Colonia Leven
Código Postal 8185
Noticias de Buenos Aires
Las historias detrás de las recetas clásicas de Pascua: del horno que nunca se apaga al mejor hojaldre de Buenos Aires
- Cuatro confiterías porteñas abren sus puertas en estas fiestas para mostrar sus secretos y recetas más emblemáticas.
- Qué hay detrás de los huevos de chocolate, las empanadas de vigilia y las roscas más esponjosas.
Noticias de Buenos Aires
Aceiteras y fabricantes de artículos de limpieza quieren aumentar 10%, pero los súper se resisten para seguir vendiendo
Grandes empresas de ambos rubros comunicaron de manera verbal que iban a mandar listas con aumentos, pero los supermercados se niegan a aplicarlos porque sus ventas vienen cayendo respecto de un mal 2024. En otros sectores de la alimentación y las bebidas niegan que por ahora vayan a remarcar porque, si bien el dólar impacta en sus costos, el consumidor dejaría de comprarles.
Milei, sobre la liberación del dólar: “Los precios no tienen por qué aumentar”
El presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, su viceministro, José Luis Daza y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, entre otros funcionarios, se fotografiaron este lunes festejando como un gol la salida del cepo cambiario para personas, la misma que provocó una suba del dólar oficial del 12%, menor al 27% al que podía llegar por el tope de la nueva banda de flotación. Si bien la devaluación del peso fue menor a la temida, el traslado de precios comenzó. Y no es motivo de celebración por parte de los consumidores. Al menos, la depresión del consumo masivo evitó que el impacto inflacionario del incremento de la divisa fuese mayor.
A última hora de lunes hubo amagues verbales de las aceiteras como Molinos Río de la Plata (marcas Cocinero e Ideal), Molino Cañuelas (Cañuelas y Pureza) y Aceitera General Deheza (Natura, Mazola, Cada Día) de que aumentarían alrededor del 9%, pero sin mandar lista, según cuentan fuentes supermercadistas. Entre los grandes proveedores de productos de consumo masivo, la empresa de limpieza e higiene Unilever dejó de tomar órdenes de compra, avisó que sólo entregará las hechas la semana pasada y anunció que vendrá una lista la próxima semana con un alza del 10% promedio, según los mismos informantes. En ninguna de las cuatro empresas mencionadas respondieron la consulta de elDiarioAR.
“En las cadenas hay consenso en no convalidar aumentos especulativos”, agregan los supermercadistas. En la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que reúne a los grandes, reconocen que las ventas cayeron 7% en marzo, con respecto al mismo mes de un 2024 que a su vez bajó respecto de 2023. Es decir, se bajó del primero al segundo subsuelo, mientras la inflación del mes pasado repuntaba al 3,7% y en alimentos tocaba el 5,9%. Ante el aumento de la luz, el gas, el agua potable, la telefonía, la medicina prepaga y los alquileres, el gasto se recorta en el changuito.
Por eso, por más que la devaluación encarezca los costos de los insumos importados y dolarizados como las materias primas, los fabricantes o los supermercados no siempre pueden trasladar el impacto al consumidor y lo absorben. “Hay listas, pero no las tomamos. No vamos a tomar listas especulativas”, ratifican en una de las grandes cadenas. En otra aseguran que no han recibido listados con incrementos por ahora.
En otros rubros, los propios fabricantes se reprimen de remarcar. “Recién estábamos viendo impacto: siempre una devaluación impacta en los costos dolarizados, pero nosotros no aumentamos”, comentan en la cervecera Quilmes, que también embotella Pepsi. En su competidora CCU tampoco aumentan: “Nada por ahora. No hay mucho espacio tampoco. El consumo está muy deprimido”.
En la láctea Danone niegan incrementos “por ahora”. Las mismas dos palabras mencionan en Coca-Cola. En la azucarera Ledesma y la alimenticia Nestlé tampoco se suben a los incrementos.
En la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), que preside Adrián Kaufmann Brea (Arcor) y en la que también hay dirigentes de Mondelez, Lheritier, Georgalos, Nestlé, Unilever, Molinos, PepsiCo, Bimbo, Ferrero, La Virginia, Bonafide, Cabrales, Mc Cain, Morixe y Molino Cañuelas, entre otras firmas, se reunieron este lunes y se comentó el impacto de la devaluación en los precios. Ninguno reconoció haber mandado nuevas listas de valores a los supermercados. Es más, afirmaron que no había intención de enviarlas en los próximos días porque las ventas están muy frenadas.
No por nada proliferan los descuentos del 50% en la compra de la segunda unidad. En una cadena admiten que el viernes próximo pondrán los huevos de Pascua en dos por uno ante el frío del consumo. “Hubo algunos aumentos de precios, pero también más ofertas. La gente estaba asustada y pensaba que había que llenar la alacena, pero no pasó nada”, comentan en una cadena de supermercados. Un distribuidor de artículos de limpieza tampoco ve ajustes mayores a los que venían ocurriendo: “Los hay todos los meses. La mayoría a la par de la inflación. Otros suben cada tres meses. Este lunes una marca aumentó 10%, pero no subía desde diciembre”.
AR/MG
Llegaron al país US$12.151 millones del nuevo préstamo del FMI y crece la expectativa en la economía
El desembolso inicial representa el 60% del nuevo programa y ofrece alivio inmediato, pero a la vez el organismo le exige al Gobierno cumplir con reformas previsional, laboral y fiscal.
En medio de la visita oficial del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó en la Argentina US$12.151 millones, equivalente al 60% del nuevo programa financiero acordado entre el organismo y el gobierno de Javier Milei. La inyección de divisas representa una bocanada de oxígeno para las reservas del Banco Central, pero al mismo tiempo marca el inicio de un compromiso de alto voltaje técnico y político, que obliga a avanzar en reformas estructurales y cumplir metas fiscales bajo monitoreo semestral.
El entendimiento, de cuatro años de duración, prevé un esquema de transferencias escalonado: los próximos giros llegarán en junio y noviembre de 2025, por montos de US$2.028 millones y US$1.012 millones respectivamente, siempre supeditados al cumplimiento de los objetivos pautados. A partir de 2026, se establecen desembolsos de US$723 millones cada seis meses hasta 2029. En total, el plan contempla fondos por US$20.887 millones, de los cuales tres cuartas partes se concentrarán en los primeros doce meses.
Cambios en jubilaciones, asistencia y mercado laboral
Entre los compromisos asumidos por el Gobierno se destaca la decisión de revisar y simplificar el actual sistema jubilatorio antes de diciembre de 2026. El objetivo declarado es mejorar su sostenibilidad en el tiempo, en un contexto de creciente presión fiscal.
En paralelo, el acuerdo estipula mantener la cobertura de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar en niveles que aseguren el acceso a la canasta básica alimentaria. El Ejecutivo deberá sostener este piso de asistencia durante todo el ciclo del programa.
También se incluyó como meta la integración de bases de datos sociales para consolidar un registro único de beneficiarios, con plazo a diciembre de 2025. Esto se traducirá en la implementación del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), una herramienta que permitirá reorientar los subsidios hacia los sectores más vulnerables con mayor precisión.
En el frente laboral, el Fondo pidió avanzar con una flexibilización de las relaciones contractuales entre trabajadores y empleadores, orientada a facilitar la negociación de condiciones laborales. A su vez, se promoverán cambios impositivos que ayuden a reducir la brecha entre el trabajo informal y el formal, con el objetivo de ampliar la base contributiva y mejorar la equidad del sistema tributario.
Otro de los ejes del acuerdo es el esquema de subsidios energéticos. El organismo internacional pidió eliminar la segmentación actual según nivel de ingresos y avanzar hacia un subsidio único destinado exclusivamente a hogares de bajos recursos. El documento no establece una fecha precisa para aplicar este cambio, lo que deja margen a decisiones políticas futuras.
El nuevo programa prevé nueve revisiones técnicas por parte del Fondo, que comenzarán en junio de este año y se repetirán cada seis meses. Para pasar cada evaluación, el país deberá cumplir con metas cuantificables:
- Alcanzar un superávit fiscal primario de $10,5 billones a fines de 2025.
- Reducir la deuda flotante a $6,3 billones en el mismo período.
- Revertir el saldo negativo de reservas netas internacionales, que en marzo se ubicaban en -US$4.900 millones, para lograr un stock positivo de US$4.000 millones en un año.
Además, desde junio de 2025 hasta marzo de 2026, el Banco Central no podrá financiar al Tesoro, lo que implica una política monetaria más restrictiva y un mayor desafío en términos de recaudación y control del gasto.
Un cronograma de pagos que se extiende hasta 2038
El calendario de repago del préstamo prevé un período de gracia de 17 meses. Recién en septiembre de 2026 comenzarán los desembolsos hacia el FMI, que se extenderán durante más de una década. Entre 2026 y 2034, la Argentina deberá cancelar US$43.442 millones, con montos crecientes año a año. Los pagos se superpondrán con los compromisos adquiridos en el acuerdo anterior, lo que incrementará la carga financiera entre 2029 y 2035.
La secuencia de pagos será la siguiente: US$833 millones en 2026; US$3.250 millones en 2027; US$4.842 millones en 2028; US$6.074 millones en 2029; US$7.137 millones en 2030; US$7.319 millones en 2031; US$6.667 millones en 2032; US$4.432 millones en 2033 y US$2.886 millones en 2034.
Con la llegada del primer desembolso, el Gobierno gana tiempo y divisas, pero también queda condicionado a una hoja de ruta exigente, que lo obliga a cumplir metas económicas y emprender reformas profundas. Lo que se juega en estos meses no es solo el futuro del acuerdo, sino el margen de maniobra política para sostenerlo sin desbordes sociales ni rupturas internas.
Caso $LIBRA: Guillermo Francos alista su informe de gestión y se prepara para defender a los Milei en el Congreso
El jefe de Gabinete participará de una sesión informativa en la Cámara de Diputados, pero si no hay quórum dejará solo el informe escrito. Rumores de vaciamiento de la sesión. La previa de la pelea en la comisión investigadora.
Después de la postal de euforia que Javier Milei y Luis Caputo impostaron en Casa Rosada post formalización del nuevo acuerdo con el FMI, llegó el turno de que Guillermo Francos, el soldado político del gobierno libertario, blinde a los hermanos Milei del escándalo $LIBRA. El objetivo es neutralizar los coletazos del criptoescándalo y el jefe de Gabinete dará inicio al operativo contención este miércoles, cuando asista al Congreso a dar su informe de gestión.
La visita de Guillermo Francos coincide con un clima hostil en la Cámara de Diputados, marcado por el escándalo $LIBRA y las maniobras de Martín Menem para boicotear la comisión que iba a investigar el caso. Los diputados opositores están furiosos con el riojano, que el martes confirmó la composición de 28 miembros que deja a la comisión en un empate inmovilizante, y aprovecharán la presencia de Francos para arremeter contra todas las tácticas urdidas por el Ejecutivo para evitar dar explicaciones por lo que pasó con la criptomoneda que fue promocionada por el Presidente a través de un tuit.
Francos lo sabe y está preparado. Su primera reacción será negarse a dar precisiones sobre el escándalo bajo el argumento de que, la semana que viene, tendrá que volver a ir al Congreso para dar explicaciones sobre el tema. Esto es así porque la Cámara de Diputados aprobó, en la sesión opositora de la semana pasada, una serie de interpelaciones a funcionarios nacionales en el marco del criptogate. Además del jefe de Gabinete, fueron citados Luis Caputo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. De todos ellos, sin embargo, los únicos que están dispuestos a ir son Francos y Cúneo Libarona: de ellos dependerá la defensa oficial del Ejecutivo frente al ojo evaluador del Congreso.
En el Gobierno tienen confianza en Francos, que suele funcionar como gran componedor con algunos sectores de la oposición, y se muestran tranquilos de poder pilotear el debate tras el levantamiento (parcial) del cepo y el nuevo esquema cambiario. Habrá preguntas sobre el acuerdo con el FMI, la parálisis de la obra pública y las privatizaciones, pero el foco estará puesto en el criptogate.
La sesión informativa había sido una oferta del Ejecutivo para intentar desactivar la comisión investigadora que había fallado: la oposición creó igual la comisión, así como los pedidos de interpelación, y ahora Francos deberá enfrentar dos veces seguidas al Congreso por el mismo tema. Un desgaste que algunas figuras del oficialismo ya han comenzado a analizar como evitar. El primero que movió fue Menem, que convocó la sesión previo al fin de semana largo, sabedor de que la mayoría de los diputados no podrían viajar a la Ciudad para participar de la sesión.
El objetivo inicial era tener una sesión “tranquila”. Sin tantos diputados, el clima sería menos caótico y belicoso. O al menos esa era la idea original. En la previa a la llegada de Francos, sin embargo, en los pasillos del Congreso empezó a circular el rumor de que el oficialismo buscaría levantar la sesión informativa si no había quórum. La estrategia es sencilla: si el tablero no llega a los 129 presentes, debido a las ausencias de los diputados, Francos podría dejar el informe escrito y cumplir reglamentariamente con lo que le exige el artículo 101 de la Constitución Nacional.
“Si no hay quórum lo presente escrito”, deslizan desde el despacho de Menem. Pero la oposición rechaza la premisa: “No hay antecedente de que se haya levantado una sesión informativa por falta de quórum”, afirma, en cambio, una de las espadas legislativas del bloque peronista, que viene atravesando su buena cuota de tensiones internas en el marco de la pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. La discusión sobre si Francos pueda brindar o no su informe de gestión sin no hay 129 presentes será el debate reglamentario que marcará la previa de la sesión, ya que de ella dependerá, si hay muchos ausentes, de que el jefe de Gabinete tome o no la palabra.
No es solo el peronismo quien está en estado de alerta ante un intento del oficialismo de hacer caer la sesión. El radicalismo, que volvió a romperse en el marco de las maniobras de Menem por la composición de la comisión Libra, apunta los cañones contra el presidente de la Cámara y lo acusan de querer vaciar la sesión.
La UCR que comanda Rodrigo de Loredo insiste en que el riojano sabía que habría pocos diputados y que decidió avanzar igual con la convocatoria. El enojo está motivado porque la sesión informativa de Francos había sido pergeñada a pedido del propio De Loredo, quien le había exigido al Ejecutivo algún guiño a cambio de no acompañar la avanzada opositora por el caso Libra. Al final, la UCR de De Loredo se expuso a rechazar los proyectos opositores a cambio de la presencia de Francos y Francos, ahora, podría guardar silencio si no había quórum en la sesión.
El PRO también intercedió. El más fiel aliado del Gobierno, que ahora se encuentra convulsionado por la dinámica de las negociaciones para cerrar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, le solicitó al Ejecutivo que pospusiera la reunión. A través de una carta, Cristian Ritondo le pidió al Gobierno que modificara la fecha de la sesión informativa debido “a las dificultades de gran parte de los miembros de este bloque para concretar reservas de transporte en la fecha mencionada como consecuencia de los feriados”.
En Casa Rosada, sin embargo, rechazan de cuajo esta premisa. Sostienen que Francos irá a dar su informe y responder, así, las más de 4 mil preguntas que los diputados de la oposición le hicieron en la última semana. Una inquisición récord de la cual buscará dar cuenta en el recinto. Será la primera respuesta oficial del Gobierno al caso Libra y, en el caso de que no haya número, Francos se levantará y se irá. Y los diputados opositores que venían afilándose los dientes tendrán que quedarse con las ganas.
MC/MG
Criptogate: Martín Menem firmó la resolución de la comisión investigadora y se avecina una batalla
Tendrá una paridad de fuerzas total entre el oficialismo y la oposición. En la reunión constitutiva, prevista para el miércoles 23 de abril, deberá definirse quién ocupará la presidencia del cuerpo.
Por María Cafferata - La comisión $LIBRA, en peligro: Menem transformó el mapa de Diputados y amenaza con boicotear toda investigación a los Milei
Luego de varios movimientos especulativos de los bloques e interbloques para tener una cuota mayor de representación en la comisión investigadora por el criptoescándalo $LIBRA, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, firmó la resolución que oficializó a sus 28 integrantes, con una paridad de fuerzas total entre el oficialismo y la oposición.
Los espacios opositores contarán con 14 representantes, sumando a siete de Unión por la Patria, dos de Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre, dos de la Coalición Cívica y uno del Frente de Izquierda.
En tanto, el oficialismo y sus aliados llegan a la misma cifra al adicionar a cuatro del interbloque de La Libertad Avanza, otros cuatro del flamante interbloque que formó el PRO con el MID, dos de la UCR, dos de Innovación Federal y dos de Liga del Interior, la nueva bancada de radicales “pelucas”.
En la reunión constitutiva, prevista para el miércoles 23 de abril, deberá definirse quién ocupará la presidencia del cuerpo, en lo que se anticipa como una guerra sin cuartel.
La oposición reclama para sí la presidencia del cuerpo, pero el empate en 14 por cada bando lleva a un camino indefinido, y amenaza con paralizar la comisión investigadora.
La presidencia del órgano es clave porque desde ese lugar es que se convoca a cada una de las reuniones informativas y se valida el quórum.
Una salida por encima del laberinto podría ser la de otorgarle la presidencia a algún diputado de la oposición dialoguista y no a Unión por la Patria, que intentará hacer valer su condición de fuerza más numerosa de la Cámara baja.
Más allá de a quién le toque ejercer la presidencia, el oficialismo y sus aliados podrán vaciar las reuniones del cuerpo para después argumentar que la oposición no consiguió el quórum de la mitad más uno de los integrantes de la comisión para sesionar de forma válida.
Los 28 integrantes
Por la oposición, a Unión por la Patria le corresponden seis lugares y llegará a siete sumando a Julia Strada de la nueva bancada Nacional y Popular que se integró al interbloque del Frente de Izquierda en el marco de una maniobra especulativa para tener un representante adicional.
Más allá de Strada, los seis diputados de Unión por la Patria que integrarán la comisión investigadora son Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Sabrina Selva, Itai Hagman y Carolina Gaillard.
A ellos se sumarán Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, Danya Tavela y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre, Christian “Chipi” Castillo del FIT, y Maximiliano Ferraro y Mónica Frade de la Coalición Cívica.
En el bando oficialista estarán Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz y la diputada monobloquista Paula Omodeo (CREO), quien aceptó sumarse al interbloque de La Libertad Avanza a cambio de un lugar en la comisión investigadora.
El PRO estará representado por su jefe de bancada, Cristian Ritondo, Silvana Giudici y Martín Maquieyra, y el cuarto integrante por el nuevo interbloque será Oscar Zago del MID.
La UCR nombró a Soledad Carrizo y Lisandro Nieri para ser parte de la discusión $LIBRA, mientras que “Liga del Interior”, el bloque de radicalismo “peluca”, también tendrá dos miembros: Pablo Cervi y Francisco Monti.
Por último, Innovación Federal estará presente en la comisión a través de la salteña Yolanda Vega y el rionegrino Agustín Domingo.
Con información de la agencia NA
Atentado a la AMIA: Irán advirtió al encargado de negocios argentino por la orden de captura contra Jameneí
El director general de Asuntos de América de la Cancillería de Irán, Isa Kameli, denunció que esta acción de la Justicia argentina “viola los principios del derecho internacional relativos al respeto a la igualdad soberana y a la independencia política de los Estados”. El diplomático iraní instó a las autoridades argentinas a “corregir este camino equivocado” y advirtió de las consecuencias jurídicas y políticas” que tendría su acción.
La Fiscalía pidió que se juzgue en ausencia a los iraníes acusados y con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA
Irán convocó al encargado de negocios de Argentina en Teherán, Mariano Jordan, para condenar la petición de la Justicia de emitir una orden de captura internacional contra el líder supremo iraní, Ali Jameneí, por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994.
El director general de Asuntos de América de la Cancillería de Irán, Isa Kameli, entregó una nota de protesta al diplomático argentino y le transmitió la “enérgica condena” de Teherán por las acusaciones “infundadas” vertidas contra las autoridades iraníes, según el comunicado del ministerio publicado a última hora del martes.
Kameli enfatizó que la acción de la Fiscalía argentina al presentar cargos contra funcionarios de la República Islámica “es otra desviación en el largo proceso de investigaciones judiciales” del atentado contra la AMIA de 1994, que se saldó con la muerte de 85 personas.
El funcionario iraní dijo que el caso está “politizado por la influencia de elementos afiliados al régimen sionista”, en referencia a Israel, que Teherán considera enemigo acérrimo y no reconoce como Estado.
La semana pasada, la Fiscalía argentina pidió al juez federal Daniel Rafecas que emita una de orden de detención a la Interpol para que Jameneí sea detenido si sale de su país para ser interrogado por su presunta participación en la planificación y ejecución del atentado contra la AMIA.
“La acusación se sustenta en que fue una orden de Irán. Porque cualquier actividad que hace Irán en el exterior la tiene que autorizar el líder supremo. Evidentemente, es el líder supremo el que tiene que responder por este atentado”, explicó a EFE el fiscal Sebastián Lorenzo Basso.
Esta solicitud se realiza en el marco del juicio en ausencia que enfrentarán otros iraníes acusados, donde hasta ahora no estaba enlistado Jameneí.
Kameli denunció que esta acción de la Justicia argentina “viola los principios y normas fundamentales del derecho internacional relativos al respeto a la igualdad soberana y a la independencia política de los Estados”.
El diplomático iraní instó a las autoridades competentes argentinas a “corregir este camino equivocado” y advirtió de las consecuencias jurídicas y políticas“ que tendría su acción.
“La República Islámica de Irán se reserva su derecho legítimo de tomar las medidas necesarias y apropiadas de conformidad con el derecho internacional para proteger los derechos e intereses de Irán”, concluyó.
El dictamen presentado por la Fiscalía argentina representa un cambio de postura respecto al caso AMIA, ya que hasta ahora había considerado que Jameneí gozaba de inmunidad debido al cargo como máxima autoridad política y religiosa del país persa.
Para la UFI-AMIA, el atentado se llevó a cabo a través del brazo armado del grupo chií libanés Hezbollah, con autorización, directivas y financiamiento de autoridades de la República Islámica de Irán y de la representación diplomática de ese país en Argentina.
El pedio de la Justicia argentina
El fiscal a cargo de la investigación del atentado a la AMIA, Sebastián Basso, solicitó el pasado 8 de abril que se juzgue en ausencia a diez ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional y rebeldes de la Justicia argentina.
Lo hizo en un dictamen entregado al juez federal Daniel Rafecas, quien subroga el Juzgado Federal 6 donde tramita la causa, informaron fuentes judiciales.
Basso requirió el juzgamiento de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
En todos los casos, nunca se presentaron ante las autoridades judiciales argentinas.
Además, solicitó a la Justicia una orden de captura internacional contra el líder supremo de Irán, Ali Jameneí. El fiscal argumentó que el líder iraní debe ser investigado y sometido a declaración indagatoria por su presunta participación en la planificación y ejecución del atentado contra la AMIA.
“La acusación se sustenta en que fue una orden de Irán. Porque cualquier actividad que hace Irán en el exterior la tiene que autorizar el líder supremo. Evidentemente, es el líder supremo el que tiene que responder por este atentado”, explicó a EFE el fiscal Basso.
“Entiendo que esa inmunidad no es vacía, por lo tanto corresponde que Jameneí se siente como imputado, como cualquier otro iraní”, agregó.
El dictamen presentado por el fiscal representa un cambio de postura de la UFI AMIA, ya que hasta ahora había considerado que Jameneí gozaba de inmunidad debido al cargo como máxima autoridad política y religiosa del país persa.
Este requerimiento se sumó a una presentación en ese mismo sentido hecha el mes pasado por familiares de las víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertes, lesiones gravísimas, graves y leves en perjuicio de al menos 151 víctimas y numerosos daños materiales, en la sede de la mutual judía de Pasteur 633 del barrio porteño de Once.
El pedido se basa en la reciente sanción de la ley 27784 de juicio en ausencia. La fiscalía entiende que puede aplicarse al caso porque el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad. Todos esos imputados fueron declarados rebeldes y tienen conocimiento de la existencia del proceso en su contra, pero nunca se han presentado ni acatado los requerimientos de las autoridades judiciales argentinas. Respecto de ellos se han solicitado capturas internacionales y sus correspondientes extradiciones a fin de lograr su comparecencia en el país, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos. Por lo cual, se cumplen los requisitos para la aplicación de esta herramienta procesal en el caso, explican desde Fiscales.gob.ar.
El pedido de Basso es en línea con los dictámenes emitidos por la UFI AMIA el 25 de octubre de 2006 y el 20 de mayo de 2009, oportunidades en las que la UFI AMIA había argumentado que el atentado fue ejecutado por la división armada y clandestina de la organización de origen libanés Hezbollah, con autorización, directivas y financiamiento de quienes por entonces se encontraban a cargo del gobierno de la República Islámica de Irán y de la representación diplomática de ese país en la Argentina.
En el escrito, el fiscal Basso marcó que el nuevo procedimiento especial de juicio en ausencia —previsto en el artículo 431 ter, inciso a, del Código Procesal Penal de la Nación, incorporado por Ley 27.784— puede ser aplicado en la causa, ya que el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad y, como tal, susceptible de ser encuadrado bajo el artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200, uno de los supuestos previstos para la aplicación del nuevo instituto.
Quién es Alí Jameneí
Alí Jameneí es el líder supremo de la República Islámica de Irán. Fue el primer clérigo presidente del país, cargo que ocupó entre 1981 y 1989, cuando sucedió como líder supremo al fallecido ayatolá Ruhollah Jomeini, ideólogo de la Revolución iraní de 1979. Desde entonces, Jameneí es la mayor autoridad política y religiosa del país. Como líder supremo ha reforzado su control sobre el Gobierno, el Parlamento o la Guardia Revolucionaria. También la represión, como se vio durante las protestas electorales de 2009 o las de 2022, protagonizadas por mujeres contra la violencia y las restricciones del régimen, según describe el sitio El Orden Mundial.
Alí Jameneí nació en la ciudad iraní de Mashad en 1939, en una familia clerical. Empezó a estudiar el islam desde muy joven, formándose en las ciudades santas de Najaf en Irak o Qom en Irán. Fue alumno de Ruhollah Jomeini, ideólogo de la Revolución iraní de 1979 y primer líder supremo de la República Islámica. También fue un destacado opositor al régimen del sah Mohamed Reza Pahlaví, por lo que fue encarcelado varias veces.
Con el triunfo de la Revolución, Jameneí ocupó distintos cargos políticos en el nuevo régimen. Llegó a ser comandante de la Guardia Revolucionaria, diputado y dirigente del Partido República Islámica. En 1981 sobrevivió a un intento de asesinato de la organización islamista Muyahidines del Pueblo, que le inmovilizó la mano derecha. Ese mismo año ganaría las elecciones presidenciales.
Jameneí presidió Irán en dos legislaturas consecutivas, hasta 1989. Es decir, durante los ocho años de guerra con Irak. Esto lo convirtió en una de las caras más visibles y cercanas a Jomeini. En un principio, el líder supremo había señalado al ayatolá Hosein Alí Montazeri como sucesor, pero lo descartó después de que éste le criticase, escogiendo en su lugar a Jameneí.
No obstante, esta elección fue controvertida. Según la Constitución de Irán, sólo los marayi, es decir, los ayatolás de más reconocimiento y experiencia, podían optar al puesto de líder supremo. La designación de Jomeini requirió reformar la Constitución, rebajando los requisitos del líder supremo a experto en jurisprudencia islámica, así como ascenderlo a ayatolá. Jameneí fue designado líder supremo tras la muerte de Jomeini en 1989 y ahora sí ostenta el título de marya o “gran ayatolá”.
De la mano dura a la posible crisis sucesoria
El carisma y la controversia de la elección de Jameneí supusieron un reto para su legitimidad como líder supremo. Sin embargo, pronto impulsó su poder afianzando su control sobre las instituciones y reforzando a la Guardia Revolucionaria. Por el momento, cinco presidentes elegidos han servido bajo su liderazgo, contando al fallecido Raisí. El más problemático para Jameneí fue el reformista Mohamed Jatami, más crítico y aperturista. Esto llevó al régimen a limitar el acceso de los reformistas al Parlamento y a la presidencia.
Después de la recuperación de la guerra con Irak, el Irán de Jameini adoptó un papel muy crítico con Estados Unidos, especialmente durante los años de la guerra contra el terror. Apostó por el desarrollo de su controvertido programa nuclear, lo que le costó sanciones internacionales, al régimen y tejió una red de influencia regional, el Eje de la Resistencia, financiando a grupos como Hezbollah, Hamas o los hutíes.
Jameini ha consolidado su liderazgo a base de mano dura, persiguiendo a opositores y reprimiendo cualquier levantamiento. El más reciente fue la oleada de protestas de 2022 por la muerte de la joven Jina Mahsa Amini a manos de la “policía de la moral” por no llevar bien puesto el velo islámico obligatorio. La feroz represión frenó las protestas, pero el descontento social sigue presente. A ello se suma la cuestión sucesoria: tras la muerte del presidente Raisí, otro candidato es el hijo del propio líder supremo: Mojtaba Jameneí. No obstante, las luchas entre facciones podrían provocar un cisma en la cúpula del régimen.
Con información de agencias.
IG