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A la espera de cómo reaccionaran los mercados, los empresarios festejan el fin del cepo y piden seguir con el ajuste

Este martes, Argentina recibirá US$ 12.000 millones, en el marco del nuevo acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciado este viernes por ministro de Economía, Luis Caputo y que forman parte del préstamo de US$20.00 millones del organismo. Mientras se espera la reacción de los mercados este lunes, las grandes cámaras empresariales calificaron como un “paso significativo” las medidas y el acuerdo pero destacaron que el desafío es manter el “gasto público”, es decir el ajuste, en “niveles sostenibles” y generar más empleo.

El llamado Grupo de los 6, que comprende a la Asociación de bancos de Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Cámara de Comercio y la de la Construcción, señaló: “El desafío por delante es que tanto Nación, provincias y municipios trabajen de manera coordinada para llevar el gasto público consolidado a niveles sostenibles, financiables con una estructura impositiva menos distorsiva, que promueva la inversión y la creación de empleo”, señalron en un comunicado en el que calificaron como el acuerdo como un “paso significativo hacia la normalización macroeconómica de la Argentina, en el marco del programa fiscal, social, monetario y cambiario”.

También resaltaron que “la extensión de los plazos de los pasivos con el FMI contribuye a fortalecer el horizonte de vencimientos de la deuda pública permitiendo consolidar las reservas internacionales del Banco Central”.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) también hizo saber su apoyo a las medidas económicas anunciadas este viernes por el gobierno de Javier Milei y en un comunicado dijo: “Creemos que la liberación del cepo cambiario y el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, destinado a fortalecer el patrimonio del Banco Central, tendrán efectos positivos en la inversión y el acceso al financiamiento”.

Por otra parte, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) se mostró satisfecha con la decisión de eliminar el cepo cambiario: “Estas medidas son fundamentales para recuperar la previsibilidad macroeconómica, promover la inversión y fortalecer la confianza en el país”, señaló. Y agregaron que “la salida del cepo representa un avance significativo en el proceso de normalización del mercado cambiario y la integración de Argentina al sistema financiero global”. 

En el mismo sentido opinó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME): “Abandonar las restricciones cambiarias significa un paso clave en la normalización de la economía argentina”. CAME anticipó que la liberacion del mercado cambiario para personas “implicará probablemente un reacodomaniento del valor del dólar, para lo cual resultará necesario implementar acciones que eviten un corrimiento a precios” de bienes y servicios del salto en la cotización del dólar que pudiera registrarse desde el próximo lunes.

“Es de esperar que la liberación del denominado 'cepo cambiario' para personas físicas continúe con la flexibilización total de los controles en un camino de previsibilidad amplio”, sostuvo la entidad patronal.

Para la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) dijo que “el respaldo a la gestión del Ejecutivo representado por los US$ 12.000 millones de libre disponibilidad, contribuirán a la estabilidad y previsibilidad para toda la sociedad e inversores del exterior, al tiempo que el levantamiento de las restricciones cambiarias anunciadas significan un fuerte paso a la normalización de la economía y del comercio internacional necesario para el desarrollo sostenido del país”.

Y pusieron énfasis en que Argentina “cuenta con el potencial y los recursos necesarios para una inserción rápida en el comercio internacional que requiere un diálogo fluido entre el sector público y privado a fin de unificar estrategias para la generación de riqueza, empleo de calidad y mejores condiciones de vida al conjunto de la ciudadanía”.

A la espera del lunes

Desde el Gobierno, quien se ocupó de llevar a lo que pueda ocurrir el lunes con la apertura de los mercados, fue el jefe de Gabinete Guillermo Francos: “Lo que puede pasar está perfectamente establecido. El dólar oscilará entre 1.000 y 1.400 pesos durante este mes, y luego las bandas se ajustarán 1% mensual. No debería haber incertidumbre”, dijo,

Al hablar por Rivadavia AM 630, Francos sostuvo que “pueede que un día esté más cerca de 1.400, y luego baje. Lo importante es que hay suficientes dólares en relación a los pesos circulantes, por lo que no hay riesgo de corridas cambiarias”.

Como parte del acuerdo para recibir un nuevo endeudamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central anunció este viernes que inicia la llamada Fase 3 del programa económico comenzado el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei en la Casa Rosada. En esta nueva etapa, la cotización del dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) u oficial podrá fluctuar dentro de una banda móvil entre $1.000 y $1.400, cuyos límites se ampliarán a un ritmo del 1% mensual. Es decir, se abandona el crawling peg o suba gradual del dólar oficial al 1% mensual.

Según los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en enero la actividad industrial cayó un 1,3% respecto de diciembre, mientras que la construcción retrocedió un 1% en el mismo periodo. A nivel interanual, la construcción también registró una caída del 1,3%. Por eso, desde CAMARCO, advirtieron que tras el acuerdo resulta “fundamental consolidar un marco de reglas claras y estables que aliente la producción, la inversión genuina y el desarrollo de largo plazo en todo el país”.

Con información de EFE y Noticias Argentinas

Milei: “Desde este momento eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre”

El anuncio fue presentado como si se tratara de una liberación histórica: grandilocuente, como es costumbre en la retórica de Javier Milei. En cadena nacional, el presidente de la Nación declaró en la noche de este viernes el levantamiento definitivo del cepo cambiario y lo convirtió en símbolo de lo que considera un ciclo cerrado: el de una Argentina “atada al piso” durante los últimos 15 años. En su discurso —que leyó en la Casa Rosada, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabiinete, Guillermo Francos, más el resto de su gabinete sentados alrededor, y con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, pero no de la presidenta de la otra cámara del Congreso, Victoria Villarruel, con quien está enfrentado y distanciado políticamente—, el mandatario sostuvo que el Ministerio de Economía y el Banco Central rompieron “el último eslabón” de una cadena que mantenía trabada la economía nacional.

El anuncio llegó acompañado de una interpretación política del camino recorrido desde su llegada al poder. “Les dije que venía a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo”, remarcó Milei, y añadió que tras un “duro primer año de trabajo” el Gobierno dio por terminado el proceso de “saneamiento macroeconómico argentino”. “Hemos traído orden a los tres pilares fundamentales: el fiscal, el monetario y el cambiario”, aseguró.

Milei insistió en presentar el levantamiento del cepo como el final de una época. Afirmó que los argentinos “abandonaron la lenta agonía en la que estábamos sumidos” y que enfrentaron “el trago amargo de una sola vez y para siempre”, en lugar de seguir “postergando los problemas”.

Hubo además un reconocimiento explícito a quienes acompañaron políticamente sus medidas. Agradeció “a aquellos actores de la dirigencia política que sí entendieron el proceso de cambio que estábamos viviendo, sin mezquindades ni condicionamientos”. Y destacó a quienes respaldaron sus decisiones de veto en el Congreso: “Por ejemplo, aquellos 87 héroes que defendieron el superávit fiscal defendiendo los vetos que fuimos forzados a realizar para frenar la demagogia populista de algunos otros”.

El Presidente cerró con una reivindicación de su programa como una ruptura con las políticas del pasado. Dijo que el proceso no fue producto de “un capricho”, sino de la necesidad de corregir “décadas de horrores económicos” que, según su lectura, arrastraron al país hasta el 10 de diciembre de 2023.

Un discurso autocelebratorio en el que volvió a criticar a quienes no lo apoyan

El Presidente también utilizó la cadena nacional para presentar los resultados de su gestión como un salto de calidad en el desempeño económico argentino. “Pasamos de ser el peor alumno del mundo en materia económica a hacer los deberes y pasar a ser el alumno ejemplar”, afirmó. En esa línea, detalló lo que denominó “los tres exámenes” superados: el fiscal, el monetario y, con el fin del cepo, el cambiario.

Pasamos de ser el peor alumno del mundo en materia económica a hacer los deberes y pasar a ser el alumno ejemplar

En cuanto al orden fiscal, reivindicó haber dejado atrás “más de 100 años de déficit fiscal crónico” y ubicó a la Argentina entre los “cinco países del mundo que solo gastan lo que recaudan y ni un peso más”. Con respecto al frente monetario, dijo que “se le puso un tope a la cantidad de pesos emitidos”, lo que, según su descripción, redujo la inflación “entre 10 y 25 veces” dependiendo del índice utilizado. “Eso nos hizo ver una apreciación del peso sin precedentes con su consecuente caída de la pobreza”, agregó.

Sobre la eliminación del cepo, la calificó como “la última espina que nos infligía un dolor profundo” y la tildó de “aberración que nunca debería haber existido”. El mandatario vinculó directamente el levantamiento de las restricciones cambiarias con un nuevo respaldo del Fondo Monetario Internacional. “Hace algunos minutos, el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina”, celebró.

El acuerdo con el organismo multilateral, según explicó Milei, tiene una particularidad: por primera vez no se destinará a financiar una transición hacia el orden sino a sostener un plan que, según su visión, “ya ha rendido sus frutos”. Agradeció expresamente al directorio del Fondo y a su titular, Kristalina Georgieva, a quien definió como “la cristalina Georgieva”.

En contraste con los programas tradicionales del FMI, Milei subrayó que esta vez el ajuste no se hizo vía suba de impuestos sino que “casi la totalidad del ajuste recayó en el Estado y no en los argentinos de bien”. Precisó que el paquete de apoyo financiero, integrado por el FMI, el Banco Mundial, el BID y un RIPO del Banco Central, asciende a US$32.000 millones, de los cuales US$19.600 millones se desembolsarán de inmediato.

Con esos fondos, aseguró que las reservas brutas del Banco Central rondarán los US$50.000 millones en mayo. “Con este nivel de reservas podemos respaldar tranquilamente todos los pesos existentes de nuestra economía, brindándole más seguridad monetaria a nuestros ciudadanos”, sostuvo.

El Presidente también se detuvo en explicar la lógica contable del balance del Banco Central. Detalló que los activos están compuestos por reservas internacionales y títulos públicos, mientras que los pasivos incluyen la base monetaria y la deuda remunerada: las Lebacs, luego Leliqs y después pases. La mención técnica buscó reforzar la idea de un sistema monetario más sólido tras el reordenamiento impulsado por su administración.

Calculó que la mejora de las reservas del BCRA permitirían rescatar la base monetaria a un dólar a $650

En otro tramo del discurso, Milei profundizó en la lógica detrás del deterioro inflacionario argentino desde la salida de la convertibilidad. Explicó que el patrimonio neto del Banco Central se ve afectado cuando aumentan sus pasivos, ya sea por la emisión de pesos sin respaldo o por el devengamiento de intereses. En ese marco, señaló que cuanto más negativo es ese patrimonio, mayor debe ser el nivel de precios para ajustar las cuentas, lo que alimenta la inflación.

“Desde la salida de la convertibilidad el precio del dólar se multiplicó por 1.200 veces”, sostuvo el Presidente, y responsabilizó directamente a la política del Banco Central, que según dijo, “le robó a los argentinos más de US$100.000 millones en los últimos 25 años”. Afirmó que esa destrucción de activos explica el “desastre inflacionario” vivido en las últimas dos décadas.

A modo de respuesta a esa situación, Milei presentó el nuevo acuerdo con el FMI y otros organismos como un intento de “restaurar el activo del Banco Central y con ello su patrimonio, para que la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado”. Señaló que los fondos que ingresarán al Tesoro serán utilizados para cancelar deuda con el BCRA y que, dado que los títulos no cotizan a la par, eso también reducirá la deuda bruta del Estado.

Según sus cálculos, las reservas brutas permitirían rescatar la base monetaria a un tipo de cambio de $650, y si se toma la base monetaria ampliada, esa conversión sería posible a $911. Incluso fue más allá: “si utilizamos el techo de lavanda presentado por el ministro Caputo, no solo podría rescatarse toda la base monetaria amplia, sino que sobrarían cerca de US$15.000 millones”.

Desde allí, reforzó la idea de haber aprobado el “examen cambiario” y justificó la demora en levantar el cepo. “Nos hubiera encantado eliminar el cepo cambiario más rápido, pero siempre dijimos que preferíamos eliminarlo bien y definitivamente”, aseguró, diferenciándose de intentos fallidos del pasado. Valoró la aceptación social del ritmo impuesto: “Fue una de las tantas verdades incómodas que le planteamos a la sociedad, y que supieron aceptar con determinación y paciencia”.

El tramo más enfático del mensaje llegó cuando Milei proclamó que por primera vez en 120 años la Argentina logró tener al mismo tiempo orden fiscal, orden monetario y orden cambiario. “Nunca. Esta es la primera vez. Por eso no vengan a decir que ya la vieron, porque esta vez verdaderamente sí es diferente”, insistió.

Esa sincronía, según su lectura, marca un quiebre histórico. “Rompemos la rueda de la ilusión y el desencanto y comenzamos a caminar de una vez hacia adelante”, afirmó. Y resumió el cambio en términos de blindaje: una economía que ya no es una “balsa de madera a la deriva” sino “un verdadero acorazado”.

Esta nueva situación, añadió, ofrece dos garantías: la de evitar turbulencias autoinfligidas y la de estar mejor preparados que nunca para enfrentar shocks externos. Si bien admitió que ningún país es totalmente inmune, sostuvo que la Argentina actual absorberá menos daño y se recuperará más rápido que en cualquier otro momento de su historia.

Por último, amplió la mirada y ubicó el giro argentino en un contexto de transformación global. “En un mar de volatilidad, ya no somos una balsa. Somos un acorazado”, repitió, y señaló que el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial está dando paso a una nueva etapa, con “placas tectónicas que se están desplazando luego de décadas de quietud”.

Si los shocks externos impactan en la Argentina, habrá más ajuste, dijo el Presidente

Milei también anticipó cómo reaccionaría su Gobierno ante un eventual agravamiento del escenario internacional. “Frente a la posibilidad de que el choque externo se agudice, responderemos con mayor ajuste fiscal reduciendo el gasto público”, aseguró. Señaló que, en lugar de devaluar la moneda o subir impuestos —dos caminos usados históricamente en la Argentina— la estrategia libertaria será bajar la “absorción doméstica” a través de un achique adicional del Estado.

En ese sentido, informó que el objetivo de superávit primario para 2024 pasará de 1,3% a 1,6% del PBI, lo que refuerza, según dijo, la eliminación del riesgo fiscal, monetario y cambiario. “Han quedado asentadas las bases para la estabilidad y el crecimiento sostenido por el mediano y largo plazo”, remarcó.

El discurso incluyó una proyección optimista sobre el impacto del nuevo marco macroeconómico. Según el Presidente, el ahorro de 15 puntos del PBI que antes se dirigía a la política “ha sido devuelto al sector privado”, lo que se traducirá en mayor inversión y consumo. A eso se sumaría la baja del riesgo país, la caída de tasas de interés y el regreso del crédito privado.

Milei afirmó que el ajuste fiscal garantiza un piso de crecimiento del 4,5% anual a largo plazo, al que se agregan las reformas estructurales llevadas adelante por su administración: el DNU 7023, la Ley de Bases y más de 1.700 desregulaciones impulsadas por el Ministerio de Desregulación. También previó un empuje de corto plazo por la recomposición de stocks en las empresas y la revalorización de salarios y jubilaciones gracias a la baja inflacionaria.

A todo eso le sumó un nuevo “boom de créditos hipotecarios”, una baja gradual de impuestos, una apertura sin precedentes al comercio internacional y un renovado flujo de inversiones extranjeras: “Le pusimos un cepo al Estado, un cepo a la emisión y hemos liberado la canilla de la iniciativa privada”, celebró.

Culpó a la “ley Guzmán” por la “interrupción en el proceso de desinflación”

Con respecto a la inflación, Milei ratificó que su plan terminará con el fenómeno “de forma indefectible” y responsabilizó a la “ley Guzmán” por la reciente interrupción del proceso de desinflación. Denunció que por esa norma debió solicitar aprobación parlamentaria para el nuevo acuerdo con el FMI, lo que obligó al Gobierno a mantener la confidencialidad mientras “políticos y economistas generaban pánico e incertidumbre”.

La llamada “ley Guzmán” a la que se refirió Javier Milei en su discurso es la número 27.612, sancionada en marzo de 2021, durante la gestión del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.

Esta norma establece que todo endeudamiento en moneda extranjera con organismos financieros internacionales —como el FMI— debe contar con la aprobación del Congreso de la Nación. Fue impulsada luego del acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el FMI en 2018, que se firmó sin pasar por el Poder Legislativo, lo que generó fuertes críticas políticas y sociales.

La ley buscó dar mayor transparencia y control democrático a este tipo de decisiones estructurales, obligando al Ejecutivo a informar al Congreso y a obtener su autorización antes de contraer nueva deuda externa con organismos multilaterales.

En su discurso, Milei la cuestionó por considerarla una “aberración”, porque —según él— le impidió avanzar con mayor rapidez en el acuerdo con el FMI y lo obligó a mantener la confidencialidad mientras se generaba, en paralelo, “incertidumbre” por parte de sectores políticos y económicos.

Aun así, Milei se jactó de que gracias a su política económica la inflación no tiene otro destino que desaparecer, al no haber más emisión sin respaldo. “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, dijo. Y concluyó que salvo los más grandes, la mayoría de los argentinos “nunca vio algo así”.

El cierre de la cadena nacional tuvo un tono más épico, donde Milei ensayó un retrato del país como potencia en potencia. Destacó las ventajas naturales, la diversidad productiva y el talento disperso en todo el mundo como base para un despegue sostenido. “Imagínense cómo nos puede ir con el viento a nuestro favor”, alentó.

Recordó que en el último año se aprobaron inversiones por más de US$12.000 millones bajo el régimen RIGI, y anticipó que la eliminación total del cepo facilitará aún más la llegada de capitales. A su juicio, el resultado será claro: “Argentina será el país con mayor crecimiento económico de los próximos 30 años. En vez de hablar de tasas chinas, pronto el mundo hablará de crecer a tasas argentinas”.

Argentina será el país con mayor crecimiento económico de los próximos 30 años. En vez de hablar de tasas chinas, pronto el mundo hablará de crecer a tasas argentinas

En el tramo final, el Presidente se dirigió a todos los sectores, incluso a quienes no lo votaron o se opusieron a su gestión. “Si el país crece, a todos nos va a ir mejor”, sostuvo. Prometió un país “en el que salir adelante sea fácil para el que hace las cosas bien” y llamó a construir una “era dorada” de libertad y prosperidad.

Con un mensaje a la nación que combinó balance, ideología, promesa de futuro y tono religioso, Milei cerró su discurso con una frase ya característica: “Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen”. Pero esta vez no dijo “viva la libertad, carajo”.

JJD

Caputo espera este martes US$12.000 millones del FMI y a cambio promete más motosierra al gasto

El Fondo Monetario Internacional (FMI) girará este martes a la Argentina US$ 12.000 millones, en el marco del nuevo acuerdo financiero, anunció al ministro de Economía, Luis Caputo. Serán parte del préstamo de US$20.00 millones del organismo, de los cuales 15.000 millones llegarán en 2025, la mayoría ahora, 2.000 millones en junio y 1.000 millones en el resto del año.

El FMI por ahora no confirmó nada. Se espera que en las próximas horas emita un comunicado después de que finalice la reunión de su directorio en el que se aprobará el préstamo.

El funcionario dijo que, hasta junio, llegarán US$ 19.600 millones al país para fortalecer las reservas del Banco Central. Pues se sumarían US$3.600 millones de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID) y otros 2.000 millones de un repo (crédito de altas garantías) que otorgará en lo inmediato un grupo de bancos. En lo que resta del año llegarían otros 2.500 millones del Banco Mundial y del BID. En total, en 2025 sumarían 23.100 millones de las diversas fuentes de financiamiento. Caputo promete que “estos recursos serán de libre disponibilidad y se destinarán a la recapitalización del Banco Central”.

El Banco Mundial prestará U$5.000 millones al Estado, 5.500 millones al sector privado y dará garantías por 1.500 millones, lo que totaliza una operación de 12.000 millones. El BID financiará 7.000 millones al sector público y 3.000 millones a las empresas privadas, lo que suma unos 10.000 millones. Entre ambas entidades acumulan 22.000 millones, de los cuales sólo 6.100 millones llegarían este año.

A cambio, el Gobierno se comprometió a liberar el cepo cambiario para las personas, a flexibilizar en parte el tipo de cambio, permitiendo un salto del dólar oficial de hasta 27% en lo inmediato, pero también meter más motosierra fiscal. El Ministerio de Economía anunció la “implementación de un ajuste fiscal adicional de 0,3% del PIB para lo que resta de 2025, dado el contexto global”. Se supone que la guerra comercial que amenaza con recesión global deteriorará los ingresos del Estado. Originalmente, el Ejecutivo había establecido para el año un superávit primario (antes del pago de deuda) de 1,3% del PIB. Ahora lo elevará al 1,6%. Así podrá cumplir con los pagos de deuda a los acreedores privados. No se informó dónde talará la motosierra esta vez.

AR/MG

CFK calificó como "banda" a los Caputo y dijo que el FMI "le pone dólares a gobiernos gorilas"

La ex presidenta Cristina Kirchner cruzó al presidente Javier Milei por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a quien calificó como una “banda” que le pone “dólares a gobiernos gorilas”. Lo hizo en referencia a que “el dólar va a flotar entre bandas de $1000 y $1400”.

“Acá las únicas bandas que hay son las de los 'Caputo Boys' que, en apenas 7 años, empomaron a los argentinos fugando miles y miles de millones de dólares, después de ganar fortunas, él y sus amigos, con el carry trade”, añadió.

En referencia al FMI, dijo: “La otra banda es la del Fondo Monetario”, que le pone los dólares a los gobiernos gorilas como el tuyo y el de Macri y se terminan pagando con la miseria y el hambre del pueblo argentino“.

También lo criticó por la inflación

Ayer, se conoció el nuevo dato de inflación del mes de marzo y Cristina Kirchner aprovechó también para chicanear al jefe de Estado: “Y sobre llovido, mojado… Te mandaste una deva el mismo día que SE TE DISPARÓ LA INFLACIÓN AL 3,7%... ¿3,7%? Andá!!! Vos sabés que en la calle se siente otra cosa”.

“Y todo esto con el dólar pisado y el ajuste más grande del que se tenga memoria sobre jubilados, salarios y provincias”, agregó.

En esa línea, Cristina Kirchner se preguntó: “¿ME QUERÉS DECIR DE QUE TE SIRVIÓ LA MOTOSIERRA HERMANO? Porque está claro que tu plan -si es que tenías uno- falló. Y mirá que te dije que el problema no eran los pesos… que el problema eran los dólares que no tenés y que le tuviste que pedir prestado al Fondo”.

“Fijate que AYER NOMÁS TE CHOREARON 400 MILLONES DE DÓLARES DE LAS RESERVAS… La misma cifra que se necesita para reconstruir Bahía Blanca. ¡Mamadera!”, en referencia a la sangría que tuvo el Banco Central este viernes.

La ex presidenta remarcó otra contradicción de Milei y que tiene vínculo con la visita del secretario del Tesoro de los Estados, Scott Bessent, la próxima semana a la Argentina.

“¿El lunes le vas a tender la alfombra roja en la Casa Rosada para pedirle más dólares a Bessent, que trabajó con George Soros… uno de esos de la 'agenda LGBT' que tanto miedo te daba en Davos? Digo, por si querés contarle a tus seguidores libertarios ”anti- woke“ quién va a ser tu prestamista estrella la próxima semana”, dijo.

Y abrió una serie de preguntas: “Pero LA CUESTIÓN ES A QUIÉN LE VA A PEGAR TU FRACASO… ¿A vos? ¿A tu hermana? ¿A Adorni? No… LE VA A PEGAR A LOS MISMOS DE SIEMPRE. A los trabajadores, a los jubilados, a los que cobran en pesos”.

“Mientras los tenedores de activos -o sea, LOS AMIGOS DEL TOTO CAPUTO- ya están todos dolarizados y esperando la próxima timba - ESOS SÍ QUE SIEMPRE 'FLOTAN'-, es el pueblo argentino el que va a pagar el precio de tus decisiones, de tu soberbia y de tu entrega”, sumó.

Para Cristina Kirchner, son “TIEMPOS DUROS para los que trabajan, para los que producen, para los que no tienen cómo defenderse del ajuste y la especulación”.

“TIEMPOS DIFÍCILES que no van a terminar hasta que en 2027 dejes de ser Presidente y este país pueda volver a tener un rumbo nacional y racional, justo y, sobre todo, humano”, reflexionó.

Sobre el final, ironizó con la cadena nacional que dio anoche Milei: “P/D: Anoche, en tu discurso por cadena, te ví en modo Zen y leyendo de corrido. Pero lo que decías hermano ¡todo un delirio! ¿QUÉ ES ESO DE QUE VAS A ENFRENTAR LA CRISIS GLOBAL QUE DESATÓ TU ”AMIGO“ TRUMP CON MÁS AJUSTE PARA LOS ARGENTINOS? ¿En serio? ¿Querés matar a todos los argentinos?”.

“P/D2: A propósito de tu discurso… la alineación de tus funcionarios con caras de momias y ubicados simétricamente atrás y a tus costados ¿Obedece a algún ritual esotérico que los argentinos normales desconocemos? En Fin…”, concluyó Cristina Kirchner.

MU con información de la agencia NA

El Estado evita regular desde hace 17 años cuántos agroquímicos puede tener el agua que tomamos

Beber como mínimo dos litros de agua a diario es una indicación que se repite hasta el hartazgo como una buena práctica para la salud. Esta prescripción se basa en un presupuesto: el agua que tomamos es segura. Pero, ¿qué pasa si el agua que ingerimos tiene contaminantes como plaguicidas y no lo sabemos? ¿Qué parámetros se utilizan para determinar que el agua es potable?

En Argentina -país agroindustrial por excelencia- el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Crónica de una (no) regulación anunciada

En 2006, la Asociación Civil Foro Ambiental de Córdoba realizó un relevamiento en el que detectó que había dos temas prioritarios ambientales: “Uno era la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el otro era el de actualizar la normativa sobre plaguicidas en agua potable, que sólo incluía algunos desarrollados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, contó a elDiarioAR Federico Kopta, biólogo y actual presidente del Foro.

Para abordar la segunda problemática lo que había que hacer era lograr una actualización del Código Alimentario Argentino, la normativa que en su Capítulo XII indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerada potable.

El organismo encargado de su modificación es la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por otros organismos oficiales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), el Instituto Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y las distintas jurisdicciones del país. 

Además, según establece la ley que lo creó, la revisión del Código Alimentario tiene que ser permanente, por lo que el camino no podría ser tan complicado: el Foro tenía que exponer el problema, la Conal, hacer un análisis de los pedidos y definir los cambios correspondientes. 

Pero nada de esto sucedió. Lo que pudo reconstruir la UDI de elDiarioAR, a partir del análisis de los diferentes documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública, fue que desde 2007 hasta la actualidad hubo un sinfín de idas y vueltas con esta tarea fundamental para la salud de las personas entre distintos organismos públicos y que quedaron en la nada.

La historia

En 2007, luego de que el Foro Ambiental de Córdoba relevara que en Argentina no estaban regulados niveles máximos permitidos de plaguicidas de uso actual en el agua potable, el colectivo envió una carta a la Anmat, otra a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Córdoba y una tercera a la Defensoría del Pueblo, con los fundamentos técnicos sobre por qué había que actualizar la lista de plaguicidas. 

Después de un año de burocracia el Estado asumió la necesidad de ampliar la regulación de agroquímicos en agua potable en septiembre de 2008, cuando la Conal ingresó el pedido del Foro en una reunión plenaria que quedó registrada en un acta que lleva el número 78. En ese encuentro, la comisión acordó estudiar la inclusión en el Código Alimentario Argentino de los niveles máximos permitidos en el agua potable de los plaguicidas autorizados entonces en el país. 

Seis meses después, en marzo de 2009, la Conal creó el Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas”, coordinado por Senasa y el Instituto Nacional de Alimentos, con el mandato de actualizar la lista de estos contaminantes.

El Grupo se reunió en tres oportunidades. De la primera no hay registro, pero sí de la segunda, que ocurrió el 26 de junio de 2009. En esta reunión hubo reclamos cruzados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos dejó asentado que le había pedido datos sobre concentraciones de plaguicidas y cianotoxinas en el agua al Instituto Nacional del Agua y al entonces Ministerio de Ambiente pero que estos organismos no le habían respondido.

También le había solicitado esta información al Foro Ambiental de Córdoba, es decir, el Estado le pedía a una organización civil una información que, a priori, le corresponde tener oficialmente. 

Hubo una tercera y última reunión del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” el 28 de agosto de 2009 y participaron cuatro personas de Senasa y cuatro del Instituto Nacional de Alimentos. En el acta de ese encuentro se insistió con reclamos de información cruzada entre organismos. Además, Senasa destacó que consideraba “indispensable” para avanzar en el tratamiento de los límites de plaguicidas a incluir en la normativa “conocer el estado de situación de las aguas del país”, por lo que el organismo se comprometía a confeccionar un mapeo para informar en qué zonas se emplean puntualmente cada plaguicida.

Un dato sobre la composición de grupo de trabajo: uno de los coordinadores fue Diego Ciancaglini, por entonces coordinador de Agroquímicos y Biológicos de Senasa y quien desde ese lugar había expresado que el glifosato “cumple con todas las normativas” en una nota publicada por La Nación Campo.

Mientras en las reuniones de la Conal se pasaban la pelota unos a otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación consultó a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA sobre la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino para incluir límites máximos de residuos de plaguicidas y cianotoxinas en el agua potable.

En su respuesta, su titular, el doctor Carlos Damin, y la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Ana Digón, consideraron “pertinente” el pedido de actualización. 

En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR respecto a las conclusiones y acciones del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” de 2009, la Anmat informó que “no presentó ninguna propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, por lo tanto, el grupo de trabajo quedó inactivo”.

Los años pasaron y el Foro Ambiental de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la Nación insistieron. En el acta número 142 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Alimentos  tomó un nuevo pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable. Pero esta vez, en lugar de crear un nuevo grupo de trabajo, amplió el alcance de otro ya existente rebautizándolo como “Contaminantes orgánicos e inorgánicos”. Para entonces, habían pasado 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema.

Esta vez el pedido del Foro Ambiental era más concreto: proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea (UE) de 1998: una legislación de avanzada con foco en la prevención de riesgos para la población que establece como regla que ningún agroquímicos puede superar una concentración de 0,1 μg/l (microgramo por litro) para una molécula aislada y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede se mayor de 0,5 μg/l. 

En junio de 2022 la Comisión Nacional de Alimentos acordó avanzar en un muestreo nacional a mediados de 2023 para evaluar el estado de situación en cuanto al agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario. Pero tampoco sucedió.

La Anmat informó en agosto de 2024 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR (y lo ratificó hace semanas por fuentes) que el último avance sobre el tema fue la tramitación para “adquirir bienes de laboratorio necesarios para optimizar las técnicas analíticas disponibles para la determinación de residuos de plaguicidas y así poder avanzar con el muestreo al que se refieren las mencionadas actas de la Conal”. 

Estado de situación 2025

En las idas y vueltas entre el Foro, la Defensoría y distintos organismos estatales, el 22 de marzo de 2017, Alejandro Rubió -entonces integrante del Servicio de Evaluación Bromatológica del Departamento de Legislación del Inal- hizo un informe en el que aseguró: “Todo contaminante que no esté detallado en la normativa se encuentre prohibido”. Es decir, que si un contaminante está indicado en el Código Alimentario Argentino, el agroquímico puede contener ese contaminante en la concentración que fije el límite de la norma. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado su límite en el código, su sola presencia hace que el producto no sea apto para su consumo, explicó Rubió en el documento. 

En la actualidad el Código Alimentario Argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, 17 vinculados con el agronegocio como aldrin y dieldrin (insecticidas ampliamente usados en los 70 que ya fueron prohibidos), clordano y DDT (pesticidas que también fueron prohibidos en gran parte del mundo) o 2,4 D (herbicida).

Sin embargo, no están incorporados otros de amplio uso actual como los herbicidas atrazina (o su derivado hidroxiatrazina), metolaclor, imazetapir y glifosato ni insecticidas como el imidacloprid. 

Siguiendo el principio que explicó Rubió sobre el Código Alimentario Argentino, si en una muestra de agua se detectara atrazina o glifosato entonces se podría considerar que el agua no es potable. Pero al no estar detallados sus límites, ¿quién busca si estos contaminantes están? La respuesta varía dependiendo de la jurisdicción, porque mientras la regulación nacional sigue sin actualizarse, algunas provincias o prestadoras de servicios de agua de red avanzaron por su cuenta.

De acuerdo al relevamiento que hizo la UDI de elDiarioAR con prestadoras de agua de red de distintas jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) -que está en La Plata y otras localidades cercanas- y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) -que opera en Mar del Plata y sus alrededores- se rigen por la ley provincial 11.820 (Anexo A), que no incorporan plaguicidas de uso actual como la atrazina o el glifosato.

Respecto a la Ley 26.221, que regula en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prestación del servicio de provisión de agua potable, como el de la empresa AYSA, los contaminantes orgánicos que menciona son los mismos que el CAA, con algunas variaciones en los límites máximos, es decir que tampoco integran al análisis los agroquímicos más usados.

Distinto es el caso de Aguas Santafesinas SA (ASSA) - que presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez- que se rige por la ley provincial 11.220 pero, además, desde la empresa informaron que controlan la presencia de atrazina, glifosato, AMPA, endosulfán, y cualquier otro componente que fuera necesario controlar para garantizar la prestación del servicio.

En el caso de la provincia de Córdoba también se avanzó más allá del CAA: en 2016, gracias al trabajo del Foro Ambiental, el Estado provincial aprobó nuevas normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida, que incorporaba 12 nuevos plaguicidas y una cianotoxina al control de rutina, además de nuevos elementos químicos como el uranio. 

En diálogo con elDiarioAR, el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, Federico Kopta, sostuvo que la diferencia por la cual se pudo avanzar en la provincia de Córdoba y no en la Nación es porque en esa jurisdicción “existió una competencia técnica por parte de un decisor que era un ministro y una posterior decisión política”.

El que busca, encuentra

Desde 2010, el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce fue contactado por comunidades vecinas, municipios y productores agropecuarios organizados para indagar sobre la presencia de plaguicidas en aguas destinadas al consumo humano.

Entre 2019 y 2022 se tomaron muestras de aguas subterráneas que tenían profundidades que variaban desde un mínimo de 17 metros hasta más de 50 y abastecían tanto a redes públicas (es decir, a empresas proveedoras de agua) como a privados (familias o establecimientos que realizan sus propios pozos).

La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales

Paula Blois — Antropóloga, coautora del libro Veneno

En esas muestras se buscaron 53 plaguicidas y productos de degradación. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados que revelaron “una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

“Los pesticidas detectados con mayor frecuencia tanto en el suministro público (atrazina, imidacloprid , hidroxiatrazina, imazetapir y 2,4D) como en el suministro privado (atrazina, metolaclor , hidroxiatrazina, imidacloprid) fueron prácticamente los mismos”, indica el trabajo cuya primera autora es la investigadora argentina Virginia Aparicio. 

De este listado, sólo el 2,4D se mide en el Código Alimentario Argentino. El estudio señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.

Una clave: durante el período de recolección de muestras, el 25% del suelo estaba plantado con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% estaba destinado a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”, concluyó el estudio.

El agua en las escuelas

Ante la falta de mediciones oficiales y tras sufrir fumigaciones directas o cercanas, comunidades de escuelas rurales de todo el país —impulsadas muchas veces por docentes—realizaron relevamientos junto a equipos científicos de distintas universidades.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó información sobre la medición de más de 34 instituciones de nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los relevamientos fueron impulsados entre 2019 y 2022 por organizaciones locales, universidades y colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida, es decir que no fueron ordenados por gobiernos municipales, ni provinciales ni el nacional.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

Si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada.

Federico Kopta

Entre los agroquímicos que más aparecieron en el agua de las escuelas figuran atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.

Política de Estado

El Estado argentino reconoce oficialmente no tener información sobre cuáles son los agroquímicos más usados. Al menos esto informó Senasa a elDiarioAR, aunque sí proveyó el listado de los autorizados.

Ante la falta de datos estatales, elDiarioAR consultó a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) que reúne a los principales fabricantes y vendedores de agroquímicos. Esta entidad informó que “de acuerdo con los últimos reportes de mercado (2022), se comercializaron en el país 188 millones de litros/kilogramos de principios activos de fitosanitarios excluyendo a los fertilizantes”, aunque aclaró que la venta no implica que efectivamente se haya usado ese volumen.

También señaló, en relación a las ventas, que “los herbicidas representan aproximadamente el 90%, mientras que el 10% restante está representado por insecticidas y fungicidas”. “Esto se debe al predominio del sistema de siembra directa y la gran extensión de superficie agrícola de nuestro país”, pero la organización tampoco tiene el listado de los agroquímicos más usados.

“La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales”, señaló a elDiarioAR la antropóloga Paula Blois, coautora junto a Guillermo Folguera del libro Veneno.

Y continuó: “Hay cientos de estudios que demostraron que cuando las comunidades hacen mediciones hay agroquímicos en agua para consumo humano y es esperable que así sea si cursos de agua, suelos y lluvias tienen venenos”. Blois sostiene que cuando hay algún estudio promovido desde el Estado, la información disponible es deficitaria. Entonces, el Estado no está “ausente”, “el Estado interviene negando. Interviene corriéndose, negociando y dejando hacer a las empresas. Interviene con sus fragmentaciones. Y, también, interviene creando comisiones”. 

En la misma línea de Blois, Federico Kopta sostuvo que “si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada. En algún punto, la medición de los plaguicidas en el agua es la punta de la cadena que desnuda un modelo productivo basado en el uso de agroquímicos que termina envenenando el agua, y eso cuestiona el modelo del que ganan no sólo las empresas químicas y sus distribuidores, sino también los productores y los pueblos donde la economía se mueve con ese modelo productivo. Por eso hay un pacto de silencio implícito”.

La UDI de elDiarioAR se comunicó con Anmat y Senasa para solicitar entrevistas con miembros de los grupos de trabajo, así como con responsables para conocer el estado de situación actual pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta. 

“El problema es que, en definitiva, en Argentina el veneno es una política pública”, concluyó Blois.

Nota: este artículo se corrigió el 12 de abril de 2025 a las 13:55. En una referencia a Kopta en una cita destacada se le atribuyó erróneamente ser coautor del libro Veneno.

ED