Cajon De Ginebra Chico

Noticias de Chubut

Caputo promete más cambios en la reforma laboral: Ganancias, cargas patronales y régimen de promoción

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó nuevos lineamientos de la reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso junto con el Presupuesto 2026 para las próximas sesiones extraordinarias. Según el titular del Palacio de Hacienda, el paquete incluye una reducción de las cargas patronales, la ampliación de las deducciones del impuesto a las Ganancias y un régimen especial de promoción para la creación de nuevos empleos.

Dichos ítems se agregarían al borrador que el oficialismo dejó trascender mediáticamente, pese a que aún se desconoce la letra fina del proyecto de flexibilización laboral: los polémicos salarios “dinámicos” -aumento por mérito personalizado-, banco de horas -un día puede suspenderse el trabajo por falta de actividad en el negocio-, convenios por empresa y el fraccionamiento de indemnizaciones y multas laborales en hasta 12 cuotas.

En una entrevista televisiva, Caputo explicó que el objetivo es “incentivar la formalización del empleo” y “bajar el costo laboral sin afectar derechos”, aunque ya la CGT está a la expectativa y los estatales de ATE convocaron a asamblea federal para organizar una huelga en el sector. 

Cese laboral

Entre las medidas en estudio figura la sustitución parcial de las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, similar al esquema que rige en la construcción. “Estamos viendo de bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese de manera que a los empleadores no les cueste más plata pero tengan mayor certidumbre en cuanto a que habrá una disminución de sus costos y de la litigiosidad”, precisó Caputo. 

El guiño con la UOCRA ya es evidente: Gerardo Martínez, jefe del sindicato, forma parte del Consejo de Mayo y ayer lanzó junto a otros gremios dialoguistas una corriente dentro de la CGT para impulsar una “agenda programática” para debatir la reforma laboral con el Gobierno.

Ganancias

El segundo punto que adelantó Caputo trata sobre la ampliación de las deducciones del impuesto a las Ganancias. El ministro señaló que la intención es permitir que los contribuyentes puedan descontar del tributo una mayor variedad de bienes y servicios, “desde una cafetera hasta la cuota de un crédito hipotecario”, según dijo en LN+. El argumento oficial es que la medida busca incentivar la emisión de facturas, promover la bancarización y achicar la economía informal.

Régimen especial

El tercer eje de la reforma laboral que incorporó Caputo contempla la creación de un régimen especial para el nuevo empleo registrado, con supuestos beneficios impositivos y menores cargas sociales para los empleadores que generen puestos de trabajo. “Hace más de una década que Argentina no crea empleo privado neto. Esta es una forma de revertirlo”, sostuvo Caputo.

Los anuncios se dan en medio de un escenario económico frágil y con una agenda cargada: además del Presupuesto 2026, el Gobierno prepara la llamada Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que apunta a limitar las sanciones impositivas a los contribuyentes. Es el proyecto de blanqueo que se presentó a mediados de año y nunca prosperó en el Congreso. 

En paralelo, Caputo buscó llevar calma sobre el frente cambiario. “Me siento cómodo con la banda. Andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”, declaró, al ser consultado por la cotización oficial y las tensiones en los mercados paralelos. Por otro lado, la Casa Rosada acelera un acuerdo comercial con Estados Unidos; de hecho el canciller Pablo Quirno, hasta hace poco segundo de Caputo en Hacienda, viaja este miércoles a Washington.

MC

Álvarez Agis propuso gravar la extracción de efectivo en reemplazo del Impuesto al Cheque y Milei lo acusó de “ladrón”

El economista Emmanuel Álvarez Agis propuso crear un impuesto a la extracción de efectivo en reemplazo del Impuesto al Cheque y el presidente Javier Milei salió al cruce acusándolo de “ladrón”.

El exviceministro de Economía planteó la instauración de un nuevo tributo que grave el retiro de dinero en efectivo en busca de incentivar la formalización de la economía a través de un mayor uso de los medios de pago digitales.

Al respecto, sostuvo que “yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo de manera tal que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse” explicando que se aplicaría en hasta el 10% de los montos extraídos al precisar que “voy al cajero, pongo $1.000 y salen $900”.

Al profundizar la idea, el socio fundador de la consultora PxQ señaló que “el consumidor te exige pagar con medios digitales de pago, porque vos tenés un impuesto al efectivo, eso obliga al comercio a formalizarse y sobre todo premia a todas las compañías, como la mía, que tenemos todos los flujos formalizados”.

La iniciativa produjo el contundente rechazo de Milei, quien se refirió a Álvarez Agis como “Kirchnerista = ladrón” al exponer que “el que fue viceministro de economía de (Axel) Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo”.

En esa línea y junto con el fragmento audiovisual de las palabras del ex funcionario, cuestionó en su cuenta de X que “jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero”.

El pronunciamiento del mandatario se suma al repudio generalizado de diferentes integrantes de La Libertad Avanza, como Agustín Romo, actual presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, quien expresó que “los kukas quieren poner un impuesto al efectivo. Dios mío, córranse. Déjennos hacer el país grande otra vez. Córtenla con querer romperlo todo el tiempo. Ya está. Fracasaron. No sirven para nada”.

Álvarez Agis remarcó que la implementación del nuevo tributo contempla la eliminación del Impuesto al Cheque, centrándose en promover la formalización no solo en empresas, sino a nivel general, al trasladar la demanda de operaciones digitales al consumidor final, según explicó en diversos medios.

En ese sentido, explicó que “la idea es buscar una forma de promover la formalización. Ahora que estamos discutiendo economía informal, reforma laboral, qué sé yo. La idea completa es, palo y zanahoria, eliminar el impuesto al cheque, que es una penalidad a la economía formal, y reemplazarlo por un impuesto al efectivo”.

Asimismo, agregó que “la medida está pensada para que, en términos de presión tributaria, sea neutra para la economía en su conjunto, pero le bajás la presión fiscal al universo formal y le subís y le dificultás la vida al universo informal”.

Daza: “Ideas como esta causaron pobreza e inestabilidad”

En el mismo sentido, el vicemnistro de Economía José Luis Daza criticó a Álvarez Agis y sostuvo que su propuesta es una idea “tan tóxica como a su vez destructiva”.

A través de sus redes, el funcionario detalló los puntos negativos del impuesto: “Desestabiliza el sistema bancario, castiga especialmente a los más pobres (usan más efectivo), desincentiva la bancarización necesaria para el desarrollo, fomenta la evasión ‘creativa’ e incentiva la compra de dólares para guardarlos ‘bajo el colchón’… y mucho más”.

“Los argentinos han sufrido corralitos, confiscaciones de ahorros y el robo silencioso de la inflación. ¿Ahora esto?”, y agregó que las personas “saldrían corriendo de los bancos” porque el porcentaje que retiene se iría incrementando.

“¿Creen que quedará en 10% o los argentinos se preguntarán por qué no 20%, 30%… 90%?”.

“Ideas como esta son las que han causado pobreza, subdesarrollo, inestabilidad. Nunca más”, sentenció Daza.

La entrevista a Álvarez Agis que disparó el cruce

Con información de agencias.

IG

Mayans opera desde el PJ para evitar la ruptura del peronismo en el Senado

Apenas nueve cuadras separan el Congreso de la sede nacional del Partido Justicialista, un trayecto corto que José Mayans recorre casi a diario. El jefe de la bancada peronista en el Senado se convirtió, desde las elecciones de octubre, en el brazo operativo de Cristina Fernández de Kirchner en el PJ. Organiza reuniones, habilita internas y recibe senadores. Trabaja, tras la derrota, en evitar que los pases de factura internos terminen dinamitando la unidad del panperonismo en el Congreso. 

No es una tarea fácil. El peronismo perdió en 6 de las 8 provincias que elegían senadores -en algunas, incluso, no llegó ni a meter un solo senador- y descendió a su piso histórico en el Senado desde el regreso de la democracia. A partir de diciembre solo tendrá 28 senadores, un número muy lejos del quórum de 37, y se verá obligado a reorganizar su estrategia para hacer frente a la segunda etapa del gobierno de Javier Milei.

El Senado no será ya un dominio exclusivo de Mayans, quien aprendió a tejer un buen vínculo con Victoria Villarruel y logró hacerse del control de la Cámara Alta durante los dos primeros años de gestión libertaria. Karina Milei decidió intervenir en el Senado y, con la ayuda de Patricia Bullrich, buscará lavarle la cara al oficialismo. Tienen 20 senadores libertarios que, comandados por Bullrich, buscarán diseñar una nueva hegemonía en el Senado con ayuda del PRO, los gobernadores y la bancada radical. 

La ministra de Seguridad ya se puso en campaña. Oficiando ya como la nueva jefa de bloque oficialista, Bullrich dedicó la última semana a encabezar reuniones con aliados. El objetivo es intervenirle el Senado a Villarruel y aceitar el vínculo con la Casa Rosada, de modo de llegar al inicio de sesiones extraordinarias, que es cuando Milei quiere aprobar el Presupuesto, con un panorama más amigable para el oficialismo. Este miércoles organizará, en el Senado, una gran cumbre con representantes de todos los bloques opositores.  

Afuera quedarán Villarruel, que quedó aislada y sin aliados, y el peronismo. Bullrich no tiene planeado organizar, de momento, ningún encuentro ni con la presidenta del Senado ni con la troika kirchnerista que lidera Unión por la Patria en el Senado. Es decir: Mayans y las espadas cristinistas Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti. Su prioridad, antes que nada, es juntar unas 37 voluntades para quitarle al peronismo el control del Senado.

El peronismo, sin embargo, no se queda quieto frente a los movimientos de Bullrich. Buscará intervenir, no solo en la lucha por el control del Senado, sino también en la propia interna libertaria. La primera línea de UxP mantiene un diálogo abierto con el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien quiere continuar teniendo un lugar en la línea sucesoria. Karina, en cambio, quiere reemplazar al puntano por la neuquina Nadia Márquez. Por eso, Abdala no escatima en buscar aliados en otros bloques y se le arrima a Mayans, a la espera de poder sumar el apoyo del peronismo. 

La pelea con CFK y la amenaza de la ruptura

Antes que ponerse a jugar con la relación de fuerzas del Senado, Mayans tiene otro desafío: ordenar el frente interno. La derrota reavivó la interna peronista, que en el Senado excede la novela bonaerense entre La Cámpora y Axel Kicillof. En el Senado, como en el PJ, la discusión es más vieja. Y apunta, como hace años, a la tensión de los peronismos provinciales con la conducción de CFK.

Estas diferencias ya se tradujeron en una ruptura el año pasado, cuando la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada, el puntano Fernando Salino y el riojano Jesús Rejal abandonaron el bloque que presidía Mayans para armar “Convicción Federal”. La ruptura, sin embargo, fue a medidas, ya que los cuatro senadores continuaron integrando el interbloque de Unión por la Patria. Ninguno abandonó el paraguas oficial del peronismo, solo se corrieron unos centímetros de la conducción cristinista.

Ahora, tras la derrota, el escenario cambió. Los senadores peronistas mantienen conversaciones con otros senadores que integran oficialismos provinciales y buscan espacios que le permitan negociar con el Gobierno con mayor flexibilidad. Una de las conversaciones, por ejemplo, es con la salteña Flavia Royón, que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Royón, a su vez, mantiene conversaciones con los misioneros de Carlos Rovira y los santiagueños de Gerardo Zamora. 

Mayans percibe estos diálogos y, como mediador del cristinismo duro y los gobernadores, interviene para evitar una fractura. Y lo hace desde el PJ, en donde el formoseño se mueve como presidente del partido de facto (ya que CFK, que es la verdadera presidenta del PJ, está con prisión domiciliaria y no puede encabezar las actividades oficiales del partido).

Una de las maniobras fue, por ejemplo, habilitar la interna del partido en Jujuy y evitar la expulsión de Moisés que impulsaba la camporista Leila Chaher. La provincia se encuentra intervenida desde 2023 por orden de CFK y Moisés acusa a la ex presidenta del PJ de haber llevado al peronismo a la ruptura y, así, al fracaso electoral del 26 de octubre. Mayans tuvo que intervenir a las apuradas porque, de haber prosperado la avanzada de La Cámpora en la provincia, Moisés hubiera roto con UxP en el Senado.

La jugada del formoseño sirvió para apagar un fuego que, sin embargo, amenaza con propagarse. Los gobernadores peronistas y los referentes provinciales no kirchneristas reclamaban una agenda federal, menos centrada en la agenda cristinista y más atenta a las necesidades de las provincias. Reclaman, a su vez, flexibilidad para conversar con el Gobierno.

“Acá todavía tenemos que ver qué vamos a hacer. Porque si la postura del partido va a ser todo el tiempo ‘Cristina libre’ vamos a ser muchos los legisladores que no vamos a ir”, advierte un senador peronista, que dialoga con senadores de otros espacios. Está a la espera, como muchos, de una charla real sobre el futuro de la bancada peronista tras la derrota. Una reunión que Mayans espera organizar la semana próxima, antes de intentar sesionar por última vez con la composición actual para sancionar la reforma de la ley de DNU.

MCM/CRM

Santilli recibió a Orrego y Llaryora y completó su segunda ronda federal antes de jurar como ministro

La Casa Rosada volvió a moverse esta tarde. Mientras se prepara para jurar como ministro del Interior, Diego Santilli encabezó una nueva ronda de reuniones con gobernadores. A las 15 comenzó el encuentro con el sanjuanino Marcelo Orrego, que duró poco más de una hora. Luego fue el turno del cordobés Martín Llaryora, que llegó a las 16.30 y se retiro cerca de las 18.

Se trató de la continuidad del operativo que el Gobierno puso en marcha el viernes, cuando Santilli recibió a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), en busca de recomponer el diálogo con las provincias y construir los acuerdos políticos que Javier Milei necesita para diciembre.

Las reuniones se desarrollaron en el Salón de los Escudos, con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la supervisión política de Karina Milei, que sigue de cerca la agenda desde su despacho del primer piso. Para La Libertad Avanza, el objetivo inmediato no es tanto el Presupuesto 2026 como las reformas estructurales que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias, con la denominada “modernización” laboral en el centro.

Antes de ingresar a Balcarce 50, Orrego había anticipado un tono de respaldo institucional y de colaboración política. En declaraciones a LN+, pidió “dar vuelta la página y dejar de mirar por el espejo retrovisor”, y defendió la necesidad de “trabajar en conjunto, con una mirada federal, donde quien conduce el avión es el Presidente”. Ya en la sede de gobierno, el sanjuanino mantuvo un encuentro que describió como “muy concreto”, centrado en la coordinación entre Nación y provincia.

“Se ha hablado de temas generales pero también de cuestiones de nuestra jurisdicción”, dijo Orrego al salir, en diálogo con los acreditados en Casa Rosada. Confirmó que se avanzará en “un convenio de compensación” entre la Nación y San Juan, con eje en la obra pública, a la que definió como “transversal para todos”. Sobre la agenda legislativa, destacó que “el tema del presupuesto seguramente se va a tratar en extraordinarias” y ratificó su respaldo al Ejecutivo: “Vamos a acompañar el presupuesto que se proponga. Ya le hemos dado al Gobierno todos los instrumentos necesarios para que la Argentina tenga gobernabilidad, como la Ley Bases y el RIGI”.

Orrego también ponderó el trabajo del equipo presidencial. “El Presidente tiene un grupo de colaboradores que hacen que todas sus ideas las puedan llevar a la acción”, señaló, y expresó su apoyo a la nueva dupla política del gabinete: “Espero y tengo muchísima esperanza de que Manuel Adorni y Diego Santilli tengan una gran tarea, porque si les va bien, le va bien a la Argentina”.

Respecto de las reformas que Milei planea enviar al Congreso, el mandatario sanjuanino las definió como “planteadas desde el sentido común”. Mencionó especialmente la laboral, al sostener que “hay leyes que son arcaicas”, y la necesidad de “tener un sistema tributario competitivo” que permita atraer inversiones y generar empleo.

“El presupuesto tiene que cambiar”

Más tarde fue el turno de Martín Llaryora. El gobernador de Córdoba salió de la reunión con un tono parecido al de su par sanjuanino, aunque con un mensaje más enfocado en el rumbo económico y en la necesidad de reordenar el vínculo fiscal entre la Nación y las provincias. Definió el encuentro con Santilli y Adorni como “muy importante, cordial y productivo”, y destacó el inicio de “una nueva etapa de diálogo” que —según dijo— debe “culminar con acuerdos que mejoren la calidad de vida de los argentinos”.

Desde el Patio de las Palmeras, Llaryora describió la conversación como amplia, centrada en “las medidas que hay que tomar para generar más empleo y más trabajo”, y valoró el giro político del Gobierno tras las elecciones.

Al ser consultado sobre el contenido de la reunión, explicó que su planteo fue “más general que puntual”, orientado a discutir el rumbo económico de la Argentina. “No vine a hablar de un cordón cuneta sino de cómo hacemos para que la Argentina crezca, porque si el país no crece, no basta discutir absolutamente nada. Hoy estamos en crisis, y lo que necesitamos es un presupuesto que acompañe ese crecimiento y le dé un horizonte al país”.

En ese sentido, el mandatario cordobés también confirmó que la provincia pedirá modificaciones en el proyecto de Presupuesto 2026 antes de acompañarlo en el Congreso. “El presupuesto actual tiene que cambiar para poder ser aprobado”, dijo, y anticipó que Córdoba también presentará un plan de gastos alineado con las proyecciones del Gobierno nacional.

También se refirió a la reforma laboral, una de las iniciativas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en diciembre. “Hay que preocuparse por los millones de trabajadores que hoy están en la informalidad”, advirtió, y propuso discutir un esquema diferenciado para pequeñas y medianas empresas. “No hay que ir para atrás en los derechos adquiridos —sostuvo—, sino modernizar el sistema con consenso entre las pymes, los trabajadores y el sector político. Si la informalidad se convierte en empleo formal, todos vamos a estar de acuerdo”.

Nueva etapa

En el oficialismo valoran los gestos de diálogo, en un clima que describen como “constructivo, sin exigencias desmedidas”. Los gobernadores, a su vez, buscan certezas sobre el alcance de las reformas y el cumplimiento de los compromisos asumidos por Guillermo Francos antes de su salida del gabinete. Tanto Orrego como Llaryora integran el grupo de mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo y que mantienen una relación pragmática con Balcarce 50.

La jura de Santilli está prevista para este martes a las 15 en el Salón Blanco, con presencia de los hermanos Milei, Adorni y el conjunto del gabinete. El acto funcionará como una postal política: la consagración del nuevo triángulo de poder que ordena la relación con las provincias, con Karina como vértice, Adorni como articulador administrativo y Santilli como rostro del diálogo.

En paralelo, Santiago Caputo observa el proceso desde un segundo plano. Jaqueado por el incipiente avance karinista sobre sus áreas de influencia, el asesor presidencial avala la llegada de Santilli, aunque advierte sobre los riesgos de “exceso de plasticidad” en la negociación con los mandatarios. En La Libertad Avanza minimizan las tensiones, pero admiten que los equilibrios internos siguen en movimiento. “Caputo tiene su espacio, Santilli el suyo, pero el mando político lo sigue teniendo Karina”, resume un funcionario que frecuenta los pasillos del primer piso.

El cronograma federal continuará durante la semana. El jueves será el turno del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y antes de fin de mes el flamante ministro del Interior tiene planeado viajar a algunas de las provincias gobernadas por mandatarios aliados, como Entre Ríos. Solo después de completar esa ronda, el Gobierno convocaría a una nueva foto conjunta: una imagen que Milei quiere mostrar antes de fin de año como símbolo de estabilidad política y territorial.

La llegada de Santilli al Ministerio del Interior consolidó la expansión del círculo de Karina Milei sobre las áreas políticas del gobierno. Con Adorni en la Jefatura de Gabinete y los Menem como operadores de enlace, el oficialismo busca abrir una etapa de negociación controlada. En ese tablero, “el Colo” encarna la apuesta por un mileísmo más pragmático: un funcionario con biografía PRO, cierto lenguaje federal y la misión de traducir las ideas del Presidente al idioma, áspero y volátil, de la política argentina.

PL/CRM

Los colegios privados ya no deberán informar ni pedir aval estatal para fijar las cuotas y la matrícula

El Gobierno derogó la norma que regulaba los aranceles de los colegios privados y las instituciones no tendrán que informar los valores de las cuotas y la matrícula con anticipación ni contar con el aval del Estado.

La desregulación del régimen de control sobre los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada, vigente hace más de 30 años, se dispuso mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa derogó el Decreto 2417/1993 que obligaba a las instituciones educativas privadas a notificar a las familias el importe de la matrícula y las cuotas junto a la forma, el plazo de pago y los recargos ante el atraso en el cumplimiento.

Los requerimientos fijados debían efectuarse antes de la finalización del ciclo lectivo previo, concretamente el 31 de octubre de cada año vencía el plazo. Hace poco el Ejecutivo lo había extendido hasta el 15 de noviembre.

El decreto derogado establecía que las instituciones educativas tenían que conseguir el acuerdo de los padres o tutores de los estudiantes respecto a los nuevos valores de los aranceles, a raíz de que posteriormente eso debía ser reflejado ante las autoridades nacionales. En caso de no llegar a un entendimiento, se mantenían los valores vigentes.

Al argumentar la decisión, el Gobierno explicó en el texto oficial que la normativa eliminada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

En ese sentido, manifestó que el régimen “fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual”, al precisar que “en aquel entonces la administración de la educación se encontraba bajo la órbita del gobierno nacional”.

Al respecto, señaló que “esta situación cambió a partir de la transferencia de esta competencia a las provincias, conforme al principio federal de nuestra organización constitucional, lo que justifica su revisión para adecuarlo al esquema actual de distribución de funciones”.

Asimismo, el Ejecutivo expresó que “la estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado desde entonces, lo que también justifica la revisión del mentado decreto”.

Ante el descrito escenario, planteó que “la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.

En esa línea, aseguró que “dicha intervención, al exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación, limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

De esta manera, la administración de Javier Milei consideró que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

En consecuencia, expuso que “este mecanismo de fijación de precios perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.

Frente a dicho panorama, remarcó que “esta situación constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos, quienes, al ser entidades privadas, deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”.

Al mismo tiempo, el Gobierno argumentó que “el carácter predecible y fijo de las tarifas impuestas por el Estado puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.

En este contexto, afirmó que “el principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.

Con información de NA.

IG