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Los padres de Lucas piden el juicio político por "mal desempeño" para el juez de Menores

Los padres de Lucas piden el juicio político por

Los padres de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo por tres miembros de la Policía de la Ciudad el 17 de este mes en el barrio porteño de Barracas, pidieron que se someta a juicio político por "mal desempeño de sus funciones" al juez de Menores que dispuso la detención de los tres jóvenes que acompañaban a la víctima al momento del hecho y que "omitió" la de los efectivos imputados del crimen.

En tanto, continuaba prófuga la oficial de dicha fuerza Lorena Miño, quien está acusada de encubrir el homicidio junto a otros cinco policías porteños que sí fueron apresados el sábado y que serán indagados este lunes.

En unos videos difundidos hoy por su abogado, Miño aseguró llorando que no tuvo "nada que ver" con el hecho y que "lamenta muchísimo" lo sucedido con Lucas. La policía aguarda que el juez de Instrucción del caso, Martín del Viso, resuelva un pedido de eximición de prisión presentado por su abogado, Roberto Castillo, al cual ya se opuso al fiscal Leonel Gómez Barbella, que instruye el expediente.

El pedido de juicio político contra el juez Alejandro Cilleruelo fue presentado por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a los padres de Lucas, ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea.

"Esperamos con la familia de Lucas celeridad del Consejo de la Magistratura. Y así como denunciamos al Juez de Menores vamos a denunciar a todos los que se interpongan o dilaten las medidas para llegar al esclarecimiento del asesinato y las complicidades de la Policía de la Ciudad", dijo el letrado a Télam.

"(...) desde que el Dr. Cilleruelo tomó conocimiento que los policías de la Ciudad de Buenos Aires (que se encontraban de civil en un auto no identificado) habían disparado en la cabeza a un joven de 17 años -lo que le provocaría la muerte- el magistrado decidió tomar medidas tendientes a revictimizar a los tres jóvenes que se encontraban con Lucas González, dejándolos encerrados con los asesinos toda la noche", indicó el pedido que consta en un escrito de ocho páginas al que accedió Télam.

"No conforme con ello, y como si el resultado no fuera suficiente, -continuó la presentación- al advertir que los tres imputados eran miembros de la mencionada fuerza de seguridad, el Dr. Cilleruelo decidió dejarlos en libertad".

"Son cuanto menos preocupantes los extremos a los que nos enfrentamos al observar la actuación del Magistrado, quien sin más que el relato de los policías de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó mantener privados de la libertad a tres menores de edad y en todo momento omitió la detención de los tres asesinos", continuó.

De acuerdo al escrito, que los imputados fueran miembros de dicha fuerza "dejaba en evidencia el riesgo que significaba para los jóvenes y sus familiares y para la investigación que continuaran libres".

En ese sentido, en el petitorio se recordó que el propio ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, solicitó al juez Cilleruelo que "adopte medidas urgentes respecto de la situación procesal de los asesinos".

Y se remarcó también que la fiscal de Menores, María Florencia Poggi, "pidió de manera urgente las detenciones de los tres policías, pero el juez no hizo lugar porque se declaró incompetente".

"La situación actual en la que se encuentra la investigación por la muerte de Lucas González deja ver la negligencia frente a la que nos encontramos en el actuar del Dr. Cilleruelo", se añadió.

Al tiempo que se destacó que en la causa se investiga "la posibilidad de que los policías hayan plantado pruebas falsas en la escena del hecho, lo que podría haberse evitado si el magistrado hubiera actuado de manera expedita ordenando la inmediata detención de los autores".

Para la familia de Lucas, las "acciones -y omisiones-" del juez fueron "por demás negligentes, lo que puso en riesgo la investigación y el esclarecimiento de los hechos, y dejó frente a un total desamparo y desprotección a la familia de la víctima y los sobrevivientes del accionar policial".

Por otro lado, fuentes judiciales informaron a Télam que está previsto que este lunes se lleven a cabo las indagatorias del comisario Juan Romero y el subcomisario Roberto Inca, a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; y del comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y la oficial Micaela Fariña, efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.

Estos cinco policías fueron detenidos este sábado por orden del juez de la causa, Martín del Viso, quien hizo lugar a un pedido formulado el viernes por el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, quien está interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 32.

Y si bien en principio se había informado que la oficial Miño también había sido arrestada, los voceros aclararon que no fue localizada en su domicilio y que permanecía prófuga.

Mientras, el inspector Gabriel Alejandro Isassi (40), el oficial mayor Fabián Andrés López (46) y el oficial Juan José Nieva (36) permanecen detenidos e imputados del delito de "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; falsedad ideológica y la privación ilegal de la libertad".

Por último, las fuentes añadieron que el miércoles próximo se realizará la reconstrucción del hecho y, si bien no detallaron el horario de la misma, estiman que será por la mañana, cuando ocurrió el crimen de Lucas.

CRM/CB con información de la agencia Télam

Detuvieron a otros cinco policías por el encubrimiento del crimen de Lucas González

Detuvieron a otros cinco policías por el encubrimiento del crimen de Lucas González

Cinco efectivos de la Policía de la Ciudad fueron detenidos la tarde de este sábado como acusados de encubrir el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado de un balazo por miembros de una brigada de la misma fuerza la semana pasada en el barrio porteño de Barracas, informaron fuentes judiciales.

Las detenciones se llevaron a cabo luego de que el juez de la causa, Martín del Viso, hiciera lugar al pedido formulado ayer por el fiscal Leonel Gómez Barbella y su colega Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

Fuentes judiciales informaron a Télam que los detenidos son el comisario Romero y el subcomisario Inca, a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; y el comisario Du Santos, el principal Cuevas y la oficial Fariña, estos tres últimos efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.

En tanto, si bien en principio se había informado que la oficial Lorena Miño también había sido arrestada, fuentes judiciales confirmaron a Télam que la mujer no fue localizada en su domicilio y que esta noche permanecía prófuga.

Todos se encuentran en calidad de comunicados y serán trasladados en las próximas horas a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada en la calle Madariaga al 6900 del barrio porteño de Villa Riachuelo, donde pasarán la noche a la espera de ser llevados a los tribunales para ser indagados.

Los fiscales Gómez Barbella y Heim consideraron a esos policías sospechosos de los delitos de "encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas".

Los investigadores creen que entre estos efectivos está quien plantó un arma de fuego de plástico a las víctimas y quienes elaboraron el sumario policial con la información falsa de una persecución y tiroteo aportada por los policías de civil que, luego, fueron detenidos por el crimen.

Es que en el asiento trasero del auto Volskwagen Suran azul en el que circulaba González con sus amigos fue secuestrada una réplica de arma de fuego con la inscripción "The Punisher" que se determinó que fue plantada por los policías para simular que se había tratado de un enfrentamiento.

De esta manera, los fiscales hicieron lugar al pedido que le habían formulado días atrás los padres de Lucas y de los otros adolescentes, para que también sean detenidos los encubridores del crimen.

El abogado de la familia de la víctima, Gregorio Dalbón, había señalado ante la prensa que "los que se encargaron de plantar el arma no son los mismos que se encargaron de matar a Lucas" y había anticipado que tanto él como los familiares no querían quedarse "con la detención de solo tres policías".

El lunes pasado, dos de los tres policías de la Ciudad acusados del crimen del adolescente Lucas González admitieron ante la Justicia haber disparado sus armas contra el auto en el que la víctima iba con tres amigos por el barrio porteño de Barracas, durante las declaraciones indagatorias en las que se quebraron y lloraron en varias oportunidades.

Los acusados dijeron haberse bajado del auto Nissan Tiida de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 al grito de "policía" y con los chalecos identificatorios puestos, y que también hicieron sonar la sirena, aunque no encendieron las luces azules del llamado "chichón" que se pone sobre el techo del rodado porque no funcionaban, según informaron fuentes judiciales a Télam.

Tras pasar la noche en una celda de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas fueron trasladados a los tribunales porteños cerca de las 7 de la mañana y a partir de las 8.30 comenzaron a desfilar ante el juez Martín Del Viso.

En el despacho del magistrado estaban los imputados, el abogado defensor de los tres, Alfredo Oliván, y el juez Del Viso, mientras que los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andres Heim, de la Procuvin, lo hicieron de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

Los tres policías fueron indagados acusados de los delitos de "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía de Lucas González, la tentativa de ese mismo delito contra los otros tres adolescentes, más privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica".

*En un principio de informó de la detención de seis efectivos, pero según fuentes judiciales una se encuentra prófuga*

CRM con información de la agencia Télam

Caso Lucas: la policía de la Ciudad prófuga dijo que "no tuvo nada que ver" y espera la eximición de prisión

Caso Lucas: la policía de la Ciudad prófuga dijo que

Lorena Miño, la policía de la Ciudad que está prófuga y acusada de encubrir el crimen de Lucas González, cometido el 17 de este mes en el barrio porteño de Barracas, dijo hoy en un video que "no tuvo nada que ver" y que "lamenta muchísimo" la muerte del adolescente.

En la filmación de un poco más de tres minutos que dio a conocer su abogado, Roberto Castillo, -a la que tuvo acceso Télam-, Miño expresó llorando que por culpa de tres policías "que hicieron todo mal" ella se encuentra vinculada a la causa por el crimen de Lucas, por el que se encuentran detenidos hasta ahora ocho policías, tres por el homicidio y cinco por encubrimiento.

"Buenas tardes, mi nombre es Lorena, perteneciente a la Policía de la Ciudad, estoy en Barracas, en la (comisaría) 4D", así inició Miño su relato en el video, en el que se la ve sentada junto al letrado y llorando de manera permanente.

La policía relató lo que, según ella, sucedió aquel miércoles cerca de las 9.50 de la mañana, cuando recibió una modulación "de un enfrentamiento armado con la Brigada de Policía de la Ciudad en Iriarte y Vélez Sarsfield".

"Eran cuatro masculinos armados dándose a la fuga en una (Volkswagen) Suran azul, lo cual con mi compañera fuimos sobre (la calle) Alvarado en ayuda de mis compañeros y cuando llegamos a Alvarado y Perdriel ya estaba la Suran estacionada. Se les pidió que descienda al chofer del vehículo (...) los chicos ya estaban abajo, uno se da a la fuga y los compañeros decían 'le dispararon a mi amigo, no dijeron que eran policías, eran chorros'", recordó.

Miño, oriunda de la provincia de Corrientes, dijo que hace tres años vino a Buenos Aires "en busca de un futuro para ayudar" a su familia y que tras el hecho está pasando "un mal momento". "Lamento muchísimo la pérdida de Lucas, pero yo no tengo nada que ver", afirmó.

"Se siente el odio de la gente, por tres personas que hicieron algo mal. No todos son iguales, no todos hacemos lo mismo, yo no tengo nada que ver con lo que pasó", agregó.

Consultado por Télam, el defensor de Miño indicó que aguardará la resolución del juez de Instrucción porteño Martín Del Viso sobre la eximición de prisión presentada, la que ya fue rechazada por el fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella.

Además de Miño, se encuentran acusados de encubrimiento y detenidos el comisario Juan Romero y el subcomisario Roberto Inca, a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; y el comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y la oficial Micaela Fariña, todos efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, quienes serán indagados mañana.

En tanto, acusados del homicidio de Lucas están el inspector Gabriel Alejandro Isassi (40), el oficial mayor Fabián Andrés López (46) y el oficial Juan José Nieva (36), quienes se encuentran detenidos en el marco de la causa caratulada "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; falsedad ideológica y la privación ilegal de la libertad".

Los padres de Lucas González pidieron que se someta a juicio político por "mal desempeño de sus funciones" al juez de Menores que dispuso la detención de los tres jóvenes que acompañaban a la víctima al momento del hecho y que "omitió" la de los efectivos imputados del crimen.

CB con información de Télam

La doble vara de la violencia estatal

La doble vara de la violencia estatal

En la madrugada del lunes 8 de noviembre, en la ciudad de Corrientes, Lautaro Rosé (18) y un amigo corrieron asustados ante una persecución policial. Lautaro cayó al río Paraná. Suplicó a los policías que lo auxiliaran, porque no sabía nadar. Lo dejaron allí. Se ahogó.

Lo mismo le había pasado a Ezequiel Demonty (19), el 14 de setiembre de 2002. Aquella vez fue en el Riachuelo. Un grupo de policías federales, después de pegarle a él y a dos amigos, los tiraron a las aguas putrefactas. Ezequiel suplicó auxilio. Le respondieron: Nadá, nadá. Ezequiel no sabía nadar y se ahogó.

El viernes 12 de noviembre dos pibes de 15 y 16 años murieron “en un tiroteo con la policía”, dijeron fuentes de la bonaerense y de la justicia provincial, que no es lo mismo pero es igual. Fue en González Catán. Pasó casi desapercibido como un hecho más de “inseguridad”. No sabemos los nombres de los chicos siquiera.

El miércoles 16 de noviembre por la mañana Lucas González (17) y sus amigos volvían de jugar al fútbol. Una brigada parapolicial los persiguió y los tiroteó. Dos balazos en la cabeza mataron a Lucas.

Durante las primeras horas la información definía al baleado como “un delincuente”, y un juez de menores mandó presos a sus compañeros, en base a la información policial y sin escucharlos. Esos chicos estuvieron encerrados durante un día con la ropa todavía manchada por la sangre de Lucas. Al pasar de las horas, la supuesta persecución a ladrones fue cayendo como argumento justificatorio del accionar policial. No había más criminales que los propios policías de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el primer momento en que el crimen sucedió, la familia de Lucas aclaró de múltiples maneras que su hijo no era un delincuente. Lo describieron como un pibe hermoso, de estampa futbolera, que todavía conservaba costumbres de niño –tomar la chocolatada con sus galletitas preferidas, mimosear con su mamá- y soñaba con hacer las mejores jugadas en una cancha profesional. Denunciaron que la policía y los médicos del hospital público Penna, al que fue llevado en primera instancia, “lo trataron como un delincuente”. La mayoría de los medios de comunicación, los funcionarios públicos, el abogado de la familia, incluso el propio presidente de la Nación, en un tuit que luego rectificó, hicieron alusión a su condición de “inocente”.

Las palabras y los sentimientos de la familia de Lucas son comprensibles: en medio de un dolor indecible e inimaginable para quienes no lo padecimos, necesitan liberar a su hijo de acusaciones falsas. Solo que subyace allí un razonamiento que es común en una parte importante de nuestra sociedad: que quienes cometen o intentan cometer delitos se merecen formas de violencia estatal, porque se las buscan. No las consecuencias lógicas de la detención, el juzgamiento y la pena, sino cuotas de dolor e incluso de muerte que no son legales, que están jurídicamente prohibidas, pero que se consideran casi como derivación de su oficio de delincuentes. Si Lucas hubiera sido un pibe chorro; si Lucas y sus amigos hubieran estado huyendo luego de intentar o consumar un robo, una entradera o una agresión, la acción de los tres policías no se hubiera puesto en cuestión, incluyendo los balazos mortales en la cabeza. Esa justificación escalaría a niveles prácticamente inobjetables si los adolescentes hubieran cometido un homicidio. No habría horas de televisión y de radio, kilómetros de papel, litros de tinta para debatir si es correcto que policías de civil anden armados por las calles, persiguiendo gente a los balazos. Incluso, quizá, se vería como un aporte a la seguridad y a la prevención del delito. El problema es que maten a un inocente, no que maten.

Esa doble vara, esa distinción entre víctimas de distinta categoría, podemos verla en muchos otros casos. Uno es el de la Masacre en el Pabellón Séptimo. El 15 de marzo de 1978, un día después de que el Servicio Penitenciario Federal masacrara con fuego, humo, balas y golpes a 65 presos en el Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto, la dictadura y sus cómplices se apuraron a decirle al mundo que el hecho no había sido tan grave: "(El Juez) Guillermo Rivarola recorrió el penal, según crónica del SPF junto con el Ministro de Justicia, Brigadier Auditor D. Julio Arnaldo Gómez, Director Nacional del SPF, Coronel (RE) D. Jorge Antonio Dotti y autoridades de la institución, quienes comprobaron que los muertos y lesionados lo fueron únicamente como consecuencia de quemaduras y asfixia, no existiendo ninguno con lesiones de bala. Asimismo, déjase expresa constancia que en los sucesos acaecidos no tuvo participación la población de internos alojados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional", contaba el diario Clarín. En el epígrafe se aclara explícitamente: “Se informó que en el lugar había delincuentes comunes”.  

La dictadura y sus voceros le decían al mundo que lo sucedido no era tan grave porque no se habían masacrado presos ni presas políticas –eso eran los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, conocidos entonces como los presos PEN- , sino solo presos comunes. Sabían que, a un mes y medio de que se iniciara el Mundial de fútbol en nuestro país, una matanza de presos políticos generaría reclamos internacionales que la muerte igualmente horrible de delincuentes comunes no provocaría. Esa doble vara se tradujo en que recién en el año 2014, y solo después de que lo reclamara un sobreviviente y luego otros, y familiares a quienes un grupo de abogadxs acompañamos jurídicamente, esa masacre –etiquetada como “motín de los colchones”- no se consideró ni se investigó como un delito de lesa humanidad. Aun hoy, algunos organismos de derechos humanos y sectores del poder judicial no la ven como tal. 

La doble vara de la violencia estatal, la idea de que policías o médicos de un hospital público o integrantes de un servicio penitenciario pueden justificar sus balas, su destrato o sus masacres si se trata de delincuentes “comunes” invade como mancha venenosa a una parte de la sociedad, de los medios de comunicación y de la dirigencia política en todas sus expresiones y de modo transversal. Y la tolerancia a las prácticas cotidianas que ejecutan las fuerzas policiales y de seguridad con ese bill de indemnidad –desde andar de civil persiguiendo autos, hasta obligar a vaciar todo el baúl a veraneantes que viajan a Santa Teresita; desde tirar a una persona detenida al piso sin más sentido que humillarla, hasta armar causas en el marco de “tareas de investigación”- son la argamasa con la que se construyen, una y otra vez, esos crímenes que solo nos conmueven cuando la víctima no hizo nada para buscarse la muerte. Las otras, las víctimas culpables, algo habrán hecho. 

CC

Un fiscal federal de Córdoba a juicio por pedir coimas

Un fiscal federal de Córdoba a juicio por pedir coimas

"No queremos patearles la puerta”, le advirtió un empleado de los Tribunales Federales de San Francisco a Pablo González, un dirigente de la Cooperativa Tambera Las Cañitas de El Tío. González, como muchos otros productores, tenía “problemas de papeles” y necesitaba ponerse al día con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Un amigo le sugirió que contactara al fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, y el funcionario judicial envió a Darío “Paco” Rivarola, un empleado raso de su fiscalía, pero de su máxima confianza, a entrevistarse con el cooperativista de El Tío.

Tras varias reuniones con González, la solución propuesta por el enviado del fiscal Viaut fue el pago de una coima: Si podemos hacer algo, que no sea con las cosas a medias; si se puede hacer algo que lo hagamos bien, cosa que no quede nada, que quedes limpio, limpio, limpio, pero después a cuidarse”, le advirtió Rivarola al gerente de la cooperativa. El pedido de coima fue de más de $ 2 millones y González respondió que iba a discutir la propuesta con los otros directivos y darle una respuesta.

El Tío es un pueblo del este cordobés, de poco más de 2.000 habitantes ubicado sobre la Ruta 19, a 76 kilómetros de San Francisco y a 132 de esta Capital, el corazón de la cuenca lechera que comparten las provincias de Córdoba y Santa Fe.

A raíz de esta negociación irregular, desde los Tribunales Federales de Córdoba se ordenó una investigación y se descubrió, además, que el fiscal federal Viaut “asesoró” a los familiares de un joven imputado por abuso sexual para lograr una mejor defensa. A principios de 2022, luego de la feria judicial de verano, el fiscal federal de San Francisco será juzgado por los delitos de concusión agravada y tráfico de influencias. Ni bien fue imputado, Viaut solicitó licencia.

En julio de 2020, en plena cuarentena por la pandemia del Covid-19, el cooperativista Pablo González - acompañado de su abogado Juan Alberione- denunció en la Fiscalía General Federal de Córdoba, que el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, le había querido cobrar una coima para frenar una causa judicial y que el enviado a negociar fue Rivarola, un empleado judicial de máxima confianza del fiscal.

En una entrevista con el diario Perfil, Viaut reconoció su amistad y vínculo con su empleado y negociador Rivarola: Es ordenanza de la fiscalía y tenemos una relación de amistad. Es una persona que por el tema del fútbol, conoce desde el intendente hasta los presos. Incluso nos consiguió teléfonos de gente investigada, para intervenir. Es una persona muy conocida de la localidad”.

Luego de recibir la denuncia del cooperativista González, el fiscal general cordobés Carlos Casas Nóblegas dispuso que la fiscal de Villa María, María Marta Schianni, se encargara de investigar el accionar de su colega de San Francisco.

Durante nueve meses, en silencio y con minuciosidad, la fiscal federal de Villa María se dedicó a investigar a su par de San Francisco, sospechado de extorsionar y cobrar coimas. A principios de mayo pasado, la fiscal Schianni le solicitó al juez de Villa María, Roque Rebak, la elevación a juicio de la causa contra su par Luis María Viaut por dos hechos: uno donde se investiga el tráfico de influencias para beneficiar a la Cooperativa Tambera Las Cañitas -sospechada de estafas y fraude-; y otro para agilizar la libertad de un joven detenido por abuso. Para evitar filtraciones, porque el sospechoso era otro fiscal federal, la fiscal Schianni compartimentó su trabajo.

Desde Córdoba, los jueces de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones, Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, confirmaron el procesamiento y la elevación a juicio contra Viaut, acusado de tráfico de influencias y concusión agravada, esta última figura es similar a un cohecho o pedido de coimas con la promesa de beneficiar a un investigado.

Apenas un mes después de haberse iniciado la pesquisa, el fiscal Viaut fue noticia nacional junto a sus colegas de la ciudad de Córdoba, Maximiliano Hairabedian y Enrique Senestrari: el 31 de agosto de 2020, luego de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por evasión fiscal de $ 430 millones a través de la generación de facturas truchas, la Justicia Federal de Córdoba y San Francisco ordenó un megaoperativo con 93 allanamientos y 33 sospechosos detenidos, entre empresarios y contadores de las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los fiscales Hairabedian, Senestrari y Viaut decidieron poner en marcha ese megaoperativo en el marco de una investigación por asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta. Se sospechaba que Viaut podría haber utilizado el pretexto de esta denuncia de AFIP para apretar a los directivos de la Cooperativa Tambera Las Cañitas.

En esta megacausa con 33 detenidos no hubo ni un solo sospechoso ligado a la cooperativa de El Tío (ni hay ni hubo una investigación contra González ni el resto de sus directivos). “Si bien se invocó la existencia de una supuesta investigación penal, extremo que dotó de verosimilitud a la intimidación, fue precisamente la función pública que ostentaban los sujetos activos que abusaron de su autoridad, el requisito suficiente para la configuración del tipo penal”, dictaminaron los jueces de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones.

El propio González le contó a elDiarioAR que lo hicieron “vivir momentos difíciles". "Me dijeron que tenía el teléfono pinchado, que nos iban a allanar nuestras casas, la Cooperativa; me mostraron una causa donde yo estaba involucrado con facturas apócrifas y demás. Yo tuve que explicarle a mi familia lo que nos estaba pasando. Incluso me dijeron que Gendarmería me seguía”, relató.

A fines de septiembre de 2020, Viaut volvió a estar en todos los medios de San Francisco y el departamento San Justo: había ordenado operativos contra el narcotráfico, que terminaron con la detención de Pablo Esser, presidente de Sportivo Belgrano, el club más importante de la zona. El dirigente deportivo es dueño de una financiera, que utilizaría para meter el dinero del narcotráfico en el circuito legal. Brian Requena, uno de los ex jefes de la barra de Sportivo, también fue detenido. En total hubo nueve detenciones de sospechosos de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

San Francisco y su vecina Frontera, en Santa Fe, son una zona roja del narcotráfico. Ambas ciudades están separadas por una avenida, una vereda está en Córdoba y la otra en Santa Fe.

Tres meses después de ser detenido, a Esser le dictaron la falta de mérito por el delito de “financiación al narcotráfico”, aunque siguió procesado como “presunto partícipe primario de comercialización de estupefacientes” y “lavado de activos de origen delictivo”. Seis de los integrantes de la organización están presos en la cárcel de San Francisco y tres están con prisión domiciliaria.

 Cuando los movimientos judiciales por la denuncia de AFIP y el narcolavado se calmaron, la fiscal María Marta Schianni volvió a la acción y logró desentrañar cómo había sido el modus operandi de Viaut. La investigación incluyó escuchas telefónicas que comprometen a los dos sospechosos, además del secuestro de teléfonos, computadoras, documentos y otros elementos de prueba. En un allanamiento en el despacho del fiscal Luis María Viaut fueron secuestrados U$S 8.900 y $ 843.500.    

El propio fiscal investigado le dijo a los medios que los allanamientos realizados en diciembre de 2020 por efectivos de la Delegación Villa María de la Policía Federal Argentina (PFA) en su despacho y su casa, además de otros domicilios ligados a la causa, “son los avatares de la labor que uno lleva adelante y hay que pasarlo”.

Algunas de las conversaciones, que fueron grabadas y constan en el expediente, además de los chats vía WhatsApp, se realizaron al teléfono de un intermediario: Santiago Badino.

El propio denunciante González declaró ante la Justicia que Badino, un profesor de educación física conocido suyo, se ofreció a gestionar una reunión con el fiscal de San Francisco: “Sos macanudísimo, yo los quiero ayudar”, le dijo Badino, según la declaración del cooperativista. Y fue Badino quien le presentó a Darío “Paco” Rivarola, el negociador enviado por el fiscal Viaut.

Badino y Rivarola -era delegado del gremio de Judiciales- se conocen porque juegan al fútbol juntos. En el voluminoso expediente está consignado que en las comunicaciones telefónicas y en las reuniones que mantuvo González con Rivarola en el domicilio de Santiago Badino en El Tío, y en una estación de servicio sobre la Ruta 19 -en uno de los ingresos a la localidad de Devoto-; el empleado judicial enviado por el fiscal Viaut sugirió que la gestión llegaría a buen término si pagaba una suma cercana a los $ 2,5 millones. Y para meterle miedo le dijo sin eufemismos: “No queremos patearles la puerta”, dándole a entender que la cooperativa y los domicilios de los directivos podrían ser allanados por fuerzas federales.

En el expediente quedó expuesto que “Paco” Rivarola no actuaba como líbero, sino que recibía órdenes del fiscal Viaut, quién proponía solucionar las irregularidades de manera ilegal: Habría que hacer desaparecer una cosita…”, se lo escucha al propio fiscal de San Francisco. Y cuando hablan del monto a cobrar por la gestión ante la Cooperativa Tambera Las Cañitas, Viaut se muestra, según sus propias palabras: …Enloquecido, no, no, no, soy como un león enjaulado (…) el número es una cosa de locos …”.

El preparador físico Badino, que ofició de contacto entre el cooperativista González y el fiscal federal Viaut declaró ante la fiscal María Marta Schianni y el juez Roque Rebak que él estuvo presente en las reuniones, que su intención fue ayudar a González y que nunca sospechó que las reuniones terminarían en un pedido de coimas. Santiago Badino fue imputado y ya fue sobreseído definitivamente en esta causa.

 El camarista federal Abel Sánchez Torres, que le dio curso a la investigación de la fiscal y el juez federal de Villa María evaluó la situación de los dos sospechosos y sostuvo que hubo un aprovechamiento de la posición funcional de Viaut (ser fiscal federal); a la vez que analizó las comunicaciones y las escuchas solicitadas por la fiscal Schianni y ordenadas por el juez Rebak y avaló la investigación al sostener que “dan cuenta de maniobras que se caracterizan por su habitualidad y que demostrarían la existencia de un modus operandi para acercar propuestas ilícitas a terceras personas, con el fin de obtener aparentes beneficios económicos y que según se advierte de las constancias de la causa, los hechos que se ventilan en los presentes no serían la excepción”.

Para el camarista Sánchez Torres, el uso de la red de mensajes WhatsApp, que está encriptada y no permite el acceso a su contenido, incluso a la Justicia, “revela el conocimiento de la ilicitud del modus operandi desplegado”.

 La otra causa por la que será juzgado el fiscal Luis María Viaut es por el cobro de US$ 17.100, que el empresario Víctor Brugnoni le entregó para que el fiscal federal de San Francisco lograra la liberación de su hijo José Agustín Brugnoni (23), detenido e imputado por abuso sexual por la Justicia provincial de Córdoba. Ese monto sería el primer pago de un total de US$ 250 mil, la suma total sería completada cuando el joven acusado de violación recuperara su libertad.

En este segundo hecho, además del fiscal federal de San Francisco fueron investigados e imputados como intermediarios Gerardo Agustín “Coco” Panero y Walter Gustavo Fattore; mientras que Brugnoni fue acusado de pagador de la coima, delito tipificado como cohecho activo.

La madrugada del 25 diciembre 2019, luego de concurrir a un boliche de la localidad de Laborde, José Agustín Brugnoni, habría violado a una chica; aprovechado que la víctima había bebido de más. Luego de que la chica denunció al joven Brugnoni, la fiscalía de Bell Ville libró una orden de detención en su contra, pero el muchacho ya había fugado. Fue detenido cinco días después en Formosa, y los investigadores sospechan que quería profugarse a Paraguay y luego a Brasil, país con un largo historial de negativas a los tratados de extradición. Ya en 2020, el sospechoso fue alojado en la cárcel de Villa María, a 129 kilómetros de Laborde.

Para lograr mejorar la situación procesal de su hijo y su libertad, en agosto del año pasado Víctor Brugnoni se contactó con Walter Fattore, un vecino de Pozo del Molle, y éste a su vez le contó a Gerardo “Coco” Panero, un carnicero de la localidad de Las Varillas, sobre las necesidades de su amigo. Panero, quien es amigo de Viaut, contactó al fiscal con el empresario.  

Nuevamente, “Paco” Rivarola apareció negociando en nombre de su jefe, y la cifra exigida fue de US$ 250 mil.

El propio fiscal Viaut reconoció en una rueda de prensa haber prestado asesoramiento jurídico, aunque aclaró que no conocía a los funcionarios judiciales de Bell Ville, donde se investigaba el abuso sexual denunciado contra Brugnoni hijo, por lo tanto no pudo cometer el delito de tráfico de influencias: “Un amigo de Las Varillas me llama y me dice que hay un hombre con un problema y que si bien tiene su abogado, quiere ver de qué manera puede liberar a su hijo, buscaba asesoramiento”.

Como si no se tratara de un fiscal federal, Viaut dio una explicación burda sobre su comportamiento: “(Brugnoni) si bien tiene su abogado, quiere ver qué manera puede haber para liberar al hijo. Buscaba asesoramiento, una presentación, algo lógico cuando está en una situación comprometida. Como cuando uno tiene un problema de salud grave: tiene al médico, pero apela a la curandera para salvarse. En este caso, se solicitó un dinero para las gestiones, se trató de asesorarlo”. El fiscal también les dijo a los periodistas que la plata se dividió con Panero y Fattore.

 En una de las escuchas telefónicas solicitadas por la fiscal María Marta Schianni, el empleado judicial Rivarola le cuenta a su jefe que llevaba “lechuga”, en referencia a los dólares pagados por Víctor Brugnoni. En otras intervenciones, los sospechosos hablan de “chorizo” o “salames”, claves utilizadas para referirse a los pagos ya recibidos. También en las grabaciones se lo escucha al fiscal Viaut hablar de “dos kilos”, que podrían ser “dos millones”, según sospecha la fiscal Schianni. El empleado judicial Rivarola, en tanto, también contesta en clave: “tarros” o “latas” serían miles de pesos o dólares.

En el expediente figuran los diálogos entre el fiscal Viaut y el resto de los sospechosos. Por caso, en el “Llamado 45”, que aparece en el “CD N° 7”, los interlocutores son “Doc” y “Coco”: allí, Viaut (“Doc”) se ríe por cómo “Paco” (Rivarola) consiguió cobrar los primeros US$ 17 mil; a lo que Panero (“Coco”) asiente: “Lo que pasa que “Paco” tiene una labia”.

También “Coco” Panero le pregunta a “Doc” Viaut: ¿Llegaron bien los bille..?”. Rápidamente el fiscal lo interrumpe y no lo deja seguir: “Sí, todo llegó excelente”.

Panero le contó a Viaut que se quedó “con siete” y que le dio a una tercera persona “otros tres”; refiriéndose a miles de dólares.

Sobre la situación de Luis María Viaut al frente de la fiscalía federal de San Francisco, la fiscal Schianni señaló a elDiarioAR: “Ese es un resorte administrativo que depende de la Procuración General de Justicia de la Nación. Se abrirá alguna medida disciplinaria para investigar y analizar su situación, no está previsto su apartamiento, además como lo expresa la Constitución Nacional todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Hay funcionarios públicos que son investigados y al no tener condena firma continúan en sus funciones”.

El Régimen Disciplinario del Ministerio Público Fiscal considera como faltas graves cometidas por los funcionarios y magistrados “asesorar o evacuar consultas fuera de los casos inherentes al ejercicio de su función” y “recibir dádivas, concesiones o gratificaciones de cualquier clase por la realización de sus funciones, en tanto ellas revistan de entidad en su valoración material”. A la vez, señala las sanciones disciplinarias que pueden recibir: “Apercibimiento; Multa de hasta el 20% de sus remuneraciones mensuales; Suspensión hasta por 30 días sin goce de sueldo y la Remoción de su cargo”; que aplica en el caso del fiscal federal de San Francisco.

Desde diciembre de 2020, Viaut está de licencia, cobra sus ingresos y lo reemplaza en sus funciones la fiscal Schianni.

GM