Los Chacales

Noticias de Neuquen

El Gobierno volvió a criticar el paro de la CGT y confirmó que les descontarán el día a los estatales que adhieran

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a arremeter contra la CGT por el paro general que realizará este jueves y tildó a la central obrera como “los fundamentalistas del atraso”, además de ratificar que “a los trabajadores estatales que paren se les descuenta el día. Quien no va a trabajar y quien no cumpla con su actividad, no cobra”. Además, el portavoz indicó que el paro general “afectará a 6,5 millones de personas”.

“En cuatro meses dos paros de la CGT, dos de Educación, más de cientos de marcha. Mañana paran los fundamentalistas del atraso. A quienes piensan extorsionar a los argentinos, les informamos que solo se van a ganar el odio de los argentinos”, sostuvo el funcionario nacional.

En su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada, el portavoz consideró que la medida de fuerza de la central obrera “no tiene una justificación aparente” y remarcó que “está habilitada la línea 134 para denunciar extorsiones” para adherir a la protesta.

Asimismo, el funcionario recordó que, al igual que en otras manifestaciones recientes, “las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione”.

Según el vocero, por el paro convocado por la central obrera, este jueves “6.593.000 personas no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos; 4 millones no van a poder viajar en colectivo en el AMBA; 1.5 millón no podrá hacerlo en el interior; y hay 93 mil personas que verán cancelados 703 vuelos”.

Además, el funcionario remarcó que desde que la gestión Milei asumió el 10 de diciembre pasado, tuvimos dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronáuticos y más de cien marchas e intentos de piquetes. Mientras que, en cuatro años, el gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130 mil muertos por COVID-19 bajo el lema ‘El Estado te cuida’, tuvo 0 paros“.

Empresarios, también contra el paro de la CGT

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su rechazo al paro que la CGT convocó para este jueves, por entender que se trata de una medida “injustificada y por demás inoportuna”.

“Resulta llamativo que a cinco meses de la asunción del actual Gobierno Nacional ya se lleve a cabo un segundo paro general, cuando durante los cuatro años del anterior período presidencial no hubo siquiera una sola protesta de estas características, cuando el panorama económico y social de entonces lejos estaba de ser idílico”, sostuvo la entidad empresaria.

La CAC señaló, además, en un comunicado, que “los padecimientos presentes tienen su origen en desaciertos previos, algunos de larga data –como las excesivas regulaciones y la presión tributaria desproporcionada– y otros que se magnificaron notablemente durante los últimos años, como el desorden en las cuentas públicas y la excesiva emisión monetaria”.

También cuestionó a los sindicalistas que rechazan la reforma laborol incluida en el proyecto de Ley Bases, al sostener que, en ese aspecto, la iniciativa oficial “prevé cambios bastante acotados, mucho menos ambiciosos que los planteados en el texto original, por lo que una oposición cerril es difícil de comprender”.

En consecuencia, consideró que “la ausencia de justificativos, conjugada con múltiples y perniciosas perturbaciones que todo paro general produce, lleva a expresar el pleno rechazo a la medida”.

Con información de agencias.

IG

Los gobernadores aún no se hacen eco del “pacto federal” anunciado por Ignacio Torres

Con el Pacto de Mayo acercándose a pasos agigantados, el gobierno de Javier Milei confía en que los acuerdos alcanzados con los distintos gobernadores de la oposición en los últimos meses se traducirán en votos a favor del proyecto de ley Bases en el Senado. Pero no todo está resuelto. El escenario que se abre en la Cámara Alta es incierto y obliga al oficialismo a reforzar esos intercambios, más aún si se tiene en cuenta un anuncio realizado este lunes por el mandatario chubutense del PRO, Ignacio Torres: la convocatoria al conjunto de los líderes provincial a un “pacto federal” que contemple, principalmente, el reclamo por un reparto más equitativo en el plano fiscal.

Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, la iniciativa de Torres desconcertó al resto de los gobernadores que hasta la tarde de este martes no se habían hecho eco del asunto. Solo fuentes cercanas a Maximiliano Pullaro confirmaron a este medio que existieron conversaciones con el chubutense, pero dieron a entender que el “pacto” todavía es incipiente. El lunes, durante una rueda de prensa en su provincia, Torres aseguró que buscaba coordinar los pasos a seguir para la “presentación formal” del documento con el santafesino y su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, ambos referentes de sus respectivas regiones (Centro y Norte).

“Cualquier pacto no tiene que ser declarativo o de adhesión, tiene que surgir de las provincias”, sostuvo Torres, quien además aseguró que el texto se firmará antes del Pacto de Mayo y que contará, entre sus principales puntos, con “la defensa irrestricta de la Educación Pública”. Sin embargo, la intención el gobernador que más tensó la cuerda con la Casa Rosada por la quita de fondos coparticipables a su provincia, lejos está de ser poner en riesgo el acto que tendrá lugar en Córdoba el próximo 25, donde la Casa Rosada pretende escenificar el apoyo de la mayoría de la clase política al rumbo tomado por el presidente Milei.

Envalentonado por el lugar que comenzó a ocupar a partir de sus cruces con el Presidente, Torres tomó la iniciativa política y, en marzo pasado, logró ser elegido por sus pares como el representante de la región patagónica, un rol que busca poner en valor el peso de ese territorio en, por ejemplo, la producción de hidrocarburos. En ese sentido, el gobernador de Juntos por el Cambio también anticipó esta semana que los senadores que responden a los cinco mandatarios patagónicos rechazarían la restitución del Impuesto a las Ganancias cuando el paquete fiscal sea tratado en el Senado, aunque aclaró que acompañarán gran parte de la Ley Bases. “Todos van a votar en contra de Ganancias porque no se contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible. El costo de vida en la Patagonia es mucho más alto”, indicó Torres en diálogo con Radio con Vos.

Por su parte, fue la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, quien se encargó de afirmar en TN que “el gobierno provincial siempre está dispuesto al diálogo”, aunque aclaró su “oposición” a reponer el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. La neuquina Lucila Crexell, en tanto, aún no definió su voto a la ley Bases y su decisión estará atada a lo que converse con el gobernador Rolando Figueroa. A esas voluntades hay que sumarle lo que vaya a suceder con los dos senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, quienes responden al gobernador Claudio Vidal, uno de los que más visitó la Casa Rosada en los últimos meses.

El gobernador Zamora es otro de los mandatarios con los que se reunió el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero ese ida y vuelta no obtuvo el resultado que el oficialismo esperaba: los representantes santiagueños en la Cámara de Diputados finalmente votaron en contra de la ley Bases, lo que convierte en una incógnita lo que podría suceder en el recinto del Senado.

Es que cerca del ministro Francos saben que no deben confiarse ya adelantaron que no descartan “nuevas reuniones” en los próximos días. Sin ir más lejos, según publicó elDiarioAR, tiene previsto visitar algunas de las provincias del NOA, en un nuevo intento por sumar voluntades o garantizar ausencias de opositores a esa sesión que será clave. En la cartera de Interior niegan la existencia de una dinámica de “látigo y chequera” hacia las provincias, pese al acuerdo alcanzado, entre otros, con el gobierno de Misiones para reactivar obra pública a cambio de que los representantes misioneros en el Congreso acompañen la ley Bases. “No hay toma y daca, simplemente contemplamos los intereses de las provincias”, deslizaron, suspicaces.

La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y Salta se encuentran entre las provincias de mayor pérdida de transferencias nacionales en el primer trimestre de este año, de acuerdo al último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación. A Ricardo Quintela, por ejemplo, le llegaron un 36,4% menos de recursos, mientras que Gustavo Sáenz tuvo una pérdida del 20,1%. Realidades que, a fuerza de necesidad y pragmatismo político, La Libertad Avanza debió comenzar a tener en cuenta.

PL/JJD

Críticas del PRO y la UCR al régimen de grandes inversiones complican las leyes del Gobierno en el Senado

El Gobierno inició en cuesta arriba este martes en el Senado el debate por la ley de Bases, que ya tiene media sanción de Diputados. Luego de un comienzo empantanado por el cambio a último momento en la redacción de dos artículos, funcionarios del Ejecutivo encabezados por el ministro Guillermo Francos expusieron ante legisladores de la Cámara alta sobre el proyecto clave de Javier Milei. El oficialismo tuvo que aceptar que se abra el plenario de comisiones a la intervención de invitados especiales –lo que podría dilatar los tiempos del tratamiento parlamentario– y se embarró en una discusión con la oposición en una cuestión espinosa como el Régimen Especial de Grandes Inversiones (RIGI). Allí no solo recibió críticas y pedidos de cambios del kirchnerismo, sino también de la UCR y hasta del PRO.

“Por supuesto que no creo que sean un nido de ratas”, tuvo que aclarar en un primer momento el titular del Ministerio del Interior, luego de que desde el kirchnerismo lo consultaron por la acusación al Congreso por parte del Presidente. La cancha en el Senado se vislumbra inclinada en contra del oficialismo a partir del poder de fuego que tiene Unión por la Patria tanto en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales como en el recinto. Pero también hay una posibilidad certera de que los circunstanciales aliados de La Libertad Avanza quieran introducir cambios, lo que haría volver el proyecto a Diputados, conspirando con el cronograma original de Milei de que las leyes estén sancionadas para el Pacto de Mayo del 25

Los cuestionamientos centrales que recibió el oficialismo fueron por el RIGI, que establece importantes exenciones de impuestos para las inversiones a partir de los US$ 200 millones. “Es hípergeneroso, es excesivamente generoso”, lo calificó el senador radical Martín Lousteau (UCR). “¿Estamos atrayendo cosas nuevas o le estamos dando beneficios a cosas que por ahí ya estaban porque son en áreas en las que Argentina ya tiene ventajas comparativas? Minería, Vaca Muerta, etcétera”, apuntó el economista.

A su voz se sumó llamativamente Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires-PRO). “A mí no me queda claro que sea un plan de grandes inversiones que va a favorecer al conjunto del país. No está planteado en la ley los sectores que ustedes quieren explotar y fortalecer”, apuntó la senadora amarilla, referenciada en Horacio Rodríguez Larreta. De paso cuestionó que uno de los beneficios que recibirían dichas inversiones está atado al impuesto al cheque, que es coparticipable, justo cuando CABA mantiene una disputa con la Nación por una deuda al respecto, aún judicializada. “El RIGI va a ser beneficioso en algunas provincias, pero el costo lo van a acompañar todas las provincias por 30 o 40 años”, reclamó la legisladora.

Desde UxP, la mendocina Anabel Fernández Sagasti cuestionó que el régimen se sobreponga a las potestades de las provincias sobre los recursos naturales. “Del federalismo no saben nada, este texto debe haber sido escrito en alguna oficina oscura y porteña”, señaló la legisladora. Cuestionó que el proyecto –que en rigor está dentro del paquete fiscal, que se discute en paralelo a la ley Bases– no respeta las leyes ambientales de las jurisdicciones.

Los funcionarios del Gobierno intentaron aclarar las dudas, aunque sin mucha suerte. “Los únicos beneficios del RIGI son tributarios, aduaneros y cambiarios. Las provincias sólo tienen potestad sobre el primero. Nada dice sobre la obligación medioambiental y ningún beneficio habla de esa materia”, aclaró el segundo de la jefatura de Gabinete, José Rolandi. “Sobre el supuesto avasallamiento del federalismo, interpretamos que al ser un régimen federal interviene un juez federal sobre la materia del RIGI. Nada tiene que hacer sobre leyes ambientales de las provincias”, insistió después.

También el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, salió en defensa del proyecto de Gobierno. Subrayó que el impacto del régimen llevaría el costo tributario al 35% “siempre y cuando las provincias acompañen y no generen cargas adicionales”. Esa frase generó una repregunta del salteño Juan Carlos Romero, habitual aliado de LLA: “¿Si una provincia no adhiere, se va a poder instalar o no una empresa?”, consultó el senador. “No estamos normando por encima de la Constitución o de las leyes provinciales”, respondió el funcionario.

Finalmente los representantes del Ejecutivo reconocieron que el tema es espinoso y pidieron tiempo para analizar posibles cambios en la redacción. “Dennos hasta mañana que viene Chirillo”, fue la salida que encontró Rolandi, en referencia a que este miércoles expondrá en el Senado el secretario de Energía, pero también mentor de la ley Bases, Eduardo Rodríguez Chirillo. “Si mañana vemos que no es suficiente la explicación, vemos si hacer una modificación”, admitió Rolandi, que fue una de las espadas del Ejecutivo que en Diputados pimponeó la redacción de las leyes con los bloques aliados.

Otra concesión que dio el Gobierno en el primer día de tratamiento en el Senado es la posibilidad de que al plenario de comisiones se sumen voces extralegislativas. Eso demoraría la discusión, cuando el oficialismo tiene pensado dictaminar este jueves, justo el día del paro general de la CGT, y sesionar la semana que viene. Ahora está en el aire cuándo serían esas intervenciones y quiénes participarían, pero un borrador de la lista ya comenzó a circular entre los bloques.

El kirchnerismo ya avisó que invitará a las centrales obreras, sobre todo porque la ley Bases incorporó en su media sanción una reforma laboral que no estaba en el texto original. “Está planteada en relación a romper la relación de dependencia entre el empleador y el trabajador. Va a generar más precarización”, señaló sobre ese capítulo la senadora peronista Nora Giménez (Salta).

Francos reconoció dialogó sobre el proyecto con la GT y defendió la iniciativa: “Los informales no tienen ninguna proteccion porque la legislacion de trabajo actual es un castigo para las empresas pymes. Son avances positivos, no son un cambio fundamental”. Rolandi, otra vez, pateó el debate para este miércoles: “Mañana viene el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que va a poder profundizar este tema”, señaló.

La macrista Tagliaferri incluso se metió con otro punto de la ley Bases: el fin de la moratoria previsional. Pidió un nuevo proyecto a nivel integral y reconoció que la propuesta oficial perjudica a las mujeres próximas a jubilarse porque equipara con los hombres la edad de 65 años. Se hizo eco en ese punto sensible la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), cuyo voto es clave para el Gobierno si no quiere que sus leyes fracasen en el Senado.

También UxP apuntó ante los funcionarios contra las privatizaciones que habilita la ley Bases y sobre las prerrogativas del artículo 3, que habilita los superpoderes para que el Presidente pueda avanzar en la “disolución”, como reza el texto, de un sinfín de organismos del Estado. “Sobre la disolución fuimos reacios a hacer una lista de organismos porque entendemos que al incluir un listado todo lo que no entra va a ser disuelte y no es la intencion del Ejecutivo. La intención es tratar de eficientizar el Estado y centralizar las políticas públicas analizando con mucha precisión cada casa. No implica que no tendrá control, sino absolutamente lo contrario”, respondió por el Gobierno María Ibarzabal Murphy, secretaría de Planeamiento. Después insistió sobre otro tema espinoso: “Hay un miedo de que se van a disolver los organismos de ciencia y tecnologia. No es la intencion y voluntad del Poder Ejecutivo hacer eso y tampoco significa que se el Ejecutivo va a hacer lo que quiera”.

Sobre el final de la reunión, la senadora nacional Vigo destacó la importancia de la moratoria previsional —“yo sí voté la moratoria previsional”, resaltó— y sostuvo que se debe revisar el texto llegado de Diputados en lo relativo a la edad jubilatoria de las mujeres equiparada con la de los varones. En tal sentido, destacó la importancia del trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, señalando que “el trabajo que realizan las mujeres en su hogar triplica al trabajo que puedan realizar los varones”.

También resaltó sus diferencias con el gobierno de Milei en cuanto a la importancia del financiamiento organismos públicos como el Banco de Datos Genéticos y el CONICET, y en esa línea subrayó la urgencia de asegurar fondos para las universidades.

El plenario de comisiones pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10 de la mañana. “No hay certezas de que vaya a salir ni certezas de que no vaya a salir; los votos están y no están”, dijo a la prensa, una vez finalizada la primera jornada, el jefe del bloque La Libertad Avanza, el jujeño Ezequiel Atauche. Toda una declaración.

MC/JJD

El Gobierno debate la baja de la edad de imputabilidad: "Puede ser a los 14 años, a los 13 como en Uruguay o a los 12 como en Brasil"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó este miércoles que el Gobierno debate la edad tope para avanzar en la baja de imputabilidad, y que la discusión gira en torno a si se establece como límite “los 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”. 

Según precisó la funcionaria nacional, los ministerios de Seguridad y de Justicia analizan “cómo ha impactado eso en la población”, respecto a los países que redujeron la imputabilidad, y reafirmaron que “en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad”.

“Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores, pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, puntualizó al respecto.

En línea con lo expuesto por su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Bullrich aclaró que hay convenios internacionales que establecen “un tope” en las penas, y la Argentina adhiere en su Constitución. 

Asimismo, planteó como posibilidad imitar la “teoría de las ventanas rotas” en los Estados Unidos: “Tenían un tratamiento especial cuando alguien comenzaba con un delito menor, para que no vuelva a delinquir. Eso en su momento fue muy exitoso, luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York”, detalló la funcionaria.

“En los delitos gravísimos como asesinatos tiene que haber imputabilidad si hay conciencia del menor. Si se baja la edad para delitos menores ayuda a que no sigan en esa carrera. Argentina tiene acuerdos firmados con carácter supranacional por los que la pena mayor para un menor es de 25 años. Tenemos a Guille Canteros con pena de 113 años más la de ayer, que le puede sumar más. Hay convenios internacionales que nos pone topes. Estamos ordenando”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

Qué es el RIGI: punto por punto, las claves para entender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

Actualmente en el Senado se está discutiendo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones o más conocido en los pasillos como “Sr. RIGI”. En el proyecto Ley Bases que envió Javier Milei al Congreso, y que cuenta con media sanción en Diputados, este capítulo ofrece un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios con el objetivo del oficialismo de atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares y generar un ambiente de seguridad jurídica que fomente la llegada de capital extranjero y nacional. Es fuertemente cuestionado en la discusión de comisiones en el Senado.

Beneficios del RIGI

El Régimen ofrece un conjunto de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para que las grandes inversiones encuentren en Argentina un destino atractivo:

1. Beneficios impositivos:

 - Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).

 - Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.

 - Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.

 - Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.

 - Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.

 - Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.

2. Beneficios aduaneros:

- Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.

- Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.

3. Beneficios cambiarios:

- Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:

 - 20% el primer año.

 - 40% el segundo año.

 - 100% a partir del tercer año.

- Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.

4. Estabilidad normativa:

- Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.

- Garantía de no afectación por normativas más gravosas.

Requisitos para adherirse al RIGI

Para aplicar al régimen, los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos:

A. Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU):

B. Monto de Inversión Mínima:

C. Sectores incluidos:

D. Detalle del plan de inversión:

Críticas y polémicas en torno al RIGI

A pesar de los incentivos ofrecidos, el régimen ha suscitado críticas y controversias entre algunos sectores:

Competencia desleal

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advierte que los beneficios pueden generar competencia desleal con la industria local, al permitir importaciones sin aranceles.

Otros sectores opositores argumentan que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares deja fuera a las Pymes, que generan la mayor cantidad de empleo en el país.

Invalidez de normativas preexistentes

El artículo 162 de la Ley Bases anularía cualquier normativa previa que limite los beneficios del RIGI, lo que podría vulnerar la autonomía de provincias y municipios, según abogados constitucionalistas.

Reclaman falta de desarrollo de proveedores locales

Los críticos señalan que el régimen no incluye ítems para priorizar el desarrollo de proveedores locales ni especifica sectores a impulsar.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) propone un marco legal “sólido” para atraer inversiones de gran envergadura a Argentina, con la intención de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. No obstante, será fundamental abordar las preocupaciones planteadas por diversos sectores para que el régimen sea efectivo e inclusivo.

¿Qué pasó en Diputados?

En una sesión maratónica que ya superó las 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en la votación en particular.

El Título 7 del RIGI tiene varios capítulos. El primero en ser aprobado fue el que dispone la “creación de ese régimen y el ámbito de aplicación”, con 134 votos positivos, 109 rechazos y seis abstenciones.

El capítulo 2 de “plazos y sujetos” recibió 136 afirmativos, 109 negativos y cinco abstenciones, mientras que el capítulo 3 sobre “Requisitos” cosechó 136 votos a favor, 110 rechazos y cinco abstenciones.

El capítulo cuarto sobre “incentivos tributarios y aduaneros” finalizó con 134 votos positivos, 11 negativos y cinco abstenciones, en tanto que el capítulo quinto sobre “incentivos cambiarios” totalizó 134 afirmativos, 107 negativos y cinco abstenciones.

Ahora la pelea de fondo por la aprobación de ley está en el Senado, donde el kirchnerismo dice contar con al menos 33 votos y necesitaría 4 para bloquear la norma. Por otra parte, el gobierno negociar con los gobernadores para revisar puntos y generar consenso. Si hay cambios, debería volver a diputados. 

El capítulo sexto sobre “Estabilidad” dejó 132 votos a favor, 11 en contra y cinco abstenciones, mientras que el capítulo séptimo sobre “Terminación” tuvo 136 votos positivos, 110 negativos y seis abstenciones.

El capítulo 8 sobre “Inversiones” recibió 136 apoyos, 110 rechazos y cuatro abstenciones, mientras el capítulo 9 sobre “autoridad de aplicación” tuvo votos 137 positivos, 110 negativos y cinco abstenciones.

El siguiente capítulo sobre “Jurisdicción y arbitraje” plasmó un resultado de 135 votos a favor, 112 en contra y cuatro abstenciones, en tanto que el capítulo 10 tuvo 136 afirmativos, 11 negativos y cinco abstenciones, y el capítulo 12 recibió 136 apoyos, 111 rechazos y cinco abstenciones.

Cuestionamientos en el Senado

El Senado de la Nación inició este martes el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal en el plenario de comisiones con un clima de tensión por las maniobras kirchneristas para obturar el recorrido de los proyectos e incertidumbre por la celeridad que urge al oficialismo por conseguir el dictamen el próximo jueves -hoy lejano- que le permita desembarcar en el recinto senatorial una semana más tarde, el 16, a pocos días del Pacto de Mayo. 

Tras las exposiciones del ministro del interior, Guillermo Francos, José Rolandi (vicejefe de Gabinete) y María Ibarzábal Murphy (secretaria de Planeamiento Estratégico), una de las voces más sólidas a la hora de responder por parte del oficialismo, Maximiliano Abdala (UCR), abrió la ronda de preguntas, acción que acapara la mayor parte del encuentro y que se extendió hasta casi las 19.30.

El capítulo dedicado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue foco de críticas e interrogantes transversales de senadores de todos los bloques. 

Con el RIGI, La Libertad Avanza se propone habilitar un programa de beneficios a inversiones mayores a los 200 millones de dólares para acelerar la toma de decisiones de inversión brindando un marco de seguridad jurídica. El radical Martín Lousteau (CABA) fue uno de los más rigurosos a la hora de posar la lupa sobre el RIGI puntualizando en cuestiones técnicas arancelarias. 

A su cuestionamiento se plegó Guadalupe Tagliaferri (CABA), del PRO, y la kirchnerista Fernández Sagasti, quizás, la más pirotécnica contra el régimen que tuvo la luz de Diputados. La mendocina dejó entrever que el capítulo habría “salido de una oficina oscura” de la ciudad de Buenos Aires. En esa línea, afirmó que quien lo redactó no sabe de “federalismo”. 

Un senador de JxC, en contra del RIGI

El senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, adelantó que votará a favor de la Ley de Bases en general, pero al mismo tiempo señaló que se opondrá a la eliminación del régimen de promoción que beneficia a su provincia y reclamará cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

También se pronunció en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas porque la consideró esencial para la conectividad del distrito austral.

Blanco pertenece al bloque de Juntos por el Cambio en el Senado y su definición ante la Ley de Bases despeja algunos interrogantes sobre cómo iba a comportarse al momento de la votación.

En declaraciones a Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia, el fueguino precisó que votará a favor de la ley en general “porque el Gobierno necesita la herramienta”, pero que se opondrá en particular en algunos capítulos.

Acerca del capítulo del impuesto a las Ganancias, evitó pronunciarse y reconoció que hay conversaciones con sus colegas patagónicos pero aclaró que aún no hay una posición unificada sobre este tema.

El senador fueguino conjeturó que en virtud de la discusión que se está dando en la Cámara Alta, la Ley de Bases será aprobada pero con cambios y deberá volver a ser tratada en Diputados.

“El Artículo 111 de sub regímenes de promoción, aunque no tiene nombre y apellido es un artículo dirigido a Tierra del Fuego. Hay muchas opiniones por desconocimiento. Me voy a oponer y voy a trabajar para que sea rechazado”, afirmó Blanco.

Sobre el RIGI sostuvo que “es necesario hacerle modificaciones porque hay avance sobre facultades y derechos provinciales. Además hay errores de redacción, que después pueden ser interpretados de forma incorrecta”.

En referencia a la privatización de Aerolíneas Argentinas sostuvo que para su provincia es esencial porque es “aerodependiente y cuando fue privatizada hubo problemas de conectividad”.

“El servicio de Aerolíneas, más allá de la restructuración que hay que hacer, debe mantenerse en manos del Estado”, concluyó.

Con información de agencias.

IG