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Noticias de Tucuman
"Si querés seguir trabajando tenés que pagar": empresarios arrepentidos detallan presiones y retornos en la obra pública
Testimonios de empresarios ante el Tribunal Oral 7 expusieron un mecanismo de recaudación ilegal en la obra pública que, de acuerdo con la fiscalía, tenía a Cristina Fernández de Kirchner como máxima autoridad política del sistema.
El Tribunal Oral Número 7 retomó este martes la lectura de la elevación a juicio por los escritos de Oscar Centeno del tramo conocido como “La Camarita”, dentro de la Causa Cuadernos, en una audiencia que se extendió por cuatro horas y en la que donde diversos empresarios de la construcción relataron el funcionamiento de un sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización en la obra pública.
En sus declaraciones como arrepentidos ante el fiscal Carlos Stornelli, y que posteriormente fueron homologadas por el juez Claudio Bonadio, los empresarios Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg describieron exigencias de aportes económicos, advertencias explícitas sobre represalias y un entramado que, según sostuvieron, condicionaba quién podía trabajar y quién quedaba fuera del entramado.
Gerbi, presidente de la constructora Coarco, afirmó que las presiones comenzaron poco después de firmarse contratos de concesión vial. Relató que el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, le trasladó a su socio que “por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias”.
Según su declaración, la negativa inicial derivó en inspecciones, multas, demoras en los pagos y amenazas directas. “Me decía 'te voy a hacer fundir', 'me voy a quedar con tu empresa', 'voy a ir por vos y por tu familia'”, sostuvo Gerbi, quien además admitió que ante ese escenario comenzaron entregas de dinero en encuentros pactados en bares y confiterías, con montos equivalentes a entre 15.000 y 25.000 dólares por vez.
Chediak, titular de la sociedad que lleva su apellido, describió un esquema similar al aportado por Gerbi pero con exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido. “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”, recordó que le dijo en una reunión en su domicilio.
Por otra parte, contó que llevó dinero tanto a la casa del exministro como al propio ministerio, donde en ocasiones le indicaban que dejara los paquetes “en el baño”. Las sumas, según detalló, iban de 100.000 a 250.000 pesos y tenían frecuencia mensual. Más tarde, señaló, el sistema se centralizó en la figura del financista Ernesto Clarens, quien fue tajante: “Si quieren trabajar van a tener que pagar. Acá se es amigo o enemigo”.
Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, describió un mecanismo más estructural. Sostuvo que, desde 2004, por orden del Poder Ejecutivo, se organizó un sistema para asegurar que determinadas empresas ganaran licitaciones y luego devolvieran parte del anticipo financiero como “retorno” para gastos políticos. “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero”, indicó.
Según los dichos Wagner, las empresas se reunían para definir quién ganaba cada obra y, una vez adjudicada, debían entregar entre el 10 y el 20 por ciento del anticipo. “Mi función era garantizar que el que ganaba pagara”, explicó, y reconoció que su propia empresa, Esuco, también participó de ese esquema.
Aldo Roggio, por su parte, admitió haber realizado aportes exigidos por Roberto Baratta, aunque aclaró que fueron con fondos personales y por montos inferiores a los reclamados. Reconoció entregas equivalentes a 50.000 y 100.000 dólares y explicó que accedió “ante la evidente probabilidad de represalias” contra su empresa. “El clima que se vivía me representó esa posibilidad”, señaló, y describió al gobierno de entonces como de “neto corte autoritario”.
Finalmente, Marcela Sztenberg, directiva de Equimac, relató el impacto de las presiones en la empresa y en su entorno familiar. Recordó que su socio Eduardo Herbon volvía de reuniones “asustado”, diciendo que “lo estaban apretando y pidiendo plata para la corona”.
Identificó a Clarens como el principal interlocutor y describió encuentros en oficinas del centro porteño y en Puerto Madero. Según su declaración, las exigencias se volvieron insostenibles y, tras comunicar la imposibilidad de seguir pagando, los contactos cesaron, aunque la empresa quedó ahogada por deudas, demoras en los pagos y juicios.
Los imputados colaboradores coincidieron en que no se trataba de aportes voluntarios, sino de condiciones impuestas para evitar sanciones, demoras o directamente la exclusión del mercado.
Por último, se leyó la valoración de la prueba formulada por Stornelli. El acusador público que el sistema en “La Camarita” estuvo orientado a direccionar adjudicaciones, garantizar pagos selectivos y recaudar dinero ilegal a través de retornos exigidos a empresas constructoras.
En esa estructura, Wagner, fue señalado como quien “diagramó el funcionamiento y puso en práctica el sistema de recolección ilegal”. El fiscal remarcó que Wagner garantizaba a los empresarios el otorgamiento de las obras y, al mismo tiempo, el cumplimiento de las erogaciones exigidas. A su lado operó el financista Ernesto Clarens, definido como “el encargado principal de la faz recaudatoria”, responsable de recibir el dinero, cambiarlo en el mercado informal y canalizarlo hacia los destinatarios finales
Stornelli también subrayó el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como engranaje clave del esquema. De acuerdo con los testimonios, desde allí se manejaban listados de prioridades de pago que funcionaban como herramienta de presión y que Cristina Fernández de Kirchner ocupó “la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible” y que Julio De Vido, fue el organizador del sistema en el área de obra pública.
El debate se reanudará el próximo jueves a las 9.30, momento en el que se espera sean leídas las últimas 51 fojas del tramo correspondiente a “La Camarita”.
Con información de Noticias Argentinas
JIB
Reforma laboral exprés: Bullrich acuerda con Villarruel acelerar el armado de una comisión clave
La jefa del bloque LLA estuvo en la reunión de Labor Parlamentario encabezada por la vice. La agenda oficial prevé que este miércoles se conforme la comisión de Trabajo y Previsión, donde será discutido el proyecto de flexibilización del Gobierno. Quieren votar el viernes 26.
Victoria Villarruel y Patricia Bullrich volvieron a verse las caras este martes en una reunión de Labor Parlamentario en el que la vice buscó ordenar la agenda del Senado para las sesiones extraordinarias. La flamante jefa del bloque libertario pidió acelerar el trámite para la conformación de una comisión clave donde será discutida la reforma laboral del Gobierno. También buscan poner en marcha la comisión que avanzará con la nueva Ley de Glaciares.
El acuerdo fue que las comisiones se conformarían desde este miércoles a las 9, según supo elDiarioAR de fuentes parlamentaras. La que más le importa a Bullrich es la comisión de Trabajo y Previsión Social, que presidirá ella misma, y que será la que gestione el debate por la reforma laboral.
Conformada la comisión, Bullrich quiere darle un trámite exprés al asunto. A las 11 mañana ya habrá plenario de Trabajo con Presupuesto y Hacienda, ya para avanzar en el tratamiento del proyecto de reforma laboral.
La senadora planea dictaminar la iniciativa el próximo jueves y llevarlo al recinto el lunes próximo o el viernes 26, para darle la media sanción de la ley a los Milei como regalo de Navidad. El escollo es que la CGT marchará este mismo jueves en Plaza de Mayo y el peronismo buscará convocar a expertos al debate.
“Mañana empezará la constitución de las comisiones y los plenarios”, confirmó una voz autoridazada del Senado este mediodía, tras al cumbre en el despacho de Villarruel. Es la noticia que esperaba Bullrich, la encargada del Gobierno de liberar el camino para la media sanción en la Cámara alta de la reforma.
Además de Bullrich y Villarruel participaron los jefes de los otros bloques, como el peronista José Mayans (Formosa) y el radical Eduardo Vischi (Corrientes). Mayans busca obstaculizar el debate rápido que quiere el oficialismo, mientras el radicalismo sería una pieza clave en la mayoría que pretende construir la ex ministra de Seguridad.
elDiarioAR anticipó que Bullrich imagina tener unos 40 votos a favor, entre la veintena de libertarios y los aliados del PRO, UCR y bancas de gobernadores dialoguistas. Pero la presión callejera y las jugadas palaciegas pueden empantanar la estrategia de la senadora violeta.
La intención del Gobierno es que no haya prácticamente debate: consideran que la reforma ya se cocinó en el ámbito del Consejo de Mayo, donde estuvo la senadora radical Carolina Losada (Santa Fe).
Anoche Bullrich sostuvo que desde su bancada, más los aliados, tienen “la decisión” de lograr sancionar la reforma laboral “antes de fin de año”, aunque luego del Senado tendrá que ser discutida en Diputados. “Tengo la decisión de llevar adelante esta ley, y con todo el bloque de la LLA estamos hablando con otras bancadas. Los kirchneristas ya dijeron que no, así que no tenemos mucho que hablar con ellos, pero si con otros”, reveló Bullrich.
Según su mirada, la reforma laboral no necesita discusión parlamentaria porque se trata de “una ley que se ha discutido mucho”. “Ya hace 20 años que hablamos de leyes que hay que cambiar, y en este caso el sistema laboral ha cambiado en el mundo y tiene que cambiar también en la Argentina”, subrayó en declaraciones televisivas.
Ley de Glaciares
El Gobierno también avanzará con la reforma de la Ley de Glaciares. Este miércoles también se constituirá la comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Justicia y Asuntos Penales, y Minería, Energía y Combustibles. La plenaria se agendó para las 11.
La iniciativa del Gobierno es modificar la normativa actual para flexibilizar el marco de protección de los glaciares y del ambiente periglacial y otorgar más protagonismo a las provincias en la determinación de las áreas donde podrían desarrollarse actividades productivas, incluida la minería.
La reforma reavivó cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales, que recuerdan que la Ley de Glaciares fue aprobada tras un amplio debate social y científico y que su constitucionalidad fue ratificada en 2019 por la Corte Suprema de Justicia, que priorizó los derechos colectivos -como el acceso al agua- por sobre intereses individuales.
Los científicos advierten que los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua y alertan sobre los efectos del cambio climático en la reducción de caudales, la degradación del permafrost y el aumento de riesgos aluvionales.
MC
El Gobierno dictaminó el Presupuesto 2026 y sumó la derogación de la emergencia universitaria y en discapacidad
El oficialismo apuró el proyecto en comisión y va al recinto de la Cámara baja para la media sanción. El PRO y la UCR lo acompañaron en disidencia. El peronismo y los gobernadores del centro, con proyectos propios.
Con el dictamen en marcha, el Gobierno busca cerrar filas con los gobernadores por el Presupuesto 2026
La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, arrancó este mediodía con el tratamiento de la Ley de Presupuesto y rápidamente el oficialismo logró la firma del dictamen de mayoría con el objetivo de lograr la media sanción de la iniciativa en la sesión especial convocada para mañana.
La veintena de integrantes de La Libertad Avanza y sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría, mientras que los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un despacho propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas del interbloque Unidos.
La novedad de última hora es que el Gobierno corrigió su propio proyecto para derogar las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico, dos normas que fueron votadas e insistidas con más de dos tercios de los votos por ambas cámaras del Congreso luego de que el presidente Javier Milei las vetara.
El texto libertario incorporó el art. 75, que impone derogar las leyes de emergencia en discapacidad y universitaria “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, reza el artículo: la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió por el aumento otorgado a discresión a los trabajadores.
El oficialismo parte de una ventaja numérica para la media sanción: los votos para aprobar el Presupuesto 2026 estarían garantizados tanto en Diputados como en el Senado por el diálogo con gobernadores afines. Pero el apoyo no es automático ni homogéneo.
Las negociaciones se desarrollan de manera individual, sin coordinación entre los mandatarios provinciales, una dinámica que la Casa Rosada alienta para evitar un frente común de reclamos. Cada mandatario plantea exigencias propias, aun cuando, por ahora, la mayoría admite que las respuestas concretas escasean.
Los principales ejes del Presupuesto 2026
- Ajuste sostenido en áreas sociales: el proyecto consolida un recorte acumulado del 15,9% real del gasto social entre 2023 y 2026, mientras el equilibrio fiscal sigue siendo el principal argumento del Gobierno de Javier Milei.
- Golpe a la Asignación Universal por Hijo (AUH): el Presupuesto desengancha la actualización automática de la AUH. Si la inflación supera la pauta oficial, la prestación se licuará, en un contexto en el que la pobreza infantil supera el 60%.
- Recorte histórico en ciencia y tecnología: la función Ciencia y Técnica cae 7,2% en términos reales en 2026, luego de desplomes del 30,2% en 2024 y del 23% en 2025. En tres años, el sistema científico perdió cerca de la mitad de su financiamiento. El CONICET, la CONAE, el INTI y la CNEA figuran entre los organismos más afectados.
- Educación y universidades bajo ajuste: el presupuesto universitario permanece prácticamente congelado y acumula una caída real superior al 30% desde 2023. La educación pasa de representar el 1,25% del PBI a apenas el 0,6%. Se consolida la eliminación del FONID, el recorte de becas y el deterioro salarial docente.
- Desfinanciamiento de políticas de niñez y género: el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia sufre un recorte del 85%, mientras que las partidas de Educación Sexual Integral representan solo el 2% de lo destinado en 2023. El Programa Acompañar y la Línea 144 prácticamente desaparecen.
- Cajas previsionales provinciales, sin solución estructural: el Presupuesto no garantiza un flujo mensual estable para las 13 cajas no transferidas, pese a que Nación incumple leyes vigentes. Los acuerdos se negocian caso por caso y postergan la discusión por la deuda acumulada.
- Obra pública en mínimos históricos: aunque la inversión pública sube un 35% respecto de 2025, sigue 76% por debajo de 2023, con convenios federales que en muchos casos continúan sin ejecución efectiva.
- Defensa, Seguridad y deuda, con menor recorte relativo: estos rubros caen menos que el gasto social y siguen concentrando una porción relevante del presupuesto, junto con el pago de servicios de deuda.
MC
Kast visitó a Milei y busca llevarse a un funcionario de Caputo como su ministro de Economía en Chile
El mandatario electo del país trasandino calificó de “muy bueno” el encuentro con el libertario. El titular del Palacio de Hacienda reconoció que podría irse su viceministro.
El presidente Javier Milei recibió este mediodía al reciente electo mandatario de Chile, José Antonio Kast, en Casa Rosada en cumplimiento de su promesa de campaña para aceitar el vínculo entre ambas naciones. En ese marco, trascendió que Kast quiere llevarse para su gabinete al viceministro de Luis Caputo, José Luis Daza, de origen chileno.
De hecho, el ministro de Economía reconoció este martes que existe la propuesta y lanzó en el streaming La Casa: “Espero que se quede con nosotros”. Kast lo quiere a Daza como su ministro de Economía.
Al término del encuentro, Kast se acercó a la reja que separa el Palacio de Gobierno y la Plaza de Mayo y enfatizó: “Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación”.
Milei felicitó al candidato del Partido Republicano por el contundente triunfo por sobre la oficialista Jeannett Jara en la segunda vuelta electoral y le deseó éxitos en su gestión. “Qué triunfazo. Felicitaciones, fue glorioso”, sintetizó el mandatario cuando lo saludó.
“Un ejemplo”, respondió el chileno, quien elogió además “la defensa ferrea” que profesa Karina Milei al jefe de Estado. Dentro del despacho de Milei, señaló a la motosierra que adorna la mesa principal.
A través de un breve comunicado, en Balcarce 50 remarcaron: “La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”.
Asimismo, el libertario confirmó la participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo.
Durante la primera reunión participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. “Felicitaciones, una alegría muy grande”, se la escucha plantear a la menor de los Milei.
En el primer encuentro, ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta cuando Kast asuma la Presidencia y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía.
“Con este objetivo, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países”, develaron desde la administración libertaria en un comunicado de prensa.
Por su parte, señalaron que los principios rectores que “guiarán” la nueva etapa en el vínculo bilateral serán “la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región”.
Tras la bilateral, Kast se retiró rumbo al Hotel Intercontinental a cumplir con el segundo tramo de la agenda que consiste en un almuerzo con empresarios argentinos y una reunión con el embajador chileno José Antonio Viera-Gallo.
Con información de la agencia NA
Pese a las advertencias ambientales, Tierra del Fuego habilitó la salmonicultura
La Legislatura provincial aprobó la ley impulsada por el gobernador Gustavo Melella que habilita la salmonicultura, pese a las advertencias de científicos y organizaciones ambientalistas sobre el impacto de la actividad en ecosistemas frágiles del sur argentino.
La aprobación de la ley que habilita el desarrollo de la salmonicultura en Tierra del Fuego vuelve a encender un debate de alto voltaje político y ambiental en la provincia más austral del mundo.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Gustavo Melella y sancionada por la Legislatura, introduce cambios sustanciales respecto del marco normativo vigente hasta ahora, que establecía una prohibición estricta, desde 2021, de la cría de salmones en jaulas marinas, especialmente en el Canal de Beagle.
El nuevo esquema legal permite avanzar con proyectos de salmonicultura fuera de esa zona sensible y abre la posibilidad de desarrollar la actividad en distintos ámbitos, como mar abierto y sistemas continentales, bajo un régimen que el Ejecutivo promete reglamentar con controles ambientales y supervisión estatal.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la medida apunta a diversificar la matriz productiva fueguina, atraer inversiones y generar empleo en una provincia con fuertes limitaciones estructurales.
Según estimaciones oficiales, la actividad podría alcanzar en los próximos años niveles de producción cercanos a las 100.000 toneladas anuales, con una participación mayoritaria del salmón, además de la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos y una inversión acumulada de varios cientos de millones de dólares. Esos números fueron presentados por el gobierno provincial como uno de los principales argumentos para justificar el cambio de rumbo.
Sin embargo, la sanción de la ley reavivó la resistencia de organizaciones ambientalistas, científicos, comunidades originarias y sectores vinculados al turismo y la pesca artesanal. Estos actores vienen adviertiendo que la experiencia internacional demuestra que la salmonicultura industrial conlleva riesgos ambientales significativos, como la contaminación de las aguas, la propagación de enfermedades, el uso intensivo de antibióticos y la introducción de especies exóticas en ecosistemas frágiles.
Las críticas no se limitan al contenido de la norma, sino también al proceso legislativo. Referentes ambientales cuestionaron la velocidad con la que avanzó el tratamiento parlamentario y señalaron la falta de instancias amplias de participación ciudadana en una discusión que consideran estratégica para el futuro ambiental de la provincia. También pusieron en duda la capacidad real del Estado para fiscalizar una actividad compleja y de gran escala.
Desde organizaciones como Greenpeace calificaron que la modificación del marco legal como un retroceso en materia de protección ambiental y alertaron que Tierra del Fuego podría repetir conflictos ya observados en otras regiones del mundo donde la industria salmonera dejó impactos negativos difíciles de revertir.
Tierra del Fuego era el único lugar en el mundo donde se prohibía la actividad
En junio de 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobaba por unanimidad una ley que prohibía la cría de salmones en aguas marinas y lagos de la provincia, convirtiéndose, así, en el primer lugar del mundo en vetar esta actividad antes de su desarrollo. La norma, que este martes 16 de diciembre de 2025 quedó relegada, fue impulsada por el diputado Pablo Villegas y respaldada por organizaciones ambientalistas. Con la misma se protegía ecosistemas frágiles como el Canal Beagle, el único sitio viable en Argentina para la salmonicultura.
La decisión se fundamentaba en los impactos ambientales asociados a la cría intensiva de salmones, entre ellos mortandades masivas, contaminación, proliferación de algas tóxicas, introducción de especies exóticas y daños a la fauna local.
En ese momento, ambientalistas destacaron que la ley sentaba un precedente histórico a nivel internacional y evitaba un posible desastre ambiental en la región. El antecedente de conflictos en Chile y el rechazo social y binacional a la industria habían reforzado el consenso político para avanzar con la prohibición.
Ahora, todo quedó en la nada y la salmonicultura puede avanzar en Tierra del Fuego.
Con información de medios y agencias
JIB