La Chacarita De Los Padres

Noticias de Catamarca

Confirman que los delitos sexuales formaron parte del plan criminal de la dictadura

Los delitos sexuales cometidos durante la última dictadura militar fueron “parte parte del contexto del ataque sistemático a la población civil”. Fueron “actos inhumanos” y no se trataron de “hechos aleatorios o aislados”. Así lo acaba de ratificar la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que una vez más volvió a catalogarlos como crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto imprescritibles.

De esta manera, la Cámara, máximo tribunal penal, rechazó un recurso presentado por Jorge Eduardo Acosta, alias “el Tigre”, uno de los represores más temidos y quien estuvo a cargo Inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Acosta había sido condenado el 13 de agosto de 2021 a 24 años de prisión por violación agravada reiterada, abuso deshonesto reiterado, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos que tuvieron como víctimas a tres prisioneras de aquél centro clandestino de detención. La pena fue unificada con condenas anteriores en una única condena a prisión perpetua.

En aquel fallo, el Tribunal Oral Federal N°5 de la ciudad de Buenos Aires también había condenado por los mismos delitos sexuales a Alberto Eduardo González, alias “Gato”, o “González Menotti”, quien recibió una pena de 20 años de prisión. El ex oficial de la Armada, quien no recurrió la sentencia, es uno de los “mentores” en materia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la idea impulsar la denominada “memoria completa” en la que se busca equiparar los crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras con los delitos de lesa humanidad de la dictadura.

El accionar de González en los delitos sexuales se ve reflejado en el libro La Llamada, de Leila Guerriero, que describe las violaciones a las que sometía a Silvia Silvia Labayru, una sobreviviente de la ESMA. Allí, Labayrú, quien testificó también contra Acosta en el juicio por delitos sexuales, cuenta que González la sacaba del centro clandestino para violarla junto a su mujer en su propia casa.

Ahora, el fallo de la sala II, firmado por Guillermo Jorge Yacobucci, Angela Ester Ledesma y Alejandro Walter Slokar, confirmó la sentencia contra Acosta y González.

El tribunal sostuvo que los delitos sexuales fueron parte del ataque generalizado “independientemente de la existencia de una orden directa para su perpetración” y que Acosta convalidó específicamente esa violencia.

“Independientemente de la existencia de una orden directa para su perpetración, surgen como parte del contexto del ataque sistemático a la población civil, de acuerdo a la política estatal del momento”, sostuvieron Yacobucci, Ledesma y Slokar sobre los delitos sexuales, y añadieron al respecto que “no se muestran como hechos aleatorios o aislados”.

El tribunal revisor sostuvo que del relato de las víctimas “surge un patrón o política preconcebida en la comisión repetida o continua de estos actos inhumanos” y que su “sistematicidad se desprende de una política altamente organizada y orquestada a fin de implementar el plan de persecución, del que los perpetradores se valieron para consumar sus crímenes y garantizar su impunidad”.

Agregó que “la situación de vulnerabilidad a la que fueron sometidas las víctimas dentro de ese contexto, muestra que esos ilícitos se integraban dentro de la orientación planificada de sujeción y agresión”.

En ese sentido, la Cámara Federal de Casación citó al tribunal oral para reafirmar que los delitos sexuales formaron parte “al igual que las vendas, las ataduras, los golpes, el paso de corriente eléctrica, los insultos, las vejaciones, la prohibición del habla, etc., del conjunto de prácticas criminales que integraron de modo expreso o implícito el dispositivo represivo diseñado”.

Por otro lado, rechazó el planteo la afectación de la garantía de no ser juzgado dos veces por un mismo hecho presentado por la defensa de Acosta. El tribunal indicó que los hechos atribuidos relativos a la violación, abuso deshonesto, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos que se individualizaron en la sentencia son comportamientos históricos que no fueron imputados durante la tramitación de procesos anteriores.

La Cámara Federal de Casación agregó que “el escenario de sometimiento y exposición de las víctimas debe ser comprendido desde una perspectiva de género, que permite inferir de parte del acusado la representación dolosa de una consecuente ofensa a la integridad sexual de las víctimas”.

El juicio contra Acosta y González duró más de diez meses y terminó de manera virtual a raíz de la pandemia de coronavirus. Acosta fue condenado por los delitos cometidos contra Labayrú, Mabel Zanta y María Rosa Paredes. Además, el año pasado, la Sala II de Casación Penal, volvió a sumar una nueva condena contra el represor luego de revisar un fallo del TOF 5. El Tribunal incluyó una condena por los abusos sexuales que sufrió Graciela García Romero en la ESMA.

Con el auspicio del CELS, Romero fue la primera mujer que denunció, en 2005, los abusos sexuales cometidos por represores y reclamo que sean juzgados como un delito independiente de otras torturas.

CRM/MG

Sturzenegger presentó su ley Hojarasca para derogar otras 63 leyes que el Gobierno considera "obsoletas"

 “Obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores” o “temas de escasa relevancia”. Con esos argumento, el Gobierno Nacional presentó hoy el proyecto de Ley Hojarasca, que busca eliminar leyes que desde su óptica “limitan las libertades” de los ciudadanos o “trámites inútiles que incrementan o generan costos”.

Muchas de ellas fueron aprobadas durante gobiernos militares, como una del período de  Alejandro Lanusse que obligaba a difundir determinado tipo de música, y también en períodos democráticos, como la ley de 1974 que establecía el carnet del mochilero.Se trata de un conjunto de 63 leyes, además de artículos de otras cinco, que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que“limitan la libertad individual y que restringen el derecho de propiedad” y provocaron “costos inútiles para los contribuyentes”. Son, según detalla el proyecto, “normas que contribuyeron a la decadencia de la Argentina en el pasado”.

Según el ministro, quien en su cuenta de X anunció el envío al Congreso de la llamada ley Hojarasca, la iniciativa “promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país”. En rigor, la mayor parte de las leyes no se aplican en la práctica.

La ley consta de nueve artículos con un listado de un conjunto de seis tipos de leyes que se pretenden dejar sin efecto, figuran en primer lugar leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas.

“Los derechos no requieren leyes. Nuestra Constitución Nacional establece una serie de derechos fundamentales que son inherentes a las personas”, dice el texto entre sus argumentos, y agrega que “lamentablemente, las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impusieron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho”.

La ley Hojarasca es uno de los principales proyectos de Sturzenegger, quien viene impulsando la idea desde el comienzo de la gestión libertaria.

El proyecto –que ya fue enviado al Congreso– incluye también una ley del Gobierno de Juan Domingo Perón que “impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país”, o la ley 18312 del Gobierno militar de Juan Carlos Onganía que “el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario”.  

Otra norma que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal”.   

Otra de las que se deroga es la ley 20959 del gobierno de Isabel Perón por el cual se otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento que, para Sturzenegger, “hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”. 

También se intenta eliminar la ley 20983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

Según un gráfico compartido, las leyes a derogar se distribuyen de la siguiente manera:

Con información de Noticias Argentinas y Parlamentario.

Milei reclama auditar las universidades, pero demora completar la AGN por falta de acuerdo con el PRO y los radicales

La web de la Auditoría General de la Nación (AGN) es elocuente: en el espacio donde está publicado su organigrama, no hay información debajo del subtítulo “Auditores Generales designados a propuesta de la Cámara de Diputados”. La demora de esos nombramientos tiene cierta importancia política, porque fue parte de la discusión entre el Gobierno y sus aliados del PRO en la previa a votación por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario del miércoles pasado. De fondo, revela un intríngulis de mayor alcance y que aún no tiene salida a la vista: los libertarios y amarillos disputan un lugar que también reclaman los radicales.

La AGN es el organismo designado por la Ley de Educación Superior para controlar las cuentas de las universidades nacionales. Su composición la define el Congreso y su titularidad corresponde a la principal fuerza de la oposición. Hoy la dirige Juan Manuel Olmos, una figura que de algún modo sintetiza a todas las tribus peronistas: es el apoderado del PJ a nivel nacional.

Debajo de Olmos, el directorio se compone de tres auditores designados por el Senado y tres por Diputados, que no son legisladores. Por Cámara alta ya actúan Javier Fernández y María Graciela de la Rosa, referenciados en el peronismo, y Alejandro Nieva, del radicalismo. Pero aún están vacantes las designaciones por parte de la Cámara baja.

Fue este directorio con cuatro firmas el que confirmó el jueves que, un día antes –justo cuando Diputados bloqueó el aumento a los docentes y no docentes universitarios– había definido para su plan de trabajo 2025 auditar una serie de casas de altos estudios al calor del debate público: la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y las universidades públicas de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda y del Nordeste.

Ese plan no fue firmado por los auditores designados por Diputados porque no hay acuerdo político para esos nombramientos. El nudo de la cuestión es una puja cruzada entre los bloques parlamentarios y, según pudo reconstruir elDiarioAR, no se resolvería pronto pese a la coyuntura. De las tres sillas, el kirchnerismo ya acordó internamente que su representante sea Juan Ignacio Forlón, que ya tiene experiencia en el cargo. El problema está en quiénes serán los otros dos auditores, porque tanto los libertarios, como el macrismo y los radicales tienen aspiraciones propias para esos cargos. Hay dos sillas para tres candidatos.

El oficialismo quiere en ese lugar a Santiago Viola, abogado íntimo de los hermanos Milei y Santiago Caputo y apoderado del flamante partido nacional LLA. El PRO propone al exministro macrista Jorge Triaca. Y la UCR, en acuerdo con el espacio de Miguel Pichetto y Elisa Carrió, busca ubicar al exdiputado Mario Negri. Formalmente, hasta ahora solo fueron presentados como candidatos Triaca y Negri. El problema es que el reglamento no establece textualmente que las designaciones sean por la cantidad de bancas de cada bloque, sino que deja libre la decisión a la negociación política. Los auditores generales son designados “observando la composición” de la cámara, dice la AGN.

Los amarillos y violetas quisieran cerrar un acuerdo propio para correr al radicalismo, pero no tiene la suficiente fuerza en el recinto para imponer una mayoría que designe a Viola y Triaca: el blindaje de los vetos demostró que con otros aliados llegaría a lo sumo a 87 votos. En la vereda de enfrente, el radicalismo parece tener apalabrado al peronismo para jugar en tándem con Forlón y Negri. Tras bambalinas el debate es picante. 

“Tenemos 150 votos a nuestro favor. Porque Negri y Forlón salen por acuerdo de los radicales con UP, Pichetto y la Coalición Cívica. Que la derecha elija como quieran entre Viola y Triaca”, espetaron desde la UCR a los panlibertarios. “Los radicales son la cuarta minoría, pero todavía no lo saben”, cruzaron desde el PRO a sus exsocios en Juntos por el Cambio. “El problema no es el PRO, sino la UCR”, confirmaron en la cúpula de LLA. UP es la primera minoría del recinto con 99 diputados y muy atrás lo siguen el oficialismo con 39 y el PRO con 38. La UCR tiene 33. Encuentro Federal de Pichetto suma 16, Innovación Federal –el espacio de los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones– son 11 y la CC, 6. 

El laberinto no tiene aún una salida. Ni en el oficialismo ni en la oposición aventuran cuándo se votaría el tema en el recinto. Ya se intentó una vez y fracasó. “Hay que encontrar el momento y lo hacemos. Si desde el oficialismo no avanzan es porque tampoco quieren sacrificar a Triaca”, amenazan en el radicalismo. “No está en agenda”, se desentendieron los libertarios. 

La demora puede leerse como una señal del Gobierno sobre qué tan prioritario le parece auditar las universidades. Uno de los principales argumentos que agitó el Gobierno para arremeter contra la ley de financiamiento es que las universidades rechazaban ser auditadas, pese a que el artículo 7 del proyecto opositor establecía que la AGN “realizará las auditorías, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas, así como también el plan de seguimiento y control a dichas observaciones”. 

Por otro lado, el PRO, además de apurar la conformación de la AGN, también le exigió completar la bicameral que tiene que aprobar el plan de trabajo del organismo. Es un cuerpo de senadores y diputados que va a presidir Pichetto. Además el macrismo reclamó que Milei derogue el coto que se autoimpuso la SIGEN, que depende del Presidente, para intervenir en el control de las casas de altos estudios a partir de un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Hasta que el Gobierno no aceite el acuerdo político, la AGN seguirá incompleta.

MC/JJD

Desenfunde y cero luminosidad, cómo son las clases de tiro de Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei

En las últimas horas, dos videos de Santiago Caputo practicando tiro se volvieron tendencia en las redes sociales. Las imágenes del principal asesor de Javier Milei fueron grabadas en un centro de instrucción en el barrio porteño de San Telmo, el Club de Tiro Independencia, ubicado en Piedras 764, a poco más de 10 cuadras de la Casa Rosada. Según confirmó elDiarioAR, quien realizó las tomas fue el instructor de tiro Sebastián Flores, el mismo que obtuvo el consentimiento de Caputo para publicarlas.

Ambos videos muestran al hombre de mayor confianza de Milei entrenando en técnicas de defensa personal. Según explica el propio Flores en su perfil de Instagram, las prácticas de tiro constan de seis módulos: iniciación, precisión, desenfunde, dinámico, extrema corta distancia y baja o cero luminosidad. Tal como se observa en el caso de Caputo, los alumnos llevan temporizadores que detectan el sonido de los disparos o la vibración del arma y miden con precisión el tiempo entre cada uno. 

No es ninguna novedad la afición de Caputo por las armas de fuego. A finales de julio, la red social X suspendió una de sus presuntas cuentas luego de publicar un video en el que se veían varias de ellas, apiladas y listas para usar. “Dedicado al Topo Rodríguez, Diego Sehinkman, la ANMAC, los que manejan híbrido y al enfermo mental que le puso 'Bioeconomia' a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca”, había escrito @SnakeDocLives minutos antes de que lo dieran de baja. “X se empieza a poner en modo trolo”, posteó a la mañana siguiente, desde otro de los tantos usuarios que se le adjudican.

“Ahora Santiago Caputo, asesor del Presidente @JMilei, hace saber en redes sociales que él anda armado. Dice portar una Glock 45”, había sido el comentario en X del exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez que desató aquel mensaje. Y añadió: “Sería sano que le exija a su asesor que muestre su Credencial de Legítimo Usuario (CLU) y la constancia de tenencia del arma, efectivamente registrada ante la ANMAC”.

Dos días después del posteo de Caputo en el que se lo menciona, Rodríguez presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py por “amenazas” e “intimidación pública” contra el asesor. “El gobierno del presidente Javier Milei abraza la lógica del conflicto y la filosofía de la violencia para hacer política. en lugar de usar los instrumentos del estado para consolidar la paz, los aplica a prácticas irregulares y alienta la riña permanente a través de redes de operación paraestatal”, manifestó tras radicar la presentación ante la Justicia.

Al aludir a Caputo, señaló que hay “protofuncionarios que inciden discrecionalmente en el proceso de adopción de las decisiones públicas y en la asignación de los recursos estatales” que “se creen con derecho a eludir olímpicamente las responsabilidades propias de todo servidor público”.

PL/MG

Laura Richardson, jefa del Comando Sur: “La relación de EEUU con Argentina es de hierro"

La comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, señaló hoy que “la relación de EEUU con Argentina es de hierro” y que el viaje a China del presidente Javier Milei “no genera un problema porque es una decisión soberana, como compartimos valores democráticos es una decisión de hierro”.

En el marco de la celebración por los 200 años de relaciones entre la Argentina y Estados Unidos, Richardson aseguró en diálogo con Radio Rivadavia que la potencial visita de Milei a China no afectaría el vínculo con el país que representa. “La relación de EEUU con Argentina es de hierro y la Argentina es un país soberano. No genera un problema (el viaje a China) porque es una decisión soberana, como compartimos valores democráticos es una decisión de hierro”, planteó ante la posible visita al gigante asiático.

La frase recuerda la expresión “relaciones carnales” que se popularizó en los años 90 para describir la política exterior de Argentina bajo el gobierno de Carlos Menem, especialmente en relación con Estados Unidos. Fue acuñada por el entonces canciller Guido Di Tella y refleja un alineamiento muy cercano y estratégico con Washington.

Durante este período, Argentina buscó fortalecer sus lazos con Estados Unidos, adoptando políticas económicas y diplomáticas que favorecían los intereses estadounidenses. Este acercamiento incluyó la participación de Argentina en misiones de paz lideradas por Estados Unidos y la adopción de reformas económicas neoliberales que eran bien vistas por el gobierno estadounidense.

Pese a sus dichos, Richardson cuestionó la construcción de la base espacial china ubicada en Neuquén al argumentar que es la tercera que tiene el país y la única fuera de sus fronteras. “¿Qué hacen allí? ¿Están traqueando satélites globales de EEUU, de Argentina?”, se preguntó.

“¿Están aquí para invertir o para hacer otra cosa? En otros puntos del mundo no están invirtiendo sino buscando otro tipo de información estratégica”, insistió al respecto. 

Richardson también advirtió que la democracia “está bajo ataque” y aseguró que detectó un intento de “cambiar el orden mundial” tras participar de la XVI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que se realiza en el hotel Hilton.

“El desafío global es muy serio. Hoy, la democracia está bajo ataque, no solo están en juego conflictos sino que hay un intento de cambiar el orden mundial, por eso nuestros países deben estar unidos”, sostuvo durante la entrevista.

Por su parte, evitó brindar detalle sobre los vínculos trazados con los mandatarios argentinos que conoció, como Milei y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero remarcó “la importancia de los líderes de la Argentina democrática”. También mencionó la necesidad de potenciar la seguridad económica y la nacional. 

En otro pasaje de la entrevista, pidió analizar la invasión de Rusia a Ucrania y la realidad de Venezuela como ejemplo de los riesgos y desafíos que atraviesan al continente. 

“Tenemos que ser un equipo de la democracia entre los países democráticos más allá de las fronteras”, precisó al tiempo que especificó que “las asociaciones criminales trabajan de manera coordinada”.

En la misma línea amplió: “Los gobiernos comunistas no respetan los derechos de sus propios ciudadanos, cómo vamos a esperar que respeten los de los otros. Actúan detrás de liderazgos, por eso, los países que viven en democracia deben unirse para enfrentar esos desafíos”, insistió.

Asimismo, destacó que la región abastece de energía al mundo, pero denunció que las ganancias que reciben no se condicen debido a los intereses que hay detrás. “Esta zona debería ser más próspera de lo que es”, sentenció.

“Son más de 300 las compañías de Estados Unidos invirtiendo en la Argentina con más de 40 mil millones. Esa es la manera de hacer una inversión y no llevarse ilegalmente ni pesca, ni minería ni recursos estratégicos”, se escudó. 

La generala cuatro estrellas es la primera mujer que lidera el comando militar conjunto con base en Doral, responsable de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Ante eso, celebró la participación de las mujeres en las fuerzas armadas, y aseguró que trabajará para que incrementar ese porcentaje. “Espero que sean más las mujeres que ocupen lugares estratégicos”, concluyó.

CRM con información de la agencia NA