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"Está previsto que el acuerdo se firme mañana e, inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz quedará abierto para todos", asegura Trump
Pakistán anuncia que el acuerdo de paz entre Irán y EEUU se cerrará este domingo y Teherán retrasa la firma
¿Se firmará el acuerdo este domingo? Los mediadores, Pakistán, dicen que sí. Y también el presidente de EEUU, Donald Trump. Irán, sin embargo, por el momento no confirma ninguna posibilidad.
La primera reacción iraní al anuncio de Pakistán cuestionaba el momento de la hipotética firma del llamado memorando de entendimiento. Según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán citado por la agencia Tasnim, el momento “exacto” de la firma “no será mañana”. Este mismo portavoz ha pedido cautela por “la inestabilidad de la contraparte”, en referencia a EEUU, y ha detallado que el memorando se centra “en el fin de la guerra”.
El presidente de EEUU, por su parte, ha afirmado este sábado en un post en Truth Social: “Mi acuerdo con Irán es [...] ¡un muro que impide el acceso a armas nucleares! De hecho, ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ya sea mediante compra, desarrollo o cualquier otra forma de adquisición”.
“Está previsto que el acuerdo se firme mañana e, inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz quedará abierto para todos”, asegura Trump: “En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el material nuclear, enterrado a gran profundidad bajo imponentes montañas de granito hundidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y a sus brillantes pilotos, para luego diluirlo y destruirlo, ya sea en Irán o en Estados Unidos”.
El presidente de EEUU añade: “Esperamos trabajar con Irán y con todo Oriente Medio durante mucho tiempo en el futuro. Ojalá todo este proceso se desarrolle de manera rápida, sencilla y fluida. Si no es así, contamos con la alternativa definitiva, ¡que esperamos no tener que utilizar nunca más!”
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, por su parte, ha insistido este sábado en que Estados Unidos e Irán, a través de su mediación, están “más cerca de un acuerdo de paz que nunca antes”. Y ha especificado que la “finalización” del acuerdo se espera en las próximas 24 horas.
“Querríamos agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso durante las negociaciones, y extendemos nuestra sincera apreciación a nuestros hermanos en la región por su apoyo”, ha declarado el primer ministro pakistaní, que se ha mostrado confiado en que este “acuerdo de paz histórico” formará unos cimientos fuertes para una paz duradera.
Este viernes Pakistán confirmaba que las partes habían alcanzado “un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz” en lo que podría convertirse en el avance diplomático más significativo entre ambos países desde que comenzó la ofensiva de Donald Trump y Benjamín Netanyahu contra el país persa.
No obstante, después de otra jornada repleta de altibajos, los detalles de los términos que se han pactado, según Islamabad, siguen sin estar claros. Aunque los dirigentes tanto de Estados Unidos como de Irán han afirmado que estaban cerca de alcanzar un acuerdo, ninguno de ellos ha confirmado aún que se haya acordado el texto definitivo del mismo, y menos aún que pueda darse una firma definitiva.

"La paz nunca estuvo tan cerca como ahora", dijo Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, en X. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, había declarado que el memorándum estaba a punto de cerrarse después de que Trump acusara a Teherán de no negociar de buena fe.
Trump acusa a Irán de difundir “fake news” sobre el principio de acuerdo de paz
Pakistan, principal país mediador entre EE.UU. e Irán, confirmó este viernes que las partes alcanzaron “un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz” en lo que podría convertirse en el avance diplomático más significativo entre ambos países desde que comenzó la guerra iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu.
“En medio de los intensos esfuerzos de mediación que está llevando a cabo Pakistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que están llevando a cabo quienes desean sabotear el acuerdo de paz. Dejando de lado todo ese ruido, podemos confirmar que se alcanzó un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos. La paz nunca estuvo tan cerca como ahora”, dijo Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, en X.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, había declarado poco antes que el memorándum con Estados Unidos estaba a punto de cerrarse. “El Memorándum de Entendimiento de Islamabad nunca estuvo tan cerca”, dijo Aragchi en X. “A la espera de su formalización definitiva, los medios de comunicación deberían abstenerse de especular sobre su contenido”.
“En consonancia con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se darán a conocer al público a su debido tiempo”, añadió el ministro en una publicación que Trump compartió también en su red social.
El mensaje de Aragchi llegó poco después de que el presidente de Estados Unidos acusara a Irán de no negociar de buena fe y de filtrar términos del acuerdo de paz que no tienen “nada que ver” con lo conciliado por escrito. “Los términos que Irán filtró a los medios de 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad”, escribió Trump en su red Truth Social, que acusa a Irán de ser “gente muy deshonesta con la que tratar” y agrega: “Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe. ¡Increíble!”.
Trump decidió cancelar este jueves ataques contra Irán alegando que Washington y Teherán habían alcanzado un “gran acuerdo” que tal vez se firmaría este mismo fin de semana en Europa y aseguró que el liderazgo de la República Islámica se comprometió a no continuar su programa nuclear.
Existe confusión sobre el contenido exacto del texto. Medios iraníes habían informado este viernes de un documento que parece coincidir con buena parte de las exigencias planteadas por Teherán, lo que parece haber provocado la reacción de Trump.
Este viernes, el medio oficial IRNA recoge que lo acordado ahora por ambas partes no incluiría acuerdos en materia nuclear ni tampoco el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre Irán, sino que esos dos temas se incorporarían a una nueva negociación que comenzaría en el plazo de 60 días. También se incluiría en esa negociación la compensación a Irán por los daños causados en la guerra.
IRNA, además, insiste en que Irán llega con “total desconfianza hacia la otra parte” y estaría “plenamente preparado para afrontar cualquier incumplimiento de promesa o engaño”. Afirma que lo acordado con EE.UU. es solo “un memorando de entendimiento” que estaba “casi finalizado”, tras lo que seguirían negociando el “acuerdo final” y enfatiza que Irán sigue firme en sus líneas rojas.
Según informa Reuters, citando una fuente occidental, una iraní y una del Golfo Pérsico un aspecto clave que aún no se resolvió es la redacción relativa al cese de hostilidades en Líbano, donde Irán exigió a Israel que ponga fin a la campaña contra sus aliados, la milicia Hezbollah.
Una fuente de la Casa Blanca indicó a medios como Fox News que Irán aceptó un acuerdo “basado en el cumplimiento” con múltiples componentes. En virtud de él, según la fuente, se desmantelará el programa nuclear de Irán y se destruirá y retirará su material nuclear. La condición de la destrucción de las reservas de uranio no figuraba en los textos comentados por las fuentes a Reuters.
Según a fuente de la Casa Blanca, el estrecho de Ormuz se reabrirá, Irán dejará de “financiar a grupos terroristas” y no se liberará ninguno de los activos congelados de Teherán hasta que el régimen cumpla con lo acordado. Esto puede chocar por lo descrito por las fuentes a Reuters, según las cuales Estados Unidos proporcionaría inmediatamente a Irán miles de millones de dólares en activos descongelados, algo que también recoge IRNA.
Antes, IRNA además había desmentido a los medios de comunicación occidentales en lo relativo a Ormuz, asegurando que Teherán no se compromete en este texto “a ceder su administración ni a devolver el estrecho” al estado anterior a la guerra. “El único punto mencionado es la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz tras el fin de la guerra, el establecimiento de la seguridad marítima por parte de los Estados ribereños, el fin del bloqueo ilegal y la eliminación de las amenazas a la navegación comercial por parte de Estados Unidos e Israel”, dice. “Se dejó claro que la futura administración del estrecho se basará en una iniciativa y propuesta iraní, en el marco de un asunto que concierne a los países de la región. En este contexto, no se debatirán cuestiones sobre el futuro del estrecho de Ormuz ni siquiera en negociaciones posteriores a la firma del acuerdo, y Teherán resolverá este asunto directamente en conversaciones con Omán” .
Hasta ahora las conversaciones entre Washington y Teherán se mantenían en un impás debido a desacuerdos en cuanto a las condiciones de un acuerdo final, con la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y la limitación al programa nuclear iraní como los principales centros de conflicto, iniciado el 28 de febrero.
El anuncio de Trump sobre un avance en el diálogo llegó después de dos jornadas de bombardeos cruzados que marcaron la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril.
Según recoge Reuters, si se logra un acuerdo sobre la redacción, el memorándum podría ser firmado el domingo por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del parlamento iraní, Mohammed Baqer Qalibaf, siendo Ginebra, por el momento, el lugar más probable para la firma.

Aproximadamente 100.000 millones de fondos iraníes están congelados en cuentas por todo el mundo a causa de las sanciones de EEUU y se han convertido en una de las piezas clave de la negociación para poner fin a la guerra
Trump acusa a Irán de difundir términos erróneos sobre el principio de acuerdo a las “fake news”
El principio de acuerdo entre Irán y EE.UU. nunca ha estado más cerca. Prácticamente todos los términos están negro sobre blanco a expensas de los últimos detalles y la confirmación final de ambos líderes.
Los ataques de los últimos días contra Irán y las intrusiones en el espacio controlado por la República Islámica en el estrecho de Ormuz buscaban presionar a las autoridades persas para que asuman el compromiso propuesto bajo términos favorables para EE.UU.. Sin embargo, fuentes de Pakistán, occidentales e iraníes revelaron algunos detalles que son claramente favorables a Teherán, aunque EE.UU. los niega.
Uno de los puntos críticos parece ser el devenir de los activos congelados iraníes. ¿Pero de qué se está hablando en concreto?
La ruptura entre Irán y Estados Unidos e Israel retrotrae la contienda al éxito de la Revolución Islámica; es decir, al año 1979. Este no es un conflicto que nazca en 2026 ni se fraguase en los choques de 2020 o 2025, como la Guerra de los 12 Días. Estamos ante una batalla de casi medio siglo.
Como en toda disputa, las armas que los actores en liza emplean se van adaptando a sus capacidades. EE.UU. ha utilizado de manera amplia el poder que ejerce sobre gran parte del mundo, especialmente desde la caída de la Unión Soviética. Y lo que en un principio eran sanciones contra un rival, en este caso Irán, se fueron transformando en sanciones globales que obligaban a los demás países a actuar contra el actor sancionado según los deseos de EE.UU.. Es lo que se conoce como sanciones secundarias o indirectas.
La fórmula impuesta por EEUU supone que países de todo el globo, con Qatar a la cabeza, retengan enormes cantidades de dinero y activos iraníes congelados. EEUU obligó a que empresas, bancos y fondos de terceros países paralizasen importantes activos en el extranjero para minar las capacidades de la República Islámica.
En el conflicto reciente, Donald Trump aceleró a fondo para forzar al mundo a que no comerciase con Irán, de ahí que el republicano decidiese romper unilateralmente el acuerdo nuclear suscrito durante el mandato de Barack Obama y reasumir la estrategia de “máxima presión” contra el país.
Aunque muchos actores siguieron comerciando con Irán, especialmente en el ámbito energético, China fue el primero que apostó en 2026 por contrarrestar las sanciones secundarias estadounidenses que le afectan. De este modo, si otros actores decidiesen acatar la orden estadounidense de no comerciar con las refinerías chinas por mantener lazos con Irán, serían sancionados por Pekín.
La fórmula impuesta por EE.UU. supone que países de todo el globo, con Qatar a la cabeza, retengan enormes cantidades de dinero y activos iraníes congelados. EE.UU. obligó a que empresas, bancos y fondos de terceros países paralizasen importantes activos en el extranjero para minar las capacidades de la República Islámica.
El monto en cuestión es difícil de concretar. Las estimaciones hablan de en torno a 100.000 millones de dólares, en su mayoría provenientes de la compraventa de combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural iraníes. No obstante, la cantidad y localización no está completamente clara dada la movilidad de los activos y los intereses que han podido generar a lo largo de los años.
Qatar es el principal tenedor de activos iraníes, especialmente ante la posibilidad de que los activos congelados en Corea del Sur se hayan trasladado a la monarquía del Golfo. De ahí que este asunto se haya negociado durante el mes de junio a través de una delegación catarí y no solo mediante la mediación pakistaní.
Tras producirse los correspondientes encuentros en Doha, Teherán ha seguido presionando para que el acuerdo al que se pudiera llegar, incluso si este era de mínimos, incluyese la liberación de una parte de sus activos en el extranjero.
El consenso sobre el que Trump hablaba presumiblemente atañía al desbloqueo de Ormuz. Conviene a todas las partes que el estrecho recupere su rol como principal vía regional de tránsito. Pero es ahí cuando Teherán quiere hacer valer el peso demostrado en la guerra de 2026. Sin compensaciones de guerra, no hay acuerdo.
La partida económica que se está negociando es cuádruple. Por un lado, se habla de un fondo destinado a la reconstrucción o a la compensación de guerra. Pero este desenlace, previo a cualquier compromiso nuclear, resultaría extremadamente costoso a nivel político para Trump y, por supuesto, para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Las vías indirectas pasan por el levantamiento de sanciones o el cobro de peajes en Ormuz, pero ambas cuestiones se enfrentan a restricciones legales internacionales y de EEUU. La opción más viable vuelve a estribar, una vez más, en los activos congelados.
Irán quiere que se le devuelvan sus activos de forma previa a cualquier concesión en el ámbito nuclear bajo los términos estadounidenses. Incluso aunque se aceptase un levantamiento parcial y condicionado de sanciones, el historial de Israel con la firma de acuerdos en Palestina y Líbano, pero sin acometer las retiradas de las zonas ocupadas, alimenta la desconfianza iraní.
Por este motivo, Irán insiste en la firmeza de sus demandas. Algunas informaciones señalan que en la mesa de negociación se planteó la cifra de una cuarta parte de los 100.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el montante estimado total supondría en torno a un tercio del PIB de la República Islámica, la cantidad que se podría entregar si este extremo acaba formando parte del acuerdo sería en torno a un doceavo del PIB anual del país.
Tampoco se conoce quién desembolsaría ese dinero, que se encuentra distribuido entre países occidentales y orientales como Japón, Irak, India o Qatar. Pero la autorización debe emanar de Washington, quien garantiza la arquitectura internacional de las sanciones secundarias.
Gobierno Trump contempla la confiscación de dichos activos para su entrega a los países del Golfo en términos de compensación y reparación de guerra. El órdago cruzado está sobre la mesa
A ese respecto, las negociaciones de los últimos días de mayo y primeros de junio pusieron de manifiesto que el Gobierno Trump contempla la confiscación de dichos activos para su entrega a los países del Golfo en términos de compensación y reparación de guerra. El órdago cruzado está sobre la mesa.
Si Estados Unidos confisca una parte de los activos se estará rompiendo un tabú tan poderoso que propició la negativa de Bélgica y la Unión Europea para hacer lo propio con los activos rusos. Y, por lo tanto, Irán probablemente daría por finalizadas las negociaciones.
Una descongelación que beneficie a ambos bandos es una solución que aún no se ha podido explorar previamente, ya que en el caso ucraniano la propuesta provino de Rusia. Si se entregan, incluso si solo es una parte, Irán recibiría un balón de oxígeno para su economía, asfixiada por las sanciones y diversas crisis estructurales.
Pero además, este desarrollo de los acontecimientos se podría interpretar como una concesión que dejaría a Irán en una posición de fuerza para profundizar en demandas históricas o de gran calado como la nueva arquitectura de seguridad de Oriente Medio.

Un grave escándalo institucional sacude a la muni de La Plata, luego de que un alto cargo en el municipio fuera detenido por abuso sexual y violencia de género contra 3 empleadas municipales. Fue despedido tras la captura.
Un funcionario de la Municipalidad de La Plata fue detenido acusado de abuso sexual y violencia de género contra al menos tres empleadas que trabajaban bajo su órbita. Se trata de Federico Hernán Pez, quien se desempeñaba como director de Información Territorial del municipio.
La investigación, liderada por la fiscal Mariana Ruffino (titular de la UFI N°13 especializada en delitos de género) con intervención del Juzgado de Garantías N°4, se activó tras una denuncia radicada el pasado fin de semana por la expareja del exfuncionario.
Según fuentes del caso, la mujer denunció haber sido agredida físicamente durante una discusión y haber sufrido un abuso sexual. Debido a las lesiones visibles tuvo que recibir asistencia médica en un centro de salud, lo que derivó en la inmediata acción judicial. Tras ordenarse su captura, el municipio dispuso su desvinculación inmediata del cargo.
A raíz de esta primera presentación, el caso tomó una dimensión institucional aún mayor cuando otras trabajadoras municipales rompieron el silencio. Las empleadas denunciaron acoso laboral y sexual sistemático, situaciones de abuso amparadas en la relación jerárquica y de poder que ejercía el acusado.
La imputación formal contra Pez es por los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal”. El acusado se negó a declarar en su indagatoria y la Justicia ya rechazó el pedido de excarcelación presentado por su defensa, por lo que continuará tras las rejas.
A medida que avanza la investigación, el perfil del detenido genera cada vez más consternación. La documentación oficial incorporada al expediente reveló al menos 15 causas penales previas y más de una decena de expedientes en el fuero de Familia.
Todas las presentaciones anteriores están vinculadas a hechos de violencia de género, amenazas, lesiones y abusos denunciados por distintas mujeres a lo largo de los últimos años.
Ante este panorama, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires manifestó su “profunda preocupación” por el nivel de riesgo detectado, advirtiendo sobre la clara existencia de un patrón sistemático de violencia. Las denunciantes coincidieron en que Pez utilizaba sus posiciones de poder -ya que también cumplía funciones en la Defensoría del Pueblo bonaerense- para hostigarlas y condicionarlas laboralmente.
Desde la administración comunal explicaron que procedieron al despido de Pez en cuanto se conoció la orden de detención. Asimismo, aclararon que al momento de su designación, el hombre no registraba antecedentes penales en los informes oficiales presentados, cumpliendo así con las normativas vigentes para el ingreso a la función pública.
Actualmente, la causa se encuentra en plena etapa de recopilación de pruebas y toma de testimonios, mientras que las víctimas están recibiendo asistencia integral y acompañamiento legal por parte de organismos especializados.
AS/MG
Con información de NA

El requisito de solvencia económica dejó afuera a una población que trabaja en la informalidad, las residencias permanentes cayeron a la mitad y los operativos biométricos se multiplican en ferias y galerías. La historia de Sofía, colombiana, tres hijos y cuatro documentos vencidos.
Sofía G., colombiana de 34 años, entró en desesperación cuando quiso renovar el DNI de uno de sus hijos y se lo negaron. “Necesitamos que tengas solvencia económica”, le dijeron. Era octubre de 2025 y hacía cinco meses que regía el decreto 366/25, una reforma migratoria más represiva que la “Ley Videla” de 1981, según denuncian organismos de derechos humanos. Para renovar un documento, a Sofía le pedían trabajo registrado, un sueldo de 1.400.000 pesos y los seis últimos recibos. “No podemos hacer nada”, le dijeron.
“Pero ¿quién tiene solvencia económica?”, se pregunta Sofía –quien pidió resguardar su nombre verdadero– desde la Villa 31, donde vive hace 5 años. “Yo trabajo en casas particulares, hago trenzas y de vez en cuando vendo ropa y perfumes; así mantengo a mis hijos, que van a la escuela. Nadie tiene solvencia económica.”
Desde el 29 de mayo de 2025, cuando se modificó por decreto la Ley de Migraciones de 2004 –reconocida como una de las más amplias de la región–, la lógica del Estado cambió. Pasó de buscar la regularidad a generar irregularidades que después persigue. “La propia política oficial está empujando a los migrantes a la irregularidad para crear el objeto de los operativos”, resume Lucía Galoppo, abogada del CELS. “Hay una política oficial de irregularización migratoria”, coincide Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), “en un calco de las políticas de Trump”.
Con los meses, denuncian, la aplicación de la reforma empezó a exceder incluso los términos del propio decreto. “Se están llevando adelante prácticas que no surgen de la letra del decreto”, dice Liguori. Afirma que ahora Migraciones pide “solvencia económica” para renovar la residencia temporaria, cuando el decreto detalla que sólo es para la permanente. “Como la permanente es casi inalcanzable, la única salida es renovar la temporaria, pero ahora piden ‘solvencia económica’ y todos pasan a estar en situación de expulsión”, advierte.
El caso de Sofía es más dramático, porque su familia ni siquiera puede renovar los documentos. A ella y a sus tres hijos –de 17, 15 y 5 años– se les vencieron, y les cerraron la puerta a renovarlos. “Este año mi hijo mayor termina el colegio y no va a poder egresar porque no tiene DNI; es desesperante”, lamenta. “Somos una familia fantasma que deambula por la Ciudad. No podemos hacer nada, no existimos.”
El viernes de la semana pasada, al cumplirse un año de la reforma migratoria, el Ministerio de Seguridad subió a sus redes un video musicalizado con el tango de Roberto Goyeneche Naranjo en flor celebrando un nuevo operativo en Balvanera. Controlaron a 460 personas: se llevaron a dos peruanos acusados de abuso sexual, según dijeron. En la descripción, le piden a la sociedad que denuncie a “extranjeros delincuentes o ilegales” al 134, una línea reservada para el narco y la trata de personas, equiparando la irregularidad administrativa con un delito federal. “Eso tampoco está escrito en el decreto, quieren crear un monstruo, un problema que Argentina no tiene”, dice Liguori.
El cambio más significativo que introdujo el decreto se apoya en “solvencia económica” (1.400.000 pesos mensuales, con seis recibos de sueldo y certificado de contador) para acceder a la residencia permanente. En un país con el 43% de los ocupados –9,2 millones de personas– en negro, según el Indec, el piso resulta inalcanzable. Y en los rubros donde se concentra la migración la proporción es mayor. El 78% en el servicio doméstico, 74% en la construcción, más de la mitad en el comercio. Sofía G. limpia casas por día y pertenece a la rama con casi ocho de cada diez trabajadores en negro. El Estado le pide recibos de sueldo que su sector, por definición, no entrega.
La reforma también borró la garantía de que tener un hijo argentino habilita la residencia automática. “Ni siquiera la Ley Videla eliminó la residencia permanente para madres y padres con hijos argentinos”, señala Liguori. “Te dan la opción de separarte de tu hijo, irte del país o seguir viviendo en la irregularidad”, agrega Galoppo.
Con estas normas, las residencias permanentes aprobadas cayeron de 90.000 a 41.000 al año, según datos que CAREF obtuvo por pedido de acceso a la información pública. Quienes ayer eran “regulares” hoy son “irregulares”, perseguidos con lectores biométricos en la vía pública. “¿Qué van a hacer con todos los migrantes irregulares que están generando?”, se pregunta Liguori. “¿Acaso están creando un problema inexistente para después expulsarlos a todos?”
Sofía llegó el 16 de diciembre de 2021 con sus tres hijos, después de diez días en micro desde Ecuador. Había salido de Buenaventura, en el Valle del Cauca colombiano, una de las regiones más violentas del país. Está registrada como víctima de desplazamiento forzado y de delitos contra la integridad sexual. Su madre, que vivía en Buenos Aires, murió quince días después de que ella llegara. “Quedé sola con mis hijos y en un limbo burocrático”, resume.
Al llegar, pasó diez meses en un albergue, solicitó refugio, inició trámites, viajó a Uruguay en Buquebus para conseguir un sello migratorio con el que empezar el DNI. Logró arrancar su trámite y el de una de sus hijas. El documento de otro de sus hijos llegó recién en 2025, con dos meses de vigencia porque la espera había sido demasiado larga. Otro nunca llegó. Cuando quiso renovar la documentación, ya regía el decreto.
En CAREF calculan que cerca del 80% de las personas que atienden no llega a acreditar solvencia en los términos que Migraciones solicita. Galoppo apunta a quienes trabajan en Rappi, Uber o PedidoYa. “La falta de acreditación formal de esos ingresos puede dejar a una persona afuera de la posibilidad de regularizarse”, dice.
“Con el DNI vencido no puedo hacer nada”, dice Sofía G. “Ni siquiera puedo pagar el monotributo”. En la Defensoría del Pueblo le hicieron un informe social que acredita que sus hijos están escolarizados y que ella trabaja para sobrevivir, y presentó la documentación que la certifica como víctima de desplazamiento forzado. “Me dijeron que por ser víctima podían exceptuarme del requisito de solvencia, pero archivaron el informe”.
Desde principios de 2026, en barrios de la Ciudad y del Conurbano, la Policía Federal y agentes de Migraciones aparecen sin aviso, cortan calles y piden documentos con un lector de huellas que cruza bases oficiales. Los lugares generalmente son la Feria de los Bolivianos en Liniers, las galerías de Once, las calles comerciales de Flores y Constitución, una feria paraguaya en La Plata.
En el megaoperativo de Once, el 17 de abril, se controló a 2.965 personas y solo 15 estaban de forma irregular, el 0,5%. En Villa Celina, en enero, fueron 16 sobre 385. “Los números muestran que no estamos frente a un problema masivo ni a grandes organizaciones criminales”, dice Galoppo. “Muchas veces ni siquiera se trata de personas con antecedentes, sino de gente que no tenía el documento encima o todavía lo estaba tramitando”.
Otro aspecto de la reforma migratoria es que el acceso pleno al sistema de salud está garantizado para los residentes permanentes. “Recibimos casos de familias con chicos en tratamiento en el Garrahan o el Posadas que tenían residencia temporaria y no podían demostrar solvencia para la permanente”, cuenta Liguori. “Eso puso en riesgo la continuidad de tratamientos complejos”.
“Durante la dictadura, cualquier persona con DNI podía acceder al sistema público de salud. Este decreto introduce una discriminación explícita por condición económica”, señala Liguori.
Estar en situación irregular, recuerdan en ambos organismos, no es un delito penal en Argentina sino es una falta administrativa. Pero el decreto habilita la expulsión por esa falta, y quien tiene el DNI vencido ni siquiera puede entrar al sitio de la ARCA para demostrar los ingresos que le exigen. Sofía tiene hoy tres DNI vencidos y un documento que nunca llegó. Gastó casi 200 mil pesos en tasas y trámites. Vive en el Barrio 31, sin gas.
“Te presionan por todos lados y uno entra en desesperación”, dice. Su deseo se redujo a que le devuelvan los documentos o, al menos, “ una ayuda para volverme a mi país, porque estoy en un limbo”.
“Estar así es como si te faltaran los dos pies. Peor. Porque con las manos uno resuelve. Pero con el DNI vencido no se puede hacer nada. No sé qué quieren que haga la gente”, concluye.
LN/MC