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El pacto Milei-Rovira en Misiones reconfigura la estrategia del Gobierno hacia las provincias

La reciente visita a Misiones del ministro del Interior, Guillermo Francos, marcó un punto de inflexión en la estrategia del gobierno de Javier Milei hacia las provincias. Más allá de la intención de asegurarse los votos necesarios para la aprobación de la ley Bases en el Congreso, el paso por la tierra colorada del funcionario encargado del diálogo político acabó por exponer una verdad incómoda: con tal de hacer pie en distritos adversos, La Libertad Avanza no tendría inconvenientes de pactar gobernabilidad con oficialismos locales pasibles de ser tildados de “casta”, como es el caso del provincialista Frente Renovador de la Concordia comandado hace más de dos décadas por el exgobernador Carlos Rovira.

Durante su visita a Posadas del viernes pasado, Francos fue recibido por el mandamás misionero en su oficina de la Legislatura, cuerpo que Rovira presidió durante 15 años y desde donde hoy maneja las riendas del poder provincial sentado en una banca de diputado raso. Pero el ministro no estuvo solo en esa reunión. De la comitiva libertaria que llegó a Misiones también formó parte una figura ascendente en el organigrama del Gobierno: el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encargada de llevar adelante el armado nacional de cara a 2025.

Es que lejos de tratarse de un acercamiento coyuntural, como el ensayado de enero con el tucumano Osvaldo Jaldo, durante el encuentro que mantuvieron con Rovira, Francos y Lule llegaron a un acuerdo cuyas bases y condiciones resultarían difíciles de admitir en público: cederle a la Renovación —como se conoce popularmente al espacio que gobierna Misiones desde el 2003— la potestad de impulsar candidaturas “libertarias” propias en las legislativas del año próximo.

El pacto fue confirmado a elDiarioAR por fuentes misioneras, las mismas que incluso dejaron trascender la existencia de una comunicación telefónica entre Milei y Rovira en la que el Presidente le habría hecho explícita al líder provincial —que en las últimas elecciones apoyó a Sergio Massa— su intención de desistir de jugar electoralmente en Misiones el año que viene. Por su parte, el primer mandatario se llevó el respaldo del gobierno misionero al Pacto de Mayo y el compromiso, en boca del mismísimo “conductor” de la Renovación, de que los diputados y senadores que le responden votarán positivamente tanto la ley Bases como el paquete fiscal, que el Gobierno espera tratar en el recinto de la Cámara Baja la semana que viene.

Los cuatro representantes “misioneristas” en la Cámara de Diputados forman parte de Innovación Federal, el bloque también integrado por los oficialismos de Neuquén, Río Negro y Salta, que dos días antes de la visita del ministro del Interior a Misiones se habían hecho presentes en Casa Rosada.

“[Rovira] me contó sobre el proyecto de modernización educativa que impulsa en la provincia desde hace 20 años, además de manifestarme su apoyo al trabajo del presidente para mantener las cuentas ordenadas y el déficit cero”, escribió en su cuenta de X el ministro Francos, que dio su palabra de que se finalizarán las obras públicas inconclusas y se liberarán fondos pendientes reclamados por la provincia. El funcionario nacional también se reunió con al actual gobernador, Hugo Passalacqua, y conversó con él “sobre los proyectos que están por tratarse en el Congreso”, según detalló en sus redes sociales.

Sin embargo, el raid frenético de reuniones de Francos en Misiones no terminó ahí. Una vez finalizada la ronda con autoridades provinciales, el ministro del Interior se acercó a la sede posadeña de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para tomarse una serie de fotos junto a figuras libertarias cercanas a Rovira que buscan quedarse con la representatividad oficial del mileísmo misionero. En ese grupo, conformado por tres espacios distintos, resalta por su versatilidad la abogada Micaela Gacek. Se trata de la actual subsecretaria de Coordinación General del gobierno de Passalacqua que el año pasado compitió como precandidata a diputada nacional por el partido Fuerza Liberal, sello que impulsó solapadamente el oficialismo provincial cuando se supo que Milei, por “cuestiones legales”, no podría presentar listas de legisladores en el distrito.

Con terminales directas en el multimedios estatal a cargo del contador Raúl Castaño —ojos, oídos y manos de Rovira en el día a día de la gestión— Gacek se vio involucrada en las últimas semanas en un hecho lindante con la censura, cuya noticia logró romper parcialmente el cerco mediático de la provincia y motivó el repudio de la oposición: la detención de Ramiro “Quito” Barrionuevo, un gomero y tiktoker libertario de la localidad de Eldorado, acusado de incurrir en “intimidación pública y amenazas” por sus publicaciones extremadamente críticas de la Renovación en redes sociales. A partir de una denuncia realizada en marzo por la funcionaria provincial, Barrionuevo debió pasar un fin de semana encerrado tras las rejas, luego de que la policía le sustrajera todos sus aparatos electrónicos.

Globo de ensayo

“Ir a la Corte para reclamar por los recortes de la Nación, no alcanza, no sirve”. Con esas palabras, pronunciadas recientemente durante un encuentro a puerta cerrada con dirigentes, Rovira daba rienda suelta a su característico instinto de supervivencia y le bajaba una línea clara y contundente a su tropa: Misiones no debe quedarse en la queja sino que debe “pasar a la acción” con iniciativas propias.

La postal de Francos junto a dirigentes libertarios cercanos a la Renovación fue otra jugada pensada hasta el detalle por “el ingeniero”. Una demostración más de que nada de lo que sucede en tierras misioneras pasa por debajo de su radar y que las estrategias de preservación que sucesivamente se plantea rara vez dejan cabos sueltos.

Otro ejemplo de ese modus operandi de Rovira fue, sin ir más lejos, la reciente ruptura del Partido Libertario local, conducido hasta el viernes pasado a la funcionaria al frente de las oficina del PAMI en Misiones, Ninfa Alvarenga. Su destitución fue definida mayoritariamente por la Junta Promotora del partido que, tras acusar a Alvarenga de supuestas “actitudes despóticas” y “decisiones inconsultas”, eligió como nuevo presidente a Franco Insaurralde. Curiosamente, uno de los libertarios que, pocas horas antes, también había posado en la foto con el ministro Francos.

“Nosotros venimos trabajando desde 2020 con Ninfa, somos los fundadores del partido junto con ella, pero nos hemos cansado de ver y aguantar un montón de situaciones horribles”, explicó Insaurralde en diálogo con elDiarioAR. Alvarenga, en tanto, aduce tener en su poder las fichas de afiliación. Y acusa públicamente a los rebeldes de “venderse” a la Renovación.

¿Qué tan avaladas están estas maniobras en altas esferas de La Libertad Avanza? La sorpresiva visita de Lule Menem a la provincia no deja demasiado margen para la duda. Según pudo saber este medio de fuentes de Casa Rosada, Karina Milei comenzó a llevar a la práctica un plan tan arriesgado como pragmático, del que Misiones pareciera ser su globo de ensayo: dejar correr la conformación de distintos sellos más o menos propios con la intención de que, una vez constituidos, confluyan todos en un mismo frente monitoreado por ella desde Balcarce 50.

Bajo ese criterio de máxima delineado por “El Jefe”, quien también se acercó a Misiones con la misión de expandir la representación política del oficialismo nacional fue la legisladora porteña, Lucía Montenegro. A fines de marzo, su visita a la tierra colorada estuvo enmarcará en el lanzamiento del partido Ahora Vos, cuyo presidente es otro viejo conocido del mundillo libertario local: el abogado Alejandro Jabornicky, quien compartió boleta junto a su colega Gacek en las PASO de agosto de 2023. “Que Misiones sea más liberal”, suelen repetir, sugestivamente, desde las filas libertarias misioneras. Rovira sonríe.

PL/JJD

Intentos contrarreloj para destrabar la ley Bases: pese a las diferencias por el texto, avanza el trámite legislativo

Al filo de la noche de este miércoles el oficialismo en Diputados llegó a un principio de acuerdo con sus aliados para avanzar en la nueva ley Bases y el paquete fiscal. A los distintos bloques parlamentarios les había llegado, supo elDiarioAR, una notificación extraoficial de que se convocará al plenario de comisiones para tratar los proyectos este jueves por la tarde. La idea de La Libertad Avanza es que la sesión empiece el lunes próximo.

La convocatoria al plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, para las 12 de este jueves, finalmente se confirmó después de las 8 de la noche de este miércoles. De modo que, pese a que persisten las diferencias sobre la letra del proyecto pretendido por el gobierno de Javier Milei, el trámite legislativo seguirá su curso como estaba previsto originalmente.

De acuerdo con la agenda que se maneja en el despacho del presidente del cuerpo, Martín Menem, más tarde seria el turno del paquete fiscal, a partir de las 15. El cronograma contempla convocar a sesión especial del recinto el lunes a las 11, supo este medio de distintas fuentes en la Cámara baja.

El derrotero legislativo de la leyes de desregulación económica de Javier Milei se trazó luego de una fuerte discusión que hubo en el despacho de Menem entre los distintos bloques. La inclusión de la reforma laboral así como el debate por los impuestos al tabaco fueron algunos de los puntos que pusieron en riesgo el tratamiento legislativo hasta esta misma tarde de miércoles.

El ruido sobre la reforma laboral que propuso la UCR chocó con el espacio de Miguel Pichetto, que pidió sacarlo del texto por la posibilidad de que la polémica que genere con los sindicatos ponga en peligro toda la ley. El PRO se metió en la discusión a partir de que su propuesta es que haya una ley espejo al capítulo del DNU bloqueado en la Justicia. El Gobierno intentó salir del laberinto por arriba. “Quedaron que el Gobierno va a mandar una reforma laboral para incluir en Bases”, fue la explicación de una fuente en Hacemos Coalición Federal. 

A su vez la exclusión del impuesto al tabaco también generó una fuerte disputa. La Casa Rosada opto sacarlo para evitar que el lobby de las tabacaleras empioje todo el proyecto. Ahora volvería en forma de un proyecto en comisión particular de parte de HCF.

MC/JJD

La reforma laboral traba el avance de la ley Bases

La incorporación de la reforma laboral dentro del megaproyecto de desregulaciones económicas llamada ley Bases ha complicado lo que parecía su seguro tratamiento en el recinto la semana próxima.

El primero que alertó sobre el asunto fue anoche el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, en una entrevista con Net TV: “Cuando te sorprende un domingo por la noche el señor [Julio] Cordero, secretario de Trabajo, y vienen con 60 artículos... No, eso no lo voy a votar. Eso nunca estuvo en el diálogo, eso es un ataque sorpresivo por la noche de decir: ‘Bueno, los muchachos están flexibles, metámosle la reforma laboral’. Ha habido avances, ha habido diálogo. El domingo por la noche aparece u nuevo texto de la ley Bases donde incorporan una reforma laboral de 60 artículos. Y bueno, son los excesos. El señor Cordero, que responde también a una gran corporación argentina beneficiada por este Gobierno —se refirió así a este exabogado de Techint—, cree que somos amateurs. Y no somos amateurs, somos gente responsables que trata de colaborar. Y tampoco fuimos los que impedimos al Gobierno que esta ley saliera. La ley fue retirada de manera abrupta (en enero pasado) por el propio Gobierno”.

Pichetto sólo admite que se incluyan algunos puntos de la reforma laboral, como la eliminación de multas a los empleadores o el aumento del período de pruebas de tres a ocho meses, pero reclama que lo demás quede para una discusión futura con empresarios y sindicalistas.

Cordero impulsó que la ley Bases incluya la misma reforma laboral que estaba incluida en el megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) de diciembre, que fue frenada por la Justicia, pero incorporó algunas sugerencias más de la Unión Cívica Radical (UCR) y de otros sectores.

El conflicto continuó, después de las declaraciones de Pichetto, en una reunión este miércoles entre el Ejecutivo y los bloques de la oposición dialoguista para definir el tratamiento de la ley Bases. “En la reunión no se llegó a ningún acuerdo y peligra la ley Bases si todo continúa así como hasta ahora”, advirtieron en el PRO, cuyo grupo encabeza Cristian Ritondo.

“El principal punto de controversia es la reforma laboral. El bloque de Pichetto quiere acompañar la iniciativa del PRO, y no la de la UCR”, agregaron. El PRO quiere que los cambios de la legislación del trabajo se limiten a los incorporados en el DNU y se excluyan los aportes de la UCR. “Los radicales se levantaron a los pocos minutos de iniciada la reunión, y amenazaron con no acompañar la ley completa si su parte de la reforma laboral no era tenida en cuenta —continuaron relatando en la bancada de Pichetto—. Ante esta situación, el PRO también se retiró de la reunión hasta que el Gobierno arregle la situación interna y con los demás bloques. No podemos seguir apoyando al Gobierno si ni los propios diputados de La Libertad Avanza (LLA) ni el presidente de la Cámara (de Diputados, Martín Menem) están sentados en la mesa de negociación. No podemos ayudar si ellos no escuchan y negocian con el radicalismo.”

En la bancada de LLA, que preside Gabriel Bornoroni, admiten que la discusión quedó en un compás de espera. Mientras tanto, en el radicalismo, cuyo bloque encabeza Rodrigo De Loredo, reconocen que la “no se sabe cómo saldrá la reforma laboral, algo van a meter, pero hay que ver qué queda”.

A diferencia del DNU, el nuevo proyecto de ley que incorpora las recomendaciones de la UCR reduce el período de prueba de ocho a seis meses, limita las cuotas solidarias de los trabajadores a sus sindicatos que se establecen en determinados convenios colectivos y acorta las penas para quienes protesten bloqueando empresas. En lugar de tres a seis años de cárcel, se aplicarían de seis meses a tres años.

AR/MC/JJD

El colapso no es solo ambiental sino también democrático

Aunque soy ecologista, estoy lejos de pensar que el colapso de las sociedades es o sólo puede ser ambiental. En realidad, si miramos con perspectiva histórica, la desaparición de determinadas sociedades no refleja solamente causas climáticas o ecológicas, como la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad, la mala gestión del agua, entre otros factores, hoy agravados por el extractivismo y la crisis climática, así como por la gran escala de los fenómenos. El colapso involucra también factores determinantes de orden político y geopolítico. 

Autores como el ya fallecido español Ramón Fernández Durán, cofundador de Ecologistas en Acción (quien dejó una gran obra que analiza el rol de la energía en el declive del capitalismo global) incluyen, además de los límites ecológicos del planeta y el agotamiento de recursos, una fuerte erosión del sistema democrático y la tendencia a la refeudalización de las sociedades, en el marco de una clima de guerra.

De hecho, hoy está de moda hablar de policrisis para caracterizar el momento postpandémico, en el cual se entrecruzan crisis múltiples, desde la crisis social vinculada al aumento de las desigualdades, la aceleración de la crisis climática, la crisis energética, la escalada de la guerra a nivel global y, por supuesto, la expansión de las extremas derechas, de fuerte vocación anti-igualitaria y antidemocrática. Asimismo suele decirse que la policrisis civilizatoria podría adquirir rasgos de “tormenta perfecta”, en la medida en que estas dimensiones tienden a superponerse y potenciarse, generando escenarios de mayor incertidumbre, incluso de (auto)destrucción política a gran escala. Así que, a la hora actual, las sociedades no solo se encaminan conscientemente al ecocidio, sino antes que nada, al suicidio político de sus instituciones democráticas. 

En Argentina, el triunfo de Javier Milei y los primeros meses de su gobierno nos han instalado de modo hiperbólico en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas. Nada mejor que recordar el libro “Cómo mueren las democracias”, escrito en 2018, en el cual S.Levitsky y D. Ziblatt, impulsados por el caso de Donald Trump, desarrollan cuatro indicadores de un comportamiento autoritario. Según los autores, el hecho de incurrir en uno solo de ellos, colocaría ya a un gobierno en la vía del autoritarismo. Sin embargo, en sólo cuatro meses Milei cumple acabadamente con los cuatro puntos, y pretende avanzar a pasos acelerados hacia un modelo autocrático.

El primer indicador se refiere al “rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas de juego”. Así, la escasa vocación republicana del nuevo presidente arrancó con el inconstitucional DNU (todavía vigente) y en la fracasada Ley Ómnibus; se hizo visible en el trato violento y despectivo hacia el Congreso Nacional (al que ha tratado de “nido de ratas”); También lo reflejan sus declaraciones previas acerca de si cree o no en el régimen democrático. Como otras extremas derechas hoy en boga, Milei dice creer en la libertad (a la que entiende como “libertad individual”, sobre la base de mercados libres y propiedad privada), pero no en la democracia (que en su formato constitucional requiere el equilibrio de poderes y de una mirada colectiva de la sociedad basada en el bien común).

El segundo indicador alude a la “negación de la legitimidad de los adversarios políticos”. En esto Milei ha dado más que pruebas suficientes, a través del insulto y la agresión reiterada. En el plano nacional, los adversarios políticos son tratados de “delincuentes”, “traidores”, “corruptos” y “extorsionadores”. En el plano internacional, tampoco ha ahorrado calificativos: se ha referido  a Gustavo Petro de Colombia como “asesino” y “terrorista”, y durante la campaña electoral había tildado a Lula da Silva de “corrupto” y “ladrón”. 

El tercero refiere a la “Tolerancia y /o fomento de la violencia”. Dicha intolerancia se manifiesta en una tendencia a la obscenidad serial, muy particularmente a través del uso de las redes sociales, en las que Milei invierte horas de su trabajo presidencial. Con estupor, hemos visto como repostea publicaciones vulgares y violentas contra gobernadores (como sucedió con el de Chubut, Ignacio Torres), o como en reuniones dejaba trascender la promesa de “mear a todos” los gobernadores, si no aprobaban su paquete de leyes. Hemos asistido al ensañamiento con algunos artistas (Lali Espósito) y en general para con todo aquel/la y que tenga cierta visibilidad pública y que critique o se atreva a discrepar con algunos de sus dichos o medidas.

El último indicador se refiere a la “predisposición a restringir libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación”. En aras de ser expeditiva, enumero aquí solo dos elementos: uno, el alarmante dispositivo represivo puesto en marcha a nivel nacional para disuadir o no permitir movilizaciones sociales opositoras, de la mano de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El llamado “protocolo antipiquetes” ha sido cuestionado por la totalidad de los organismos de Derechos Humanos, y ha generado en marzo de este año pedidos de informe de la OEA –y la CIDH– en relación “a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, así como por “las constantes agresiones a periodistas y obstáculos a la cobertura periodística”. Dos, los desaforados insultos a periodistas o medios que se atrevan a cuestionar mínimamente al presidente y sus políticas, más allá de cual sea la filiación político-ideológica. Lo escuchamos hablar con frecuencia de “periodistas ensobrados” (que cobran coimas), pese a lo cual no ha hecho ninguna denuncia judicial. Recientemente calificó el espacio periodístico como “corrompido, ensuciado, prostituido”; acusándolo de ejercer “la extorsión, la mentira, la difamación y la calumnia”. En fin, ya son más de veinte los periodistas de relieve nacional que han sufrido sus ataques de ira y vulgaridad.

Todo ello sin mencionar que en tan sólo cuatro meses Milei implementó una brutal política de ajuste económico neoliberal que potencia el fenómeno de la pobreza y la exclusión; que su política se encamina no solo a reducir sino decididamente a destruir la capacidad reguladora del Estado; y que su ataque virulento contra la educación pública, la ciencia y la cultura constituye un primer paso en la tarea de disciplinamiento de la sociedad. 

Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora. Sin embargo, este inventario rápido que acabo de hacer, está lejos de ser secreto o clandestino; al contrario, opera a plena luz del día, con grandilocuencia y crueldad, frente a la sorpresa muchos, pero también de cara a la complicidad y el silencio de otros tantos. En este punto,  poco vale responsabilizar a la gestión anterior o al conjunto de las anteriores administraciones. Ningún fracaso político-económico anterior ni tampoco las disfunciones o problemas que pudiera tener el Estado argentino en sus diferentes facetas –político, social, de derechos humanos, cultural, educativo, sanitario, entre tantos otros- justifican la actual liquidación del legado democrático, que hoy el gobierno de Milei viene realizando con una brutalidad desenfrenada. 

Este es el punto que quisiera subrayar para cerrar este artículo. Las democracias no sólo se quiebran porque una sociedad harta de frustraciones decide votar a un presidente de abierta vocación autoritaria, y éste avanza sobre las instituciones. Las democracias mueren porque cuentan con la anuencia y complicidad de una parte importante del arco político- partidario; que en este caso involucra a las fuerzas de centroderecha y derecha; esas mismas fuerzas que hasta hace poco se consideraban a sí mismas como parte del campo democrático y republicano. Y que jamás hubieran permitido a un gobierno opositor ni el diez por ciento de los atropellos institucionales que a gran escala  está llevando a cabo Javier Milei. La centroderecha y la derecha argentina, que hoy están siendo absorbidas aceleradamente por la extrema derecha antidemocrática, son  corresponsables de esta tragedia mayor que estamos viviendo como país.  

En suma, los indicadores que proponen Levistky y Zibaltt para leer el quiebre de las democracias, son ante todo un mensaje-recordatorio que deberían tener en cuenta el conjunto de las fuerzas políticas argentinas que aun hoy se siguen diciendo y considerando democráticas.

MS/DTC

La libertad no era para las mujeres

Argentina atraviesa un momento crucial en la protección de la salud y derechos de sus adolescentes. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), una iniciativa que logró reducir en un 50% la fecundidad adolescente, enfrenta serios riesgos de desaparecer frente al despido de 619 personas que tenían a cargo su implementación.

El ENIA surge en el año 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, como una política pública destinada a reducir las altas tasas de embarazo no intencional en la adolescencia en Argentina y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Comenzó su implementación en 36 jurisdicciones de 12 provincias del NEA y NOA y provincia de Buenos Aires. En el año 2023, el Gobierno Nacional a cargo de Alberto Fernández, cuya gestión continuó con el Plan ante los evidentes resultados de su aplicación e implementación, firmó un Convenio Marco de Adhesión con las restantes provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin métodos anticonceptivos y consejerías en escuelas y espacios comunitarios que permitan prevenir los embarazos no intencionales; sin acompañamiento para prevenir la violencia y los abusos en las infancias; con las provincias libradas a su suerte en un contexto de ajuste y recesión que recuerda a la descentralización que no funcionó en los ‘90, ¿dónde queda la promesa de libertad para las mujeres? ¿Qué futuro propone entonces el Gobierno Nacional a las y los jóvenes?

El Plan ENIA funcionó

La sociedad argentina viene exigiendo hace tiempo una revisión de aquellas políticas públicas que no funcionan bien o que son ineficientes. Sin embargo, el Gobierno Nacional decidió desarmar uno de los programas que sí funcionó, que tiene un gran reconocimiento por sus resultados a nivel regional y muchísima evidencia que demuestra que fue exitoso en el abordaje de la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes de nuestro país. Gracias al plan ENIA, el promedio de hijos por mujer entre 15 y 19 años disminuyó un 50% entre 2010 y 2022. Desde su implementación en 2018, redujo la tasa de fecundidad adolescente del 49 al 27% (Fuente: Censo 2022). 

Un ahorro económico significativo

Encontramos también mucha evidencia que contradice los argumentos económicos que se enarbolaron para justificar el desfinanciamiento de este programa. Este plan permite ahorrar un 0,16% del PBI en gastos asociados con la atención del embarazo y sus complicaciones. El Estado argentino invierte $7.597 millones anuales en atención sanitaria de embarazos adolescentes, lo que equivale a 200 millones de dólares. Desfinanciar el ENIA para “ahorrar” los $1.150 millones destinados a los salarios de los trabajadores del programa resultaría en costos mucho mayores a largo plazo.

Brechas regionales y desafíos pendientes

Según diversos estudios, al comienzo del Plan en 2018, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años fueron no intencionales. Esta alarmante cifra sube a 8 de cada 10 en niñas menores de 15 años, en su mayoría como resultado de abusos y violencia sexual. Los últimos datos disponibles de 2021 de la DEIS (Ministerio de Salud de la Nación) reflejan la reducción de dichas cifras, pasando a ser 5 de cada 10 embarazos no intencionales en adolescentes entre 15 y 19 años y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años.

A pesar de los avances, queda aún mucho camino por recorrer y persisten, además, importantes desigualdades regionales. La Región NEA, que incluye provincias como Santiago del Estero, Misiones y Formosa, registra las mayores tasas de fecundidad adolescente, con un promedio de 1,7 hijos por mujer. Sin embargo, según UNICEF, las provincias que implementaron el ENIA han mostrado una mayor reducción en la tasa de fecundidad adolescente en comparación con las que no lo tienen (“Situación de la población adolescente en Argentina”, 2022).

Si pensamos, por un lado, en los beneficios económicos que tiene para el país el sostenimiento del Plan, en el cumplimiento por parte del Estado de los compromisos asumidos para garantizar los derechos de las y los adolescentes y en los evidentes resultados de su implementación en tan sólo 12 provincias ¿no sería momento de redoblar la apuesta y seguir invirtiendo en la aplicación del Plan en todo el territorio nacional, en lugar de desfinanciarlo? En el año por “La vida, la libertad y la propiedad” es paradójico que se imponga la regresión de derechos en lugar de avanzar hacia nuevas conquistas.

Según el estudio MILENA, que mide entre otras cosas el costo de oportunidad educativo vinculado al embarazo en la adolescencia, las mujeres que tienen un hijo o hija en la adolescencia alcanzan menos nivel educativo que las mujeres que retrasan su maternidad a la primera década de su vida adulta. La Encuesta Permanente de Hogares en Argentina arroja que sólo un 4% de las mujeres que experimentan la maternidad temprana consigue continuar sus estudios más allá de la educación media.

El martes se vivió un día histórico en nuestro país. Miles de personas marcharon en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, frente a un recorte presupuestario que pone en peligro la continuidad de su funcionamiento. Gran porcentaje de quienes marcharon fueron las y los adolescentes argentinos, apoyando la educación pública, que les permite y permitirá transitar por sus espacios de formación y decidir su propio proyecto de vida. 

Desfinanciar el ENIA no solo pone en peligro la salud y los derechos de las adolescentes argentinas sino que también implica un retroceso en la lucha contra la pobreza intergeneracional, la deserción escolar y el acceso a empleos de calidad para estas jóvenes. En este contexto, nos preguntamos entonces cuál sería la libertad que tenemos las mujeres y, sobre todo las adolescentes, para decidir nuestro propio proyecto de vida y para proyectar un mejor futuro. Es imperativo que el Gobierno Nacional dé marcha atrás con el desfinanciamiento de esta política pública y que priorice a los jóvenes, invirtiendo en programas que, como el ENIA, han demostrado su eficacia. La libertad supone oportunidades y el Estado debe invertir en ellas.

La autora es integrante del Área Jurídica de ELA

PS/MT