Moctezuma

Noticias de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires empieza a cobrar la atención médica a los extranjeros en los hospitales públicos

• Así lo decidió a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño.
• Cobrarán la atención programada, como estudios médicos y cirugías programadas.
• La atención por guardia para los que no tengan DNI argentino seguirá siendo gratuita.

Noticias de Buenos Aires

Identificaron al gendarme que le disparó a Pablo Grillo, pese a la resistencia del Gobierno

A casi una semana de la feroz represión del Gobierno contra la marcha de los jubilados y a 48 horas de una nueva manifestación frente al Congreso, una investigación independiente identificó al gendarme que disparó el proyectil de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, quien aún permanece internado de gravedad. Según el cotejo de distintos videos y fotografías, y con el respaldo de peritos, el efectivo sería un cabo primero de la Gendarmería de apellido Guerrero, perteneciente a la Unidad Móvil 6 de la fuerza federal.

La revelación podría tener un impacto importante en el Gobierno porque la propia Patricia Bullrich, máxima responsable de la Gendarmería, negó públicamente que se haga un sumario interno sobre el tirador. En declaraciones públicas la ministra de Seguridad siempre evitó dar a conocer al identidad de los efectivos que reprimieron la marcha de los jubilados. elDiarioAR intentó contactar a voceros y funcionarios de la cartera pero la excusa para no dar respuestas fue “tenemos una semana complicada y con muchas resoluciones para sacar”. La funcionaria preferida de Javier Milei, sin embargo, citó a la prensa a una conferencia para esta tarde en la sede del ministerio.

La identificación del tirador la dio a conocer este lunes en sus redes sociales la plataforma Mapa de la Policía, una red que le hace un seguimiento pormenorizado a la violencia policial, integrada por múltiples actores como el CELS, el colectivo editorial Crisis, la Correpi, el Movimiento Nuestra América y hasta la legisladora porteña de Unión por la Patria Victoria Freire, entre otros. El trabajo de cotejo de las imágenes de la represión del miércoles contó con la colaboración de peritos especializados como Willy Pregliasco y Martín Onetto.

Según la investigación, Guerrero lleva el legajo número 103208 y pertenece a la Unidad Móvil número 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI). Fue identificado gracias al cotejo de distintas cámaras de televisión (principalmente los canales A24 y TN) que transmitían en vivo la represión y de un sinfín de fotografías y registros independientes. El gendarme quedó en evidencia por la secuencia que ocurrió el miércoles exactamente a las 17.18. Además, es el único que lleva un uniforme color caqui, diferente al de sus compañeros de la fuerza.

Guerrero es el último eslabón de una cadena de mando que se inicia en Bullrich, pero que tiene como intermediarios al responsable de la unidad móvil 6, el comandante mayor Héctor Ferreira, quien reporta al comando de Región I de la provincia de Buenos Aires, a cargo del comandante general Marcelo Fabián Porra Melconian. A su vez, el despliegue de los efectivos contó con la aprobación y supervisión del director nacional de la Gendarmería, comandante general Claudio Miguel Brilloni, quien estuvo presente el miércoles en las inmediaciones del Congreso.

Ya otra investigación del Mapa de la Policía demuestró apenas horas después de la represión que el disparo de la granada de gas lacrimógeno que impactó en Grillo se realizó en línea recta, una práctica prohibida por los manuales y hasta por la ONU. Además también está cuestionado el uso de las armas, consideradas “no letales” por el Gobierno: habían sido prohibidas en los últimos años hasta que Bullrich volvió a habilitarlas cuando asumió con Milei en el marco de su protocolo antipiquetes.

El fotógrafo estaba ubicado detrás de un mueble incendiado sobre la calle Hipólito Yrigoyen, tomando imágenes del frente de los gendarmes apostados sobre Entre Ríos, con el Palacio Legislativo detrás. Hasta ahora el Gobierno siempre defendió la actuación policial y llegó a decir que el disparo en realidad rebotó en el piso antes de pegarle a Grillo, pero la evidencia demuestra lo contrario.

MC

Patricia Bullrich denunció a la jueza Andrade por "prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento agravado"

A días de exigir “el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó formalmente una denuncia penal contra la magistrada a la que acusó de incurrir “claramente en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento”. 

Durante la represión de las fuerzas de seguridad en medio de la marcha de los jubildados del último miércoles, más de cien personas fueron detenidas y, a las horas, liberadas por decisión de la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien argumentó que no tenía información ni datos suficientes para mantenerlos retenidos. Esto generó el rechazo del oficialismo en bloque, que la acusó de aplicar “la puerta giratoria” y de ser “responsable directa de la inseguridad en la Argentina”.

En el escrito que presentó el abogado Fernando Oscar Soto en representación de la cartera que conduce Bullrich, se sostiene que tomar la decisión de liberar a los detenidos “fue un mero acto de voluntad de la juez, basado en pura ideología, que no es inocuo en el marco del derecho penal porque la gravedad de los hechos que motivaron la intervención judicial, que fueron puestos de manifiesto por todos los medios de información y necesariamente debió haber sido mencionado en las comunicaciones que reconoció haber recibido, no pueden a priori enmarcarse en un regular y legítimo derecho a manifestar”. Para el Gobierno, “tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legitimas de 'reclamar' y, por el contrario, son constitutivas de delito”. Además, insisten con que Andrade liberó a los 114 detenidos “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes” y con que la magistrada “intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal”.

Tras presentar la denuncia, Bullrich lo comunicó en sus redes sociales: “Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes. No fue un error, fue complicidad. Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones. Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes. La denunciamos por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Con la ley en mano y sin miedo, ni un paso atrás”, posteó la funcionaria.

Según el oficalismo, “entre los detenidos liberados, se encontraban individuos con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo”. La denuncia también detalla que la jueza “dictó su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía”.

En su comunicación oficial para anunciar la denuncia penal contra Andrade, Bullrich recordó que el viernes pasado, el Ministerio de Seguridad “presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática, y Asociación Ilícita Agravada, señalando como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores”.

Además, sin mencionar a los menores detenidos, los golpes a jubilados ni al fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de una granada de gas, desde el gobierno solo mencionan que “los incidentes dejaron un saldo de más de una docena de efectivos de la Policía Federal heridos, además de graves daños materiales, incluyendo la quema de vehículos oficiales y destrozos en el espacio público”. E insisten en la participación de “grupos organizados movilizados que incluían barras bravas de distintos clubes de fútbol” y que algunos de los manifestantes “habrían recibido pagos para participar en los hechos de violencia”.

La denuncia completa y sus argumentos

IG

El Gobierno presenta la Ley Antibarras con el objetivo de endurecer penas y apunta a los dirgentes

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentará el Proyecto de Ley Antibarras, una iniciativa con la que el Gobierno busca combatir el accionar de las barrabravas.

De acuerdo con fuentes oficiales, el proyecto establecerá la declaración de las barrabravas como un tipo especial de asociación ilícita, la responsabilización de los dirigentes de los clubes en la actuación de estos grupos delictivos y la aplicación de fuertes sanciones para erradicar cualquier tipo de violencia en eventos deportivos.

La propuesta a la luz tras la represión de las fuerzas de seguridad durante la marcha del miércoles hacia el Congreso, en la que participaron jubilados e hinchas de clubes de fútbol.

En los hecho, se registraron 124 detenidos y 20 heridos, entre los que se encuentra el fotoperiodista Pablo Grillo, quien se encuentra en estado grave tras ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.

Desde ese día, Bullrich insistió en que en la manifestación estuvieron presentes integrantes de barras bravas, aunque esta versión fue rechazada por la Justicia. 

“Los violentos detenidos hoy representan lo peor de la decadencia que estamos dejando atrás. Arrestamos a un centenar de violentos piqueteros, militantes de agrupaciones políticas y barras bravas, que son miembros de organizaciones criminales que operan con total impunidad desde hace años”, publicó la ministra en su cuenta de la red social X.

A partir de esta iniciativa, el objetivo del Ministerio de Seguridad sería endurecer las penas y poner énfasis en la responsabilidad de las autoridades de las instituciones deportivas.

Sancionan a 16 hinchas

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la “Restricción de Concurrencia Administrativa” a eventos deportivos en todo el país para 26 personas involucradas en la marcha y la represión del 12 de marzo en la Plaza del Congreso.

La medida, establecida en la Resolución 343/2025, tiene un plazo “indeterminado” y se enmarca en la normativa vigente para la prevención de la violencia en espectáculos futbolísticos.

Según el documento oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los incidentes fueron protagonizados por grupos vinculados a clubes de fútbol que, en supuesta adhesión a manifestaciones de jubilados y pensionados, “arrojaron proyectiles y objetos punzocortantes contra efectivos, personas, bienes de dominio público y privado”, además de entorpecer el tránsito y causar heridas a 31 agentes de seguridad.

El Ministerio fundamentó la decisión en “la gravedad institucional que entrañan las circunstancias descriptas” y subrayó que “resulta imperioso neutralizar e impedir la presencia en los eventos de personas que pudieran alterarlos”.

Asimismo, se destacó que “las presentes actuaciones se inician específicamente con motivo de los episodios de violencia de público y notorio conocimiento”, y que la medida se basa en “los artículos 2° incisos b) y e) y 3° de la Resolución MS Nº 354/17 y modificatorias, en función del Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N° 20.655 y modificatorias”. .

El listado de sancionados publicado en el Boletín Oficial incluye a Alejandro Antonio Todaro Kicyla (DNI 25.878.235), Stefany Quiteria García Hernández (DNI 94.916.316), Narella Agustina Pompeo (DNI 44.130.432), Fernando Nicolás Rafart (DNI 21.887.765), Sebastián Alberto Madueño (DNI 26.025.223), Iván Nicolás Bustamante (DNI 42.037.797), Facundo Ezequiel Pitton (DNI 39.986.747), Francisco Alberto Medina (DNI 32.535.712), Jorge Fernando Alonso (DNI 17.236.023), José Daniel Rodríguez (DNI 43.052.808), Pablo César Oviedo (DNI 30.582.881), Maximiliano Flores (DNI 37.971.666), David Nazareno Ferreyra (DNI 36.322.818) y Rodrigo Francisco Cruz Larrea (DNI 26.047.206).

En la nómina también se encuentran Jorge Omar Dieni (DNI 14.568.245), Leonardo Martín Quintana (DNI 23.015.052), Mariana Indira Galian (DNI 40.330.950), Federico Joel Rodríguez Santana Silva (DNI 95.868.443), David Exequiel Romero (DNI 35.195.097), Juan Carlos Pérez (DNI 33.718.169), Patricia Vanesa Gallardo (DNI 25.785.110), Víctor Leonardo Maccagnan (DNI 28.894.326), Gonzalo Gustavo Correa (DNI 27.692.554), Carlos Alberto Aquino (DNI 32.048.458), Víctor Hugo Villalba (DNI 23.127.916) y Luis Ángel García Díaz (DNI 96.339.822).

Desde la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, se informó que las personas mencionadas “poseen antecedentes penales, pedidos de captura activos y otros impedimentos de ingreso a espectáculos futbolísticos”.

El Ministerio aclaró que la restricción se aplicará “sin perjuicio de otras medidas de carácter penal que pudieren alcanzarlos” y que entrará en vigencia de inmediato.

Un hincha de Chacarita denunció a Bullrich tras perder un ojo

Jonathan Leandro Navarro, hincha de Chacarita y vecino de San Martín, perdió la visión de su ojo izquierdo tras ser herido durante la represión ocurrida el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso. 

Según su denuncia, fue alcanzado en el rostro por un disparo a quemarropa efectuado por un efectivo de la Prefectura Naval Argentina mientras intentaba asistir a dos jubilados que se encontraban en medio de los incidentes.

Navarro, con el respaldo del exdiputado Leonardo Grosso y el patrocinio del abogado Pablo Zappulla, presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe del operativo represivo. 

En la presentación judicial relata que cerca de las 16:30 del miércoles, en las inmediaciones de Rodríguez Peña y Rivadavia, fue herido por un efectivo de la Prefectura Naval Argentina que le apuntó directamente a la cara.

Leonardo Grosso denunció a través de redes sociales que Navarro “fue a bancar a los jubilados y perdió la visión de un ojo”. Acusó a Bullrich y al jefe del operativo “como autores mediatos del delito de lesiones graves agravadas por haber sido cometidas abusando de su función pública, al impartir órdenes ilegales al personal policial durante la represión en las inmediaciones del Congreso Nacional”.

“Protestar es un derecho en Argentina y frente a este gobierno cruel es una obligación”, concluyó Grosso. 

Con información de agencias.

IG

"Ahí no podía vivir un ser humano": hablan los alumnos que hicieron la maqueta de la casa donde murió Maradona

“Una pocilga”, dice Eugenio Artus a elDiarioAR. “Uno hubiese esperado que alguien como Maradona viviera en un palacio, pero no”, agrega Nicolás Hilbert. Cursan el último año de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Belgrano y recibieron un encargo: confeccionar una maqueta a escala de la casa del barrio cerrado donde Diego Maradona pasó los últimos catorce días de vida internado en un dispositivo para rehabilitarlo del consumo de alcohol y recuperarse de una cirugía por un hematoma subdural. Con 250 fotos que forman parte del expediente y un plano hecho por la Polícia Científica, las medidas de un lavarropas y una baldosa, los alumnos imprimieron en 3D las dos plantas de la vivienda. Modelaron 40 paredes y 90 muebles. Algo llama la atención: entre el mobiliario que debieron reproducir hay tres heladeras tipo cava que se usan para guardar botellas de alcohol. Una estaba en la habitación del exfutbolista. Durante el juicio intentarán determinar si contenían alcohol.

Salvo una habitación de la planta alta que estaba bloqueada, los ambientes de la maqueta están “amueblados”. Las camas, estantes, bibliotecas, accesorios de baño, todo ubicado de acuerdo a las fotos de la pericia. La silla higiénica está en la esquina del dormitorio de Maradona, una playroom con las ventanas tapadas con durlock, lindera a un lavadero que conectaba, a su vez, con la cocina. “Una casa muy complicada para alguien con movilidad reducida -apunta Artus, uno de los alumnos- y además, desprolija. Parecía una casa okupada. Había platos de plástico y madera acumulados en la bacha. Botellas, bidones. Toallas sucías y papel higiénico en el lavadero. La sensación que nos quedó es que era un lugar abandonado. Ahí no podía vivir un ser humano”.

Artus, 23 años, confeccionó los planos. Hilbert, 24 años, pasó los planos a un programa de diseño en 3D, y de ahí a las impresoras 3D. Las cuatro máquinas funcionaron durante seis días, 24 horas. Juntos encastraron las piezas, como si fuese un “lego”. Para el primer día del juicio, que arrancó la semana pasada, ya estaba lista. Fue Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, quien hizo el encargo a la universidad, donde también es docente. Con la maqueta intentará demostrar al Tribunal que esa casa no era adecuada para el tratamiento al que habían sometido a Maradona. No podía desplazarse, no había un baño cerca y estaba aislado del resto de la vivienda. Gianinna, la hija menor, también hizo su aporte. Habló con los alumnos y describió el sillón tipo Versace del que, dijo, su padre no se podía levantar. Ni a Artus ni a Hilbert los apasiona el fútbol. Pero tomaron el trabajo y buscaron que sea una réplica de calidad para el juicio “porque ahí vivía una persona”, dice Hilbert.

Burlando puso a disposición de todas las partes el uso de la maqueta, testigos e imputados. “Es muy ilustrativa, sobre todo para mostrarle al Tribunal qué es lo que pasaba en esa casa. Además refresca la memoria de los testigos e incluso demuestra, desde mi óptica, que Diego no podía estar en ese lugar. La maqueta es hermosa, pero la casa no era así, era un tapera. Era una mugre, una mugre”, dijo el abogado a elDiarioAR. Sobre las heladeras cava, el abogado dijo que “hay que constatar que hubiese alcohol y eso se lo vamos a preguntar a los policías que entraron en la casa”. La ronda de testigos arranca el martes con tres policías, los primeros en llegar a la casa.

“Fue muy difícil rearmar la casa sólo con las fotos y un plano. Había mucha información incompleta y tuvimos que sacar proporciones. Para eso usamos las medidas estandarizadas de una baldosa y un lavarropas”, explica Hilbert. Artus, su compañero, hizo además dos croquis -uno de la plata baja y otro del segundo piso- en los que se apoyará la defensa de Dalma y Gianinna. El toilet recibidor que lindaba a la habitación de Maradona, por ejemplo, es tan pequeño que apenas cabe una persona. Las medidas reales son un metro por dos. El duchador estaba desconectado. Consta en el expediente que al exfutbolista debían subirlo en andas por la escalera para bañarlo en alguno de los dos baños completos del primer piso. “Diego se quejaba de que el baño estaba arriba y lo bañaban con una manguera”, declaró en la etpa de instrucción una acompañante psicomotrista que visitó a Maradona en “algunas oportunidades” en la casa de Tigre.

La maqueta está en el juzgado de San Isidro, donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Maradona. Tiene un metro de ancho, un metro cuarenta de largo y una altura de cuarente centímetros aproximadamente. Los alumnos también modelaron figuras móviles que se usarán para mostrar el desplazamiento del exfutbolista dentro de la casa. Modelaron e imprimieron, por ejemplo, un mueble con cajones pegados al biombo que separaba el dormitorio de la cocina, y que obtaculizaba la salida y entrada del ambiente. “Había muebles colocados en lugares que no correspondían”, indica Artus.

Declaran los primeros testigos

El juicio se reanuda el martes con la declaración de tres efectivos de la policía, los primeros en ingresar a la casa del Tigre, ahora reproducida en una maqueta. Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, los fiscales, adelantaron que Lucas Farías, oficial de policía; y los comisarios Lucas Borge y Javier Mendoza serán los primeros en hablar al Tribunal. La estrategia de los fiscales es contar los últimos catorce días de vida del exfutbolista “como si fueran un cuento” y empezarán por aquel mediodía del 25 de noviembre de 2020, cuando Maradona murió. Luego podría ser el turno de Dalma, Gianinna, Jana Maradona, las hijas, y su expareja, Verónica Ojeda. Son testimonios muy esperados.

El debate intenta determinar qué pasó entre el 11 de noviembre, cuando Maradona salió de la Clínica Olivos luego de ser operado por un hematoma subdural, y el 25 de ese mes, día de su muerte. Los fiscales del TOC N°3 de San Isidro consideran que ocho personas a cargo de su rehabilitación “infringieron los deberes que cada uno tenía a su cargo”, que existen “factores circunstanciales notoriamente burdos” y que “el fatal descenlace podría haberse evitado”. Hay prueba de sobra y, según los fiscales, la prueba sería contundente. No sólo reconstruyeron la historia clínica de Maradona entre el año 2000 y el que murió –veinte años– sino que cuentan con la conclusión de la Junta Médica Interdisciplinaria que evaluó el caso: 17 de 22 peritos indicaron que hay responsabilidad penal en la muerte del exfutbolista.

Los acusados son Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psiconalista; Nancy Forlini, doctora y coordinadora de la empresa de salud privada Swiss Medical; Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom –empresa tercerizada de Swiss Medical para cuidados domiciliarios–; los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid –esta última pidió un juicio por jurado y su proceso será aparte–; y Pedro Di Spagna, médico clínico. Para todos corre la misma imputación: homicido simple con dolo eventual, un delito que preve una pena de entre ocho y 25 años de cárcel.

VDM/DTC

Juicio por la muerte de Maradona: un abogado afuera, la mega maqueta de Burlando y una lista de testigos "depurada"

Mientras una de las juezas del TOC N°3 advertía que en el tercer piso -donde están sus oficinas- no hay lugar suficiente, dos personas entraban con una mega maqueta. Fue un ingreso en tandas: primero una mesa, después una base sobre la que colocaron “la planta baja” y por último, el segundo piso. Es una reproducción a escala de la casa del lote 45, en el barrio San Andrés, donde Diego Maradona pasó sus últimos catorce días antes de morir. Un árbol, un auto, una ambulancia. Es blanca, lisa y rectangular, pero no está vacía. Mirada de cerca, dentro de la habitación de la izquierda, justo detrás de la parrilla, hay un muñequito recostado en una cama. Con esa maqueta Fernando Burlando, que representa a Dalma y a Gianinna en el juicio por la muerte de su padre, demostrará que el exfutbolista no sólo estuvo aislado de su familia sino aislado en la misma vivienda donde se dispuso la internación domiciliaria.

Leopoldo Luque, el neurocirujano señalado como el médico de confianza que decidía sobre el tratamiento, no vio la miniatura de telgopor. Ya se había retirado de la sala porque decidió que sólo volverá recién para los alegatos, que podrían ser en cuatro meses. Prefiere no escuchar a los testigos. Agustina Cosachov, la psiquiatra, sí observó cómo iban armando pieza por pieza la casa donde visitó a su paciente. Pero será la última vez que se siente frente al Tribunal porque, explicó su abogado Vadim Mischanchuk, tiene que trabajar y no puede asistir a todas las audiencias salvo alguna que él considere necesaria. Carlos Díaz, el psicoanalista especializado en adicciones, permaneció hasta el final de la audiencia. Igual que los otros cinco acusados, ellos están imputados por homicidio simple con dolo eventual -que prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel-, pero son para la Fiscalía y los querellantes los más comprometidos.

Rodolfo Baqué no podrá defender al enfermero

En el segundo día del juicio que arrancó el martes por la muerte del exfutbolista, los jueces Verónica Di Tomasso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, apartaron al representante del enfermero Ricardo Almirón. Se trata de Rodolfo Baqué, que también es el abogado de Gisella Dahiana Madrid, la otra enfermera imputada que pidió ser juzgada aparte, en un juicio por jurados. Baqué dijo en una audiencia anterior al inicio del juicio que a “Maradona lo mataron y no fue (Gisella Dahiana) Madrid”.

Para el Tribunal ese dicho genera un conflicto de interés: Si Baqué defiende a ambos enfermeros pero incluye solo a uno en la acusación y a la otra no, ¿a quién defiende? Los jueces, entonces, lo separaron de la defensa del enfermero. Baqué la peleó hasta el final. Dijo que cuando declaró que a “Maradona lo mataron y no fue Madrid” no había nombrado Mariano Perroni -coordinador de Medidom-, ni a Nancy Forlini -de Swiss Medical- ni a Pedro Di Spagna -el médico clínico-, otros tres imputados. Insistió el abogado: dijo que hizo referencia a Luque, Cosachov y a Díaz. Y volvió a la carga: “Me quieren callar porque dije que a Maradona lo mataron”. No hubo caso, el Tribunal lo expulsó de la defensa del enfermero y tuvo que dejar la sala.

Franco Chiarelli, que ya era parte del equipo, deberá representar al enfermero Almirón. Pidió una semana “para poder reorganizarse”. Los jueces le anticiparon que no sería posible, que forma parte de la defensa desde el inicio y conoce la prueba. Baqué seguirá en la defensa de Madrid en el juicio por jurados. Miguel Angel Pierri, que patrocina a Perroni, se fue detrás de Baqué. Acusó cuestiones de salud, tenía en agenda un turno médico.

Los jueces pidieron que “depuren” la lista de testigos

En la segunda audiencia se resolvió, además, que las audiencias serán los días martes y jueves entre las 930 y las 18 hasta, por lo menos, el 17 de julio. Transcendió que en la lista de testigos que deberán hablar al Tribunal figuraban Marcelo Tinelli, Luis Ventura, Guillermo Coppola y Marcela Tauro. El Tribunal apuntó que desea un “juicio ágil pero no torpe” y pidieron a las partes que “depuren” la lista de personas que irán a declarar. El criterio pedido es que los testigos sean relevantes al hecho que se juzga, la muerte de Maradona.

Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, los fiscales, adelantaron que el martes -cuando se reanude el juicio- declararán tres efectivos: Lucas Farías, oficial de policía; los comisarios Lucas Borge y Javier Mendoza. Fueron los primeros en ingresar a la casa del barrio San Andrés, la que pretende emular la maqueta de Burlando. La estrategia de los fiscales es contar los últimos catorce días de vida del exfutbolista “como si fueran un cuento” y empezarán por aquel mediodía del 25 de noviembre de 2020, cuando Maradona murió. Luego será el turno de Dalma, Gianinna, Jana Maradona, las hijas, y su ex pareja, Verónica Ojeda. Son testimonios muy esperados.

VDM / NB