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La baja de la imputabilidad suma críticas de la Iglesia mientras el Gobierno de Milei impulsa el debate legislativo

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal sumó este sábado una nueva intervención de peso. La Conferencia Episcopal Argentina fijó posición frente al proyecto impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que una reforma centrada únicamente en reducir la edad de responsabilidad penal resulta insuficiente para abordar la complejidad del delito juvenil. El pronunciamiento se conoció en medio del avance oficial para instalar el debate en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

En un comunicado titulado “Más oportunidades que penas”, la Iglesia expresó su solidaridad con las víctimas de hechos delictivos y sus familias, pero señaló que el foco exclusivo en la sanción penal puede invisibilizar factores estructurales como la exclusión social, la falta de oportunidades educativas y la ausencia de acompañamiento estatal. Según el documento, una respuesta eficaz debe contemplar políticas de prevención y contención que vayan más allá del castigo.

El texto retoma cuestionamientos ya formulados por la Pastoral Social en 2025, entre ellos el destino que tendrían los menores en caso de aprobarse la reforma y la capacidad real del sistema para garantizar procesos de educación y reinserción social. También plantea dudas sobre la infraestructura disponible en las provincias y la aptitud de las instituciones penitenciarias para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley.

La Conferencia Episcopal remarcó la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada integral y humanizada, orientada a la recuperación y no solo a la sanción. En ese marco, evocó la figura de san Juan Bosco y los 150 años de presencia salesiana en el país, destacando un modelo pedagógico basado en la cercanía, la educación, el trabajo y la vida comunitaria como herramientas clave para el desarrollo de los jóvenes.

Los obispos también insistieron en la importancia de fortalecer las políticas educativas y comunitarias y de consolidar estrategias preventivas sostenidas en el tiempo. Subrayaron, además, que la prevención del delito juvenil requiere del compromiso de las familias, de una comunidad activa y de un Estado con capacidad de intervención. El comunicado fue firmado por las principales autoridades de la Comisión Ejecutiva de la CEA.

Mientras tanto, el Gobierno nacional avanzó con el envío del proyecto al Congreso, en un contexto atravesado por el impacto social del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, un caso que reactivó el debate público sobre la responsabilidad penal de los menores. Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca acercar la legislación argentina a la de otros países de la región, donde la imputabilidad comienza a edades más tempranas.

Luego del recambio legislativo, la iniciativa perdió estado parlamentario y deberá ser tratada nuevamente desde el inicio. Sin embargo, referentes de La Libertad Avanza anticiparon que intentarán reconstruir los acuerdos alcanzados en la discusión anterior, con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales. El proyecto establece los 14 años como edad mínima de responsabilidad penal y fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos de extrema gravedad, excluyendo en todos los casos la prisión perpetua.

La propuesta pone el acento en medidas alternativas a la cárcel para los delitos de menor gravedad, como tareas comunitarias, restricciones de contacto con las víctimas o reparación del daño, y reserva la privación de libertad para situaciones excepcionales. También contempla la creación de institutos especializados para menores, con acceso a educación, atención sanitaria y tratamiento de adicciones, además de la prohibición de su alojamiento junto a presos adultos.

La iniciativa abrió además un frente de discusión con los gobernadores, que reclaman financiamiento específico para la infraestructura necesaria. A su vez, incorpora herramientas como la mediación penal juvenil, programas de formación y asistencia psicológica, y un régimen diferenciado para inimputables, junto con mayores garantías para las víctimas.

Con información de agencias y medios

JIB

Migración y alineamiento con Trump: Javier Milei desmiente un acuerdo que Estados Unidos no descarta

El presidente Javier Milei desmintió cualquier negociación con Estados Unidos para que la Argentina reciba inmigrantes deportados, luego de que se difundieran versiones periodísticas que vinculaban a ambos gobiernos en un acuerdo migratorio. La aclaración llegó tras la publicación de un artículo del New York Times que daba cuenta de conversaciones avanzadas entre Washington y Buenos Aires.

La desmentida presidencial se produjo a través de un retuit del analista Alejandro Sarubbi Benítez, quien compartió la nota del diario estadounidense. Javier Milei calificó la información como “100% falsa” y buscó poner freno a la polémica.

Sin embargo, según el New York Times, Estados Unidos y la Argentina estarían negociando un entendimiento que permitiría al gobierno de Donald Trump enviar a territorio argentino a inmigrantes deportados de terceros países. La información, atribuida a dos personas con conocimiento directo de las tratativas y a documentos internos de la administración estadounidense, señala que los extranjeros serían trasladados a Buenos Aires como escala previa a su regreso a los países de origen. El acuerdo, aclara el medio, aún no fue formalmente cerrado.

El diario neoyorquino indicó además que la Argentina aceptaría el ingreso de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense. Esta versión fue confirmada al medio por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que conduce Kristi Noem. El objetivo central de la Casa Blanca sería acelerar las deportaciones en el marco de la política migratoria restrictiva impulsada por Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato.

Consultadas por la prensa local, fuentes de la Cancillería argentina evitaron hacer comentarios sobre la existencia de negociaciones. La misma postura adoptaron la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y el Departamento de Estado, que se limitaron a señalar que la implementación de la política migratoria del gobierno de Trump constituye una prioridad.

De acuerdo con los documentos citados por el New York Times, dentro del Gobierno argentino se manifestaron reparos ante el posible impacto negativo en la opinión pública, así como preocupaciones vinculadas a los costos financieros, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario. También se mencionan limitaciones de infraestructura para alojar y trasladar a los migrantes, además de la tensión que un acuerdo de este tipo podría generar con la propia política oficial de control migratorio.

En paralelo, en la Casa Rosada reconocieron que durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad existieron sondeos informales por parte de autoridades estadounidenses, aunque sin avances concretos. Según fuentes oficiales, las dudas estuvieron asociadas al impacto social y político que podría provocar la llegada de personas de otras nacionalidades, en un país con una tradición migratoria distinta a la de otros Estados que ya firmaron acuerdos similares, como El Salvador o Panamá.

El eventual pacto se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Trump para cerrar acuerdos con países aliados y utilizar terceros territorios como escala para las deportaciones. Según el medio estadounidense, esta modalidad busca enviar un “mensaje disuasorio” a quienes intenten cruzar ilegalmente la frontera y facilitar la expulsión de migrantes provenientes de países con los que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas limitadas o enfrenta dificultades para obtener documentación de viaje.

El artículo también sostiene que el interés de Javier Milei en avanzar con este entendimiento reflejaría su voluntad de profundizar la alianza política con Donald Trump, aun cuando el acuerdo pueda resultar controvertido a nivel local. En ese marco, se menciona que el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, presentó a comienzos de enero una propuesta formal para instrumentar el mecanismo, con el aval del canciller Pablo Quirno.

Por el momento, no existe confirmación oficial ni plazos definidos. Mientras tanto, el posible acuerdo abre un nuevo frente de debate sobre el rol de la Argentina en la política migratoria regional y el alcance de su alineamiento con Estados Unidos en un tema particularmente sensible.

Con información de medios

JIB

El Gobierno negocia con EE.UU. un acuerdo para recibir inmigrantes deportados, según The New York Times

Estados Unidos y la Argentina estarían en conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría al gobierno de Donald Trump enviar a inmigrantes deportados de terceros países al territorio argentino. La información fue revelada este viernes por The New York Times, que citó a dos personas al tanto de las negociaciones y documentos internos de la administración estadounidense. El entendimiento, que aún no fue cerrado, habilitaría a que los extranjeros sean trasladados a Buenos Aires para luego tomar vuelos hacia sus países de origen.

Según el diario neoyorquino, Argentina aceptaría el ingreso de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense. La versión fue confirmada al medio por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado por Kristi Noem. El objetivo central de la Casa Blanca sería acelerar las deportaciones en el marco de la política migratoria endurecida impulsada por Trump desde el inicio de su segundo mandato.

Consultadas por la prensa local, fuentes de la Cancillería argentina evitaron hacer comentarios. Desde la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y el Departamento de Estado repitieron la misma fórmula de silencio, aunque remarcaron que la implementación de las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad.

De acuerdo con los documentos citados por The New York Times, el Gobierno de Javier Milei expresó reparos internos ante la posibilidad de una reacción negativa de la opinión pública, así como preocupaciones vinculadas a los costos financieros, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario. También se mencionan limitaciones de infraestructura para alojar y trasladar a los migrantes, además de la tensión que el acuerdo podría generar con la propia política oficial de control migratorio en la Argentina.

En la Casa Rosada reconocieron, en paralelo, que durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad hubo sondeos informales por parte de autoridades estadounidenses, aunque sin avances concretos. Las dudas, señalaron fuentes oficiales, estuvieron vinculadas al impacto social y político que podría generar la llegada de personas de otras nacionalidades, en un país con una tradición migratoria distinta a la de otros Estados que ya firmaron acuerdos similares, como El Salvador o Panamá.

El eventual pacto se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Trump para sellar acuerdos con países aliados y utilizar terceros territorios como escala para deportaciones. Según el diario estadounidense, esta modalidad busca enviar un “mensaje disuasorio” a quienes intenten cruzar ilegalmente la frontera y facilitar la expulsión de migrantes provenientes de países con los que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas limitadas o enfrenta dificultades para obtener documentación de viaje.

El artículo de The New York Times también subraya que el interés de Milei por avanzar en este entendimiento refleja su voluntad de profundizar la alianza política con Trump, aun cuando el acuerdo pueda resultar controversial a nivel local. En ese marco, se menciona que el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó a comienzos de enero una propuesta formal para instrumentar el mecanismo, con el aval del canciller Pablo Quirno.

Por el momento, no hay confirmación oficial ni plazos definidos. Mientras tanto, el posible acuerdo abre un nuevo frente de debate sobre el rol de la Argentina en la política migratoria regional y el alcance de su alineamiento con Estados Unidos en un tema especialmente sensible.

La carrera para llegar a fin de mes: la mitad de los hogares quema sus ahorros y saca préstamos para pagar un crédito

Durante 2025, el 48% de los hogares argentinos tuvo que desplegar algún tipo de estrategia para llegar a fin de mes. Así lo señala el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que registra un crecimiento sostenido de prácticas defensivas como el uso de ahorros, la venta de bienes personales y el endeudamiento, en un contexto de consumo deprimido y pérdida del ingreso.

“El fenómeno central hoy en la Argentina es el sobreendeudamiento de las familias”, señaló Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social. “Las familias se endeudan porque no les alcanza y terminan tomando una deuda para tapar la anterior; cuando entrás en ese circuito, deja de ser algo puntual y pasa a ser permanente”.

El informe muestra que la principal herramienta para solventar esta situación fue el uso de ahorros: el 35,3% de los hogares los destinó a cubrir gastos corrientes y el 9,4% vendió pertenencias. Además, uno de cada cuatro hogares se endeudó, ya sea con entidades financieras o con personas cercanas.

“En 2024 gasté todos mis ahorros para cubrir gastos básicos: vendí los dólares de años para sostener la prepaga y el colegio de mis hijos. El año pasado pedimos créditos y nos endeudamos. Mi esposa y yo trabajamos, pero no alcanza. Ahora sacamos crédito para pagar la deuda. Se volvió algo permanente, con la sensación de estar tapando agujeros mes a mes”, relató Carlos Fernández, 50 años, empleado administrativo en una pyme.

“Vendí la computadora, una bicicleta y algunos muebles para poder pagar gastos básicos y sostener a mis hijos durante 2025. De a poco empezás a desprenderte de cosas que necesitás y, de todas formas, no llegás”, contó Mariana Díaz, 42 años, empleada de comercio y madre de tres hijos.

Deudas para cubrir lo básico

Según el IAG, el endeudamiento ya no está asociado a consumos extraordinarios, sino a la necesidad de cubrir gastos esenciales. El porcentaje de hogares que se endeudan específicamente para “llegar a fin de mes” creció tanto frente al segundo trimestre de 2024 como en la comparación interanual con 2023.

“Hay tres cuestiones claras: los costos fijos altos, especialmente luz, gas y servicios básicos; el costo de los medicamentos, hoy desregulado; y el costo de los alimentos”, enumeró Arroyo. “Mucha gente el día 10 ya se quedó sin plata y empieza una carrera muy difícil para llegar a fin de mes”, agregó.

El informe identifica a los hogares de ingresos medios como los más tensionados: el 40% recurrió a ahorros, frente al 35% de los hogares de menores ingresos. También es mayor su acceso al crédito formal: el 18% se endeudó con entidades financieras, contra el 12% de los hogares de ingresos bajos.

Fernanda G. tiene 54 años y tiene una extensa carrrera como periodista. Hace más de 20 años que trabaja como editora en la misma empresa. Empezó vendiendo algunos dólares porque no estaba dispuesta a dejar de lado algunos “gustitos”. “Empecé a cambiar para pagar alguna pavada, un regalo para los chicos, ir a cenar un día, comprarme algo para mi. Primero fueron 100 dólares cada dos meses, después fueron 200 todos los meses, hasta que ya no eran solo para esos gustitos, era para llegar a fin de mes, pagar la prepaga o las expensas. De 200 pasé a 700 todos los meses hasta que los ahorros empezaron a desaparecer. Entonces empecé a vender la ropa que ya usábamos. Por mi trabajo viajo bastante y aprovecho a comprar afuera. Las cosas de H&M o de GAP acá las pagan bien. Vendí todo lo que podía pero ya no me quedó nada. Nada de nada, ni ahorros ni ropa ni aritos ni pulseras. Me ayudan mi viejos que tienen casi 90 años. Es muy angustiante y muy injusto”.

Morosidad en niveles récord

El avance del endeudamiento se refleja en los indicadores de morosidad, que alcanzaron un nuevo récord. Según el Banco Central, la mora de las familias llegó al 8,8%, el nivel más alto en más de 15 años, tras 13 meses consecutivos de aumento. El crecimiento se explica principalmente por el crédito al consumo y el fuerte incremento de la deuda con entidades no bancarias, en un escenario de caída del poder adquisitivo de los salarios.

En el circuito no bancario —que incluye billeteras virtuales como NaranjaX y Mercado Pago, además de financieras y casas de electrodomésticos— el atraso es mucho mayor y alcanza al 20,2%, según un informe de la consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto, elaborado a partir de datos oficiales.

“Me endeudé con una financiera para poder comprar los medicamentos que necesito todos los meses, porque con la jubilación ya no me alcanzaba. Al principio parecía un monto chico, pero con los intereses la deuda se volvió impagable y empecé a atrasarme. Hoy me llaman y me mandan avisos de embargo”, contó Elena de Tellería, 71 años, jubilada.

En ese segmento, el endeudamiento con entidades financieras creció 14% interanual y casi 67% frente a 2023. Al mismo tiempo, aumentó el uso del crédito para consumos cotidianos: en noviembre de 2025, el 44,6% de las compras en supermercados se pagó con tarjeta de crédito, el nivel más alto desde que existen registros.

“El circuito suele empezar pagando el mínimo de la tarjeta, después aparece la financiera del barrio, después otra, y eso termina en tasas del 500% anual”, advirtió Arroyo.

El deterioro del ingreso disponible aparece como un factor clave. Según el IAG, aunque los salarios del sector privado registrado recuperaron niveles nominales similares a los de 2023, el cambio en los precios relativos redujo el margen real tras pagar servicios y transporte. En el AMBA, esos gastos pasaron de representar el 4,8% del salario mediano al 10,5% en dos años.

Ese ajuste convive con un consumo en retroceso: las ventas en supermercados cayeron 10,2% real entre enero y noviembre de 2025 respecto de 2023, con descensos en 23 de las 24 jurisdicciones. En paralelo, la morosidad en tarjetas de crédito alcanzó el 7,4%, el valor más alto registrado por el Banco Central.

En ese contexto, bloques opositores de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley orientado al desendeudamiento de los hogares, con foco en los sectores medios y bajos. La iniciativa propone que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES otorgue créditos a una tasa menor a la del sistema financiero privado para cancelar deudas acumuladas y establecer una relación cuota/ingreso que no supere el 30%.

Para Arroyo, el impacto social ya es visible. “No hablo de explosión social, sino de implosión: gente que no llega, vive endeudada y revienta para adentro”, afirmó. Y concluyó: “Cuando el endeudamiento es masivo, es un problema de política pública. Sin un tope a las tasas de interés, no hay salida”.

LN/MG

Los excesos y los asesinatos de Minneapolis exhiben la debilidad de Trump

El 15 de enero, Donald Trump se levantaba con una amenaza a las 08.04 de la mañana: “Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la ley contra insurrecciones”. 

Habían pasado ocho días del asesinato de Renee Good en las calles de Minneapolis a manos de agentes federales. Y faltaban nueve para morir de 10 disparos a quemarropa por agentes del CBP el enfermero Alex Pretti.

Entre una muerte y otra, Donald Trump y su Administración siguieron pisando el acelerador represivo en Minneapolis. El comandante jefe de la Patrulla de Fronteras, Greg Bovino, se paseaba por Minneapolis como si estuviera en un saloon del viejo Oeste: se sabía protegido por su jefa, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el propio presidente, que no dejaba de amenazar a las autoridades locales y estatales de Minnesota, así como a la comunidad somalí y a la congresista Ilhan Omar.

Tanto es así, que tanto Bovino como Noem y el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, replicaron el relato del asesinato de Renee Good tras el tiroteo a Alex Pretti: “Era un terrorista interior” y “amenazaba la vida de los agentes”.

En un comunicado al Washington Post, Miller declaró que la información inicial que recibió sobre el tiroteo del Departamento de Seguridad Nacional se basaba en informes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Es decir, Miller culpó al equipo de Noem.

Con Renee Good, además, dijeron que era lesbiana, como si eso fuera un ingrediente más que justificara su asesinato.

Pero los vídeos pusieron en duda muy rápido la versión de la Administración Trump, y la propia secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, apartó a Trump de las afirmaciones de su equipo.

Aquello supuso una primera muestra de que la crisis estaba haciendo mella en un Trump que quiere mostrarse imbatible, pero que 48 horas después del asesinato de Pretti ya sabía que la posición más ultra tenía un recorrido muy corto.

Noem pidió una reunión con Trump el lunes por la noche, después de que el presidente anunciara que Homan asumiría las operaciones en Minnesota. La reunión duró varias horas y se habló de Minneapolis, según una de las fuentes. Por separado, Lewandowski y Homan, quienes ya habían tenido desacuerdos en el pasado, hablaron y acordaron trabajar juntos, añadió la misma fuente.

Trump ya había tomado una decisión: mandar a su zar fronterizo, Tom Homan, tan amante de la mano dura como Bovino, pero con unos aspavientos menos propios de la Europa de los años 30. Bovino era relevado –y, al tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional–, en lo que el comentarista MAGA Steve Bannon calificó como “retirada”.

“Este es un punto de inflexión: si cedes ahora, cederás para siempre. Si te arrodillas ahora, te arrodillarás para siempre”, añadió Bannon, exasesor de Trump, en su programa del miércoles: “No me importa cuántas personas tenga que deportar. No me importa en absoluto”.

El mundo MAGA empezaba a leer los movimientos de Trump como un paso atrás. Así, Homan, en su comparecencia en Minneapolis el pasado jueves, intentó navegar entre la mano izquierda –“vamos a hacer mejoras”, “los agentes se tienen que centrar en los objetivos” y “estamos haciendo un plan para reducir el despliegue”– y la mano derecha –“esto no es un repliegue en las políticas de Trump”, “la desescalada dependerá de la colaboración local y estatal”–.

Y en ese zigzaguear, el martes se produjo el ataque a la congresista Ilhan Omar, la persona más insultada y odiada por Donald Trump. Homan, quien no tuvo un solo gesto en su comparecencia para con Renee Good y Alex Pretti, acusó a la narrativa contra el ICE de alentar actos violentos contra los agentes. Pero no hizo la misma reflexión sobre la agresión a Omar.

Es más, el presidente de EEUU afirmó que fue la propia Omar quien tramó el ataque. En declaraciones a la ABC, Trump dijo que no había visto el video de la agresión y agregó: “No pienso en ella. Creo que es una farsante. Conociéndola, es probable que se haya hecho rociar a propósito”.

En una reunión del Gabinete este jueves, Donald Trump evitó dar la palabra a Kristi Noem, quien se encuentra en medio de las críticas por haberse lanzado contra Pretti en contra de lo que evidencian todos los vídeos publicados del asesinato. Y Noem se está enfrentando a una gran oposición en el Congreso, con la financiación de su departamento cuestionada por los demócratas, que están pidiendo su dimisión o censura.

En realidad, el presidente de EE.UU. sí se abonó a la teoría de que Pretti era “un pistolero” dispuesto a “causar el mayor daño posible”, algo que evidentemente desmienten los vídeos. Pero no llegó a calificar a Pretti de “terrorista”. Y este viernes ha vuelto a menospreciar al enfermero asesinado el sábado pasado a cuenta de un vídeo de hace unas semanas en el que se le ve dando una patada a un coche del ICE, como si esa agresión a un vehículo hace semanas fuera acreedora de diez disparos a bocajarro: a las 01.26 de la mañana ha publicado un Truth Social en el que decía: “Alex Pretti, agitador y hasta instigador de disturbios, ha visto su reputación caer en picado tras la publicación de un video en el que aparece gritando y escupiendo en la cara de un agente de ICE que se mantenía muy tranquilo y sereno, para luego patear con furia un vehículo oficial nuevo y muy caro, con tanta violencia que la luz trasera se hizo añicos. Fue una muestra de agresión y rabia descontrolada, a la vista de todos”.

Pero esa reacción agresiva de días atrás no tiene que ver con la acción de los dos agentes que asesinaron a Pretti, hasta el punto de que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación federal de derechos civiles sobre su muerte. “Estamos examinando todo lo que pueda arrojar luz sobre lo sucedido ese día y en los días y semanas previos”, ha declarado el fiscal general adjunto, Todd Blanche, este viernes.

Blanche no explicó por qué el Departamento de Justicia decidió abrir una investigación sobre la muerte de Pretti, pero afirmó que no se justifica una investigación similar en el caso de la muerte de Renee Good, ocurrida el 7 de enero, quien recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis.

Blance se ha limitado a decir que la División de Derechos Civiles no investiga todos los tiroteos en los que participan agentes, y que deben existir circunstancias y hechos que “justifiquen una investigación”.

El Departamento de Seguridad Nacional también informó el viernes que el FBI dirigirá la investigación federal, pero no concretó si el FBI compartiría información y pruebas con los investigadores estatales de Minnesota, quienes hasta el momento han sido excluidos de la investigación federal en otra muestra de la forma de gobernar autoritaria de Donald Trump.

Preguntado este viernes si creía que los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales en Minnesota eran el preludio de una suerte de guerra civil, a raíz de una indirecta del gobernador Tim Walz, Donald Trump ha dicho: “Son insurrectos y agitadores, y están pagados, y se nota por muchas razones. En primer lugar, son profesionales. Y sabemos, o casi sabemos, quién está financiando todo esto. Son insurrectos pagados, alborotadores pagados. Pero fui elegido por una victoria aplastante. Fui elegido por la ley y el orden. Fui elegido por una frontera fuerte. Y solo puedo decir, y lo diremos muy claramente: las elecciones tienen consecuencias. La gente quiere ley y orden, y tenemos una mayoría silenciosa que no sale a manifestarse ni a causar disturbios, pero le gusta lo que estamos haciendo”.