a seis los medicamentos esenciales del listado nacional vinculado a Remediar

El Gobierno de Javier Milei dispuso una drástica reducción del listado de medicamentos esenciales que el Estado nacional utiliza como referencia para su compra y distribución gratuita en los centros de atención primaria de la salud. A través de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, derogó el vademécum aprobado en 2021 y lo reemplazó por una nómina de apenas seis principios activos, destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. La decisión modifica sustancialmente el esquema de provisión nacional de medicamentos vinculado al programa Remediar, creado hace 24 años para garantizar el acceso gratuito a tratamientos de uso frecuente.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 1447/2026, que derogó la Resolución 3424/2021, por la cual se había aprobado un listado de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención. Aunque la nueva normativa no dispone expresamente la eliminación del programa Remediar, reduce considerablemente el alcance del listado nacional de referencia y deja fuera tratamientos destinados a numerosas enfermedades habituales.

Entre los principios activos que ya no figuran en la nueva nómina se encuentran la levotiroxina, utilizada para tratar trastornos de la tiroides; la metformina, indicada para pacientes con diabetes; la amoxicilina, uno de los antibióticos más utilizados; el salbutamol, empleado para afecciones respiratorias; el fluconazol, utilizado para tratar infecciones por hongos; la loratadina, indicada para cuadros alérgicos, y distintos anticonceptivos.

Los seis principios activos incluidos son ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Se trata de medicamentos vinculados con la prevención de enfermedades cardiovasculares, el tratamiento de la hipertensión arterial y el control del colesterol.

Remediar fue creado en 2002, durante la crisis económica, con el objetivo de garantizar el acceso a medicamentos esenciales a las personas que se atienden en el sistema público. Su funcionamiento se basó en la compra centralizada y la distribución de botiquines a centros de atención primaria de todo el país. Con el paso de los años, el programa amplió la cantidad de tratamientos disponibles y llegó a abastecer a unos 8.000 establecimientos sanitarios.

Las provincias deberán afrontar la provisión de los medicamentos excluidos

La resolución establece que el nuevo listado tendrá carácter orientativo y servirá como referencia para las adquisiciones centralizadas, la planificación logística y la distribución de medicamentos en los establecimientos públicos de atención primaria.

El Ministerio de Salud aclaró que la modificación no altera las responsabilidades de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en materia de provisión de medicamentos esenciales para otras enfermedades. En consecuencia, las jurisdicciones deberán recurrir a sus propios presupuestos y mecanismos de compra para garantizar los tratamientos que dejaron de formar parte de la nueva nómina nacional, siempre que no estén contemplados en otros programas de provisión.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno argumentó que el listado aprobado en 2021 respondía a un contexto sanitario diferente y que la evolución del perfil epidemiológico del país justifica la adopción de un instrumento específico para las enfermedades vasculares.

Según los datos incluidos en la resolución, entre el 34% y el 40% de la población adulta argentina presenta hipertensión arterial, mientras que las enfermedades cardiovasculares representan entre el 28% y el 32% de las muertes registradas en el país.

La modificación se produce en paralelo con la puesta en marcha del Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, que busca fortalecer la prevención, la detección temprana y el tratamiento de enfermedades como el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular (ACV).

El nuevo plan contempla protocolos de atención, mejoras en los sistemas de derivación de pacientes, redes de atención de emergencias y la creación de un registro nacional de desfibriladores. También incluye acciones vinculadas con la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, las miocardiopatías y el pie diabético.

Sin embargo, las resoluciones oficiales establecen que estas iniciativas no implicarán erogaciones presupuestarias adicionales y que deberán implementarse mediante la reorganización de los recursos existentes.

Las críticas de Kreplak y Yedlin

La decisión provocó fuertes cuestionamientos de dirigentes políticos y funcionarios vinculados con el sistema sanitario. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó el recorte como “un brutal y asesino ajuste, que impacta directamente en la salud de la gente”.

“Un programa de 24 años de historia, que abastecía a 8000 centros de salud y que cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes hoy fue reemplazado por un 'plan' que solo incluye 6 medicamentos, para solo algunos lugares”, sostuvo el funcionario provincial.

Kreplak también cuestionó al Gobierno por la manera en que comunicó los cambios. “Lo venimos diciendo. Intentaron ocultarlo, y negarlo, porque además de ajustadores seriales son mentirosos”, afirmó.

En la misma línea, el diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Salud de Tucumán, Pablo Yedlin, sostuvo que la publicación de la resolución representa “la muerte del programa Remediar”.

El legislador advirtió que la derogación del listado anterior deja fuera de la provisión nacional medicamentos destinados a “niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos sin enfermedad cardiovascular”.

“A partir de hoy es oficial: los medicamentos esenciales serán responsabilidad exclusiva de las provincias”, afirmó Yedlin, quien consideró que la decisión tendrá consecuencias sobre el acceso a tratamientos en todo el país.

“En este momento de crisis de financiamiento provincial, de crisis del sistema de seguridad social y de endeudamiento de las familias, dejar los medicamentos esenciales sin cobertura nacional es un error que tendrá graves consecuencias”, señaló.