Sierra Cuadrada

Noticias de Chubut

Francos dará la versión oficial del criptogate en una sesión informativa en Diputados

Además de la interpelación constitucional en sesión informativa sobre la gestión del Gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistirá al recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 16 de abril a las 14.30 para dar un informe verbal sobre el criptogate que involucra al presidente de la Nación, Javier Milei.

Este martes 8 de abril Diputados va a tratar los proyectos para crear una comisión investigadora para profundizar lo ocurrido con la promoción del token $LIBRA del 14 de febrero pasado, las interpelaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo y también varios pedidos de informes.

En esta sesión informativa, el jefe de Gabinete estará a abocado a varios expedientes referidos al criptogate. Se trata de informes verbales para relatar lo sucedido a raíz del tuit presidencial promocionando una criptomoneda que llevó a muchas personas a invertir, pero que a los pocos minutos se cayó dejando pérdidas millonarias.

Con la presencia de Francos en la Cámara de Diputados, la estrategia del Gobierno nacional es evitar que prosperen los mecanismos legislativos que podrían derivar en la interpelación de Karina Milei, secretaria general de Presidencia, o del asesor presidencial Santiago Caputo.

Entre los expedientes por lo que Francos responderá en el recinto de la Cámara de Diputados con pedidos de interpelación, también está un pedido de informes por las visitas de Hayden Davis, impulsor del del token $Libra, a Casa Rosada durante el 2024.

Con información de Parlamentario.com

Crece la presión en la Justicia para que García-Mansilla renuncie a la Corte tras el rechazo del Senado

Rechazado su pliego como juez de la Corte Suprema por prácticamente dos tercios de los votos en el Senado, Manuel García-Mansilla aún continúa como magistrado del máximo tribunal hasta tanto no presente su renuncia. Él mismo dejó trascender que le pedirá una opinión al resto de los supremos antes de tomar una decisión, pero ya recibió presiones públicas y por lo bajo para que dé un paso al costado.

Fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR al cierre de esta nota plantearon que aún no hubo una comunicación formal al menos con el titular de la Corte, Horacio Rosatti, y su segundo, Carlos Rosenkratz. Temprano esta mañana salió a hablar Ricardo Lorenzetti, que veladamente le pidió que se corra del cargo y aseguró: “Yo no hubiera aceptado asumir por decreto”.

Operadores de la Justicia en contacto con este medio afirmaron, a su vez, que García-Mansilla en los hechos no es más juez de la Corte. “No puede entrar a su despacho, lo tiene que sacar la fuerza policial si no se corre”, dijo con vehemencia una fuente que conoce los pasillos de Tribunales y de Comodoro Py. El académico, hasta hace poco decano de la facultad de Derecho en la Universidad Austral, ocupó la oficina que dejó Juan Carlos Maqueda cuando dejó de ser juez en diciembre pasado, al cumplir 75 años.

La salida de García-Mansilla parece tan escandalosa como su ingreso. Juró en la Corte en una reunión que no fue transmitida públicamente, sino que se supo una vez que ya había ocurrido, y que según informó el propio tribunal -ante un pedido de acceso a la información que hizo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez- no tuvo ni siquiera recaudos administrativos y burocráticos.

“Te lo dice el originalismo, la deliberación, el neoconstitucionalismo y el bidartcampismo, Manuel tenés que renunciar por el bien de la República y para evitar una crisis de legitimidad de la CSJN sin precedentes”, tuiteó hoy Gil Domínguez.

El profesor de Derecho Constitucional (UBA/Austral) Jorge Alberto Diegues, tras un largo hilo en redes sociales, expresó: “Ante la decisión adoptada por el Senado el día de hoy, el tiempo constitucional de los jueces de la Corte nombrados el pasado 26 de febrero ha terminado. En el sistema constitucional argentino, ningún magistrado puede ser miembro del Poder Judicial con el rechazo expreso del Senado. Esa y no otra es la recta interpretación de la Constitución Nacional. Es el Senado de la Nación, como lo dice la Constitución, quien tiene (y espero siga teniendo) la última palabra”.

Con el resultado en contra del Senado, hoy mismo salió de su ostracismo Lorenzetti para presionarlo. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo en radio Mitre, y planteó: “El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”.

Hasta ahora García-Mansilla se aferra al cargo porque está sostenido políticamente por el Gobierno, donde se interpreta que su rol en comisión dura hasta el fin del actual periodo legislativo, que termina el 30 de noviembre. Pero un sinfín de especialistas ya plantearon que estaría violando la Constitución y que mantenerse como supremo sería un delito. Por caso, el juez Alejo Ramos Padilla le ordenó abstenerse de firmar fallos en la Corte. Ayer mismo, antes de conocerse la votación en la Cámara alta, García-Mansilla, despachó al menos unas 50 sentencias.

En la Corte el clima que se encontró esta mañana fue de extrema incertidumbre. “Silenzio stampa”, graficó una fuente del Palacio de Tribunales. Llamó la atención el trascendido de que García-Mansilla iba a consultarle a sus colegas. “Básicamente, no hay nada regulado sobre esto”, planteó un vocero consultado.

Al menos Lorenzetti le soltó la mano: “Yo no puedo opinar porque son temas juridicos. El doctor García-Mansilla es una persona honorable, que esta trabajando con nosotros, y él es el que va a opinar sobre esto. Dirá 'yo consideró que voy a continuar' o 'no voy a continuar’. Es una decisión personal que él estará evaluando”, planteó el supremo que supo ser presidente del tribunal.

“Es un usurpador este juez de la Corte. Hay un delito”, afirmó un juez federal con mucha experiencia a elDiarioAR. “García-Mansilla está en aprietos; resultó ser el más político. Tiene que renunciar. Y además quedó muy desprestigiado como experto académico”, comentó un operador judicial.

Una cuarta fuente insistió con la idea de que García-Mansilla ya está afuera del ámbito judicial: “Puede caminar por Tribunales o por Comodoro Py como cualquier persona, pero legalmente ya no puede estar más en su despacho”.

MC

Lorenzetti presiona a García-Mansilla en la Corte: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, señaló que “es respetable” la opinión del Senado que el jueves rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal.

“El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los Candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”, expresó.

Además, tras asegurar que el futuro de García-Mansilla, el juez que asumió “en comisión” por un decreto del presidente Javier Milei, dependerá de una decisión personal, indicó: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.

“Creo que más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Además, indicó: “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”.

Para Lorenzetti, “en estas situaciones, lo importante es ser claro, aplicar el Derecho, sino creamos una confusión muy perjudicial para la gente. Hay que ser muy serios”, sentenció. Y agregó: “La decisión del Senado hay que respetarla, no hay ganadores o perdedores. Soy muy respetuoso de las instituciones. Respeto al doctor Lijo”.

Sobre la decisión que debe tomar el máximo tribunal frente al recurso de queja que presentó Cristina Fernández de Kirchner y la recusación de García-Mansilla, en el marco de la causa Vialidad, por la que está condenada, Lorenzetti explicó: “Lo que entra en el tema de Vialidad es una queja porque no le concedieron un recurso. La Corte tiene que analizar si es correcto o no, y es un tramite interno muy transparente. Hay que dar una imagen institucional fuerte para la población”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

El Senado le marcó la cancha a Milei y dejó a García-Mansilla al borde de la ilegalidad

El revés era previsible, pero no por eso dejó de doler. A las 20.30 del jueves, el tablero electrónico del Senado confirmó lo que en Balcarce 50 venían temiendo en silencio desde hacía días: los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos candidatos que Javier Milei había designado por decreto para completar la Corte Suprema, habían sido rechazados. El resultado fue claro: el juez federal recibió 27 votos a favor y 43 en contra y el jurista, que ya asumió en la Corte, recibió 51 votos en contra: más de dos tercios del recinto. Pero lo que terminó de dejar al desnudo la fragilidad del oficialismo no fue la matemática parlamentaria sino la falta de control sobre el tablero institucional.

Milei se enteró de lo sucedido desde el exterior. Estaba en Estados Unidos, buscando su foto con Donald Trump y explorando terminar de concretar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Buenos Aires, mientras tanto, se desmoronaba la principal jugada política de su asesor más influyente. Santiago Caputo había diseñado la estrategia con un diagnóstico implacable: no hay mayorías legislativas, pero hay tiempo y hay audacia. El plan parecía simple: aprovechar el receso del Congreso, designar por decreto a los candidatos, darles un poco de aire con una jura exprés, y empujar luego el acuerdo parlamentario como si fuera apenas una formalidad. Nada salió como estaba previsto.

En un gobierno que se jacta de no negociar con la política tradicional, la votación del Senado fue algo más que una derrota. Fue la confirmación de que hay límites que ni siquiera un presidente en modo guerra puede forzar sin consecuencias. Lijo permanecerá en su juzgado en Comodoro Py, despojado de la proyección suprema que había imaginado. García-Mansilla, en cambio, parece elegir resistir. Juró en febrero como juez de la Corte y en el Gobierno sostienen que se quedaría hasta noviembre, pese a la negativa explícita del Senado. En la Casa Rosada avalan esa decisión y dan a entender que la única manera de removerlo de su cargo sería a través de un juicio político.

“García Mansilla va a seguir hasta el 30 de noviembre”, aseguró este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según el funcionario, la continuidad del catedrático “es sin perjuicio de lo que defina el Senado”. Y añadió que, “de la misma manera, si su pliego se rechaza en este Congreso, el próximo que se instale a partir del 10 de diciembre va a ser otro y el Presidente podrá insistir con estos pliegos u otros para que sean tratados” en la Cámara alta. A esta altura, no está claro si el conflicto es institucional, jurídico o simplemente político. Lo único claro es que está abierto.

El punto de inflexión fue la resolución 176/2025 de la Corte Suprema, firmada a comienzos de marzo por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio García-Mansilla, que dejó sin efecto la licencia extraordinaria que Ariel Lijo había pedido para dejar en pausa su juzgado federal. Con ese fallo, la Corte no solo cerró la puerta jurídica a su incorporación inmediata, sino que le marcó un límite al experimento institucional del oficialismo.

La sesión de este jueves fue un capítulo aparte. A la ofensiva del peronismo, que garantizó sus 34 votos, se sumaron los senadores de la UCR y el PRO. Hubo contactos de último momento, incluso un pedido de Eduardo Vischi, el jefe del bloque radical, a Santiago Caputo para que el Gobierno retirase los pliegos. Pero la decisión del oficialismo ya estaba tomada: que la suerte de los jueces quede en manos de los senadores.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo presente en el recinto, en su rol de presidenta interina por el viaje del mandatario. En su lugar, el senador Bartolomé Abdala presidió un debate cargado de acusaciones cruzadas. Sin embargo, desde sus redes, la titular del Senado envió un mensaje frío pero claro: recordó que los pliegos habían ingresado “hace más de un año” y que no sería ella quien pusiera la cara por una votación que el Gobierno sabía perdida. “Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente, me encuentro en el ejercicio de la Presidencia”, escribió en X.

La publicación coincidió —o no— con un tuit teledirigido desde la cuenta que se le atribuye a Caputo, acusándola de incurrir en una supuesta ilegalidad. “Que hace la Vicepresidente de la Nación en ejercicio de la Presidencia de la Nación en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Casi seguro que es un delito eso”, lanzó al mediodía @MileiEmperador, alias “John”, el avatar del asesor presidencial todoterreno, cuyas publicaciones son leídas atentamente por todo el arco político.

Pero no fue la primera vez que un viaje de Milei genera conflicto en el Ejecutivo. En diciembre del año pasado, fue el propio Presidente el que acusó a Villarruel de avanzar con la sesión para la expulsión del senador Edgardo Kueider, detenido por contrabando en Paraguay, a pesar de saber que él se encontraba en un vuelo rumbo a Italia. En ese entonces, el mandatario había argumentado que ella debía reemplazarlo y que, por ello, la sesión era inválida. La polémica también había sido motorizada, al igual que este jueves, por @MileiEmperador.

La incógnita García-Mansilla

El más perjudicado por toda esta novela es García-Mansilla. Hasta hace un mes, su pliego generaba cierta simpatía entre sectores dialoguistas. Pero su decisión de aceptar la designación por decreto y jurar sin esperar el acuerdo del Senado fue interpretada como una traición. “Nos mintió en la audiencia”, repetían en el peronismo. En el radicalismo también lo desautorizaron. Su permanencia en la Corte, para muchos, ya no es legítima. Él insiste en quedarse. Pero si lo hace, deberá lidiar con el riesgo de un proceso de destitución.

Así y todo, la posibilidad de que García-Mansilla renuncie por su cuenta no está descartada. Algunos, en la Corte y en el Gobierno, lo ven probable: no por presión política, sino por coherencia doctrinaria. Es un constitucionalista, y sabe que está ocupando un cargo que la carta magna le asigna al Senado. Pero su silencio, por ahora, se mantiene.

Lijo, en cambio, vuelve a su hábitat. No renunció nunca, no juró, y su regreso al Juzgado Federal N°4 es más una continuidad que una retirada. Eso no evita, sin embargo, que su postulación haya sido un fracaso rotundo. Lo que pudo ser su salto a la cima del poder judicial se volvió una escena incómoda: un juez que pidió licencia, que se la denegaron, que recibió un pliego rechazado y que ahora vuelve al llano como si nada.

En la Casa Rosada toman nota. Ya no se habla de avanzar con una nueva terna, ni de insistir con un acuerdo relámpago, sino de dejar que el tiempo haga su trabajo. Mientras García-Mansilla se aferra a su cargo con una legitimidad discutida y Lijo recompone su lugar en Comodoro Py, el Gobierno calcula costos y espera. En el fondo, lo que terminó de destruir la estrategia oficial fue la idea de que se podía construir poder institucional sin acuerdos. Eso que Milei creía domar a fuerza de voluntad, demuestra una vez más que también responde a reglas, ritmos y silencios que no se pueden decretar.

PL/MG

Una atroz lectura de la Constitución

Quisiera hacer algunos breves comentarios sobre el importantísimo hecho ocurrido esta semana, cuando el Senado rechazó los dos pliegos presentados por el Presidente en favor de dos candidatos para integrar la Corte Suprema –dos candidatos que, luego, el Presidente pretendió designar “en comisión” y por decreto–. La decisión del Senado, frente a la gravísima e irresponsable maniobra presidencial, no era obvia (nunca estuvo claro que el Senado terminaría por tomar una decisión semejante) y resultó por tanto importantísima (aun cuando deba, todavía, terminar de consolidarse). Permítanme, de todos modos, introducir la cuestión con un rodeo previo referido a la interpretación constitucional, destinado a subrayar la relevancia de la decisión senatorial y la gravedad de la situación institucional en la que nos colocara el Gobierno (con la ayuda, al menos, de uno de sus “comisionados”). 

Ante todo: es esperable y habitual que las Constituciones generen debates acerca de cómo deben ser interpretadas, en los casos concretos. Es esperable porque las Constituciones no son “guías telefónicas” o “tratados completos”, es decir textos larguísimos que procuran cubrir todos los escenarios o conflictos posibles. Por el contrario, las Constituciones suelen contentarse con afirmar algunas reglas de juego básicas (los procedimientos de la democracia) y algunos valores fundamentales (libertad, igualdad, etcétera). Y es habitual que las Constituciones generen debates interpretativos, dado que vivimos en sociedades plurales, caracterizadas por el hecho del desacuerdo. Quiero decir, en el marco de comunidades multiculturales, normalmente, disentimos: desacordamos sobre cómo entender, por caso, las ideas de libertad e igualdad frente a casos como el del aborto o la protesta social. Ahora bien, nuestros esperables y habituales desacuerdos interpretativos no revisten siempre la misma dificultad. Algunos de nuestros desacuerdos los resolvemos muy fácilmente. Por ejemplo, podemos disentir acerca del significado preciso de “libertad de expresión” pero tendemos a acordar fácilmente en que la censura a una obra de teatro o de cine violenta la libertad de expresión. Del mismo modo que hay diferencias interpretativas fáciles de resolver y otras muy complejas, hay desacuerdos interpretativos que nos refieren a posturas interpretativas más o menos razonables y otras –excepcionales– que nos colocan frente a lo extraordinario: postulaciones interpretativas –que llamaré, por su contenido e implicaciones– “atroces” o “disparatadas” (“outrageous”), a través de las cuales algunos de los protagonistas del conflicto del caso terminan colocando a la comunidad al borde de una crisis o quiebre del sistema. 

Pues bien, quiero postular que nos encontramos, en estos días, frente a un problema interpretativo sencillo de resolver, basado en propuestas interpretativas atroces o descomunales, que han vuelto a poner a la democracia argentina al borde del abismo institucional. En mi opinión, son muy pocas las ocasiones en que un país se enfrenta a conflictos semejantes. Pienso, por ejemplo, en el momento en que el equipo jurídico de Carlos Menem (algunos de cuyos protagonistas volvimos a ver en estos tiempos de LLA) postuló la posibilidad de una “tercera” reelección presidencial para Menem, aun cuando la Constitución que él mismo había hecho reformar poco tiempo antes autorizaba sólo una reelección. Pienso también en el caso de Evo Morales, quien procuró sortear su propia limitación para ser reelecto (también, conforme a lo establecido por la Constitución que él mismo había prohijado) a través de un “plebiscito popular” (destinada a dejar de lado la prohibición constitucional) y que, ante la derrota en el plebiscito, consiguió que el Tribunal Plurinacional lo autorizara a postularse, sosteniendo que, en caso contrario, se violaba su “derecho humano” a la reelección. En tales casos, los oficialismos propusieron lecturas atroces o disparatadas de la Constitución, que pusieron a sus respectivos países directamente al borde de un quiebre institucional. Pues bien, en el caso de las designaciones en comisión impulsadas por el Presidente nos enfrentamos a una situación semejante: un conflicto interpretativo sencillo de resolver, pero que nos coloca(ba) al borde de un quiebre del sistema (como dijeron algunos Senadores, de un “golpe institucional”). Concluyo, entonces, aclarando antes dos de las ideas recién expuestas: lo sencillo de la disputa interpretativa en juego y lo “atroz” de la propuesta interpretativa del Gobierno y, consiguientemente, de la crisis institucional frente a la cual nos dejó situados.

El desacuerdo interpretativo que enfrentamos resulta, en efecto, “sencillo” de resolver. Ello es así, entre otras razones, porque la Constitución del 94 nació, en buena medida, para restringir los poderes presidenciales y plasmó dicho objetivo de muchos modos, y en particular a través de cambios en las formas de elección de los jueces. Así, incluyó un Consejo de la Magistratura para el caso de jueces inferiores (de modo tal de limitar aún más la intervención y discrecionalidad presidenciales), y exigencias de consenso/acuerdo altísimas (dos tercios de los Senadores más “sesión pública”) para el caso de los jueces de la Corte. En tal sentido, quienes quieran (como en este caso) resolver las dudas interpretativas que pueda generarle la Constitución (por ejemplo, en cuando a su significado preciso a la hora de determinar el alcance del poder presidencial en materia de designaciones “en comisión”) haciendo primar un principio de “mayor libertad o discrecionalidad del Ejecutivo”, se están equivocando de Constitución. La Constitución nació y se justificó a partir del objetivo exactamente opuesto, y así lo dejó establecido en las reformas que explícitamente incorporó (por ejemplo, en materia de designación de jueces). Todo lo anterior, sin necesidad de mencionar una cantidad de factores adicionales que refuerzan el carácter disparatado de la interpretación presidencial (las exigencias de la Constitución en materia de género, los requerimientos de publicidad y diversidad establecidos por el vigente Decreto 222; el sentido ridículo que pretendió asignársele a los términos “receso” o “empleos”, del art. 99 inc. 19; etc).

El carácter “atroz” de la propuesta interpretativa del Presidente (o, luego, de su comisionado García Mansilla) se reconoce, por un lado, en lo manifiestamente absurdo de pensar que puede resultar constitucional que (frente a una Constitución cada vez más exigente en cuanto a los niveles de acuerdo “federal” para la designación de jueces de la Corte) el Presidente, “si tiene ganas”, y cuando vea que el Senado “se va al receso” (i.e., a fin de año, cuando, según el Gobierno y su candidato, debería dejar su cargo García Mansilla) vuelva a designar a un juez de la Corte por decreto, por otro año, dado que “se produjo una nueva vacante durante el receso del Senado”… y así por siempre. O también, en lo absurdo y muy grave que es que se le habilite al Ejecutivo una “nueva vía” –una “colectora” sencilla y sin costos– para designar jueces que resultarán “amigos” (o se mantendrán sólo si son “amigables”) dado que se trataría de jueces de la Corte con designación precaria y dependiente de la confirmación del poder político. Nos encontraríamos, por tanto, frente a una peculiar “nueva vía” de designación de jueces que, por lo demás, promovería la emergencia de jueces plenamente dependientes del gobierno de turno.

Esta posibilidad –la de una interpretación constitucional directamente atroz en su contenido y consecuencias institucionales– es la que evitó el Senado, esta semana: el Senado (contra mis prejuicios) se mostró a la altura de su misión, y cumplió muy dignamente con su responsabilidad institucional. En todo caso, sólo nos queda asegurar el pleno cumplimiento de esta crucial decisión senatorial, para despejar por completo, de nuestro horizonte institucional, la alternativa de un quiebre institucional.

RG/DTC