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Crisis fiscal y alianzas estratégicas: gobernadores dialoguistas entre el ajuste y el apoyo a Javier Milei

Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Llaryora (Córdoba), que mantienen una estrategia de diálogo con la Casa Rosada, atraviesan una paradoja política que comienza a crujir. Mientras aportan votos clave para la agenda de Javier Milei en el Congreso de la Nación, que incluyó la reciente reforma de la Ley de Glaciares, sus provincias enfrentan crisis fiscales severas por la caída de los fondos coparticipables. La situación comenzó a llegar a un punto crítico porque deben hacer un ajustado equilibrio entre mantener la lealtad a la Casa Rosada y proteger la solvencia de sus administraciones.

Jujuy en “modo supervivencia”

En Jujuy, la situación es crítica. El gobernador Carlos Sadir reconoció que la coparticipación viene cayendo entre 6% y 7% en términos reales, y se consignó que el primer bimestre de 2026 fue el peor en trece años. Ante este escenario, el mandatario radical implementó un ajuste de “shock administrativo” mediante el decreto 5084, que establece -hasta diciembre de este año- el congelamiento de la planta de personal, pago de horas extras solo para casos “excepcionales y restrictivas”, reducción de cargos y contrato, la prohibición de alquilar vehículos, la suspensión de transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comunas, el congelamiento de la pauta publicitaria oficial, la prohibición de compra de bienes de capital sin autorización superior y la obligación de autorización expresa del titular del Poder Ejecutivo para iniciar toda obra pública

Las excepciones deben ser aprobadas en forma conjunta por Jefatura de Gabinete y Hacienda. “Nadie gasta, nadie compra, nadie arranca obra, nadie recibe auxilio extraordinario sin pasar por el centro de comando del Ejecutivo”, se señaló desde el entorno de quien fue ministro de Economía del exgobernador Gerardo Morales.

El ajuste de Sadir, sin embargo, tiene una carga política adicional. Una fuente con la que habló elDiarioar, señaló que “el gobernador busca dejar atrás la sombra del doble comando” y afirmó que “de aquí en más, la provincia la conduce él”. Es decir, la centralización del gasto funcionará también como una toma de control frente a la interna con el universo político que rodea a Gerardo Morales, quien fue su mentor. Sadir se reunió hace unos días con diputados provinciales de Jujuy Crece para fijar agenda y alinear al oficialismo detrás del nuevo rumbo. “Menos iniciativas de lucimiento, menos experimentos proselitistas y más acompañamiento a una provincia que entra en fase de comando centralizado”, fue la bajada de línea que definió el espíritu de cónclave.

Los ATN insuficientes y tardíos

Jujuy recibió $5.000 millones en ATN entre febrero y marzo de 2026, y en marzo le correspondieron $2.000 millones de un reparto de $47.000 millones entre 11 provincias. Sin embargo, estos montos son insuficientes frente a la caída estructural de recursos. Como señaló el propio gobernador tras reunirse con el ministro del Interior Diego Santilli en abril de 2026: “Jujuy necesita decisiones urgentes”.

Sadir ha transitado un camino tortuoso en su relación Milei. En septiembre de 2025 reclamó públicamente la falta de comunicación con el presidente: “Con otros habló, pero a mí no me llamó”. En octubre de 2025 participó de una reunión de 19 gobernadores con el presidente en la Casa Rosada y al finalizar la evaluó como “muy buena” y que el jefe de Estado “pudo plantearnos las necesidades que tiene”.

Los votos clave: Ley de Glaciares y Ley Ómnibus

Jujuy, que integra la Mesa del Litio junto a Catamarca y Salta, aportó cuatro votos positivos para la reforma de la Ley de Glaciares reciente: tres de los legisladores de La Libertad Avanza (Manuel Quintar, Alfredo González y Barbara Andreussi) y uno de Provincias Unidas (Jorge Rizzotti, afín a Sadir). Los dos diputados de Unión por la Patria (Guillermo Snopek e Inés Zigarán) votaron en contra.

Esta no es la primera vez que Sadir pone legisladores al servicio de la agenda mileísta. En febrero de 2024, los diputados jujeños ya habían votado a favor de la Ley Ómnibus (Ley Bases), con posturas contrapuestas entre el representante libertario y el de Provincias Unidas a favor, y el del peronismo en contra.

Córdoba creó el Consejo de Gestión Estratégica del Gasto

Ante ocho meses consecutivos de caída de la coparticipación, Martín Llaryora implementó el “Consejo de Gestión Estratégica del Gasto”, que concentra bajo la mirada del ministro de Economía Guillermo Acosta todas las decisiones de ejecución presupuestaria.

El funcionamiento es riguroso: cada gasto debe ser solicitado por nota electrónica y el Consejo decide qué autoriza y qué no. Se eliminaron los “fondos permanentes” (caja chica) de cada ministerio y se establecieron días de pago específicos para proveedores. En el top del recorte están: capacitaciones, catering y viajes.

Córdoba enfrenta una paradoja: mientras recibió autorizaciones para tomar US$1.525 millones en deuda internacional (US$725 millones en junio 2025 y US$800 millones en enero 2026), no recibió ni un peso en ATN durante todo 2025 ni en 2026. La recaudación propia cayó 15% en términos reales en febrero de 2026, mientras que la coparticipación bajó 8%.

Una consecuencia de esta baja disponibilidad de partidas coparticipables es que El Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno cordobesa, restringió los fondos para los municipios. Por ello, más de 100 municipios cordobeses, liderados por intendentes de la UCR, elevaron esta semana un pedido de audiencia a Llaryora “a la mayor brevedad posible”, alertando sobre una caída del 20% a 23% en la coparticipación durante 2026. Los intendentes denuncian que existe una “brecha entre la predisposición del Gobernador y la falta de 'gestos' de varios de sus ministros”. Sin mencionarlo, se señaló al ministro de Gobierno Manuel Calvo, quien debe oficial de nexo entre el poder central y los municipios.   

El “doble juego” cordobesista

Llaryora mantiene una estrategia de “diferenciarse en lo gestual pero cuidando lo discursivo”. No confronta directamente con Milei, quien goza de alta imagen en Córdoba (74% de votos en 2023 y triunfo en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025), pero responde con acciones de gobierno en sentido contrario: ante el corte de obra pública nacional, sostiene su propio plan de obras; y ante el recorte de subsidios al transporte, lanzó su boleto metropolitano, entre otras señales.

En marzo de 2026, durante la Argentina Week en Washington, Llaryora criticó el discurso de Milei contra empresarios. “Es hora de que la Nación se ponga los pantalones largos”, admitió a un medio de su provincia. Reconoció que “la recaudación viene cayendo seis, siete, ocho meses seguidos” y que tendrá que “ralentizar el desarrollo en obras”.

Tucumán: líder en ATN pero no alcanza

El gobernador Osvaldo Jaldo reconoció que Tucumán perdió “una planilla y media de sueldos” entre 2024 y 2026, por lo que se se vio obligado a disponer del fondo anticíclico, creado para atender situaciones de emergencia a meses de suceder al exgobernador y actual senador nacional Juan Manzur. A pesar de encabezar el ranking de ATN con $41.500 millones recibidos, la situación fiscal sigue siendo crítica. En el cierre de la semana describió con crudeza el escenario. “Nosotros venimos bajando todos los meses entre un 8% y 9% en el impuesto coparticipable nacional, tanto IVA como Ganancias. Es decir, venimos perdiendo todos los meses entre $10.000 y $14.000 millones”, reconoció.

La situación de las obras públicas es crítica. Jaldo denunció que la Nación paralizó el 100% de la obra pública en Tucumán. Ante este escenario, su gestión asumió proyectos estratégicos que quedaron sin respaldo nacional, a mitad de camino, financiándolos con fondos propios. La crisis llevó a decisiones dramáticas. En las últimas horas, la Legislatura suspendió la licitación para la restauración del histórico edificio de la Legislatura provincial para destinar esos recursos a obras para la prevención de inundaciones. Además, se supo que el Poder Ejecutivo desistió de abonar expropiaciones de terrenos en donde se había previsto la construcción de obras de infraestructura de relevancia.   

En este distrito, el empleo también mostró señales de deterioro. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Tucumán lideró en el NOA el nivel de conflictividad industrial y laboral durante 2025, con cerca de 22 situaciones de conflicto que incluyeron paradas temporales de planta, suspensiones, despidos masivos y movilizaciones.

Pragmatismo constante y sonante

Jaldo ha llevado el pragmatismo político a su máxima expresión. Durante la campaña electoral de 2025 fue uno de los dirigentes más vehementes contra Milei, acusando al gobierno de “ahogar a las provincias” y llamando a votar “para que no gane la derecha”. Sin embargo, una vez pasadas las elecciones, fue el primer gobernador al que se convocó desde la Casa Rosada y confirmó su asistencia a la reunión de 19 mandatarios.

El mandatario tucumano ha puesto sus legisladores nacionales al servicio de la agenda libertaria en momentos clave. Su bancada colaboró para que La Libertad Avanza avanzara con leyes de ajuste como la Ley Bases, se ausentaron del recinto cuando el gobierno necesitaba evitar quórum para limitar los DNU presidenciales y dio los votos para las modificaciones de la Ley de Glaciares. En las últimas horas, anunció que recurrirá a los anticipos de coparticipación nacional que puso a disposición la Casa Rosada: “No hay duda que con esto garantizamos un 2026 con total funcionamiento y con total paz social”. Unos días antes había advertido que “hay que poner las cosas blanco sobre negro porque bajo ningún punto de vista es un regalo ni una dádiva”. Y remarcó: “Nos asisten con un anticipo de coparticipación, es decir, con plata que es nuestra y que debemos devolver dentro del mismo año”.

Salta alineada

El gobernador Gustavo Sáenz firmó esta semana un plan de austeridad por 180 días con congelamiento de salarios y suspensión de contrataciones, entre otras restricciones. La vocera de Gobierno, Paula Benavides, justificó la medida señalando que “el ejemplo debe empezar por casa” y que el ajuste estará enfocado en el gasto administrativo para no trasladarlo a los sectores más vulnerables. De todos modos, es una clara señal que los números no le cierran al mandatario dialoguista.

Salta es una de las provincias más afectadas por la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, una medida nacional que impacta a más de 200.000 salteños y representa una retracción de aproximadamente $4.000 millones mensuales en la economía local. Estos recursos dinamizaban el consumo en comercios de cercanía y su interrupción afecta directamente la economía cotidiana.

En marzo, Sáenz advirtió que muchas obras públicas se encontraban frenadas por deudas que el Gobierno nacional aún mantiene con empresas desde octubre de 2025. Esta situación repercute directamente en áreas sensibles como el sistema de salud, el transporte público y la gestión provincial

A pesar de recibir $25.000 millones en ATN durante la gestión Milei, la provincia no logró compensar la caída estructural de recursos. Curiosamente, entre noviembre de 2024 y enero de 2026, Salta fue la única provincia del país que logró una variación positiva en sus recursos reales, con un crecimiento del 0,7% ($4.433 millones). Sin embargo, esto no impidió que el gobierno de Sáenz implementara el ajuste de 180 días, demostrando que incluso las provincias “ganadoras” en el reparto de recursos enfrentan crisis fiscales severas.

Sáenz es quizás el gobernador peronista con mayor sintonía con Milei. Durante el Argentina Week en Nueva York en marzo de 2026, se cruzó con el presidente en un pasillo del JP Morgan: Milei le sonrió, se fundieron en un abrazo y le dijo al oído “Está funcionando” mientras le palmeaba la espalda. Karina Milei también se acercó a darle un abrazo. La relación es fluida y con intereses cruzados.

En sus discursos en Estados Unidos, el gobernador se mostró en sintonía con la política económica libertaria: “Este tipo de encuentros nos permite seguir fortaleciendo vínculos y mostrar al mundo el enorme potencial productivo de nuestro país”. Participó de la reunión de gobernadores con Milei en noviembre de 2025, donde se trató la reforma laboral, tributaria y del Código Penal, además del Presupuesto 2026.

La Casa Rosada lo ve como una carta estratégica, un ariete que mete ruido en la relación entre los gobernadores para neutralizar que se muevan en bloque. De todos modos, la tensión interna crece. Sáenz reclamó públicamente: “No es justo que yo pelee por obras y otros canten”, en una clara referencia a dirigentes libertarios que critican su gestión mientras se benefician de su alianza con la Nación.

Catamarca: entre la negociación minera y la quiebra fiscal

Raúl Jalil ha llevado el diálogo con Javier Milei a un nivel que redefinió la arquitectura política del Norte Grande. En diciembre de 2025 rompió el bloque peronista en la Cámara de Diputados, retiró a sus cuatro legisladores de Unión por la Patria y conformó la bancada “Elijo Catamarca”. Este movimiento dejó a La Libertad Avanza como primera minoría en la Cámara baja, empatada con el peronismo pero con posibilidades de superarlo.

La decisión no fue improvisada. Jalil mantuvo reuniones reservadas con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y Santiago Caputo. En el oficialismo interpretan que esos encuentros “terminaron de ordenar la relación política”.

El fruto más tangible de esta alianza llegó en enero de 2026: el control de Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio. Tras un acuerdo histórico con Milei, Catamarca asumió la facultad para designar al presidente y dos vocales en YMAD, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con quien comparte la propiedad, designa los otros dos vocales. La composición quedó conformada por 60% de participación para Catamarca y 40% para la UNT, eliminando la injerencia de Nación en las decisiones estratégicas.

El retorno de Fernando Jalil (hermano del gobernador) a la presidencia de YMAD es la pieza final de este acuerdo. La empresa, creada en 1958 por Juan Perón para administrar el yacimiento Farallón Negro, pasó a manos catamarqueñas como contraprestación por el apoyo del senador Guillermo Andrada para sancionar el Presupuesto 2026 y aprobar el artículo del ajuste en educación, defensa, ciencia y tecnología.

El acuerdo también contempló el traspaso del complejo de Minas Capillitas a CAMYEN (Catamarca Minera y Energética), y como contraprestación, Catamarca desistió de demandas judiciales contra el Estado Nacional. La agenda minera funcionó como un vector de sintonía: Jalil observa con interés las oportunidades de inversión que podrían abrirse tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, especialmente en litio y cobre. Esto explica, en parte, su apoyo a la reforma de la Ley de Glaciares que busca destrabar proyectos mineros millonarios en zonas protegidas.

De todos modos, Jalil ha sido el más explícito sobre la gravedad de la situación. Confirmó una última caída reciente del 10% en la coparticipación y advirtió que el contexto lo obligó a actuar con rigor. En febrero de 2026, la provincia había perdido $12.533 millones en recursos reales, ubicándose cerca de San Juan ($14.053 millones) y La Rioja ($13.763 millones) en el ranking de provincias más afectadas.

Ante la imposibilidad de financiar obras públicas con recursos propios, Jalil tuvo que buscar financiamiento privado. Acordó con la minera Glencore un aporte de $5.000 millones para obras viales que involucran a Santa María, Belén y Andalgalá. Además, gestionó recursos ante YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio).

La crisis laboral y el conflicto social

Catamarca no escapa a la conflictividad laboral. Según CEPA, esta provincia registró 14 conflictos laborales entre 2024 y 2025, incluyendo cierre de fábricas, despidos y suspensiones. Desde que comenzó el gobierno de Milei, se registró un promedio de 81 despidos por día en el sector público nacional y Catamarca sufrió los efectos de esta política. El grupo chileno Cencosud clausuró locales en Catamarca (además de Buenos Aires, San Juan, Mendoza y Tucumán), sumándose a la ola de cierres comerciales que afecta a la provincia.

¿Diálogo o supervivencia?

Los gobernadores dialoguistas enfrentan un dilema que comenzó a ingresar en un callejón sin salida. Por un lado, su alineamiento con Milei les garantizó flujos de ATN que, si bien insuficientes, son vitales. Por otro, la caída estructural de la coparticipación compromete la sostenibilidad fiscal. La paradoja es Córdoba: Llaryora no recibe ATN, debe financiarse con deuda internacional a tasas elevadas (9,75% y 8,6%), y aun así implementa el ajuste más riguroso. Mientras tanto, mantiene una relación de “doble juego” con Milei.

En Jujuy, Sadir implementó un ajuste que recuerda al de Córdoba pero con una carga política adicional: terminar con el “doble comando” heredado de Morales y afirmar su propio liderazgo. La provincia aportó votos clave para la Ley de Glaciares, pero la promesa de desarrollo minero no compensa la crisis fiscal inmediata.

Los ATN representan apenas el 6% de lo perdido en coparticipación, según reconocen allegados a los propios gobernadores. La pregunta que permanece es hasta cuándo podrán sostener este ajustado equilibrio entre lealtad política y supervivencia, cuando ya comenzaron en estas provincias las especulaciones sobre las elecciones provinciales de 2027.

Patentes contra el cáncer: el "caso argentino" que forzó al gigante Merck a bajar el precio de su medicamento estrella

En la lucha global contra el cáncer, Argentina se volvió territorio estelar del enfrentamiento entre dos laboratorios. Uno es una multinacional que asegura haber invertido US$ 44.000 millones en la investigación y el desarrollo de un costoso medicamento de vanguardia; el otro, una firma local que aprovechó la ausencia de patente en el país, desarrolló un biosimilar y salió a competir, forzando una rebaja de hasta del 50% del precio, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas y el mayor acceso a la medicina por parte de los pacientes. Pero antes las empresas evaluaron sellar una alianza que evitara la competencia. Incluso, barajaron la posibilidad de desarrollar la droga en conjunto en el país.

El laboratorio multinacional es Merck & Co., que en la Argentina opera bajo las siglas MSD. Su medicamento estrella se llama Keytruda (cuya base es el pembrolizumab), que ofrece uno de los tratamientos oncológicos más innovadores y costosos del mundo. Ha ayudado a salvar incontables vidas desde 2014 -y en la Argentina desde 2016-, aunque resulta inaccesible para gran parte de los enfermos con cáncer. 

El pembrolizumab es un fármaco de inmunoterapia usado para tratar diversos tipos de cáncer porque reactiva el sistema inmunitario del paciente, permitiendo reconocer y destruir las células cancerosas. Se emplea en melanomas y tumores de pulmón, mama triple negativo, linfomas de Hodgkin y otros cánceres avanzados o metastásicos.

Merck ha construido un imperio alrededor de Keytruda, que representa casi la mitad de sus ingresos. Lo hizo, aupado a una combinación de patentes y lobby, que por múltiples factores no se replicaron en la Argentina. Aquí apareció un competidor local, Laboratorio Elea, de la familia Sigman, que desarrolló el biosimilar PembroX, un medicamento biológico equivalente al original en calidad, eficacia y seguridad. PembroX salió al mercado en enero de 2025, lo que forzó una reducción en el precio de venta y permitió que un mayor número de pacientes accedieran al innovador tratamiento.

Desde entonces, el contrapunto entre Merck y Elea se convirtió en un caso testigo a en la lucha contra el cáncer, responsable de una de cada seis muertes en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por un lado, está la protección de las patentes de medicamentos que permiten recuperar los miles de millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo para, a su vez, financiar nuevas investigaciones que lleven a nuevas curas. Por el otro, aparece el derecho a la salud de los pacientes, que a menudo atraviesan situaciones de máxima vulnerabilidad.

En distintos países, esa tensión adquiere formas extremas: pacientes que recurren al mercado negro sin saber si compran un medicamento auténtico o falsificado, otros que demandan a sus Estados para acceder al tratamiento —y no siempre llegan a ver el fallo judicial que así lo ordena—, o médicos que deben decidir qué paciente recibe la droga y cuál queda afuera.

Este capítulo argentino hace parte de la investigación La Medicina del Millón que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) durante el último año. Revela las prácticas de lobby desplegadas por Merck & Co. para montar una red de más de 1400 patentes en 53 países. Es una estrategia que expertos describen como “evergreening”: una sucesión de registros que extienden el control comercial más allá del vencimiento original de la patente para controlar a la competencia en el mercado, mantener elevados los precios de Keytruda y construir, así, un imperio económico con ese medicamento como pilar central.

Desde su lanzamiento, Keytruda fue un faro de esperanza para miles de enfermos oncológicos que ansían superar la enfermedad. No obstante, puede transformarse en una gran desilusión, porque sus precios son prohibitivos para gran parte de la humanidad, según comprobó el equipo que lideró ICIJ y que integraron el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), formado por La Nación, Infobae, el portal Ruido y elDiario.Ar en Argentina y El Espectador en Colombia.

Basada en documentos oficiales y privados, y entrevistas con oncólogos, reguladores, empresarios y otras fuentes con información privilegiada de la industria farmacéutica, la investigación detectó, además, que Merck & Co. promueve una dosis de Keytruda más alta de lo necesario, según afirman destacados investigadores del cáncer. Y ese exceso les cuesta alrededor de US$ 5000 millones al año a gobiernos de todo el mundo, solo en pacientes con cáncer de pulmón, según investigadores de la OMS.

La telaraña de patentes y lobby le permitió a Merck & Co. acumular al menos US$ 163.000 millones por ventas de Keytruda desde 2014, según consta en sus cuentas anuales, lo que le permitió destinar casi US$ 75.000 millones en dividendos a sus accionistas. En simultáneo, la compañía redujo sus impuestos al registrar sus ganancias en jurisdicciones con beneficios fiscales. 

Recorte en los precios

La estrategia del lucrativo negocio de la farmaceútica, sin embargo, registró una excepción en la Argentina, donde se desarrolló y se puso a la venta el primer el primer biosimilar de este medicamento en el mundo basado en la droga pembrolizumab. La competencia obligó a Merck a cambiar su estrategia de precios. 

Lanzado por el Laboratorio Elea, de la familia Sigman, el biosimilar PembroX fue lanzado en enero de 2025, tras un ida y vuelta entre ambos laboratorios que sondearon la posibilidad de sellar una alianza, que no prosperó, según detallaron desde Elea al equipo argentino aliado de ICIJ. MSD no negó esa versión. ¿Conclusión? Elea lanzó su biosimilar, los precios de venta se redujeron y un mayor número de pacientes tuvo posibilidades de acceder al medicamento. 

La caída del precio operó en dos canales distintos. En el mercado de las farmacias, el precio neto por dosis de dos viales de Keytruda era de US$ 4857 en junio de 2024, según información provista por Elea. Una semana antes del lanzamiento de PembroX, Merck lo redujo a US$ 3821; y en enero de 2025, al momento del debut del biosimilar, lo llevó a US$ 3448: una baja acumulada del 29% en menos de siete meses.

En las licitaciones públicas, la caída fue aún más pronunciada. Los números del portal oficial COMPRAR.AR, donde el Estado publica las licitaciones del Ministerio de Salud, reflejan lo ocurrido. El 20 de enero de 2025, Merck vendió 3.214 dosis a un valor de US$ 3.171 por unidad. Pero en la siguiente licitación, convocada ese mismo año, Elea salió a competirle con un valor de US$ 1.400 la unidad y Merck redujo el suyo a US$ 1.650. En otras palabras, una reducción del precio del 48%.

A pesar de lidiar con una inflación en la Argentina que todavía horada la rentabilidad, los laboratorios bajaron aún más sus precios desde entonces. Según la orden de compra 80-0026-OC26 que se publicó el pasado 1 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación le adjudicó a Elea otra compra a un valor de US$ 1.386 la unidad, según el tipo de cambio vigente del Banco Nación al cierre de ese día. En esa misma licitación, Merck ofertó US$ 1.627 por unidad, un 49% menos que su cotización anterior de 3171 dólares.

En términos agregados, eso implica una reducción superior al 56% en el precio que terminó pagando el Estado entre comienzos de 2025 y 2026. El contraste es aún más elocuente si se tiene en cuenta que durante ese período la inflación acumulada en la Argentina rondó el 40%: el precio del medicamento cayó en dólares mientras el resto de los precios subían.

Elea se convirtió, así, en el primer laboratorio local que se aprovechó de las oportunidades que ofrece la ley de patentes argentina que dificulta el registro de patentes de medicamentos a farmacéuticas extranjeras. Por eso, Merck no patentó Keytruda en el país, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, cuya patente rige hasta 2028. Allí este laboratorio se mueve como único proveedor y fija los precios según los volúmenes de venta, cantidad de pacientes y características específicas de cada mercado.

El costo de los tratamientos depende de cada paciente. A su vez, Merck fija los precios para cada mercado con criterios que no ha hecho público, por eso un tratamiento asciende a US$ 208.000 en Estados Unidos - donde se concentran el 60% de sus ventas, según el relevamiento del ICIJ-; pero puede bajar hasta US$ 130.000 en Colombia y US$ 65.000 en Sudáfrica, con el consiguiente impacto en los presupuestos públicos de salud, incluso en los países más desarrollados.

A pesar de las rebajas que motivó la competencia en Argentina, el precio de pembrolizumab bajó en relación a otros países, pero todavía es demasiado costoso para quienes no tienen obra social (39% de la población, según el Censo 2022). También es frecuente que las obras sociales demoren o frenen las autorizaciones para suministrar esta droga, pues les es complicado enfrentar compras de medicamentos tan costosos.

Meses después del lanzamiento de PembroX, las autoridades argentinas avalaron el desarrollo de biosimilares. En marzo de 2025, la ANMAT aprobó la disposición 1741/2025, que flexibilizó los criterios para la aprobación de biosimilares. La medida fue celebrada por laboratorios locales, pero genera debate entre especialistas sobre los estándares de evaluación.

La salida de PembroX para competirle y quitarle la porción mayor del mercado a Keytruda abrió un mercado atractivo para otros laboratorios locales interesados en seguir los pasos de Elea, según confirmaron directivos del sector farmacéutico local consultados por el equipo argentino de ICIJ. Pero no sólo eso: también le abre a Elea la oportunidad de exportar su biosimilar a otros países de la región y del mundo, una vez que caduque la patente de Keytruda en 2028. En ese sentido, el laboratorio ya colocó PembroX en Paraguay y confía en expandirse a otros países del hemisferio. 

El dueño del laboratorio Elea, Hugo Sigman, ha sabido moverse en las aguas de la política local durante décadas, al punto de mostrarse cerca del kirchnerismo –y en particular de los ex ministros de Salud, Ginés González García y Juan Manzur- como ahora del presidente Javier Milei. Su hijo, Leandro Sigman, aplaudió desde las primeras filas al jefe de Estado durante la “Argentina Week” que se desarrolló en Nueva York, el mes pasado.

Elogiado y criticado por sus colegas, Sigman también acumula recelos. Sus competidores, locales y extranjeros por igual, le endilgan a Elea tener trato preferencial en la ANMAT desde hace décadas, y en particular durante el kirchnerismo. Por ejemplo, al requerir la aprobación de sus medicamentos u otros trámites, aunque junto a Sigman rechazan de manera categórica cualquier proceder indebido.

Impacto inmediato

Desde su lanzamiento en la Argentina, el biosimilar PembroX concentró el interés del mercado internacional de medicamentos oncológicos por la consiguiente reducción en el precio del Keytruda. Ésta última perdió terreno en las compras de obras sociales, medicinas prepagas y sistemas públicos. En los primeros seis meses desde su lanzamiento, Pembrox se quedó con más de la mitad del mercado, según verificó el equipo de ICIJ en la Argentina con base en documentos oficiales.  

El surgimiento de Pembrox como competidor local provocó, además, un crecimiento del mercado de pacientes que podrían acceder a ese tratamiento, que permanecía acotado por los precios elevados. Así, el mercado argentino de pembrolizumab ascendía a 50.000 unidades por año durante 2023 y 2024 durante la vigencia solitaria de Keytruda, pero creció a las 80.000 unidades durante 2025 tras la irrupción de Pembrox, según datos que difunde el laboratorio Elea. De ese modo, no sólo bajaron los precios: el acceso se expandió de manera directa, con un aumento de más del 60% en la cantidad de tratamientos disponibles.

El salto fue especialmente pronunciado en las compras del Estado nacional. Mientras el Ministerio de Salud adquiría un promedio de 280 dosis anuales durante los años en que Merck era el único proveedor, en 2025 esa cifra trepó a casi 4000 dosis, con otras 800 en proceso de adjudicación: un incremento de más de 1300% que refleja tanto la caída del precio como una política de acceso más amplia.

La competencia ha propiciado un mayor acceso y una mejor asequibilidad, afirmó el CEO de Elea, Gustavo Pelizzari, que reflexionó sobre el impacto económico de Keytruda en las cuentas de Estados Unidos: “Estoy convencido de que lo venden mucho más barato en Argentina que en Estados Unidos”, afirmó. “Deben de estar causando un perjuicio significativo al Gobierno estadounidense. Quiero decir que ellos, Merck”, añadió, “deberían verse obligados a venderlo al precio argentino. Por eso no hacen públicos los precios”.

Ante la consulta periodística formal de ICIJ, el presidente global de Merck & Co., Robert M. Davis, prefirió no hacer comentarios, pero la vicepresidenta del laboratorio, Johanna Herrmann, defendió la política corporativa. El precio de Keytruda “refleja su valor para los pacientes y los sistemas de salud”, respondió por escrito. Y en otra carta dirigida al Consorcio, Herrmann reconoció que Merck se enfrenta a “crecientes presiones políticas y comerciales” en torno al acceso de los pacientes al medicamento y al precio fijado en países emergentes. La empresa trabaja, afirmó, para garantizar que la atención médica sea “asequible, eficiente, equitativa y sostenible a escala global”.  

En la Argentina, MSD estima que más de 15.000 pacientes fueron tratados con Keytruda durante la última década, “lo que refleja un uso amplio y sostenido en diferentes segmentos del sistema de salud”, indicaron desde el laboratorio al equipo local de ICIJ. “MSD trabaja de manera constante con autoridades sanitarias, financiadores, prestadores y otras partes interesadas del sistema de salud para apoyar la incorporación de la innovación en la práctica clínica”, añadieron, “y permitir que más pacientes se beneficien de nuevas terapias a medida que las indicaciones se aprobaban y estaban disponibles”.

Apenas unos días antes de Navidad, sin embargo, Davis y los líderes de otras ocho empresas farmacéuticas se reunieron en la Casa Blanca. Los fotógrafos se agolparon para tomar fotos mientras los ejecutivos esperaban ansiosos al presidente Donald Trump. Todos los jefes de los laboratorios habían acordado reducir drásticamente los precios de sus medicamentos más vendidos. Apenas entró a la sala, Trump miró a los ejecutivos y les dijo: “Vaya, ¡qué equipo! Ustedes sí que ganan mucho dinero”. Davis aprovechó la oportunidad. Prometió que Merck bajaría los precios de un remedio para la diabetes y una pastilla cardiovascular. Pero no dijo nada sobre Keytruda. 

Lo que ocurre en la Argentina anticipa una tensión que se profundiza en el mundo: ¿qué pesa más?, ¿la protección de la innovación -a través de las patentes- o el acceso masivo a los tratamientos? En ese equilibrio —todavía inestable— no sólo se define el precio de un medicamento, sino quién puede acceder a él y quién queda afuera. En última instancia, es una discusión que atraviesa a toda la industria farmacéutica: cuánto vale una vida —y quién puede pagarla.

Un Gobierno atascado en la vara amoral

Luis Caputo explicó que los funcionarios que accedieron a alguna de las hipotecas del Banco Nación suman apenas 0,2% de los 27.000 receptores de esos créditos a baja tasa, por lo tanto, su insignificancia anula la sospecha de delito. Es una forma de medirlo; hay otras. Por ejemplo, la que apunta un ministro de una provincia aliada del oficialismo. “Metieron a la mitad de la consultora Anker en esos créditos”.

El funcionario provincial se refiere a la consultora boutique que encabezaban Caputo y Santiago Bausili. Cuando fueron convocados por Javier Milei, en diciembre de 2023, el primero se hizo cargo del Ministerio de Economía, el segundo, del Banco Central (BCRA), y los economistas del staff pasaron a ocupar despachos oficiales.

El listado de beneficiados con hipotecas del banco público —a una tasa entre la mitad y un tercio de la de una entidad privada, mayor cobertura sobre el precio de la vivienda y menores exigencias en cuanto a ingresos del solicitante— incluye a unos doce funcionarios del Poder Ejecutivo.

De ellos, tres trabajaron para Anker, y están entre quienes recibieron los préstamos de mayor monto, no sólo entre los otorgados a funcionarios, sino entre los 27.000 clientes a los que aludía Caputo.

Encabeza el listado el ex-Anker y actual director del Banco Central Juan Pedro Inchauspe, quien cosechó $509 millones en diciembre pasado, según el sitio “Cuánto Deben”, del analista Andrés Snitcofsky, que sistematizó la información. Otro responsable de la consultora y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, recibió $367 millones en agosto de 2025. Le siguió Felipe Berón, exanalista en la firma de Caputo-Bausilli y actual segundo de Furiase, con $362 millones.

Del resto de los economistas de Anker —Caputo, Bausili y el director del BCRA Martín Vauthier— no hay registro de que hubieran aprovechado la gran oportunidad de endeudarse a la tasa subsidiada del Nación, al menos a su nombre.

En cambio, sí lo hicieron más hombres del Ministerio de Economía: Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales (otro en la línea Furiase, $243 millones) y Juan Manuel Garzón (subsecretario de Programación Macroeconómica).

El foco mayor se colocó sobre Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del BICE. Juntó $373 millones en febrero de 2025. Toda una contradicción con sus provocaciones en redes sobre el cierre del Banco Nación, al que definía antes de ocupar su función actual como “una cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables”.

Inusualmente apichonado para quien suele actuar como un matón virtual, Núñez mintió en el streaming fascistoide Carajo. Antes de acudir al medio preferido del equipo económico, Núñez se hizo asesorar por un abogado y leyó: “No hicimos nada moral ni ilegal, fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”. Se abstuvo de pedir que le agradecieran.

A su lado, Furiase explicó lacónico —ajeno a su novedosa preferencia por la provocación— que su préstamo fue para comprar “una segunda vivienda, y no tercera como se dijo por ahí”. Se refirió a la información dada por Alejandro Bercovich en C5N, quien mostró la suntuosa casa que Furiase compró en el barrio privado Los Pilares e informó que sus ingresos se multiplicaron en febrero, cuando pasó a cobrar honorarios como director de Aeropuertos Argentina, la empresa encabezada por Eduardo Eurnekián en la que el Estado es accionista. Con los al menos $10 millones que ganará por una tarea a la que no dedicará ni un minuto al mes, el secretario podrá afrontar la cuota de la hipoteca sin problemas.

Furiase –era director del BCRA cuando recibió el préstamo– y otros receptores de Anker probablemente deban explicar ante tribunales la tentación en la que incurrieron en momentos en que contaban con información privilegiada sobre el comportamiento de las tasas y supervisaban las condiciones del crédito.

El hecho de que más de la mitad de los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo que recibieron un crédito del Nación pertenecieran a las inmediaciones de la oficina de Caputo explica la pelea en sordina que se desató esta semana entre el titular de Hacienda y colegas del gabinete.

La lista de libertarios que recibió un crédito es extensa. Como informó este diario, durante unos meses de 2025, se desató un radiopasillo en varios ministerios para sacar un crédito del Banco Nación y ofertas “te paso el contacto”. Las fuentes calculan en decenas entre las segundas líneas de su entorno que se endeudaron, entre asesores, directores y jefes de gabinete con menos nombre que los sesenta que salieron a la luz entre los tres poderes del Estado, con una clara preponderancia de integrantes de La Libertad Avanza.

Sandra Pettovello sobreactuó al fulminar a su jefe de gabinete, el radical Leandro Massacessi, receptor de $439 millones. La ministra de Capital Humano se quejó de que no le había avisado y lo echó. En la particularísima escala ética de la amiga y contenedora psicológica de Javier Milei, otros hipotecados entre funcionarios que la rodean no merecieron reparo, apunta una fuente de Economía. En la cartera de Caputo vieron en Pettovello una aprovechamiento político para desmarcarse al costo de exponer al staff de Anker, a riesgo de generarles un frente judicial.

¿Qué piensa sobre este asunto el líder cuya lógica de razonamiento y sus principios tienen encandilado a todo el elenco gobernante?

En un diálogo en penumbras con dos fans emitido por la TV Pública, Milei se hizo preguntas referidas a los créditos del Banco Nación: “Haber tomado un crédito, ¿mató gente? No”. Siguió: “¿Alguien perdió la libertad por esto? Tampoco”. Abundó: “¿La tasa es la tasa de mercado? Afirmativo. No violentaste la propiedad privada”.

Esa secuencia de preguntas condensa problemas de diverso orden. Primero, intelectual. No hay forma de que una persona que comprende de qué se trata atine a interrogantes tan absurdos. Luego, en relación con la verdad, conflicto esencial en el Mundo Milei. La tasa para primera vivienda del Banco Nación para el público en general es el doble del 4,5% que rige en la línea de créditos a la que accedieron funcionarios de Economía que hace dos años gozaban con la idea de cerrar el banco “prebendario”. No fue “tasa de mercado”.

El conflicto con la verdad del Presidente remite a un aspecto que parece haberse instalado como motor del Gobierno ultraderechista: la amoralidad. No asoma una convicción ética que priorice unos valores sobre otros, aunque sean polémicos, o que dé lugar a un prisma rector para todo el Gobierno. Prevalece una ausencia de toda moral, que da lugar a un cúmulo de comodines ramplones para tratar de justificar o esconder lo que haga falta, con lo que surja en el momento, sin línea de razonamiento o reparos sobre el procedimiento.

La presunción de corrupción sistemática que refleja el caso ANDIS y el 3% para Karina, la organización de una aparente estafa desde el propio despacho presidencial expresada por $LIBRA, la pulsión por comprar propiedades y viajar en aviones caros de los Adorni o la avivada de casta por excelencia que reflejan los créditos de Banco Nación demuestran un menú variopinto de podredumbre que tiene entretenido al Gobierno, al punto de paralizarlo en aspectos básicos de la administración.

Se suma a ello otro plano identitario del ascenso del Soez. Para Milei, el insulto y la grosería forman parte de la necesidad de “llamar a las cosas por su nombre”, hablar “sin hipocresía” para denunciar el latrocinio de la casta o, en sus términos, “políticos de mierda”. El éxito electoral del ultra tuvo un correlato en las pantallas de canales de noticias, columnas de opinión, redes, humoristas y streamings fascistoides.

Los últimos episodios de canales como Carajo –cada vez con menos audiencia– muestran a esas voces no ya para apuntar a quienes ellos consideran infrahumanos (por trabajar en el Estado, ser científico, feminista, zurdo o gay), sino para el goce del latrocinio propio. Una variante todavía de alta difusión no se preocupa por negar lo evidente, sino por decir que los anteriores fueron peores. Otra vez, la amoralidad.

Todo esto ocurre mientras millones de personas no pueden viajar en colectivo a trabajos en los que ganan menos en términos reales que hace cinco meses o tres años, otros millones están impedidos de atenderse con el médico de PAMI porque el instituto de salud de los jubilados entró en un déficit inmanejable, y unos cuantos millones más viven bajo el agobio de lidiar con escuelas, hospitales, universidades y programas de asistencia amputados por la motosierra. Todo ese mal vivir cotidiano encuentra al Gordo Dan vomitando agravios que perdieron gracia y al Presidente haciéndose entrevistar por una lista de periodistas tan restrictiva, que más temprano que tarde se reducirá a un único nombre posible: Luis Majul.

Maniatado

Se desató una guerra con Irán. La acción del Estado argentino fue limitarse a las palabras “apoyo total”, “vamos a hacer todo lo que pida Estados Unidos”. La adhesión irrestricta viene en combo con el pegoteo con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí con pedido de arresto por crímenes de guerra e investigado por genocidio.

Semejante grandilocuencia pavloviana impide atender un aspecto tan básico como el desfasaje generado en los costos del transporte público a raíz del aumento del petróleo derivado de la crisis en el Golfo Pérsico. El precio de viajar en el área metropolitana triplicó el aumento de la inflación desde que asumió Milei, mientras trenes, subtes y colectivos no cesaron de recortar servicios. Se viaja más caro y peor.

Entre otras razones, el Gobierno está maniatado para, por ejemplo, intervenir en el mercado de combustibles, porque el dogma económico lo impide. Con las capacidades del Estado acechadas o abandonadas, los organismos de control resignan capacidad para exigir cumplimientos y auditar costos. Tampoco es posible aumentar los subsidios para mitigar el alza, porque la persistente caída de la recaudación producto de la recesión resta recursos al Estado, que profundiza los recortes y acelera la retracción del consumo.

¿Sorprendidos?

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SL

Tras un pedido del banco de Elzstain, la unidad antilavado restringe el acceso a la información de sanciones antiguas

El Banco Hipotecario, que preside Eduardo Elsztain, pidió tiempo atrás por nota formal a Unidad de Información Financiera (UIF) que en su página web dejen de publicarse las sanciones contra el lavado de dinero con más de cinco años de antigüedad, aquellas que el organismo ya no puede utilizar como antecedente para agravar nuevas multas por incumplimientos a las normas de prevención de este delito. Que figuraran los textos completos de esas resoluciones sancionatorias en Internet, susceptibles de ser halladas en cualquier búsqueda online, podría suponer un daño reputacional si alguien se interesaba por esa información. Por ejemplo, un inversor del extranjero, donde este tipo de cuestiones pesan más que en la Argentina.

La UIF accedió al pedido del Hipotecario y a partir del pasado lunes en su buscador en línea de sanciones ya no aparecen las de más de cinco años de antigüedad. Y, por tanto, tampoco figura más la multa firme que se le aplicó en 2019, hace siete años, en el gobierno de Mauricio Macri. Sólo están los castigos desde abril de 2021 en adelante y se puede clickear cada uno para leer la resolución respectiva. Hace una semana se podía consultar el detalle de todas las sanciones, sin importar su antigüedad. Ahora hay que scrollear hasta abajo de todos los castigos de los últimos cinco años para llegar hasta la leyenda que dice “Acceso al registro histórico de sanciones” y pinchar el enlace. Entonces se abre ese listado de multas antiguas, pero sin la posibilidad de abrir el enlace para leer la resolución de cada una. Para conseguirla, hay que hacer el burocrático trámite de pedido de acceso a la información.

“Para evitar planteos de derecho al olvido, se decidió ajustar la información publicada”, justificaron en el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques y que controla la UIF. En el Hipotecario no contestaron la consulta de elDiarioAR. “Se adaptó el plazo de libre acceso a cinco años, seguimos mostrando la existencia con un listado, y ahora damos la posibilidad de solicitar más detalles de cada caso individual a través del portal acceso a la información pública para así evitar planteos futuros vinculados a daños y perjuicios”, agregaron en la cartera de Mahiques, que llegó al cargo por impulso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en pleno avance de las causas de presunta corrupción de todo el gobierno y como parte de la disputa de poder contra el asesor presidencial Santiago Caputo.

Más allá de las internas, el presidente Javier Milei ha sabido cultivar una estrecha relación con Elsztain. Se alojó en su hotel Libertador durante la campaña presidencial de 2023. Aquel año visitaron juntos en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch. Durante el gobierno libertario no se han conocido negocios que Elsztain y sus empresas, como la desarrolladora inmobiliaria y de shoppings IRSA y la agrícola Cresud, hayan conquistado en el entorno estatal. Ha invertido en una mina de oro en San Juan y en otra de plata en Salta, en un sector beneficiado en general por la reforma de la Ley de Glaciares, aunque no está claro el impacto particular en cada yacimiento.

Al Hipotecario le interesaba ese derecho al olvido para evitar googleos incómodos del mundo financiero internacional que dañen su imagen. Que no aparezca en la web la resolución no le cambia nada en lo jurídico porque antes y después de este cambio en la web de la UIF las multas de más de cinco años de antigüedad seguían operando como antecedentes para eventuales inspecciones del organismo, pero no servían como agravante de nuevas sanciones. En cambio, los castigos recientes sí se utilizan para reforzar las multas futuras.

Sin embargo, que apareciera el detalle de las sanciones pasadas servía como castigo reputacional, que es un aspecto importante en el combate del lavado según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que controla 139 países. Sobre todo pesa la imagen en naciones como la Argentina donde las multas son bajas y las condenas penales por este delito brillan por su ausencia. Al GAFI, que evalúa periódicamente a sus miembros, le preocupan esta cuestiones, como también la elevada rotación de jefes de la UIF -cuatro en la era Milei, de los cuales uno ni siquiera llegó a asumir y el nuevo candidato de Mahiques, Matías Álvarez, aún debe pasar primero por audiencia pública- o el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal -que relajó el control antievasión tributaria pero no el antilavado-.

O sea que quien adoptó la medida para borrar el detalle de las sanciones pasadas no fue Álvarez sino el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, que responde a la línea de Caputo, en retirada del organismo, como de otros entes de todo el Estado. Tampoco Mahiques ni Karina Milei se opusieron.

Es más, la medida no sólo eliminó las resoluciones antiguas sino también las que están apeladas ante la Justicia. En esa lista aparecía la mayor multa de la historia de la UIF, la de $13.000 millones contra el banco norteamericano Merrill Lynch por falencias en la identificación de clientes, gestión de documentos y ausencia de reportes ante operaciones sospechosas de lavado. Fue una sanción aplicada por este gobierno, en la gestión de Paul Starc al frente de la UIF.

La sanción de la unidad antilavado contra el Hipotecario ocurrió en febrero de 2019, cuando Mariano Federici presidía la UIF. El organismo lo penalizó por limitaciones en el monitoreo sólo a clientes de alto riesgo, con deficiencias graves detectadas en 2010 y 2013, deficiencias en la matriz de riesgo y el uso acotado y la subvaloración de variables relevantes, la implementación de sistemas de identificación y perfiles de clientes insuficiente o desactualizada e incumplimientos en reportes de operaciones sospechosas (ROS). La investigación inicial de la UIF data de 2013, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y el organismo era dirigido por José Sbatella.

La multa en sí fue de bajo monto para un banco: $100.000, que eran US$2.500 de entonces. Otros $100.000 debían pagar en conjunto las autoridades de la entidad, incluido Elsztain, el miembro del órgano de administración Ernesto Viñes, los directores por IRSA -que controla el 44% del Hipotecario- Mario Blejer -expresidente del Banco Central-, Jacobo Dreizzen, Carlos Pisula, Gabriel Resnik, Mauricio Wior y Saúl Zang y los entonces integrantes del directorio en representación del Estado en tiempos del kirchnerismo Edgardo Fornero, Diego Bossio, Ada Maza y Mariana González. Para más detalle de la sanción aquí abajo se puede consultar:

No es tan habitual que un banco grande sea sancionado por la UIF, pero algunas aparecen. Por ejemplo, figuran en las de los últimos cinco años las aplicadas contra el Galicia (es de 2010, pero está publicada), BBVA (2023) y Macro (aunque es de 2020). En el archivo histórico, sin detalle de resoluciones, están las multas al Patagonia (2018), Supervielle (2014) y Comafi (2018).

AR/CRM

El PAMI por dentro: un sistema en crisis donde el poder siempre encuentra la manera de sobrevivir

La escena se repite, casi cíclicamente. Cada crisis del PAMI esconde lo mismo: debajo de los nombres que se suceden en la superficie, persiste un entramado que atraviesa gobiernos, colores políticos y reformas administrativas. La semana que pasó, marcada por los rumores de salida de Mario Lugones del Ministerio de Salud —que el Gobierno se ocupó de desmentir—, volvió a poner en primer plano el estado crítico de la obra social más grande del país. Con sus seis millones de afiliados en vilo, la situación dejó al descubierto algo menos visible: la estructura de poder que logra sostenerse incluso cuando la olla parece estar a punto de explotar.

Ese mapa no es nuevo. Conviven en él capas que responden a lógicas distintas, al menos a simple vista. Por un lado, el poder permanente, con figuras que llevan décadas orbitando el organismo. Carlos Rojo es quizás el nombre más representativo de ese esquema. Médico formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), construyó desde allí una carrera que lo llevó a dirigir el PAMI entre 2005 y 2012 y a consolidarse como referente de la Asociación de Médicos Municipales.

Desde las sombras, Rojo tejió una alianza estratégica con el radical Emiliano Yacobitti que terminó por reconfigurar el equilibrio de poder en la UBA. Esa sociedad, que unió a la Facultad de Medicina con Económicas, fue clave para definir rectorados, desplazar hegemonías históricas y consolidar un esquema que todavía hoy ordena la política universitaria. Pero la influencia del tándem Rojo-Yacobitti excede largamente esos claustros. Con el tiempo, trascendió el ámbito académico y encontró en el PAMI un terreno fértil para proyectarse: la lógica de acuerdos cruzados entre espacios que en otros planos compiten se trasladó también al organismo.

Durante la actual gestión, la reestructuración interna desplazó a algunos nombres y redujo jerarquías, pero en ningún momento se puso en duda esa red. Sergio Barrionuevo —ligado al operador peronista porteño Juan Manuel Olmos— está hoy al frente de la Subgerencia de Promoción Social, en una posición que, aunque con menor visibilidad que en etapas anteriores, conserva incidencia en el funcionamiento cotidiano del área.

Junto a Barrionuevo, otros cuadros vinculados a distintas líneas políticas permanecen en roles intermedios, muchas veces sin capacidad formal de decisión, pero con conocimiento del terreno y capacidad de supervivencia. En ese nivel, la lógica no es la confrontación abierta sino la convivencia forzada, atravesada por internas que terminan condicionando el funcionamiento cotidiano. “No hay línea para laburar nada… todo es así”, describió a elDiarioAR, resignado, un actor con conocimiento directo del organismo, en alusión a una dinámica que, lejos de ordenar, tiende a bloquear.

Sobre esa base se montó el nuevo esquema. La llegada de Javier Milei implicó una reorganización que redujo las cuatro gerencias sociales a una sola, subdividida en seis subgerencias, y concentró el poder operativo en una Unidad Técnica que responde a Carlos Zamparolo. Formalmente, Zamparolo es el número dos del PAMI, por detrás de su titular, Esteban Leguizamo. Pero en la práctica es quien maneja la batuta. Proveniente de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), su desembarco en el organismo también se inscribe en la red de vínculos construida en torno al binomio Rojo-Yacobitti. Con llegada directa a Santiago Caputo, Zamparolo funciona como articulador entre ese entramado previo y el núcleo político del Gobierno, en un rol que combina gestión, control y negociación interna.

El lobby del Güemes

La presencia de Guido Giana como número dos del Ministerio de Salud tampoco es un dato aislado. Distintas fuentes lo ubican como la figura que concentra hoy el manejo cotidiano del área. Su relación con Lugones es tan funcional como íntima —“Para Mario es como un hijo”, dicen en su entorno—. Y su vínculo con el PAMI es directo: todo lo que pasa en el organismo termina, de una u otra forma, orbitando su despacho. No es la primera vez que ocupa un rol clave como funcionario. Durante el gobierno de Cambiemos se desempeñó como gerente económico-financiero de la obra social de los jubilados, una experiencia que lo conecta con su funcionamiento interno más allá de las gestiones. Incluso decisiones que se atribuyen al ministro muchas veces se procesan en otro nivel.

Esa centralidad de Giana no se explica solo por su posición formal. Su trayectoria está íntimamente ligada a la del propio Lugones. Ambos comparten origen en el Sanatorio Güemes, uno de los actores más relevantes del sistema de salud privado, donde confluyen negocios, política y gestión. Allí también se proyecta otro vínculo clave: el de Mario Lugones con Enrique “Coti” Nosiglia, histórico operador del radicalismo, con quien comparte intereses en lo privado. No es un dato menor: la trayectoria de Lugones está profundamente ligada al mundo de los prestadores. Desde su paso por el PAMI en los años noventa hasta su rol en la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL) y sus participaciones empresariales en el sector, su recorrido refleja una inserción sostenida en el negocio.

En ese ecosistema aparece otra figura que no ocupa cargos formales pero es mencionada de manera recurrente cuando se reconstruyen las decisiones sensibles del área: Rodrigo Lugones, hijo del ministro y socio de Santiago Caputo en la consultora Move Group. Con vínculos fluidos con el mundo de la salud privada, funciona como un articulador informal entre clínicas, financiadores y prestadores y el núcleo político del Gobierno. En distintos despachos lo describen como el verdadero “monje negro” de Caputo en Salud, alguien que no necesita firma para incidir en la dinámica del ministerio y, por extensión, en el PAMI.

El triángulo que conforman Giana, Zamparolo y el entorno de Santiago Caputo convive con el esquema histórico representado por Rojo y sus derivados. Pero el loteo no garantiza la armomía. Tanto Lugones como Giana desconfían del poder persistente del exdirector e intentaron, en distintos momentos, correr a su gente de posiciones clave. Pero la estructura resiste. Y en ese punto, Zamparolo aparece como una figura de equilibrio. Un mediador que permite que las tensiones no escalen a una ruptura abierta, aun cuando las diferencias se acumulan.

Entre la caja y los pactos

Sin embargo, está claro que el mecanismo no se sostiene solo por afinidades políticas o trayectorias compartidas. Menos por el encono. Descansa sobre un interés común que atraviesa a todos los actores involucrados: el negocio de la salud. En un sistema donde el volumen de recursos es constante y la demanda nunca desaparece, el PAMI funciona como un nodo estratégico. “La obra pública puede acabarse, pero la caja de la Salud no”, resumió, sin rodeos, una fuente con años de experiencia en el sector.

Esa lógica también se expresa en el modo en que se reorganiza hoy el sistema. En distintos niveles del PAMI empieza a consolidarse una dinámica de transferencia de recursos hacia el sector privado, con derivación de cápitas y contratos que reconfiguran el rol del Estado. Buena parte de esas decisiones se concentran en áreas técnicas menos visibles del organigrama. Un ejemplo es la Unidad de Gestión y Control de la Prestación Médica (UGCPM), encargada de auditar contratos, negociar con laboratorios y definir qué medicamentos integran la cobertura.

Desde allí, su titular, el médico Alejandro Wittenberg, supervisa precios, autoriza licitaciones millonarias y establece relaciones con prestadores, en un esquema donde la capacidad de decisión se concentra en pocos actores. Pero su poder no se limitaría a eso. ¿Será cierto que Wittenberg acaba de dar la orden de empezar a ceder el manejo de hospitales del PAMI a municipios peronistas de la provincia de Buenos Aires? “Van a echar a todos los empleados”, denuncian desde el conurbano. Algunos hasta mencionan que la bajada estuvo acompañada de un pedido explícito: que se traslade el resonador del nosocomio de Hurlingham al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.

En enero, elDiarioAR se había hecho eco del enojo de los referentes de La Libertad Avanza local por el desplazamiento repentino del director de esa institución, ubicada en aquel partido del oeste del Gran Buenos Aires. La llegada de un reemplazante con vínculos con la intendencia comandada por Pablo Descalzo alimentó sospechas sobre posibles acuerdos territoriales entre sectores de La Libertad Avanza y el peronismo.

Es que La Cámpora seguiría teniendo presencia en el PAMI. Como figura fuerte se menciona a Roberto “Pampa” Armagno, exgerente de Prestaciones Médicas en tiempos de Alberto Fernández y operador territorial vinculado a Hurlingham. En ese mismo plano circula una denuncia más amplia: que durante la campaña municipal de 2023, cuando el organismo todavía era conducido por Luana Volnovich, se habrían utilizado recursos de hospitales del sistema para financiar candidaturas como la de Damián Selci. Nada que pase de los rumores.

Innacción y crisis

La superposición de capas tectónicas tiene efectos concretos en la gestión, especialmente en áreas sensibles como la social, históricamente uno de los ejes del PAMI. La falta de conducción clara se traduce en inacción: programas que dejan de ejecutarse, presupuestos que no se utilizan y equipos que operan sin una línea definida conviven con disputas internas entre subgerencias que responden a distintos espacios, según pudo saber elDiarioAR. “Parálisis total”, resumió una fuente, en una definición que se repite en distintos niveles del organismo.

El retroceso es visible en la desaparición práctica de los medicamentos gratuitos o los subsidios para afiliados, mientras la atención territorial —que supo ser una herramienta clave a la hora de la construcción política— hoy aparece desdibujada. “No se está haciendo nada”, graficaron desde adentro. En algunos casos, incluso, los recursos asignados no se ejecutan y terminan reasignándose, en un contexto donde decisiones como el corrimiento físico de equipos a sectores marginales del edificio de la calle Corrientes funcionan como un síntoma del lugar que hoy ocupa la política social en la agenda del Gobierno.

Los pasillos de la sede central del PAMI, en el centro porteño, tienen su propia lógica de poder. Designaciones como las de María Antonella Racunti al frente del Área de Participación e Inclusión Social; de Yamil Salerno como titular —en su momento— de Derecho y Ciudadanía, ahora jefe de división de la secretaria privada de la gerencia; o el ascenso de Lucas Catalín Malin a la jefatura de Gabinete del organismo, responden menos a trayectorias técnicas que a alineamientos políticos. Es la capa más visible del caputismo dentro del PAMI, con vínculos directos con la militancia digital y el círculo de confianza del asesor presidencial.

Racunti, militante libertaria de La Plata y parte de la organización Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), llegó al organismo tras la reestructuración que concentró las antiguas gerencias. Malin, por su parte, es hoy uno de los nombres con mayor peso en la estructura cotidiana. Desde la jefatura de Gabinete, actúa como ordenador interno del esquema que impulsa el oficialismo. A esa trama se sumó recientemente el karinista Juan Pablo Scalese, designado en diciembre pasado al frente del Departamento de Políticas Sociales. Economista y hombre de estrecha cercanía con Pilar Ramírez, su desembarco responde a la necesidad dela hermana del Presiente de construir presencia propia.

Mientras tanto, la crisis del organismo avanza por carriles cada vez más evidentes. Los prestadores reducen servicios y, en algunos casos, trasladan esa falta de liquidez a sus propios trabajadores. “La cadena de pagos está rota”, sintetizó una fuente al describir un esquema en el que las deudas del PAMI impactan directamente en clínicas, médicos y personal sanitario. Para este lunes está anunciado un paro de médicos de cabecera por 72 horas por rebaja del 55% de los honorarios. En distintas regiones del país, la atención se restringe a lo urgente y empiezan a aparecer señales de ruptura en el sistema.

Entre los cuadros más antiguos del organismo aparece, además, una lectura que atraviesa gestiones: la sensación de estar frente a un proceso conocido. La combinación de atraso en los pagos, reducción de personal, retiros voluntarios y retracción de políticas públicas remite, según esa mirada, a otros momentos de “vaciamiento” del PAMI, como el ocurrido en 2001, en los tiempos del interventor Raúl Pistorio. “Es como un déjà vu”, dicen quienes llevan décadas trajinando sus oficinas.

Ese deterioro, sin embargo, convive con una constante puertas adentro de la obra social con más afiliados de América Latina. Es su capacidad de adaptación. Aun en contextos de ajuste, reestructuración o crisis abierta, el PAMI encuentra la forma de seguir funcionando, sostenido por una trama de relaciones que excede a cualquier gestión. Cambian los nombres de los funcionarios que dan la cara, se reordenan las jerarquías según nuevos parámetros y se reconfiguran las alianzas. Pero las capas profundas y sus representantes permanecen, a costa de los negocios, aunque muchas veces la propia realidad se encargue de ponerlos en jaque.

PL/CRM