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Las provincias definen si adhieren al tope de aumento que impulsa Massa para las cuotas de escuelas privadas

En un intento por contener la inercia inflacionaria, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la semana pasada la ampliación y unificación de los distintos acuerdos de precios bajo el paraguas de Precios Justos, con una pauta de aumento mensual coordinada. Este acuerdo XL incluye, como novedad saliente, las cuotas de escuelas privadas. Según dijo el ministro, "en toda la Argentina" deberán respetar una suba límite de 16,8% en marzo y de 3,35% en abril, mayo y junio, pero el éxito de esta medida dependerá de la adhesión de las provincias, que no todavía definieron su posición y están pendientes de lo que suceda con el salario de los maestros.  

Para Martín Zurita, titular de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aiepba), que nuclea a los establecimientos de la provincia de Buenos Aires, "antes de poner tope a las escuelas privadas debemos conocer la paritaria docente". "De otra manera, empezamos al revés", dijo a elDiarioAR. Cuando faltan pocas semanas para el inicio de clases, surge la duda de si los límites a las subas de las cuotas funcionarán también como un techo en la discusión salarial del sector, lo que podría traer aparejado una mayor conflictividad.

Desde 1994 la educación está transferida a las provincias, por lo que el Ministerio de Educación puede recomendar o sugerir pautas, pero son cada una de las 24 jurisdicciones las que deben definir sobre el tema arancelario. 

Ayer Massa y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, firmaron un primer acuerdo a nivel nacional con la Cámara Argentina de Instituciones Privadas (CAIEP), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP) y el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), en la sede de la cartera de Economía. Acto seguido, Massa invitó a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a “que adhieran al convenio firmado”. "Esperamos el compromiso de todos los gobiernos provinciales, entendiendo que cuando bajamos el gasto de las familias en términos de lo que influye el gasto de inicio de clases de marzo, lo que estamos haciendo es que vivan un poco mejor”, dijo. 

Según pudo confirmar este medio de fuentes oficiales, el jueves habrá un encuentro del Consejo Federal de Educación donde se presentará un documento con la propuesta, para que luego cada provincia defina al respecto. El Consejo reúne al ministro de Educación de la Nación y los integrantes de su gabinete con los titulares de las carteras de Educación provinciales, y es la instancia donde se debate y coordina la política educativa nacional. CABA y provincia de Buenos Aires ya habrían adelantado su aval, aunque restan las confirmaciones oficiales y esto signifique dar marcha atrás con algunas decisiones ya tomadas.

En Buenos Aires, por caso, el ministro Alberto Sileoni ya había autorizado una suba del 20% promedio para marzo en los más de 5.000 institutos privados con subsidio estatal de la provincia. La resolución, firmada en noviembre pasado, indica que los jardines de infantes y primarias podrán cobrar desde marzo entre $5.200 y $23.000, de acuerdo al porcentaje de subsidio estatal que reciban, que cubre del 40% al 100% del salario docente. En secundaria, el rango es de $5.700 a $30.000. 

En el caso de Córdoba, el ministro de Educación ya se adelantó y comunicó que "no va a adherir" a la propuesta del Gobierno nacional . "Córdoba va a mantener su sistema de cálculo de topes para resguardar la previsibilidad. No es sensato poner en zozobra el funcionamiento de las instituciones privadas", anunció mediante un comunicado oficial Walter Grahovac.

El ministro cordobés añadió que plegarse a la decisión nacional llevaría "intranquilidad a las familias en la continuidad de la escolaridad de sus hijos en estas escuelas". La decisión de Córdoba se acordó luego de mantener una reunión con el director general de Institutos Privados de Enseñanza, Hugo Zanet, con representantes de cámaras y organizaciones que nuclean a escuelas privadas de la provincia. 

El anuncio del Gobierno nacional "ha sido inconducente, sin sentido, porque además de que no tienen jurisdicción (en la provincia) hay que entender que las cuotas están atadas en un porcentaje muy significativo al salario docente, cuyas paritarias aún no se iniciaron", sostuvo el funcionario en el comunicado, y agregó que "las cuotas de la educación privada no son el foco de la inflación".

En Entre Ríos, fuentes del servicio provincial de Enseñanza Privada señalaron que en la provincia rige desde 2003 un régimen de actualización de cuotas basado en el salario docente. Según el medio provincial UNO, la escala de cuotas vigente desde febrero de 2023 en los 850 colegios privados de la provincia es: escuelas con 100% de aporte estatal un máximo de $8.057 (arancel voluntario), escuelas con aporte estatal del 80% el tope es de $21.753, las del 66% de aportes $29.004 de tope, 60% de aportes estatales con $31.421 de máximo y aquellos colegios con 40% de aportes del Estado pueden cobrar hasta $36.254 de cuota.

La iniciativa abarca solo a los colegios con aporte estatal, es decir que los colegios que no reciben dinero del Estado, podrán incrementar la tarifa sin restricciones. Más del 70% de las escuelas privadas del país reciben subsidios del Estado, según un informe del Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE). Estos fondos son destinados al pago de salarios docentes y en algunas provincias, las transferencias a los colegios privados llegan a representar el 20% del gasto total educativo del distrito.

DT

Acuerdo entre el Gobierno y colegios privados para establecer un tope a los aumentos en las cuotas

Los ministros de Economía, Sergio Massa y de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, acordaron hoy con las cámaras y entidades que agrupan a las instituciones de educación privada fijar un tope a los aumentos de las cuotas de esos colegios. Massa y Perczyk firmaron un acuerdo hoy con la Cámara Argentina de Instituciones Privadas (CAIEP), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP) y el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), en la sede de la cartera de Economía.

El convenio establece que las escuelas privadas con subvención estatal podrán aumentar las cuotas un 16,8% en marzo y 3,35 en abril, mayo y junio.

Tras la firma, el ministro Massa expresó su agradecimiento “a las cámaras que representan a las entidades educativas privadas de la argentina, a las instituciones de educación privada”. 

“Pudimos avanzar en un acuerdo que nos da la tranquilidad de saber que para todos los hogares argentinos que tienen a sus chicos o a sus hijos en edad escolar les damos previsibilidad, les damos certidumbre”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

Asimismo, el ministro destacó que “se trabajó en el compromiso de este tema con la enorme mayoría de las jurisdicciones de la Argentina para que no sea sólo un acuerdo que influye en las escuelas de Capital o Provincia sino en las escuelas de todo el país. Esperamos el compromiso de todos los gobiernos provinciales, entendiendo que cuando bajamos el gasto de las familias en términos de lo que influye el gasto de inicio de clases de marzo, lo que estamos haciendo es que vivan un poco mejor”.

Por su parte, Perczyk agradeció “el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de los representantes de la educación privada para dar previsibilidad a los aumentos de las cuotas de los colegios y llevar tranquilidad económica a las familias”.

“Argentina tiene un sistema educativo en el que el 75% son establecimientos públicos y el 25 restante privados, por eso agradecemos que se sumen a este acuerdo”, resaltó.

Consignó que este acuerdo “es un paso más hacia el inicio del próximo ciclo lectivo” e invitó a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a “que adhieran al convenio firmado hoy”.

De la firma del convenio, participaron también el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el Asesor Ejecutivo del Ministerio de Educación, Mario Caputo; la directora de Educación Pública de Gestión Privada, María Gloria Zingoni; el secretario General del Consejo Federal de Educación, Marcelo Mango y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Gustavo Faskowicz.

DA

El asesinato de Fernando y una mirada desde la ESI

El crimen de Fernando Báez Sosa y el juicio a los rugbiers, ocupa desde hace un tiempo, un lugar preponderante en la tapa de diarios y revistas, en los medios, en las redes. Ocupa nuestros pensamientos y nuestros sentires. Ocupa un espacio central en la charla entre personas amigas o en la mesa familiar. Y bienvenida esta ocupación, si no se transforma solo en pre-ocupación, sino también en un motor para pensar y revisar en qué mundo estamos. En qué mundo queremos vivir y cómo nos queremos vincular. Y, especialmente, si nos impulsa a actuar para modificar aquello que nos duele y molesta. Motor para encender hoy, pero especialmente cuando esta noticia deje de estar en primera plana.

Para encarar esta revisión, contamos con una herramienta muy potente: la Educación Sexual Integral, que por Ley Nacional 26150 del 2006 es obligatoria en todas las escuelas del país, en todos sus niveles y modalidades, tanto laicas como religiosas, públicas como privadas

Voy a enfocarme en sus aportes, reconociendo que es una mirada posible entre otras, desde donde analizar esta tragedia.

En tanto ley, es un derecho y una obligación. Pero también es una ética y una política de cuidados y especialmente, podemos pensarla como oportunidad.

Oportunidad para promover comunidades que alojen la diversidad en sus múltiples sentidos. La diversidad sexo-genérica, pero también cultural, de lenguas, de espacios de pertenencia y procedencia. Nos invita a celebrar que ese otro, esa otra esté ahí, pensando distinto para armar un buen lugar. Nos invita a desarmar y cuestionar las relaciones de poder por género, clase, raza o etnia, entre otras variables posibles. Relaciones de poder que tiñeron la escena del crimen a Fernando. Todavía resuena y nos duele ese “negro de mierda, me lo voy a llevar de trofeo.”

La diversidad es constitutiva de la vida en común y no característica de un grupo o de una persona. Las diferencias nos enriquecen y en un contexto epocal que promueve la exclusión del diferente y el individualismo exacerbado, en una sociedad que nos inunda con el discurso del odio, trabajar por el respeto y el cuidado colectivo, deviene una tarea urgente y central. 

Para lograrlo, no alcanza con enunciar “está mal” frente a un insulto o discriminación, necesitamos entender al servicio de qué o de quiénes está la búsqueda de un chivo expiatorio, al que solo se puede segregar y odiar. Necesitamos tener claves de lectura para comprender este fenómeno histórico que nos llevó a considerar, por ejemplo, que la blanca es una raza superior. Necesitamos, primero visibilizar cómo esta idea todavía impregna los vínculos, para poder barajar y dar de nuevo.

“La ESI abraza y valora las identidades históricamente vulneradas y discriminadas y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de reflexionar y abrir preguntas tales como:  ¿qué nos distingue y qué nos iguala? ¿Cómo equilibrar la supervaloración de algunas identidades con la subvaloración social de otras? “Encontrar las respuestas a estas preguntas no es algo sencillo, pero las articulamos con algunos principios como el respeto, el diálogo y la inclusión. De este modo, estaremos más cerca de encontrar un camino común, habitado por un gran nos-otrxs”. De: Identidades. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela. M. de Educación Argentina (2021)

Por otro lado, es una oportunidad para interpelar lo que hasta ayer considerábamos como naturaleza, como algo inmodificable, para entenderlo como construcción y visibilizar las relaciones de poder ocultas. Ideas que fuimos mamando en esta cultura patriarcal, como por ejemplo, en todo lo referido al género. 

La filósofa francesa Simone de Beauvoir, allá por el 1949 escribía “No se nace mujer, se llega a serlo” para explicar que lo que entendemos por mujer es una construcción social que fue variando a lo largo de la historia y que lo que nos hace mujeres no son las características biológicas, sino nuestras conductas, roles, atributos, expectativas que vamos aprendiendo en determinado contexto, en determinada cultura y época.  

Pues bien, esto vale también para los varones. No se nace varón. Es decir: no se nace fuerte, valiente, agresivo, ni con el sello de ser el proveedor, procreador, y protector del “género débil.” Ni se nace con el deseo de adueñarse del cuerpo de alguien más débil ni con la necesidad de gratificarse ostentando frente a otros pares el uso y abuso de poder. No se nace con el deseo de patearle la cabeza a otro hasta matarlo: estas conductas se construyen. Nuevamente, el patriarcado hace lo suyo y con esto no minimizo ni saco responsabilidad a los asesinos ni al peso de la educación recibida en un marco familiar, educativo y deportivo. Y aclaro, además (no se ofendan los varones) que estoy realizando una generalización que puede resultar injusta a los efectos de simplificar y explicar estos conceptos. 

Entonces, con la perspectiva de género como lente, podemos interpelar esta masculinidad hegemónica para promover y construir otros modelos, otras formas de ser varón, o mujer o ser por fuera de cualquier binomio. 

Finalmente, el asesinato de Fernando está teñido de una crueldad que nos espanta. Fernando devenido en cosa, totalmente deshumanizado. ¿Y qué entendemos por crueldad? 

La antropóloga Rita Segato nos recuerda que “La pedagogía de la crueldad es un conjunto de actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transformar lo vivo en cosas”. ¿Y cómo se transforman en cosas? "Si retiro la ternura". “El mundo de los dueños que habitamos necesita de personalidades no empáticas, de sujetos incapaces de ponerse en el lugar del otro”… (para)…“Matar sin que sea muerte, muerte humana” Y queremos, necesitamos, que la muerte de Fernando se humanice.  

Por eso, deviene hoy como tarea central promover la ternura, la empatía, el cuidado y respeto por quienes nos rodean ya que, en la voz de Segato, “solo un mundo vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida”. 

Nuestro desafío de cada día será trabajar para que en cada espacio la vida y la muerte sean vidas y muertes humanas. Para promover otros vínculos más solidarios, otras comunidades que alojen las diversidades en todos los sentidos y en las que circule el cuidado colectivo. Es cierto, es ir contra el discurso dominante, pero es por ahí y es con a ESI.

LM

Cuánto tiempo es para siempre

No es fácil hablar de castigo y derecho penal, y es tanto más difícil hacerlo en un caso de alcance mediático como el de Fernando Báez Sosa. En esta columna voy a intentar explicar qué es y qué implica una pena perpetua. También voy a hacer una reflexión sobre el castigo y sobre cómo esperamos grandes cosas del sistema penal que, spoiler alert, nunca nos va a dar. 

Pero primero lo primero. Las dudas alrededor de las penas perpetuas no están solo en el imaginario social, son reales y tienen una explicación. Históricamente en Argentina no existían las penas perpetuas porque el cumplimiento de una condena suponía un sistema progresivo que iba desde la reclusión total, que constaba de distintas etapas en las que el control sobre la persona iba disminuyendo, hasta culminar con libertades supervisadas. Esto es así porque nuestra Constitución Nacional establece desde 1853 que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, es decir que nuestra Ley Suprema marcó, desde un principio, que las cárceles no son un castigo.

Ya en el código penal de 1921 -aún vigente con sus modificaciones- las penas perpetuas no eran tal cosa, ya que a partir de los 20 años del cumplimiento de la pena podía solicitarse la libertad condicional; y luego de obtenida esa libertad, si transcurrían 5 años sin que se revoque, la pena se extinguía, es decir, se tomaba por cumplida.

Paralelamente, en 1994, una reforma les atribuyó jerarquía constitucional a distintos tratados internacionales de derechos humanos. Esto quiere decir que se tomó la decisión política de que tengan la misma importancia que nuestra Constitución Nacional. Así, entre otros, la Convención Americana sobre Derechos Humanos pasó a equipararse con nuestra constitución, y con ello su artículo 5.6, que reafirma el principio constitucional de 1853 y establece que “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados”. Pensar en penas perpetuas que así lo sean pone bajo la lupa si es esa la finalidad que realmente persiguen.

En 2004, la ley 25.892 conocida como una de las “Leyes Blumberg”, modificó aquel plazo de 20 años para poder solicitar la libertad condicional y lo corrió a los 35 años. Además, aumentó a 10 años el plazo de cumplimiento de la libertad para poder pedir la extinción de la pena, y por primera vez se estableció un listado de delitos que no podían acceder a la libertad condicional.

Luego, en 2017, la Ley 27.534, conocida como “Ley Petri”, incluyó en esa lista a todos los homicidios agravados, junto con otros delitos.

Recapitulando: hasta 2017 los delitos cometidos por los imputados en el caso de Fernando permitían acceder a la libertad condicional una vez cumplidos 35 años de pena, pero ahora están incluidos entre los delitos que no lo permiten. La pregunta entonces es: ¿y ahora qué?

Bueno, la respuesta no es fácil pero la conclusión es una: la perpetua es, efectivamente, perpetua. Ni el código ni las leyes regulatorias imponen límite alguno. Toda libertad anticipada requiere de un determinado tiempo de cumplimiento de pena para poder solicitarla. En el caso de las penas perpetuas, funcionan, además, como un límite temporal. De esta manera, si la libertad condicional no se puede pedir porque el delito cometido no lo permite, entonces no hay límite. Si el código penal no dice cuándo una persona condenada sale en libertad, es porque no sale nunca más.

Sin embargo, existe otra posibilidad que es convertir la pena perpetua en una pena -larga- pero temporal. Esto pasaba -y pasa- en los despachos de tribunales.

Brevemente, para no aburrir con tecnicismos, quienes no comulgan con las penas eternas, entienden que la pena perpetua no puede superar el máximo de pena posible que establece nuestro código penal para el concurso de delitos (esto pasa cuando una persona comete muchos delitos y todas sus penas se suman, pero sin superar un máximo de 50 años), por lo que la perpetuidad sería, en realidad, de 50 años. Otros piensan que el límite máximo son 45 años (porque la condicional es a los 35 y a los 10 años de cumplida se extingue la pena). Finalmente, y la más difícil, es resolver la inconstitucionalidad de la prohibición de la libertad condicional en casos de condenas perpetuas (pero este debate requeriría muchas columnas más).

Igualmente, si nos atenemos a lo que dice la ley, no existe un límite temporal claro.

Además, vale aclarar que la Ley 12.256 de ejecución penal que rige en el caso concreto no permite a los condenados por homicidios agravados acceder a un régimen abierto (seguir preso, pero con un régimen más flexible y en un espacio abierto) ni a las salidas transitorias.

Ahora que pasamos la parte más compleja, quiero retomar los primeros párrafos, esto es, que la pena tiene un fin, que ese fin es la reinserción social, y que por eso existe un principio de progresividad de la pena.

Sin embargo, si la pena es para siempre, entonces no existe la progresividad, y si no existe progresividad, no hay reinserción social. Entonces si la pena no tiene un fin, es un castigo.

¿Pero qué implica que sea un castigo?

Nils Christie, sociólogo y criminólogo, en su libro “Los límites del dolor” dio una definición simple de la pena: la imposición de un castigo dentro del marco de la ley significa causar un dolor deliberado. A pesar de ello, como la imposición de dolor no va de la mano con principios valorados por la sociedad como la bondad y el perdón, suelen hacerse intentos por esconder el carácter básico del castigo y cuando no es posible ocultarlo se lo justifica. A su vez, explica que las diversas formas de control de la delincuencia aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer, como un péndulo, y que ninguna de las posiciones extremas es estable.

A propósito de Christie, en Argentina las cárceles se caracterizan por la superpoblación y el hacinamiento, por la violencia por parte del sistema penitenciario y violencia entre aquellos que lo habitan. Nuestras cárceles no son sanas y no son limpias. Una pena perpetua en una cárcel de Argentina es, en efecto, un castigo perpetuo. Y sí, lo que hicieron los imputados en el caso de Fernando es aberrante y la pena puede estar bien aplicada desde lo teórico. El problema es que ese castigo no resocializa, tampoco intimida al resto y evita que otros cometan el mismo delito, y no es necesariamente un acto de justicia.

La prisión perpetua solo hace responsable al autor individualmente y no recoge las responsabilidades sociales. Es más fácil señalar con el dedo a Máximo Thomsen y pedir un castigo perpetuo como sinónimo de justicia, que pensar que las lógicas con las que se manejó y las lógicas de la cárcel son un reflejo de lo que somos como sociedad. Creer que impartiendo más dolor se puede compensar otro dolor es un error. Aquellos que piden livianamente que en la cárcel sufran lo mismo o más que su víctima, o abogados que no empatizan con la descompensación de un chico de 23 años que va a pasarse una vida en la cárcel, no hacen más que reproducir las lógicas violentas que nos marcan como sociedad y son las mismas que se disputaron en un ataque 8 a 1 a la salida de Le Brique.

Nunca el derecho penal es una buena solución porque lo único que tiene para ofrecernos es un castigo, y ese castigo es deshumanizante. Y haciendo propias las palabras de la abogada Luli Sánchez, no hay justicia posible si los procesos no registran la humanidad que está en juego, tanto de las víctimas como de los victimarios.

El dolor de una víctima y el de sus familiares, del delito que sea, es inconmensurable, y por eso no podemos exigirles a los papás de Fernando, o a cualquier víctima de un delito gravísimo como este, que no litiguen por una pena perpetua, ni tampoco que comprendan que reclamar más derecho penal no es la solución.

El trabajo es institucional y nos obliga, me incluyo, a los y las operadores del derecho, a asumir un rol objetivo en el análisis. El derecho penal no puede ser la moneda de cambio ni una forma de vendetta particular. Los esfuerzos se tienen que concentrar en abordar los problemas estructurales que tenemos como sociedad, ese es un buen punto de partida. 

La pena puede ser perpetua pero no puede ser eterna, es necesario que tenga una fecha límite, para cumplir con el principio de progresividad y, sobre todo, el de humanidad. Así lo marca nuestra Constitución y los tratados internacionales con su misma jerarquía.

Si no repensamos cuál es la lógica del castigo que reproducimos, aumentar penas que tanto pedimos impartir y sumar delitos que no obtengan libertades condicionales no va a impedir que siga habiendo muchos más Fernandos y Máximos.

Abogada y docente (UBA), maestranda en Derecho Penal (UdeSA), y ex alumna del Centro Universitario de Devoto.

De una sentencia se espera siempre mucho más de lo que puede dar

El juicio realizado en los tribunales de Dolores para dirimir las responsabilidades derivadas del hecho que le costó la vida a Fernando Báez Sosa dejó muchas dimensiones para pensar la vida pública. Algunos aspectos son indiscutibles. Primero. Las únicas víctimas de un hecho aberrante fueron Fernando y sus familiares. Segundo. Los magistrados del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires dictaron una sentencia después de un juicio que, seguramente, será discutida en las instancias de apelación. Tercero. La sentencia, como era esperable, despertó polémicas. Aquí me quiero detener.

No haré un análisis jurídico. Por lo tanto, no voy a ingresar en el debate sobre el monto de la pena. Me interesa, en cambio, señalar algunas diferencias entre el plano moral y el plano legal. Desde mi perspectiva, esos planos están peligrosamente superpuestos. Es por ello que se espera de una sentencia mucho más de lo que puede dar. Al colocar tanta energía en la sentencia, quizá se escapa algo que es central para evitar que estas cosas pasen. Me refiero a detectar las condiciones sociales que hacen posible una matriz de violencia que atraviesa a toda la sociedad. En esto caso, nos detenemos en las formas de violencia que acompaña a lo que debería ser el momento de diversión de los jóvenes. Pero esa matriz de violencia está presente en el trabajo, en el tránsito, en los espectáculos deportivos, en la vida doméstica y en la pública. No debemos olvidar que los hechos preceden al derecho. Hay sentencias porque pasaron algunas cosas no queridas. El desafío es cómo hacer para que no pasen más.

Durante los días previos a la sentencia se reclamaba “justicia” Pero los jueces no pueden hacer “justicia” ¿Por qué? Nadie explicó mejor la discusión acerca de la justicia que Hans Kelsen en un libro de texto elocuente ¿Qué es la justicia? (1) Decía Kelsen que “la razón humana sólo puede acceder a valores relativos (…) Ello significa que no puede emitirse un juicio sobre algo que parece justo con la pretensión de excluir la posibilidad de un juicio de valor contrario”. Es una verdad autoevidente.

Cada persona tiene un juicio de valor individual al que es imposible darle un alcance universal. Si ello puede pasar, viviríamos en una dictadura. Por ello, entre otras cosas, nos organizamos para vivir en sociedades edificadas en base a derechos y creamos instituciones. Una es el sistema judicial. ¿Qué hace? Expropia los conflictos sociales y los resuelve por medio de juicios sobre la base del derecho. Así, evita que hagamos “justicia por mano propia”. Precisamente porque cada uno de nosotros tiene una visión distinta de lo “justo”.

Todo esto significa que al aparato judicial no dicta justicia. Lo que hace es resolver mediante la aplicación del derecho problemas que giran en derredor de lo que es justo. Las leyes las produce el Estado, pero a través de un sistema de representación que depende de la voluntad de los ciudadanos. Así, las normas que hace el Congreso expresan los valores medios de la sociedad y constituyen la única herramienta que tienen los magistrados para resolver problemas en torno a lo que es justo. A Fernando le arrebataron el derecho a la vida. Los jueces resolvieron de acuerdo con la ley las responsabilidades por ello y fijaron una pena. Así funciona. En base a la ley. Esto es decisivo.

Cuando prometemos o juramos lealtad a la Constitución, a los 10 años, renunciamos a hacer justicia y nos conformamos con que los jueces apliquen la ley. Por ello es tan importante tener un sistema judicial creíble y prestigioso, porque allí yace la autoridad de la ley que es la autoridad de la república. Retengamos esto. Siempre la ley tiene relación con la moral. Pero a los efectos de estas líneas, es decisivo entender que los jueces solo pueden guiarse por la letra de la ley. Repito, por ello es tan importante la credibilidad. La credibilidad les da espaldas anchas para aplicar las normas más allá de los reclamos individuales o grupales de “justicia”.

Así, una sentencia pone fin a un conflicto. Tiene autoridad porque es la palabra de la república. Debe ser aceptada por los ganadores y por los perdedores. Ratifica qué está prohibido y qué está permitido. Es un insumo para los comportamientos futuros de los ciudadanos. Pero poco más. Las sentencias no transforman la realidad. No tienen ese alcance. La realidad la transforman las prácticas de los ciudadanos que colectivamente deciden vivir de otra manera. Por ejemplo, deciden respetarse, tratarse bien, no insultarse en los semáforos, deciden crear mediaciones institucionales que impiden la explotación, deciden crear dispositivos institucionales que instituyan marcos para que los chicos puedan disfrutar de los momentos de diversión. En fin, es la praxis humana la que cambia el mundo y no las sentencias judiciales.

Por estos días escuchamos que son necesarias “sentencias ejemplares” en el sentido de que la dureza de las penas puede transformar el mundo de la vida. Cesare Beccaria (2), en 1764, advirtió la ineficacia de esa apuesta discursivamente tan atractiva. Beccaria, en cambio, sostenía que era muy importante que la pena de los delitos sea proporcional a la gravedad del hecho y enfatizaba que más importante aún que el monto de la pena era que efectivamente se cumpla, porque los delitos violan el contrato social.

Nuestra historia es una muestra palpable de ello. El sistema judicial federal somete a juicio, juzga poco y cuando lo hace rara vez la pena se cumple. La condena al expresidente Carlos Menem fue un indicador de eso. Me ocupé del tema en otras partes (3). Lo relevante es que sentencias duras en contextos de debilidad institucional pueden transformarse en oficinas que “certifiquen” con la autoridad de la ley las expectativas morales de algunos grupos sociales sobre la “justicia” Nada de ello nos va a servir para cambiar la matriz de violencia que yace en los cimientos de la sociedad.

El camino para ello, repito, es más lento y fatigoso. Pero en lo que tiene que ver estrictamente con las posibilidades de una sentencia para cambiar el mundo de la vida, hay mucho que puede hacer el Estado, en los tres niveles de gobierno. El devenir del juicio de Fernando reveló la ausencia del Estado como docente. Escuchamos y vimos demasiado. No vale la pena entrar en ese terreno. Pero me parece importante destacar que las universidades, el sistema judicial y las instituciones públicas en general tienen que hacerse cargo de la tarea de difundir y enseñar cómo funciona la república. En otras palabras, hay que explicar cómo funciona la Constitución. Allí residen algunas pautas que nos ayudarían a comprender, antes que a juzgar, las razones de la violencia social. Pero para eso tenemos que aprehender qué significa el republicanismo democrático.

FD