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Se cae el trámite exprés: la ley Bases se votaría en el Senado recién al borde del Pacto de Mayo

Se cae el trámite exprés: la ley Bases se votaría en el Senado recién al borde del Pacto de Mayo

El oficialismo tomó nota del clima adverso en el Senado para apurar la sanción de la ley Bases y del paquete fiscal y ya admite en los pasillos del Congreso que el debate se va a estirar más días de lo previsto. Iniciado el segundo día del plenario de comisiones donde se discute la ley ómnibus de Javier Milei, el cronograma libertario prevé que haya dictamen la semana que viene y que la sanción se pateé al 23 de mayo, justo dos días antes de la firma del Pacto de Mayo en Córdoba, supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias. El plan original era que los senadores firmen el despacho este jueves, para ir al recinto la semana próxima. 

Uno de los escollos que encontró La Libertad Avanza para un tratamiento exprés en la Cámara alta fue el pedido de Unión por la Patria para que invitados especiales puedan opinar al respeto de la ley Bases en el plenario de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto. Esos oradores se presentarían el martes que viene. El kirchnerismo ya adelantó que va a invitar a los líderes de la CGT y las dos CTA, que mañana harán un paro general. Al respecto de la medida de fuerza, en el Senado prevén igual la realización de la reunión de comisiones.

Pero el obstáculo principal que encontró el Gobierno para apurar el dictamen es la discusión que se abrió con los senadores opositores, sobre todo con los bloques a priori dialoguistas o aliados, como son el PRO, la UCR y los federales. Ayer martes surgieron las primeras diferencias con respecto al RIGI (el régimen de promoción de grandes inversiones) y el fin de la moratoria previsional. Este miércoles el debate se centró en la reforma laboral y los cambios en la política energética

El oficialismo aún no tiene abroquelado el poroteo de votos tanto para la firma del dictamen como para la sanción de las leyes. Y si hay cambios en los textos, los proyectos deberán volver a Diputados para una sanción definitiva. En ese caso, tanto la ley Bases como el paquete fiscal quedarían para después del 25 de mayo. Con los cambios de fecha, aún es una incógnita si el Gobierno mantendrá o también pospondrá la presentación del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el recinto, ya agendado para el miércoles 15.  

“Mañana no va a haber dictamen. La idea es dictaminar el miércoles o jueves próximo. Y sesión casi seguro el 23”, apuntaron a elDiarioAR en un importante despacho del oficialismo. Lo mismo concidieron otras fuentes parlamentarias consultadas.

Si bien ayer y hoy se hicieron presentes en la Cámara alta importantes funcionarios como el ministro del Interior, Guillermo Francos, la rosca en el Senado la conduce la vicepresidenta Victoria Villarruel. De ella dependerá finalmente asegurar una sesión a favor de la Casa Rosada.

Este miércoles de hecho la vice recibió en su despacho a la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) y la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro): el tema fuela posibilidad de incluir en la Corte Suprema a mujeres, justo cuando el Gobierno impulsa las candidaturas de Ariel Lijo Manuel García Mancilla. En la reunión estuvieron las juezas Susana Medina y Teresa Day de la AMJA.

Julio Cordero, secretario de Trabajo, se crucó con el kirchnerismo en su exposición en el Senado.

Cruces por la reforma laboral

La segunda jornada de reunión de comisiones tuvo este miércoles varios momentos de tensión. La senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el senador Mariano Recalde (CABA), ambos kirchneristas, cuestionaron al secretario de Trabajo, Julio Cordero, por la reforma laboral incluida de la ley de Bases y que obtuvo la media sanción la semana pasada en Diputados. 

Para Fernández Sagasti, el plan del Gobierno es la “flexibilización tributaria, laboral y ambiental” y continuó: “Se beneficia a los evasores, se les saca las multas, las demandas penales; se crea un sistema de blanqueo, pero se elimina la mal llamada moratoria jubilatoria”. En esa línea, cargó contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Se están manoteando el fondo de sustentabilidad, la plata de los jubilados. La plata de los jubilados va a estar en las manitos de (Luis) Caputo, peligrosísimo. Si hay alguien que le gusta la timba es ‘Toto’ Caputo”. 

Minutos antes, Recalde fustigó contra Cordero y la reforma: “Buscan maximizar las ganancias y que los trabajadores no pidan nada. Como piensan que con el periodo de prueba, el quite de multas —como en los '90 que fracasó— van a conseguir resultados diferentes”.

“Es cierto que en otras oportunidades se han intentado modificaciones a las normas de trabajo, que no se han logrado y esta vez en un aspecto que han sido tamizadas por todo el debate previo que se ha tenido dentro y fuera del Congreso”, admitió Cordero, que igualmente defendió el proyecto oficialista: “Lo que se busca desde el Estado con la presentación de estas normativas es la generación de empleo y seguridad jurídica”, planteó.

“Quiero que sepan que estas multas que se están derogando están en esa Ley de Empleo: nacen en la ley que se critica y hoy cuando se intenta derogar, se protesta. Leyes que fueron evolucionando e involucionando a través del tiempo, llevando a lo que yo denomino un incentivo a la informalidad”, advirtió el secretario de Trabajo, para quien “uno puede construir un esquema normativo ideal que luego cuando contrasta con la realidad no se visualiza”.

Para Cordero, “si las normas no acompañan, si son riesgosas y crean un riesgo exagerado o imposible de ser controlado, esas normas impiden la contratación, porque nadie quiere tomar un riesgo mayor al que la naturaleza representa”. El secretario de Trabajo dijo que los agravamientos indemnizatorios fomentan la informalidad y espetó directamente al senador Recalde: “¿No lo entendiste?”, le retrucó, y luego planteó: “Hoy ese trabajador informal cobra 3 veces la indemnización de un trabajador normal, con las normas como están hoy”.

Chirillo, secretario de Energía, en su exposición de este miércoles en el Senado.

Polémica por la energía y las tarifas

Otra de las discusiones la protagonizó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, con el senador Edgardo Kueider (Unidad Federal-Entre Ríos), que tiene un lugar clave porque preside un bloque de tres peronistas no-kirchneristas, integrado además por la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Camau Espínola. El senador reclamó por la deuda que mantiene la Nación con las generadores de energía. 

Según especificó Kueider, el Gobierno lleva “cinco meses de deuda” y aseguró que a las empresas entrerrianas se les hace “imposible operar”. Rodríguez Chirillo salió rápido de la encrucijada y sostuvo que están “trabajando” en ese sentido. 

El funcionario justificó la suba de tarifas que lleva adelante el Gobierno. “Tanto en gas como en electricidad teníamos un tema acuciante que era el tema de tarifas. Tuvimos que hacer una recomposición y una reasignación de subsidios. Pero en materia de electricidad, en generación encontramos situaciones muy particulares, donde los precios de generación de electricidad son muy elevados. Y que son contratos dolarizados elevados, celebrados en un momento donde el país tenía un riesgo país elevado, alta inflación y al durar muchos años los seguiremos pagando durante los próximos años, y es uno de los temas a revertir”, argumentó.

Rodríguez Chirillo sostuvo que “la generación que se encuentra instalada no funciona correctamente en su totalidad y se acerca mucho a la demanda máxima, que a veces crece de modo tal que hemos tenido que agotar en el verano todos los puntos de conexión para traer energía de todos los países vecinos”.

MC/JJD

El Banco Nación se suma a la oferta de créditos hipotecarios UVA con resguardo contra la inflación

El Banco Nación se suma a la oferta de créditos hipotecarios UVA con resguardo contra la inflación

El Banco de la Nación Argentina (BNA) presentó hoy una nueva línea de créditos hipotecarios “+Hogares”, que estará vigente a partir del 20 de mayo.

Destinará a esta iniciativa el equivalente a USD 4.000 millones y proyecta otorgar hasta 40.000 préstamos en tres años. La novedad es que cuenta con una cláusula “anti-inflación”.

En la presentación, que se realizó en el Salón de Mármol de la casa matriz de la entidad bancaria y estuvo encabezada por su presidente, Daniel Tillard, se especificaron los requisitos y quiénes pueden acceder.

También se pueden ver en la página web https://bna.com.ar/personas/creditoshipotecarios

Según se informó, el financiamiento cuenta con un beneficio único, en tanto permitirá al usuario abonar una prima de 1,5 puntos porcentuales, lo que le brindará la posibilidad de fijar el incremento de la cuota de acuerdo con el coeficiente de variación salarial (CVS) para que la cuota no aumente más que el salario.

La propuesta de la entidad está destinada a compra, cambio, construcción, refacción y ampliación de viviendas en todo el país como así también a la adquisición de una segunda casa.

Tillard afirmó que “la indicación que recibimos del presidente de la Nación, Javier Milei, es impulsar el crédito. Una parte importante de la recuperación económica viene de la mano del crédito bancario”.

De este modo, la entidad financiera se sumará a los bancos que salieron con sus líneas de préstamos ajustados por inflación como Hipotecario, Ciudad, ICBC, Del Sol y, en las últimas horas, el Banco de Córdoba.

Los créditos hipotecarios, que sufrieron un declive durante la crisis del 2018-2019, han vuelto con una tasa promedio del 5% más la inflación, según informaron los propios bancos. Y destacaron el renovado interés en este producto, que experimentó un auge en 2017.

Requisitos y condiciones para acceder al crédito hipotecario del Banco Nación

  • +Hogares con BNA” estará disponible a partir del 20 de mayo. Los interesados deberán realizar la solicitud en forma digital a través del sitio web www.bna.com.ar.
  • Para viviendas únicas y de ocupación permanente de hasta 140.000 UVAs: 4,50% TNA fija.
  • Valor máximo prestable: El equivalente en pesos de 105.000 UVAs, lo que representa USD 89.000 (al dólar MEP, cotización al 1/5/2024) ó $ 93.828.000.
  • Plazos: 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.
  • Usuarios: personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia, jubiladas y/o pensionadas que perciban sus haberes a través del BNA.
  • La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos será de 85 años.

CRM

Federico González Rouco: “Para sacar un crédito UVA no hay que mirar tanto la inflación como sí la perspectiva salarial”

Federico González Rouco: “Para sacar un crédito UVA no hay que mirar tanto la inflación como sí la perspectiva salarial”

En la Argentina no hay crédito hipotecario desde hace seis años. La última vez que se otorgaron de forma regular y masiva fue en 2018, antes de la crisis cambiaria que duró dos años y a la que sobrevino, posteriormente, la pandemia y una inflación sin control hasta el día de hoy, que imposibilitó el funcionamiento de cualquier mecanismo. Pero en las últimas semanas volvió a aparecer la oferta bancaria de préstamos para vivienda, en la modalidad UVA, que en la Argentina, a diferencia de otros países, tienen muy mala fama.

Federico González Rouco, economista y experto en vivienda y mercado inmobiliario, sostiene que el regreso de este tipo de préstamos “es una oportunidad” después de más de un lustro sin crédito. En una conversación con los periodistas Hernán Cappiello, Ariel Cohen y Juanjo Domínguez en Gambito de Datos (Radio Con Vos) sostuvo que la inflación es una variable a tener en cuenta a la hora de decidir si tomar o no un crédito de estas características pero aún más importante es qué perspectiva de ingresos personales tiene uno.

—¿Es confiable meterse hoy en un crédito UVA de estas líneas que están apareciendo ofertadas por los bancos?

—Como primer punto hay que decir que hay oferta. Hay bancos queriendo ofrecer créditos hipotecarios. Eso me parece ya una primera gran noticia que no pasaba desde hace años y muestra que están cambiando algunas cosas. Es una señal de apuesta del sistema financiero al plan económico. Porque si fuera algo tan de corto plazo, sólo un movimiento de tasas, esto no pasaría. bviamente después puede salir mal.

—Puede fallar.

—Como todo. Pero es una apuesta. Los bancos tomaron la señal del Gobierno de que el instrumento UVA no se va a romper, una posibilidad que durante los últimos cuatro años estuvo latente. Eso es el lado de la oferta...

—Claro, pero del otro lado hay temor de los tomadores de crédito UVA, sobre todo porque la inflación sigue siendo alta.

—Los créditos UVA tienen la mora más baja del sistema financiero argentino. No hay un problema en el sistema de créditos hipotecarios UVA. Es un sistema que la verdad es que se bancó de manera bastante robusta todo lo que pasó en los últimos años. Obviamente, este tipo de créditos sí están expuestos como cualquier otra cosa que esté ajustada a la inflación.

—Es que uno no deja de pagar el crédito. Es lo primero que va a pagar, igual que el alquiler, la luz, el gas, el teléfono. Son cosas que uno no deja de pagar, por eso también registra bajos niveles de morosidad. Pero como los UVA están atados a la inflación y uno no se puede cambiar, como cambia de Movistar a Personal o a Claro, supongamos, el crédito se come gran parte del ingreso, y eso sí es un problema.

—Sí, totalmente, es verdad lo que decís, a lo que voy es en esta Argentina y en la Argentina que viene por algunos años al menos los UVA son los créditos que tenemos y vamos a tener. Es el contexto económico que hay, es el que nos toca. Yo tengo una propuesta hecha en los libros que escribí para mejorarlos. Es cierto que la mora más baja del sistema significa que el pago de estos créditos ha costado un montón de sacrificios. Totalmente. La pregunta es cuál es la alternativa para comprar una vivienda.

—Si vos estuvieras delante de una familia que tuviera que tomar una decisión, ¿le dirías sí, empezá y arriesgate ahora, o esperá un poquito porque por ahí viene otro producto que puede mejorar este?

—La primera respuesta es que para mí no importa tanto la inflación, lo que importa es la perspectiva de salario real que tenga cada uno. Y eso va a cambiar mucho según el sector en el que uno trabaje, según el momento de la vida en que esté, etcétera. La cuota se puede volver impagable con una inflación de 5% anual o con una de 75% o con una de 200% anual, entonces no me interesa tanto la inflación, miraría más la perspectiva de salario real que uno tiene. Eso como primer punto. Como segundo punto, las tasas de interés de los créditos que están saliendo, que salieron cuatro o cinco bancos con condiciones ya detalladas, van del 4% al 8%, más o menos, y yo no creo que vaya a haber mucha más reducción que eso; no me imagino tasas más bajas de 4% porque uno ve Uruguay y Colombia, que tienen créditos similares, y tienen tasas entre 4% y 7%. Recordemos que en estos créditos la tasa es el costo financiero del crédito que uno lo adquiere en UVAs, que es como sacarlos en pesos uruguayos o dólares. Como el UVA está atado a la inflación, eso es lo que hace que se encarezca la cuota, además de la tasa.

—¿Pero cómo se puede mejorar al sistema para alejar el fantasma de la cuota impagable?

—Al sistema de créditos hipotecarios en Argentina, y al sistema financiero en general, le falta una modernización y que creo que este es el momento para hacerlo. Una de las puntas que creo que se podría hacer, y que ya hubo hasta anuncios en otros gobiernos de diferentes partidos políticos, es avanzar en lo que se llama un fondo de compensación, que básicamente es un instrumento que lo que hace es que el acreedor, o sea el banco, cobre una cuota que ajusta por inflación, la UVA, y el deudor paga una cuota que ajusta por salarios. Y las diferencias, cuando el salario suba más o cuando la inflación suba más, bueno las va absorbiendo y cubriendo el fondo. Y aparte el deudor pagaría un 1% o un 1,5% más todos los meses como si fuera un seguro.

—Una especie de red, digamos.

—Exacto. Es como una cobertura, una compensación. Si uno mide inflación y salarios van más o menos de la mano. Pero el largo plazo no importa acá, acá lo que importa son los cortos plazos, que te sacan del juego. Con este fondo eso quedaría más o menos contenido.

—Entonces, a una familia que tiene un ingreso garantizado usted le puede afirmar que este es un buen momento para sacar un crédito UVA.

—Ni siquiera digo que este es un buen momento, digo que este es un momento. En la Argentina, lamentablemente, estamos expuestos. Este es un momento en el que hay oferta de crédito hipotecario, y ojalá esto deje de ser un momento y sea una realidad, como en cualquier país normal. Yo creo que uno tiene una perspectiva de salario con cierta estabilidad, es una oportunidad. Además, hoy el valor de los inmuebles está muy deprimido.

—¿Cómo ve la perspectiva hacia adelante?

—No creo que este año veamos un boom de crédito hipotecario, pero si la cosa más o menos se ordena, en un año o dos años, sí lo vamos a ver, porque la demanda de crédito es infinita, porque las necesidades habitacionales son infinitas en la Argentina, porque estamos en una muy mala situación habitacional. El impacto en el valor de los inmuebles y en el valor de los activos en general de una normalización económica va a llegar. Y el valor del metro cuadrado es uno de esos. Creo que va a haber una oportunidad ahí.

JJD

En marzo la construcción se desplomó un 42% y la industria, un 21%

En marzo la construcción se desplomó un 42% y la industria, un 21%

Dos sectores clave de la economía argentina, la industria y la construcción, se desplomaron en marzo como consecuencia de la política económica del gobierno de Javier Milei, ejecutada por su ministro de Economía, Luis Caputo, enfocada en el déficit cero.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este miércoles informes referidos a ambos sectores, que evidencian un brutal descenso de su actividad, tanto en comparación con el mismo mes del año pasado como en comparación con febrero.

En marzo de 2024, el denominado Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una baja de 42,2% respecto del mismo mes de 2023. El acumulado del primer trimestre de 2024, es decir los primeros meses de la gestión libertaria, presenta una disminución de 30,3% con respecto a igual período de 2023.

Si se compara marzo úlitmo contra febrero de este año, la variación negativa también es muy significativa: -14,2%. Las caídas son consecuencia, entre otros factores, de la paralización de la obra pública dispuesta durante el gobierno de Milei. El Presidente, de hecho, está en contra de la obra pública y sostiene que la infraestructura debe ser encomendada al sector privado.

A su vez, en marzo el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una caída de 21,2% respecto de igual mes de 2023. El acumulado del primer trimestre de 2024 presenta una disminución de 14,8% respecto de igual período de 2023.

En marzo de 2024 el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 6,3% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,4% respecto al mes anterior.

JJD

Las razones detrás del paro: 11% menos de salario, flexibilización laboral y 82.000 despidos y en aumento

Las razones detrás del paro: 11% menos de salario, flexibilización laboral y 82.000 despidos y en aumento

Detrás del segundo paro general contra las políticas de ajuste y reformas liberalizadoras de Javier Milei hay diversas razones. Habrá políticas, pero también económicas. La pérdida del salario en estos cinco meses, sumada a los despidos en el Estado y en el sector privado, la historia de reducción de personal que acompañan a las privatizaciones y la reforma para flexibilizar el trabajo son algunas de ellas.

En materia de sueldos, los últimos datos oficiales disponibles son de febrero. En los primeros tres meses de gobierno de Milei, la remuneración de los trabajadores registrados del sector privado cayó un 11,3%, calcula Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma. “Tiendo a pensar que marzo y abril en el mejor de los casos le va a empatar a la inflación, pero no habría que descartar un retroceso, teniendo en cuenta que la actualización de dos de las paritarias más grandes, comercio y construcción, fue muy baja, 8% y 14%, para el bimestre, respectivamente”, advierte Campos, en contraposición con los dichos del Presidente, que ya ve una mejora de los salarios.

En el sector público, la caída de los primeros tres meses de la nueva gestión fue bastante más grande, del 20,6%. “Para el bimestre marzo-abril tampoco deberíamos esperar una recuperación”, señala Campos. En la provincia de Buenos Aires, el aumento fue del 18%, con lo que va a quedar levemente por debajo de la inflación, y en el Estado nacional, apenas del 8%.

Por el lado del empleo registrado, los últimos datos generales son de enero. En los primeros dos meses de la era libertaria se perdieron unos 40.600 puestos en el sector privado. Podríamos agregar unos 10.000 más en febrero en la construcción, según el informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), aunque estrictamente no son fuentes comparables. Además hubo 26.900 despidos en el sector público y 4.500 en casas particulares. “El adelanto que tenemos de febrero, la Encuesta de Indicadores Laborales (de la Secretaría de Trabajo), dio muy mal: fue la peor variación para un mes de febrero desde 2002”, advierte Campos.

La agencia de noticias Télam fue cerrada por decisión del Gobierno de Javier Miliei. Hubo 26.900 despidos en el sector público.

Pero los despidos también pueden aumentar de la mano de las 11 privatizaciones que aprobó la Cámara de Diputados y deberá votar el Senado. ¿Por qué? Porque cuando una empresa del Estado se vende suele haber ajustes de personal antes o después de su transferencia al sector privado. A veces antes para tornarla más atractiva para los inversores y en otras ocasiones, después, con el argumento de que había exceso de plantilla. Esto ya sucedió en las privatizaciones en la década del 90, cuando gobernaba Carlos Menem, uno de los referentes de Milei.

La socióloga especializada en economía Marisa Duarte, presidenta del Instituto Argentina para el Desarrollo Económica (IADE). le puso cifras a los despidos por privatizaciones en los 90 en su libro 'Los impactos de las privatizaciones sobre el mercado de trabajo: desocupación y creciente precarización laboral', editado en 2002. Allí se advierte que en la empresa teléfonica Entel, dividida entre Telefónica y Telecom, hubo 15.000 cesantías; en el Correo Argentino, concesionado a la familia Macri, 18.000; en Aerolíneas, 5.000; en Obras Sanitarias, después privatizada como Aguas Argentinas y después reestatizada como AySA, 5.000; en Segba, partida en Edenor y Edesur, y otras empresas eléctricas, 14.000; en el transporte ferroviario, entrega en concesión, 78.000; y Gas del Estado, de la que surgieron varias compañías como Metrogas, 5.000. En total, 141.000 quedaron en la calle en seis años.

Despidos por privatizaciones en los 90.

Por último, también la reforma laboral ha encendido las alarmas de los sindicatos. El Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma ha señalado las siguientes objeciones:

  • “Eliminación de las normas laborales en establecimientos de hasta cinco trabajadores: El proyecto regula la figura del trabajador independiente que puede tener hasta cinco trabajadores independientes a su cargo, a quienes no se les aplican las normas laborales. De esta manera, se trata de trabajadores que dejan de gozar de la totalidad de los derechos laborales. Carecen de vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, salario mínimo. La iniciativa deja de considerarlos trabajadores y, por ende, su vínculo con el principal (patrón) pasa a estar regulado por el contrato que entre ellos hayan firmado, usualmente una locación de servicios.”
  • “Fomento de la tercerización laboral. El proyecto modifica radicalmente las normas vigentes en materia de interposición de empleadores. Se habilita la intermediación de personas en los vínculos laborales, estableciendo que la empresa usuaria del trabajador solo será responsable subsidiaria por las obligaciones del empleador directo, pero que el vínculo contractual será entre las partes que firmaron el contrato. Esto facilitará que las empresas recurran a cadenas interminables de subcontratación, haciendo muy difícil la identificación del verdadero titular del vínculo (muy importante en casos de insolvencia) y facilitando la utilización de figuras como el trabajador independiente con hasta cinco trabajadores independientes.”
  • “Eliminación de las multas por la falta de registro de los trabajadores. El proyecto de ley elimina todas las multas que agravaban las indemnizaciones por despido en caso de falta de, o deficiente, registro de los trabajadores. Como consecuencia de ello, mantener a un trabajador no registrado o deficientemente registrado recibirá como única sanción aquella prevista en la ley 25.212, el Pacto Federal del Trabajo, que considera a esta conducta como una falta grave o muy grave según el caso. En la actualidad, el mínimo de estas multas asciende al 30% o 50% del salario mínimo, y se destinan a mejorar el servicio de administración del trabajo. En los hechos, esta disposición reduce a la nada el riesgo de tener trabajadores no registrados, por lo que estará lejos de favorecer su registración, como alegan sus defensores. En pequeños y medianos establecimientos el incentivo para mantener a los trabajadores al margen del sistema de seguridad social será mucho más elevado. Esta disposición también alcanza a la multa por el despido de una trabajadora no registrada que se desempeña bajo el régimen de casas particulares.”
  • “Obstáculos a la reinstalación de trabajadores en casos de despidos discriminatorios. El proyecto aprobado en comisión incluye un reclamo de los empleadores de larga data: el establecimiento de una indemnización agravada en los casos de despidos discriminatorios que impida la posibilidad de demandar la reinstalación del trabajador afectado. Las demandas por reinstalación de trabajadores despedidos como consecuencia de un acto discriminatorio se extendieron a lo largo de las últimas dos décadas. Ellas fueron aceptadas por una jurisprudencia mayoritaria, convalidada por la Corte Suprema, que entiende que en esos casos el trabajador afectado puede optar por demandar la indemnización por despido prevista en la ley de contrato de trabajo o reclamar el cese de los efectos del acto discriminatorio, lo que implica en los hechos retrotraer la situación al momento previo al despido. Para los empleadores esto siempre fue inaceptable, ya que pone en crisis su poder disciplinario en los establecimientos. Los despidos discriminatorios habitualmente se dirigen contra trabajadores que no cuentan con una tutela sindical específica, ya que no son delegados o miembros de la dirección de una organización sindical, pero que son sancionados por su empleador por su actividad sindical. En este grupo entran casos de fundadores de sindicatos, candidatos por listas opositoras antes de que estas sean oficializadas, activistas sindicales de distinto tipo, etc. El proyecto aborda este tema desde una perspectiva cínica. Establece que quien sea despedido como consecuencia de un acto discriminatorio tendrá derecho a una indemnización agravada de entre el 50% y el 100% de la que le corresponda por la ley general, pero acto seguido dispone que 'el despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva vínculo laboral a todos los efectos'.”
Se calcula que 4.500 empleadas de casas particulares perdieron sus trabajos.
  • “Reemplazo de la indemnización por despido por un fondo de cese laboral. El proyecto abre la puerta a reemplazar la indemnización por despido prevista en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo por un fondo de cese laboral similar al actualmente existente en la industria de la construcción. Los detalles de esta iniciativa son remitidos a la reglamentación posterior por parte de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Trabajo, y se impone como única exigencia que ello sea producto de la negociación colectiva. Este mecanismo genera la eliminación de todo poder disuasorio del despido, ya que el acto de despedir para el empleador pasa a ser gratuito. Si bien habrá que esperar la reglamentación definitiva, estos sistemas se basan en un aporte sobre la nómina salarial que es igual para todas las empresas comprendidas en el ámbito de actuación del convenio colectivo, independientemente de que tengan mayor o menor rotación de su personal. De esta manera, para quienes no tienen una alta tasa de rotación se transforma en un aumento en su estructura de costos, mientras que para quienes tienen una alta tasa de rotación implica una socialización de las consecuencias patrimoniales que se derivan del despido de sus trabajadores. Este mecanismo no distingue entre renuncias, despidos sin causa o despidos originados en la actividad sindical de un trabajador. En todos los casos el costo para el empleador es igual a cero. Si un trabajador resulta indeseable, ya sea por reclamar activamente el cumplimiento de la legislación laboral ya sea por no aceptar los abusos de distinto tipo que pueden plantearse en relaciones asimétricas de poder como lo son los contratos de trabajo, el empleador puede recurrir al despido sin ningún tipo de perjuicio para su patrimonio. La contracara de este mecanismo es que, en contextos de alto desempleo, la ley pone a los trabajadores en una situación de mayor debilidad aún, forzándolos a aceptar cualquier tipo de abuso por parte del empleador, quien de lo contrario podría despedirlo fácilmente. Total, paga el fondo de cese. Por otra parte, nos encontramos frente a una herramienta que puede generar un mecanismo muy lucrativo en el plano financiero, por cuanto quien administre los recursos de los fondos de cese tendrá en sus manos sumas de dinero muy elevadas, con posibilidades de realizar negocios en el plano financiero que no tendrán ningún tipo de relación con la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.”
El proyecto de ley Bases quiere reemplazar la indemnización por despido por un fondo de cese laboral.
  • “Ampliación del período de prueba. El proyecto en cuestión amplía el período de prueba previsto en el artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo de tres a seis meses, con la posibilidad de extenderlo por vía de la negociación colectiva a ocho meses en el caso de las empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta 12 meses en el caso de las empresas con menos de cinco trabajadores. El único objetivo de esta disposición es precarizar aún más la situación laboral de los trabajadores de menor antigüedad y fomentar la rotación entre distintos puestos de trabajo.”
  • “Empleo público: límites a la huelga, despidos y obstáculos para la negociación colectiva. El proyecto de ley avanza sobre numerosos derechos de los trabajadores comprendidos en la ley marco del empleo público. En particular, facilita el despido de quienes se desempeñen en órganos u organismos suprimidos, o que fuesen afectados por un cambio en la asignación de funciones. En estos casos, se establece que los trabajadores respectivos quedarán automáticamente en situación de disponibilidad, sin tener derecho, como establece la regulación actual, a ocupar las vacantes que pudiesen generarse en otras áreas del sector público. Asimismo, los obliga durante el plazo de disponibilidad a 'desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado'. El proyecto también elimina los obstáculos para poner en disponibilidad a trabajadores que se encuentran gozando de licencias con o sin goce de haberes, incluyendo las licencias por enfermedad o accidente, embarazo y matrimonio. En estos casos, dejaría de ser necesario esperar a que finalice la licencia en cuestión para comenzar el plazo de disponibilidad. La iniciativa elimina la participación sindical en los mecanismos de ascensos y promociones, así como también facilita la movilidad dentro de la misma jurisdicción a criterio exclusivo del empleador. Adicionalmente, prohíbe la realización de tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias durante la jornada laboral, y flexibiliza los requisitos para imponer sanciones como apercibimiento, suspensiones, cesantías o exoneración. En cuanto a los mecanismos de acción colectiva, el proyecto establece expresamente deberá descontarse el tiempo no trabajado en caso del ejercicio del derecho a huelga, y que a través de la negociación colectiva no podrán establecerse cuotas de solidaridad a cargo de trabajadores no afiliados a menos que se cuente con su autorización expresa.”

AR/MG