Natalia Donaire

Noticias de Mendoza

Inflación en dólares y salarios argentinos: se profundizan las dudas sobre cómo corregir el contraste

Si se compara la evolución de los precios internos contra el incremento en el valor del dólar financiero, para tomar una referencia legal y semilibre, desde el 10 de diciembre a la actualidad es posible evidenciar un significativo encarecimiento de los precios de los bienes locales medidos en moneda extranjera. Esto quiere decir que cada vez se necesitan gastar más dólares para comprar los mismos bienes.

Si bien en términos de servicios tales como transporte, tarifas, alquileres y demás bienes no transables —aquellos que no pueden exportarse— los precios están por debajo de los estándares internacionales, en los productos más elementales como alimentos, combustible y ropa, los valores están muy similares a los reflejados en Europa y Estados Unidos. Una nota publicada en este diario hace poco más de dos meses ya advertía este proceso. 

Entre diciembre del año pasado y abril del corriente, la inflación (tomando la inflación de abril como un promedio de lo que relevan diferentes consultoras) se ubicó en torno al 108% mientras que el dólar contado con liquidación —el utilizado para transacciones financieras con el exterior y al cual liquidan el 20% de las exportaciones— aumentó tan solo un 13%. Es decir que, en términos generales, el IPC arrojó una inflación en dólares del 85% en tan solo cinco meses. 

¿Cómo llegamos a este cálculo? Supongamos que al momento en que Milei asumió el dólar valía $100 y ahora vale $113, lo cual significa un aumento del 13%, mientras que una gaseosa salía $100, es decir US$1, y ahora sale $208, lo que da una inflación del 108%; si tomamos el valor actual de la gaseosa, $208, y lo dividimos por el dólar actual, $113, nos da que para comprar la misma gaseosa que antes pagábamos US$1 ahora pagamos US$1,85. Es decir, un 85% más en dólares para comprar el mismo bien.

Sin embargo, al hacer el mismo cálculo para obtener el incremento del precio del trabajo, el salario, se evidencia un aumento de tan solo el 50% en pesos para el Salario Mínimo Vital y Móvil —entre diciembre y abril— y del 58% en el promedio de los salarios registrados de la economía —entre diciembre y marzo—. 

¿Puede funcionar la economía con esta relación de precios y salarios?

El profundo deterioro de los ingresos generales de la población está causando estragos en la actividad económica. Sin poder de consumo, la demanda experimenta una retracción muy significativa.

Según el Estimador de Actividad Económica (EsAE) elaborado por la consultora Eco Go, la caída del producto mensual en marzo fue de 10% interanual, un número muy similar al de la pandemia.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró una caída del 12,6% en las ventas minoristas Pyme respecto de marzo del 2023. En lo que va del año, el desplome ronda el 22%. A este dato se le suma el 11,9% de caída en la industria Pyme durante el tercer mes del año, acumulando una merma del 19,1%.

Otro dato que evidencia cuan profunda y marcada es la recesión es el incremento en las suspensiones, despidos y retiros voluntarios. En este sentido, uno de los pilares de la campaña —que se está cumpliendo— es la paralización total de la obra pública, que provocó la cesantía más de 100.000 trabajadores según la Cámara Argentina de la Construcción. Una de las primeras empresas en cerrar sus plantas por un mes fue la metalúrgica Acindar, implementando la suspensión de horas extras, retiros voluntarios y vacaciones anticipadas.

El último dato publicado por el INDEC sobre la utilización de la capacidad instalada se ubica en torno al 57,6%, casi 8 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año pasado —febrero contra febrero—.

En este punto es preciso preguntarse cuáles serían los drivers de una potencial recuperación de la economía que impacte en la calidad de vida del conjunto de la población.

Fernando Morras, director de Análisis Macroeconómico de Suramericana Visión le dijo a elDiarioAR: “Si vos miras el RIPTE —remuneración promedio estable— se observa que el salario recuperó un poco, obviamente no lo que cayó y no creo que en el año se vaya a recuperar el poder de compra respecto de la caída, que fue de alrededor del 20%. Ahora sí, con una inflación que va bajando bastante rápido, en gran parte por la recesión y con una normalización de los precios importados, es posible tener algo de recuperación en el salario real. Creo que la apuesta va a ser que la apreciación cambiaria sea uno de los vehículos para recuperar salario en dólares. Al final del día vas a tener un poco de recuperación del poder de compra real más focalizado en bienes transables y otra de las apuestas va a ser la vuelta del crédito con la baja de las tasas de interés”.

Precios altos en moneda dura y salarios bajos en moneda local

Hay que tener cuidado a la hora de realizar un diagnóstico sobre la realidad de precios y salarios en la economía argentina. Actualmente se mezclan dos situaciones que juntas componen un cóctel explosivo: precios altos o encareciéndose en dólares y salarios bajos, no sólo en dólares sino en relación con los precios internos.

En este punto, Matías de Luca, economista de la consultora Empiria aseguró que “generalmente, cuando un país tiene un nivel de renta alto en dólares los precios terminan siendo altos” y que “acá lo que pasa es una anomalía porque tenes precios altos y salarios bajos, lo cual te da un indicio es que esto debería ser transitorio”.

“Los últimos meses subió todo en dólares porque, entre otras cosas, hay muchas restricciones a la competencia, sobre todo a los productos importados, entonces todo eso encarece los productos internos. Además, el impuesto PAIS subió del 7,5% al 17,5% con lo cual todo lo importado se encareció, como mínimo 10%”, agregó.

El hecho de que el país esté encareciéndose en moneda dura trae consecuencias que ya han sido vividas en la historia económica reciente y no tanto. Esta situación erosiona la competitividad argentina respecto del mundo ya que si un bien producido acá vale más que un bien producido en otro país, las compras del resto del mundo a la Argentina se verán reducidas y las ventas del resto del mundo a la Argentina aumentarán. Esto generaría un potencial déficit comercial que actualmente no se está experimentando a causa del cepo —dificultad para importar— y la alta recesión —poca necesidad de importar bienes, dado el bajo consumo—.

Entendiendo que el gobierno de Javier Milei tiene como objetivo levantar el cepo, esta situación de desequilibrio en la balanza comercial podría hacerse presente una vez que esto suceda. 

Sin embargo, frente a esta situación hay al menos tres alternativas que pueden corregir el atraso cambiario.

En primer lugar, una devaluación del tipo de cambio oficial que sea significativamente superior al incremento de precios que traería aparejada. Un aumento del dólar haría que los precios internos representen un menor valor en términos de moneda dura y, por ende, sean más atractivos para el resto del mundo. Esta alternativa no parece estar en la mente del Gobierno ya que, en reiteradas ocasiones, el presidente Milei aseguró que “no tiene ningún sentido acelerar la suba del tipo de cambio oficial”.

Otra alternativa para que los precios comiencen a bajar en dólares es, dado un tipo de cambio estable, que la recesión o depresión económica empuje hacia abajo el valor de los bienes en pesos. Es importante señalar que un proceso de este tipo se da, solamente, por una significativa y persistente caída en el nivel de actividad económica.

Sin mejoras estructurales y con la obra pública parada parece muy difícil imaginarse un salto en la productividad de la economía para mejorar su competitividad a pesar de tener altos precios en moneda internacional. Es decir, si llegaran inversiones que permitieran bajar los costos de producción o incrementar lo producido por hora trabajada —incremento de productividad—, los precios relativos de los bienes en moneda internacional podrían bajar sin afectar la rentabilidad ni los salarios. 

“La manera de revertir esto es creciendo y para crecer hay que liberar el cepo para que vengan inversiones y después tenes que mostrar buenos resultados en lo fiscal y en la acumulación de reservas. Si a esto le sumas la lenta recuperación salarial -por el ajuste atado a la inflación pasada- y una normalización impositiva, creo que ahí la economía podría comenzar a recuperarse” concluyó de Luca.

Si bien esta alternativa parece ser la más virtuosa, es también la que más tiempo toma y la más improbable en el corto plazo. ¿Quién invertiría en medio de una depresión económica con una utilización de la capacidad instalada en torno al 50%? 

Por último, pero no menos importante, está el hecho de que, aún si la Argentina pudiera volver a estar competitiva en dólares, el poder adquisitivo de la población tiene que mejorar. De nada sirve recuperar competitividad a costa de tener salarios e ingresos deprimidos. En una economía en que más del 70% es consumo deteriorar tanto el poder de compra es pegarse un tiro en el pie porque pone en jaque todo el plan económico ya que sin consumo no hay demanda, tampoco actividad y tampoco recaudación fiscal, con lo cual, cerrar el déficit de manera sostenible se va a ir haciendo cada vez más difícil sumado a las presiones sociales que, si esto no mejora, inevitablemente comenzarán a hacerse cada vez más presentes. Entonces, la pregunta que vuelve a realizarse es hasta cuándo soportará la economía argentina.

IC/JJD

Pelea de titanes: de qué se acusan mutuamente Mercado Pago y los bancos de Modo

Si uno va a comprar a un negocio cualquiera que tiene el cartón del código de QR de Mercado Pago, la billetera virtual de Mercado Libre, puede abonar, por ejemplo, escaneándolo con la app de Modo, propiedad de grandes bancos privados. Pero en ese caso sólo puede paga si tiene dinero en la cuenta bancaria. No se puede abonar con la tarjeta de crédito.

Pese a la anunciada interoperabilidad del QR, que permite abonar con cualquier billetera virtual sin importar la plataforma de QR que tenga el comercio –sea Mercado Pago, Modo o cualquier otra–, no rige plenamente por falta de acuerdo entre la app de la empresa de Marcos Galperin y la de los bancos Galicia –de los Escasany, Braun y Ayerza–, Macro –de Jorge Brito–, Supervielle –de Patricio Supervielle–, los españoles Santander y BBVA, el chino ICBC, el Patagonia –del Banco do Brasil–, los estatales Nación y Ciudad y el cooperativo Credicoop, entre otros 34.

Siguiendo con el ejemplo inicial, si uno va con su app Modo a pagar en un comercio chico que ofrece el QR de Mercado Pago y lo hace con dinero en cuenta, el local paga una comisión del 0,85% al 1,35% que se distribuye así: 75% del peaje va a la empresa que puso el código y el 25%, a la app con la que se lo escaneó. Si es un comercio grande, el 25% de la comisión va a la firma del QR y el 75% a la de la app. Se trata de una manera de premiar a las compañías que más invirtieron en penetrar en pequeños locales, como lo hizo Mercado Libre. Pero en el caso del pago con tarjeta de crédito no se llegó a un acuerdo cómo se repartiría la comisión, que en el caso de Mercado Pago varía desde 0 hasta el 6,99%.

Esa falta de entendimiento entre Mercado Libre y los bancos de Modo –que no son todos– derivó en que esta última app denunciara a la empresa de Marcos Galperin ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por “abuso anticompetitivo de su posición dominante en perjuicio de múltiples actores del mercado, incluidos competidores, comercios y consumidores”. La mayor empresa de Latinoamérica rechazó la acusación y recordó que tres expresidentes de la CNDC denunciaron a fines de 2023 a los principales accionistas privados de Modo –Galicia, Santander, BBVA, ICBC, Macro, Patagonia y Supervielle– por “concentración prohibida, cartelizarse y excluir competidores, prácticas anticompetitivas que afectan a las fintech y a millones de consumidores”.

Mercado Pago es la billetera más usada: la tiene el 74% de los usuarios de dinero electrónico. Le sigue Cuenta DNI, del Banco Provincia de Buenos Aires, utilizada por el 32%; BNA+, del Banco Nación, el 24%; NaranjaX, del Grupo Financiero Galicia, 21%; Modo, sólo el 18%; y Ualá, de Pierpaolo Barbieri, el 15%. Modo no pesa tanto, pero sus dueños sí, incluidos nueve de los diez bancos minoristas más grandes de la Argentina (Nación, Galicia –que compró la filial del británico HSBC–, Santander, Macro, BBVA, Ciudad, Credicoop, ICBC y Patagonia). En ese top 10 sólo se excluyó el Provincia, que apostó por Cuenta DNI. Inclusive NaranjaX también está en el capital Modo.

Modo acusa a Mercado Libre de lo siguiente:

Mercado Libre rechazó en un comunicado las acusaciones de Modo, tachó el reclamo como “tan absurdo como pretender que un supermercado ofrezca productos de marca propia de un supermercado competidor o que los bancos ofrezcan en sus sucursales y home banking los productos y servicios de Mercado Pago” y recordó la denuncia de los tres expresidentes de la CNDC Diego Petrecolla –que la encabezó en el gobierno de Carlos Menem–, Gabriel Bouzat –en el Fernando de la Rúa– y Esteban Greco –en el de Mauricio Macri– contra siete de los bancos dueños de Modo. Allí se los acusa de lo siguiente:

Choque de poderosos. En el medio, los consumidores y los comerciantes. Aunque Javier Milei desprecie al Estado, este es el que debe regular para que exista un mercado competitivo y no la ley de la selva.

AR/MG

Críticas del PRO y la UCR al régimen de grandes inversiones complican las leyes del Gobierno en el Senado

El Gobierno inició en cuesta arriba este martes en el Senado el debate por la ley de Bases, que ya tiene media sanción de Diputados. Luego de un comienzo empantanado por el cambio a último momento en la redacción de dos artículos, funcionarios del Ejecutivo encabezados por el ministro Guillermo Francos expusieron ante legisladores de la Cámara alta sobre el proyecto clave de Javier Milei. El oficialismo tuvo que aceptar que se abra el plenario de comisiones a la intervención de invitados especiales –lo que podría dilatar los tiempos del tratamiento parlamentario– y se embarró en una discusión con la oposición en una cuestión espinosa como el Régimen Especial de Grandes Inversiones (RIGI). Allí no solo recibió críticas y pedidos de cambios del kirchnerismo, sino también de la UCR y hasta del PRO.

“Por supuesto que no creo que sean un nido de ratas”, tuvo que aclarar en un primer momento el titular del Ministerio del Interior, luego de que desde el kirchnerismo lo consultaron por la acusación al Congreso por parte del Presidente. La cancha en el Senado se vislumbra inclinada en contra del oficialismo a partir del poder de fuego que tiene Unión por la Patria tanto en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales como en el recinto. Pero también hay una posibilidad certera de que los circunstanciales aliados de La Libertad Avanza quieran introducir cambios, lo que haría volver el proyecto a Diputados, conspirando con el cronograma original de Milei de que las leyes estén sancionadas para el Pacto de Mayo del 25

Los cuestionamientos centrales que recibió el oficialismo fueron por el RIGI, que establece importantes exenciones de impuestos para las inversiones a partir de los US$ 200 millones. “Es hípergeneroso, es excesivamente generoso”, lo calificó el senador radical Martín Lousteau (UCR). “¿Estamos atrayendo cosas nuevas o le estamos dando beneficios a cosas que por ahí ya estaban porque son en áreas en las que Argentina ya tiene ventajas comparativas? Minería, Vaca Muerta, etcétera”, apuntó el economista.

A su voz se sumó llamativamente Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires-PRO). “A mí no me queda claro que sea un plan de grandes inversiones que va a favorecer al conjunto del país. No está planteado en la ley los sectores que ustedes quieren explotar y fortalecer”, apuntó la senadora amarilla, referenciada en Horacio Rodríguez Larreta. De paso cuestionó que uno de los beneficios que recibirían dichas inversiones está atado al impuesto al cheque, que es coparticipable, justo cuando CABA mantiene una disputa con la Nación por una deuda al respecto, aún judicializada. “El RIGI va a ser beneficioso en algunas provincias, pero el costo lo van a acompañar todas las provincias por 30 o 40 años”, reclamó la legisladora.

Desde UxP, la mendocina Anabel Fernández Sagasti cuestionó que el régimen se sobreponga a las potestades de las provincias sobre los recursos naturales. “Del federalismo no saben nada, este texto debe haber sido escrito en alguna oficina oscura y porteña”, señaló la legisladora. Cuestionó que el proyecto –que en rigor está dentro del paquete fiscal, que se discute en paralelo a la ley Bases– no respeta las leyes ambientales de las jurisdicciones.

Los funcionarios del Gobierno intentaron aclarar las dudas, aunque sin mucha suerte. “Los únicos beneficios del RIGI son tributarios, aduaneros y cambiarios. Las provincias sólo tienen potestad sobre el primero. Nada dice sobre la obligación medioambiental y ningún beneficio habla de esa materia”, aclaró el segundo de la jefatura de Gabinete, José Rolandi. “Sobre el supuesto avasallamiento del federalismo, interpretamos que al ser un régimen federal interviene un juez federal sobre la materia del RIGI. Nada tiene que hacer sobre leyes ambientales de las provincias”, insistió después.

También el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, salió en defensa del proyecto de Gobierno. Subrayó que el impacto del régimen llevaría el costo tributario al 35% “siempre y cuando las provincias acompañen y no generen cargas adicionales”. Esa frase generó una repregunta del salteño Juan Carlos Romero, habitual aliado de LLA: “¿Si una provincia no adhiere, se va a poder instalar o no una empresa?”, consultó el senador. “No estamos normando por encima de la Constitución o de las leyes provinciales”, respondió el funcionario.

Finalmente los representantes del Ejecutivo reconocieron que el tema es espinoso y pidieron tiempo para analizar posibles cambios en la redacción. “Dennos hasta mañana que viene Chirillo”, fue la salida que encontró Rolandi, en referencia a que este miércoles expondrá en el Senado el secretario de Energía, pero también mentor de la ley Bases, Eduardo Rodríguez Chirillo. “Si mañana vemos que no es suficiente la explicación, vemos si hacer una modificación”, admitió Rolandi, que fue una de las espadas del Ejecutivo que en Diputados pimponeó la redacción de las leyes con los bloques aliados.

Otra concesión que dio el Gobierno en el primer día de tratamiento en el Senado es la posibilidad de que al plenario de comisiones se sumen voces extralegislativas. Eso demoraría la discusión, cuando el oficialismo tiene pensado dictaminar este jueves, justo el día del paro general de la CGT, y sesionar la semana que viene. Ahora está en el aire cuándo serían esas intervenciones y quiénes participarían, pero un borrador de la lista ya comenzó a circular entre los bloques.

El kirchnerismo ya avisó que invitará a las centrales obreras, sobre todo porque la ley Bases incorporó en su media sanción una reforma laboral que no estaba en el texto original. “Está planteada en relación a romper la relación de dependencia entre el empleador y el trabajador. Va a generar más precarización”, señaló sobre ese capítulo la senadora peronista Nora Giménez (Salta).

Francos reconoció dialogó sobre el proyecto con la GT y defendió la iniciativa: “Los informales no tienen ninguna proteccion porque la legislacion de trabajo actual es un castigo para las empresas pymes. Son avances positivos, no son un cambio fundamental”. Rolandi, otra vez, pateó el debate para este miércoles: “Mañana viene el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que va a poder profundizar este tema”, señaló.

La macrista Tagliaferri incluso se metió con otro punto de la ley Bases: el fin de la moratoria previsional. Pidió un nuevo proyecto a nivel integral y reconoció que la propuesta oficial perjudica a las mujeres próximas a jubilarse porque equipara con los hombres la edad de 65 años. Se hizo eco en ese punto sensible la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), cuyo voto es clave para el Gobierno si no quiere que sus leyes fracasen en el Senado.

También UxP apuntó ante los funcionarios contra las privatizaciones que habilita la ley Bases y sobre las prerrogativas del artículo 3, que habilita los superpoderes para que el Presidente pueda avanzar en la “disolución”, como reza el texto, de un sinfín de organismos del Estado. “Sobre la disolución fuimos reacios a hacer una lista de organismos porque entendemos que al incluir un listado todo lo que no entra va a ser disuelte y no es la intencion del Ejecutivo. La intención es tratar de eficientizar el Estado y centralizar las políticas públicas analizando con mucha precisión cada casa. No implica que no tendrá control, sino absolutamente lo contrario”, respondió por el Gobierno María Ibarzabal Murphy, secretaría de Planeamiento. Después insistió sobre otro tema espinoso: “Hay un miedo de que se van a disolver los organismos de ciencia y tecnologia. No es la intencion y voluntad del Poder Ejecutivo hacer eso y tampoco significa que se el Ejecutivo va a hacer lo que quiera”.

Sobre el final de la reunión, la senadora nacional Vigo destacó la importancia de la moratoria previsional —“yo sí voté la moratoria previsional”, resaltó— y sostuvo que se debe revisar el texto llegado de Diputados en lo relativo a la edad jubilatoria de las mujeres equiparada con la de los varones. En tal sentido, destacó la importancia del trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, señalando que “el trabajo que realizan las mujeres en su hogar triplica al trabajo que puedan realizar los varones”.

También resaltó sus diferencias con el gobierno de Milei en cuanto a la importancia del financiamiento organismos públicos como el Banco de Datos Genéticos y el CONICET, y en esa línea subrayó la urgencia de asegurar fondos para las universidades.

El plenario de comisiones pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10 de la mañana. “No hay certezas de que vaya a salir ni certezas de que no vaya a salir; los votos están y no están”, dijo a la prensa, una vez finalizada la primera jornada, el jefe del bloque La Libertad Avanza, el jujeño Ezequiel Atauche. Toda una declaración.

MC/JJD

"Fe de erratas" para dos artículos y la polémica por el tabaco: se empantana la ley Bases en el Senado

El “error de tipeo” que reconoció el Gobierno sobre dos artículos de la ley Bases, así como las dudas que aún sobrevuelan por la votación en particular del impuesto al tabaco que se incorporó a último momento en Diputados, empantanaron en el Senado el comienzo de la discusión por la iniciativa clave de Javier Milei. La polémica surgió justo antes de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, inicie este martes a las 14 su exposición en un plenario de comisiones de la Cámara alta, cuando circuló entre los senadores una “fe de erratas” oficial en el que La Libertad Avanza intentó subsanar el hallazgo advertido por Unión por la Patria de que dos artículos sufrieron importantes modificaciones en su escritura.

El kirchnerismo pegó el grito en el cielo en medio del plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, y reclamó que la reunión se pase a un cuarto intermedio hasta tanto el oficialismo aclare la polémica. “Hay una preocupación en nuestro bloque con respecto a la votación en Diputados. Hay dos diputados que dicen que le contabilizaron mal el voto. Y también de que tiene errores el expediente. Una palabra en un artículo cambia todo”, cuestionó el jefe del bloque de UxP, José Mayans (Formosa). “No sabemos qué texto vamos a votar”, apuntó la senadora Juliana Di Tullio (UxP-Buenos Aires). Silvia Sapag (Neuquén) tildó de “papelucho” la nota aclaratoria de Diputados. 

La aclaración oficial fue enviada al secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian, por su par de Diputados, Tomas Figueroa. Allí se afirma que “se ha incurrido en errores de transcripción del texto del dictamen a la comunicación al H. Senado”. En concreto hubo modificaciones en los artículos 152 y 171, el primero sobre los permisos de exportación de gas natural licuado; el segundo sobre el ya polémico régimen de inversión RIGI.

Cambios en dos artículos

La fe de erratas del Gobierno aclara que (sic.) “En el artículo 152, antepenúltimo párrafo, donde dice: ‘A los efectos del otorgamiento del permiso de exportación de GNL, no será necesario que el solicitante cuente con contratos de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos solicitados.’, debe decir: ‘A los efectos del otorgamiento de la autorización de exportación de GNL, no será necesario que el solicitante cuente con contratos de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos solicitados…’”

Y la siguiente aclaración, señala (sic.): “En el artículo 171, primer párrafo, en donde dice: ‘Artículo 171.- A efectos de lo previsto en el inciso a) del artículo 170, el monto mínimo de inversión en activos computables será de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables por sector productivo mayores a doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). En ningún caso ese monto mínimo que establezca el Poder Ejecutivo nacional podrá superar el importe de novecientos millones de dólares estadounidenses (USD 900.000.000), cualquiera sea el sector productivo involucrado.’, debe decir: ‘Artículo 171.- A efectos de lo previsto en el inciso a) del artículo 170, el monto mínimo de inversión en activos computables será de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables por sector o subsector productivo o por etapa productiva, iguales o mayores a doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). En ningún caso ese monto mínimo que establezca el Poder Ejecutivo nacional podrá superar el importe de novecientos millones de dólares estadounidenses (USD 900.000.000), cualquiera sea el sector productivo involucrado…’”

“Cuando el texto cambia el sentido de lo que votó una Cámara no es fe de errata, es trampa, es trucho, algo ilegal”, cuestionó Di Tullio en diálogo directo con el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala, que trataba infructuosamente de ordenar el inicio del debate y salir de la posición incómoda en la que estaba. “Acá se va a tratar lo que envió Diputados y en lengua utilización puede ser sinónimo de permiso”, argumentó el senador, que se mantuvo impertérrito cuando Di Tullio le espetó si no creía que se cambiaba el sentido de la ley: “Para mí no”.

El hallazgo había sido denunciado esta mañana por Germán Martínez, jefe del bloque de UxP en Diputados. Le envió una nota formal a Martín Menem para exigir una aclaración. “El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, planteó el diputado kirchnerista. 

En su conferencia de prensa de hoy, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó quitarle dramatismo a la polémica: “Es un tema menor, administrativo. Va a quedar subsanado en el día de hoy. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión y lo están solucionando”, sostuvo desde Casa Rosada. Por la tarde salió a responderle al kirchnerismo el propio Menem: acusó a UxP de “sobreactuar el hecho de haber detectado mínimos errores de transcripción menores de una ley, que no alteran en nada su espíritu y que son frecuentes en este tipo de normas tan extensas”. “Pretender que sea malicioso que en dónde decía ”autorización“ dice ”permiso“ cuando la ley en todo el artículo involucrado usa tales términos en varias ocasiones, en forma indistinta y como sinónimos para referirse a lo mismo, y que por el error humano en la transcripción, se pretenda tornar nula la comunicación, suena a desesperación”, dijo el titular de Diputados.

El reclamo en UxP tuvo eco en otros senadores en la previa a la exposición de Francos. “No somos escribanía pero tampoco podemos aceptar eso. Se votó un texto y acá hay otro texto. ¿Quién lo cambió y por indicación de quién o por la sugerencia de qué empresas?”, criticó Sapag . Otra vez fue Abdala el que tomó la posta para defender la posición del oficialismo, aunque le pasó la pelota a Menem: “Hubo un error de tipeo que fue responsabilidad de la Cámara de Diputados. Ese papelucho le da validad plena a lo que se va a tratar”. 

Al libertario le salió en ayuda Juan Carlos Romero (Salta-Cambio Federal), que oficia muchas veces de vocero del oficialismo: “Hagamos de cuenta que no sabemos nada para que los funcionarios nos puedan explicar de qué trata la ley. Después vemos el texto para el dictamen”, propuso. Y contraargumentó: “No somos jueces de la sanción en Diputados. No podemos interrumpir un tratamiento dudando de la redacción de una ley”. 

Luego habló el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), que espetó al kirchnerismo: “¿Qué salida plantean? Si viene una fe de erratas, eso vamos a tratar. Sino hay que hacer un cuarto intermedio hasta que definamos el texto”. “Quieren encubrir un delito”, cuestionó la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). 

La polémica sobre tabaco

El aliado al oficialismo Romero también se refirió a la polémica por los votos en la restitución del impuesto al tabaco. “Si cae lo que Diputados puso sobre tabaco estamos favoreciendo la evasión de una empresa de la provincia de Buenos Aires. No los acuso a ustedes, pero me parece raro que en Diputados”, apuntó, haciendo alusión a las denuncias que hubo de lobby de Tabacalera Sarandí para que el proyecto no prospere. Finalmente un acuerdo cerrado en la madrugada de la votación en Diputados entre parte de Hacemos Coalición Federal, el radicalismo y hasta UxP permitió que se incorpore un aumento del gravamen tal como había pretendido el Gobierno en el texto original a la ley y que luego quitó por la presión también del otro jugador fuerte del mercado, Massalin. 

La polémica aún no resuelta es que en esa votación, según las actas, habría habido más abstenciones de las que se computaron en el recinto, ya que varios diputados tuvieron que votar a viva voz. Sus votos se habrían computado de otra manera. Así, se habrían contabilizado como afirmativas las abstenciones de los diputados chaqueños María Luis Chomiak y Aldo Leiva. Tampoco se incluyeron el rechazo de Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero, del PRO, y de la libertaria Benedit Beltrán. De esa manera la votación hubiera terminado 80 a 80, dándole la potestad a Menem para que desempate, una posición más que incómoda en un tema tan cruzado por la presión de las empresas vinculadas al negocio.

“Si tratamos este proyecto de ley y viene con legitimidad de origen después se puede declarar su inconstitucionalidad. Si se votó mal, todo lo que vamos a tratar ahora no tiene ninguna legitimidad. Es muy grave lo que está pasando. Pido un cuarto intermedio”, exigió en el plenario del Senado otro salteño, Sergio Leavy (UxP). Las dos polémicas terminaron cuando Abdala encontró una salida por arriba del laberinto: le dio finamente la palabra a Francos, que comenzó su discurso sin hacer menciones al respecto.

MC/JJD

Las guerras judiciales en tiempos de Milei

Existe una discusión jurídica y política sobre los límites del derecho a la protesta. Hay dos bibliotecas en los tribunales, como en todas, pero ninguna aceptaría un protocolo como el de Patricia Bullrich que se arroga facultades legislativas y judiciales. También hay dos varas en los medios de comunicación. Cuando se movilizan sectores medios y altos –corten o no las calles– es una protesta legítima, cuando se movilizan “los peores” –pobres y obreros– es un delito, y salvo algunos periodistas, la mayoría reclama como el emérito diputado libertino Espert, “cárcel o bala”. Hay muchos enfoques en relación a las formas más extremas de pobreza e injusticia social, pero hace mucho no se escuchaban violencias como “vas al parador o te vas de la ciudad”, casi una apología a quemar personas en situación de calle que no acepten ninguna de las opciones.

Muchos hemos sido encausados o encarcelados por ejercer el derecho a la protesta. La policía usó distintas figuras, sobre todo resistencia a la autoridad. En general fueron periodos breves de detención y las causas penales se cayeron antes de la indagatoria. El suscrito, detenido varias veces y encausado muchas otras, nunca fue citado a una indagatoria. Nosotros llevamos esas detenciones, denuncias e imputaciones como cucardas porque siempre fue por estar del lado de los descartados y oprimidos. 

En la actualidad, además de criminalizar la protesta, la ofensiva de Milei contra cualquier organización comunitaria tiene un sentido más profundo. El objetivo del poder –no sólo del gobierno– es la destrucción de las propias organizaciones. La estrategia la trazó Sturzenegger en su conferencia de Harvard: “Hay que empobrecer a los grupos de interés”. Por supuesto, no se refería ni a la Sociedad Rural, ni a la AmCham, ni a la AEA. Cualquier expresión del pueblo organizado es un grupo de interés. En el fondo, lo que se busca destruir es cualquier forma de socialización de cercanía que rompa el vínculo alienante entre el individuo aislado y el mercado globalizado. 

Para destruir los movimientos sociales, el gobierno de Milei apunta a eliminar todas las políticas públicas populares. Con la narrativa de “eliminar la intermediación” y a “los gerentes de la pobreza”,  se elimina la política positiva para el pueblo en su conjunto, cumpliendo la doble función de contribuir al ajuste fiscal contra los pobres y aplastar al “enemigo interno”. Lo mismo sucede con las universidades públicas, gratuitas y cogobernar o el complejo científico-tecnológico que no se subordina al oscurantismo libertino. Con la excusa de ñoquis y curros, buscan destruir el mayor capital que tiene nuestra sociedad: por abajo, altos niveles de “capital organizativo”; por arriba, sus altos niveles de “capital intelectual”.  

Esta estrategia a veces incluye mecanismos de guerra judicial. Me tocó estas últimas semanas una andanada de denuncias mediáticas que se convertían en judiciales para retroalimentar los mismos medios que iniciaron la denuncia con la infantería de trolls y figuras del libertarianismo twittero. 

Me tomé el tiempo de ver cada una de las causas. Se denuncian hechos inexistentes, con los que además, no tengo ninguna vinculación fáctica o jurídica. La conducta que se me reprocha es pertenecer a una organización que formó cuadros de gestión de origen villero y fundó cooperativas de trabajo en los barrios populares, pertenecer a un partido que promovió funcionarios y contribuyó a la sanción de leyes. Así, por el mero hecho de detentar cierto liderazgo político o pertenecer a determinada organización social, soy automáticamente responsable de la conducta de  cientos de miles de personas, me beneficio  de las tareas que realizan ciertas cooperativas, me apropio de inmuebles asignados a algún proyecto social.  

Se trata de una aplicación generalizada del principio de dominio del acto por mera asociación y la inversión permanente de la carga de la prueba. Haciendo una analogía, sería similar a responsabilizar a Mauricio Macri como presidente del PRO por hechos reales con condenas firmas como la participación del fallecido intendente cambiemita Sergio Varisco en una banda de narcos o de hechos ficticios como su responsabilidad en supuestos desfalcos en la Secretaría de Integración Urbana por haber designado a su primer responsable. Desde luego, estas tropelías jurídicas y narrativa, parecen recaer sobre un sólo lado de la grieta. Nada nuevo bajo el sol.

Para buscar la verdad y responder con solidez, es importante realizar un análisis lógico, desentrañando las falacias argumentativas de los inquisidores. Es dar la batalla cultural desde el pensamiento riguroso, sin entrar exclusivamente en el inevitable y lamentable intercambio de chicanas y descalificaciones a los que nos arrastran los tiempos. Los sofistas de siempre, con ese cancherismo pragmático del político picarón, buscan manipular a partir de argumentos maliciosos, distorsivos y amañados… Nosotros queremos, como Platón y Aristoteles, como amantes del conocimiento, luchar por lo bueno, lo bello y lo verdadero. 

Paso a enumerar, entonces, algunas de estas falacias. 

Hasta ahora, así las cosas. Argumentos falaces en los medios, falsas denuncias en la justicia, nuevos titulares, ningún llamado a indagatoria. Hasta dónde van a llegar, no lo sé ni me preocupa. Me pueden dar vuelta como una media, no van a encontrar un peso que no me corresponde. Tengo una confianza plena en la calidad ética de las personas –en particular, las personas que vienen de contextos de exclusión y pobreza– que colectivamente promovimos, visibilizamos y finalmente asumieron una responsabilidad en el ejecutivo o el legislativo. Estamos orgullosos de ellas y ellos. Estamos orgullosos de haber impulsado políticas públicas y participación ciudadana para la formación de miles de cooperativas que crearon o dignificaron cientos de miles de puestos de trabajo gracias a la ley de economía popular y salario social complementario, estamos orgulloso de haber impulsado la sanción de la ley de barrios populares y la asignación específica del impuesto a las grandes fortunas y el impuesto país.

 Ojalá algún día se pueda conocer todo el bien que se hizo. Mientras tanto, frente en alto, templanza y esperanza. 

JG/DTC