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Adorni niega haber gastado US$245.000 en refaccionar su casa y analiza denunciar al arquitecto
El jefe de Gabinete transmitió en Casa Rosada que el monto declarado por Matías Tabar por trabajos en Indio Cua es "exagerado" y reprochó que no le entregó factura. "Mi casa no vale ese dinero". Horas críticas.
En un día crítico tras una declaración de un testigo que lo compromete aun más, Manuel Adorni negó haber gastado US$245.000 en refaccionar su casa en el barrio privado Indio Cua, partido de Exaltación de la Cruz, según una fuente oficial.
El jefe de Gabinete desmintió el monto declarado este lunes por el arquitecto Matías Tabar, quien dirigió las reformas en Indio Cua entre 2024 y 2025. “Ese no es el monto. Seguramente vayamos a solicitar un peritaje porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, dijo Adorni a interlocutores de Casa Rosada.
Adorni indicó que plantea solicitar una inspección ocular en la vivienda inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, en 2024.
Según una persona que lo escuchó cerca del despacho presidencial, el jefe de Gabinete dijo: “Seguramente vayamos a solicitar una pericia, porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero” .
El funcionario, bajo múltiples sospechas por un cúmulo de gastos en nuevas propiedades, refacciones y viajes sunutosos al exterior, sembró dudas sobre Tabar, el arquitecto que prestó declaración ante el fiscal federal Gerardo Pollicita esta mañana. “Los costos nos parecen exagerados y contamos con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados, y nunca la entregó”, denunció.
Incluso, Adorni fue a más, y anticipó que podría presentar una denuncia contra el arquitecto.
Tabar aportó documentación vinculada a la obra y también entregó su teléfono celular para que sea peritado. Según explicó, había borrado mensajes intercambiados con el funcionario, por lo que Pollicita buscará recuperarlos mediante análisis técnico del dispositivo.
El arquitecto dijo que la obra se desarrolló entre octubre de 2024 y mayo de 2025. Entre los trabajos mencionados figuran la construcción de pisos y paredes, la instalación de una pileta con revestimiento, una cascada en el jardín, un quincho y cerramientos nuevos, además de equipamiento para cocina y baños.
El testimonio de Tabar resultó perjudicial para la estrategia de Adorni, quien en simultáneo a la declaración intentó recomponer su situación en una conferencia de prensa en Casa Rosada.
Desde que este diario informó que Adorni había gastado USD9.000 en un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, una sombra de dudas apuntaló la causa por supuesto enriquecimiento ilícito radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.
Hasta ahora, se sabe que el jefe de Gabinete gastó algo menos de US$9.000 en en viaje a Punta del Este, US$5.150 en un vuelo de Angeletti desde Nueva York a Buenos Aires en marzo, $9,1 millones en una estadía en el hotel Llao Llao de Bariloche en junio de 2024, y unos US$14.000 en un viaje a Aruba en diciembre de 2024.
En el rubro inmobiliario, Adorni adquirió, en 2024, la casa en Indio Cua por US$120.000 (hipoteca por US$100.000), más las reformas por US$245.000. En 2025, adquirió una deuda de US$200.000 por la compra del departamento de Miró 550, Caballito, escriturado en US$230.000, más US$65.000 por reformas. A todo ello, se suman unos US$30.000 por comisiones a escribanías e inmobiliarias, y gastos de entrada a Indio Cua por US$5.000.
Los gastos corrientes de la familia Adorni-Angeletti parten de $3,5 millones, sólo entre expensas de sus propiedades (mantiene bajo su patrimonio al menos tres viviendas más en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires) y la cuota de colegio de sus hijos.
SL
Un contratista declaró que Manuel Adorni pagó USD 245 mil en efectivo por refacciones en su casa
El testigo presentó documentación, aportó su celular para peritajes y aseguró que no hubo facturación de los trabajos. La declaración se suma a otras medidas de prueba en la investigación judicial.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo elemento este lunes, con la declaración de un contratista que aseguró haber recibido USD 245 mil en efectivo por refacciones realizadas en una propiedad del funcionario.
Se trata de Matías Tabar, quien se presentó como testigo ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py. Allí, según fuentes judiciales, afirmó que el pago por los trabajos en la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, fue realizado en mano y sin facturación.
El contratista llegó a la fiscalía con documentación vinculada a la obra y también entregó su teléfono celular para que sea peritado. Según explicó, había borrado mensajes intercambiados con el funcionario, por lo que la Justicia buscará recuperarlos mediante análisis técnico del dispositivo.
De acuerdo a su testimonio, la obra se desarrolló entre octubre de 2024 y mayo de 2025 e incluyó tanto refacciones estructurales como renovación de mobiliario. Entre los trabajos mencionados figuran la construcción de pisos y paredes, la instalación de una pileta con revestimiento, una cascada en el jardín, un quincho y cerramientos nuevos, además de equipamiento para cocina y baños.
Tabar sostuvo que fue contactado por WhatsApp, a partir de recomendaciones dentro del barrio, y que el propio Adorni fue quien abonó los montos. Detalló que una primera parte -unos USD 55 mil- fue pagada a fines de 2024, mientras que el resto se completó durante el año siguiente.
La declaración del contratista se da en el marco de una investigación más amplia sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, que también incluye operaciones inmobiliarias y movimientos financieros. En ese expediente ya había declarado la escribana del matrimonio, quien brindó precisiones sobre la compra de la propiedad y sobre un préstamo de USD 100 mil que, según consta en la documentación, habría sido destinado a financiar parte de esa adquisición.
La vivienda en cuestión figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, desde noviembre de 2024. Según registros oficiales, se trata de un inmueble de aproximadamente 400 metros cuadrados dentro del country.
El testimonio de Tabar se suma así a otras medidas de prueba que impulsa la fiscalía para reconstruir el flujo de fondos y determinar si existe o no un desfasaje entre los ingresos declarados y los gastos realizados por el funcionario.
Vidrios esmerilados y pasillos vedados: Adorni dice que las nuevas restricciones a la prensa en la Casa Rosada "no es censura"
El Gobierno reabrió este lunes la sala de acreditados pero con fuertes medidas internas. Ya no se permite el acceso al Patio de las Palmeras, un espacio abierto que era clave para conocer los movimientos entre despachos oficiales, como tampoco acercarse a Santiago Caputo.
El regreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada no implicó una vuelta a la normalidad, sino la inauguración de un nuevo esquema de circulación restringida dentro de la sede de Gobierno. La reapertura de la cobertura presencial convive ahora con una arquitectura más opaca y segmentada, en la que el acceso a la información queda mediado por límites físicos y decisiones administrativas.
El reingreso de los cronistas vino acompañado de una serie de indicaciones precisas: ya no pueden desplazarse por el histórico sector del Patio de las Palmeras ni recorrer los pasillos como lo hacían habitualmente. El acceso quedó delimitado a un circuito acotado que incluye la sala de prensa, la cafetería, el área de recepción y el Patio Malvinas, en planta baja, sin posibilidad de avanzar más allá. En la práctica, ese perímetro funciona como una cápsula dentro del edificio, que permite la presencia de los acreditados pero restringe su capacidad de observar el movimiento cotidiano del poder.
La restricción al Patio de las Palmeras es clave. Se trata de uno de los espacios más abiertos y transitados de la Casa Rosada, un punto de paso obligado entre despachos y áreas de gestión que históricamente funcionó como termómetro de la actividad oficial. Desde allí, la prensa podía reconstruir agendas, detectar reuniones y seguir la dinámica interna del Gobierno. Su cierre no es solo físico: implica también un recorte en la capacidad de anticipar y verificar información.
Los trabajadores de medios tampoco pueden acercarse a zonas sensibles, como el área vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, incluido el llamado Salón Martín Fierro, que quedó explícitamente fuera de alcance. Ese corrimiento marca una frontera clara entre los espacios habilitados para la circulación periodística y aquellos donde se concentra la toma de decisiones.
En su conferencia de prensa de este lunes, Manuel Adorni aseguró que lo que definió como un “nuevo protocolo” fue dispuesto por Casa Militar —el organismo encargado de la seguridad presidencial— en conjunto con la Secretaría de Comunicación que conduce Javier Lanari. “No es censura”, planteó el funcionario, al justificar el esquema bajo criterios de seguridad. La frase buscó encuadrar la discusión, aunque no disipó las dudas sobre el impacto real de las restricciones.
El nuevo protocolo no solo redefine los movimientos, sino también la lógica de permanencia dentro del edificio. A partir de ahora, los acreditados deben entregar sus credenciales al retirarse y recuperarlas recién al día siguiente, un mecanismo inusual que refuerza el control sobre los ingresos y egresos. Se trata de un sistema que no tenía antecedentes recientes y que introduce una capa adicional de supervisión sobre quién permanece dentro de la Casa Rosada y por cuánto tiempo.
A eso se suma una transformación física del espacio. Puertas y pasillos que conectan con el sector de Palmeras fueron intervenidos con vidrios esmerilados, reduciendo la visibilidad hacia áreas internas donde hasta hace una semana se podía circular y observar. La modificación no es menor: cambia la lógica visual del edificio y limita la posibilidad de registrar movimientos incluso desde los sectores habilitados.
Bajo esa nueva arquitectura interna, el Gobierno reabrió este lunes Balcarce 50 para los periodistas acreditados, luego de diez días de veto informativo. La restricción había sido dispuesta tras una denuncia pública —aún sin correlato judicial— por supuesto “espionaje ilegal”, a raíz de un informe del canal TN que utilizó anteojos con cámara para registrar imágenes dentro de la Casa Rosada. La reacción oficial derivó en el endurecimiento de controles y la judicialización del episodio. Ese antecedente funciona como clave para entender el nuevo esquema. La reapertura no implicó una reversión de la medida, sino su reformulación bajo reglas más estrictas.
La conferencia de Adorni de este lunes fue, en ese contexto, la primera después de casi dos meses sin contacto directo con la prensa. Su última aparición había estado marcada por un clima de tensión, cuando respondió preguntas sobre las sospechas en torno a su patrimonio y sus viajes, acusó a los acreditados de ser “apenas periodistas” y abandonó la sala visiblemente ofuscado. Desde entonces, el vínculo entre el Gobierno y la prensa se deterioró de manera sostenida.
En las semanas siguientes fue el propio Javier Milei quien amplificó ese clima con una serie de declaraciones públicas contra los medios, bajo el latiguillo “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. El último episodio de alto voltaje se produjo en el Congreso, donde acusó de “chorros y corruptos” a los acreditados que cubrían la presentación del informe de gestión de Adorni.
PL/MC
Adorni justificó que su esposa tiene custodia oficial por "una cuestión de seguridad nacional"
El jefe de Gabinete reapareció en la sala de conferencias tras la vuelta de los acreditados, justificó la protección para su familia y evitó responder por los US$65.000 que le debe al vendedor de su departamento.
La reaparición de Manuel Adorni en la sala de conferencias de la Casa Rosada no fue solo su vuelta a responder preguntas después de más de un mes. Fue, por sobre todas las cosas, el intento del Gobierno de retomar el control del relato en medio de los cuestionamientos por el patrimonio del funcionario que ya afecta al oficialismo en las encuestas de opinión pública. En su primer contacto con los periodistas acreditados tras la reapertura de la sala, aunque con restricción, el jefe de Gabinete se movió dentro de un guion acotado, con respuestas repetidas, definiciones políticas y márgenes estrictos sobre qué estaba dispuesto a explicar.
Señalado por el crecimiento de sus bienes y su nivel de vida desde que asumió, Adorni apeló este lunes a una fórmula que repitió ante cada consulta incómoda. “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”, sostuvo. La frase funcionó como un dique, que se repitió ante preguntas sobre su patrimonio, sus viajes y las denuncias en su contra, desplazando la discusión fuera del terreno político hacia el judicial, donde los tiempos y las reglas son otros.
El punto más delicado de la conferencia llegó cuando fue consultado por la custodia de su entorno. Adorni no desmintió que su esposa cuenta con protección y eligió justificarlo en términos estructurales. “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus familiares tengan seguridad es una práctica habitual en todo el mundo. Es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó.
Pero no se quedó ahí. Para reforzar ese argumento, apeló a su propia experiencia: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública”. Y sumó un elemento político al señalar que, según su interpretación, durante su exposición en el Congreso “quedó más claro que nunca por qué esa seguridad es legítima cuando cierto diputado casi que hizo una confesión de que están espiando a la esposa del jefe de Gabinete”. En ese mismo sentido, buscó cerrar cualquier duda sobre la legalidad del esquema: “No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad”.
En paralelo, el funcionario negó que el Estado haya financiado sus viajes personales. “El Estado nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales”, aseguró, y fue más allá: “No fueron financiados por terceros ni obsequios de ningún tipo. Nunca existió ocultación alguna”. La precisión buscó desactivar cualquier sospecha sobre conflictos de interés o uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, esa línea de defensa no se extendió a otros puntos igual de sensibles.
Consultado por los presuntos sobresueldos en el Estado, Adorni directamente omitió responder. Frente a versiones sobre un viaje familiar a Bariloche, se limitó a decir que “no responde a publicaciones periodísticas”, una postura que contrasta con la creación, bajo su gestión, de la Oficina de Respuesta Oficial, pensada precisamente para desacreditar informaciones consideradas falsas. Tampoco dio explicaciones sobre la deuda de US$65.000 vinculada a la compra de su departamento, uno de los aspectos que más incomodidad generó en la rueda de preguntas.
La misma lógica se replicó en torno a su patrimonio. Adorni insistió en que su declaración jurada será presentada “en tiempo y forma” y que allí estará el detalle actualizado de sus bienes. “Aún no venció el plazo”, argumentó. Pero el trasfondo de la discusión sigue siendo su última presentación ante la Oficina Anticorrupción, donde el anexo reservado fue entregado con demoras. En ese documento debía incluirse la compra de una propiedad en el country Indio Cuá por parte de su esposa, Bettina Angeletti, realizada en noviembre de 2024, un dato que no había sido informado oportunamente.
Tras responder las preguntas, Adorni fijó el encuadre para las conferencias que vendrán, que según aclaró se darán de manera periódica. “Quise venir, no para dar una bienvenida sino para restablecer el funcionamiento de la sala”, dijo, en una frase que funcionó como declaración de intenciones. Y enseguida dejó planteado que ese funcionamiento también estaría sujeto a revisión. “Cuando Casa Militar considere que no hay riesgo de que vuelva a haber filmaciones, los protocolos se van a ir modificando”, finalizó.
PL/MC
Del RIFL al FAL: el Gobierno avanza en la reglamentación de la reforma laboral y habla de "acribillar"
Este lunes se reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral. Adorni adelantó la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral.
“Con el FAL y el RIFL nuestro país está cada vez más cerca de acribillar al gran enemigo de la prosperidad de los argentinos: la informalidad laboral”. Así habló este lunes Manuel Adorni cuando festejó la reglamentación de un capítulo clave de la reforma laboral contenida en la Ley Bases, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Sin embargo, detrás de la retórica libertaria sobre la “liberación de las fuerzas productivas”, se esconde un entramado de decretos y resoluciones que prometen reconfigurar el mapa del empleo en la Argentina, con un fuerte sesgo hacia la reducción de costos patronales y la flexibilización de las condiciones de salida.
Con la publicación del Decreto 341/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Este esquema no solo funciona como un “perdón” para el pasado de incumplimientos, sino que proyecta un escenario de beneficios fiscales inéditos para los próximos cuatro años. En paralelo, la Casa Rosada ultima los detalles del Fondo de Administración Laboral (FAL), el sistema que busca enterrar el modelo de indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para abrazar una lógica de capitalización financiera.
RIFL: El “blanqueo” con premio para el empleador
El RIFL, reglamentado formalmente este lunes, se presenta como el instrumento para regularizar relaciones laborales no registradas. El anuncio de Adorni fue preciso en la ambición del Ejecutivo: una reducción del 89% en el monto de las contribuciones patronales para todos los nuevos trabajadores que el sector privado contrate durante los próximos cuatro años.
Este beneficio no es menor. Alivia la carga fiscal de manera drástica, pero deja interrogantes sobre la sustentabilidad del sistema previsional a largo plazo. Los puntos más salientes de la letra chica del RIFL incluyen:
- Condonación de deuda: Las empresas que se adhieran al régimen verán extinguidas sus deudas por aportes y contribuciones de seguridad social omitidas. Para las Micro y Pequeñas empresas (MiPyMEs), la condonación es del 100%, mientras que para las medianas y grandes oscila entre el 70% y el 80%.
- Baja de multas: Se eliminan todas las sanciones administrativas y multas de la AFIP por falta de registro. Incluso aquellas que se encuentran en instancia judicial pueden ser dadas de baja si el empleador acredita la formalización del vínculo.
- Reconocimiento de aportes: Para el trabajador, el Estado reconocerá hasta 60 meses (5 años) de aportes para la jubilación, calculados sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Sin embargo, si el trabajador percibía un salario real superior durante su etapa informal, ese excedente no será reconocido para el cálculo de su haber futuro, lo que representa una pérdida de capital jubilatorio.
El FAL: La “letra chica” y la sombra de la justicia
Si el RIFL es el incentivo para entrar al sistema, el FAL es el mecanismo para abaratar la salida. Adorni adelantó que su reglamentación es inminente, pero el camino fue tortuoso debido a la fuerte resistencia judicial. El FAL busca reemplazar el Artículo 245 de la LCT —que establece la indemnización por antigüedad— por un sistema de aportes mensuales que el empleador deposita en un fondo administrado por terceros.
El 23 de abril pasado la Justicia dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de más de 80 artículos de la reforma laboral, entre ellos el FAL. La decisión de la Cámara de Apelaciones habilitó la plena vigencia de la Ley 27.802.
El nuevo sistema obligatorio para financiar las indemnizaciones por despidos establece una contribución obligatoria entre 1,5% y 2,5% de las remuneraciones brutas que se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El empleador integrará estos importes cada mes al momento de declarar y pagar los aportes y contribuciones patronales.
Los FAL serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). “En ningún caso esta derivación implicará responsabilidad alguna por parte del Estado Nacional respecto de las obligaciones del empleador”, sostiene la ley.
Los detalles técnicos que el Gobierno está puliendo en las últimas horas revelan un esquema de alta complejidad:
- Aportes y Tasas: Se prevé que el empleador deposite una tasa de hasta el 8% de la remuneración bruta mensual. El trabajador, al ser despedido o incluso al renunciar (según el esquema que se termine de validar), podrá cobrar lo acumulado en ese fondo.
- Externalización del Riesgo: El fondo podrá ser administrado por fideicomisos, compañías de seguros o bancos. Esto introduce un componente financiero en la relación laboral: el dinero de las indemnizaciones pasará a formar parte del mercado de capitales antes de llegar a manos del trabajador.
- Pymes y Fondos Compartidos: Para evitar que el costo administrativo asfixie a los pequeños comercios, la reglamentación permitiría que las cámaras empresariales gestionen fondos colectivos.
- El conflicto por el Artículo 94: Este es el punto que “quema” en los despachos oficiales. El artículo tipifica el bloqueo de establecimientos como causa objetiva de despido, eliminando el derecho a indemnización. La CGT y diversos constitucionalistas ya advirtieron que este punto será atacado en los tribunales por vulnerar el derecho a huelga y la protección contra el despido arbitrario.