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Sí hay plata: los directores de YPF propusieron quintuplicarse el sueldo en 2024

“Lamentablemente, no hay plata”, soltó Javier Milei en el discurso inaugural de su presidencia y desde entonces inició un ajuste fiscal histórico que en casi todas las áreas del Estado. No todas, como demuestra la compra de aviones militares a Dinamarca. No todas, como se comprueba en la petrolera YPF, cuyo 51% pertenece al Estado. El pasado 5 de abril el directorio de YPF propuso que en la asamblea de accionistas del próximo 26 de abril casi se quintupliquen sus salarios. El 51% de la empresa está en manos estatales y el resto cotiza en bolsa, es decir, está en manos privadas.

En 2023 se pagaron honorarios totales a los directores por $2,08 billones. Ahora, los directores quieren cobrar, entre todos, $10,18 billones. O sea, 4,9 veces más pese a que la inflación prevista por los diez pronosticadores que más aciertan en el relevamiento del Banco Central predicen un 203%. Es decir, las previsiones apuntan a que se tripliquen los precios, no que se quintupliquen.

Los directores justificaron así su pretensión: “Sobre la base de la información de mercado provista por una consultora especializada en la materia, se considera que las remuneraciones propuestas son adecuadas y razonables y que el valor de sus servicios se ajusta al comparable en el mercado con compañías de primera línea”. Aquí se puede leer la nota del directorio con la solicitud a la asamblea.

¿Quiénes son los directores? Al frente está el presidente de la compañía, Horacio Marín, un exejecutivo de la petrolera de Techint, Tecpetrol. Lo acompañan como directores titulares Germán Canseco, Omar Gutiérrez, Emiliano Mongilardi, Horacio Forchiassin, Jimena Latorre, María de los Ángeles Roveda, el exministro cavallista Carlos Bastos, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y su número dos, José Rolandi, y Mario Vázquez.

Como directores suplentes figuran el ministro del Interior, Guillermo Francos, Julio Schiantarelli, Guillermo Koenig, Carla Matarese, Hugo Rodríguez, Pamela Verasay, María Martina Azcurra, Santiago Martínez Tanoira, Silvia Ayala y Mauricio Martín.

Uno de los que alzó la voz contra el salariazo fue el diputado Itai Hagman, de Unión por la Patria, que elevó una carta de queja al directorio de YPF. “Hay que prestar mucha atención a lo que está pasando en YPF. Mientras Milei hace el circo de la motosierra y la anticasta con millones de argentinos cayendo en la pobreza, el nuevo directorio designado por el Gobierno se aprobó un aumento de CINCO veces en sus propios honorarios para cobrar cerca de 70 (¡SETENTA!) millones de pesos por mes. Ni hablar del evidente el conflicto de intereses entre gran parte de esos nuevos directores que vienen de -y siguen vinculados a- otras empresas del sector como Tecpetrol (Techint) y CGC (Corporación América)”, se refirió Hagman por la red social X a los grupos de Paolo Rocca y Eduardo Eurnekian, el expatrón de Milei.

“Presenté un pedido de acceso a la información publica para que las autoridades de la empresa expliquen los fundamentos de la quintuplicación de sus honorarios como así también las medidas tomadas para remediar los conflictos de intereses. YPF es orgullo nacional, y hay que cuidarla”, concluyó Hagman.

AR/DTC

Francos profundizó su acercamiento a los gobernadores antes del debate de la ley Bases en el Congreso

La misma foto se repite una y otra vez, como si se tratara de una película fallada: el ministro del Interior, Guillermo Francos, posa junto a gobernadores o diputados nacionales en algún despacho oficial, en una búsqueda por lograr los apoyos que necesita el gobierno de Javier Milei para aprobar su todavía incierto proyecto de ley Bases en el Congreso. Más de un mes y medio después del llamado al Pacto de Mayo, cerca de Francos se muestran optimistas. En su rol de espada política del oficialismo, el ministro entiende que su trabajo en gran parte ya está hecho y que ahora el debate de la letra fina del conjunto de reformas que La Libertad Avanza pretende llevar adelante deberá pasar al recinto de la Cámara de Diputados. 

La última postal de ese álbum variopinto con dirigentes de la oposición “dialoguista” tuvo lugar este miércoles, cuando Francos encabezó una reunión en Casa Rosada con el bloque Innovación Federal, conformado por los diputados que responden a los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro. La visita de ese grupo de ocho legisladores —la única bancada “del medio” que no había sido recibida todavía por el titular de la cartera encargada del trato con las provincias— ocurrió en la antesala de un hecho trascendente: la presentación formal en la Cámara Baja del largamente discutido paquete fiscal.

Sin cambios de último momento, y con la expectativa oficial de que se trate en un plenario de comisiones la semana que viene, el proyecto que contiene una importante batería de reformas impositivas será discutido a la par de la ley Bases bis, que pasó de 600 a poco más de 200 artículos y que el Gobierno busca que sea reflotada a través de un nuevo dictamen basado en el texto original. Además de la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, con un piso de $1,8 millones para solteros y de $2,2 millones para casados con hijos, el paquete fiscal enviado por el Poder Ejecutivo incluye un punto que dará que hablar: un amplio blanqueo de capitales para residentes y no residentes.

Acercamientos

Fue una semana movida para el ministro Francos. El martes protagonizó una gira que lo llevó hasta Santiago del Estero, donde mantuvo una reunión con el gobernador Gerardo Zamora. Según informaron fuentes oficiales, la conversación entre ambos giró alrededor de temas que hacen al “desarrollo” de las respectivas provincias. Pero un punto importante fue la necesidad de acercar posiciones con el mandatario de cara a las votaciones en el Congreso, donde el santiagueño cuenta con siete diputados y tres senadores nacionales bajo su batuta.

“Ya había quedado días atrás con el gobernador Zamora en visitarlo luego de mi paso por Santa Fe y en esta oportunidad charlamos y conversamos de cosas que hacen al desarrollo de la provincia, las dificultades de las obras que están paralizadas y que queremos poner en funcionamiento”, indicó el ministro ante medios locales, en referencia a un tema tabú para la agenda libertaria como es la inversión pública.

Pero Zamora no fue el único gobernador al que Francos le dedicó especial atención en estos días. En el último mes y medio, más allá de la reunión del 8 de marzo que contó con la representación de todas las provincias, fueron varios los mandatarios que desfilaron por los pasillos de la Casa Rosada por separado. Uno de ellos es el santacruceño Claudio Vidal, quien volvió a pisar Balcarce 50 esta semana. Fue su segunda visita en menos de un mes, lo que configura un gesto de buena vecindad luego de que el debate en torno al Impuesto a las Ganancias generara algunos chispazos. La discusión acerca de ese punto estuvo marcada por las reticentes de los gobernadores patagónicos, entre ellos Vidal, al frente de las provincias con sueldos más altos.

El martes, la última parada del raid maratónico de Francos fue Paraná. Llegó hasta allí para hacer presencia en el acto de la Junta de Gobernadores de la Región Centro, en el que se llevó a cabo el traspaso de presidencia del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio al santafesino Maximiliano Pullaro. El ministro compartió escenario con ambos mandatarios referenciados en Juntos por el Cambio, pero también con el cordobesista Martín Llaryora, uno de los dirigentes con los que mantiene mejor diálogo. Frigerio, Pullaro y Llaryora comparten el problema del recorte de las transferencias de Anses a las cajas de jubilaciones provinciales, un tema que ya había sido planteado en las conversaciones que vienen manteniendo con Francos.

Sin embargo, durante la conferencia, ninguno de los tres hizo alusión a esa cuestión. En cambio, Llaryora resaltó que los temas que ya no están en la ley Bases, como el aumento de las retenciones, fueron “fruto del trabajo de muchos sectores y el esfuerzo que pusimos en defender los intereses productivos de nuestra región”. Y, ante la atenta mirada de Francos, celebró que el Gobierno haya confeccionado “un programa tamizado, con puntos centrales y acordados, vinculados a la identidad de nuestro gen productivo”. Aunque hasta hace unas semanas en la Casa Rosada tenían dudas sobre qué harían los diputados cordobeses en el recinto, Llaryora le adelantó a Francos que firmará el Pacto de Mayo. El 25 de mayo será el anfitrión de la ceremonia de suscripción del acuerdo, del que participaría la mayoría de los gobernadores.

Por su parte, Pullaro también aseguró que va a acompañar el proyecto del oficialismo que se tratará en el Congreso en las próximas semanas, pero fue más cauto que Llaryora al aclarar que “hay algunos puntos que aún estamos mirando”. Y aunque no aportó precisiones al respecto, señaló: “Estamos comprometidos en dar las herramientas que necesita el Poder Ejecutivo para poder salir adelante. Y por supuesto, vamos a plantearle temas que son importantes para las provincias”.

Frigerio, en tanto, consideró que la ley Bases tiene “muchas chances” de ser aprobada. Pero no se privó de recordar los cortocircuitos que atravesó la primera negociación, cuando en enero y febrero Milei intentó aprobar su versión original sin un acuerdo sólido con los mandatarios provinciales. “El gobierno nacional, a cuatro meses de haber asumido, necesita de estos instrumentos que solicita desde hace tiempo y entendemos que aprendió de sus errores en el desarrollo de la gestión parlamentaria para convertir un proyecto en ley”, sostuvo el entrerriano. Un elogio que Francos devolvió con una sonrisa.

PL/JJD

La titular del FMI dijo que la inflación en Argentina “está bajando un poco más rápido” de lo esperado

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este jueves que el Gobierno de “está avanzando muy rápidamente” en su plan de ajuste fiscal y que “la inflación está bajando más rápido” de lo que esperaban inicialmente.

“Mire a la Argentina, un país que ha sido durante mucho tiempo percibido como un rezagado desde el punto de vista de las reformas, ahora se está moviendo muy rápidamente hacia el endurecimiento del gasto fiscal, conseguir la capacidad de la inversión privada para encontrar un mejor rendimiento. La inflación en Argentina está bajando un poco más rápido de lo que esperábamos inicialmente”, consideró Georgieva.

La economista búlgara se refirió al país cuando hablaba sobre el crecimiento en Latinoamérica durante la tradicional conferencia de prensa que ofrece en las Sesiones de Primavera del FMI, horas antes del encuentro en Washington entre el staff del Fondo y el ministro Luis Caputo.

El titular del palacio de Hacienda buscará convencer a los representantes del organismo de crédito (y del Banco Mundial) de que podrá negociar el desembolso de nuevos fondos por el posible sobrecumplimiento de las metas fiscales y de acumulación de reservas impuestas en el programa con el Fondo.

Caputo tiene la intención de conseguir mayor financiamiento para levantar las restricciones sobre el acceso al dólar. Sin embargo, conseguir nuevos fondos, al menos con el FMI, implicaría nuevas condiciones como un ajuste sobre el tipo de cambio oficial, lo cual generaría un problema adicional: si el Gobierno avanza en una nueva devaluación, se complicaría el objetivo de mostrar una desaceleración en el índice de inflación.

En el Fondo también hay dudas sobre algunas cuestiones, principalmente la resistencia que podrá tolerar la sociedad al fuerte plan de ajuste y el respaldo político que tendrá el Gobierno para llevar adelante sus medidas.

¿Argentina abandonó los derechos de los niños?

Argentina enfrenta una alarmante reducción en las políticas orientadas a proteger los derechos de las niñas y niños, especialmente en áreas cruciales como salud y educación. Las cifras hablan por sí solas: en los últimos seis años, más de 3,5 millones cayeron por debajo de la línea de pobreza, y más de 3,1 millones viven en condiciones de indigencia.

Hace tiempo que vivimos un proceso de empobrecimiento de la población que impacta de manera desproporcionada y cruel sobre las infancias, privando de derechos básicos y de condiciones dignas de vida a niñas, niños y adolescentes. Una de las estrategias más efectivas y celebradas regionalmente para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza es el Plan ENIA, una política pública impulsada desde el gobierno federal para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia. Curiosamente, una de las pocas políticas públicas que logró instalarse como política de Estado, trascendiendo distintas gestiones de gobierno (se comenzó a implementar en 2018 y continuó hasta ahora), recibe ahora el embate de los recortes presupuestarios, desarmando sin dar razones la estructura institucional e interjurisdiccional que sostiene la rectoría, el impulso y la implementación de un plan exitoso en las regiones más desiguales del país. 

La cruda realidad en que viven millones de chicas y chicos en Argentina llevó a organizaciones del colectivo “Infancia en Deuda” a presentar un informe al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, conformado por expertos y expertas que supervisan el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual nuestro país es parte. El documento detalla carencias en el acceso a la alimentación, resaltando que el 57% de las familias en provincias como Santiago del Estero sufren inseguridad alimentaria; barreras estructurales en el acceso a la educación de niñas y niños con discapacidad; y falta de servicios de cuidado, precisando que sólo el 19,1% de las niñas y niños entre 0 y 3 años accede a este tipo de servicios y que el 70% de los hogares con integrantes que necesitan cuidado lo resuelven a través del trabajo no remunerado asumido generalmente por niñas, adolescentes o mujeres del propio hogar.

Además, alerta sobre el desfinanciamiento de políticas públicas con impacto positivo en los derechos de niñas, niños y adolescentes, como la Educación Sexual Integral (ESI) y el Plan ENIA, aportando datos que evidencian su relevancia para detectar y prevenir situaciones de abuso sexual (un estudio del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el 80% de las y los adolescentes que contaron con información y consejerías en salud sexual pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de ESI) y para reducir los embarazos no intencionales en la adolescencia (datos del último censo muestran que se redujo del 49% al 27% la tasa de fecundidad adolescente).

El informe también pone de manifiesto las marcadas diferencias regionales en la garantía de esos derechos. Lamentablemente, el lugar de nacimiento sigue siendo un factor determinante para una vida con o sin derechos. El Comité ya había alertado sobre estas disparidades en 2018, instando a la Argentina a tomar medidas para revertir esta situación.

Contrariamente a las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Gobierno ha decidido recortar drásticamente los recursos destinados a las infancias. El presupuesto de 2024 es un 72,7% menor que el de 2023 y un 78,5% inferior al de 2021. Según UNICEF Argentina, si se sostiene este recorte, la cobertura y calidad de los servicios clave para los niños se verán seriamente afectadas.

Las reglas de juego parecen estar cambiando con un claro desinterés sobre el impacto que esto genera en la población. Políticas públicas que han tenido impactos positivos, como el Plan ENIA, están siendo desmanteladas sin interés en mitigar las consecuencias que la maternidad temprana tendrá sobre las trayectorias de vida de las adolescentes, asociadas a la deserción escolar y la inserción laboral de baja calidad. La maternidad temprana contribuye a la reproducción de los ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud. Si del rendimiento económico se trata, nada de esto parece contribuir a la productividad agregada del país. Estas políticas, valoradas por gobiernos de diferentes tendencias políticas, han buscado equilibrar las oportunidades entre personas de distintas provincias y niveles socioeconómicos.

Las desigualdades territoriales en el acceso a los derechos son históricas, pero se agravarán si continúan los recortes. En esta

distopía de retrocesos impensados

, mientras el gobierno parece abogar por un “federalismo del sálvese quien pueda”, la comunidad internacional y amplios sectores de la sociedad cuestionan estas medidas y su impacto en los más vulnerables.

Como sociedad comprometida con la dignidad, igualdad y no discriminación, no vamos a naturalizar la existencia precaria de millones de personas. Enfrentaremos la sinrazón exigiendo explicaciones con razones públicas, produciendo evidencia, explorando y accionando todas las herramientas democráticas posibles. Recordaremos hasta el cansancio que los derechos son para todas y todos, que la igualdad no es sólo ante la ley, que es mucho más que eso.

La autora es responsable del área jurídica de ELA.

JI/MT

Estaciones de subte con nombre doble: ¿homenaje o confusión?

A falta de nuevas estaciones, el subte porteño suma nombres. No terminamos de aprender que la estación Independencia ahora también se llama “Santa Mama Antula”, que nos desayunamos con que una legisladora libertaria quiere que Juan Manuel de Rosas-Villa Urquiza reemplace su primer nombre por Monroe. 

Hay dos motivos para el cambio: uno funcional y otro en honor a un presidente estadounidense, a tono con la fascinación del mileísmo por el país del norte y con la manía reciente de usar el subte para homenajes.

Pero, antes de seguir leyendo, llamemos a cada cosa –justamente– por su nombre. La toponimia es el conjunto de denominaciones de lugar de un país o de una región, y también la disciplina que estudia su origen. En las estaciones de subte, los topónimos suelen aludir a su vez a otros nombres, los de referencias geográficas cercanas como calles, avenidas o edificios emblemáticos. 

Ese es el espíritu original de la nomenclatura subterránea porteña, ya que bajo tierra lo que termina de ubicarnos es un nombre. Por eso mismo debe ser breve, informativo y carente de ambigüedad. El principal fin de un topónimo en transporte es orientar, no conmemorar.

Ya lo decía el Decreto-Ordenanza 4.748 de 1963, derogado: “Se simplificará al máximo la designación de los lugares públicos, usando el mínimo de palabras compatibles con el reconocimiento de la persona, hecho, etc., que se trata de honrar”. En otras palabras, en toponimia menos es más. 

Ese espíritu orientador se ve incluso en el correlato subterráneo de lo que pasa en superficie. El ejemplo clásico es Canning: cuando esa avenida mutó a Scalabrini Ortiz en 1974, también abandonó aquel nombre en las actuales estaciones Malabia y Scalabrini Ortiz de las líneas B y D respectivamente. 

También se cambiaron nombres para evitar repeticiones que derivaran en confusiones, como Medrano por Castro Barros en la línea A y Florida por Catedral en la D. Lamentablemente, no se actuó en sentido contrario cuando era necesario: no se unificaron las denominaciones de las estaciones de combinación como sí se hizo en el resto de las redes de subte del mundo. 

Este criterio original de concisión y claridad se abandonó en las últimas décadas cuando empezó a usarse el subte como homenaje. Como si su rol fuera el de monumento y no el de medio de transporte, sus estaciones comenzaron a acopiar nombres gracias a proyectos de legisladores que probablemente no lo usen seguido. Y aquí nadie critica la justicia del tributo ni su aporte a la memoria en el espacio público, sino el hecho de hacerlo a través de una doble denominación. 

Así se llegó a convivencias tan sorprendentes y extensas como Malabia-Osvaldo Pugliese (línea B), Independencia-Santa Mama Antula (E) y Once-30 de Diciembre (H), que podría entenderse en principio como una combinación de dos fechas, inédita en el mundo. 

A eso hay que agregarle nuevos cambios que, pese a un motivo funcional, suman nombres para aprender y mantienen el flagelo de las dobles denominaciones. El proyecto de la legisladora Sandra Rey (LLA) vuelve a modificar la designación de una de las cabeceras de la línea B, que en principio se llamó Villa Urquiza pero al que luego se le adhirió Juan Manuel de Rosas. Si se aprueba la propuesta, la estación pasaría a ser Monroe-Villa Urquiza.

Es un criterio con el que acuerdo porque prioriza una referencia geográfica. La avenida en superficie se llamó Rosas por poco tiempo. Mejor Monroe, que es su denominación actual. Pero hay dos peros. 

Uno es que haya un segundo rebautismo, con todo lo que implica en términos de dinero para modificar cartelería y mapas, y en esfuerzo adicional de comprensión y lectura por parte de los usuarios. 

El otro es que dos de las siete páginas del proyecto estén dedicadas a enaltecer al presidente estadounidense James Monroe, que “promovió un Estado lo menos intervencionista posible”, contra “la crítica de los populistas revisionistas contra la influencia real de la doctrina Monroe”, según el texto. 

Mientras tanto, la estación Ministro Carranza de la línea D sigue homenajeando a quien habría intervenido en el atentado terrorista del 15 de abril de 1953 en Plaza de Mayo, que dejó entre cinco y siete muertos y más de 90 heridos.

El nuevo proyecto de ley de Rey se presenta apenas un mes después del rebautismo de Independencia de la línea E, que el 13 de marzo sumó el nombre de “Santa Mama Antula”. Se eligió esa estación porque está a pocos metros de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales que ella fundó a fines del siglo XVIII, un dato que probablemente ninguno de los usuarios de la red podrá usar jamás de referencia.

“Más allá de lo justos que sean los homenajes, que se hagan en el subte siempre me pareció un disparate, porque sólo suman confusión”, se sincera el historiador Alberto Piñeiro cuando chequeo con él los cambios subterráneos de denominaciones. Ex miembro del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, lamenta que ya no se les pida asesoramiento en este tipo de modificaciones: “Antes entraban 30 expedientes de consulta por mes. Ya no”.

Este rebautismo subterráneo se hace ante nuestros ojos, sin que nuestro “no” valga de algo. Es un homenaje económico, porque cambiar la cartelería es más barato que levantar un monumento. Contraproducente, porque cada agregado desorienta. También, permanente: este tipo de modificaciones no se retrotraen, excepto para volver a sumar nombres, como es el caso de Villa Urquiza. 

Lejos quedaron los tiempos en que la nomenclatura urbana buscaba claridad y concisión. Sin chance de vuelta atrás para los nombres ya intervenidos, aún guardo esperanzas de que alguien frene esta escalada y siga primando la denominación única en el resto de las estaciones, esa simpleza pensada para lo que debería ser el centro de la infraestructura de la ciudad: quienes viven en ella.

KN/DTC