Ciudad Autonoma Buenos Aires

Noticias de Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Causa $LIBRA: la fiscalía anticorrupción pidió reabrir la investigación contra Milei y cuestionó las pruebas que quedaron pendientes

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, solicitó que se deje sin efecto el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros nueve imputados en la causa $LIBRA, al considerar que la investigación fue cerrada de manera prematura y que todavía existen numerosas medidas de prueba pendientes. El organismo especializado en hechos de corrupción asumió el ejercicio de la acción penal y presentó, además, un recurso de apelación en subsidio para que intervenga la Cámara Federal si la Justicia rechaza su pedido de reapertura.

La presentación, firmada el 29 de octubre, cuestiona la resolución dictada el viernes 23 por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había dispuesto el sobreseimiento de los once investigados a pedido del fiscal Eduardo Taiano, bajo el argumento de que los hechos denunciados no constituían delito.

Para la PIA, en cambio, los elementos reunidos hasta el momento no permiten descartar la existencia de una maniobra defraudatoria. El organismo sostiene que la causa todavía se encuentra en una etapa de recolección de pruebas y que no corresponde disponer un cierre definitivo cuando quedan aspectos centrales sin esclarecer.

“En consideración de esta Procuraduría, de las propias constancias analizadas por el magistrado interviniente respecto de la solicitud de sobreseimiento por parte del fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N° 8, surge que la evidencia recolectada en el expediente requiere la profundización de la investigación de la prueba obtenida”, señala el escrito.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a los estudios sobre las operaciones con criptomonedas. Según la presentación, algunas tareas de trazabilidad financiera no pudieron completarse porque una dependencia del Ministerio Público Fiscal carecía de las licencias necesarias para utilizar determinadas herramientas informáticas. La PIA advirtió que la resolución judicial no explica si se buscaron alternativas para continuar esos análisis.

También cuestionó que se haya considerado agotada la cooperación internacional después de que las autoridades de Estados Unidos rechazaran un pedido de asistencia por entender que la información aportada era insuficiente para establecer una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros solicitados.

Para Rodríguez, esa respuesta no constituye un impedimento definitivo, ya que todavía podrían obtenerse nuevos elementos mediante los peritajes pendientes, entre ellos los análisis forenses de teléfonos celulares.

Los chats borrados, las cajas de seguridad y las visitas a la Casa Rosada

La presentación dedica especial atención a una serie de hechos que, según la Procuraduría, podrían constituir indicios de maniobras de ocultamiento y que no fueron suficientemente valorados antes de disponer los sobreseimientos.

Entre ellos menciona el vaciamiento de cajas de seguridad por parte de Mauricio Novelli y su familia, la eliminación de conversaciones con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP” en el teléfono de Novelli y la ausencia del historial previo de WhatsApp en el dispositivo secuestrado a Sergio Morales.

También reclama profundizar el análisis de un archivo encontrado en el teléfono de Novelli que contenía una carta de intención de Kelsier, la firma representada por el empresario estadounidense Hayden Davis, dirigida al Presidente. En ese documento, que carecía de firmas, se ofrecía asesoramiento gratuito en materia de blockchain y criptomonedas.

La PIA menciona además una nota identificada como “final agreement as discussed with H.”, cuyo examen considera insuficiente, y los registros de comunicaciones telefónicas entre Novelli y Javier Milei, aunque hasta el momento no se pudo determinar su contenido.

“El vaciamiento de las cajas de seguridad por parte de Novelli y su familia, el borrado de historiales de WhatsApp en el teléfono de Morales, la eliminación de conversaciones con el contacto 'Karina Milei RRPP' en el dispositivo de Novelli y el acotado alcance del peritaje sobre la nota 'final agreement as discussed with H.' no constituyen obstáculos que permitan descartar la hipótesis delictiva”, sostiene el escrito.

Otro de los puntos señalados son las visitas de Novelli y Morales a la Casa Rosada, autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

Según la Procuraduría, las fechas y la reiteración de esos ingresos deben analizarse en conjunto con el resto de las pruebas, porque podrían contribuir a establecer si existió un acuerdo previo entre los funcionarios y los promotores del criptoactivo.

El organismo también relativizó el valor de los informes elaborados por la propia Secretaría General de la Presidencia y las opiniones de la Oficina Anticorrupción, al señalar que la investigación busca determinar precisamente si existió un acuerdo para obtener un beneficio patrimonial indebido.

El papel de Milei en la promoción de la criptomoneda

Uno de los argumentos centrales del pedido de reapertura está vinculado con la intervención del Presidente en la difusión de $LIBRA.

El juez Martínez de Giorgi había considerado, siguiendo el dictamen de Taiano, que la promoción pública del criptoactivo no alcanzaba por sí sola para configurar una estafa. La resolución sostuvo que las pérdidas sufridas por los inversores y la posterior caída de la cotización no demostraban necesariamente la existencia de un engaño penalmente relevante.

La PIA cuestionó esa interpretación porque, a su entender, no toma en cuenta la posible distribución de funciones entre los distintos participantes de la operatoria.

“El caso investiga si 'libra' se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir”, plantea el fiscal Rodríguez.

El escrito sostiene que la participación presidencial debe analizarse dentro de una eventual maniobra organizada y no como un hecho aislado.

En ese sentido, la Procuraduría considera que las pruebas reunidas muestran señales que justifican continuar investigando, aunque reconoce que todavía no resultan suficientes para solicitar declaraciones indagatorias.

“El estado actual del caso no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria. Sin embargo, no alcanzan por el momento ni para avanzar en pedidos de indagatorias, como tampoco para sobreseer”, afirma la presentación.

El organismo también cuestionó que la falta de regulación específica de determinados criptoactivos pueda utilizarse como argumento para descartar posibles delitos.

“La incipiente o ausente regulación legal de las monedas virtuales no constituye una carta blanca de indemnidad para sus promotores ni un obstáculo que desampare a los inversores frente a maniobras defraudatorias”, advierte.

Además de la posible estafa, la PIA propone que, una vez completada la investigación, se evalúe si los hechos podrían encuadrar en otras figuras penales, entre ellas la prevista en el artículo 309 del Código Penal, vinculada con maniobras sobre instrumentos financieros.

Las pruebas pendientes y el reclamo de las víctimas

La Procuraduría también señaló que existen otras medidas que deberían producirse antes de adoptar una resolución definitiva.

Entre ellas mencionó la declaración testimonial de una mujer de apellido Beller, quien había prestado testimonio en la causa ANDIS. Según el escrito, en aquella oportunidad solamente fue interrogada sobre los hechos investigados en ese expediente y no sobre sus posibles conocimientos acerca de $LIBRA.

Por ese motivo, Rodríguez considera necesario convocarla a declarar específicamente en esta investigación.

El organismo también reclama esclarecer cómo hizo el Presidente para difundir un contrato que, aparentemente, no era de acceso público ni se encontraba disponible en las redes sociales.

A su vez, cuestionó que no se hayan valorado adecuadamente informes elaborados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), y sostuvo que el fallo introdujo dudas sobre la cadena de custodia de determinadas pruebas sin una fundamentación suficiente.

La intervención de la PIA se produjo después de una presentación realizada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que cuestionaron el cierre de la causa.

El escrito de Rodríguez también incorpora una presentación recibida el 27 de octubre de quienes se identificaron como amicus curiae, en la que se advierte sobre posibles incumplimientos de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

La Procuraduría recuerda que las personas que se consideran damnificadas habían sido admitidas inicialmente como querellantes y posteriormente apartadas por una resolución que, según sostiene, todavía no se encuentra firme.

Para el fiscal, esa situación constituye otro aspecto que debe ser considerado antes de dar por concluida la investigación.

Qué puede pasar ahora con la causa

La presentación de Rodríguez solicita que se reabran las actuaciones y se reconozca a la PIA como organismo encargado de impulsar la acción penal.

El planteo se apoya en las facultades legales que permiten a esa Procuraduría intervenir directamente cuando el fiscal que lleva una investigación adopta una posición contraria a su continuidad.

En caso de que el juzgado rechace la reapertura, la PIA pidió que se conceda el recurso de apelación para que la Cámara Federal revise el sobreseimiento.

La decisión alcanza a Javier y Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Para la Procuraduría, el cierre de la causa no reúne las condiciones exigidas para una decisión definitiva, porque todavía existen pruebas pendientes y aspectos de la operatoria que no pudieron reconstruirse.

El organismo sostiene que el sobreseimiento requiere un grado de certeza que permita descartar la existencia de un delito, algo que, a su criterio, no ocurre en este expediente.

La presentación abre así una nueva disputa judicial sobre el futuro de la causa $LIBRA: mientras el juez y el fiscal Taiano consideraron que los hechos investigados no encuadraban en una figura penal, la Procuraduría sostiene que todavía no se agotaron las posibilidades de esclarecer qué ocurrió y cuál fue el papel de cada uno de los involucrados.

CRM

Empresarios que arman alternativas mientras la causa $LIBRA espera por jueces y Cerimedo

Ya se puso difícil sostener que la macroeconomía está bien y que todavía no derrama sobre la micro, cuando estamos en recesión. Y la recesión, combinada con una inflación que ronda el 2% mensual, configura una estanflación. Por eso no es de extrañar que algunos empresarios ya empiecen a desmarcarse del modelo libertario de Javier Milei. Y que incluso aquellos que lo apoyan también dejen de tolerar las amenazas del presidente con quemar periodistas en la hoguera. Así lo hicieron saber en sendos comunicados el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) después del discurso en que Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA, que acumula pruebas.

Noviembre será intenso para Sebastián Ceria, el matemático que creó y después vendió una empresa de tecnología financiera en EE.UU., Axioma, a Deutsche Börse, operadora de la bolsa de Frankfurt, y que ahora preside la fundación Fundar y es dueño del medio Cenital y del Racing de Santander, al que hizo ascender a la Primera División española. Esta semana está publicando un libro para terminar de presentarse: La ilusión nos persigue. “Reconstruye el recorrido de una de las historias más exitosas de la diáspora argentina. Ceria corre el velo de los círculos reservados a las élites políticas y económicas. Pero es, sobre todo, una invitación a animarse a cambiar: a hacerlo con humanidad, con la defensa del conocimiento y con el propósito de construir comunidad para que el mundo sea un lugar mejor”, plantea la sinopsis del sello Paidós.

Pero Ceria también está organizando el mes próximo un encuentro de empresarios en torno de ejes bien distintos a los que plantea el establishment argentino, que apuesta a las materias primas y las finanzas para hacer negocios pese a la recesión y a una mora crediticia que los complica. Para el presidente de Fundar, la disciplina fiscal es una herramienta, no un fin en sí mismo, como plantea la mayoría de los grandes empresarios. Para él y la lista secreta de hombres de negocios que se le unirán, la clave pasa por plantear un modelo de país con políticas de Estado, estudiadas y basadas en evidencia de otras naciones, con un desarrollo basado en la innovación y una estructura económica moderna, donde las commodities sean una base pero no un fin en sí mismo. Un modelo con colaboración público-privada, que genere trabajo para los 46 millones de argentinos y no sólo para los exitosos, con políticas industrial y educativa, y con un Estado que cumpla un rol y subsidie con precisión.

Se trata de una propuesta bien distinta de las que suenan en foros como IDEA o AEA, donde, pese a las críticas a la ofensiva de Milei contra el periodismo en general, aspiran a que continúe el esquema económico con él, Patricia Bullrich o Daniel Hadad, si es que se deciden a competir. En la cúpula de IDEA están Santiago Mignone (de la auditora PwC), Gabriela Renaudo (Visa), Roberto Murchison (del grupo portuario Murchison), Gastón Remy (Nuqlea, firma de financiación digital para la construcción) y Anna Cohen (del grupo bursátil Cohen). En AEA preside Alejandro Lastra, seguido por grandes empresarios como Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint) -insultado con frecuencia por el presidente, pese a que se recupera de una cirugía grave-, Héctor Magnetto (Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Alfredo Coto (Supermercados Coto), Federico Braun (supermercados La Anónima y Grupo Financiero Galicia) y Luis Pérez Companc (Grupo Pérez Companc).

Ceria viene apoyando al colectivo digital Popurrí, que junta firmas para crear un partido político en la ciudad de Buenos Aires, Regeneración, de perfil progresista o humanista, y postular a María Migliore, exministra de Desarrollo Humano porteña, en una disputa contra Jorge Macri, pero en la que también rivalizaría con su exjefe Horacio Rodríguez Larreta y con el peronismo. Rosendo Grobocopatel, hijo del exrey de la soja, armó Hay Equipo, una ONG para identificar, formar y conectar dirigentes políticos que ya está presente en al menos 14 provincias. También apuesta a crecer en las redes sociales, como lo hace Soberanos, del consultor Gastón Douek, Javier “el Profe” Romero y Mayra Arena.

Son espacios que buscan captar a los desencantados de Milei, pero también del peronismo: al “ningunismo”, como se empezó a llamar a ese fenómeno. Otros que se suman a esa estrategia son los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, intendente y exintendente de San Nicolás, respectivamente, hijos de otro alcalde de allí, Ismael, que era peronista pero se pasó al PRO. Ahora armaron un partido propio, Hechos, y anunciaron que uno de los dos hermanos será candidato presidencial para enfrentar a Milei y al kirchnerismo, en el que ubican no sólo a los Kirchner sino también al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Ninguno de estos proyectos es sólo político, sino que cuenta también con algún respaldo empresario.

En la Unión Industrial Argentina (UIA), pese a que su presidente, Martín Rappallini, siempre modera las críticas, este miércoles se organizó un almuerzo para recrear su Consejo Académico, como el que había tenido en los 90 bajo la órbita del economista heterodoxo Marcelo Diamand. Fue una idea del economista Federico Poli, que también había participado en aquellos años de azote sobre la industria. El proyecto es pensar una macroeconomía que incluya al sector fabril. El empresario Roberto Arano, azucarero y autopartista, es uno de los que lo apoyaron. Lo integran economistas de diversos matices, aunque ninguno libertario ni kirchnerista, toda una señal de rechazo al presente y al pasado. Allí están Poli, Marina Dal Poggetto, Ricardo Delgado, Andrés López, Carlos Pérez, Eduardo Levy Yeyati, Rodolfo Santangelo y algunos que no pudieron asistir a la primera reunión, como Ricardo Carciofi, Juan Carlos Hallak, Matías Kulfas -desmarcado ya del kirchnerismo-, Fernando Navajas y Martín Rapetti.

En la primera comida discutieron sobre el contraste entre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los impuestos distorsivos que siguen vigentes. Advirtieron sobre la inconveniencia de abrirse a la importación de China. Coincidieron en que el tipo de cambio está retrasado (peso sobrevaluado, dólar barato) por diseño de la política económica (para bajar la inflación) y en que su mantenimiento durante tanto tiempo contribuye a enfriar la economía y a destruir trabajo (encarecido en dólares) y know how empresario en sectores transables (los de bienes y servicios que se comercian internacionalmente). Abogan por acumular más reservas para dejar de atrasar el dólar y reforzar el Banco Central para afrontar las tensiones electorales y pagar la deuda en 2027.

Todo lo contrario de lo que recomienda el economista referente de Milei, Ricardo Arriazu, que ahora reprocha al presidente por su política monetaria y quiere que el Central deje de comprar divisas emitiendo pesos, dado que estos deben esterilizarse colocando deuda pública. Así, el dinero va a financiar al Estado y no al sector privado, lo que resulta recesivo. Pero su solución atrasaría aún más el tipo de cambio, lo que estancaría más la economía, advierten en el Consejo Académico de la UIA. Allí bien recuerdan que Arriazu fue el mentor de la tablita de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la última dictadura que abarató el dólar y fomentó la timba financiera hasta que ambos volaron por los aires. Sin embargo, el establishment sigue escuchando a Arriazu. “Su receta quizás sea el mejor camino para que en 2027 gane Axel”, bromea un economista del consejo industrial.

Algunos popes de la UIA están ilusionados con el nuevo cuerpo académico porque les permitiría batallar mejor contra los argumentos del Gobierno. Otros temen que la confrontación con Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, desgaste aún más una relación ya de por sí helada, en un marco de contracción sectorial por la débil demanda, que China aprovecha. Hay quienes rescatan que al menos Caputo organizó este jueves en Rosario un encuentro de 1.800 pymes que aspiran a proveer a los proyectos RIGI, y otros que temen que menos del 10% consiga contratos porque no pueden competir contra los costos del gigante asiático. En lo que coinciden unos y otros es en lamentar la acotada Conferencia Industrial anual del martes próximo, de sólo media jornada, centrada en el debate sobre el talento y no en la coyuntura de crisis, con la presencia del ministro de Economía, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del consultor Esteban Domecq, habitué de los coloquios de IDEA y sin perfil industrialista, y con una mesa de gobernadores de la que fue excluido Kicillof. Los más duros le reprochan a Rappallini su tibieza para negociar con el Gobierno, el mismo Gobierno que le otorgó un RIGI para una mina de cobre en Mendoza, pero los más moderados advierten que tampoco a la UIA le conviene convertirse en una fuerza opositora.

Milei, mientras tanto, festeja el sobreseimiento en la causa $LIBRA dictado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi tras la imperceptible investigación del fiscal Eduardo Taiano. Los pequeños inversores querellantes apartados del caso por ambos, representados por los abogados Nicolás Oszust y Yamil Castro Bianchi, apelaron ante la Cámara, pero parece poco probable que sus integrantes, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, cambien su historial y fallen contra el oficialismo. Quizás corran mejor suerte reclamando su derecho a litigar ante Casación, no por el magistrado Pablo Yadarola, sino por sus pares Alejandro Slokar y Ángela Ledesma.

Queda mucho por investigar en una causa virgen de indagatorias, según los abogados querellantes. Uno de ellos, Castro Bianchi, también representa al propagandista de la ultraderecha Fernando Cerimedo, preso en Bolivia por intento de femicidio. El exdueño de La Derecha Diario mastica bronca contra su excliente Milei y puede perjudicarlo si algún día cuenta lo que sabe de $LIBRA. Por lo pronto, las querellas enumeraron en sus apelaciones las pruebas que, según ellas, acumula la causa:

El supuesto acuerdo de pago por acceso al Presidente

30 de enero de 2025

El lanzamiento, el 14 de febrero

El dinero

Ocultamiento

AR / NB

Renunció un subsecretario de Ciencia y Tecnología y denunció maltratos y falta de respaldo en el Gobierno

Una nueva renuncia sacudió la estructura del Gobierno nacional. César Oscar Lencina, subsecretario de Ciencia y Tecnología, presentó su dimisión indeclinable después de poco más de un mes en el cargo y expuso una serie de cuestionamientos sobre las condiciones de trabajo dentro de la dependencia. Entre los motivos de su decisión mencionó la falta de respaldo institucional, las dificultades de comunicación y situaciones de maltrato hacia los trabajadores.

La renuncia se hizo efectiva el jueves 29 de octubre y fue comunicada mediante una nota dirigida a la secretaria de Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, con copia al jefe de Gabinete, Diego Santilli, de cuya órbita depende el área.

En el escrito, Lencina hizo referencia a “las dificultades persistentes” que encontró para ejercer sus responsabilidades, especialmente por la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional”. También denunció “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo”, una descripción que deja al descubierto las tensiones que, según su testimonio, atravesaban el funcionamiento cotidiano de la subsecretaría.

El exfuncionario sostuvo que esas conductas “no condicen en absoluto” con su manera de conducir organizaciones ni con su experiencia en la dirección de equipos. Ante ese escenario, explicó que había decidido dar “un paso al costado”, al considerar que no estaban dadas las condiciones necesarias para continuar desempeñando sus tareas.

Lencina había sido designado el 22 de septiembre mediante el Decreto 1056/2026. Su paso por la subsecretaría duró apenas 37 días, un período particularmente breve para un cargo de conducción dentro de la administración pública.

Un militar con experiencia en la Antártida

Antes de incorporarse al Gobierno, Lencina había desarrollado su carrera profesional en la Fuerza Aérea Argentina, donde alcanzó el grado de comodoro. Entre sus antecedentes se destacan su desempeño como jefe de la Base Antártica Marambio y su paso por la conducción de la Base Aérea Militar de Mar del Plata.

Es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales por el Instituto Universitario Aeronáutico y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. Su trayectoria estuvo vinculada principalmente con la actividad aeronáutica, la logística y la coordinación de operaciones en ámbitos de alta complejidad.

Su incorporación a la Secretaría de Ciencia y Tecnología había representado el desembarco de un oficial de la Fuerza Aérea en un puesto de conducción de la política científica nacional. Durante las pocas semanas que permaneció en funciones, participó de actividades de coordinación institucional y encuentros con representantes de organismos científicos y autoridades provinciales.

Cambios en la conducción del área científica

La salida de Lencina se produce en un contexto de modificaciones recientes en la estructura de Ciencia y Tecnología. En septiembre había dejado la subsecretaría José Luis Acevedo, mientras que en agosto Adriana Baravalle había asumido la conducción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en reemplazo de Darío Genua.

La dependencia, que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, tiene entre sus responsabilidades la articulación de políticas públicas vinculadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

La renuncia de Lencina agrega un nuevo cambio a esa estructura y plantea interrogantes sobre las condiciones de funcionamiento interno del organismo. A diferencia de otras modificaciones de funcionarios, en este caso la salida estuvo acompañada por cuestionamientos explícitos a las relaciones laborales y al respaldo recibido durante su gestión.

Por el momento, no se informó oficialmente quién reemplazará al exsubsecretario ni se conoció una respuesta pública de las autoridades del área a las acusaciones formuladas en su carta de renuncia.

Con información de la agencia NA

Octubre negro: una ola de femicidios desató paros y movilizaciones en todo el país

Octubre dejó una sucesión de femicidios en distintos puntos de la Argentina y una creciente movilización social frente a la violencia de género. El asesinato de Nancy Estela Godoy, una docente rural de Corrientes que permaneció desaparecida durante tres semanas, provocó un paro nacional de maestros y protestas en varias provincias. A ese crimen se sumaron los de cuatro trabajadoras sexuales en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, que llevaron a la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) a convocar a una huelga para el próximo martes 3 de noviembre.

Según el registro del Observatorio Lucía Pérez, elaborado por la cooperativa lavaca, hasta el 28 de octubre se contabilizaban 38 víctimas correspondientes a distintas categorías de violencia femicida durante el mes, incluidos femicidios y asesinatos vinculados. El relevamiento, que documenta los casos con nombres, edades y lugares donde ocurrieron, permite dimensionar la extensión territorial de una problemática que atraviesa a mujeres de distintas edades y condiciones sociales.

Uno de los casos que mayor conmoción provocó fue el de Nancy Godoy, una docente rural de 52 años que trabajaba como directora suplente de la Escuela N° 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Había sido vista por última vez el 7 de octubre, cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Después de varias semanas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el miércoles 28, semisumergido en un potrero de una zona rural de difícil acceso.

El hallazgo confirmó el peor desenlace para una comunidad que llevaba días reclamando su aparición. La investigación judicial derivó en cinco detenciones. Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, fue imputado como presunto autor del femicidio. Los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, junto con Rosa Leguizamón, quedaron detenidos por encubrimiento, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón fue acusado de falso testimonio.

Los investigadores buscan establecer las circunstancias de la muerte y determinar si el lugar donde encontraron el cuerpo fue también el escenario del ataque. La causa puso además bajo la lupa las condiciones en las que la docente desarrollaba sus tareas en una zona rural de difícil acceso.

Antes de desaparecer, Godoy había denunciado el estado de abandono de la escuela. En una carta fechada el 15 de agosto, advirtió que el establecimiento estaba “totalmente abandonado” y señaló la falta de agua potable y las malas condiciones de limpieza. La docente recorría largas distancias a caballo para llegar hasta sus alumnos y, según contaron sus familiares, se había ocupado personalmente de acondicionar el edificio para que los chicos pudieran asistir a clases.

El asesinato provocó una profunda conmoción en Esquina. Familiares, alumnos, docentes y vecinos salieron a las calles para exigir justicia, en una movilización que se extendió a otras ciudades del país. La indignación también alcanzó a los sindicatos docentes, que denunciaron las condiciones de precariedad y aislamiento en las que trabajan numerosos maestros rurales.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y distintas organizaciones sindicales convocaron para el jueves 29 de octubre a un paro nacional y una jornada de duelo. También impulsaron medidas de fuerza la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), mientras que SUTEBA y otros gremios provinciales se sumaron al reclamo.

En la Ciudad de Buenos Aires hubo una concentración frente al Obelisco y a la Casa de la Provincia de Corrientes, en Maipú 271. También se realizaron protestas en distintas localidades del país. En Mar del Plata, el paro tuvo un acatamiento muy alto, según los sindicatos, y la mayoría de las escuelas permanecieron cerradas.

El reclamo no se limitó al esclarecimiento del asesinato. Las organizaciones sindicales exigieron una investigación con perspectiva de género y medidas de protección para quienes trabajan en establecimientos educativos alejados de los centros urbanos. La muerte de Godoy volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad de las docentes rurales, muchas de las cuales deben recorrer grandes distancias por caminos intransitables y trabajar en lugares sin comunicación ni servicios básicos.

Cuatro trabajadoras sexuales asesinadas y un paro nacional

La violencia de género también golpeó especialmente al colectivo de trabajadoras sexuales, que denunció cuatro asesinatos durante los últimos meses. Los casos de Débora Giuliana Bordón, Bárbara Camila Aragón, Daniela del Milagro Villalba y Tatiana Micaela Fernández llevaron a AMMAR a convocar a un paro nacional para el martes 3 de noviembre, bajo la consigna “Ni Una Trabajadora Sexual Menos”.

Débora Bordón, de 31 años, fue asesinada en un departamento del barrio Luis Agote, en Rosario, adonde había concurrido para realizar un servicio. Por el crimen fue detenido Axel Mendoza, de 23 años. La organización de trabajadoras sexuales cuestionó las versiones iniciales que presentaron el hecho como un conflicto de pareja y aclaró que la víctima no mantenía una relación previa con el acusado.

También en Rosario fue asesinada Bárbara Camila Aragón, de 26 años. Su cuerpo fue encontrado en una pensión del barrio Empalme Graneros, donde se había encontrado con un cliente. Por el hecho fue detenido e imputado Eliel Schiffo, un expolicía de 37 años con antecedentes penales. La joven trabajaba para mantener a sus hijos y a su madre.

En Córdoba fue asesinada Daniela del Milagro Villalba, de 28 años, mientras que Tatiana Micaela Fernández, de 27, fue encontrada muerta el 25 de octubre en un departamento de la calle Libertad al 1200, en el barrio porteño de Retiro. La autopsia de esta última determinó que murió por asfixia mecánica por compresión.

Por ambos asesinatos fue detenido Renato Iván Tabella, de 28 años, oriundo de Córdoba, quien se negó a declarar ante la Justicia. La vinculación de los dos crímenes con un mismo sospechoso profundizó la preocupación entre las trabajadoras sexuales, especialmente por los riesgos asociados a los encuentros con clientes en departamentos privados.

Ante esta situación, AMMAR convocó a una jornada nacional de protesta que incluirá un cese de actividades, asambleas, ollas populares e intervenciones públicas. Una de las principales concentraciones está prevista para las 11 frente al Congreso Nacional.

La secretaria general de AMMAR, Georgina Orellano, explicó que la medida tiene características particulares porque muchas trabajadoras dependen de los ingresos diarios y no cuentan con un empleador formal ante quien ejercer el derecho de huelga. Por eso, además de los ceses de actividad, habrá acciones de visibilización en redes sociales y plataformas digitales.

La organización reclama el reconocimiento de derechos laborales, políticas de protección y el fin de las condiciones de clandestinidad y precarización que, según denuncia, aumentan la exposición de las trabajadoras sexuales a situaciones de violencia.

Una lista de víctimas que atraviesa todo el país

Los asesinatos de Nancy Godoy y de las trabajadoras sexuales forman parte de un mes marcado por numerosos hechos de violencia extrema contra mujeres y niñas.

En Mar del Plata, Aylén Rocío Núñez, de 27 años, fue asesinada de un disparo en el cuello. Por el crimen fue detenido José Leonardo Cejas, de 38 años, quien tenía una orden de captura vigente por otra causa penal.

En Monte Grande, provincia de Buenos Aires, fueron asesinadas Laura Susana Prediguer, de 43 años; su madre, Susana Castillo Toscanini, de 73; y Santino, el hijo de Laura, de 11 años. El triple crimen ocurrido el 20 de octubre quedó incorporado al registro del Observatorio Lucía Pérez.

La nómina también incluye a Dariana Mazzina, una adolescente de 14 años asesinada en Allen, Río Negro; Camila Belén Iglesias, de 22 años, en Cruz del Eje, Córdoba; Patricia Andrea Alvarado, de 30, en Charata, Chaco; y Marcela Adriana Gilbert, de 53, en Baradero, provincia de Buenos Aires.

Entre los casos de los últimos días figuran además Ana Josefina Luna Carballo, de 21 años, asesinada en Godoy Cruz, Mendoza, y María Eugenia Vanina Galván, de 35, en Clodomira, Santiago del Estero.

El registro del Observatorio Lucía Pérez no se limita a contar víctimas. También documenta las circunstancias de los crímenes y permite observar la diversidad de situaciones en las que se produce la violencia: relaciones de pareja o expareja, ataques sexuales, asesinatos de niñas y niños vinculados a la violencia femicida y crímenes contra mujeres en contextos de especial vulnerabilidad.

Las movilizaciones por Nancy Godoy y el paro convocado por las trabajadoras sexuales expresan dos respuestas colectivas frente a esa violencia. En ambos casos, las organizaciones vinculan los asesinatos con la necesidad de garantizar condiciones de seguridad, protección y acceso a la justicia.

CRM

El Vaticano confirma que el Papa votó por correo en las elecciones de medio término en EE.UU.

Robert Francis Prevost, León XIV, se convirtió en el primer Papa en participar en unas elecciones de Estados Unidos. El pontífice, que es ciudadano norteamericano y, como tal, mantiene su derecho al voto en el país, solicitó una boleta para participar por correo en las elecciones de medio término, que tendrán lugar el próximo martes.

Así lo confirmó a Chicago Sun-Times Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Sill, en Illiniois, donde conserva su inscripción como votante y un domicilio registrado, concretamente en New Lenox, y así lo acaba de admitir la Santa Sede en un comunicado, señalando que Prevost “envió su voto por correo desde Chicago”.

“El Santo Padre también confirmó que, durante los años que residió en Perú, ejerció su derecho al voto siempre que reunía los requisitos para hacerlo”, apunta en un breve comunicado la Sala Stampa, que añade que “el Santo Padre expresa su convicción en el derecho y el deber de los ciudadanos a participar en los procesos democráticos”.

Los registros electorales muestran que Prevost participó en anteriores elecciones primarias de los partidos Demócrata y Republicano, además de varias elecciones generales, incluida la de 2024. En una información que se hizo pública tras el cónclave, se supo que Prevost votó por correo en las presidenciales de 2024 y en las elecciones generales de 2012, 2014 y 2018. Illinois no exige afiliación a ningún partido, y en las primarias el elector elige cada vez la boleta de uno de ellos: Prevost optó por la demócrata en 2008 y 2010 y por la republicana en 2012, 2014 y 2016. No participó en las primarias celebradas el pasado mes de marzo.

León XIV, elegido Papa el 8 de mayo de 2025, es el primer estadounidense en liderar la Iglesia católica. Sus diferencias con Donald Trump sobre migraciones y conflictos internacionales y su apuesta por el multilateralismo le granjearon importantes diferencias con el actual presidente de EE.UU., quien intentó condicionar el resultado del cónclave.

Toda la información en www.religiondigital.org