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El Consejo de Mayo cierra la reforma laboral que el Gobierno quiere presentar esta tarde

Sin presencia de la CGT, el Consejo de Mayo se reúne este mediodía para cerrar la reforma laboral que el Gobierno busca enviar hoy mismo al Senado. No será una sesión más: es el último encuentro del año, el que condensa semanas de tensiones internas, negociaciones paralelas y un operativo político acelerado por la Casa Rosada para exhibir músculo en la víspera del segundo aniversario de la gestión de Javier Milei. Desde las 13.30, en el Salón de los Escudos, se vuelven a sentar el conjunto de sus integrantes, pero con la ausencia de Gerardo Martínez. Ninguno de ellos ignora que la letra final ya está escrita fuera de la mesa.

Las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 30 de diciembre funcionan como cuenta regresiva. Milei quiere abrir este miércoles la discusión legislativa sobre la reforma laboral en la Cámara alta, donde espera conseguir media sanción antes del cierre del año. El proyecto ingresaría hoy por el Senado y se convertirá en la piedra angular del paquete que el Gobierno intentará aprobar durante el verano: cambios en el Código Penal, Presupuesto 2026, modificación de la Ley de Glaciares y una iniciativa para “blindar” el equilibrio fiscal. En paralelo, dos puntos del Pacto de Mayo, como son la rediscusión de la coparticipación y la reforma previsional, quedaron en suspenso: no están las condiciones jurídicas ni políticas para empujarlos ahora.

En este esquema, la ingeniería política del oficialismo terminará de mostrarse esta tarde, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabece la conferencia en Casa Rosada para oficializar el envío del proyecto y presentar el informe final del Consejo. Será el momento en que el Gobierno busque transformar en potencia comunicacional lo que, en la práctica, fue un proceso desbordado por tratativas solapadas.

El Consejo llega a esta instancia con un desgaste evidente. Desde la salida de Guillermo Francos, la conducción quedó concentrada en Adorni, pero la mesa funciona más como escenografía que como usina real de acuerdos. Lo dijo sin eufemismos la senadora Carolina Losada hace dos semanas, antes de entrar a la última reunión: “A todos nos molestó que se filtren cosas porque perjudica nuestro trabajo. Cuando se empiezan a filtrar cosas que no están acordadas, es falso”.

No es una percepción aislada. El órgano opera sin estatuto, sin actas públicas y sin procedimientos formales. Todos sus miembros fueron designados por la Rosada y buena parte de las negociaciones decisivas se trasladan a oficinas donde confluyen Adorni, Karina Milei y el equipo económico.

Cumbre Caputo-Martínez

En este clima, la figura de Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA, se volvió central. Aunque fue el Gobierno quien lo ubicó como representante sindical dentro del Consejo, hace semanas se transformó en el principal contrapunto interno del oficialismo. En el anteúltimo encuentro llevó una crítica frontal al modelo económico libertario. “La fábrica de ollas Essen ahora va a traer casi el 80% de sus productos desde China. Ese es el modelo real”, apuntó en la previa.

La frase retumbó dentro de Balcarce 50. Pero el punto de inflexión llegó después: terminado aquel encuentro del Consejo, Martínez fue convocado al despacho de Santiago Caputo en el Salón Martín Fierro. Ese cónclave marcó el inicio de una negociación paralela entre el asesor presidencial y el jefe de los albañiles. Caputo buscó reencauzar la relación en un contexto donde el borrador de la reforma laboral ya estaba escrito.

A la salida, Martínez admitió el “buen vínculo” con Caputo, aunque fue tajante. “La propuesta del Gobierno está en las antípodas de lo que busca la CGT. Y ninguno de los integrantes del Consejo sabe a ciencia cierta cuál será el texto final”, señaló.

En Azopardo las alarmas estaban encendidas desde el inicio. El Gobierno planea modificar las leyes 14.250 y 23.551, limitar asambleas en horario laboral, eliminar la ultraactividad, reordenar jerarquías en los convenios y, sobre todo, cortar los aportes solidarios que financian la estructura gremial. Un golpe económico y político directo.

La promesa compensatoria del oficialismo consiste en garantizar a la UOCRA el manejo del Fondo de Cese Laboral y apostar a que la bancarización masiva aumentará la cantidad de afiliados. En la CGT lo llaman, con ironía, “la teoría del derrame sindical”. Otra pieza de la negociación es la reducción de la cartera de prestaciones de las obras sociales, un alivio presupuestario que el Gobierno está dispuesto a conceder a cambio de que la central obrera no lidere un frente homogéneo contra la reforma.

Pese a los choques, en el Gobierno insisten en que llegarán a un entendimiento. Según pudo saber elDiarioAR, en el cónclave Caputo-Martínez se habló incluso de un “acuerdo” tácito para que la CGT eleve el tono sin bloquear la presentación del texto, mientras después podrá mostrar que logró suavizar algunos artículos. Desde Azopardo, en tanto, admiten que el Gobierno presentará un proyecto “ultra libertario” que luego será desmembrado durante la negociación legislativa, permitiendo que ambas partes construyan su propio relato de resistencia y triunfo.

El encuentro de este mediodía es, en los hechos, un trámite necesario para sostener la arquitectura política del proyecto. La definición ya no pasa por el Consejo sino por la decisión que Milei ejecutará en cuestión de horas: enviar el texto al Senado, abrir este miércoles el debate en extraordinarias y forzar una primera votación antes de fin de año. El reloj corre hacia el mismo punto: hoy la iniciativa saldrá de la Casa Rosada y quedará en manos del Congreso.

PL/MC

El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias: los proyectos de ley que busca aprobar

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario centrado en el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas fiscales, laborales, penales y ambientales.

El decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece que durante ese período solo podrán tratarse los asuntos incluidos en el anexo, entre los que figura en primer lugar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. 

Ese texto prevé para el año próximo un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario para la Administración Pública Nacional, en línea con la estrategia de consolidación fiscal.

También se incorporó al temario el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria, y la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, pensada como un marco de reglas para limitar el déficit, ordenar el gasto y acotar el financiamiento vía emisión o endeudamiento.

Entre las iniciativas destacadas figura además un proyecto de Ley de Modernización Laboral, que el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir al Congreso y que, según adelantaron voceros oficiales, incluirá cambios en regímenes especiales, esquemas de indemnizaciones y normas sobre contratación, pasantías y modalidades de trabajo, con el objetivo de “actualizar” la legislación frente a nuevas formas de empleo.

El paquete se completa con una reforma integral del Código Penal, también a ser enviada por el Ejecutivo, y con una ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisará la normativa vigente (Ley 26.639) para compatibilizar la protección ambiental con proyectos de inversión, en especial en actividades extractivas en zonas cordilleranas.

Los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias:

En medio de fuertes protestas, votan en Mendoza una serie de proyectos mineros

Mendoza define la suerte de la explotación minera en la provincia. En un clima social convulsionado, este martes en la Legislatura local el oficialismo del gobernador Alfredo Cornejo –una alianza de radicales y libertarios– buscará convertir en ley una serie de proyectos mineros de oro y cobre. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las iniciativas ya tuvo media sanción en Diputados y hoy está en agenda la votación en el Senado.

El impulso minero es fuertemente cuestionado. Este lunes hubo una masiva caravana de más de 100 kilómetros que unió la localidad de Uspallata con la capital. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada de “El agua de Mendoza no se negocia”. 

Este martes la protesta se concentra en las puertas de la Legislatura, donde el Ministerio de Seguridad y Justicia instaló un vallado y una serie de controles preventivos para evitar que se interrumpa la votación. El reclamo tendrá eco en otros puntos del país: para este martes por la tarde está convocada una movilización frente a la Casa de Mendoza en Capital Federal, en Callao al 400.

En concreto, el Senado provincial trata desde las 10 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del proyecto PSJ Cobre Mendocino, junto con la DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que incluye 27 iniciativas mineras. También se debatirán la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación de las Regalías Mineras. En caso de aprobarse, los cuatro expedientes obtendrán sanción definitiva. 

Según medios locales, el poroteo de votos anticipa una victoria del oficialismo a partir de la alianza de gobierno que tienen el radical Cornejo con La Libertad Avanza y el PRO. El peronismo y los espacios vecinales y ambientales no tendrían la fuerza para bloquear la votación. La polémica escaló a nivel nacional, al punto que el presidente Javier Milei respaldó el proyecto minero San Jorge y pidió su aprobación en la Legislatura mendocina, afirmando que es una “enorme oportunidad” para la provincia de Cuyo.

El PSJ Cobre Mendocino ya fue rechazado de manera unánime en 2011, pero ahora volvió al debate con nuevos inversores y lobistas. El emprendimiento está ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 de la Ciudad de Mendoza, y prevé una inversión total de 559 millones de dólares. Los manifestantes sostienen que la iniciativa representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello, exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa.

La votación en la Cámara de Diputados también estuvo envuelta en polémica porque en el Conicet denunciaron que se censuró un documento crítico sobre la minería que habían firmado científicos mendocinos. El texto, finalmente publicado por vías alternativas, advirtió que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera tiene deficiencias graves en todos los ejes evaluados, desde el agua hasta el patrimonio arqueológico. Entre otros puntos, alerta que existe un riesgo potencial de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del Río Mendoza.

El proyecto de MDMO II contempla, por su lado, la aprobación de 27 nuevas declaraciones de impacto ambiental para proyectos de exploración minera. En una etapa previa ya se habían avalado 34 DIA para la misma zona, por lo que la iniciativa amplía la actividad prevista para el distrito occidental de Malargüe.

El gobierno local también impulsa un Régimen de Regalías Mineras, con un esquema de cobro escalonado que podría alcanzar hasta el 3%, según la etapa del proyecto. Del total recaudado, el 88% se destinará a la Provincia y el 12% a los municipios adheridos. Según la letra oficial, los recursos podrán utilizarse para obras públicas e infraestructura social, ambiental y productiva. Del monto provincial, un 15% se asignará a un Fondo de Desarrollo Socioambiental.

Finalmente, el proyecto para crear el Fondo de Compensación Ambiental establece su financiamiento a través de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes vinculados a las DIA, créditos, donaciones y recuperos legales.

MC

“El agua no se negocia”: masiva caravana en Mendoza contra el proyecto minero que respaldó Milei

La Asamblea por el Agua de Uspallata inició la “Gesta Libertadora por el Agua”, una caravana a pie que se dirige hacia la capital provincial, donde mañana la Legislatura buscará aprobar el proyecto minero San Jorge.

El objetivo de la movilización es presionar al Senado provincial para que rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro, que este lunes fue acompañado por el presidente Javier Milei.

La movilización comenzó alrededor de las 8 de este lunes en la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada: “El agua de Mendoza no se negocia”.

Un recorrido de más de cien kilómetros

La caravana realiza un extenso recorrido de dos días hasta la Legislatura provincial:

A lo largo del trayecto se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros con agua, alimentos y zonas de descanso, permitiendo que más personas se sumen a la caminata, en bicicleta o en vehículo. 

La convocatoria fue abierta y contó con adhesiones confirmadas de asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este de Mendoza, que realizaron caravanas paralelas para unificar las fuerzas en defensa del agua.

El debate sobre San Jorge

Los manifestantes sostienen que el proyecto San Jorge -recientemente rebautizado como PSJ Cobre Mendocino- representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello, exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa.

Esta movilización se consolida como una de las protestas más significativas del movimiento ambientalista mendocino desde las masivas manifestaciones de 2019 por la Ley 7722.

Se espera que la llegada a la Legislatura se produzca este martes a la mañana, justo cuando los senadores inicien el debate sobre la DIA del proyecto minero.

El respaldo de Milei

El presidente Javier Milei respaldó el proyecto minero San Jorge y pidió su aprobación en la Legislatura mendocina, afirmando que es una “enorme oportunidad” para la provincia de Cuyo.

Mediante sus redes, el mandatario enfatizó su apoyo ante el Proyecto PSJ Cobre Mendocino, el cual se tratará mañana en la Legislatura mendocina para darle o no la sanción definitiva.

El proyecto trae una inversión de US$600 millones para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre, según detalló Milei.

En la misma línea, y “para sorpresa de nadie”, el Jefe de Estado cargó contra el kirchnerismo por no acmompañar el proyecto.

“Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”.

Sin embargo, expresó su confianza en que la propuesta sea convertida en ley ya que es “lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años”.

En paralelo, mostró su apoyo hacia la provincia y la calificó como “altamente competitiva”.

“Mendoza ha posicionado sus emblematicos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera”.

También señaló que la “nueva” Argentina crecerá de la mano de “los tres principales vectores de la economía: el campo, la energía y la minería”.

“Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo.

Sobre el final, cerró con su característico mensaje: “¡Viva la libertad carajo!”

Trump se atribuyó el triunfo de Milei y reabrió el debate sobre la injerencia de EE.UU.

En una nueva demostración de su estilo frontal, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a colocar a la Argentina en el centro de su tablero geopolítico. En una extensa entrevista con Politico, el líder republicano no solo desmintió haber ofrecido un salvataje financiero a Hungría, tal como había afirmado el primer ministro Viktor Orbán, sino que además aprovechó la ocasión para adjudicarse un papel decisivo en las elecciones legislativas argentinas de octubre. “Apoyé a Milei y ganó por una mayoría aplastante”, sostuvo. “Estaba perdiendo, yo lo apoyé y ganó”.

El comentario, lanzado casi al pasar mientras explicaba su visión sobre la política europea y su afinidad con dirigentes nacionalistas, tuvo un efecto inmediato: reavivó las críticas sobre el rol de Washington en los comicios argentinos y volvió a colocar bajo la lupa el paquete de ayuda financiera que el Tesoro de Estados Unidos anunció apenas días antes de la votación.

La entrevista comenzó con la aclaración de Trump sobre el caso húngaro. Orbán había declarado que Estados Unidos se había comprometido a un “escudo financiero” para Budapest, algo que incluiría un swap de divisas o una línea de crédito flexible. Pero el mandatario estadounidense lo negó de forma tajante: “No, no se lo prometí, pero desde luego lo pidió”. Y al ser consultado sobre una eventual ayuda futura, evitó responder directamente y elogió al premier húngaro por sus políticas migratorias, a las que definió como “un muy buen trabajo” porque “no permite a nadie en su país”.

La conversación derivó luego hacia un tema clave: el rol de Estados Unidos en procesos electorales ajenos. Fue entonces cuando Trump mencionó a Milei como ejemplo de un apoyo exitoso. Entre elogios a Orbán y críticas abiertas a la Unión Europea y la OTAN, afirmó que su respaldo al presidente argentino fue determinante. La declaración no pasó inadvertida, sobre todo porque el propio gobierno estadounidense había impulsado semanas antes un paquete financiero extraordinario destinado a estabilizar el mercado argentino.

Ese apoyo, organizado por el secretario del Tesoro Scott Bessent, incluyó compras directas de pesos por parte del gobierno norteamericano y un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones. En medio del clima electoral, ese anuncio funcionó como un gesto político y económico de fuerte impacto. Aunque también se evaluó un aporte adicional de bancos privados por otros US$20.000 millones, esa parte del plan quedó frenada.

La intervención generó controversia en Estados Unidos. Sectores del Partido Demócrata, con la senadora Elizabeth Warren al frente, reclamaron explicaciones sobre los costos que la operación implicaba para los contribuyentes. Agricultores y ganaderos protestaron con dureza al considerar que el gobierno destinaba fondos al exterior mientras ellos enfrentaban pérdidas por las políticas arancelarias. Incluso una parte de la propia base trumpista cuestionó que estas medidas contradijeran el espíritu del “America First”.

Aun así, Trump defendió la operación argumentando que “generó mucho dinero para Estados Unidos”, mientras que Bessent aseguró que la intervención había reportado beneficios concretos. Y se adjudicó sin matices el rédito político del resultado electoral argentino: La Libertad Avanza obtuvo una victoria amplia que permitió al oficialismo avanzar con sus reformas.

En paralelo, la entrevista dejó otros titulares. Trump volvió a cargar contra Europa, a la que calificó de región “en decadencia”, y criticó duramente la gestión migratoria del continente. También atacó el funcionamiento de la OTAN, recordó que durante su presidencia exigió aportes mayores y lanzó una frase provocadora: “La OTAN me llama papi”. No descartó, además, la posibilidad de una operación militar en Venezuela, al sostener que Nicolás Maduro “tiene los días contados”.

Respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, el mandatario reiteró que Moscú conserva “una posición más fuerte de negociación” y aseguró que la guerra podría haber escalado hacia una tercera confrontación mundial si él no hubiese estado al frente de la Casa Blanca. “Europa habla mucho, pero no produce”, sentenció.

CRM