Bryn Brown

Noticias de Chubut

Se demora la visita del jefe de la SIDE al Congreso, a horas del posible rechazo al DNU de fondos reservados

La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso tenía previsto recibir esta semana al jefe de los espías, Sergio Neiffert, con el fin de brindar explicaciones acerca de su plan de gestión al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Sin embargo, con el DNU de los $100.000 millones en fondos reservados pendiendo de un hilo, la convulsionada agenda legislativa parece haber puesto en suspenso esa visita. Así se lo aseguraron fuentes parlamentarias a elDiarioAR, que hicieron hincapié en el “secretismo” que rodea a esas reuniones, comandadas por el senador radical Martín Lousteau.

El 27 de agosto pasado, por mayoría, la comisión había votado enviarle a Neiffert —que ya tuvo una reunión informal y reservada con Lousteau— un listado con preguntas acerca del rumbo tomado por la SIDE desde su oficialización como director, en julio pasado. En el órgano esperaban sus respuestas para luego invitarlo formalmente a exponer acerca de uno de los temas que más desveló a la opinión pública en los últimos meses: el polémico aumento presupuestario otorgado al organismo de inteligencia, que este jueves, si el Senado finalmente sesiona, puede convertirse en el primer decreto rechazado por ambas cámaras del Congreso desde, al menos, el regreso de la democracia en 1983.

Según pudo saber elDiarioAR, más allá de que la oposición en la Cámara alta avance o no con esa decisión, la bicameral no tendría impedimento para posar la lupa sobre la utilización que hasta el momento se hizo de esos “necesarios y urgentes” miles de millones de pesos, asignados a la SIDE el pasado 23 de julio. La oposición denuncia que cerca del 80% de ese dinero ya habría sido gastado. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que ese dato es engañoso: explican que cuando el Ministerio de Economía transfiere fondos que son de carácter reservado, estos figuran en el Presupuesto Abierto como “devengados” aunque no hayan sido todavía empleados, debido a que no requieren rendición de cuentas ante la Secretaría de Hacienda.

En el el decreto publicado hace casi dos meses en el Boletín Oficial se especifica que la decisión de girar $100.000 millones —monto calificado de “razonable” por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su reciente informe de gestión ante el Congreso— responde a “garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, con el fin de acceder a nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia. Pero la versión recorre como un fantasma los despachos oficiales es otra: que parte de esos fondos serían utilizados, entre otros fines espurios, para financiar los “tanques” digitales de Milei.

“Cuando se piden fondos reservados es porque necesitamos tecnología que este más avanzada que la tecnología que tienen los terroristas en Argentina”, explicó el domingo Patricia Bullrich en una entrevista que concedió a LN+. Las palabras de la ministra de Seguridad se dieron en el marco de la conmoción por el atentado perpetrado contra el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, cuya secretaria se vio afectada por la explosión de un paquete-bomba. “Hay que tener mecanismos para evaluar quienes son los que pueden cometer este tipo de delitos”, sostuvo Bullrich, que además subrayó que hechos como el sufrido por Pino “ha tenido episodios similares anteriormente” por lo que alertó que “la Argentina necesita protegerse”.

La investigación por el ataque contra el dirigente agropecuario, llevada adelante por el juez Daniel Rafecas, sacó por primera vez a la cancha a Alejandro Cecati, titular de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una de las cuatro áreas en las que se dividió la SIDE a partir de su reestructuración. La semana pasada, en Casa Rosada aseguraban que el funcionario, un excomisario que en el pasado se desempeñó como jefe de la custodia de Mauricio Macri, daría una mano con la recolección de la información y el monitoreo general de lo sucedido.

Sospechas amarillas

La Bicameral de Inteligencia cuenta con algunas peculiaridades: a diferencia del resto, sus miembros sesionan en secreto, en una oficina del quinto piso del edificio anexo del Senado, donde reciben a los agentes y estudian la documentación enviada por los funcionarios. Durante los cuatro años del gobierno del Frente de Todos, el órgano estuvo presidido por Moreau, que hoy conserva su silla, al igual que sus compañeros de bancada Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.

Durante aquel primer encuentro de la comisión que preside Lousteau, además del cuestionario enviado a Neiffert y su citación, se aprobó también un pedido de informes sobre el accionar de abogados de la SIDE de Milei en causas judiciales que involucran al expresidente Macri. Quienes lo motorizaron fueron los representantes del PRO, que sospechan de una maniobra en contra de su jefe político pergeñada por el asesor presidencial Santiago Caputo.

Cristian Ritondo, integrante de la comisión y jefe de la bancada amarilla en Diputados, fue el encargado de solicitarle al jefe de la central de inteligencia que brinde explicaciones y envíe documentación acerca del tema. “¿Quién le encomendó la presentación en el expediente? ¿Y en qué carácter fue que se presentó? ¿Qué pidió respecto del expediente? ¿Con qué fundamento?”, inquirieron los legisladores a través de un escrito, en el que se pone énfasis en la “gravedad de los hechos trascendidos”. 

Las consultas de letrados de los servicios de inteligencia en los tribunales trascendieron a la prensa a finales de agosto. Curiosamente, coincidieron con la participación del PRO en los dos reveses legislativos al hilo que sufrió el oficialismo aquella semana: además del rechazo de la Cámara baja al decreto de fondos reservados, los senadores que responden a Macri también habían votado a favor de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Al día siguiente, sin embargo, el propio exmandatario apoyó el veto de Milei, que este miércoles será tratado en el recinto de Diputados.

Luego de la polémica, con el objetivo de bajar la tensión con el PRO, Neiffert no solo le transmitió al expresidente sus disculpas, sino que también admitió que los dos abogados involucrados trabajaban en su área. De hecho, tampoco faltaron quienes aseguraron que los letrados habían sido desplazados de su labor. Fuentes de la SIDE, sin embargo, negaron abiertamente esa afirmación. “Eso no es cierto”, respondieron, tajantes. En el partido amarillo esperan la visita del “Señor 5” al Congreso para terminar de sacarse la duda.

PL/JJD

Diputados define la suerte del veto de Milei a los jubilados y el Gobierno pone a prueba la cuña que abrió en la oposición

La Cámara de Diputados cristaliza este miércoles la pulseada final entre el Gobierno y la oposición por el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones. El quiebre en el radicalismo que logró el Ejecutivo ayer con la postal de cinco legisladores de la UCR en la Casa Rosada anticipa que el oficialismo tiene las mayores chances de ganar la disputa política. Los libertarios confían en que tienen los votos para obturar la mayoría de dos tercios que se necesitan para insistir con la norma que beneficia a los adultos mayores.

Ante ese panorama en desventaja, los opositores ensayan qué hacer en la sesión convocada desde las 11. Tienen como alternativas exigir la votación nominal para exponer a los que están a favor del veto presidencial o emplazar a la comisión de Presupuesto para que esté obligada a rediscutir el tema en ese marco parlamentario, con el costo de perder atención pública. Para esta última opción solo necesita una mayoría simple de 129 diputados, número que se alcanzaría sin inconvenientes.

Con todo, la definición es incierta porque fuera del Congreso la calle también buscará presionar. Se espera una importante protesta comandada por el sector de Pablo Moyano en la CGT, las dos CTA y las organizaciones sociales peronistas y de izquierda. Y Patricia Bullrich activará su protocolo antipiquete. Los dos miércoles pasados no le tembló el pulso a la ministra de Seguridad para reprimir las marchas por los jubilados. 

La cooptación que logró el Gobierno de cinco diputados de la UCR golpeó de lleno en el seno del partido centenario, creador e impulsor de la ley que vetó Milei. El tucumano Mariano Campero, el misionero Martín Arjol, el cordobés Luis Picat, el correntino Federico Tournier y el neuquino Pablo Cervi no se sonrojaron en la foto con el propio Presidente, su hermana Karina, Bullrich, el ministro de Defensa, el radical Luis Petri, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán. 

Ayer en el radicalismo hubo fuego cruzado, pero el jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, no tiene fuerza propia para expulsarlos del espacio. “Las expulsiones no resuelven nada. Hay que convencer y amalgamar”, señalaron a su lado. Facundo Manes, muy crítico de Milei, amenazó como jefe de la Convención nacional con aplicarles una sanción interna y someterlos al tribunal de ética. 

En el resto de la oposición también asimilaron el golpe. “Nos complica mucho”, se sinceró una espada de Unión por la Patria, que tiene gran parte de sus 99 legisladores para votar contra el veto. Igualmente en la bancada peronista-kirchnerista hay dudas entre los diputados que dependen del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Otro espacio afectado es el de Miguel Pichetto, que motorizó las negociaciones subterráneas para construir la difícil mayoría de dos tercios. El heterogéneo bloque de Encuentro Federal tuvo ayer una cumbre interna que no encontró una respuesta unificada. Van a volver a reunirse antes de la sesión de hoy con la estrategia sobre la mesa de insistir con la ley tal como está para exponer a los que se dieron vuelta. “El principio de revelación va a funcionar como nunca”, ironizó uno de sus diputados más activos.

Pero esa jugada es por demás compleja porque para habilitar la votación sobre el veto también la oposición necesita dos tercios, al ser un tema que no tiene despacho de comisión. Si están sentados los 257 diputados en sus bancas, la llave son 172. En la votación de la media sanción, la oposición juntó 160. Ahora corre desde más atrás: no cuenta con los flamantes cinco radicales libertarios ni con su correligionario Pedro Galimberti, que justo el lunes renunció para asumir un cargo en Entre Ríos y será reemplazado por la macrista-mileísta Nancy Ballejos.

También hay incertidumbre sobre el espacio peronista no-kirchnerista de Innovación Federal, donde tributan ocho legisladores que responden al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Río Negro, Alberto Weretilneck). En su momento votaron a favor, porlo que si el Gobierno quiebra esas voluntades, son votos que valen doble. 

“Puede pasar cualquier cosa”, anticipó un diputado que buscó no dar por cerrada ninguna alternativa en la sesión de hoy. Un primer termómetro será cuántos diputados dan quórum a la sesión. Si hay muchas resistencias a votar el veto, la oposición podría buscar llevarse la cucarda de que la medida presidencial se discuta en la comisión de Presupuesto. Entonces debería agendarse con fecha y hora un plenario junto a la comisión de Previsión Social, que dirige la radical Gabriela Brouwer De Koning. En ese ámbito la oposición empujaría un despacho de mayoría para rechazar el veto, que debería volver a votarse en el recinto –otra vez necesitando dos tercios de los presentes–.

En el oficialismo buscaron chicanear a los rivales. “¿Se va a debatir esto o se vota de una? ¿Quién define cuándo se debate y cuándo no? Depende qué quieren hacer”, acicateó un operador cercano a la cúpula de La Libertad Avanza. Guillermo Francos y Martín y Lule Menem operaron para quebrar las voluntades radicales. En la Rosada aseguran que la reunión de ayer estaba convocada desde la semana pasada y hasta en la UCR hubo voces que no se mostraron sorprendidas. 

Con el veto el Gobierno obturó la fórmula jubilatoria que proponía una recomposición del 8,1% en los haberes y un aumento anual a partir de la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La ley además garantizaba un haber mínimo y la discutida medida de que se cancelen las deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas (en total 13). La narrativa oficial fue el costo fiscal de casi 2 puntos del PBI para el año próximo, pero no trascendió qué recibieron a cambio los radicales que se dieron vuelta un día antes de la sesión. Para pagar, en la Rosada esperan primero que los diputados cumplan el acuerdo, como dijo un vocero: “La piel del oso hay que venderla después de cazarla”.

MC/JJD

Marcha al Congreso: la CGT se divide en un clima enrarecido por las críticas de Cristina al sindicalismo

La movilización de este miércoles para exigir que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria encontrará a una CGT dividida, con “libertad de acción” para sus gremios, en un clima de creciente malestar a raíz de los fuertes cuestionamientos de Cristina Kirchner al sindicalismo a través de su última carta pública.

La cúpula de la central obrera se mostrará fracturada: el sector más combativo decidió plegarse a la marcha convocada inicialmente para las 13 por las dos vertientes de la CTA —que encabezan Hugo Godoy y Hugo Yasky—, los movimientos sociales y la izquierda, en un desafío al protocolo antipiquetes con el que amenaza el Gobierno. Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Abel Furlán (Metalúrgicos) serán las caras visibles de la CGT en las inmediaciones del Congreso.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT e integrante del sector de los autodenominados “independientes”, explicó la postura oficial: “Desde la CGT hemos repudiado el veto. De cualquier manera, hay libertad de acción para quienes quieran acompañar este tipo de manifestación, pero no es un tipo específico que la institución CGT decida hacer”, dijo el último fin de semana en AM 750.

La tensión entre las distintas facciones es indisimulable. “Repudiamos la represión que vimos en los últimos dos miércoles y a los diputados que quieren darse vuelta y apoyar el veto”, se diferenció Pablo Moyano y afirmó: “Ojalá sea una marcha masiva y ojalá los diputados se enteren de que hace 20 días votaron la reforma de $13.000, es vergonzoso decirlo. Se armó toda esta pelea por $13.000 para los jubilados y estos delincuentes aprobaron un presupuesto de $100.000 millones para inteligencia”. 

En diálogo con elDiarioAR, un representante de la CGT que estará presente en la marcha afirmó: “Creemos que es necesario acompañar todas las demandas de la sociedad en la calle, y hoy la demanda más fuerte es la de los jubilados. El ala ‘dialoguista’ insiste con bajar el perfil de confrontación con el Gobierno”. En ese sentido, cuestionó la estrategia: “¿Y qué consiguieron hasta ahora? Su resultado es cero. Ser dialoguista hasta ahora no tuvo ninguna eficacia; sostienen esa posición por un tema de confort. Milei no les dio nada, todo lo que pudo modificarse se lo hizo a través del Congreso”. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los primeros en cuestionar el veto de Milei tildándolo de “mentiroso, cruel e insensible”, decidió sumarse a marchar con los movimientos sociales como la UTEP, los sectores agrupados en el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, organizaciones de izquierda y organismos de derechos humanos. La columna bonaerense se reunirá a las 11, encabezada por el mandatario provincial, sus funcionarios y un grupo de intendentes bonaerenses. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso. El sector se encuentra en estado de alerta por el intento de congelar los salarios en la administración pública y los despidos que anunció Milei en diferentes áreas. Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno. 

La tensión por la carta de Cristina 

En el último documento que publicó contra Milei, Cristina también realizó una crítica profunda hacia el peronismo al afirmar que “se torció” y “se desordenó” por varios motivos, entre ellos no haber advertido la modificación de las relaciones laborales. Según la expresidenta, de la minoría que representan hoy los trabajadores registrados en la actividad privada, sólo el 40% de ellos está sindicalizado.  

“La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, lanzó en la carta, en una frase que se interpretó como un cuestionamiento hacia el rol de la actual conducción sindical. 

Al ser consultado por este tema, Pablo Moyano reaccionó visiblemente molesto, pidiéndole a Cristina “que dé nombres”. “La leí muy por encima. Esa crítica se tiene que dar en un debate interno y no hacerla público. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache a presidente (por Milei)”, analizó el líder camionero en Radio 10. 

Andrés Rodríguez fue más duro y opinó que Cristina debe “revisar mejor los números” a los que hizo referencia. “En la población económicamente activa hoy el trabajo formalizado está reducido a la mitad. Esto no es producto de que el movimiento obrero haya querido informalidad, es producto de la falta de políticas de los gobiernos de hace bastante tiempo”, dijo y contraatacó: “Durante los gobiernos que presidió la señora Cristina Kirchner tampoco se hizo una política de empleo formal firme porque siguió existiendo el subsidio a la gente que estaba en la informalidad, agravado después en el gobierno de Macri y mucho más en el de Alberto Fernández”.

Las críticas de Cristina tampoco fueron bien recibidas por los dirigentes gremiales más cercanos al kirchnerismo. Un sindicalista de la CTA, de buen vínculo con el Instituto Patria, opinó en diálogo con elDiarioAR: “Son afirmaciones del sector político que no coinciden con los embates que estamos recibiendo permanentemente. La tesis de Cristina es que el sindicalismo está disminuido en su capacidad de acción, pero hay 28 proyectos presentados en comisión para impedir la reelección en sindicatos, eliminar cuota sindical, prohibir que alguien procesado -con un proceso judicial en curso- pueda tener un cargo, un protocolo creación de fuerza especial en centros sindicales, y la lista sigue”.

En ese sentido, resumió: “Desde el lado del Gobierno ven al sindicalismo como una amenaza latente. Nadie pierde tiempo en patear a un perro muerto… si efectivamente el sindicalismo estuviera reducido a la nada, como se desprende de lo que plantea Cristina, el Gobierno no perdería tiempo en generar protocolos y toda una andanada de iniciativas con las que busca desactivar el poder de fuego de los gremios”. 

“No sirve que presente eso ahora. Interpreto que Cristina lo plantea porque es una mirada que pretende tender cierta transversalidad a sectores de clase media que miran con mucho prejuicio al sindicalismo, pero no es oportuno”, cerró. El tema signó la antesala de la protesta y promete continuar en las próximas semanas, cuando la cúpula de la CGT y el resto de los dirigentes sindicales sientan, una vez más, la presión de sus bases para salir a la calle a protestar contra las medidas del Gobierno.

LA/JJD

El Gobierno avanza en la desregulación del transporte de larga distancia: cambios en tarifas, rutas y seguridad

El Gobierno se prepara para desregular fuertemente el transporte de larga distancia. Lo confirmó este martes desde el propio Ministerio de Desregulación y Transformación de la Nación, donde se trabaja en un borrador de decreto sobre el tema.

Como parte de la desregulación comercial dispuesta por decreto a fin de año, el ministro Federico Sturzenegger elabora un decreto para el transporte de larga distancia que tendría amplio alcance. Cualquier persona con un vehículo de más de ocho butacas podría obtener una habilitación para operar el servicio, según consta en el borrador, que difundió el diario Ámbito. A su vez, cambiarían los límites máximos de velocidad, que para los ómnibus son inferiores a los de vehículos livianos.

Es que con el decreto directamente se buscaría eliminar el concepto de transporte de larga distancia como servicio público. Esto dejaría un tendal de consecuencias para empresarios y especialmente para pasajeros, tanto a nivel tarifario como en rutas disponibles e incluso en seguridad vial.

Por un lado, se habilitaría una práctica que había sido casi desterrada décadas atrás: que los vehículos inicien el viaje y levanten pasajeros en cualquier parte. Por el otro, se eliminaría la velocidad máxima para ómnibus, que está fijada en 90 kilómetros por hora en zona rural y 100 en autopistas según la Ley Nacional de Tránsito. 

Ni siquiera los empresarios están de acuerdo con este cambio de velocidades máximas, no sólo por el gasto en combustible que implica sino sobre todo por la multiplicación de riesgos. En la Argentina mueren 12 personas por día en siniestros viales, según cifras de la Dirección de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según la misma área, la conducción de vehículos a velocidades excesivas tiene “una influencia directa en la gravedad de las lesiones y probabilidad de muerte de las personas involucradas en ellos”. 

En relación con las tarifas, se borrarían tanto los topes mínimos como los máximos. Mientras que los primeros apuntaron siempre a evitar el abuso de posición dominante entre empresas, los máximos son los que han garantizado que una persona con una urgencia médica, laboral o personal pueda viajar el mismo día sin tener que gastar cientos de miles de pesos en un servicio de larga distancia o un vuelo.

Se suprimiría también la obligación de mantener las rutas menos rentables. Hoy el transporte de larga distancia opera en más de 1.600 destinos, casi 30 veces lo que conecta el transporte aéreo nacional, que llega a 55 ciudades. De reglamentarse el decreto tal como fue difundido en su versión borrador, esa cantidad de destinos podría reducirse considerablemente. 

Por ejemplo, el denominado servicio “lechero” que se detiene en cada pueblo no representa un buen negocio para la empresa, pero esta debe brindarlo igual porque hay gente que lo necesita y porque el transporte cumple un rol social. Lo mismo ocurre con las rutas fuera de temporada, o a localidades con menor demanda. ¿Qué pasará con ellas? ¿Cómo se conectarán los poblados más chicos? ¿Qué precio deberá pagar quien sí o sí deba viajar, por trabajo, urgencia de salud o cuidado de un familiar?

Incluso hay consecuencias particulares cuya resolución no queda clara. ¿Qué ocurre si el vehículo se rompe en la ruta y hay que reemplazarlo por otra unidad? ¿Y qué harían los pasajeros si quien opera el servicio no tiene otro micro de reserva, ya que no está obligado a contar con él? Tampoco se sabe qué ocurriría con las personas con discapacidad si el transporte de larga distancia deja de ser un servicio público. 

Pero lo que queda menos claro de todo es cuál es el objetivo de tamaña desregulación, ya que el servicio de transporte de larga distancia no está subsidiado, por lo que su operación no genera costos para el Estado. 

Todo se enmarca en una caída de la actividad del 30% con respecto a 2019, con la inflación y la recesión como los principales culpables, según distintas cámaras empresariales. Esto llevó a las empresas a ajustar su oferta. De hecho, de acuerdo con las mismas fuentes, un 25% de sus empleados están suspendidos por “falta o disminución de trabajo” vía artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

La reacción de los empresarios

En la Secretaría de Transporte reina el silencio. También en intendencias y gobernaciones. Fuentes del sector sostienen que hay miedo a oponerse a esta nueva regulación tanto entre funcionarios como entre cuadros técnicos. Y asociaciones civiles que luchan contra la inseguridad vial como ACTIVVAS y Madres del Dolor aún no pudieron acceder al borrador, aunque lo solicitaron.

Las empresas de larga distancia aún están definiendo qué comunicarán oficialmente. Mientras tanto, adelantan su posición en diálogo con elDiarioAR. Una de las organizaciones que las agrupan es la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), cuyos miembros pidieron audiencia con Sturzenegger, por ahora sin éxito. 

Para Marcelo Gonzalvez, gerente de la asociación, “la apertura tiene que ser gradual, para que los nuevos ingresantes empiecen a probar servicios en baja escala, vayan creciendo en el sistema y puedan demostrar que prestan bien los servicios”. 

Esa asociación presentó en diciembre tres propuestas de cambio de normativa, una de ellas para permitir que los operadores existentes pudieran ofrecer un nuevo servicio de tráfico libre en cualquier ruta, en el marco de una apertura gradual. 

“Pensábamos que la desburocratización iba a apuntar a achicar el peso del Estado en los controles que habían ido creciendo de forma innecesaria. No sabemos cómo va a terminar el proyecto, pero la versión en off que tenemos es de una velocidad de cambio muy abrupta –advierte Gonzalvez–. A veces se produce un efecto que se llama overshooting, una sobreoferta que termina afectando el mercado”.

Desde otras cámaras destacan que, si cualquier persona puede ofrecer servicios de transporte, aumentaría la competencia en algunas rutas rentables, pero quedarían desatendidas otras no tan lucrativas. Y muestran preocupación por los efectos del posible decreto en la seguridad vial, así como por la posibilidad de competencia desleal.

La ley actual

Hasta el momento, la actividad está regulada por el decreto 958/92, modificado y complementado, entre otros, por el 808/95 y el DNU 2407/02. El reglamento establecía un sistema de transporte federal dual, en el que convivían dos sistemas: uno regulado y compuesto por servicios de transporte público, y otro con menos regulaciones conformado por servicios de tráfico libre y ejecutivos (a demanda). 

Ambos sistemas convivieron poco tiempo, ya que la competencia entre ellos generó fuertes desequilibrios. Los servicios de tráfico libre podían operar en las mismas trazas que los públicos. Por eso, en 1998 se suspendió el otorgamiento de nuevos permisos de tráficos libres y ejecutivos, a fin de no sumar competencia que fuera en desmedro de los públicos. Fue con la Resolución 307 de la Secretaría de Transporte, que fue prorrogándose hasta ahora.

Entre las tantas diferencias entre la regulación de 1992 y la propuesta actual, la principal es que la primera permitió la entrada de nuevos actores sin eliminar el servicio público, mientras que con el decreto en elaboración el sistema público desaparecería y todo el transporte de larga distancia operaría como tráfico libre.

KN/JJD

El odio convertido en deporte nacional

La semana pasada estuve en el primer Congreso Latinoamericano de Archivos Trans. Compartí virtualmente muchas horas con activistas y archivistas de la comunidad distribuidas por toda la región. Fue un hecho histórico, una guía certera de que estamos conectadxs y cada vez más. Este primer encuentro fue eso: tan solo el primero de muchos. 

Recién cuando tuve la disponibilidad para volver a estar atenta a las redes sociales di con la noticia del travesticidio de nuestra compañera jujeña Ana Paula Costas, una mujer trans de 43 años. Durante la madrugada del 27 de agosto, en San Salvador (ciudad en que Ana Paula vivía con su madre), un auto se detuvo y la sorprendió camino a casa. Del auto bajaron quizá uno o más hombres y la atacaron golpeándola con un objeto pesado en la cabeza. Esto es lo que Ana Paula alcanzó a contarle a su sobrina después del ataque. La familia y los grupos activistas LGTBIQ+ de Jujuy (la Fundación Damas de Hierro, Diversidad Evita) ya estaban alzando la voz y convocando a manifestaciones desde ese momento. Ana Paula pasó 12 días de lucha en el hospital Pablo Soria antes de fallecer.

Lo que a mí me llama la atención es que este hecho de transodio haya sucedido en las cercanías de una penitenciaría: ¿no tendría que haber seguridad en esa zona, más que en ninguna otra? ¿Ningún oficial escuchó ni vio nada? Lxs seres queridxs de Ana Paula, desde aquella madrugada y aún hoy, estuvieron pidiendo ayuda a posibles testigxs que se acercaran para dar su testimonio.

Llegar dentro de un auto en manada e intempestivamente violentar a una compañera es un deporte habitual en Latinoamérica: cualquier chica trans que se encuentre en la calle a cierta hora —esté o no trabajando— y vea acercarse a un auto en que el conductor no viene solo sabe automáticamente que se trata de personas que vienen a golpearla o a molestarla; a tirarle algo (objetos o sustancias que manchan), a rociarla con un matafuegos o a tirarle balines de aire comprimido (como hacían en Panamericana). Y si no es eso, sabe que en cualquier momento pueden tirarle el auto encima, forzándola a tirarse a un costado para evitar el choque. Así es como se han divertido siempre los transodiantes, de generación en generación. Lo hacen impunemente, apañados por una estructura social que de forma sistemática hace oídos sordos y por una institución policial que no brinda protección y que, por el contrario y en muchos casos, se encuentra implicada en las agresiones indirecta o directamente. 

El abandono y la discriminación que en la Argentina se están ejerciendo desde los discursos y las políticas de gobierno sobre distintos sectores de la sociedad (jubiliadxs, estudiantes, enfermxs graves), también —e incluso desde los tiempos de campaña electoral— están afectando muy profundamente a la comunidad LGTBIQ+. Por mi parte, contrario a lo que hubiera esperado de esta época de mi vida e incluso ante este odio recrudecido, voy a seguir registrando cada fallecimiento de las compañeras, tal como lo vengo haciendo hace años y años. Agradezco, si hay algo positivo en todo esto, poder hacerlo, hoy en día, en esta columna, en este diario.

MBC/SN/DTC