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Pese a la idea del Gobierno, actualmente sólo los alumnos residentes pueden estudiar, por lo tanto todos tienen DNI argentino. Estadísticamente son menos del 5%. La iniciativa choca con la ley que establece la gratuidad de la educación pública superior.
Universidades, hospitales y mano dura en delitos: el Gobierno anuncia cambios en el regimen migratorio, sin aclarar cómo lo hará
El anuncio del Gobierno de querer arancelar la universidad para los extranjeros se desarma apenas se pone la lupa sobre cómo funciona el sistema público en la actualidad. Pese a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que la Casa Rosada tiene la intención de que se comience a cobrar a estudiantes no residentes, la realidad es que actualmente quienes ingresan a las casas de altos estudios ya cuentan con un DNI –otorgado por Migraciones de manera muy rápida– y no pagan porque la gratuidad educativa está avalada por la Ley de Educación Superior (Ley 24.521).
En su conferencia de este martes Adorni no aclaró si la reforma migratoria que impulsa Javier Milei correrá a partir de un decreto presidencial o vía cambios legislativos, pese a que el Congreso ya está virtualmente de vacaciones hasta marzo y no hay certezas aún de que vaya a haber sesiones extraordinarias.
“Sí o sí las universidades argentinas inscribimos con DNI argentino”, fue tajante en la aclaración sobre la situación de los estudiantes extranjeros el titular del Consejo Universitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, ante la consulta de elDiarioAR. Por lo tanto cae en un saco roto la idea de cobrarle a los “no residentes”, porque básicamente con ese estatus ninguna persona extranjera está habilitada para estudiar. Además, la intención libertaria es contraria a su supuesta idea de eliminar el rol del Estado de la vida cotidiana, ya que va contra la autonomía de las universidades.
Sí o sí las universidades argentinas inscribimos con DNI argentino
La única excepción a esa regla, supo este medio de otras fuentes especializadas, son los casos de estudiantes extranjeros que llegan al país para hacer un intercambio temporal, “que generalmente son de un semestre”.
“El anuncio me parece una bomba de humo, un absurdo total. La gratuidad de la educación superior está fijada por la ley de reforma de educación superior de 2015”, sostuvo a su vez Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. “Plantear estudiantes extranjeros no residentes no existe. No tiene sentido a no ser que modifiquen la ley”, agregó el académico en la pantalla del canal LN+.
Sin detalles oficiales, en la Cámara de Diputados buscaron entender el anuncio y especularon sobre los caminos legales. Aclararon que si el oficialismo avanza efectivamente en la reforma que anunció Adorni, podría cambiar la Ley de Migración (25.871), además de prohibir que se otorgue la residencia a quienes vinieran a estudiar. Pero hay un choque inevitable con la gratuidad que establece la Ley de Educación Superior. Esta modificación ya se quiso hacer en la primera versión de la Ley de Bases del verano pasado y fracasó por la oposición de las fuerzas aliadas.
Una fuente legislativa aclaró que además el Gobierno podría adoptar el sistema de Estados Unidos, en el que hay distintos tipos de visa, para luego presentar un trámite específico de ciudadanía o residencia. “Hecho esto, entonces serían extranjeros y eventualmente plausibles de cobrárseles un arancel”, apuntó la voz consultada, que criticó el anuncio de Adorni por ser “un jueguito para la tribuna”.
Desde el CIN, Morigiño también dijo que no hay conocimiento de cuál será el método que adopte el Gobierno para avanzar en ese objetivo, pero apuntó contra el preconcepto de que las universidades se ahorrarían partidas cobrándoles a los extranjeros. “No sabemos cómo van a hacer. Pero si hay que discutir esta situación, habría que fijarse cuando se egresa que no se vayan rápido, porque ahí el Estado argentino sí invirtió en un profesional que sería importante que se quede”, subrayó.
“Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, detalló a modo de ejemplo Adorni para sostener la tesis libertaria de que arancelar va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio, justo cuando está en disputa el presupuesto 2025, que el Gobierno no quiere sancionar y en donde la partida específica para universidades está a la mitad de los reclamado por el CIN: $3,8 billones frente a $7,2 billones. “Para las universidades el costo marginal no es importante, porque en promedio el 5% de los estudiantes son extranjeros. Ya sean 5 o 50 en un aula, igualmente tengo que poner un profesor”, dijo Morigiño.
De acuerdo con el último dato estadístico oficial, recolectado por el Ministerio de Capital Humano libertario, el 4,3% de la matrícula de las universidades estatales corresponde a estudiantes extranjeros. En todo el sistema estatal, al 2022, se registraron 91.984 estudiantes extranjeros. Justamente a contramano del anuncio oficial, el informe no desglosa entre “residentes” y “no residentes” porque solo los extranjeros con DNI o en documento en trámite están habilitados a cursar carreras de grado y posgrado.
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En la UBA, la proporción varía por facultad: Medicina es la que mayor porcentaje tiene, con un 23%. El Gobierno argumenta que esto genera una “carga adicional” al sistema. Especialistas señalan que los extranjeros también pagan impuestos y que, por esto, “la financiación de las universidades públicas se da a partir de los aportes que toda la sociedad (argentinos e inmigrantes) hace”.
Este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. “En primer lugar se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, sostuvo en su habitual conferencia de prensa.
La presencia de estudiantes de otros países en las aulas universitarias argentinas se había convertido en un tema de discusión en medio del conflicto por el financiamiento de la educación superior. Con la segunda marcha federal universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el 2 de octubre, el debate se intensificó.
De acuerdo con el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022 -2023” publicado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación —que depende del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello—, en 2022 (último dato disponible) 2.720.531 estudiantes realizaban estudios de pregrado, grado o posgrado en las universidades nacionales de todo el país.
Según el informe oficial, en 2022 se registró un total de 122.769 estudiantes extranjeros en las universidades argentinas, de los cuales 104.998 cursaban estudios de pregrado o grado, y 17.771 ofertas de posgrado.
Esta población representó el 4,1% del total de los estudiantes de pregrado y grado, y el 9,9% de los estudiantes de posgrado. Según el tipo de gestión, su participación alcanzó el 4,3% de la matrícula en el sector estatal y el 5,5% en el sector privado.
Desde 2015, el primer año con información oficial disponible, el porcentaje de estudiantes extranjeros siempre fue menor al 5%, aunque fue aumentando año a año ya que se inició con un 2,8%.
El Gobierno argumenta que los estudiantes internacionales generan “una carga adicional para el sistema”, según el comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano.
En esta nota, Pablo Ceriani Cernadas, director de la Especialización en Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús, señaló a Chequeado que “la cifra del 4,4% (dato de extranjeros estudiantes en 2020) es una subrepresentación de nuestra sociedad: somos 46 millones de personas y entre un 5 y un 6% son inmigrantes. Esto quiere decir que las personas extranjeras van menos a la universidad que los argentinos nativos”.
Y agregó: “Muchas veces cuando se dan estos debates se plantea que ‘los extranjeros estudian gratis gracias a que los argentinos pagan impuestos’. Pero ellos también pagan impuestos como cualquier persona. Entonces, la financiación de las universidades públicas se da a partir de los aportes que toda la sociedad (argentinos e inmigrantes) hace a través del sistema tributario”.
Respecto de su procedencia, los datos oficiales muestran que el 95,83% proviene de países de América; un 2,87% de países de Europa; y el 1,3% restante de Asia, África y Oceanía.
Los principales países de origen (en pregrado y grado) son: Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. En posgrado son Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Perú los países con mayor número de estudiantes.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), la mejor del país y la primera en Iberoamérica —según datos de la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) que elabora el QS World University Rankings—, muestra una diversidad significativa en la composición de su alumnado extranjero.
De acuerdo con los datos publicados por la institución, las facultades como Medicina y Odontología se destacan por tener una alta proporción de estudiantes internacionales. En particular, la de Medicina reporta 11.393 estudiantes extranjeros frente a 39.201 argentinos, lo que representa casi el 23% de su población estudiantil.
Le sigue Odontología, con un 12,7%; e Ingeniería, con un 8,2%. Luego, Arquitectura y Diseño, con un 6,4%. Las facultades de Farmacia y Bioquímica, Ciencias Económicas y Ciencias Exactas y Naturales, y Sociales muestran porcentajes similares, con un 5,6%, 5%, 4,8%, y 4,8, respectivamente.
Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en 2022 el 7% (un punto más que en 2021) de los estudiantes provenían del exterior, siendo esta proporción más alta en Ciencias Médicas (24%).
En toda la universidad en ese año estudiaban alumnos y alumnas de 42 países de los 5 continentes. “La mayor cantidad de extranjeros provienen de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Venezuela. Los estudiantes de Ecuador crecieron 80% respecto al 2021 y conforman la comunidad extranjera mas numerosa en la UNLP”, agrega el informe.
En la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), de acuerdo con sus propios datos, en el 2021 había 20.246 estudiantes en total, de los cuales 1.088 eran extranjeros. Esto representa el 5,6%.
En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), según su propio anuario del año 2022, los estudiantes extranjeros eran 6.107. Esto representaba el 7% del total de 85.381 estudiantes.
Según los últimos datos oficiales, el sistema universitario argentino está compuesto por 137 instituciones, 115 universidades y 22 institutos universitarios. De ese total, el 49,6% es estatal, ya sea nacional o provincial.
En 2022, el 33,6% de los nuevos inscriptos de pregrado y grado del sistema optaron por carreras de Ciencias Sociales, mientras que las Ciencias Aplicadas se encontraban en el segundo lugar de las ramas de estudio más elegidas, con un 24,8% de los nuevos inscriptos.
Con respecto a la distribución según sector de gestión, casi el 80% de los estudiantes universitarios se encuentran en instituciones de gestión estatal. “Esta distribución varía si el análisis se realiza teniendo en cuenta la Región CPRES (Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior), siendo que en las regiones Bonaerense, Noreste y Sur la participación de las instituciones de gestión estatal es aún más alta”, indican los datos oficiales.
Esta nota es una investigación de la periodista Rosario Marina, de Chequeado.
JJD
El oficialismo impulsará una reforma que incluirá el fin de la gratuidad total para no residentes en la Argentina. Además, se sumarán más delitos para impedir el reingreso al país, entre otras medidas informadas por el vocero de Javier Milei, Manuel Adorni, sin dar especificaciones al respecto.
El gobierno de Javier Milei informó que impulsará una reforma del régimen migratorio, que incluirá el arancelamiento de la salud púplica para extranjeros y de las universidades para estudiantes extranjeros no residentes. Además, sumará más delitos para impedir el reingreso al país. Así lo indicó el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa en Casa Rosada. “El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado y, en este caso, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”, sostuvo el portavoz.
“Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, justificó Adorni, quien añadió, a modo de ejemplo, que “uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Se trata de una medida que ya había sido contemplada en la ley Bases, pero que fue retirada durante las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, tras el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario, Milei decidió retomarla, pese a que en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes.
En octubre, a través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano había sostenido que “el 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público”. En el oficialismo, aseguraron a elDiarioAR que el principio de gratuidad continuaría vigente para los estudiantes argentinos y residentes permanentes, mientras que las universidades podrán establecer convenios con otros países e instituciones para fomentar intercambios educativos y otorgar becas a estudiantes extranjeros bajo ciertas condiciones.
Por otro lado, Adorni también confirmó el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros. “Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”, apuntó el vocero. “Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó el 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos”, añadió.
El vocero presidencial además anunció que se incorporán más delitos “como causa para impedir el ingreso o que sean justificativos para expulsar a un inmigrante del país”. Y explicó que “si aun delincuente se lo atrapa en flagrancia, o sea, se lo atrapa cometiendo el delito, o si se lo detiene por violentar el sistema democrático, atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”.
“Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan por o hacen el trámite migratorio. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”, detalló.
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El gobierno de Axel Kicillof reaccionó a los anuncios del vocero Manuel Adorni afirmando que las medidas del Ejecutivo nacional “carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento".
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, negó que los hospitales públicos provinciales vayan a cobrar por la atención médica a extranjeros, en respuesta a las modificaciones en el régimen migratorio anunciadas este martes por el gobierno nacional.
Kreplak, a través de un posteo en la red social X, cuestionó las medidas comunicadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmando que “carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento”.
Además, advirtió al Ejecutivo nacional que “no cuenten” con la provincia de Buenos Aires para implementar el arancelamiento en el sistema de salud pública.
El ministro de Axel Kicillof expresó su descontento por la falta de diálogo previo, señalando que el tema no fue mencionado durante la reciente reunión del Consejo Federal de Salud, en la que participaron representantes de todas las provincias.
Kreplak también recuperó una publicación propia de julio en la que abordaba la controversia sobre el cobro de prestaciones médicas a extranjeros. Según el funcionario, “las ideas vinculadas al cobro de prestaciones con la excusa de achicar el gasto público son en realidad un fuerte debate sobre la concepción sobre el derecho a la salud y el rol del Estado”.
Finalmente, destacó que la atención a personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema sanitario bonaerense, representando solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones.
DM
En una jornada de varios anuncios, el Gobierno nacional hizo oficial la obligatoriedad de las recetas electrónicas para medicamentos a partir del primer día del año que viene. Cómo funcionará el nuevo sistema.
El Ministerio de Salud de la Nación anunció que la receta electrónica se convertirá en un requisito indispensable en todo el país partir de 2025, por lo que las recetas médicas en formato papel dejarán de ser válidas en Argentina.
La decisión quedó oficializada a través de la Resolución 5744/2024, publicada en el Boletín Oficial el 3 de diciembre.
Según el Gobierno, este cambio busca “modernizar el sistema de prescripción médica y garantizar una mayor trazabilidad y accesibilidad para los pacientes”. La implementación será progresiva a lo largo del próximo año, con un enfoque en la interacción entre las plataformas digitales de prescripción y los repositorios virtuales que almacenarán las recetas electrónicas.
Según explicó el Ministerio de Salud, estas plataformas deberán garantizar que cualquier farmacia del país pueda acceder a las recetas almacenadas de manera segura y autorizada. “Los repositorios de recetas electrónicas o digitales tendrán que permitir que todas las plataformas y/o sistemas de prescripción puedan almacenar las recetas que emitan dentro de su repositorio, sujeto a la cobertura del paciente”, señaló la cartera sanitaria.
Para ello, los repositorios deberán ofrecer interfaces de programación de aplicaciones (APIs) públicas, además de publicar la documentación técnica necesaria para que las plataformas de prescripción puedan integrarse fácilmente. También se implementará un sistema de autenticación para validar las solicitudes de integración en un plazo máximo de diez días hábiles.
DM