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Noticias de Cordoba
Villarruel, en alerta: la oposición fuerza una sesión en el Senado por mejora para jubilados y emergencia en discapacidad
El peronsimo aprovecha el malestar de los gobernadores para autoconvocar una sesión el jueves. Las consecuencias de la mala praxis política del Gobierno con los aliados. La contraofensiva de la vicepresidenta y la discusión reglamentaria.
Javier Milei perdió el control del Congreso. El malestar de los gobernadores por la falta de respuesta de la Casa Rosada, a la que acusan de tratar por igual a los amigos que a los enemigos, amenaza con implosionar este jueves en el Senado. La oposición se prepara para convocar una sesión con un paquete de leyes sensibles para el Ejecutivo, y no hay mucho que el oficialismo pueda hacer: Victoria Villarruel se niega a convocar, pero la oposición ya le advirtió que, si se resiste, ellos se autoconvocarán solos y avanzarán a la fuerza. Y cuentan con el apoyo de dos tercios del recinto para hacerlo.
El caballito de batalla son los proyectos que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño presentaron la semana pasada a modo de presión ante la falta de respuesta del Ejecutivo nacional. El paquete, que fue rubricado con la firma de todos los jefes provinciales, pretende obligar al Gobierno a repartir los Aportes del Tesoro Nacional, los recursos de varios fondos fiduciarios y, a su vez, una parte importante de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.
Era un mensaje de los aliados al Gobierno: si Milei continuaba amarreteando recursos y lugares en las listas, los gobernadores buscarían nuevos aliados para asegurarse la supervivencia de sus cuentas públicas.
El malestar venía gestándose ya hace varias semanas, pero, para muchos, el derrumbe de la alianza electoral en Corrientes entre el gobernador Gustavo Valdés y La Libertad Avanza fue un punto de quiebre. El problema no era solo que el Gobierno pasaba la motosierra por los aportes en obra pública, transporte y educación, sino que, además, les armaba listas competitivas en sus provincias, en donde los mandatarios buscaban retener el control de la gestión. Y el fracaso de la alianza electoral en Corrientes, en donde el oficialismo radical venía funcionando como aliado clave del Gobierno en el Congreso, terminó disparando las alarmas del resto de los mandatarios.
“Nosotros jugamos bien y acompañamos, pero después nos dejan solos”, masculla un legislador provincial que funcionó, hasta la semana pasada, como uno de los más fieles aliados del Gobierno. La gobernabilidad de Milei empieza a verse afectada por la mala praxis política de los estrategas del Gobierno, y los gobernadores que, hasta hace un par de semanas, se ordenaban con una promesa de Guillermo Francos, hoy exigen respuestas concretas. Exigen recursos, y están decididos a dar una demostración de fuerza.
Fue el senador salteño Juan Carlos Romero quien anticipó la voluntad de guerra de los gobernadores. “Apoyo el proyecto impulsado por los gobernadores para redefinir la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles. Este tipo de reforma buscan mejorar la institucionalidad, garantizar la transparencia y asegurar que cada provincia reciba lo que le corresponde, sin arbitrariedades”, tuiteó, el lunes a la tarde, el alfil del oficialismo, anticipando que hasta el soldado más fiel de Casa Rosada estaba dispuesto a llevar el paquete de medidas al recinto y aprobarlo sobre tablas.
El apoyo de Romero, sin embargo, no es sólo simbólico. Es también numérico. Porque los gobernadores necesitan sumar dos tercios del recinto —es decir, 48 senadores— para poder aprobar los proyectos sobre tablas. Esto es así porque los proyectos no tienen dictamen de comisión y el reglamento exige una mayoría especial para aprobarlos.
Con el apoyo del peronismo y todos los mandatarios provinciales, sin embargo, el Gobierno dará la pelea en soledad: se espera que todos los senadores, excepto los seis senadores del bloque libertario, acompañarán el proyecto de los gobernadores.
La contraofensiva de Villarruel
Mientras los gobernadores juegan su partida de tira y afloje con el Ejecutivo nacional, el peronismo tiene otro objetivo en mente: avanzar con la sanción del incremento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
La bancada que lidera José Mayans pretende ponerle fin a la rebelión que inició la semana pasada, cuando autoconvocó la comisión de Presupuesto para dictaminar los proyectos que ya habían sido aprobados en Diputados: uno que declara la emergencia en discapacidad en todo el país, otro que incrementa a 110 mil pesos el bono que perciben los jubilados que cobran la mínima, y otro que sanciona una nueva moratoria previsional. Dado que el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, venía durmiendo la comisión para boicotear los temas, la oposición decidió juntar quórum y convocarla por su cuenta para dictaminar.
El peronismo logró el número, entonces, con la ayuda de los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau y de la larretista Guadalupe Tagliaferri. Y espera volver a contar con su apoyo para sancionar las iniciativas este jueves en el recinto.
Frente a la avanzada opositora, Villarruel apeló a la única herramienta que le queda: la discusión reglamentaria. Fue así que, el lunes, cuando la oposición ya comenzaba a barajar borradores de notas para recordarle que el jueves habría sesión, la oficina de la vicepresidenta avanzó con una advertencia: si la oposición quería sancionar los proyectos sociales, debería conseguir una mayoría de dos tercios porque ella no reconocía la validez de los dictámenes.
“No existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos. A pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo”, argumentó Villarrruel, a través de una nota de la Secretaría Parlamentaria.
Villarruel pretende, así, forzar una discusión reglamentaria que debilite a la oposición, que no tiene garantizados los dos tercios para aprobar los proyectos sociales. En el peronismo, sin embargo, le quitaron valor a la estrategia de Villarruel: “Es un problema de ella, ella no interpreta el reglamento. Si la mayoría de la comisión dice que la reunión es válida, es válida”, zanjó la discusión un alfil del peronismo.
La oposición huele la debilidad del Gobierno, y quiere sangre.
MC/JJD
El Gobierno dispuso el cierre “definitivo” de Vialidad
El vocero Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente” Javier Milei, en referencia al cierre de Vialidad Nacional anunciado por el Gobierno.
El Gobierno dispuso hoy el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente” Javier Milei, en referencia al cierre de Vialidad, que se oficializará mañana en el Boletín Oficial.
Así aludió también a las irregularidades en el área de Vialidad correspondientes los años del kirchnerismo y por las que recientemente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión, que cumple en su domicilio del barrio de Constitución.
El Gobierno tomó la medida en el último día de las facultades delegadas de las que hizo uso el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que la gestión de Milei no solicitará una prórroga, como era habitual en las gestiones kirchneristas.
“En virtud de todo esto, el presidente Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, remarcó Adorni.
Y agregó que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte”.
Además sostuvo que el Gobierno “dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país”.
Las facultades delegadas, que permiten al Poder Ejecutivo tomar medidas sin pasar por el Poder Legislativo, habían sido incluidas en la ley Bases, sancionada por el Congreso en junio del año pasado.
“Desde ya que muchas especulaciones se hicieron cuando las facultades delegadas se instituyeron en el mismo Congreso, decían que aprobarlas era inconstitucional, autoritario y poco republicano, que atentaban contra la democracia”, planteó Adorni, aunque aclaró que el actual Gobierno “es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no pidió una prórroga” de esas facultades.
“En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. También fue la primera vez que, al usarlas, el Presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad”, agregó.
Luego, el funcionario hizo un detallado repaso de todas las medidas de desregulación que se hicieron en el marco de las facultades delegadas que utilizó la gestión libertaria, entre ellas disoluciones o fusiones de organismos públicos y eliminaciones de permisos o trámites de carácter burocrático.
“Todo esto es la primera etapa del plan motosierra que es infinito. Les queríamos contar lo que hicimos con las facultades delegadas”, sostuvo Adorni tras utilizar varios minutos de su exposición para enumerar las medidas desregulatorias y de transformaciones en las dependencias estatales.
Recordó que “para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas era un mero trámite; sin embargo, hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos mismos causaron”.
Sturzenegger adelantó que el presidente “va a agasajar” a “las 200 personas que trabajaron en este año de facultades delegadas”, una habilitación para el Poder Ejecutivo sancionada en la ley Bases y que vence mañana.
Con información de la agencia NA
Tras el anuncio del desmantelamiento de Vialidad, gremios hacen responsable al Gobierno de crear “rutas de la muerte”
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunciaron.
La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables hoy al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de generar “rutas nacionales de la muerte”, tras el anuncio del Gobierno del cierre “definitivo” de ese organismo.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.
Para la sindicalista, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.
En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”.
“El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas”, cuestionó.
Por otra parte, la dirigente gremial alertó que, con esa decisión, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”.
“Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”, sentenció Aleñá, quien acusó a Milei y “su secuaz” Sturzenegger “son los responsables del genocidio en las rutas”.
Además, advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que “valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE. Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”, lamentó.
La referente de STVyARA explicó que “esto no es una simple reorganización administrativa” como lo presenta el Gobierno, ya que “significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.
Aleña desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.
También refutó que el organismo haya reducido sus tareas a un simple “desmalezamiento de las rutas”, y remarcó que diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones.
“No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia”, enfatizó.
Por otro lado, Aleñá combatió la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado.
“Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial”, dijo y agregó: “El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”.
En tanto, la referente gremial criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, porque esto “aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”.
“La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”, advirtió.
Según Aleñá, “sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”.
El Gobierno dispuso hoy el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el Presidente”, en referencia al cierre de Vialidad, que se oficializará mañana en el Boletín Oficial.
Con información de la agencia NA
El Gobierno Nacional reestructura siete organismos que considera “ineficientes”
Se trata del INTI, el INTA, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
El Gobierno Nacional decidió reestructurar siete organismos que calificó de “sobredimensionados e ineficientes”, con el objetivo de optimizar las funciones y recursos del Estado.
Se trata del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
“El Gobierno Nacional continúa trabajando para optimizar las funciones y recursos de los organismos del Estado. En este sentido, a partir de un Decreto que se publicará en las próximas horas, se determina la reestructuración de siete organismos sobredimensionados e ineficientes para cuidar el dinero de los contribuyentes”, señaló el Ministerio de Economía, en un comunicado.
Agregó que “la reestructuración de organismos ineficientes y programas superpuestos con otras agencias públicas permite avanzar en una organización administrativa más racional, que fortalezca el equilibrio fiscal, optimice el uso de los recursos disponibles y promueva una asignación del gasto eficiente y transparente”.
Los organismos que se reestructuran “tienen como característica una gestión de sus programas disociada de los objetivos macroeconómicos y en abierta competencia con el sector privado”.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
De acuerdo con el anuncio, se transformará al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, manteniendo la denominación de Instituto.
El organismo tiene una dotación de 2356 agentes y cuenta con un presupuesto anual de más de $85.600 millones. El INTI tiene más de 250 reparticiones, estructuradas en 6 niveles jerárquicos, equivalentes a un Ministerio, con áreas que supervisan hasta siete unidades funcionales inferiores.
En las gestiones anteriores, el organismo “había incrementado notablemente su planta de personal sin que ello se correspondiera con los servicios prestados”, argumentó Economía.
“A su vez, el INTI, ha ido incorporando tareas que, por su naturaleza, podrían ser prestadas por el sector privado, que se ha visto desplazado por la competencia que ejerce el organismo público como oferente de servicios en condiciones de mercado mucho más ventajosas que un privado”, agregó.
Esta redefinición funcional permitirá “preservar y fortalecer el rol técnico esencial del INTI en materia de metrología, calidad, innovación e investigación y desarrollo para la mejora competitiva de la industria, para los cuales cuenta con técnicos de excelencia que han sostenido al Instituto a pesar de sus desmanejos administrativos y de personal”.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Se transformará al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, para enfocarse en la innovación y la transferencia tecnológica y “dejar de sostener con recursos presupuestarios un organismo sobredimensionado y orientado al extensionismo, la agricultura familiar y la agroecología”.
La dotación del INTA supera los 6.000 agentes y tiene un presupuesto anual aproximado de $229.000 millones.
“El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”, indicó el comunicado.
“Los altos niveles de ineficiencia detectados y la mala administración de los recursos públicos, hacen necesario repensar sus funciones y su organización para adecuarlas a los nuevos desafíos tanto nacionales como internacionales”, señaló.
El carácter descentralizado del INTA “no se tradujo en una mayor eficacia institucional, sino que ha derivado en dificultades de supervisión estratégica, dispersión operativa y una débil alineación con los lineamientos de la política agropecuaria nacional”.
El nuevo rol del INTA será el foco en la investigación, la creación de tecnologías y bienes públicos tecnológicos para profundizar la base científica dirigida a la producción agropecuaria y contribuir a la formación de nuevos productores agropecuarios altamente capacitados, interconectados a través de redes privadas.
Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)
Se disuelve la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME). Se transformará en una Dirección Nacional de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía para simplificar y redimensionar la estructura del Estado Nacional y eliminar organismos que “no han demostrado una contribución efectiva para los objetivos para los que fueron creados”.
El Gobierno informó que “la experiencia de ARICCAME demuestra que su sobredimensionamiento estructural, la superposición de funciones con otros organismos, la rigidez operativa derivada de su modelo de gobernanza y la dispersión de funciones y responsabilidades han dificultado la implementación de una política clara y efectiva en el sector”.
En la nueva estructura sin ARICCAME, la ANMAT recupera la regulación integral de la flor de cannabis y sus derivados con destino medicinal, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía regulará el cáñamo industrial, excluyendo la flor.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será competente en materia de semillas y propagación vegetal. Este nuevo esquema “permite una especialización por destino y riesgo sanitario, en línea con estándares internacionales, eliminando superposiciones institucionales y reduciendo costos”.
Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (INAFCI)
Se disuelve el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Quedará en cabeza de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía las funciones previstas por la ley 27118.
Señaló que “el organismo fue creado en el 2022 con el objetivo de funcionar como una caja política que llegó a tener más de 900 contratados, otorgando beneficios a provincias políticamente afines. Con un presupuesto anual aproximado de $ 9.000 millones de los cuales casi el 90% se destinaba a sueldos. El INAFCI cuenta hoy con una dotación de personal de 105 agentes y un presupuesto anual aproximado de $2.749. millones”.
El fortalecimiento del sector agropecuario —incluida la agricultura familiar— “no debe sostenerse en esquemas clientelares ni en dependencias de subsidios o aparatos burocráticos, sino en reglas claras, estabilidad macroeconómica y acceso equitativo a los mercados”.
Instituto Nacional de Semillas (INASE)
Se disuelve el INASE como organismo descentralizado, con la transferencia de la totalidad de sus competencias esenciales a la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
El organismo cuenta con una dotación de personal de 233 agentes, y el presupuesto anual aproximado asignado supera los $20.000 millones.
“La existencia del INASE como un organismo autónomo para la regulación de semillas implica una fragmentación funcional dentro de la política agrícola nacional, considerando que sus competencias sustantivas pueden ser desarrolladas eficazmente por una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, en un esquema más integrado, técnicamente conducido y con mejor coordinación con el resto de las áreas involucradas en la producción y fiscalización de semillas. Esta modificación no afectará el derecho de Propiedad Intelectual de las semillas”.
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
Se transformará al INV en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, la cual mantendrá la denominación del Instituto con el objetivo de garantizar la continuidad de la certificación vitivinícola en el ámbito del comercio exterior.
Actualmente cuenta con una dotación de 459 agentes y con un presupuesto anual superior a $12.120 millones.
El INV “ha desplegado una excesiva actividad fiscalizadora en la cadena productiva, ejerciendo controles redundantes e innecesarios que generan sobrecostos, burocracia y distorsiones que afectan la competitividad de la industria, en especial de los pequeños productores”, según el comunicado oficial.
Se mantiene el proceso de certificación internacional valorado en los mercados de destino. El mismo será voluntario a pedido del productor.
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)
Se transformará al INPI en un ente desconcentrado en la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial cuenta con una dotación de 362 agentes, cuyo presupuesto anual aproximado asciende a casi $8.500 millones.
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), en su función de registro y protección de la propiedad industrial, “no requiere un grado de independencia que justifique su condición de organismo descentralizado”.
“Sus funciones pueden desarrollarse de manera igualmente eficiente como organismo desconcentrado, manteniendo la autonomía técnica necesaria para su gestión especializada, sin necesidad de contar con personería jurídica ni patrimonio propio”, concluyó el comunicado.
Con información de la agencia NA
El Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle reveló un crecimiento sostenido de la población sin techo en CABA
Organizaciones sociales, políticas, sindicales y religiosas presentaron los resultados este lunes.
“La calle no es un lugar para vivir, mucho menos para morir”: censaron a personas sin hogar en medio de la ola polar
Más de treinta organizaciones sociales, políticas, sindicales, religiosas y de derechos humanos presentaron este lunes los resultados del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires. La conferencia de prensa se realizó a las 18 en la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, ubicada en Carlos Calvo 2365.
El relevamiento, realizado entre el 26 y el 28 de junio, contó con la participación de cientos de voluntarios que recorrieron los barrios porteños para relevar cuántas personas viven hoy en la calle. Además, se entrevistó a la población censada para conocer su estado de salud, nivel educativo, situación laboral y trayectoria de vida.
“Con este censo buscamos mostrar una realidad subestimada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que año tras año presenta cifras que no reflejan la magnitud del problema”, señalaron desde la organización del censo. Los censos populares anteriores, realizados en 2017 y 2019, habían arrojado cifras muy superiores a las oficiales.
Según los organizadores, la población en situación de calle “no para de crecer”. Entre las principales causas mencionan la crisis socioeconómica, el deterioro del sistema de salud y la ruptura de redes familiares y comunitarias.
A través de un comunicado, las organizaciones denunciaron: “Existen leyes que obligan al Estado a garantizar derechos, pero no se cumplen”. A nivel nacional, la Ley 27.654 reconoce el acceso integral a la salud, alimentación, educación, identidad y vivienda como derechos básicos, además de prohibir desalojos forzosos y criminalización. En el ámbito porteño, la Ley 3.706 obliga al Gobierno de la Ciudad a actuar con acompañamiento y abordaje personalizado, garantizando el acceso a centros de integración, salud y asistencia social.
“Los programas que dependen del Gobierno Nacional están completamente desfinanciados y los que dependen de la Ciudad son insuficientes debido a que las políticas públicas no se adecuan a la población real que hay sobreviviendo en la calle”, agregaron.
“Exigimos presupuesto acorde, políticas públicas efectivas y respeto por los derechos humanos de quienes hoy no tienen un techo. La calle no es un lugar para vivir y tampoco para morir”, concluyeron.
MM