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Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría de Discapacidad y el Gobierno define a su reemplazante

Alejandro Vilches renunció a su cargo como secretario nacional de Discapacidad por motivos personales y el Ministerio de Salud comenzó a evaluar quién será su reemplazante. La salida del funcionario abre una nueva etapa en la conducción del área, aunque hasta el momento no se informó oficialmente quién asumirá al frente de la Secretaría.

La definición cobra relevancia por el carácter transversal de las políticas vinculadas con la discapacidad, que abarcan aspectos que exceden el ámbito estrictamente sanitario y requieren de la intervención de distintas áreas del Estado.

Entre sus competencias se encuentran cuestiones relacionadas con la accesibilidad, el transporte, la educación, el empleo, la protección social, la autonomía y la participación plena de las personas con discapacidad en la comunidad.

Históricamente, el organismo encargado de conducir estas políticas no surgió dentro de la estructura del Ministerio de Salud y su funcionamiento demanda una articulación permanente con diferentes dependencias estatales.

La cartera sanitaria interviene en aquellos asuntos que corresponden a sus competencias y brinda asesoramiento técnico cuando es requerido. Sin embargo, las políticas de discapacidad también involucran cuestiones presupuestarias y legislativas, así como decisiones en materia educativa, laboral, de transporte y protección social.

Por el momento, el Gobierno no dio a conocer quién sucederá a Vilches en la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Con información de la agencia NA

Adorni dice que vendió criptos por casi US$600.000, se guardó los dólares y luego los usó para comprar dos casas

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, tenían más de medio millón de dólares ahorrados en efectivo, guardados en su casa, debajo del colchón, cuando el ahora exjefe de Gabinete se convirtió en vocero presidencial de Javier Milei. Pero la pareja no se encandiló por la riqueza repentina tras una arriesgada inversión en criptomoneda y la llegada al poder: optaron “deliberadamente” por “vivir como si no lo tuvieran”, con la mira puesta en la educación de sus hijos y en su propia jubilación. Pero los planes se truncaron por la función pública. Primero, por seguridad: el departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, donde vivía el matrimonio, no tenía cochera y estaba en un primer piso, y los vecinos le arrojaban objetos al patio. Entonces se mudaron a un inmueble más amplio en Miró 550, en Caballito, que refaccionaron por completo. Luego, “a raíz de un altercado” que Adorni protagonizó en la vía pública, la pareja entendió que, para preservar a sus hijos menores, lo más conveniente era tener una casa de fin de semana en el barrio Indio Cuá, que ya conocían. Así compraron el lote 380 y también lo refaccionaron. Buscaban darle a sus hijos “tranquilidad” y “aire libre” para los fines de semana.

Ese es el relato que Adorni da de su crecimiento patrimonial, según el escrito que su defensa presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita este fin de semana para responder el requerimiento que la fiscalía le hizo el 10 de agosto, en la causa que derivó en su salida del gobierno. El eje de la defensa es que el grueso del patrimonio es anterior a que Adorni asumiera un cargo público y que atesorarlos en efectivo en su casa no afecta “la moral pública”. Para sostenerlo, el escrito describe ocho direcciones de Bitcoin con actividad entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, sin saldo actual. Según su tabla, se liquidaron en total US$591.544,61.

La inversión, siempre según el escrito, fue de US$1.897,20 en 2014 y US$199.883,20 en 2017: más del 99% en un solo año. Eso deja una ganancia bruta de unos US$389.764, casi tres veces lo invertido. Adorni relata que las compras y las ventas se hicieron “en persona”, en lugares públicos, en efectivo y con contrapartes que “no se identificaban”. Los dólares billete se recibieron “de manos de cada comprador”, sin plataforma ni intermediario. El escrito reconoce que de esta etapa “no existe otro respaldo que el relato de mi asistido”.

Sobre el capital para comprar los primeros bitcoins, el escrito lo atribuye a honorarios que Adorni, contador, y Angeletti habrían cobrado “por fuera del circuito bancario y financiero formal”, más dinero de la herencia paterna de 2002. En el mismo pasaje la defensa admite que ese ahorro quedó “por fuera del sistema bancario y del radar” de ARCA.

La tabla de operaciones muestra una concentración llamativa. El 5 de agosto de 2017 se liquidaron cuatro direcciones por unos US$315.676, el 53% del total. Una sola operación, a las 14:49:23, fue de US$296.785,46. Tomando el precio que el propio escrito cita para el día siguiente (unos US$3.356), esa venta equivaldría a unos 88 bitcoins, un cálculo propio que debería poder confirmar la pericia. Ahí aparece una tensión que el escrito no resuelve. En un pasaje sostiene que la decisión de liquidar “se haya adoptado” en 2018, después del derrumbe del precio, de unos US$19.000 en diciembre de 2017 a menos de US$3.500. Pero su propia tabla muestra que más de la mitad se vendió en agosto de 2017 y que otra dirección se vendió en marzo de ese año.

Para probar la titularidad, Adorni firmó un mensaje criptográfico con cada billetera ante un escribano el 7 de septiembre y dejó las claves privadas en un sobre lacrado con su abogado. Eso prueba que hoy controla esas billeteras, no quiénes fueron las contrapartes de 2014-2018. El relato tampoco coincide del todo con lo que Adorni contó en público. En una entrevista con José Del Río en La Nación, el 11 de junio, dijo haber invertido unos US$200.000 y ganado unos US$300.000, US$500.000 en total, contra los US$389.764 que salen de las cifras del propio escrito.

De los dólares bajo el colchón a la compra de dos inmuebles

La defensa de Adorni reconstruye un stock de dólares en efectivo que se fue consumiendo: US$565.000 al cierre de 2022, US$513.000 a fines de 2023, US$388.961,52 a fines de 2024 y US$209.961,52 a fines de 2025. Son US$303.038 menos en dos años. Al comienzo de 2024, el efectivo del matrimonio era de US$533.000: los 513.000 de Adorni más 20.000 en custodia de Angeletti, que después fueron al lote de Indio Cuá.

El requerimiento cuestionaba el origen de US$402.578 en divisas aplicadas, US$374.081 de ellos en efectivo, “dado que ninguno de esos ingresos fue percibido en moneda extranjera”. El escrito responde que salen de estos ahorros, que tanto Adorni como su esposa declararon en las rectificativas de sus declaraciones juradas, presentadas el 10 de junio pasado.

La historia inmobiliaria empieza en el departamento de la calle Asamblea 1132, en Parque Chacabuco, donde vivía el matrimonio antes de que Adorni llegara a la función pública. El escrito no dice cuándo lo compraron, pero es la pieza clave de todo lo que vino después: fue la garantía de la primera hipoteca.

El 15 de noviembre de 2024, Adorni compró el lote 380 del country Indio Cuá por US$120.000. Para pagarlo tomó un mutuo con garantía hipotecaria sobre el departamento de Asamblea por US$100.000 (escritura 119) y completó los otros US$20.000 con efectivo que estaba bajo custodia de su esposa. El escrito no dice quién le prestó esos US$100.000. Según lo que declararon ante el fiscal, fueron Graciela Molina, comisario inspector retirada de la Policía Federal, y su hija Victoria Cancio, subinspectora en actividad, que llegaron a Adorni vía su escribana. US$85.000 puso la madre y US$15.000 la hija, a dos años y con un interés del 11% anual. En Fiscalía declararon que Adorni todavía les debe unos US$70.000, que vencen en noviembre de 2026. Eso cuadra con los US$900 de intereses de 2024 y los US$30.000 de capital pagados en 2025 que figuran en el flujo de fondos del escrito.

El lote quedó a nombre de Angeletti y así figuró hasta la segunda rectificativa de las declaraciones juradas, del 10 de junio de 2026, que lo asentó al 50% para cada cónyuge, con el mismo criterio para la deuda hipotecaria. La defensa lo presenta como un derecho a rectificar, no como un ocultamiento.

Con el terreno comprado, vino la obra. El fiscal calculaba que Adorni le había pagado US$245.000 al contratista Matías Tabar por refaccionar la casa. La defensa dice que fueron US$175.000 y enumera once irregularidades en las planillas del contratista: ítems sin comprobante, mamparas pagadas y nunca instaladas, remitos anteriores al inicio de la obra, ausencia de arquitecto y de planos. Esa cifra coincide con la que calculó el perito arquitecto de la defensa (US$174.954,58), aunque los dos informes son de parte, contratados por los propios abogados de Adorni.

El cronograma que surge de lo que cita el escrito tiene un detalle: según un testigo, Adorni le escribió a Tabar por WhatsApp en agosto de 2024, antes de escriturar, para relevar el lote con la idea de refaccionarlo, y Tabar habría cobrado US$35.000 en efectivo el 16 de noviembre, un día después de la escritura, sin recibo. Sobre la diferencia entre las dos cifras, el propio Adorni dijo que “el número es menos y es un tema que se está dirimiendo en la justicia”.

Un año después, el 24 de noviembre de 2025, llegó la compra del departamento de la calle Miró 550, escriturada con el número 118. El escrito reconoce que se pagaron US$30.000 en efectivo “de contado” y dice que salieron de los ahorros. Pero no menciona el precio total, ni cómo se financió el resto, ni una hipoteca, ni el nombre de las vendedoras. Según lo publicado, el departamento costó US$230.000 y las propias vendedoras, Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), ambas jubiladas, financiaron los otros US$200.000. Ante la Justicia dijeron cobrar la jubilación mínima, y el hijo de una de ellas, Pablo Feijoo –que tiene ingresos a la Casa Rosada– declaró que Adorni acordó pagar otros US$65.000 fuera de la escritura.

Otros gastos que detalla el escrito

En 2024 y 2025 salieron US$354.038 en efectivo y entraron US$51.000. Los egresos incluyen:

Entre las entradas de 2025 figura la venta del departamento heredado en La Plata, por US$50.000 (escritura 326, del 16/9/2025), dos meses antes de la compra de Miró. El requerimiento también sumaba “ingresos no alcanzados o exentos” por $21,7 millones en 2023, $123,7 millones en 2024 y $267,3 millones en 2025. La defensa explica que casi todo es ajuste de valuación por diferencia de cambio sobre los dólares, no fondos nuevos.

También se detallan otros gastos:

Dudas

El abogado de Adorni cuestionó la pericia de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), que acreditó que hay irregularidades por US$269.550, la mayoría en un clúster de TRON/USDT. Pero la defensa no los reconoce como propios: dice que dos direcciones no están atribuidas a nadie, que no puede identificar a los titulares de dos cuentas de Binance, que otra dirección “no pertenece” a Adorni y que una de las que sí reconoce la usó para canalizar donaciones para la familia de un comerciante asesinado y para un menor que necesitaba una operación. Pide que sea la Fiscalía la que le solicite los datos a Binance. También cuestiona la pericia: dice que Lemon y Digifin se contaron dos veces y que la herramienta Chainalysis Reactor es una “caja negra”.

Ninguna de las cuatro mujeres que figuran como acreedoras hipotecarias, Molina y Cancio, madre e hija, y Viegas y Sbabo, aparece nombrada en el cuerpo del escrito. Tampoco los mutuos familiares están documentados.

El fiscal pidió acreditar los mutuos con Silvia Pais, la madre de Adorni, y con Norma Zuccolo: existencia, fecha cierta, entrega efectiva y aplicación de los fondos. La defensa contesta en dos páginas, todas jurídicas. Cita el artículo 1525 del Código Civil y Comercial, que no exige instrumento público para los préstamos, y jurisprudencia según la cual los préstamos entre familiares no suelen instrumentarse. Sostiene que las declaraciones juradas alcanzan como “principio de prueba instrumental”, y que en el caso de Pais, un mutuo entre madre e hijo, la falta de formalidades “no es indicio de irregularidad”.

No hay montos, fechas, comprobantes ni forma de entrega. Zuccolo aparece una sola vez en las 78 páginas, en el título del punto, y todo el desarrollo posterior habla de “ambos mutuos” pero describe solo a Pais. Las declaraciones juradas de Adorni sí muestran deudas con ambas ya en 2023, antes de la hipoteca de noviembre de 2024, y en 2024 figura “Sucesión Zuccolo”. Convertidas, equivalen a unos US$20.000 y US$22.500 (cálculo propio). Es decir, no habrían financiado ni Indio Cuá ni Miró, y el escrito no dice para qué sirvieron.

La defensa de Adorni afirma que las rectificativas de sus declaraciones juradas fueron anteriores al requerimiento y que rectificar es un derecho. Pide subsidiariamente que, si hay una discrepancia “tributaria”, el legajo pase a la Justicia Penal Económica o a ARCA.

MC

Adorni respondió las dudas de la Justicia sobre su patrimonio y dijo que no existe un “enriquecimiento apreciable"

Manuel Adorni presentó ante la Justicia su justificación patrimonial en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, un expediente que desde hace meses acumula inconsistencias, movimientos financieros llamativos y operaciones que el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió aclarar en detalle.

La presentación del escrito de 78 carillas acompañado por documentación contable y técnica que hizo este domingo a la nioche a través de su abogado, Matías Ledesma, busca responder los 20 puntos que la fiscalía marcó como problemáticos en la evolución de sus bienes entre diciembre de 2023 y junio de 2026. El exfuncionario tenía hasta este martes para entregar las respuestas sobre las inconsistencias que surgieron en la investigación.

Según el análisis económico incorporado al expediente, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron ingresos comprobados por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones durante el período investigado. La diferencia —unos $43 millones— es uno de los núcleos de la sospecha fiscal. A eso se suman desembolsos en dólares por US$402.578, vinculados a propiedades, refacciones, mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior.

En su descargo, Adorni sostiene que no existe “un enriquecimiento apreciable que no pueda ser explicado” y que toda la evolución patrimonial cuenta con respaldo documental. La defensa afirma que los movimientos financieros, incluso los que aparecen como desbalanceados, “encuentran sustento razonable y verificable” en la prueba presentada.

Con respecto a las dudas sobre sus operaciones con criptoactivos no reguladas, señaló que se realizaron entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública y en un momento en el que la adquisición de bitcoin se realizaba entre particulares o en plataformas internacionales que ya no existen. Al rerspecto, Adorni detalló que su dinero en efectivo provino de ahorros por cerca de US$ 600 mil (ocho billeteras le “generaron US$ 591.544,61”) que justificó en la liquidación de Bitcoin entre 2017 y 2018.

Por otro lado, sobre las rectificaciones en su declaración jurada por los dólares no declarados, Adorni advirtió que no ve en eso un “indicio de ocultamiento” porque “restablece por iniciativa propia la exactitud de lo declarado”, motivo por el cual “merece tratamiento benigno”.

La casa de Indio Cuá: el punto más sensible

Uno de los aspectos más controvertidos es la remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá, donde el contratista Matías Tabar declaró haber recibido US$245.000 en efectivo por las obras. Adorni niega esa cifra: asegura que el gasto real fue de US$175.000, provenientes de una cuenta bancaria y de ahorros personales. También cuestiona inconsistencias en las planillas del contratista y afirma que varios ítems “carecen de fecha de registro”.

Sobre la compra del inmueble, el exjefe de Gabinete sostiene que se financió con un préstamo hipotecario de US$100.000 y US$20.000 en efectivo, y que no hubo pagos ocultos ni fondos de origen dudoso.

La fiscalía también pidió explicaciones sobre:

Adorni entregó documentación para cada uno de estos puntos y argumentó que todos los movimientos tienen trazabilidad suficiente.

Qué pasa ahora

Con el descargo presentado, el fiscal Pollicita debe evaluar si las explicaciones y la documentación cierran las inconsistencias detectadas. Si no lo hacen, el expediente podría avanzar hacia nuevas medidas de prueba e incluso una indagatoria para Adorni y su esposa.

La presentación de este lunes no cierra la causa: apenas abre una etapa decisiva. La Justicia deberá determinar si la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete fue efectivamente justificable o si, por el contrario, las brechas detectadas constituyen el inicio de un caso de enriquecimiento ilícito.

La Justicia prorrogó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: seguirá en San José 1111

El Tribunal Oral Federal N°2 resolvió prorrogar la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que la expresidenta continuará cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad.

La decisión se tomó después de evaluar los informes de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de la pena. El juez Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo que Kirchner cumplió “adecuadamente” con el deber de permanencia en el domicilio y con las condiciones establecidas para recibir visitas.

Para realizar esa evaluación, el magistrado tuvo en cuenta los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

Según el informe trimestral de este último organismo, durante las entrevistas domiciliarias realizadas de manera aleatoria la exmandataria respondió a los requerimientos con “buena predisposición” y mantuvo un trato “cordial y respetuoso” con los profesionales que participaron de los controles.

Durante el período analizado, Cristina Kirchner tuvo una sola salida autorizada por el Tribunal, destinada a realizar una consulta médica. De acuerdo con el reporte incorporado al expediente, el traslado se produjo sin inconvenientes.

Tampoco se registraron irregularidades con las visitas, que se ajustaron a las autorizaciones concedidas por el TOF N°2. La única observación correspondió a una demora de una visitante, que posteriormente fue justificada.

El monitoreo electrónico tampoco detectó incumplimientos. Además, el Tribunal señaló que las movilizaciones realizadas frente al edificio de San José 1111 no derivaron en conductas que alteraran la tranquilidad del vecindario y que no se recibieron quejas de los vecinos.

“Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”, concluyó Giménez Uriburu.

La prisión domiciliaria en San José 1111 había sido dispuesta en junio de 2025, cuando el Tribunal estableció, entre otras condiciones, la obligación de permanecer en el inmueble salvo autorización judicial y la prohibición de desarrollar conductas que perturbaran la tranquilidad del vecindario.

La situación de los bienes

La resolución se conoce después de que el TOF N°2 confirmara el embargo preventivo sobre distintos bienes de Cristina Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad, entre ellos el propio departamento de San José 1111.

La medida está vinculada con el decomiso de alrededor de $685.000 millones establecido a partir del perjuicio económico atribuido al Estado en la causa.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó dos recursos presentados por la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner para intentar frenar el posible decomiso de inmuebles pertenecientes a Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

También se encuentra bajo investigación la compra del departamento ubicado debajo del que ocupa Cristina Kirchner por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora vinculada a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Calle declaró ante la Justicia que el inmueble fue adquirido para el funcionamiento de una fundación.

En el mismo edificio posee además una propiedad el senador nacional Mariano Recalde, cuyo departamento se encuentra en el primer piso.

Con información de la agencia NA

Causa AMIA: procesaron a siete iraníes y un libanés y avanza el juicio en ausencia

El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y un libanés acusados de haber tenido distintos grados de participación en la planificación y ejecución del atentado contra la sede de la AMIA y dispuso embargos por US$500 millones para cada uno.

La medida quedó plasmada en una resolución de más de 600 páginas y fue adoptada en el marco del régimen de juicio en ausencia previsto por la ley 27.784, que permite continuar con el proceso pese a que los imputados permanecen prófugos en el exterior.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la decisión de llevar adelante el ataque fue tomada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní, mientras que su ejecución fue encomendada a Hezbollah. La organización montó para ello una estructura de apoyo regional y local con base en la zona de la Triple Frontera.

Rafecas procesó como autores mediatos a Ali Fallahijan, por entonces ministro de Inteligencia de Irán; Ali Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, entonces comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, quien comandaba la fuerza Al Quds.

En tanto, fueron procesados como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada iraní, y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

El octavo procesado es el libanés Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, miembro de Hezbollah a quien la Justicia atribuye la coordinación de la etapa final del atentado en Buenos Aires.

El ataque y la acusación

Según estableció la investigación, los responsables adquirieron una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994 y posteriormente la acondicionaron con unos 300 kilos de amonal y TNT. El vehículo fue utilizado el 18 de julio para cometer el atentado contra la mutual judía, que dejó 85 muertos y 151 heridos.

Las conductas fueron encuadradas como homicidios y lesiones reiteradas, agravadas por odio racial o religioso y por la utilización de un medio capaz de generar peligro común, además del delito de daño agravado por motivos discriminatorios.

Rafecas consideró, además, que el ataque constituye un crimen de lesa humanidad y lo encuadró bajo la figura de genocidio de acuerdo con el Derecho internacional.

El magistrado dispuso, por otra parte, la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. Tampoco resolvió la situación procesal de Alí Khamenei, Imad Mughniyeh y Ali Hussein Abdallah, debido a que, según la resolución, fallecieron en 2026, 2008 y 2020, respectivamente.

El procesamiento todavía puede ser apelado por la defensa oficial. Si queda firme en las instancias superiores, el juzgado podrá dar intervención a la fiscalía, las querellas y la defensa como paso previo a la eventual elevación de la causa a juicio oral y público bajo el régimen de juicio en ausencia.

Con información de la agencia NA