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El Banco Nación se suma a la oferta de créditos hipotecarios UVA con resguardo contra la inflación

El Banco Nación se suma a la oferta de créditos hipotecarios UVA con resguardo contra la inflación

El Banco de la Nación Argentina (BNA) presentó hoy una nueva línea de créditos hipotecarios “+Hogares”, que estará vigente a partir del 20 de mayo.

Destinará a esta iniciativa el equivalente a USD 4.000 millones y proyecta otorgar hasta 40.000 préstamos en tres años. La novedad es que cuenta con una cláusula “anti-inflación”.

En la presentación, que se realizó en el Salón de Mármol de la casa matriz de la entidad bancaria y estuvo encabezada por su presidente, Daniel Tillard, se especificaron los requisitos y quiénes pueden acceder.

También se pueden ver en la página web https://bna.com.ar/personas/creditoshipotecarios

Según se informó, el financiamiento cuenta con un beneficio único, en tanto permitirá al usuario abonar una prima de 1,5 puntos porcentuales, lo que le brindará la posibilidad de fijar el incremento de la cuota de acuerdo con el coeficiente de variación salarial (CVS) para que la cuota no aumente más que el salario.

La propuesta de la entidad está destinada a compra, cambio, construcción, refacción y ampliación de viviendas en todo el país como así también a la adquisición de una segunda casa.

Tillard afirmó que “la indicación que recibimos del presidente de la Nación, Javier Milei, es impulsar el crédito. Una parte importante de la recuperación económica viene de la mano del crédito bancario”.

CRM

Federico González Rouco: “Para sacar un crédito UVA no hay que mirar tanto la inflación como sí la perspectiva salarial”

Federico González Rouco: “Para sacar un crédito UVA no hay que mirar tanto la inflación como sí la perspectiva salarial”

En la Argentina no hay crédito hipotecario desde hace seis años. La última vez que se otorgaron de forma regular y masiva fue en 2018, antes de la crisis cambiaria que duró dos años y a la que sobrevino, posteriormente, la pandemia y una inflación sin control hasta el día de hoy, que imposibilitó el funcionamiento de cualquier mecanismo. Pero en las últimas semanas volvió a aparecer la oferta bancaria de préstamos para vivienda, en la modalidad UVA, que en la Argentina, a diferencia de otros países, tienen muy mala fama.

Federico González Rouco, economista y experto en vivienda y mercado inmobiliario, sostiene que el regreso de este tipo de préstamos “es una oportunidad” después de más de un lustro sin crédito. En una conversación con los periodistas Hernán Cappiello, Ariel Cohen y Juanjo Domínguez en Gambito de Datos (Radio Con Vos) sostuvo que la inflación es una variable a tener en cuenta a la hora de decidir si tomar o no un crédito de estas características pero aún más importante es qué perspectiva de ingresos personales tiene uno.

—¿Es confiable meterse hoy en un crédito UVA de estas líneas que están apareciendo ofertadas por los bancos?

—Como primer punto hay que decir que hay oferta. Hay bancos queriendo ofrecer créditos hipotecarios. Eso me parece ya una primera gran noticia que no pasaba desde hace años y muestra que están cambiando algunas cosas. Es una señal de apuesta del sistema financiero al plan económico. Porque si fuera algo tan de corto plazo, sólo un movimiento de tasas, esto no pasaría. bviamente después puede salir mal.

—Puede fallar.

—Como todo. Pero es una apuesta. Los bancos tomaron la señal del Gobierno de que el instrumento UVA no se va a romper, una posibilidad que durante los últimos cuatro años estuvo latente. Eso es el lado de la oferta...

—Claro, pero del otro lado hay temor de los tomadores de crédito UVA, sobre todo porque la inflación sigue siendo alta.

—Los créditos UVA tienen la mora más baja del sistema financiero argentino. No hay un problema en el sistema de créditos hipotecarios UVA. Es un sistema que la verdad es que se bancó de manera bastante robusta todo lo que pasó en los últimos años. Obviamente, este tipo de créditos sí están expuestos como cualquier otra cosa que esté ajustada a la inflación.

—Es que uno no deja de pagar el crédito. Es lo primero que va a pagar, igual que el alquiler, la luz, el gas, el teléfono. Son cosas que uno no deja de pagar, por eso también registra bajos niveles de morosidad. Pero como los UVA están atados a la inflación y uno no se puede cambiar, como cambia de Movistar a Personal o a Claro, supongamos, el crédito se come gran parte del ingreso, y eso sí es un problema.

—Sí, totalmente, es verdad lo que decís, a lo que voy es en esta Argentina y en la Argentina que viene por algunos años al menos los UVA son los créditos que tenemos y vamos a tener. Es el contexto económico que hay, es el que nos toca. Yo tengo una propuesta hecha en los libros que escribí para mejorarlos. Es cierto que la mora más baja del sistema significa que el pago de estos créditos ha costado un montón de sacrificios. Totalmente. La pregunta es cuál es la alternativa para comprar una vivienda.

—Si vos estuvieras delante de una familia que tuviera que tomar una decisión, ¿le dirías sí, empezá y arriesgate ahora, o esperá un poquito porque por ahí viene otro producto que puede mejorar este?

—La primera respuesta es que para mí no importa tanto la inflación, lo que importa es la perspectiva de salario real que tenga cada uno. Y eso va a cambiar mucho según el sector en el que uno trabaje, según el momento de la vida en que esté, etcétera. La cuota se puede volver impagable con una inflación de 5% anual o con una de 75% o con una de 200% anual, entonces no me interesa tanto la inflación, miraría más la perspectiva de salario real que uno tiene. Eso como primer punto. Como segundo punto, las tasas de interés de los créditos que están saliendo, que salieron cuatro o cinco bancos con condiciones ya detalladas, van del 4% al 8%, más o menos, y yo no creo que vaya a haber mucha más reducción que eso; no me imagino tasas más bajas de 4% porque uno ve Uruguay y Colombia, que tienen créditos similares, y tienen tasas entre 4% y 7%. Recordemos que en estos créditos la tasa es el costo financiero del crédito que uno lo adquiere en UVAs, que es como sacarlos en pesos uruguayos o dólares. Como el UVA está atado a la inflación, eso es lo que hace que se encarezca la cuota, además de la tasa.

—¿Pero cómo se puede mejorar al sistema para alejar el fantasma de la cuota impagable?

—Al sistema de créditos hipotecarios en Argentina, y al sistema financiero en general, le falta una modernización y que creo que este es el momento para hacerlo. Una de las puntas que creo que se podría hacer, y que ya hubo hasta anuncios en otros gobiernos de diferentes partidos políticos, es avanzar en lo que se llama un fondo de compensación, que básicamente es un instrumento que lo que hace es que el acreedor, o sea el banco, cobre una cuota que ajusta por inflación, la UVA, y el deudor paga una cuota que ajusta por salarios. Y las diferencias, cuando el salario suba más o cuando la inflación suba más, bueno las va absorbiendo y cubriendo el fondo. Y aparte el deudor pagaría un 1% o un 1,5% más todos los meses como si fuera un seguro.

—Una especie de red, digamos.

—Exacto. Es como una cobertura, una compensación. Si uno mide inflación y salarios van más o menos de la mano. Pero el largo plazo no importa acá, acá lo que importa son los cortos plazos, que te sacan del juego. Con este fondo eso quedaría más o menos contenido.

—Entonces, a una familia que tiene un ingreso garantizado usted le puede afirmar que este es un buen momento para sacar un crédito UVA.

—Ni siquiera digo que este es un buen momento, digo que este es un momento. En la Argentina, lamentablemente, estamos expuestos. Este es un momento en el que hay oferta de crédito hipotecario, y ojalá esto deje de ser un momento y sea una realidad, como en cualquier país normal. Yo creo que uno tiene una perspectiva de salario con cierta estabilidad, es una oportunidad. Además, hoy el valor de los inmuebles está muy deprimido.

—¿Cómo ve la perspectiva hacia adelante?

—No creo que este año veamos un boom de crédito hipotecario, pero si la cosa más o menos se ordena, en un año o dos años, sí lo vamos a ver, porque la demanda de crédito es infinita, porque las necesidades habitacionales son infinitas en la Argentina, porque estamos en una muy mala situación habitacional. El impacto en el valor de los inmuebles y en el valor de los activos en general de una normalización económica va a llegar. Y el valor del metro cuadrado es uno de esos. Creo que va a haber una oportunidad ahí.

JJD

El Gobierno volvió a criticar el paro de la CGT y confirmó que les descontarán el día a los estatales que adhieran

El Gobierno volvió a criticar el paro de la CGT y confirmó que les descontarán el día a los estatales que adhieran

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a arremeter contra la CGT por el paro general que realizará este jueves y tildó a la central obrera como “los fundamentalistas del atraso”, además de ratificar que “a los trabajadores estatales que paren se les descuenta el día. Quien no va a trabajar y quien no cumpla con su actividad, no cobra”. Además, el portavoz indicó que el paro general “afectará a 6,5 millones de personas”.

“En cuatro meses dos paros de la CGT, dos de Educación, más de cientos de marcha. Mañana paran los fundamentalistas del atraso. A quienes piensan extorsionar a los argentinos, les informamos que solo se van a ganar el odio de los argentinos”, sostuvo el funcionario nacional.

En su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada, el portavoz consideró que la medida de fuerza de la central obrera “no tiene una justificación aparente” y remarcó que “está habilitada la línea 134 para denunciar extorsiones” para adherir a la protesta.

Asimismo, el funcionario recordó que, al igual que en otras manifestaciones recientes, “las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione”.

Según el vocero, por el paro convocado por la central obrera, este jueves “6.593.000 personas no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos; 4 millones no van a poder viajar en colectivo en el AMBA; 1.5 millón no podrá hacerlo en el interior; y hay 93 mil personas que verán cancelados 703 vuelos”.

Además, el funcionario remarcó que desde que la gestión Milei asumió el 10 de diciembre pasado, tuvimos dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronáuticos y más de cien marchas e intentos de piquetes. Mientras que, en cuatro años, el gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130 mil muertos por COVID-19 bajo el lema ‘El Estado te cuida’, tuvo 0 paros“.

Empresarios, también contra el paro de la CGT

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su rechazo al paro que la CGT convocó para este jueves, por entender que se trata de una medida “injustificada y por demás inoportuna”.

“Resulta llamativo que a cinco meses de la asunción del actual Gobierno Nacional ya se lleve a cabo un segundo paro general, cuando durante los cuatro años del anterior período presidencial no hubo siquiera una sola protesta de estas características, cuando el panorama económico y social de entonces lejos estaba de ser idílico”, sostuvo la entidad empresaria.

La CAC señaló, además, en un comunicado, que “los padecimientos presentes tienen su origen en desaciertos previos, algunos de larga data –como las excesivas regulaciones y la presión tributaria desproporcionada– y otros que se magnificaron notablemente durante los últimos años, como el desorden en las cuentas públicas y la excesiva emisión monetaria”.

También cuestionó a los sindicalistas que rechazan la reforma laborol incluida en el proyecto de Ley Bases, al sostener que, en ese aspecto, la iniciativa oficial “prevé cambios bastante acotados, mucho menos ambiciosos que los planteados en el texto original, por lo que una oposición cerril es difícil de comprender”.

En consecuencia, consideró que “la ausencia de justificativos, conjugada con múltiples y perniciosas perturbaciones que todo paro general produce, lleva a expresar el pleno rechazo a la medida”.

Con información de agencias.

IG

El paro afectará a más de 6 millones y medio de personas que se movilizan en colectivos y trenes en todo el país

El paro afectará a más de 6 millones y medio de personas que se movilizan en colectivos y trenes en todo el país

El paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) previsto para mañana jueves afectará a más de 6 millones y medio de personas que habitualmente se movilizan en colectivos y trenes.

Sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alrededor de 4 millones de personas no podrán trasladarse en colectivo; mientras que por el paro de los servicios de trenes metropolitanos, regionales y de media y larga distancia, cerca de 1 millón de personas se verán afectadas. 

En tanto, y teniendo en cuenta las 60 localidades del país que tienen el sistema SUBE, serán alrededor de 1.5 millones de personas las que habitualmente utilizan el colectivo en el interior del país y por el paro no podrán hacerlo

“La decisión de la CGT afectará a 6.593.000 personas que mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos. Unas 4 millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el AMBA y un millón y medio en el interior del país. Un millón de personas no van a poder viajar en trenes, y hay 93 mil personas que verán cancelados sus 703 vuelos. Y quiero aclarar que se encuentra abierta la línea 134 para denunciar extorsiones”, declaró el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Y agregó: “Nuestro Gobierno ya tuvo dos paros generales de la CGT, dos paros de colectivos, dos paros docentes, un paro de trenes, un paro aeronáutico y más de 100 marchas e intentos de piquete. En 4 años de gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211 por ciento de inflación, 50 por ciento de pobres y 130 mil muertos bajo el lema el Estado te cuida, hubo cero paros”.

El paro también afectará 703 vuelos que ya fueron cancelados en los que iban a viajar alrededor de 93 mil pasajeros.

Colectivos que sí funcionarán en el AMBA

A pesar de las medidas anunciadas públicamente por la UTA, hay trabajadores pertenecientes al Grupo Dota que no van a adherir al paro, y serán 43 las líneas que prestarán servicio.

Así, las líneas que circularán con sus respectivos recorridos serán: 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 177 y 188.

Acción de Transporte y Seguridad 

Para garantizar el derecho a trabajar de los choferes de colectivos y de quien necesita transportarse para no perder su jornada de trabajo, la Secretaría de Transporte informó que coordinó con el Ministerio de Seguridad el despliegue de efectivos policiales, móviles y agentes, que estarán distribuidos en puntos estratégicos de riesgo, asegurando las condiciones de seguridad para que puedan transitar sin problemas. 

También habrá personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

La actividad aérea será casi nula

Las compañías aéreas que operan en el país, tanto en lo que hace a vuelos de cabotaje como internacionales, también verán afectados sus servicios mañana como consecuencia del paro.

Al sumarse la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación de Técnicos Aeronáuticos (APTA), la Unión de Personal Superior (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), a la medida de fuerza, la inactividad aérea será casi total, ya que involucra a trabajadores que realizan tareas terrestres y dan servicios de rampa, al igual que maleteros y controladores.

Mientras algunas empresas, como Flybondi y American Airlines, que cuentan con servicio de rampa propio, podrán mantener algunos vuelos, Aerolíneas Argentinas, Jesmart y Latam decidieron cancelar sus operaciones del día.

En el caso de las compañías internacionales que arriban a Ezeiza desde el exterior, la mayoría resolvió cancelar sus vuelos, salvo en el caso de Air France, que desplazó su partida hasta después de la medianoche, para de esa manera evitar la cancelación.

No obstante, según las fuentes aeroportuarias y tal como figura en la página de Aeropuertos Argentina, Avianca, KLM, Sky Airlines, Copa Airlines, Gol, British Airways, Ethiopian, Air Europa, Iberia, ITA, Boa, Air Cánada, Lufthansa y Turkish, cancelaron sus servicios para mañana.

Aerolíneas Argentinas informó mediante un comunicado, que “cancela 191 vuelos con motivo del paro general del 9 de mayo” y señala que “esta medida afectará a cerca de 24 mil pasajeros, y representará un costo para la compañía de cerca de 2 millones de dólares”.

“Del total de personas afectadas por esta medida, cerca de 18 mil tenían viajes programados en vuelos de cabotaje, 3 mil en regionales y otros 3 mil en internacionales. Unos 8 mil pasajeros ya habían realizado cambios voluntarios de fechas, por lo que los 15 mil restantes podrán modificar sus pasajes sin cargo hasta 7 días posteriores a la fecha del paro”, indica el comunicado.

Y agrega que “entre las cancelaciones habrá 162 vuelos de la red de cabotaje, 27 regionales y 2 en rutas internacionales de largo alcance. En el caso de las rutas internacionales, se realizaron además reprogramaciones en otros 13 vuelos para ajustar sus horarios fuera del alcance de la medida gremial”.

Finaliza lamentando “profundamente los inconvenientes que esta medida causará a nuestros pasajeros. Aerolíneas Argentinas continuará trabajando para ofrecer un servicio de calidad, manteniendo a la seguridad operacional como principal prioridad”, al tiempo que solicitan a los pasajeros no concurrir a los aeropuertos o sucursales durante ese día ya que no habrá atención presencial de personal de la aerolínea.

De la misma manera JetSMART informó que, debido al paro general, se han visto “en la necesidad de cancelar todos nuestros vuelos programados para ese día, domésticos e internacionales, desde y hacia Argentina”.

Lamentan “estas circunstancias totalmente ajenas a la empresa” y piden “a los pasajeros que se ingresen a www.JetSMART.com o que se comuniquen al centro telefónico de atención al cliente marcando el 11 2206 7799 para solicitar el cambio de sus pasajes sin costo”.

Una decisión similar adoptó Latam, que también mediante un comunicado informó que “la operación desde y hacia Argentina para el 9 de mayo ha sido cancelada producto del paro general anunciado para dicha fecha”.

Indicaron que están “entregando alternativas para los pasajeros afectados por estas cancelaciones a las que pueden acceder ingresando a Mis viajes desde la web: Cambios de fecha/vuelo. Sin costo (puede ser ida y/o regreso) para una nueva fecha hasta 2 días antes o  7 días después de la fecha original”.

La medida afecta a 40 vuelos de Latam entre arribos y partidas y a más de 4600 pasajeros, ya que se cancelaron las operaciones en Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza), Córdoba, Mendoza y Salta.

Flybondi es la única que mantendrá algunas de sus operaciones, ya que decidió concentrar todos sus vuelos -desde y hacia Buenos Aires- en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde cuenta con su propio servicio de rampa.

Sin embargo advirtieron en un comunicado, que “de todas maneras, habrá reprogramaciones y cancelaciones de algunos vuelos por el paro de los controladores aéreos que frenarán toda la actividad durante dos ventanas de horarios y por el servicio de Intercargo que nos provee la rampa en algunos aeropuertos del país (como es el caso de Aeroparque)”.

CRM con información de la agencia NA

Las razones detrás del paro: 11% menos de salario, flexibilización laboral y 82.000 despidos y en aumento

Las razones detrás del paro: 11% menos de salario, flexibilización laboral y 82.000 despidos y en aumento

Detrás del segundo paro general contra las políticas de ajuste y reformas liberalizadoras de Javier Milei hay diversas razones. Habrá políticas, pero también económicas. La pérdida del salario en estos cinco meses, sumada a los despidos en el Estado y en el sector privado, la historia de reducción de personal que acompañan a las privatizaciones y la reforma para flexibilizar el trabajo son algunas de ellas.

En materia de sueldos, los últimos datos oficiales disponibles son de febrero. En los primeros tres meses de gobierno de Milei, la remuneración de los trabajadores registrados del sector privado cayó un 11,3%, calcula Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma. “Tiendo a pensar que marzo y abril en el mejor de los casos le va a empatar a la inflación, pero no habría que descartar un retroceso, teniendo en cuenta que la actualización de dos de las paritarias más grandes, comercio y construcción, fue muy baja, 8% y 14%, para el bimestre, respectivamente”, advierte Campos, en contraposición con los dichos del Presidente, que ya ve una mejora de los salarios.

En el sector público, la caída de los primeros tres meses de la nueva gestión fue bastante más grande, del 20,6%. “Para el bimestre marzo-abril tampoco deberíamos esperar una recuperación”, señala Campos. En la provincia de Buenos Aires, el aumento fue del 18%, con lo que va a quedar levemente por debajo de la inflación, y en el Estado nacional, apenas del 8%.

Por el lado del empleo registrado, los últimos datos generales son de enero. En los primeros dos meses de la era libertaria se perdieron unos 40.600 puestos en el sector privado. Podríamos agregar unos 10.000 más en febrero en la construcción, según el informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), aunque estrictamente no son fuentes comparables. Además hubo 26.900 despidos en el sector público y 4.500 en casas particulares. “El adelanto que tenemos de febrero, la Encuesta de Indicadores Laborales (de la Secretaría de Trabajo), dio muy mal: fue la peor variación para un mes de febrero desde 2002”, advierte Campos.

La agencia de noticias Télam fue cerrada por decisión del Gobierno de Javier Miliei. Hubo 26.900 despidos en el sector público.

Pero los despidos también pueden aumentar de la mano de las 11 privatizaciones que aprobó la Cámara de Diputados y deberá votar el Senado. ¿Por qué? Porque cuando una empresa del Estado se vende suele haber ajustes de personal antes o después de su transferencia al sector privado. A veces antes para tornarla más atractiva para los inversores y en otras ocasiones, después, con el argumento de que había exceso de plantilla. Esto ya sucedió en las privatizaciones en la década del 90, cuando gobernaba Carlos Menem, uno de los referentes de Milei.

La socióloga especializada en economía Marisa Duarte, presidenta del Instituto Argentina para el Desarrollo Económica (IADE). le puso cifras a los despidos por privatizaciones en los 90 en su libro 'Los impactos de las privatizaciones sobre el mercado de trabajo: desocupación y creciente precarización laboral', editado en 2002. Allí se advierte que en la empresa teléfonica Entel, dividida entre Telefónica y Telecom, hubo 15.000 cesantías; en el Correo Argentino, concesionado a la familia Macri, 18.000; en Aerolíneas, 5.000; en Obras Sanitarias, después privatizada como Aguas Argentinas y después reestatizada como AySA, 5.000; en Segba, partida en Edenor y Edesur, y otras empresas eléctricas, 14.000; en el transporte ferroviario, entrega en concesión, 78.000; y Gas del Estado, de la que surgieron varias compañías como Metrogas, 5.000. En total, 141.000 quedaron en la calle en seis años.

Despidos por privatizaciones en los 90.

Por último, también la reforma laboral ha encendido las alarmas de los sindicatos. El Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma ha señalado las siguientes objeciones:

  • “Eliminación de las normas laborales en establecimientos de hasta cinco trabajadores: El proyecto regula la figura del trabajador independiente que puede tener hasta cinco trabajadores independientes a su cargo, a quienes no se les aplican las normas laborales. De esta manera, se trata de trabajadores que dejan de gozar de la totalidad de los derechos laborales. Carecen de vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, salario mínimo. La iniciativa deja de considerarlos trabajadores y, por ende, su vínculo con el principal (patrón) pasa a estar regulado por el contrato que entre ellos hayan firmado, usualmente una locación de servicios.”
  • “Fomento de la tercerización laboral. El proyecto modifica radicalmente las normas vigentes en materia de interposición de empleadores. Se habilita la intermediación de personas en los vínculos laborales, estableciendo que la empresa usuaria del trabajador solo será responsable subsidiaria por las obligaciones del empleador directo, pero que el vínculo contractual será entre las partes que firmaron el contrato. Esto facilitará que las empresas recurran a cadenas interminables de subcontratación, haciendo muy difícil la identificación del verdadero titular del vínculo (muy importante en casos de insolvencia) y facilitando la utilización de figuras como el trabajador independiente con hasta cinco trabajadores independientes.”
  • “Eliminación de las multas por la falta de registro de los trabajadores. El proyecto de ley elimina todas las multas que agravaban las indemnizaciones por despido en caso de falta de, o deficiente, registro de los trabajadores. Como consecuencia de ello, mantener a un trabajador no registrado o deficientemente registrado recibirá como única sanción aquella prevista en la ley 25.212, el Pacto Federal del Trabajo, que considera a esta conducta como una falta grave o muy grave según el caso. En la actualidad, el mínimo de estas multas asciende al 30% o 50% del salario mínimo, y se destinan a mejorar el servicio de administración del trabajo. En los hechos, esta disposición reduce a la nada el riesgo de tener trabajadores no registrados, por lo que estará lejos de favorecer su registración, como alegan sus defensores. En pequeños y medianos establecimientos el incentivo para mantener a los trabajadores al margen del sistema de seguridad social será mucho más elevado. Esta disposición también alcanza a la multa por el despido de una trabajadora no registrada que se desempeña bajo el régimen de casas particulares.”
  • “Obstáculos a la reinstalación de trabajadores en casos de despidos discriminatorios. El proyecto aprobado en comisión incluye un reclamo de los empleadores de larga data: el establecimiento de una indemnización agravada en los casos de despidos discriminatorios que impida la posibilidad de demandar la reinstalación del trabajador afectado. Las demandas por reinstalación de trabajadores despedidos como consecuencia de un acto discriminatorio se extendieron a lo largo de las últimas dos décadas. Ellas fueron aceptadas por una jurisprudencia mayoritaria, convalidada por la Corte Suprema, que entiende que en esos casos el trabajador afectado puede optar por demandar la indemnización por despido prevista en la ley de contrato de trabajo o reclamar el cese de los efectos del acto discriminatorio, lo que implica en los hechos retrotraer la situación al momento previo al despido. Para los empleadores esto siempre fue inaceptable, ya que pone en crisis su poder disciplinario en los establecimientos. Los despidos discriminatorios habitualmente se dirigen contra trabajadores que no cuentan con una tutela sindical específica, ya que no son delegados o miembros de la dirección de una organización sindical, pero que son sancionados por su empleador por su actividad sindical. En este grupo entran casos de fundadores de sindicatos, candidatos por listas opositoras antes de que estas sean oficializadas, activistas sindicales de distinto tipo, etc. El proyecto aborda este tema desde una perspectiva cínica. Establece que quien sea despedido como consecuencia de un acto discriminatorio tendrá derecho a una indemnización agravada de entre el 50% y el 100% de la que le corresponda por la ley general, pero acto seguido dispone que 'el despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva vínculo laboral a todos los efectos'.”
Se calcula que 4.500 empleadas de casas particulares perdieron sus trabajos.
  • “Reemplazo de la indemnización por despido por un fondo de cese laboral. El proyecto abre la puerta a reemplazar la indemnización por despido prevista en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo por un fondo de cese laboral similar al actualmente existente en la industria de la construcción. Los detalles de esta iniciativa son remitidos a la reglamentación posterior por parte de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Trabajo, y se impone como única exigencia que ello sea producto de la negociación colectiva. Este mecanismo genera la eliminación de todo poder disuasorio del despido, ya que el acto de despedir para el empleador pasa a ser gratuito. Si bien habrá que esperar la reglamentación definitiva, estos sistemas se basan en un aporte sobre la nómina salarial que es igual para todas las empresas comprendidas en el ámbito de actuación del convenio colectivo, independientemente de que tengan mayor o menor rotación de su personal. De esta manera, para quienes no tienen una alta tasa de rotación se transforma en un aumento en su estructura de costos, mientras que para quienes tienen una alta tasa de rotación implica una socialización de las consecuencias patrimoniales que se derivan del despido de sus trabajadores. Este mecanismo no distingue entre renuncias, despidos sin causa o despidos originados en la actividad sindical de un trabajador. En todos los casos el costo para el empleador es igual a cero. Si un trabajador resulta indeseable, ya sea por reclamar activamente el cumplimiento de la legislación laboral ya sea por no aceptar los abusos de distinto tipo que pueden plantearse en relaciones asimétricas de poder como lo son los contratos de trabajo, el empleador puede recurrir al despido sin ningún tipo de perjuicio para su patrimonio. La contracara de este mecanismo es que, en contextos de alto desempleo, la ley pone a los trabajadores en una situación de mayor debilidad aún, forzándolos a aceptar cualquier tipo de abuso por parte del empleador, quien de lo contrario podría despedirlo fácilmente. Total, paga el fondo de cese. Por otra parte, nos encontramos frente a una herramienta que puede generar un mecanismo muy lucrativo en el plano financiero, por cuanto quien administre los recursos de los fondos de cese tendrá en sus manos sumas de dinero muy elevadas, con posibilidades de realizar negocios en el plano financiero que no tendrán ningún tipo de relación con la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.”
El proyecto de ley Bases quiere reemplazar la indemnización por despido por un fondo de cese laboral.
  • “Ampliación del período de prueba. El proyecto en cuestión amplía el período de prueba previsto en el artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo de tres a seis meses, con la posibilidad de extenderlo por vía de la negociación colectiva a ocho meses en el caso de las empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta 12 meses en el caso de las empresas con menos de cinco trabajadores. El único objetivo de esta disposición es precarizar aún más la situación laboral de los trabajadores de menor antigüedad y fomentar la rotación entre distintos puestos de trabajo.”
  • “Empleo público: límites a la huelga, despidos y obstáculos para la negociación colectiva. El proyecto de ley avanza sobre numerosos derechos de los trabajadores comprendidos en la ley marco del empleo público. En particular, facilita el despido de quienes se desempeñen en órganos u organismos suprimidos, o que fuesen afectados por un cambio en la asignación de funciones. En estos casos, se establece que los trabajadores respectivos quedarán automáticamente en situación de disponibilidad, sin tener derecho, como establece la regulación actual, a ocupar las vacantes que pudiesen generarse en otras áreas del sector público. Asimismo, los obliga durante el plazo de disponibilidad a 'desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado'. El proyecto también elimina los obstáculos para poner en disponibilidad a trabajadores que se encuentran gozando de licencias con o sin goce de haberes, incluyendo las licencias por enfermedad o accidente, embarazo y matrimonio. En estos casos, dejaría de ser necesario esperar a que finalice la licencia en cuestión para comenzar el plazo de disponibilidad. La iniciativa elimina la participación sindical en los mecanismos de ascensos y promociones, así como también facilita la movilidad dentro de la misma jurisdicción a criterio exclusivo del empleador. Adicionalmente, prohíbe la realización de tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias durante la jornada laboral, y flexibiliza los requisitos para imponer sanciones como apercibimiento, suspensiones, cesantías o exoneración. En cuanto a los mecanismos de acción colectiva, el proyecto establece expresamente deberá descontarse el tiempo no trabajado en caso del ejercicio del derecho a huelga, y que a través de la negociación colectiva no podrán establecerse cuotas de solidaridad a cargo de trabajadores no afiliados a menos que se cuente con su autorización expresa.”

AR/MG