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El desembarco de una figura ligada a Bullrich reaviva las dudas sobre quién controla el Ministerio de Seguridad

El pasado 14 de julio, el debut de Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia dejó un pedido de informes que, detrás de una aparente cuestión administrativa, derivó en una pregunta mucho más política: quién controla realmente el Ministerio de Seguridad desde la salida de Patricia Bullrich y su desembarco en el Senado.

Entre los distintos requerimientos aprobados durante la reunión, los diputados de Unión por la Patria solicitaron información acerca de la situación del politólogo Miguel Gómez Goldin, quien se desempeñaría como flamante director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), sin todavía no haber sido formalizado en el Boletín Oficial.

Fuentes inobjetables aseguraron a elDiarioAR que Gómez Goldin ya ocupa de hecho el cargo que lo convierte en el número 2 del organismo. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún acto administrativo que oficialice su nombramiento. Este medio se intentó comunicar con el Ministerio de Seguridad y con el propio Gómez Goldin, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta. Ese fue precisamente uno de los motivos por los que la Bicameral decidió solicitar explicaciones formales a la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

La observación excede el plano burocrático. Detrás de la designación aparece uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich, lo que vuelve a abrir interrogantes sobre el margen de influencia que la exministra conserva dentro de un área que formalmente ya no conduce. Gómez Goldin mantiene una relación de pareja con Damián Arabia, uno de los principales armadores políticos de Bullrich y, probablemente, el dirigente de mayor confianza que conserva la actual senadora dentro del Congreso. El diputado nacional del PRO tampoco respondió la consulta de elDiarioAR.

Conocido por el apodo de “Tiki”, Gómez Goldin construyó un perfil eminentemente técnico. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad del Salvador y magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral. También obtuvo una doble maestría en Asuntos Públicos y en Asuntos Internacionales y Europeos en la Universidad París I Panthéon-Sorbonne. A lo largo de su carrera fue becario de los programas Fulbright, Eiffel y de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), además de desempeñarse tanto en el sector público como en la consultoría especializada en reformas institucionales y asuntos internacionales.

Un enclave estratégico

El cargo que ocupa Gómez Goldin está lejos de ser una oficina menor. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal constituye el principal organismo civil encargado de producir inteligencia estratégica para combatir el crimen organizado. Desde allí se coordina el intercambio de información entre las cuatro fuerzas federales, el Ministerio Público Fiscal, organismos provinciales y agencias internacionales, además de elaborar análisis vinculados al narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, el lavado de activos y otras formas de criminalidad compleja.

La dependencia también ocupa un lugar central dentro del nuevo esquema de inteligencia diseñado por el Gobierno tras la reforma impulsada por el polémico DNU 941/2025, que redefinió la arquitectura del Sistema Nacional de Inteligencia y modificó, entre otros aspectos, el funcionamiento de la inteligencia criminal y militar.

Al frente de la DNIC continúa Ramiro Anzit Guerrero, otro dirigente estrechamente identificado con Patricia Bullrich. Designado en marzo de 2025 por decisión de la entonces ministra, Anzit había llegado desde Lyon, donde se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal de la Secretaría General de Interpol.

Su vínculo con el área, sin embargo, viene de mucho antes. Durante el gobierno de Mauricio Macri ocupó la Dirección de Análisis de la propia DNIC, uno de los cargos más relevantes de la segunda línea del organismo, de la mano de Gerardo Milman, entonces secretario de Seguridad Interior y uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich.

Aquel primer paso por Inteligencia Criminal terminó envuelto en controversias. Sobre Anzit recayó un sumario administrativo cuyo trámite quedó abierto al finalizar la gestión de Cambiemos. Dentro del ministerio todavía recuerdan que al menos dos de los funcionarios que habían intervenido en ese expediente fueron desplazados tras el regreso del bullrichismo al Gobierno, una coincidencia que alimentó suspicacias internas acerca de una eventual revisión de viejas disputas dentro del área.

La sombra de Bullrich

Cuando Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad para asumir su banca en el Senado impulsó personalmente a Monteoliva como su sucesora. En aquel momento, dentro del oficialismo muchos interpretaron esa decisión como una manera de preservar influencia sobre una cartera que la exministra había convertido en uno de los principales pilares de su construcción política.

Con el correr de los meses, sin embargo, el escenario comenzó a modificarse. Monteoliva fue construyendo un vínculo cada vez más estrecho con Karina Milei, que encontró en la ministra una interlocutora propia y una forma de limitar el protagonismo que Bullrich seguía conservando dentro del Gobierno. Ese acercamiento coincidió con una sucesión de cortocircuitos entre la secretaria general de la Presidencia y la actual senadora.

En la Casa Rosada incomodó, por un lado, la autonomía con la que Bullrich comenzó a moverse desde el Senado, donde buscó construir una agenda política propia. Y, más recientemente, también generó malestar el posicionamiento que adoptó durante la crisis que terminó con la salida de Manuel Adorni del Gobierno, un episodio que volvió a exhibir diferencias de criterio en la mesa política libertaria.

En lo que respecta a Seguridad, hay quienes sostienen que el diálogo político continúa pasando, en buena medida, por Bullrich, mientras que Monteoliva concentra su gestión en los aspectos operativos de la cartera. Esa percepción también se refleja en distintos sectores del propio ministerio, donde la exministra sigue siendo vista como la principal referencia política del área.

En ese contexto, la llegada de Gómez Goldin a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal adquiere una lectura que trasciende su situación administrativa. Más allá de que su nombramiento todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, su desembarco en una estructura que ya conduce otro dirigente de confianza de Bullrich vuelve a alimentar una pregunta que atraviesa desde hace meses los pasillos oficiales: cuánto poder conserva realmente la exministra sobre un ministerio que formalmente quedó bajo la conducción de Monteoliva, pero que todavía exhibe fuertes señales de continuidad con la gestión anterior.

PL/MG

La última bala: Sergio Massa espera la bendición de Cristina y fantasea con competir en 2027

Sergio Massa está convencido de que el peronismo puede ganar en primera vuelta en 2027. Las encuestas que le llegan todas las semanas a su oficina en la calle Libertador le muestran que la imagen de Javier Milei tiende a la baja, que está rompiendo su propia base electoral y que, pese a la antipatía que despierta el peronismo, la lógica de la polarización se impondrá por sobre todo. La única alternativa al “sacrificio inútil” de Milei, sostiene, es el peronismo. Solo hace falta presentar un candidato de unidad. Un candidato que, en su fuero íntimo, fantasea que todavía puede ser él.

El ex ministro de Economía del Frente de Todos se reúne todas las semanas con Cecilia Moreau y Máximo Kirchner en sus oficinas para porotear leyes, analizar el estado de situación de la Provincia de Buenos Aires y discutir de política. Con Cristina Fernández de Kirchner habla regularmente, y suele visitarla seguido en San José 1111. Con Axel Kicillof, en cambio, se reúne una vez por mes. Es una cita que ninguno de los dos se pierde y, pese a la desconfianza mutua, la repiten de forma periódica. Son cenas y almuerzos, por lo general en La Plata, que se extienden durante horas.

Hace tres años que no habla en público, pero Massa nunca dejó de operar políticamente. Por sus oficinas pasan gobernadores, intendentes, ministros, diputados, jueces, empresarios y más de un operador libertario. Tiene un rol activo en las negociaciones judiciales que atraviesan el Senado, en donde cuenta con interlocutores que lo conectan con los operadores judiciales de Karina Milei. Cuando se debatieron los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, Massa fue el principal impulsor de la postulación de Ariel Lijo, según señalan en el cristinismo. Tanto dentro del bloque como en San José 1111.

Es uno de los pocos socios mayoritarios del peronismo que no está pidiendo la cabeza de los gobernadores que, hace dos años, vienen votando todas las leyes de Milei. Con el salteño Gustavo Sáenz comparte asados de fin de año y mantiene, desde hace tiempo, una larga amistad. Con el catamarqueño Raúl Jalil conversa seguido, e incluso lo ha intentado convencer de que no acompañe la eliminación de las PASO. Lo mismo con el tucumano Osvaldo Jaldo. Les dice que es una trampa y que, cuando llegue el momento, Karina no pagará.

Puertas afuera se muestra comprensivo, insiste en que los gobernadores hacen lo posible para sobrevivir y que, cuando llegue el momento, habrá que sumarlos para ganarle la elección a Milei. “Es con todos”, le gusta repetir, fiel al estilo de equilibrista y componedor que inauguró en los turbulentos momentos del FdT. Pero amenaza: si no se suman a una coalición anti Milei en 2027, el peronismo tendrá que castigarlos instalándoles un candidato en cada provincia. Si no pueden vencerlos, al menos pueden hacer que pierdan. Una lógica que comparte el propio Máximo.

“Sergio es un intendente, resuelve problemas. La coyuntura lo devora y al peronismo, ensimismado en su bucle endogámico, le falta lubricante. Massa es ese lubricante para que las cosas funcionen”, lo define uno de sus dirigentes de confianza, uno de los que le recomienda que no salga a hablar todavía. Es una discusión al interior del Frente Renovador: si Massa tiene que volver a la escena pública o no. Ya amagó con publicar un libro, con salir a recorrer el conurbano –antes y después del Mundial– o con mostrarse caminando por universidades o fábricas. Y siempre, sobre el final, decidió postergar el regreso.

El tigrense los escucha a todos. A su esposa Malena Galmarini y a su cuñado Sebastián Galmarini, diputado nacional y quien nutre a todo el espacio de encuestas, tendencias y estrategias de comunicación política. A Cecilia Moreau, que es su embajadora en Diputados, y a los intendentes que todavía le responden, como Francisco Andreotti. También a una consultora brasilera que participó de la campaña de Lula da Silva y se quedó trabajando con Massa después de la derrota electoral de 2023.

Todavía no está decidido a competir. El tigrense considera que tienen que darse las condiciones objetivas para poder ir por la revancha, pero todos los que lo conocen saben que Massa quiere una cosa en la vida y es ser presidente de la Nación.

La última bala

Hay tres motivos por los que Massa cree que puede ser presidente. Por un lado, las encuestas que le llegan lo muestran como uno de los cuatro políticos opositores con mejor imagen positiva, justo detrás de Kicillof, Cristina y Myriam Bregman. Tiene menos imagen positiva que su principal competidor interno, el gobernador bonaerense, pero menos imagen negativa: es un posicionamiento menos polar, ni tan K ni tan anti K, destacan en su entorno. Y agregan: “Son los neutros los que van a definir la elección”.

“Sergio no puede ser candidato después de lo que pasó”, razona un dirigente kicillofista, que admite, sin embargo, que es el único en condiciones de disputarle una interna al gobernador bonaerense. En el kicillofismo están convencidos de que la pierde, pero el massismo lo pone en duda. Es el segundo motivo: para el Frente Renovador, la candidatura de Kicillof se desinfló. Fue un error, apuntan, haberse peleado con Cristina y llevar la fractura a un punto de no retorno. Los votos del gobernador, insisten, son los mismos que los de la expresidenta y si la expresidenta designa otro sucesor esos votos migrarán a quien ella diga. Ese sucesor, esperan, es Sergio.

Es el tercer motivo, la gran fantasía de Massa: que CFK lo elija como su candidato a disputarle el liderazgo a Kicillof del peronismo. Con el apoyo de la expresidenta, Massa aspira a posicionarse como el candidato de unidad del peronismo. “La decisión es de la jefa”, ironiza uno de los dirigentes más cercanos de Massa.

En el entorno del ex ministro enumeran otras razones por las que creen que Massa puede ser competitivo. Que puede apelar a los votantes del centro que no se identifican con el kirchnerismo. Que es el único dirigente de la oposición peronista que puede garantizar una buena relación con Estados Unidos y matizar, así, el fantasma del “riesgo kuka”. Que tiene un nivel de conocimiento altísimo y puede activar una campaña presidencial en el sprint final sin problemas. Que incluso las impugnaciones por su rol como ministro de Economía al final del gobierno del FdT pueden ser reivindicadas ante el derrumbe de los indicadores económicos de la era Milei.

“No va a decir se los dije, porque es antipático. Pero pasó lo que dijimos que iba a pasar en la campaña”, explican en su entorno.

Eterno optimista, Massa desea ser candidato, pero no tomará una decisión hasta que no la tome Cristina. No se toma en serio los guiños que le llegan de La Cámpora desde que comenzó la guerra abierta con Kicillof porque todos en el Frente Renovador intuyen que, detrás de los insultos y las recriminaciones públicas, hay un deseo del cristinismo de forzar una negociación con el gobernador. “Sergio no va a dejar que lo usen como una estrategia de negociación con Axel, que amenacen con candidatearlo para después acordar la Provincia con Axel”, advierte una referenta de su espacio.

De momento, el tigrense prefiere jugar al artífice de la unidad. A fin de año, esperan en su entorno, tomará una decisión. “Sabe que no puede lanzarse y que no tenga un costo. Esta es su última bala”, advierte una dirigenta peronista.

MCM/MG

La trampa de discutir la "argentinidad"

Lo que me pasa con las conversaciones sobre la “argentinidad” es que me parecen una trampa, como las conversaciones sobre las mujeres o los pobres o los latinos o los jóvenes. Quien, al atacar a los “argentinos”, te pone en la situación de defenderlos, te obliga a aceptar sus términos de la discusión: el ser argentino como un universal fijo, estable, y descriptible. A mí las generalizaciones me encantan para las charlas de borrachos y corazones rotos, pero tener que encararlas con la solemnidad de quien cree que en alguna esencia platónica de la nación se juegan cuestiones de Estado es no solo aburrido, sino inconducente. Y sin embargo, aquí estamos, hablando de esto, intentando responder a la “campaña de odio” sin quedar atrapados en el vocabulario idiota que dicha campaña propone.

No es fácil, realmente. Sobre todo porque la Selección argentina no hizo nada grave esta vez: no estamos discutiendo cantos homofóbicos ni ninguna falta grave (a menos que se considere falta grave la bandera de Malvinas, lo cual es absurdo: la prohibición de exhibir una consigna que no contiene ningún discurso de odio era bastante discutible, e infringir una regla como esa solo puede parecerle terrible a quienes no crean que efectivamente existen normas injustas, y que cualquier norma se halla por encima de la justicia y, en este caso, de la libertad de expresión). Estamos discutiendo, en cualquier caso, una cuestión de tono. Y ni siquiera, tal vez: porque esos textos ignorantes que salieron publicados en prestigiosos medios norteamericanos (que creerían que es racista y discriminatorio publicar notas con prejuicios sobre los mexicanos o los paraguayos, pero que por alguna razón inexplicable no ven ningún problema en difundir prejuicios sobre los argentinos) dan cuenta de un resentimiento acumulado que precede por mucho a las picanteadas con la selección española en la final de la última copa del mundo.

Di una pista, creo, ya, de mi tesis principal sobre el origen de este resentimiento: quienes escriben contra “los argentinos” son los principales creyentes y abanderados del mito de la excepcionalidad argentina. No hablamos de conservadores orgullosos ni de miembros del Ku Klux Klan, sino de personas que jamás expresarían en público prejuicios contra “los latinos” (en muchos casos, de hecho, hablamos de personas que se autoperciben defensoras de “los latinos”) pero que han decidido que la Argentina no merece gozar de tal inmunidad. Reitero, sin muchas razones: el salario mínimo argentino hoy es el más bajo de la región. No somos ninguna excepción regional en ningún asunto que importe. Por supuesto que tampoco somos, como algunos quieren sostener, un pueblo “más violento” que otros: la Argentina no es un país excepcionalmente violento para nuestra región en ningún parámetro mensurable. En cualquier caso, tendremos otros modos, otras costumbres. Las personas sensatas entienden la diferencia entre un pueblo y sus gobernantes; entienden en Venezuela, y por eso ninguna persona sensata diría que los venezolanos “son violentos” aunque tengan la mayor cantidad de delitos violentos del continente. La entienden en Colombia, y por eso los colombianos te dicen que no te creas que son mucho más buena gente que los argentinos solo porque son más corteses, y que ni bien escuches el “ay qué pena contigo” prendas todas las alarmas. Argentina, entonces, es un país latinoamericano al que hay permiso para tratar como si fuera una potencia colonizadora. Será por el “colorismo” (otra vez: quienes atacan a la Argentina por “blanca” están colaborando con una ficción racista, no combatiéndola) o por lo que sea: el hecho es que mucha violencia sublimada por cierta superioridad moral progresista, de quienes se creen por encima del odio y el desprecio a pesar de su ignorancia supina sobre nuestras realidades, afloró liberada por este permiso. Hablo de una violencia inconsciente; de esa que hace que un norteamericano o un europeo te hable como a un niño sin darse cuenta, o suponga que no conoces a un autor porque estudiaste en la UBA y no en NYU (por supuesto que quienes estudiamos en la UBA tenemos más chances de conocer a un autor gringo que un alumno de Harvard de conocer a un autor argentino, pero son sutilezas que se les escapan a quienes nunca nos han visto en carne y hueso).

No pude entrar en esta discusión sin generalizaciones, pero sí quiero terminar este texto sin hacer ninguna reivindicación nacionalista. A mí no me caen bien todos los argentinos, ni mal todos los europeos; no sé qué significa preferir un argentino a un europeo, o viceversa, porque tampoco creo que sea atinada ni interesante la pregunta de quién me gusta más a mí o me deja de gustar. Me toca construir un país con mucha gente con la que no tengo nada en común, y un mundo con otra tanta gente con la que no comparto, tampoco, nada en especial. La pregunta de si me gusta o no es absolutamente irrelevante, salvo, supongo, si uno está comprando pasajes y haciendo valijas, que no es mi caso; y aún si lo estuviera pensando, sería una cuestión personal y no política. La paradoja quizás es que el lenguaje de los cánticos racistas u homofóbicos que los progresistas globales supuestamente quieren combatir habla en ellos, y por ellos. Al salvajismo del que nos acusan, en el fondo, no habria que contestarle con columnas como esta, sino con el olvido, la única venganza y el único perdón. Esa indiferencia narcisista y caprichosa que es la mayor virtud argentina (y esta reivindicación me la van a perdonar): la capacidad de ignorar todas las estupideces sobre la latinidad inventadas por gente que no ha puesto un pie al sur del Ecuador. Como dijo Don Draper, porque como siempre supo Borges los argentinos hacemos nuestro mundo con pedazos de lo que se nos dé la gana: yo no pienso en vos, para nada.

TT/MG

Nepotismo, dedo de Milei y sillas calientes: quién es quién en el mapa judicial que está armando el Gobierno

“Para que un régimen se mantenga en el tiempo necesita zurcir la justicia a su gusto”. La frase de un juez camarista con más de 40 años en los tribunales parece graficar el porqué de la avalancha de de designaciones judiciales de Javier Milei: desde la llegada del ministro Juan Bautista Mahiques ya se designaron más de 100 magistrados, fiscales, defensores y conjueces con acuerdo del Senado. El oficialismo logró quebrar la oposición del peronismo y junto con aliados provinciales, el PRO y la UCR avanzó con una deuda pendiente en el Poder Judicial. Pero detrás de esos nombramientos vestidos de institucionalidad, un análisis nombre por nombre permite revelar cierta opacidad en la política oficial, que incluye desde nepotismo a jueces elegidos a dedo por el Presidente, sin perder de vista que hay tribunales estratégicos o sillas calientes codiciadas para el poder de turno.

Ante el receso legislativo y la feria judicial, elDiarioAR analizó las designaciones y los pliegos que ya pasaron por el Senado y fueron publicados en el Boletín Oficial, así como se tuvieron en cuenta los pliegos que el Gobierno envió a la Cámara alta la semana pasada y serían debatidos recién en agosto. En una entrevista que dio el viernes al diario La Nación, el ministro Mahiques contabilizó 178 pliegos en cuatro meses y medio, entre nombramientos en trámite y ya oficializados. El ministro también adelantó un plan para achicar Comodoro Py, de 12 a 8 juzgados, y la Casación Penal, de 13 a 9 miembros. Por el momento no será completada la Corte Suprema, que tiene tres de sus cinco miembros.

Hay varios casos sensibles y llamativos. El más reciente es el de Ana María Cristina Juan, que asumió como jueza federal de Hurlingham el pasado 15 de julio, apenas doce días después de que su esposo, Marcelo Martínez de Giorgi apartara de la causa $LIBRA —que tramita en su juzgado— a las querellas que investigan a Milei y a su hermana Karina.

El nepotismo es un patrón que se repite. Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, llegó a un tribunal de Santa Fe el 12 de junio. Había logrado entrar a la terna gracias a la lapicera de Milei y pese a quedar relegado en los exámenes escritos. También fue beneficiada con un cargo judicial Yamile Bernan, pareja de Diego Guerendiain, ex jefe de Gabinete del exministro Mariano Cúneo Libarona (además Milei sostuvo su pliego pese al intento de veto de Santiago Caputo. Otro flamante juez en Salta es Diego Anzorreguy, sobrino de Eduardo Moliné O'Connor, quien llegó a ser vicepresidente de la Corte Suprema, y también del ex jefe de la SIDE menemista Hugo Alfredo Anzorreguy.

En Comodoro Py, el tribunal que decide si las causas de corrupción ($LIBRA, Andis, el caso Adorni) llegan a juicio, el Gobierno eligió a Pablo Yadarola y “revalidó” a Pablo Bertuzzi pese a traslados cuestionados por la Corte. Milei y Mahiques dejaron afuera a Martín Irurzun al no renovarle el cargo a los 75 años, pero sí le permitió la renovación hasta los 80 años a Víctor Pesino, el juez que revocó la cautelar contra la reforma laboral y reconoció haberse reunido con Mahiques antes de ese fallo. Otro juez que logró extender su cargo fue el padre del propio ministro Mahiques: Carlos “Coco” Mahiques logró que en mayo el Senado le apruebe mantenerse al frente de la vocalía séptima de la Cámara Federal de Casación Penal.

Tanto Yadarola como los Mahiques (padre e hijo) participaron del viaje a Lago Escondido financiado por el Grupo Clarín.

Un pliego que generó especial atención fue el de María Verónica Michelli, que fue aprobado por el Senado pero que Milei aún no oficializó porque es cuñada de del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga casos de corrupción del Gobierno.

A su vez, un informe de ACIJ e INECIP detectó “saltos” de mérito superiores a 10 posiciones en al menos 12 casos. Y en paralelo avanza el nuevo fuero laboral porteño, con 21 pliegos ya en la Legislatura de CABA, al ritmo de la reforma laboral de Milei.

MC

Juzgan en Santa Fe el abandono de las infancias en la dictadura como delito de lesa humanidad

Verano de 1980. Ocaso de la dictadura. Van cuatro años de exilio interno para Arnaldo Catalino Páez, su compañera Juana Tomasa Medina y sus hijos: Mario, Mónica, Ramón, Carlos, Alberto, César y Ceferino. El 15 de febrero de ese año la familia estaba trabajando en un horno de ladrillos cerca de Lima, provincia de Buenos Aires, predio donde también vivían.

Cerca del mediodía, una veintena de hombres armados y vestidos de civil irrumpieron desde los maizales que rodeaban la ladrillería. Golpearon a Juana, que estaba embarazada de tres meses, y a Mario, que tenía 14 años. La patota preguntaba por Catalino (como le decían a Arnaldo) y ellos respondían que había ido al médico. No les creyeron y los siguieron golpeando. Finalmente, Catalino llegó del médico. Le golpearon la cabeza con un arma. Después, secuestraron a la pareja y al joven de 14 años.

Los hijos más pequeños quedaron solos, al cuidado de Mónica, que tenía 12 años. Ceferino, que entonces tenía un año y estaba en período de lactancia, testificó: “Estábamos muy desamparados. No recibimos ayuda de nadie. Y ella (Mónica) se vio obligada a trabajar con máquinas muy pesadas para que tengamos un sustento”.

La patota estaba conformada por miembros del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe, con sede en la capital provincial. También participó del operativo el entonces secretario judicial Víctor Brusa.

Buscaban a Catalino por su militancia sindical. En la década de 1970, él y otros militantes, habían conformado la agrupación sindical La Lucha en el frigorífico donde trabajaban, en la localidad santafesina de Nelson. La Lucha estaba ligada al sindicalismo combativo, que por aquellos años era representado por la figura de Agustín Tosco. Reclamaban mejores condiciones de trabajo para los obreros.

Los integrantes de la organización vivían en la vecina localidad de Laguna Paiva. Con el tiempo, Catalino comenzó a militar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En 1976, tras el golpe de Estado y sabiéndose perseguido, dejó su casa en Laguna Paiva y mantuvo un exilio interno por Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. Siempre iba con su familia.

Invierno de 2026. Por primera vez, se juzga en Santa Fe el abandono de persona cometido contra las infancias como delito de lesa humanidad por aquellos crímenes ocurridos en 1980. Entre los acusados hay tres ex policías de Santa Fe y un ex juez federal. Se trata del juicio Laguna Paiva II, que debe su nombre a la localidad santafesina de donde procedían las y los sobrevivientes. La causa se tramita en el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe y se investiga el abandono de once niñas y niños y el secuestro de otros cinco.

El juicio se desprende de la Causa Chartier (o Laguna Paiva I) que, en 2021, culminó con la condena de seis ex policías provinciales por allanamientos ilegales, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos contra 11 militantes sindicales oriundos de Laguna Paiva (localidad situada a 40 kilómetros de Santa Fe) y contra el hijo de uno de ellos, de 14 años.

Durante ese primer juicio, testificaron las y los familiares de Arnaldo Catalino Páez, fallecido en 2016. A través de esos testimonios quedó en evidencia que, para secuestrarlo, violentaron a toda su familia: hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, hijas e hijos y sobrinos. Y que, en ese camino, las infancias fueron blanco de la crueldad de la patota.

A instancias de la querella, representada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, se pidió que se investiguen esos hechos. En ese reclamo participaron también otros organismos de derechos humanos, como el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe. Finalmente, el juicio Laguna Paiva II comenzó el pasado 5 de mayo.

Los imputados son el ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa y tres ex policías: Eduardo Enrique Riuli, Oscar Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti. Los tres últimos prestaban servicio en el Departamento de Informaciones “D2” de la Policía de Santa Fe, en cuya sede permanecieron secuestrados algunos de los sobrevivientes de estos hechos y, tal como se acreditó en el primer juicio, sus integrantes fueron parte de los secuestros y allanamientos de las viviendas donde vivían los militantes y sus familias.

Si bien el ex juez Brusa fue nombrado en 2021, en reiterados testimonios, como una de las personas que realizó los secuestros y que obligó a firmar testimonios bajo tormentos, ni siquiera fue citado como testigo. En 1980 era secretario del Juzgado Federal (a cargo del juez Miguel Ángel Quirelli). En la Causa Brusa (de 2009) y Brusa II (de 2014) varios sobrevivientes del terrorismo de Estado lo señalaron como responsable de apremios ilegales y de otros delitos de lesa humanidad. Hasta ser juzgado y condenado, Brusa ascendió en su carrera judicial y llegó a ser juez federal de Santa Fe. Su participación muestra la complicidad del Poder Judicial con el accionar de la Policía y de los militares en la represión.

El caso de Riuli también es emblemático porque vive en Laguna Paiva, a pocas cuadras de la casa de la familia Páez. La familia denunció que durante años vivió con miedo y amenazada. Riuli, además de ser policía, tenía programas de radio y de televisión y animaba las fiestas de la ciudad. Varios testigos pudieron ubicarlo en los secuestros, en los sitios donde estuvieron privados de su libertad y en las sesiones de tortura justamente porque lo conocían de Laguna Paiva. Por esos hechos ya tiene una condena, del juicio Laguna Paiva I.

Valdez también cuenta con una condena previa por el asesinato, en 1977, de cuatro militantes de Montoneros en la ciudad de Santa Fe, en la causa conocida como Balla. Y Antonio Parvelotti, subjefe del D2, no había sido juzgado hasta entonces por delitos de lesa humanidad.

Además del abandono de persona y el secuestro de las infancias, se juzgan otros delitos como secuestros y aplicación de tormentos contra los mismos militantes que fueron querellantes en Laguna Paiva I, en delitos que no fueron incorporados en ese tramo.

Concluida la etapa testimonial, esta semana los abogados de la querella (Julia Giordano, Noelia Zarza y Federico Pagliero, de la APDH Rosario) y el Ministerio Público Fiscal (representado por el auxiliar fiscal Nicolás Sacco), presentaron sus alegatos. También pidieron las penas para los imputados. La querella pidió el máximo de la escala penal, 25 años para cada uno. Por su parte, la Fiscalía pidió 22 años para Parvelotti, 20 para Riuli, 18 para Brusa y 12 para Valdez.

El 30 de julio serán los alegatos de la defensa y el 7 de agosto está previsto que se lea la sentencia.

Mario Páez, el joven secuestrado con 14 años, recuerda a su padre como un “militante apasionado”. Durante su testimonio en el juicio Laguna Paiva I, expresó: “Mi padre fue perseguido por sus ideales, porque era un hombre que iba siempre al frente. Se manifestaba como lo hacen hoy los militantes políticos: cortando una calle o exigiendo a la patronal a través de un paro que mejoren su nivel salarial”.

Tras el secuestro, Catalino, Juana y su hijo fueron sometidos a tormentos y permanecieron secuestrados en dependencias del circuito represivo de la ciudad de Santa Fe. En el caso de Juana, estuvo en La Casita (centro clandestino de detención ubicado en las afueras de Santa Fe, probablemente en Santo Tomé, pero que aún no fue ubicado); pasó por la sede del D2 y finalmente por la Guardia de Infantería Reforzada; fue liberada un mes y medio después. Mario estuvo dos meses secuestrado en el D2. Catalino pasó por La Casita, por el D2 y después fue trasladado al penal de Rawson. Pasó por otras cárceles federales como La Plata y Devoto y recuperó su libertad en 1984.

Contra toda una familia

Una hermana de Catalino (María Ceferina Páez) estaba casada con un hermano de Juana (Luis Santiago Medina) y otra hermana de Juana (Elba Medina) estaba casada con otro hermano de Catalino (Miguel Guilfredo Medina).

María Ceferina y Luis Santiago tenían cinco hijos de entre 14 y 6 años y vivían en Esperanza, a 40 kilómetros de Santa Fe. Elba y Miguel Guilfredo tenían cuatro hijos de entre 15 y 4 años y vivían en Esteban Rams, al norte de la provincia, a unos 250 kilómetros de la capital. Ramona y Marciana Páez, hermanas de Catalino, también vivían en el norte de Santa Fe, en Ceres y en Huanqueros, respectivamente.

Para secuestrar a Catalino, la patota del D2 fue primero por sus familiares. Realizó operativos en Esperanza y en Esteban Rams y secuestró a Ramona y a Marciana. Todos los hechos tuvieron lugar entre el 8 y el 15 de febrero de 1980. Para averiguar el paradero de Catalino, torturaron a su hermano Miguel Guilfredo y a su hija Graciela, de 15 años. Después secuestraron a Elba, a Miguel, a Graciela y a los hijos menores: Miguel (8), José Santiago (5) y Rodolfo (3). Elba y sus hijos permanecieron secuestrados en la Guardia de Infantería Reforzada, en la ciudad de Santa Fe. Miguel estuvo en el D2.

María Ceferina Páez y Luis Medina también fueron secuestrados. Sus hijas, Ramona Beatriz (14 años) y María Susana (12), quedaron abandonadas, cuidando a sus hermanos pequeños: Mario (11 años), Ramón (8) y Miguel Santiago (6).

Tanto en los allanamientos de Esteban Rams como de Esperanza y de Lima, la patota destrozó todo lo que había en el lugar. Las niñas y los niños no solo quedaron despojados del cuidado de sus padres, sino también sin medios para subsistir. Los hermanos mayores, como Mónica Páez, Ramón Páez y Susana Medina, debieron trabajar para obtener dinero y alimentar a sus hermanos.

Durante su testimonio ante el tribunal, Carlos Páez expresó: “No teníamos otra persona porque estábamos solos a cargo de mi hermana de 12 años. Yo valoro mucho todo el esfuerzo de mi hermana, porque con esa edad se hizo cargo de todo. No nos soltó la mano, nos cuidó como una madre”.

María Susana, que tuvo que empezar a trabajar de niñera, recordó que iba a la Comisaría de Esperanza a preguntar por su mamá. En esos días, a su hermano Mario lo operaron de apendicitis. También en esos días, observaba que personas de civil merodeaban la casa. Sobre todo de noche. Era la gente que se había llevado a su madre. Cuando los veía, les preguntaba adónde la habían llevado. Un día esos mismos hombres la subieron a un Falcon y la llevaron a Santa Fe. La mantuvieron en un departamento y luego la llevaron por distintas comisarías. No reconoció a quienes la secuestraron. Cuatro días después, la dejaron en una garita de colectivos para que vuelva a Esperanza.

Su prima Mónica también fue a la Comisaría de Lima a preguntar por sus padres. Pero le respondieron que lo más probable era que estuvieran muertos.

Graciela, de 15 años, estuvo secuestrada en el circuito represivo de Santa Fe. En un momento empezaron a preguntarle sobre su tío Catalino, si conocía más gente. Escuchó que sonaba una máquina de escribir y un apodo: “doctor”. En ningún momento le sacaron la venda que le habían puesto, pero percibió que el “doctor” era el que escribía en la máquina. Después le levantaron un poquito la venda y le hicieron firmar unos papeles que no le permitieron leer.

El abandono, una forma de crueldad

La abogada Martha Andrada, testigo de concepto propuesta por la querella, explicó que, según el marco normativo vigente en la década del 80, “cualquier funcionario o persona que tuviera conocimiento de un estado de abandono o de estar en peligro de abandono material o moral tenía que dar aviso, era su deber y más siendo funcionario público, porque sino el mismo funcionario estaba colocando al niño en abandono material o moral o en peligro material o moral”.

La abogada Nelly Minyersky también fue testigo de concepto durante el juicio: “El abandono que hizo esta gente tiene la característica de la crueldad, de que era un plan: robaban niños, robaban cosas, destrozaban. Nunca hubo un soldado les llevó un litro de leche, eso no aparece en las declaraciones”.

La palabra “crueldad” reaparece en el testimonio de la docente de historia Nora Pulido, que también testificó en la causa. Recordó el concepto de “crueldad” vertido por el psicoanalista Fernando Ulloa durante el Juicio a las Juntas Militares en 1985. “(Ulloa) nos dice que la maldad es algo operativo, es para conseguir un fin. El concepto de crueldad lleva a las personas que cometen los hechos ante niños indefensos, a tener un goce extra en esos hechos de maldad que hace”. Y reforzó, también citando a Ulloa, que los niños quedaron a la intemperie. “Esto no fue un descuido, fue intencional”, acotó.

Al concluir su testimonio, Ceferino Páez dijo: “Mi papá siempre creyó que el tiempo y la democracia iban a poner las cosas en su lugar y creo que es lo que está pasando ahora. Nosotros consideramos que el sentido común y la Justicia nos van a devolver la dignidad y la paz que estos delincuentes nos robaron”.