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El dólar blue cotiza sólo $15 arriba del oficial, un logro de Milei que también abre dudas

El dólar blue o ilegal cerró este viernes a sólo $15 del oficial: a $1.050, un descenso del 0,5%, apenas por arriba de los $1.035 que cotiza en el Banco Nación. Los dólares financieros, legales, bajaron a $1.049 el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) y a $1.072 el contado con liquidación (CCL), con retrocesos del 1% y del 1,5%, respectivamente. La brecha cambiaria no estaba tan baja desde 2019, cuando Mauricio Macri reinstauró el cepo que había liberado en 2015. Se trata de un logro de Javier Milei, que asumió hace casi un año con una distancia entre el oficial y el paralelo del 194% –herencia del gobierno peronista azuzada por el temor a la promesa de dolarización– que hoy se derrumbó al 4%.

¿Es hora de aprovechar entonces para terminar con el cepo? Así lo recomiendan dos exministros de Economía como Domingo Cavallo, que antes era muy elogiado por Milei por su paso por el gobierno de Carlos Menem entre 1991 y 1996, y Nicolás Dujovne, que estuvo con Macri de 2016 a 2018, cuando le estalló la crisis en la cara junto a la de su entonces par de Finanzas, Luis Caputo. Pero Milei y Caputo no quieren repertir errores de Macri, dicen que no abrirán el mercado cambiario sin la seguridad de que después no tengan que volver a cerrarlo. Saben que el Banco Central carece de dólares para defender un nivel determinado del peso: sus reservas netas son negativas en US$8.000 millones, según la agencia bursátil Portfolio Personal Inversiones (PPI). Dudan de si eliminan tantas restricciones que rigen en la actualidad no sólo en el mercado oficial sino en los financieros porque muchos pesos están atrapados en la plaza criolla haciendo bicicleta financiera y pueden decidir fugarse al dólar y al extranjero. Un fenómeno así acarreraría una devaluación que rompería la senda bajista de la inflación, principal activo político del jefe de Estado.

Por eso, por ahora se liberan de a pocos restricciones y se apuesta a un préstamo adicional del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2025, cuando Donald Trump asuma la presidencia de EE UU, mayor accionista del organismo. Con ese crédito se reforzarían las reservas. Además se espera que se duplique el superávit comercial energético, en parte por el gasoducto ex Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno, que construyó el anterior gobierno.

Que el dólar no esté flameando a la deriva y al alza es una buena noticia. Que se haya estabilizado también. El problema para la producción nacional de bienes y servicios es que lo haya hecho en un nivel tan bajo. Festejan los importadores, quizá lo positivo sea que puedan comprarse maquinarias más baratas afuera, pero para el campo, la industria, el turismo y la economía del conocimiento, desde lo audiovisual hasta lo tecnológico, es un dato cada vez más preocupante porque elaborar productos y servicios en la Argentina cuesta crecientes dólares. El tipo de cambio real (ajustado por inflación) multilateral (en relación al dólar, el euro, el real y el yuan) nunca estuvo tan sobrevaluado hoy como en 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner lo atrasó antes de que Macri saliera del cepo, o en 2001, cuando Fernando de la Rúa y su ministro Cavallo se negaban a salir de diez años de convertibilidad y devaluar, mientras saltaba el desempleo por lo caro que era producir en el país. Pero ahora ni tampoco en las elecciones legislativas de 2025 parece que la desocupación vaya a ser un conflicto. Es momento de festejar la baja de la inflación mensual a un cuarto de lo que era, para lo cual un peso apreciado colabora y mucho, tanto como la motosierra fiscal y monetaria.

Un blanqueo de capitales que ni el Gobierno soñaba tan exitoso pese a lo generoso que era –sin multa alguna– cambió la incertidumbre cambiaria que reinaba en julio pasado, cuando el dólar paralelo se acercó a los $1.600. A partir de eso, llegaron dólares para cambiarse a pesos y pagar el anticipo del rebajado impuesto a los bienes personales, o a la riqueza. Otros se depositaron en bancos y fueron prestados a exportadores, que los cambiaron a pesos para hacer bicicleta financiera. No eran los únicos que vendían divisas para sumarse a la bici, lo que técnicamente se llama carry trade, es decir, apostar a mejores rendimientos en moneda local para algún día, no se sabe cuándo, volver a pedalear con el dólar. Todo ello contribuyó a bajar las expectativas de devaluación y entonces los sojeros sacaron sus granos de los silobolsas y comenzaron a liquidarlos antes de que el verde descendiera aún más.

El saldo comercial energético, que hace dos años, antes del gasoducto innombrable era deficitario, también ayudó, como la puesta en marcha de proyectos de litio que ya venían madurando. Además, la aspiradora de pesos del Banco Central funcionó en un país que ya no tiene un rojo fiscal que sea financiado con la maquinita de hacer billetes y que licuó la deuda de la autoridad monetaria hasta reducirla tanto que se la transfirió al Tesoro. Así se construyó el puente de dólares y la sequía de pesos que permitió domar –como le gusta decir a Milei– el tipo de cambio hasta el nuevo endeudamiento que se tomará con el FMI, el mismo al que Caputo le pidió en 2018 el mayor préstamo que el organismo dio a un país en su historia.

AR/MG

Satisfacción empresarial por la macro, temor a importaciones y sospechas por la hidrovía

Jubilados –que hasta se prenden fuego por el recorte de medicamentos que se suma al de haberes–, docentes, obreros de la construcción, trabajadores informales, artistas o científicos puede que estén peor que hace un año. Pero cuatro de cada cinco argentinos que votaron a Javier Milei lo siguen apoyando, un respaldo que si se mantiene le aseguraría una gran elección legislativa en octubre próximo. El mundo financiero está de fiesta, la energía y la minería se disponen a invertir ante los beneficios del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y los aumentos de tarifas, las empresas que cotizan en bolsa se revalorizaron y los dueños de las grandes fortunas, además de pagar menos impuestos a los bienes personales, celebran que el primer año de gobierno del anarcocapitalista Javier Milei fue mejor de lo que esperaban, bajó la inflación mensual a un cuarto de lo que era y pulverizó el déficit fiscal –con motosierra, pero también capitalizando intereses de deuda– y la emisión monetaria.

Lo que llaman “la macro (economía) ordenada”. Pero la industria, el consumo masivo y la construcción miran el futuro con incertidumbre sobre su recuperación. En un supermercado se preguntan por qué el Gobierno y muchas consultoras prevén un crecimiento del 5% en 2025 si ni el empleo ni el salario ni tampoco el crédito remontarían tan rápido. Las liberalizaciones de importaciones de Milei y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, atemorizan a los empresarios, el dólar barato y los costos altos azotan a todo aquel que produce bienes y servicios –desde el campo hasta el turismo, la producción audiovisual y el software–, mientras que la licitación que en teoría prometía abaratar la logística, la de la hidrovía del río Paraná, está bajo sospecha.

Una semana después de que La Libertad Avanza boicoteara el proyecto de ley de ficha limpia para solaz de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una llamativa operación paraguaya fue detenido con US$211.000 sin declarar el senador Eduardo Kueider, el mismo que el asesor presidencial Santiago Caputo promovía para presidir la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia. Resulta que había ensobrados entre los propios. Santiago Caputo es quien puso al secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert. También fue quien impulsó al subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, a partir del consejo de sus amigos del country Martindale y promotores de la fundacion libertaria Faro, Patricio y Germán Neuss. Arreseygor fue quien se ocupó de redactar los pliegos de la licitación de la hidrovía, pero en el mundillo de este negocio no tienen claro si fue el único que se ocupó de confeccionarlo.

Hay quienes apuntan a que metió mano la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal, que con Santiago Caputo fueron quienes hicieron lobby en el Congreso para lograr que Kueider y el resto de la oposición dialoguista aprobaran la ley Bases, con el RIGI incluido. Ibarzabal trabajaba hasta el año pasado en el estudio Cassagne, que tenía entre sus clientes a la empresa belga que draga desde hace 29 años draga la hidrovía, Jan de Nul. “La Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo no tuvo participación alguna en el armado de los pliegos”, la defienden en la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos.

El diputado dialoguista Nicolás Massot fue quien dijo públicamente lo que sospechan rivales de Jan de Nul y usuarios de la hidrovía: que la licitación está “absolutamente direccionada” hacia el triunfo de esa compañía, la misma que este año recibió un aumento del 40% del peaje en dólares. Al igual que cuando a principios de año Massot sembró dudas sobre dinero en negro que recibía Milei en campaña, ahora también el diputado se llamó a silencio después de la acusación sobre la hidrovía. Tira la bomba y se hace humo.

Pero en el entorno de Mauricio Macri –a quien siempre se lo vinculó con o sin razón a otra aspirante al negocio, la neerlandesa Boskalis– advierten que lo mencionado por Massot “lo dice mucha gente con muy buenos argumentos”. A la china CCCC se la dejó afuera al prohibirse la participación de firmas estales, mientras que Boskalis, su compatriota Van Oord y la belga DEME –son las cinco grandes en el mundo– pueden quedarse afuera porque se exige experiencia en ríos de más de 250 kilómetros de largo y se vetan las uniones transitorias de empresas (UTE), que era el formato con el que algunas de ellas se iban a presentar. “El pliego de bases y condiciones exige antecedentes técnicos y económicos que dejan afuera a buenos potenciales oferentes”, sostiene rivales de Jan de Nul.

“Lo exiguo de los plazos –hay que presentar oferta hasta el 29 de enero próximo– y la falta de información pública respecto a los volúmenes dragados desalienta la presentación de ofertas. El monto exigido para la presentación de impugnaciones es ridículamente prohibitivo, y claramente un mensaje para desinvitar más que para convocar a oferentes. Todo muy opaco”, agregan los críticos sobre negocio que se concesionará por 30 años, con la opción de prorrogar por 30 más. Es decir, Jan de Nul podría quedarse dragando casi un siglo. Pero ni en el Gobierno ni en la firma belga se hacen cargo de los reproches y justifican que el pliego exija antecedentes, robustez financiera e inversiones para ampliar la capacidad de transporte por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas, aun a costa de tarifas altas. También por allí navega otra mercancía que inquieta sobremanera a Estados Unidos: la droga que llega de Paraguay y Bolivia.

Más allá de la polémica, se espera que el ganador de la licitación de la hidrovía deba emprender fuertes inversiones para permitir que buques entren y salgan más cargados y se bajen así los costos de exportación.

Otros sectores en los que se esperan desembolsos en 2025 son la minería y la energía. En este último sector se festeja que el barril de petróleo haya pasado de valer hace un año US$50 a 65 en la actualidad, cerca de la paridad de importación, a 72, por la suba del precio del combustible. Los tarifazos de gas y luz, que no se tradujeron en mayor morosidad sino en menor consumo en supermercados, alientan a su vez a esos sectores a proyectar nuevos gasoductos y líneas de transmisión hechos por el sector privado, ya no por el Estado.

No sin polémica ambiental, avanza el proyecto de US$2.900 millones de Pan American Energy (PAE, la empresa de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni) y la noruega Golar para licuar gas de Vaca Muerta en el Golfo San Matías, en Río Negro, al que se sumaron YPF –el proyecto de planta propia tras la retirada de la malaya Petronas queda en veremos–, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin) y la británica Harbour. También el RIGI resucita las inversiones en energías renovables y las líneas de alta tensión para conectar los futuros parques solares y eólicos con el sistema troncal. Un caso son los US$250 millones que Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR, de Martín Brandi) y Acindar (filial de la indioluxemburguesa ArcelorMittal) que pondrá en Olavarría para generar luz con el viento y que esta siderúrgica puede asegurar a sus clientes externos que se provee de energía limpia, una exigencia cada vez más creciente en mercados desarrollados.

Hay inversiones mineras que no se concretarán antes de que se modifique la ley de protección de glaciares: no son las litio del noroeste (NOA) sino las del cobre –otro mineral clave para autos eléctricos– en Cuyo. Así lo expresan en la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM): “Siempre planteamos que por los tiempos que requiere poner en marcha un proyecto minero, un proyecto metalífero puede tomar más de una década desde la exploración inicial hasta su puesta en producción, y el tipo de inversión, grandes inversiones con largo plazo de recupero, la minería es una industria que para desarrollarse necesita contar con un marco de certezas para el sostenimiento de las inversiones. Esto abre toda una serie de desafíos, que incluyen temas legislativos, cómo es el caso de la ley de glaciares, que al contar con una definición imprecisa en cuanto a cuáles son los bienes que pretende proteger, genera incertidumbre por la diversidad de interpretaciones, lo que podría frenar por completo un proyecto. En nuestro país ya hay inversiones relacionadas con el cobre, que están generando empleo y desarrollo. Pero este punto es fundamental para asegurar que se puedan poner en marcha muchos de esos grandes proyectos”. El Gobierno ya quiso modificar la norma de glaciares en la ley Bases, pero la resistencia ambiental, para la cual no hay imprecisiones a la hora de proteger esas reservas de agua en la alta montaña, lo impidió.

Claro que algunas inversiones, aun existiendo el RIGI, esperarán para concretarse. Multinacionales quieren que antes se libere el cepo cambiario para asegurarles a sus accionistas que podrán retirarse dividendos cuando el capital que vayan a hundir comience a dar fruto. Luis Caputo y equipo responden que, aunque la brecha cambiaria se haya eliminado, no quieren correr el riesgo de abrir ahora el mercado cambiario y tener que cerrarlo después, como le pasó a Mauricio Macri, aunque no descartan que ocurran en el segundo semestre de 2025. Pero en las multis no se conforman con la garantía que les pueda ofrecer el RIGI, aguardan una norma general. Recuerdan que en 2013 un decreto le aseguraba a la petrolera norteamericana Chevron la libertad cambiaria en el primer megaproyecto de Vaca Muerta, junto con YPF, y después se incumplió.

Pero además las elecciones de medio término demorarán decisiones de invertir. Aunque los grandes empresarios compran encuestas que muestran que Milei mantiene un apoyo del 45% y esperan que arrase en el interior en los comicios, dudan sobre la provincia de Buenos Aires porque la figura de Cristina Fernández de Kirchner se consolida más y más en el conurbano pobre que sufre con el ajustazo libertario. En los supermercados de Neuquén se vive un repunte por el derrame de Vaca Muerta, pero en los de Jujuy, Salta y Catamarca no se percibe el boom de litio, dos fenómenos que ya venían en ascenso desde el anterior gobierno, pero en el Gran Buenos Aires se siente la pérdida del empleo industrial y el retroceso salarial y jubilatorio. Pese a que se prevé una Navidad tranquila, y por ahora no hay reclamos de los desarticulados grupos piqueteros a las grandes cadenas supermercadistas, algunos de los hombres de negocios que integran la nueva lista de 50 mayores millonarios de la Argentina monitorean con inquietud la situación social. No hay piquetes, ni mucho menos saqueos, pero sí más mendicidad y delincuencia. No por nada la ONG Banco de Alimentos Buenos Aires, aunque con cuenta con el apoyo de grandes empresas, ha comenzado una campaña para sumar más donantes corporativos e individuales ante la estadística de la Universidad Católica Argentina (UCA) de que seis de cada diez niños argentinos necesitan ir a comedores, pese a que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, les ha reducido la ayuda y ha apostado a canalizar la ayuda con fuertes incrementos de la asignación universal por hijo (AUH) y algo menos de la Tarjeta Alimentar.

Algunos de esos grandes millonarios que hasta hace poco estaban embelezados por Milei comienzan a preocuparse por la competitividad de su producción por el tipo de cambio, la energía encarecida, reformas laborales y tributarias que se prometen pero por ahora no se concretan o mayores costos por la eliminación de la obra pública en trenes y rutas –esta semana vecinos de Salta cortaron la ruta nacional 9 por el estado lamentable y la Corte provincial le ha exigido acción al gobierno libertario–.

Milei repudia la inversión estatal, aunque por lo bajo el jefe de Gabinete y el ministro de Economía prometen reactivarla cuando sobre plata. También se inquietan los empresarios por las desregulaciones que pergeñan el presidente, Sturzenegger, Luis Caputo, su nuevo secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el subsecretario de Comercio Exterior, Esteban Marzorati. Por ejemplo, quieren modificar normas técnicas para facilitar la importación de acero –otra irritación de Paolo Rocca, dueño del grupo Techint– y cemento –donde tallan la brasileña Loma Negra, la francesa Holcim, PCR y la española Cementos Avellaneda–. O han triplicado el monto para importar vía courier hasta $3.000, lo que asusta a los fabricantes de electrónica –llámese Mirgor, de Nicolás Caputo, primo de Luis y tío de Santiago; Newsan, de Rubén Cherñajovski, o BGH, de los Hojman y Teubal– pero también a las cadenas comerciales como Frávega, Megatone o Cetrogar, ante la amenaza de los competidores internacionales de Mercado Libre como Amazon o las chinas Shein y Alibaba.

La industria local de la ropa también se inquieta. Pero un alto funcionario ratifica la senda guiada por su ideología: “Desburocratizar, desregular, quitar intervenciones sin sentido. Es el camino para reducir costos y aumentar la oferta”. Cuando los empresarios les pronostican destrucción de empleo, responden: “Hay que acomodarse, no va a tener tanto impacto, el mundo no a va en esta dirección”. Por lo bajo, los ejecutivos reflexionan: “Respuesta poco feliz, subestiman el efecto”.

AR/MG

Francia y Polonia pero también organizaciones sociales en Europa rechazan el acuerdo UE-Mercosur y anuncian protestas

El anuncio del cierre de las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Mercosur para un acuerdo comercial generó un rechazo unánime en Francia, donde la peleada clase política se unió para repudiar el cierre del tratado de libre comercio, al que también se oponen Polonia y Países Bajos, así como por numerosas organizaciones sociales y campesinas.

“Puñalada por la espalda”, “inaceptable” o “traición” son algunos de los comentarios que generado en Francia el anuncio realizado este viernes en Montevideo por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el cierre del acuerdo tras casi 25 años de negociaciones.

El acuerdo sigue siendo “inaceptable” en su estado actual y, como “no está firmado ni ratificado”, por ahora no tiene “ningún efecto jurídico”, afirmaron fuentes del Elíseo. Desde la Presidencia francesa añadieron que “solo los Estados” miembros de la UE “podrán autorizar la firma del acuerdo”, y recalcaron que los 27 “no están vinculados por el anuncio del fin de las negociaciones”.

En cambio, en el Mercosur el consenso sobre el avance del tratado parece estar mucho más firme y así quedó expresado en la última cumbre realizada en Montevideo.

Francia va a luchar “en cada etapa” del proceso dentro de la UE, advirtió por su parte la ministra de Comercio Exterior en funciones, Sophie Dumas, quien recalcó que lo ocurrido en Montevideo “no compromete a los Estados miembros” del bloque europeo.

Más duras aún fueron las reacciones de los líderes políticos de la oposición. “¡Un acto de traición!”, clamó el secretario general del Partido Comunista, Fabien Roussel, en la red social X. “Puñalada por la espalda”, fue la expresión de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, quien lamentó que la Comisión Europea de “impuso su 'diktat'”. Le Pen acusó también a la CE de “limpiarse los pies con el voto soberano de los diputados” franceses, ya que la Asamblea Nacional rechazó por una mayoría aplastante la pasada semana el acuerdo de libre comercio, igual que ocurrió en el Senado.

Al otro extremo del arco político, Jéan-Luc Mélenchon, líder histórico del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), prefirió atacar al presidente francés, Emmanuel Macron, que está inmerso en la tarea de buscar un nuevo primer ministro tras la moción de censura que derribó al Gobierno de Michel Barnier el pasado miércoles. “Mientras Macron juega al monopoly político, el Gobierno alemán está encantado con el abuso de poder de Von der Leyen, que ha firmado el acuerdo de libre comercio con Mercosur en Uruguay. Con Macron, Francia sale de la Historia”, afirmó.

La líder ecologista Marine Tondelier también atacó a Macron al criticar el acuerdo: “El balance del macronismo es también el debilitamiento de Francia en Europa y en el mundo”. “Nuestros agricultores no pueden ser monedas de cambio”, insistió.

Además de entre la clase política, las críticas se multiplicaron también en las organizaciones agrarias, que en las últimas semanas protagonizaron protestas por todo el país contra este acuerdo y que tienen nuevas movilizaciones programadas para el lunes y el martes de la próxima semana.

“Ursula (von der Leyen) nos clava un puñal por la espalda”, consideró Yohan Barbe, portavoz del principal sindicato agrario de Francia (FNSEA) en declaraciones al canal BFMTV, en las que avisó también de más movilizaciones: “Vamos a endurecer nuestras acciones y a centrarlas en la UE”.

Von der Leyen no estará mañana en París, como otros líderes internacionales, para la ceremonia de reapertura de la catedral de Notre Dame, después de inicialmente se informara de que asistiría, aunque su gabinete aseguró hoy, tras el anuncio de Montevideo, que “la visita no había sido confirmada oficialmente”.

La dura posición de Francia: entre política, campo y medio ambiente

El rechazo francés al acuerdo se basa en que los agricultores y ganaderos del bloque suramericano no tienen que cumplir las mismas exigencias fitosanitarias o ambientales que los productores europeos, por lo que estos sufrirían una competencia desleal, según París.

Dos de los problemas que más se mencionan en París, pero no los únicos, son la utilización de hormonas y antibióticos para el crecimiento del ganado vacuno y de aves, o la falta de garantías en cuestiones ambientales, como el final de la deforestación amazónica con fines agrícolas.

Francia lideró la oposición al acuerdo-incluso con el 'no' de la Asamblea- junto a Holanda y Polonia por temor a que se acreciente la crisis del campo. Buena parte de los agricultores y ganaderos, especialmente los productores de carne de res, lácteos y cereales, manifestaron sus recelos por la competencia a precios más bajos de la producción en los países de América del Sur.

Por el momento, no hay fecha ni para la aprobación ni para la entrada en vigor de un texto que afecta a 31 países (Bolivia aún no forma parte completa de Mercosur) y que tienen que ratificar el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo.

Alemania, cuya economía en horas bajas depende en buena medida de las exportaciones, y España fueron los países europeos que más empujaron para que el acuerdo saliera adelante.

Italia puso objeciones hasta el último momento. “Tenemos que comprobar que los países del Mercosur cumplen las mismas obligaciones que nosotros imponemos a nuestros agricultores en materia de respeto de los derechos de los trabajadores y del medio ambiente”, expresó hace dos días el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, de la extrema derecha de Fratelli d'Italia, que reclamó ajustes para poder dar el visto bueno al texto.

Por la parte de Mercosur, el debate hasta el último momento fue respecto a la “flexibilidad” para que los países que forman parte del bloque puedan llegar a acuerdos bilaterales. Ese es el objetivo último de Javier Milei, presidente pro tempore del Mercosur desde este viernes, que quiere negociar con China y Estados Unidos.

También el Parlamento Europeo tiene que validar el acuerdo. Los Verdes y La Izquierda ya manifestaron su rechazo frontal al trato. “Ursula von der Leyen selló el acuerdo UE-Mercosur con el presidente argentino de extrema derecha, Javier Milei, en una maniobra que no satisface ni las necesidades de los europeos ni las de los ciudadanos de los países del Mercosur. Una vez más, una minoría de actores de los sectores agroalimentario, automovilístico y químico se beneficiará de esta toma de poder”, señala en un comunicado la eurodiputada Saskia Bricmont: “Las preocupaciones expresadas por los agricultores europeos, la creación de empleo y la protección de los derechos sociales, la salud y los bosques en los países del Mercosur no son prioridades para la presidenta de la Comisión Europea”.

Rechazo de las organizaciones sociales

También desde el grupo de La Izquierda cuestionan el texto y advierten de la opacidad de las negociaciones. Consideran que causará “daños significativos tanto a las personas como al planeta” al poner en peligro “los derechos de los trabajadores y las empresas más pequeñas a ambos lados del Atlántico, para favorecer los intereses de las grandes corporaciones”.

Las críticas también llegan de las organizaciones sociales por la escasez respecto a los compromisos en materia medioambiental y de derechos laborales, que consideran insuficientes. La gran preocupación es que se perpetúe la explotación laboral en el sector primario de Mercosur y que se ponga en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades locales al fomentarse la producción a gran escala al priorizarse la exportación.

“25 años de conversaciones secretas a puerta cerrada, dejando de lado una y otra vez las preocupaciones de la opinión pública, han desembocado hoy en un acuerdo que aumentará el comercio de carne de vacuno, pesticidas y plásticos, con consecuencias desastrosas para la Amazonia, el clima y los derechos humanos. Es vergonzoso que los dirigentes de la UE y Mercosur sigan adelante con este acuerdo tóxico”, denuncia Lis Cunha (Greenpeace).

También la asociación de sindicatos europeos ETUC alerta en contra del acuerdo: 2Aunque el acuerdo ofrece nuevas oportunidades para la creación de empleo y la cooperación entre Europa y Sudamérica, los sindicatos siguen preocupados. La falta de transparencia y legitimidad democrática en estas negociaciones se ha sumado a esas preocupaciones“.

El comité de organizaciones agrarias y cooperativas europeas (Copa-Cogeca) lamentó el anuncio del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al entender que tendrá “profundas consecuencias para la agricultura familiar en toda Europa” y anunció protestas en Bruselas el próximo lunes. “Los temores de la comunidad agrícola se materializaron”, indicó el Copa-Cogeca en un comunicado que alerta de que, si los Estados miembros y el Parlamento Europeo aceptan el acuerdo, el impacto lo sufrirán también 450 millones de consumidores de la UE.

Desde la Coordinadora Europea Vía Campesina (pequeños y medianos agricultores), condenaron la decisión de la Comisión Europea y de los líderes del Mercosur de concluir las negociaciones, y aseguraron que los campesinos seguirán movilizándose contra el acuerdo comercial “y, de un modo u otro, le pondrán fin”. En un comunicado, señalaron también que el pacto entre la UE y el Mercosur “contradice totalmente los compromisos de todos los gobiernos nacionales de esos bloques en materia de lucha contra el cambio climático”.

“Ahora observaremos con atención lo que realmente harán los gobiernos y los grupos políticos que durante la movilización histórica de los agricultores a principios de este año afirmaron estar cerca de los agricultores. Tienen que posicionarse en contra del tratado y de esta forma antidemocrática de negociar acuerdos comerciales”, dijo Andoni García, desde la Coordinación Europea Vía Campesina.

Con información de la agencia EFE y elDiario.es

Tras 25 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea sellaron un acuerdo de libre comercio

La UE y los países de Mercosur cerraron el acuerdo comercial que se resistía desde hace décadas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó a Montevideo, donde se celebrarba una cumbre de Mercosur, para poner el broche final a unas negociaciones que se han prolongado durante años después de haber alcanzando un principio de acuerdo en 2019, que fue reabierto por las dudas medioambientales. “Este acuerdo no es solo una oportunidad económica, sino una necesidad política”, dijo la alemana en una rueda de prensa en la que, junto a los líderes de esos cuatro países, anunció la culminación de las negociaciones. 

La Cumbre mostró también el encuentro cara a cara entre el presidente Javier Milei y su par de Brasil, Lula da Silva, a quien el argentino descalificó en varias oportunidades y acusó de “comunista”.

Ahora los países tendrán que ratificar el texto, que cuenta con el rechazo frontal de Francia, Polonia y Países Bajos. También Italia mostró dudas en el último momento. Esa es la tarea que tiene ahora por delante Von der Leyen: “Este acuerdo es una victoria para Europa”. “Un acuerdo político es el primer paso de un camino largo de ratificación. Es un principio del proceso, no el final”, reconoció el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Ollof Gill, minutos antes de que se formalizara el trato en Montevideo.

Von der Leyen ha puesto el énfasis en la necesidad de rubricar el que será el acuerdo comercial más amplio de la historia al abarcar un mercado de 700 millones de personas. Supondrá la eliminación gradual de los aranceles al 91% de las exportaciones de la UE al Mercosur, incluidos productos industriales y alimentarios, y al 92 % de las exportaciones del Mercosur a la UE. En Montevideo, la alemana también se refirió a las facilidades para acceder a contratos públicos así como la simplificación de los trámites.

“Todo esto significa muchas más oportunidades de empleo y crecimiento en Europa”, señaló Von der Leyen, convencida de que se beneficiarán del acuerdo más de las 30.000 empresas que exportan a esa región a la que la UE exportó bienes por un importe de 56.000 millones de euros en 2023. Además, en Bruselas enfatizan la necesidad de reforzar los lazos con América Latina en un momento en el que China está expandiendo su red con inversiones en la región. De hecho, el gigante asiático es el primer socio comercial de Mercosur, seguido de la UE y de EEUU.

Alemania, cuya economía en horas bajas depende en buena medida de las exportaciones, y España han sido los países europeos que más han empujado para que el acuerdo saliera adelante. Por el contrario, Francia ha liderado la oposición -incluso con el 'no' de la Asamblea- junto a Holanda y Polonia por temor a que se acreciente la crisis del campo. Buena parte de los agricultores y ganaderos, especialmente los productores de carne de res, lácteos y cereales, han manifestado sus recelos por la competencia a precios más bajos de la producción en los países de América del Sur.

Dudas medioambientales y para el sector primario

Ahora los países tendrán que ratificar el acuerdo y aprobarlo en el Consejo de la UE por mayoría cualificada (un 55% de los estados miembros que representen al menos al 65% de la población europea. Italia ha puesto pegas hasta el último momento. “Tenemos que comprobar que los países del Mercosur cumplen las mismas obligaciones que nosotros imponemos a nuestros agricultores en materia de respeto de los derechos de los trabajadores y del medio ambiente”, expresó hace dos días el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, de la extrema derecha de Fratelli d'Italia, que reclamó ajustes para poder dar el visto bueno al texto. Por la parte de Mercosur, el debate hasta el último momento ha sido respecto a la “flexibilidad” para que los países que forman parte del bloque puedan llegar a acuerdos bilaterales. Ese es el objetivo del presidente Javier Milei, que quiere negociar con China y Estados Unidos.

También el Parlamento Europeo tiene que validar el acuerdo. Los Verdes y La Izquierda ya han manifestado su rechazo frontal al trato. “Ursula von der Leyen selló el acuerdo UE-Mercosur con el presidente argentino de extrema derecha, Javier Milei, en una maniobra que no satisface ni las necesidades de los europeos ni las de los ciudadanos de los países del Mercosur. Una vez más, una minoría de actores de los sectores agroalimentario, automovilístico y químico se beneficiará de esta toma de poder”, señala en un comunicado la eurodiputada Saskia Bricmont: “Las preocupaciones expresadas por los agricultores europeos, la creación de empleo y la protección de los derechos sociales, la salud y los bosques en los países del Mercosur no son prioridades para la presidenta de la Comisión Europea”.

Rechazo de las organizaciones sociales

También desde el grupo de La Izquierda cuestionan el texto y advierten de la opacidad de las negociaciones. Consideran que causará “daños significativos tanto a las personas como al planeta” al poner en peligro “los derechos de los trabajadores y las empresas más pequeñas a ambos lados del Atlántico, para favorecer los intereses de las grandes corporaciones”.

Las críticas también llegan de las organizaciones sociales por la escasez respecto a los compromisos en materia medioambiental y de derechos laborales, que consideran insuficientes. La gran preocupación es que se perpetúe la explotación laboral en el sector primario de Mercosur y que se ponga en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades locales al fomentarse la producción a gran escala al priorizarse la exportación.

“25 años de conversaciones secretas a puerta cerrada, dejando de lado una y otra vez las preocupaciones de la opinión pública, han desembocado hoy en un acuerdo que aumentará el comercio de carne de vacuno, pesticidas y plásticos, con consecuencias desastrosas para la Amazonia, el clima y los derechos humanos. Es vergonzoso que los dirigentes de la UE y Mercosur sigan adelante con este acuerdo tóxico”, denuncia Lis Cunha (Greenpeace).

El kirchnerismo solicita una sesión especial para expulsar a Kueider y cita como argumento un texto de Eduardo Menem

El bloque de senadores del kirchnerismo le solicitó esta tarde a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, una sesión especial para tratar la remoción de Edgardo Kueider, el senador entrerriano detenido en Paraguay con 200.000 dólares sin declarar. 

La iniciativa, que lleva la firma de los senadores Mariano Recalce, Antonio Rodas, Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio, propone que la expulsión de Kueider se trate el próximo jueves a las 11. 

El texto coincide con la línea argumentativa del difundido días atrás por el interbloque que tiene terminales en la ex presidenta Cristina Kirchner. “La función legislativa requiere no solo capacidad técnica, sino también integridad moral”, dice la nota. 

En una parte de la solicitud, los senadores de Unión por la Patria fundamentan su pedido con un texto escrito por el ex senador Eduardo Menem, padre del actual titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Nos parece necesario destacar que esta Honorable Cámara se encuentra plenamente habilitada a ejercer las facultades disciplinarias a sus integrantes fuera del período de sesiones ordinarias, tal como lo explica Eduardo Menem (quien fuera presidente de la Convención Constituyente de 1994 y presidente provisional de este H. Cuerpo) en su obra Derecho Penal Parlamentario”, afirma el texto de los senadores kirchneristas.

“Cualquier maniobra dilatoria que busque postergar el tratamiento de ese tema solo podrá ser entendida de una manera: complicidad”, resalta el documento que busca ponerle presión al oficialismo y sus bloques aliados en la Cámara alta.

La acción motorizada por el kirchnerismo responde a que, en el caso de que Kueider sea destituido de su función pública, podría asumir Stefanía Cora, integrante de La Cámpora, y segunda en la lista del Frente de Todos en 2019 por la que ingresó el dirigente entrerriano. 

En declaraciones radiales, la senadora Juliana Di Tullo afirmó que: “Estamos en conversación con todos los bloques. Espero que sostengan en público lo que dicen en privado”, en relación a expulsión del senador Kueider. “Si Milei nombra a los jueces de la Corte por decreto en comisión, ya expresamos con una nota firmada por los senadores de Unión por la Patria que vamos a rechazar los pliegos. No sólo a estos dos candidatos, nunca vamos a aceptar a quienes sean nombrados por decreto en comisión”, concluyó.

DM con información de agencia NA